Los letreros con fondo blanco, letras negras y logos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la minera Best Coal Company (BCC), se han vuelto comunes en el corregimiento de Cañaverales. Están colgados en diferentes casas y dicen el nombre y el tipo de emprendimiento que BCC ayudó a financiar. Los letreros también son la muestra más evidente de que la empresa ya entró a Cañaverales y está moviéndose con el fin de ganar apoyo a favor del proyecto minero. Pero no es la única.
Desde mediados de año, la minera pasó de asistir a las reuniones de preconsulta a realizar acciones concretas en el corregimiento: convocatorias para recibir hojas de vida, embellecer el parque, ofrecer cursos de emprendimientos de los cuales algunos fueron financiados y hasta realizar un torneo de fútbol para los niños de Cañaverales. De esa forma, BCC busca acercarse a la comunidad liderada por el Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Esta es una de las nueve comunidades que serían impactadas por el proyecto “Mina Cañaverales”, y la única con la que la empresa aún no tiene un acuerdo para explotar carbón a cielo abierto por los próximos 10 años.
Hasta ahora, la comunidad de Cañaverales está dividida entre los que quieren la mina porque creen que generará educación, empleo, inversión social y movilizará la economía del corregimiento; y los que insisten en que perderán la vocación agrícola, afectará el manantial que los surte de agua y terminarán desplazados por los efectos ambientales.
La estrategia de la minera también ocurre en medio de la expectativa de lo que pueda decidir un juez frente a si aplica o no el test de proporcionalidad; que la empresa pidió bajo el argumento de que la consulta previa se ha dilatado, algo que niegan desde el consejo comunitario. El test es una herramienta para medir las afectaciones del proyecto y que, de aprobarse, descartaría la posibilidad de hacer una consulta previa, como lo pide el consejo comunitario, para que sean ellos los que lleguen a acuerdos y puedan votar si quieren o no la mina. Aunque la decisión final la tiene la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) que da el visto bueno, o no, a estos proyectos.
Manantial de Cañaverales que surte de agua al corregimiento. Foto: Nicole Bravo
Por eso, llegar con obras sociales, ofertas de empleo, invertir dinero al corregimiento y acercarse a la comunidad, en un momento en el que el proyecto minero aún no empieza, puede ser clave para ganar apoyos. De esta forma, la empresa puede llegar a acuerdos y mostrarse como una compañía que se preocupa por el bienestar social y va más allá de la explotación de los recursos naturales.
Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) que acompaña el proceso del lado de la comunidad que se opone a la mina, dice que acciones como estas terminan permeando las voluntades de los habitantes: “En un lugar donde las necesidades básicas no han sido cubiertas, no debería pasar que una empresa llegue a reemplazar al Estado porque se aprovechan de la necesidad de las personas y permean su voluntad haciéndoles creer que lo más importante es el dinero”.
“En un lugar donde las necesidades básicas no han sido cubiertas, no debería pasar que una empresa llegue a reemplazar al Estado"
Rosa Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar)
Por su parte, Gabriel Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que los proyectos realizados en Cañaverales, aparte de voluntarios, son una muestra del interés de la compañía en apoyar el desarrollo del corregimiento: “Queremos construir confianza, queremos acercarnos a la comunidad, ser honestos. Dirás que hacemos eso para convencerlos, para que digan que sí o no en la consulta, pero es para decirles: ‘quiero ser su amigo y el proyecto que queremos hacer no viene a destruir, viene a contribuir’”. La inversión social de este año, según Bustos, es de cerca de mil millones de pesos.
Pero la idea de generar confianza no ha calado en quienes se oponen al proyecto. Al contrario, sienten que las acciones son un intento más por hacerlos cambiar de opinión mostrando que la empresa tiene dinero que ofrecer a cambio de recursos naturales. Pero quienes están a favor del proyecto ven con buenos ojos estas acciones porque sienten que la empresa está mostrando un interés social y está beneficiando a los habitantes sin la necesidad de explotar carbón.
La presencia de BCC y la resistencia en Cañaverales
Una de las primeras acciones de la empresa en Cañaverales fue a principios de julio cuando le hicieron una donación a seis hogares comunitarios del corregimiento. Según la carta enviada al consejo comunitario, en el que informaban sobre esta actividad, la donación fue solicitada vía una PQRS (Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias). También fue acompañada de la adecuación de una huerta escolar para implementar Proyectos Ambientales Escolares en la institución Ana Joaquina Rodríguez.
En la misma carta, Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales, escribió a mano que no había solicitado donaciones, lo catalogó como “prácticas irregulares” y dijo que era “un soborno para las comunidades”. Gamez cuenta que cuando fueron al colegio vieron una pancarta de BCC y el logo de la empresa al lado de unas etiquetas que identificaban las matas que crecían en la huerta. “Quitamos la pancarta y las etiquetas que tenían el logo porque el colegio no es del rector, de los docentes ni de BCC, es de la comunidad”, asegura.
A mediados de ese mismo mes, la empresa hizo una movida mucho más pública. Abrió una convocatoria, junto con el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y la Caja de Compensación de la Guajira (Comfaguajira), para actualizar y registrar hojas de vida de las comunidades cercanas al proyecto minero. El anuncio hizo que empezara a crecer el rumor de que la mina era un hecho y que por eso estaban creando un banco de hojas de vida para empezar a contratar. Pero no fue así, aún hoy no se sabe si el proyecto se hará porque depende de la aprobación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Bustos, gerente ambiental de BCC, le dijo a Consonante que la convocatoria se hizo anticipándose a la consulta y a la solicitud de la licencia porque, en el cronograma que han considerado para poner en marcha el proyecto, los tiempos son muy ajustados. Según dijo, desde la empresa esperan que el tema de la consulta, o en su defecto el test de proporcionalidad, se de en un mes y de ahí pedirían la licencia ante la Anla que calculan que puede tardar unos cuatro meses.
“Ponle tú que esa licencia salga en junio o julio del otro año y el proyecto empiece en agosto. Agosto es mañana para escoger y capacitar gente de las comunidades cercanas al proyecto que serán priorizadas”, comenta Bustos. Sólo Comfaguajira recibió un total de 1057 hojas de vida de 12 comunidades en cinco municipios. Cañaverales fue la quinta población que más hojas de vida inscribió con 108.
Después, en agosto, la minera realizó la Primera Feria Expo-BCC en la que se entregaron equipos y materiales a 53 proyectos productivos de Cañaverales. Según la empresa, la inversión es de unos 230 millones de pesos. Para lograr esa financiación, quienes fueron beneficiados asistieron a un curso de emprendimiento dictado por el Sena, formularon su proyecto con las ayudas que necesitaban y, según dice la empresa, bajo criterios del instituto fueron seleccionados los que cumplieron con todos los requisitos. Ese proyecto de BCC no estuvo falto de críticas y polémica.
Dayeli Gámez, de 32 años, hace parte del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales y se inscribió al curso porque vio en este una oportunidad para aprender y generar ingresos económicos. Pero a menos de un mes de asistir a las clases no volvió porque se sintió presionada a apoyar a la mina. Cuenta que uno de los compromisos en el curso era que contratarían a los mismos estudiantes para que hicieran los refrigerios y así poder generar ingresos, pero asegura que esas contrataciones se quedaban en un grupo reducido de personas. “Nosotros hicimos el reclamo a uno de la comunidad que estaba trabajando con BCC en lo del curso y la respuesta de él fue que la empresa no es una ONG que regala cosas, que ellos querían algo a cambio”, comenta Gámez.
Dayeli Gámez, integrante del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales. Foto: Maira Fragozo.
Al retiro del curso por parte de algunos estudiantes, se sumaron las presiones para acompañar en el proyecto de la mina de forma pública. Helena Fragozo tiene 30 años, estudia ingeniería ambiental, participó en el curso y asegura que días antes de una reunión de preconsulta, una persona de la comunidad que trabaja con BCC llegó a su casa, le entregó una camisa con un mensaje a favor de la mina y le dijeron que si no se la colocaba en la reunión su proyecto no saldría seleccionado. Al final sí financiaron su proyecto, pero no como ella esperaba, según dice.
“Metí un proyecto para hacer fumigación orgánica y me entregaron glifosato, que es todo lo contrario a lo que pedí. También me salieron con dos bombas de fumigar que, según quien me las entregó, costaban 5 millones de pesos. Las busqué en Mercado Libre y estaban a 700 mil pesos”, cuenta Fragozo. Las críticas han sido varias: “Supuestamente eran proyectos de 5 millones de pesos y yo creo que a nadie de Cañaverales le dieron eso”, dice Brenda Gómez, de 39 años, quien también dejó el curso porque asegura que una persona cercana a BCC le dijo que “debía estar de corazón con la empresa”. En lo que coinciden las personas consultadas, es que la presión ha venido de parte de personas de la comunidad que trabajan con la empresa.
Brenda Gómez, habitante de Cañaverales. Foto: Nicole Bravo.
La crítica también va dirigida a que los emprendimientos no están funcionando en su totalidad. “Uno que otro está funcionando, pero no todos. Y los que están andando es porque ya estaban desde antes de BCC”, dice Dayeli Gámez. Por las calles de Cañaverales, Consonante contó 21 letreros que marcan las casas como emprendimientos financiados por BCC, al menos cinco han estado activos, según varias personas que conocen el corregimiento. Para Gámez lo que ha hecho la minera es más una forma de “marcar el territorio” y cree que tantos emprendimientos no son rentables porque los habitantes son pocos y Cañaverales tampoco es un lugar turístico.
Al otro lado, y con una visión distinta está Mildreys Moya de 33 años, una de las mujeres que apoya el proyecto de la mina y que desde hace tres años tiene un restaurante en su casa. Para ella fue clave que BCC le entregara el carro para freír que había solicitado y con el cual puede cocinar y acelerar la atención a sus clientes. Moya dice que el curso fue riguroso y que la empresa incluso extendió los plazos y los apoyó para llenar el formato que solicitaba el Sena con el fin de lograr la financiación de la empresa. “Hubo gente que prefirió pagar para que le llenaran el formato y no coincidía lo que presentaron en las clases con lo que decía el documento. La empresa también habló con todos, puso los topes de lo que se iba a invertir por negocio y dijo que les hará seguimiento para que haya una segunda inversión”, cuenta.
Moya dice que ella nunca fue presionada para apoyar la empresa ni para usar camisas que los identificara. Explica que un sueter blanco en apoyo al proyecto minero lo pidieron a la empresa para identificarse en una de las reuniones y otro, de color azul que dice “El carbón se transforma en oportunidades” lo mandó a hacer ella junto con quienes quieren la mina para defender el proyecto y mostrarse unidos. “Si los han presionado, invito a esas personas a que denuncien públicamente, aunque acá la gente es capaz de decir cualquier cosa”, afirma. Bustos, gerente ambiental de BCC, dice que la empresa nunca ha presionado a las personas para apoyar el proyecto y que lo de las camisas son iniciativas de los propios ciudadanos que los apoyan.
Después de la financiación de los emprendimientos vino el torneo de fútbol que patrocinaron y que ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que BCC pueda hacer una escuela de fútbol para jóvenes en el corregimiento. El torneo se realizó al mismo tiempo que el de microfútbol, iniciativa del consejo comunitario y no ha sido visto con buenos ojos porque se entiende como una competencia.
“A los 15 días de nuestro torneo, ellos inventaron otro. Acá la reglas eran que si te sacan tarjeta amarilla, en el próximo partido tenías que traer un cartel en defensa del agua o de un animal. Pero en el de allá (el de BCC) el premio es de 2 millones de pesos. Siempre está el dinero de por medio”, dice Óscar Gámez, presidente de Los Negros de Cañaverales. Por las calles de Cañaverales hay niños que llevan camisas blancas con el logo de BCC y otros, los uniformes azules del consejo comunitario con la frase “Juego por el agua y por la vida”.
Lorena Fuentes, de 22 años, y una de las encargadas de la escuela de fútbol del corregimiento, también ve con sospecha que la minera quiera poner su propio espacio de formación: “No sé si es para hacernos competencia a nosotros, pero aquí ya hay una escuela deportiva, ya la tenemos”.
Entre otras acciones, la empresa pintó el parque principal y está caracterizando a los habitantes de la tercera edad, incluyendo a los de las otras once comunidades cercanas al proyecto “Mina Cañaverales”, para identificar necesidades que puedan ayudar a solventar.
El tejido social está roto
Los días previos a las reuniones de preconsulta suelen ser tensionantes en Cañaverales. “Tengo una tía que dice que sólo con ver la empresa por acá se enferma. Dice que ahora sufre de la presión por el temor que le genera lo que pueda pasar en el corregimiento si se aprueba el proyecto”, cuenta Dayeli Gámez y admite que a ella también le ha afectado. “Unos días antes a las reuniones de preconsulta me daban nervios, ansiedad, me ponía a pensar qué iba a hacer la empresa, con qué iba a salir. Era mucha zozobra y temor de que hubiera confrontación en la comunidad por culpa de un tercero, algo que no ha pasado hasta ahora”, cuenta.
En las reuniones públicas ha habido insultos, chiflidos y discusiones entre familiares y amigos por las posturas que tienen frente al proyecto minero. Los días posteriores no son muy distintos. Al menos en las dos semanas que le siguen a las reuniones de preconsulta, el tema común en las casas y las calles es lo que sucedió ese día, si alguien estuvo a favor o en contra, si hablaron o no, si asistieron o no. Esas discusiones han trascendido los espacios de preconsulta y ha roto amistades y lazos entre familiares y vecinos quebrando el tejido social de la comunidad.
“Antes iba mucho a la casa de mi tía, que es también la casa a la que llegan todos los familiares de visita. Pero ya no llego allá porque ella defiende la minería y quizá yo le digo algo que va en contra de su creencia y es para problema. Ya mi primo, el hijo de ella, no me habla”, cuenta Lorena Fuentes. “El presidente de la Junta de Acción Comunal es mi sobrino, pero ya no me habla porque una vez puse un estado de Whatsapp dando mi opinión sobre la minería y él se lo tomó personal. Y con mi hermana tampoco hablamos por lo mismo”, recuerda Yólgica Gámez.
Además de las peleas en casa, las diferencias se han ahondado entre líderes de la comunidad. Al consejo comunitario y a quienes lo presiden, que están en contra del proyecto minero, son vistos por quienes quieren la mina como los que impiden el progreso a Cañaverales. “No me siento tranquilo cuando salgo a la calle porque lo que estamos haciendo no es cualquier cosa, nos estamos oponiendo a un megaproyecto con una cantidad de recursos económicos y de gente de San Juan y de otras partes con intereses”, dice Óscar Gámez de Los Negros de Cañaverales.
Y al otro lado está la Junta de Acción Comunal (JAC), liderada por Yemerson David Gamez, que es vista por los opositores del proyecto como cercana a BCC y la que le ha permitido la entrada a una empresa que, consideran, terminará destruyendo el corregimiento. “BCC ya causó una de las peores afectaciones: rompieron el tejido social de Cañaverales”, dice Óscar Gámez. Hasta el momento de publicar esta historia Consonante no obtuvo la versión de parte del presidente de la JAC.
“BCC ya causó una de las peores afectaciones: rompieron el tejido social de Cañaverales”
Óscar Gámez, presidente del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales
Aunque parecen dos posiciones irreconciliables en Cañaverales, también tienen puntos en común. Mildrelys Moya, quien quiere que la mina llegue al corregimiento para que se dinamice la economía y haya oportunidades de trabajo, insiste en que el manantial no puede tocarse ni destruirse y que confía en los estudios que ha hecho la minera. Para ella, ese espacio de agua dulce es un paraíso a proteger y está dispuesta a reclamarle a la mina si incumple sus promesas o genera daños al manantial.
Por su parte Dayeli y Yólgica Gámez, quienes se han opuesto al proyecto por temor a los impactos ambientales, también quieren que la calidad de vida de las personas mejore sin tener que irse de su territorio y salvaguardando el manantial. Sin saberlo, las tres mujeres, y a quienes representan, están de acuerdo en que Cañaverales es todo lo que tienen, el lugar al que, sin importar las veces que salgan, siempre vuelven, y la tierra en donde quieren un futuro lleno de oportunidades que hoy no tienen.
