Cerrejón anunció la suspensión de sus operaciones mineras, ferroviarias y portuarias argumentando una situación de fuerza mayor a inicios de junio. La medida fue levantada horas después, cuando la comunidad llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional para instalar una mesa de diálogo, y el Ministerio de Trabajo concluyó que no había condiciones para mantener la suspensión de los contratos.
Entre las principales solicitudes presentadas en esa mesa de diálogo estuvieron la revisión de las inversiones realizadas con las regalías provenientes de la minería en los territorios afectados y el aumento de estos recursos. También pidieron acciones para la recuperación de la fauna, la flora y las fuentes hídricas, así como el impulso de proyectos productivos, como la ganadería y la piscicultura, que les permitan recuperar la autonomía económica que, según afirman, existía antes de la llegada de la actividad minera. La segunda reunión había sido acordada para el 16 de junio, pero no se realizó debido a la coyuntura electoral y quedó pendiente una nueva fecha. Hasta ahora no se han alcanzado acuerdos definitivos, y los ministerios del Interior y de Trabajo decidieron no pronunciarse sobre el proceso al señalar que las conversaciones continúan y aún no existe un acuerdo entre las partes.
Aunque Cerrejón reanudó operaciones el 3 de junio, el episodio reabrió la conversación sobre el futuro del territorio ante la posible salida de la empresa en 2034 y puso nuevamente sobre la mesa dos preguntas clave: ¿cómo debe cerrarse una mina y qué deudas deben resolverse antes de que eso ocurra?
¿Qué se sabe sobre la presunta salida de Cerrejón?
Alrededor del cierre de Cerrejón se ha dicho poco. Con el vencimiento de sus contratos de concesión minera y un anuncio de la empresa de no solicitar una prórroga para continuar con la explotación de carbón, su salida estaría planeada para 2034.
En 2023, la empresa radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) un documento de cierre de minas “en borrador”. Sin embargo, entre los trabajadores existe un clima de incertidumbre por el hermetismo con el que la empresa maneja la información de su salida. Solano asegura que, pese a las décadas de operación de la mina en el territorio, la empresa aún no concreta compromisos claros de transición para los trabajadores.
"Cuando nosotros como organización sindical le pedimos que dialogue sobre cuál es la política que va a utilizar y cuáles son las estrategias para darle manejo a la salida, ahí termina la conversación"
Juan Carlos Solano Guillén, directivo nacional de Sintracarbón.
Los trabajadores temen que se repita el escenario de Prodeco en el Cesar (también propiedad de Glencore), donde se devolvieron los títulos de forma unilateral, dejando tras de sí una "masacre laboral" de aproximadamente 7.000 empleos y deudas ambientales pendientes.
El documento de Cerrejón, explican desde Censat, no está basado en un cierre total y definitivo de la actividad minera, sino en la "reversión" al Estado colombiano, lo que implica la devolución de áreas e infraestructura en condiciones operativas bajo el argumento de que aún existen reservas explotables.
Según las proyecciones de la empresa, para finales de 2033 aún quedarían 67 millones de toneladas de carbón en el subsuelo, por lo que propone entregar la mayoría de los tajos (con excepción de Patilla) en estado productivo en lugar de rellenarlos y cerrarlos íntegramente.
Este enfoque de reversión genera profundas dudas y críticas entre expertos y trabajadores, quienes lo perciben como una estrategia para transferir responsabilidades y pasivos al país. La principal preocupación radica en quién asumirá el costo de los "impactos a perpetuidad", tales como el monitoreo de los drenajes ácidos de mina y la estabilidad fisicoquímica de los terrenos, los cuales, según guías internacionales citadas en el informe de Censat, requieren vigilancia por periodos de entre 350 y 500 años.
Otro problema crítico en la propuesta ambiental de Cerrejón es el manejo de las llamadas "áreas Void", que son huecos de la mina que la empresa reconoce como irrehabilitables debido a sus inmensas dimensiones y la imposibilidad técnica de rellenarlos con material estéril. Torres cuestiona el discurso institucional sobre la recuperación de la fertilidad del suelo: "narrativamente ellos juegan con eso. Y no es cierto, porque lo que va a quedar en un territorio es una cicatriz que va a ser irremediable".
Finalmente, las dudas persisten en torno a la reparación integral. "La empresa evade sus responsabilidades respecto a la reparación de los territorios y las comunidades, preparando un escenario de impunidad tras su salida del negocio del carbón en el país", dicen desde la organización ambientalista. Por ello exigen una participación vinculante y deliberativa que permita a los guajiros decidir sobre el uso posminero de sus tierras.
¿Qué asuntos pendientes debería resolver la empresa antes de su salida para garantizar una transición justa para los trabajadores y las comunidades que han convivido durante décadas con la actividad minera?
El conflicto más antiguo se originó con la expansión de la mina, en la década de los 2000. Cerrejón, entonces operada por Carbocol e Intercor, compró los predios de la mayoría de los habitantes y desalojó pueblos enteros de origen afrodescendiente, indígena y campesino. Comunidades como Tabaco, Chancleta, Oreganal, Las Casitas y Manantialito fueron arrasadas, incluyendo también el tejido social y las costumbres ancestrales.
El caso de la comunidad de Tabaco, fundada en 1780 por negros africanos en la Serranía del Perijá, es emblemático. Llevan más de 20 años pidiendo un reasentamiento justo. En 2017 la Corte Constitucional se pronunció mediante Sentencia T-329, en la que reconoció como desplazamiento forzado la desaparición del corregimiento entero, incluyendo sus viviendas, espacios públicos y hasta su cementerio ancestral. Esto fracturó los vínculos familiares, la identidad cultural y la seguridad alimentaria de una población con más de dos siglos de historia.
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue la falta de reconocimiento del derecho fundamental a la consulta previa por parte de la empresa, bajo el argumento de que no existían comunidades negras en la zona de Hatonuevo. Aunque Cerrejón alegó haber cumplido con indemnizaciones y acuerdos previos, el tribunal determinó que estas medidas han sido insuficientes para superar el estado de desintegración social y precariedad económica en el que se encuentran los antiguos habitantes de Tabaco.
La Corte Constitucional ordenó la reactivación del plan de reubicación física y social en un término máximo de cinco meses, asegurando espacios de participación real y efectiva para la comunidad, pero el problema no se ha solucionado de fondo.
“El 12 de diciembre de 2008 se hizo un mal acuerdo bajo la presión de la empresa, unos acuerdos que no se cumplieron: reubicación, reconstrucción del tejido social, proyectos productivos y la compensación económica por tantos años perdidos. Eran unas 350 familias y al menos la mitad se fueron después de esos acuerdos. Pero el resto nos quedamos en resistencia, luchando por lo nuestro porque no quisimos vender. Pedíamos lo mismo que pedimos hoy: un sitio en donde podamos estar igual o mejor que antes, nuestra casita y un lugar en donde poder trabajar la tierra. Eso no ha sido posible”
José Julio Pérez, representante legal del Consejo Negros Oscos Cimarrones de la comunidad de Negra de Tabaco.
Otro de los conflictos es la falta de garantías mínimas para la subsistencia. Según datos de Censat Agua Viva, una organización ambientalista que lleva más de 35 años acompañando organizaciones territoriales del país, la minería ha provocado la pérdida de 68,67 km de cursos de agua. El desvío de arroyos como el Bruno ha generado una ruptura ecológica y espiritual para los pueblos Wayúu y afroguajiros. Se ha documentado que se han desaparecido cerca de 17 arroyos en un territorio que tiene un estrés hídrico, es decir, en donde la demanda de agua supera la cantidad disponible.
“Muchas comunidades fueron desplazadas de su territorio, y aunque en algunos casos sí fueron reasentadas, fueron reasentadas en condiciones deplorables. Estamos hablando de una urgencia tanto en términos socioculturales como ecosistémicos”, comenta Christian Torres, coordinador del área de conflictos mineros de la organización.
Cerrejón ha sido acusado, además, de utilizar su poder económico para presionar el levantamiento de protestas comunitarias, generando enfrentamientos entre los trabajadores que temen por su empleo y las comunidades que exigen derechos. En paros recientes, la empresa suspendió operaciones alegando la Fuerza Mayor y anunció la suspensión de cientos de contratos, creando una división profunda.
“Tenemos que concientizar a la comunidad que nos quieren poner en contra, pero hay que hacer fuerza común y hacerles entender que el problema no es de los negros cimarrones de Tabaco, sino de todos. Hoy nos atacan a nosotros, los mismos que mañana van a sufrir las consecuencias. Nos están satanizando, dividiendo a las comunidades para que se enfrenten entre ellas y creando guerras claniles”, agrega Pérez.
¿Y los daños espirituales?
Las comunidades denuncian impactos espirituales y culturales profundos asociados a la actividad minera. Para el pueblo Wayúu, el ruido y la contaminación han alterado los sueños, una fuente fundamental de orientación y toma de decisiones. Esta afectación se relaciona, además, con la desaparición de las outsü, mujeres sabias encargadas de interpretar los sueños. Según las comunidades, la escasez de plantas medicinales y de animales utilizados en sus rituales ha dificultado el ejercicio de estos saberes, al punto de afectar la salud de las propias sabedoras.
A ello se suma la destrucción de sitios sagrados y hábitats espirituales. La alteración de los flujos de agua ha afectado los lugares donde habitan las pulowi y otros espíritus, rompiendo el equilibrio entre el mundo humano y el no humano.
Mónica López Pushaina, lideresa del arroyo Bruno, cuestiona que las indemnizaciones económicas sean suficientes para reparar estas pérdidas: “Hay daños como, por ejemplo, los sueños… ¿cómo se pueden reparar? Las desapariciones de la outsü [sabedoras]… ¿cómo se pueden reparar? Porque hablar de unos millones no es una reparación”, resalta en el informe de Censat.
Las comunidades también reportan impactos en la salud de las mujeres, entre ellos problemas respiratorios, abortos y alteraciones en los ciclos reproductivos que se asocian al polvillo de carbón. Asimismo, advierten sobre la pérdida de la partería tradicional debido a la degradación de las plantas medicinales.
¿Cómo se debe cerrar una mina?
En Colombia, el Código de Minas no define con precisión qué es un cierre minero, limitándose a aspectos técnicos y omitiendo los daños socioculturales. Según Torres, las menciones de un cierre de minas son mínimas en el código y las exigencias legales impuestas a las empresas resultan "irrisorias".
También señalan falta de claridad sobre la etapa después del cierre y la ausencia de una reglamentación detallada sobre el proceso de renuncia de títulos, lo que genera incertidumbre jurídica y permite que las empresas evadan responsabilidades de largo plazo tras el cese de sus operaciones.
La propuesta de organizaciones como Censat se basa en un "cierre minero justo con una perspectiva de reparación integral del territorio". Proponen que la conversación no debe tratarse sólo de una fase técnica del ciclo minero, sino de definir el futuro de un territorio. "No podemos hablar de una transición energética justa si no hablamos antes de un cierre minero justo. Debe haber armonización entre lo que beneficia al actor laboral y al actor comunitario desde una lógica también de la diversificación productiva", propone Torres.
El diseño del cierre debe basarse en un ejercicio participativo que integre las visiones y necesidades de las comunidades, evitando modelos que excluyan a los habitantes locales. Finalmente, la organización advierte que un cierre responsable debe contemplar los "impactos a perpetuidad" —aquellos que duran siglos— y garantizar un monitoreo financiado por la empresa que asegure la estabilidad física, química y sociocultural de la región a largo plazo.
¿Qué piden las comunidades?
Lo que más se repite es la “reparación integral del territorio”. Es decir, ir más allá de la compensación económica o técnica para enfocarse en resarcir los daños materiales y simbólicos acumulados durante cuatro décadas de explotación. Una construcción conjunta que tenga en cuenta sus propias comprensiones y formas de relacionarse con la tierra.
Sobre lo ambiental, la exigencia principal es el restablecimiento del ciclo hídrico y la recuperación real de la fertilidad de los suelos. Las comunidades piden la restauración del río Ranchería y de los más de 68,67 km de arroyos desviados o desaparecidos, como el arroyo Bruno, el Tabaco y La Puente, priorizando el uso del agua para el consumo humano y la soberanía alimentaria sobre los intereses industriales.
También exigen la reconstrucción física y social de pueblos arrasados como Tabaco, incluyendo la entrega de tierras colectivas y la recuperación de la memoria ancestral. Esto junto a un "acto público de perdón" por parte de la multinacional y el Estado, reconociendo su responsabilidad en lo que califican como etnocidio y ecocidio, y asumiendo el compromiso firme de no repetición.
“Deben hacer una revisión al tema de las regalías para que sean invertidas en las comunidades afectadas. Inversión para recuperar la fauna, la flora y el agua del territorio, implementación de proyectos ancestrales de ganadería y piscicultura, para que los territorios logren ser autosostenibles como lo fueron en el pasado. Eso es lo que exigimos antes de que la mina cierre, que reconozca que tiene un compromiso con la gente”, dice José Pérez.
Los trabajadores representados por el sindicato exigen garantías mínimas para una transición que proteja su bienestar y el de la región, dada la dependencia de la economía de La Guajira con la minería. "Pedimos un fondo para la diversificación económica del departamento de la Guajira a cargo del gobierno nacional, una central de energía y un pago diferencial que permita la industrialización local”, asegura Juan Carlos Solano.
Se suma la necesidad de protección para los trabajadores enfermos y una pensión anticipada para los trabajadores a los que les falten hasta 10 años. Finalmente, el sindicato pide que los activos de la empresa, como el puerto y la vía férrea, sean administrados por el Estado bajo tutela de los trabajadores para convertirlos en un "sistema integrado" multipropósito que sirva al turismo y a la diversificación de exportaciones.
Al final, la solicitud más grande es que el plan se construya en conjunto. Exigen que se respete su derecho a la consulta previa, libre e informada, utilizando lenguas propias como el wayuunaiki y respetando los tiempos de deliberación interna de los pueblos étnicos, como la consulta espiritual a través de los sueños.
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de las minas que han cerrado en otros lugares de Colombia?
Después de la pandemia de Covid-19, Prodeco anunció el cese anticipado de operación en las minas de carbón Jagua y Calenturitas, en el departamento del Cesar, por razones económicas. Fue la primera y única vez que se cerró una mina en Colombia.
Después de 25 años de operaciones, la empresa dejó un desastre ambiental en la zona. El desmantelamiento anticipado afectó de manera multidimensional a las comunidades locales, generando una crisis social, económica y ambiental que hoy muchos ven como una "señal de alerta" para el proceso de Cerrejón. El cierre resultó en el despido masivo de aproximadamente 7.000 personas (entre empleados directos e indirectos) y deprimió el comercio local.
La salida de Prodeco dejó en evidencia que las empresas pueden intentar devolver sus títulos mineros para evadir responsabilidades de largo plazo, transfiriendo los costos de restauración al Estado. El informe de Censat Agua Viva resalta que la renuncia de Prodeco a sus títulos encendió alarmas por los "incumplimientos ambientales de la empresa respecto a sus obligaciones contractuales"
Auditorías de la Contraloría citadas en el proceso legal de Tierra Digna, la organización que actúa como la representante legal de diversas comunidades étnicas, sindicatos y víctimas, confirmaron que Prodeco "incumple reiteradamente las obligaciones requeridas" por las autoridades ambientales, dejando pendientes compensaciones por pérdida de biodiversidad y reforestación impuestas hace más de 10 años. Esto ha llevado a expertos como Christian Torres a afirmar que el Estado debe establecer "unas medidas de salvaguarda, unas medidas contractuales que le impidan al actor corporativo abandonar el territorio".
Finalmente, el caso Prodeco demostró que la falta de participación comunitaria real y el uso de barreras tecnológicas pueden afectar los procesos de cierre. Durante la pandemia, el Estado intentó virtualizar los espacios de diálogo, lo cual excluyó a la gran mayoría de la población rural en el Cesar. Pues, según datos del DANE citados por Tierra Digna, en las zonas de influencia directa de las minas solo el 1,09 por ciento de la población contaba con servicio de internet en el hogar. Esto generó una asimetría de poder en la que la empresa utilizó medios masivos y redes sociales para transmitir su visión del cierre mientras las comunidades quedaban desinformadas.
¿Cuál debe ser el papel de los gobiernos locales?
Aunque buena parte de la discusión sobre el cierre de minas y la transición energética suele centrarse en entidades nacionales como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) o los ministerios de Trabajo y del Interior, distintos actores coinciden en que los gobiernos locales tendrán un papel determinante en el futuro del territorio. Hoy se cuestiona la falta de liderazgo de alcaldías y gobernaciones frente a este proceso.
Según el dirigente sindical, las autoridades regionales no han impulsado espacios públicos de discusión sobre la transición energética y, por el contrario, se han producido acercamientos con la empresa fuera del escrutinio de las comunidades. Propone que las administraciones municipales asuman un rol más activo mediante la creación de instancias especializadas para planificar la transición. La iniciativa busca promover un diálogo permanente entre gobiernos locales, Gobierno nacional, empresa, trabajadores y comunidades, con el fin de evitar que las decisiones se tomen sin participación territorial.
Desde una perspectiva ambiental y productiva, los gobiernos locales también son responsables de impulsar alternativas económicas al carbón. Desde Censat señalan que la diversificación productiva y la reconversión laboral dependen en buena medida de decisiones que se toman desde alcaldías y gobernaciones. Según el experto, estas entidades deben habilitar nuevas cadenas productivas y articular las oportunidades económicas que permitan reducir la dependencia minera. Esta responsabilidad también implica ajustar los planes de desarrollo municipales y departamentales a los objetivos de la transición minero-energética.
Finalmente, los gobiernos locales tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de las órdenes judiciales y los acuerdos de reasentamiento relacionados con la minería. La Sentencia T-329 de 2017 de la Corte Constitucional estableció que el municipio de Hatonuevo es responsable de materializar soluciones de vivienda e infraestructura comunal para comunidades desplazadas por la actividad minera. La misma decisión advirtió que problemas de corrupción y abandono institucional han dificultado la recuperación de la seguridad territorial de estas poblaciones.
