“Colombia se devolvió unos seis o siete años en número de víctimas de artefactos explosivos”: Cicr

Las víctimas de explosiones de minas antipersonal se han multiplicado en los últimos seis años. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2017 hubo 57 víctimas de artefactos explosivos, mientras que en 2022 las víctimas fueron 515. El Cicr, una organización neutral y humanitaria, ha seguido los impactos de esta y otras violencias del conflicto armado desde hace 50 años, y ha evidenciado las consecuencias que tiene la instalación de minas antipersonal, artefactos de detonación controlada y la presencia de municiones sin explosionar, trampas explosivas o incluso de artefactos lanzados. Ante estas acciones, el Comité ha documentado que parte de la población queda confinada, y teme por su vida. 

Esto está pasando en Tadó. Han pasado tres semanas desde que un soldado pisó una mina en el corregimiento del Tabor y desde entonces la tensión solo ha crecido. El 16 de mayo un grupo de soldados que se movía por el paraje de Moindó fueron impactados por una explosión, al parecer controlada a distancia, y días después el tránsito por la vía ha sido inestable y peligroso: el Ejército de Liberación Nacional (Eln), a quien se le atribuyen todas estas acciones porque, según la Fuerza Pública, es el único actor armado ilegal presente en el municipio, quemó tres buses en la vía Quibdó - Pereira. Los habitantes del corregimiento y del resguardo indígena Mondó Mondocito tienen miedo de caminar por la selva para cortar plátano o primitivo, o de remover la tierra para sembrar. También de que los animales pisen una mina o de que los niños y niñas encuentren artefactos explosivos con los que quieran jugar. 

Uver Albeiro Atehórtúa Zapata, oficial de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR en la subdelegación de Medellín, que cubre lo que sucede en el Chocó, explica que este problema afecta fuertemente a la población chocoana, y de forma diferencial a las comunidades indígenas del departamento. Según las cifras de este organismo, las víctimas de minas antipersonal y otras armas explosivas han crecido de forma alarmante en los últimos cinco años. Atehortúa, quien está encargado de evaluar la información que recibe, el uso de las armas e incluso la educación sobre el riesgo con las comunidades afectadas, no se refiere a los actores armados para mantener la neutralidad, pero sí explica la situación en la que se encuentran las comunidades del Chocó, los impactos humanitarios y los retos para lograr devolver la tranquilidad a quienes sufren por la instalación de minas en un conflicto que no debería involucrarlos. 

Consonante: ¿Qué está pasando en Colombia en materia de minas antipersonal?

Uver Atehortúa.: En Colombia se vienen generando graves afectaciones por contaminación por armas como consecuencia de la violencia armada. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta el año pasado el país ocupaba el sexto puesto a nivel mundial por más víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos. Esto da cuenta de la magnitud de la problemática.

Un dato preocupante es que desde el 2017 el número de víctimas por la contaminación por armas viene en aumento significativo. Ese año se tenía un registro de 57 víctimas por parte de Cicr, el cual cada año va aumentando. En 2022 fueron 515 víctimas. Es importante mencionar que la mayoría de víctimas desde 2017 son población civil. Habría que revisar las cifras exactas, pero podríamos estar hablando de que nos devolvimos tal vez unos seis o siete años atrás.

C: Este aumento se dio posterior a la firma del Acuerdo de Paz. ¿Por qué?

U.A.: Los territorios que eran controlados por las Farc empezaron a ser cooptados por otros actores que no estaban ahí presentes o que no fueron firmantes de esos diálogos. Esos actores entran en disputa por el control de esas zonas estratégicas, y nuevamente se intensifica la violencia. Como consecuencia se da la contaminación por armas y esto hace que se generen más víctimas en los territorios. 

En algunos municipios solo hay un actor armado presente, ¿cómo se explica la presencia de minas antipersonal en esos lugares?

U.A.: Los actores instalan estos artefactos explosivos en zonas que consideran estratégicas, de manera que les sirvan de protección frente a la avanzada de otro actor con el que se estén disputando. 

Bajo esta lógica, los municipios donde hace presencia más de un actor armado tendrían más riesgo de contaminación por armas…

U.A.: No podríamos decirlo, porque es evidente que incluso en aquellos lugares donde hay un solo actor también se han registrado accidentes por artefactos explosivos. Dependiendo del momento, un actor controla un territorio donde instala minas antipersonal u otros artefactos explosivos, pero cuando este actor deja de tener control sobre ese territorio, obviamente no desinstala los artefactos explosivos: estos quedan ahí. Luego, llega otro actor, y también instala artefactos. Y puede que tiempo después llegue otro actor a disputarse el territorio y tenga que retirarse y así… 

La verdad es que la mayoría (de actores) hace uso de los artefactos explosivos. Ninguno de ellos hace un mapeo del lugar donde los instalan, y esto generalmente conlleva a que los artefactos permanezcan en los territorios durante muchísimos años y sigan activos. No podemos pensar que si un artefacto explosivo fue instalado hace dos, tres o diez años, ya no tiene capacidad de hacer daño. Todo lo contrario. 

¿Dónde se suelen instalar estos artefactos? ¿Han podido identificar algún patrón?

U.A.: En términos generales, los artefactos son instalados en sitios estratégicos para el actor, pero desafortunadamente esos sitios a veces son los que utilizan los habitantes de estas zonas. Hace poco, de hecho, se presentó un incidente donde se encontraron varios artefactos explosivos almacenados muy cerca a una institución educativa. El Cicr mediante el diálogo confidencial con los actores hace incidencia para que sean respetados los sitios importantes para la comunidad, como son las escuelas, los caminos principales, las iglesias y los lugares donde las personas van a buscar agua. Pero más allá de esa incidencia, finalmente el actor, dependiendo de su conveniencia y de sus intereses, instala los artefactos.

¿Cómo está siendo afectada la población del Chocó por los artefactos explosivos?

U.A.: Al revisar los casos históricos, vemos que los municipios más afectados han sido Riosucio, Istmina, El Carmen de Atrato, Tadó y Unguía. De los 31 municipios que conforman el Chocó, en 27 se han presentado afectaciones por contaminación por armas, en mayor o menor medida. Esto nos da cuenta de la magnitud de la problemática que tiene el departamento. 

En 2022 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a través de su dirección Descontamina registró 18 personas afectadas por las minas antipersonal y municiones sin explosionar en el Chocó. De esas, 13 fueron civiles y cinco pertenecían a la Fuerza Pública. En lo que va del 2023, según las cifras del Estado, van seis víctimas: un civil y cinco integrantes de la Fuerza Pública. Los accidentes se han presentado en Istmina, con cinco víctimas, y en Nóvita, con una víctima. 

Nuestras cifras (Cicr también incluye a los combatientes de grupos armados) nos arrojan que en 2022 hubo 22 personas afectadas por la contaminación por armas en el departamento. Estos accidentes se presentaron en Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Unguía, Nóvita, Bojayá, Istmina, Medio San Juan y en la parte rural de Quibdó. Este año, hasta el 15 de mayo, hemos registrado ocho víctimas: un civil y el resto pertenecientes a la Fuerza Pública. 

Además de las víctimas directas de las minas antipersonal o las municiones sin explotar, ¿cuáles son las principales consecuencias humanitarias que dejan estos artefactos?

U.A.: Los impactos humanitarios son a nivel individual, familiar, grupal, comunitario, a nivel social, y económico. A nivel individual, cuando una persona tiene un accidente, quedan unas afectaciones físicas, pero deja también unas afectaciones psicológicas que afectan el núcleo familiar del sobreviviente. En la ruralidad muchas veces son los hombres quienes salen a buscar y llevar el sustento al hogar, de ahí que una parte importante de las víctimas resultan ser hombres. Podríamos hablar en una escala de uno a 10, 9 son hombres. Esta persona, al ya no poder llevar ese sustento y al estar en esta en esas condiciones físicas que deja el accidente, pues el núcleo familiar se desintegra y en ocasiones la persona queda por fuera de la familia.

Hablamos de que se presentan afectaciones también a nivel comunitario, en tanto que ya las comunidades tienen temor, tienen zozobra, no pueden desplazarse por su territorio como lo hacían antes. En el Chocó las comunidades indígenas se ven limitadas prácticamente porque se ven confinadas solamente a los sitios donde tienen sus viviendas, dado que esos resguardos a los cuales pertenecen ya no pueden ser frecuentados ni  transitados porque han sido instalados estos artefactos explosivos. A nivel económico, si en un territorio la economía dependía de la agricultura, pues la sospecha o certeza de que en un lugar exista presencia de minas antipersonales y otros artefactos explosivos hace que queden improductivos por el temor a que puedan presentarse otros accidentes.

Los pueblos indígenas del Chocó se han declarado en alerta humanitaria por el conflicto, además de estas afectaciones. ¿Existen afectaciones particulares en los pueblos indígenas?

U.A.: En el Chocó particularmente para la zona norte tenemos comunidades que han manifestado que se han visto confinadas, que no pueden ya hacer uso de su territorio, donde siembran o hacen sus ritos culturales, y que se han visto en la necesidad de quedarse donde estrictamente se encuentran sus viviendas. No en todos los casos se han presentado personas afectadas, pero sí han encontrado evidencias, por ejemplo, de animales que han resultado muertos por causa de la contaminación por armas. Sucedió un caso puntual, hace un tiempo, donde en la zona norte del Chocó las comunidades indígenas, nos mencionaban que un tigre, que de hecho es un animal sagrado para esta cultura, había activado un artefacto explosivo que le produjo la muerte.

Es decir, los impactos son generalizados…

U.A.: La población civil está siendo tremendamente afectada por los accidentes e incidentes y por supuesto esto genera temor y zozobra entre las comunidades. Ese temor lleva a que se generen riesgos de confinamiento y desplazamiento. 

Respecto al desminado, encontramos que a la fecha solo 1.081 metros cuadrados han sido despejados. Se han hecho estudios no técnicos, 81 para ser más puntuales, pero como tal las labores de desminado humanitario en el Chocó van lentas.

¿A qué se debe que el desminado humanitario esté avanzado tan lento?

U.A.: La condición para avanzar en el desminado en esencia es una sola: que en la zona donde se pretende hacer el desminado humanitario no exista activación de la violencia armada. Mientras eso no ocurra, mientras en un territorio se sospeche que hay instalación de artefactos explosivos o se tenga conocimiento de que hay actores en confrontación, es imposible avanzar en el desminado. Si todavía hay actores que están haciendo control de ese territorio y que están instalando artefactos, no se puede desminar por seguridad de los mismos equipos y porque los costos entre instalar un artefacto y retirarlos, pues son abismales.

La instalación de una mina antipersonal puede hacerse en minutos y resulta relativamente barata. Teniendo en cuenta que en Colombia son artefactos de fabricación improvisada con materiales como madera, metal, vidrio o  plástico, la construcción de un artefacto de estos puede costar alrededor de 100 mil pesos, por poner un ejemplo, y se hace con relativa rapidez. En cambio, la desinstalación de ese mismo artefacto puede costar millones de pesos y tomar días o hasta semanas.