Caño Motobomba fue durante años un lugar de encuentro para los habitantes de Inírida. Allí había peces, garzas y otras especies, y las familias acudían a bañarse y pasar el tiempo. Hoy, quienes viven o transitan cerca de la microcuenca describen un escenario distinto: basura, malos olores, aguas contaminadas y menos animales.
La situación llevó a que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Villavicencio ordenara medidas para la protección y recuperación de este ecosistema urbano. Como parte del seguimiento al fallo, la Alcaldía de Inírida, la Gobernación del Guainía, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente Amazónico (CDA) y Hábitat conformaron una mesa de trabajo que realizó seis sesiones entre junio y agosto de 2025. Las entidades construyeron una matriz con acciones, responsables, metas, indicadores y presupuesto.
También reportan acciones en los barrios que rodean el caño: tres jornadas de limpieza, actividades de sensibilización, talleres, educación ambiental y una jornada radial. Según la Secretaría de Planeación Departamental, las jornadas permitieron recoger aproximadamente 700 kilogramos de residuos.
Pero en los sectores cercanos, habitantes consultados por Consonante describen un problema que todavía permanece. Hablan de la contaminación del lugar y de una disminución de los animales que antes podían observarse allí. Para ellos, no ha cambiado realmente el manejo y cuidado del caño. La pregunta que queda después de las reuniones y las jornadas de limpieza es si estas acciones están produciendo una recuperación que pueda comprobarse en el territorio.
¿Por qué una sentencia llegó hasta Caño Motobomba?
Caño Motobomba nace en un humedal ubicado entre los sectores de Manicure y Los Libertadores y atraviesa zonas como Los Libertadores, Manicure y Primavera I hasta desembocar en el rebalse de Caño Paujil. Es parte del sistema de microcuencas urbanas de Inírida, junto con Caño Ramón, Caño Terpel y Caño Limonar.
Durante años, el lugar también fue utilizado como espacio de recreación. Astrid Carolina Sánchez, presidenta de la Junta de Acción Comunal de la Zona Indígena, recuerda que sus abuelos hablaban de un caño limpio al que las personas acudían.
“Antes era más limpio”, dice Sánchez. Ahora, cuenta, en algunos puntos el olor es fuerte y el agua que llega hacia las calles ya no tiene las mismas condiciones.
La documentación técnica relacionada con el proceso identifica varios problemas: disposición inadecuada de residuos sólidos, descargas de aguas residuales, pérdida de cobertura vegetal, tala y ocupación de zonas próximas al cauce. Estas situaciones afectan la calidad ambiental de la microcuenca y las funciones que cumple dentro del sistema hídrico de Inírida.
La importancia del caño tampoco se limita a los barrios por donde pasa. Su sistema hídrico está conectado con el río Inírida y, posteriormente, con corrientes como el Guaviare y el Orinoco. Por eso, el deterioro de una microcuenca urbana tiene efectos que pueden ir más allá de un punto específico de la ciudad.
¿Qué ha hecho la comunidad frente al deterioro?
Para Sánchez, el deterioro también se refleja en la pérdida de fauna. Recuerda que en el caño podían verse peces, garzas y aves migratorias. Hoy, afirma, los peces prácticamente han desaparecido de los lugares que ella conoce y algunas serpientes han terminado saliendo hacia las calles, por lo que han tenido que ser trasladadas.
La presidenta de la JAC considera que la responsabilidad no es únicamente de la autoridad ambiental. Pide mayor control de la Policía y de las entidades encargadas de la protección ambiental, pero también plantea que los habitantes puedan contar con un canal para reportar situaciones como la disposición de basura o la presencia de personas en zonas afectadas.
Su propuesta es trabajar con los presidentes de las juntas de acción comunal para convocar a los vecinos. Según Sánchez, si las instituciones hacen un llamado a los líderes barriales, existe disposición de la comunidad para participar en jornadas de recuperación.
Jason Vasca, líder social de la Zona Indígena, comparte la preocupación por el estado del caño. Dice que le produce tristeza ver cómo algunos sectores son utilizados para arrojar basura o como lugar para que personas en situación de calle hagan sus necesidades. Vasca no conocía la existencia de la sentencia judicial que ordenó proteger la microcuenca. Al conocerla, cuestiona qué significa que el lugar esté protegido si las condiciones que observa continúan.
Su propuesta también apunta a la participación. Dice que estaría dispuesto a asistir a campañas y jornadas de recuperación y pide que las instituciones convoquen a la comunidad. Walter Pasto, productor audiovisual y habitante de Inírida desde hace cuatro años, tiene una mirada diferente sobre la responsabilidad. Considera que tanto las instituciones como los habitantes tienen obligaciones frente al deterioro.
Pasto ha documentado el lugar mediante fotografías y videos y recuerda que, según relatos e imágenes que ha conocido, Caño Motobomba fue un espacio de encuentro para las familias, donde las personas podían bañarse y recrearse. También considera que la educación ambiental debería llevar a los niños directamente al territorio para que conozcan los ecosistemas y comprendan las consecuencias de su deterioro. Para los habitantes consultados, recuperar el caño implica volver a tener un espacio limpio, con agua en mejores condiciones y con presencia de fauna.
¿Qué hicieron las instituciones después de la sentencia?
El cumplimiento del fallo comenzó a organizarse mediante una mesa de trabajo interinstitucional integrada por la Secretaría de Planeación Municipal de Inírida, la Secretaría de Planeación Departamental, Hábitat y la CDA. Entre junio y agosto de 2025 se realizaron seis sesiones.
La primera tuvo lugar el 12 de junio y sirvió para instalar y conformar la mesa. El 18 de junio, durante la segunda sesión, la CDA presentó una propuesta de priorización de acciones para proteger los derechos colectivos relacionados con la contaminación del Caño Motobomba. La propuesta planteó una ruta estratégica basada en diagnósticos técnicos, participación comunitaria, acciones legales y mecanismos de monitoreo.
En la tercera sesión, el 27 de junio, la ingeniera Karen Gómez, de la Secretaría de Planeación Municipal, presentó el proyecto ambiental que adelanta la Alcaldía para las microcuencas ubicadas dentro del casco urbano, incluido Caño Motobomba. La información señala que, una vez definidas las propuestas de la administración municipal, se socializarían las acciones y los diagnósticos relacionados con los determinantes ambientales necesarios para construir el plan de manejo.
La cuarta sesión estuvo dedicada a construir una matriz general de seguimiento. Allí se integraron las actividades propuestas por las entidades y se planteó revisar para cada una el responsable, la meta, el indicador y el presupuesto. La matriz debía servir también como instrumento de monitoreo y permitir ajustes posteriores.
En la quinta sesión, la CDA y un profesional de la Secretaría de Planeación Departamental presentaron ajustes a las acciones y diagnósticos destinados a enfrentar los problemas de contaminación. La propuesta volvió a incluir diagnósticos técnicos, participación comunitaria, acciones legales y mecanismos de monitoreo.
Finalmente, el 15 de agosto de 2025, la CDA informó sobre el cumplimiento del compromiso adquirido por la Alcaldía para entregar los ajustes solicitados. Estos fueron presentados por un profesional de la Secretaría de Planeación Municipal y la matriz quedó aprobada. La CDA asumió entonces el compromiso de proyectar el primer memorial de avance para el juzgado, que debía ser firmado conjuntamente por las entidades participantes.
¿Y qué acciones ya llegaron al territorio?
Además del trabajo de planeación, las entidades reportan actividades realizadas directamente en la microcuenca.
La Secretaría de Planeación Departamental relaciona jornadas interinstitucionales de limpieza, sensibilización con las comunidades y grupos afectados, difusión de información sobre el problema ambiental, actividades de educación y salud ambiental y talleres con apoyo de la oficina de Gestión del Riesgo. También reporta la programación de nuevas jornadas de limpieza.
Desde la coordinación del sector de medio ambiente de la Secretaría de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo se reportan tres jornadas de limpieza con participación de la Alcaldía de Inírida, la Gobernación del Guainía, la CDA, Hábitat y APC Guainía. También hubo jornadas de sensibilización con habitantes de Berlín, Comuneros, Mavicure y Primavera I, además de una jornada radial sobre protección ambiental.
Según el reporte institucional, las actividades de limpieza permitieron retirar aproximadamente 700 kilogramos de residuos.
Las instituciones también reportan acercamientos con las juntas de acción comunal de los barrios ubicados en el área de influencia. El objetivo es promover una participación comunitaria basada en la corresponsabilidad y socializar tanto la sentencia como las condiciones ambientales de la zona.
Esto coincide parcialmente con lo que piden los habitantes entrevistados: tanto Sánchez como Vasca plantean que las autoridades deberían convocar a la comunidad y promover campañas de recuperación.
La diferencia está en la percepción sobre los resultados. Mientras las instituciones pueden reportar actividades realizadas, los habitantes consultados siguen describiendo un ecosistema deteriorado.
¿Cómo se podrá saber si el caño se está recuperando?
El proceso tiene un comité de verificación que debe hacer seguimiento al cumplimiento del fallo. Según la información suministrada por la CDA, estará integrado por el juez, un representante del accionante, un representante de los coadyuvantes, delegados de la CDA, del departamento del Guainía y del municipio de Inírida, además del Ministerio Público.
La existencia de este mecanismo es importante porque la recuperación ambiental requiere comprobar resultados y no solamente registrar actividades.
Una jornada de limpieza permite saber cuántos residuos se retiraron ese día. Una matriz permite saber qué entidad tiene asignada una tarea. Pero ninguna de las dos, por sí sola, permite establecer si disminuyó la contaminación del agua, si se recuperó la vegetación de la ronda, si disminuyeron los vertimientos o si regresaron especies que antes habitaban el caño.
Ese es uno de los principales puntos pendientes del seguimiento. La documentación institucional plantea la necesidad de establecer cuáles fueron los puntos críticos identificados, qué acciones se ejecutaron, cuáles están pendientes, qué presupuesto se asignó y cuánto se ha ejecutado. También falta conocer qué controles se han realizado frente a ocupaciones, vertimientos, tala y disposición de residuos. La matriz puede mostrar quién debe hacer cada tarea. El estado del caño permitirá comprobar si esas tareas están dando resultados.
Lo que sigue
El seguimiento a Caño Motobomba debe pasar ahora de las actividades reportadas a la comprobación de resultados. Para ello será necesario revisar el memorial de avance que la CDA se comprometió a presentar ante el juzgado y contrastarlo con lo que ocurre actualmente en la microcuenca. También será importante conocer el estado final de los diagnósticos ambientales, los recursos destinados y ejecutados y los indicadores definidos para medir el cumplimiento.
En el territorio, el seguimiento deberá comprobar si los residuos volvieron a acumularse después de las jornadas de limpieza, si continúan los malos olores y los vertimientos y qué ocurrió con la vegetación y la fauna. La comunidad también tendrá un papel en esa verificación. Sánchez propone fortalecer el trabajo con las juntas de acción comunal; Vasca dice estar dispuesto a participar en jornadas de recuperación; y Pasto insiste en que la educación ambiental debe vincularse directamente con el territorio.
