Unas 16 familias en Tadó están en riesgo de perder sus viviendas por las crecientes del río San Juan y sus afluentes. Estas emergencias destruyen los cultivos de los campesinos, que son el principal sustento para la mayoría de los hogares.
El último suceso grave se registró el pasado 26 de julio, a las dos de la madrugada aproximadamente, cuando un vendaval afectó a 14 comunidades negras e indígenas, y dejó decenas de familias damnificadas. Aunque algunas de ellas han recibido kits de alimentos y aseo, líderes comunitarios cuestionan que las ayudas parecen más un mecanismo para cumplir con las estadísticas que una solución real.
La comunidad, por su parte, exige que los compromisos incluidos en el plan de desarrollo municipal no se queden en promesas y que se implementen proyectos de mitigación efectivos, como jarillones naturales, la siembra de árboles y asistencia técnica agrícola. También plantean la necesidad de realizar dragados para remover la sedimentación a orillas de los ríos.
¿Qué dice la comunidad?
“Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda real. Solo vinieron a tomar fotos y a levantar informes. En mi caso perdí una hectárea de cultivos de plátano”, asegura Bernardo Mosquera, productor de chontaduro, cacao, caña y musácea en el corregimiento Profundo, zona rural de Tadó.
"Hasta ahora no hemos recibido ninguna ayuda real. Solo vinieron a tomar fotos y a levantar informes. En mi caso perdí una hectárea de cultivos de plátano"
Bernardo Mosquera
Una situación similar denunció Eulices Sánchez Mosquera, quien perdió su plantación de plátano. Eulices cuenta que no ha recibido ayudas efectivas del Estado y que, cuando llegan, solo les entregan kits de mercado y no lo que realmente necesita el campesino. “Mis ingresos económicos dependen de la agricultura y tuve una pérdida de 35 millones de pesos. En mi casa somos cuatro personas que dependemos de la producción de la finca, pero ahora se nos dificulta el sustento por la pérdida de los cultivos”, dice. Para solventar su situación, Eulices pide facilidad en créditos y asistencia técnica.
Robinson Mosquera Arias, habitante de El Tabor, es otro de los afectados en el vendaval del pasado 26 de julio. “La mayoría de la gente perdió las cubiertas de sus viviendas. Los afectados fueron las comunidades negras e indígenas y seguimos a la espera de que lleguen las ayudas del Estado”, asegura.
Reinelio Rodríguez Mosquera, presidente del Consejo Comunitario de Pachito y Peñas Blancas, indica que luego de la ola invernal recibieron unos kits de alimentos que contenían 7 libras de arroz, un aceite mediano, frijol, lentejas, dos hamacas y dos ollas. “Hemos llevado a los funcionarios de la Umata a las fincas para que vean las afectaciones de pérdidas de chontaduro y musácea. Nos dicen que van a meter un proyecto para canalizar las ayudas, pero nunca dicen qué proyecto ni se evidencia la materialización de las ayudas”, agrega.
"Nos dicen que van a meter un proyecto para canalizar las ayudas, pero nunca dicen qué proyecto ni se evidencia la materialización de las ayudas"
Reinelio Rodríguez
“La alcaldía habla de proyectos, pero nunca se materializan. En las inundaciones perdí cultivos de cacao, chontaduro y musácea, que costaban 30 millones de pesos. Requiero una ayuda económica para recuperarme ya que de la agricultura depende mi familia, que son cinco personas”, puntualiza Rodríguez.
¿Qué dicen las autoridades?
El alcalde de Tadó Juan Carlos Palacios Agualimpia indica que el presupuesto es insuficiente para responder a las necesidades de las familias afectadas: “Trabajamos con recursos propios y de la Gobernación, pero no hemos podido llegar a todos porque los recursos son escasos. Los campesinos siguen siendo los más afectados”. Palacios indicó que llegaron a diferentes fincas donde los campesinos han perdido sus cultivos por fenómenos naturales y encontraron que no se tiene el cuidado de realizar las siembras a ciertas distancias donde están las fuentes hídricas.
"Trabajamos con recursos propios y de la Gobernación, pero no hemos podido llegar a todos porque los recursos son escasos"
Alcalde de Tadó Juan Carlos Palacios Agualimpia
“Sabemos que tenemos algunas viviendas en riesgo en la zona rural. Con la Oficina de Gestión de Riesgo estamos atendiendo la situación, que no viene de ahora, pero nos toca buscar cómo garantizamos la vida como derecho fundamental de estas familias. Las actividades que venimos realizando son para la prevención y el cuidado junto con la Unidad de Riesgo, la Secretaría de Gobierno y la Umata”, agrega.
Por su parte, la coordinadora de gestión de riesgos, Ketier Leison Agualimpia, advierte que la minería informal está agravando la situación: “La sedimentación de los ríos causa inundaciones. Ya se hicieron acuerdos con los mineros para que trabajen bajo la ley, pero seguimos en riesgo. Las comunidades de Tabor, Carmelo, Peñas Blancas, Pachito y Profundo fueron las más afectadas por las crecientes de los ríos”.
“La actividad minera no está formalizada. La alcaldía ya se reunió con los mineros y se llegaron a acuerdos para que trabajen bajo los lineamientos de la ley. Deben estar organizados y quienes no cumplan con estos requisitos van a tener sanciones, desde lo administrativo hasta lo penal”, asegura.
En el recorrido que realizó la Umata municipal y Codechocó se identificaron 16 viviendas en riesgo de que el río se las lleve, ubicadas en las comunidades de Pachito, Punta Igua y Profundo. De estas, 12 familias requieren atención urgente.
Lo que sigue
Las comunidades afectadas esperan el llamado de la alcaldía para que se informe sobre los proyectos que priorizaron y sus avances. Además, que se indique sobre las ayudas que van a recibir las familias y si se requiere la reubicación de sus casas antes de que ocurra una tragedia.
