Durante décadas, Caquetá y Meta han mantenido diferencias sobre el punto exacto en el que termina un departamento y comienza el otro. Aunque las leyes 118 de 1959 y 78 de 1981 fijaron el límite tomando como referencia los ríos Caquetá y Guayabero, llevar esa descripción al mapa no ha sido sencillo. Comunidades de la zona sostienen que, al interpretar los afluentes y accidentes geográficos mencionados en esas normas, se cometieron errores.
Buscando una solución definitiva al conflicto, en 2019 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac) creó una comisión tripartita con los municipios de La Macarena y San Vicente del Caguán, para presentar un informe técnico que delimita los departamentos a partir de los ríos ante la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado.
La Ley 1447 de 2011, que menciona la regulación, la fijación, modificación y revisión de los límites de las entidades territoriales en Colombia, tiene como procedimiento que el Igac notifique a las partes involucradas y realice la diligencia de deslinde, además de que deje constancia del límite examinado. Sin embargo, pasado un año, el Congreso no tomó ninguna decisión.
Ya en el 2024, el 6 de marzo, el Consejo de Estado emitió un concepto clave que debilitó la posición del Caquetá en esta disputa. El alto tribunal determinó que el Igac incurrió en un error metodológico al trazar la línea provisional basándose en el Decreto 218 de 1973 (norma de la antigua Intendencia del Caquetá). Según el concepto del Consejo de Estado, un mandato jurídico carece de la facultad para modificar leyes de la República, reafirmando que el deslinde debe atenerse estrictamente a las leyes nacionales de creación de los departamentos: la Ley 118 de 1959 (Meta) y la Ley 78 de 1981 (Caquetá).
Un año después, este dictamen se convirtió en el principal soporte de la Ponencia No. 000016 del 12 de junio de 2025, elaborada por la representante a la Cámara por la curul de paz de Arauca, Karen Astrith Manrique Olarte. En su informe, Manrique acogió los argumentos de estricta legalidad del Consejo de Estado y criticó la actuación técnica del Igac, coincidiendo en que el límite provisional se construyó sobre una "base jurídica errónea" al priorizar un decreto regional por encima de la ley.
Basándose en esto, la congresista radicó una proposición concreta que favorece abiertamente al Meta: mantener la línea cartográfica oficial vigente antes de la implementación del límite provisional del Igac. De aprobarse esta ponencia en el Congreso, Caquetá perdería definitivamente la jurisdicción sobre las 274.000 hectáreas que administra provisionalmente desde el año 2020.
Según Camilo Losada, personero municipal de San Vicente del Caguán, en este contexto, la implementación del Catastro Multipropósito que se adelanta en Colombia representa un asunto de máxima atención. Sobre esto, advirtió: “El límite provisional abarca desde la vereda Los Pozos —o un poco más adelante— hasta la curva de Los Cuervos, lo cual comprende unos 13 kilómetros correspondientes a San Vicente del Caguán; de ahí en adelante, todo pasa a ser de La Macarena. En consecuencia, veredas como San Juan de Losada, parte de La Sombra, La Cristalina, Las Delicias y más de 117 comunidades adicionales pasan a ser consideradas dentro del departamento del Meta”.
Esta pérdida territorial afectaría gravemente la economía local al disminuir de forma significativa el inventario ganadero del municipio. Asimismo, conllevaría la reubicación de los servicios de salud y paralizaría los censos del Sisbén para la atención de la población. Las transacciones de compraventa de inmuebles tendrían que tramitarse ante el Registro Público de San Martín (Meta), mientras que el pago del impuesto predial y el registro o venta de ganado bovino deberían gestionarse en La Macarena (Meta). No obstante, la consecuencia más dolorosa sería la invisibilización de la historia, las costumbres y las identidades locales.
Un claro ejemplo de esta situación se evidencia en la inspección de San Juan de Losada, donde la Junta de Acción Comunal fue reconocida desde 1988 por la oficina de desarrollo comunitario de San Vicente del Caguán, adelantándose seis años al censo realizado por el Meta. En la actualidad, en dicha vereda coexisten instituciones de los dos departamentos: una Junta de Acción Comunal adscrita al Meta, dos colegios, dos centros de salud y la posibilidad de votar por dos opciones distintas en jornadas electorales.
Sin embargo, múltiples registros históricos ratifican que el desarrollo regional ha pertenecido tradicionalmente a la órbita del Caquetá, argumento central que sostienen los defensores de este territorio. Por más de 40 años, Guillermo Peña, fundador de la Asociación Pro Defensa del Territorio y del Medio Ambiente (Asoprodeca) y líder comunitario en la región conocida como de litigio, ha llevado su voz a distintos escenarios esperando el eco suficiente para defender lo que él llama “sus raíces”.
Menciona que son muchos los retos que han enfrentado y por eso se debe continuar: “No es solamente la comunidad; aquí hay que llamar a las representantes a la Cámara, hay que llamar a los senadores cercanos a la situación, hay que llamar a la gobernación y a la alcaldía municipal porque se necesitan recursos. Para poder presentar al Congreso de la República y que aprueben el límite tradicional o, en su defecto, que se establezca la modificación a la ley y que se incluya una consulta popular para que sean las personas las que definan en su sentir qué quieren, si ser caqueteños o ser metenses”, comenta.
El catastro multipropósito busca identificar quién posee la tierra y cómo se está utilizando. Según la Resolución 18-000-35-2025 del Igac, las autoridades catastrales tendrán a su cargo las labores de formación, actualización y conservación de los catastros, tendientes a la correcta identificación física, jurídica, fiscal y económica de los inmuebles. Para ello, las familias deben aportar los documentos que tengan —como registro predial, cartas de colonos o de sana posesión— que sirvan para acreditar su ocupación.
El artículo 24 de la Ley 1450 de 2011, determina que: “Las autoridades catastrales tienen la obligación de formar catastros o actualizarlos en todos los municipios del país dentro de períodos máximos de cinco (5) años, con el fin de revisar los elementos físicos o jurídicos del catastro originados en mutaciones físicas, variaciones de uso o de productividad, obras públicas o condiciones locales del mercado inmobiliario. Las entidades territoriales y demás entidades que se beneficien de este proceso, lo cofinancian de acuerdo a sus competencias y al reglamento que expida el Gobierno Nacional”.
Luego, con la actualización predial, se revisan los avalúos y las tablas de medidas que determinan el valor catastral. Esto no es solo para cobrar impuestos, es un censo para saber quién tiene la tierra y cómo se usa, y el departamento del Meta debe hacer la tarea en el sector rural, para el cual y de acuerdo con el reporte oficial del Igac, revelado en las audiencias públicas de la Asamblea del Meta, La Macarena y Uribe son las únicas excepciones en el departamento que ya culminaron al 100% la actualización de su catastro rural durante este año 2026, como lo mencionó Carmen Cecilia Cogollo Altamiranda, directora de Gestión Catastral del Igac.
Por el contrario, San Vicente del Caguán culminó al 100% la zona urbana, como lo anunció Óscar Santiago, el excoordinador territorial del Igac en el municipio: “Todos los barrios que se encuentran incorporados en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial, adicionalmente 15 centros poblados, salvo el Playa Rica, la Y, los Pozos, todos los que se encuentran en la zona de límite provisional que tienen un tratamiento diferente. Quedarían pendientes las veredas para una nueva orden presidencial”, dice.
El Catastro Multipropósito es un proyecto para todo el territorio colombiano, lo que permite que las decisiones del Estado se ajusten a la realidad de las comunidades, incluyendo la identificación física, jurídica y económica de los predios en zonas ambientalmente protegidas o de conflicto. Sin embargo, un temor político y social ha surgido entre la población.
La información recopilada en 2026 está técnicamente blindada, lo que significa que los datos físicos de la tierra ya no se van a perder, sin importar quién gane la disputa política. Además, el levantamiento catastral no crea derechos, no define soberanías departamentales y no genera una "realidad administrativa irreversible" que obligue a los campesinos a ser parte del Meta en contra de su arraigo e identidad con el Caquetá.
Aunque en otro sentido, y como lo manifiesta un habitante de San Juan de Losada, que pide reservar su nombre: “es muy berraco que a usted le digan de la noche a la mañana que ya no es caqueteño. Siendo uno nacido, criado, enterrado sus familiares, y que de repente una ley o porque allá deciden, yo soy del Meta. Eso no tiene ningún sentido”. Además, la realidad de estos territorios es compleja por la distancia que puede existir desde las veredas hasta las cabeceras de corregimientos o municipios. Por esta razón, habitantes de veredas como Serranía de La Macarena, Meta, prefieren acceder a los servicios de salud, educación o comercio de San Vicente del Caguán, Caquetá, porque les queda a 2 horas, mientras que ir a La Macarena les toma 6 u 8 horas.
Por su parte, el diputado de Caquetá Wilmar Fierro califica esta disputa territorial como una trampa para San Vicente del Caguán, argumentando que sigue atado a un límite provisional trazado hace años sin resolverse de fondo. Cuestiona la falta de postura explícita de la Comisión Quinta del Congreso, atribuyendo el retraso a voceros desvinculados de la realidad territorial. También expresa preocupación por el actuar del Igac, que avanza en el levantamiento catastral de las veredas sin que la población conozca las implicaciones directas sobre su futuro.
Fierro rechaza categóricamente que el Caquetá haya abandonado esta zona, destacando que las inversiones en infraestructura y los programas de atención social han sido impulsados históricamente desde San Vicente del Caguán.
El personero municipal, Camilo Lozada, advierte sobre la creciente inquietud de la comunidad ante las dudas suscitadas por la actualización catastral. Explica que asignar los tributos al Meta no solo forzará a la población a realizar trayectos de entre tres y seis horas hasta La Macarena para el pago de sus obligaciones fiscales, sino que afectará gravemente el arraigo y la identidad cultural de los caqueteños.
A su despacho han llegado múltiples solicitudes de pobladores de veredas involucradas en este límite provisional, que expresan preocupación sobre el levantamiento de esta información. Y es por esto que Lozada ratifica: “Cambiar el aporte tributario del departamento va a generar unos efectos negativos al municipio; la gente tendrá que pagar impuestos en La Macarena a más de tres, cuatro y seis horas de trayecto, creando un escenario que es intangible, pero que es bastante importante, que se llama la identidad, la identidad de las personas”.
La enorme distancia que existe entre la teoría jurídica del nivel central en Bogotá y la realidad política y administrativa en el territorio abre una herida. Un derecho de petición enviado por el alcalde de La Macarena al mandatario de San Vicente del Caguán confirma que lejos de ser un proceso armónico y puramente técnico, la entrega de los resultados del catastro rural en 2026 ha encendido las alarmas y está siendo utilizada como un arma institucional de presión fiscal y territorial.
El radicado exige que San Vicente explique cuál es el “fundamento jurídico, técnico o cartográfico que sustenta la intervención administrativa y la ejecución de recursos públicos” en las zonas en disputa, de manera particular en el centro poblado de San Juan de Losada. Además, acusa formalmente a San Vicente del Caguán y a la Gobernación del Caquetá de ejecutar recursos, organizar comunidades y recaudar impuestos en zonas que no son de su competencia.
Según expertos, el uso de la acción de tutela como presión por parte de La Macarena no es un trámite menor. Busca que un juez de la República ordene, de manera cautelar o definitiva, la suspensión inmediata de las actuaciones de San Vicente del Caguán en la zona de litigio.
Mientras en los escritorios de Bogotá el futuro de las 274.040 hectáreas sigue congelado en la incertidumbre, en el territorio, la mesa de trabajo local —conformada por la Personería y organizaciones como Asoprodeca, Asocampo, Corpomia y Asoecoagrop— impulsa la defensa regional apoyándose en la Ley 1447 para exigir el reconocimiento del límite tradicional. Su postura se fundamenta en la historia, las costumbres y la normativa que acreditan la pertenencia de estas tierras al Caquetá.
Para ello, proyecta reconstruir la memoria histórica y geográfica, documentando el poblamiento y los mojones tradicionales (marcas físicas en el suelo para separar fincas o terrenos), además de consolidar un informe técnico sobre la propiedad e inversiones regionales. Para asegurar solidez académica, se contratarán sociólogos e historiadores, gestionando fondos ante la Gobernación del Caquetá y la Alcaldía de San Vicente del Caguán.
El pasado 8 de agosto, se realizó una reunión para abordar este tema que contó con la participación del personero municipal de San Vicente del Caguán Camilo Lozada, la concejal del mismo municipio Astrid Amezquita, la senadora Mary Jurado, el director del Igac Carlos Ramírez, los parlamentarios Juan Pablo Duque y Leonardo Ramón, el representante a la citrep del Caquetá Nixon Perdomo Juragaro, la historiadora Sofía Ramírez, el secretario de Planeación Departamental Diego Pinto y los equipos técnicos y legislativos que acompañarán este proceso.
La estrategia contempla una fuerte articulación política y social a través de un comité que integrará a asociaciones campesinas. Ante la eventualidad de que el Congreso rechace la vía del límite tradicional, la mesa técnica promoverá reformas normativas para impulsar una consulta popular donde sea la ciudadanía quien decida su pertenencia departamental, complementada con la solicitud de control institucional ante la Procuraduría para vigilar la transparencia en los procedimientos del Igac.
La arena del mar Pacífico es negra y menuda. Las playas de lugares como Tumaco están llenas de cientos, miles, millones de partículas pequeñas. A simple vista es una masa negra, uniforme. Pero visto bajo el microscopio, cada grano es único: tiene formas, brillos, colores diferentes. Lo mismo pasa con los cuerpos de las personas dadas por desaparecidas. Frente a los ojos inexpertos, los huesos son casi lo mismo en todos los cuerpos, pero para un investigador, una fractura, una particularidad en sus dientes o cualquier rasgo pequeño puede marcar la diferencia entre el Nomen Nescio (nombre desconocido o NN) y recuperar un nombre, una identidad, una familia. Los cuerpos, como la arena, hablan. Solo hay que parar, hacer silencio, escuchar.
Aunque para saber qué dicen, primero, hay que llegar a ellos, una tarea nada sencilla, y a veces, aunque cueste decirlo, imposible. Eso lo saben las personas y organizaciones buscadoras en la zona de frontera de Colombia con Ecuador, en el departamento de Nariño. Una franja extensa y marcada durante décadas por las complejidades de las violencias y del conflicto armado, en la que las montañas, los ríos y el mar, se convirtieron en espacios de ocultamiento.
Guillermo* tiene una presencia tranquila. Sus palabras son claras, certeras. Sobre su pecho carga varias cadenas con imágenes religiosas, resguardando un corazón que es fuerte, aunque por momentos se nubla de tristeza. Guillermo es, tal vez, una de las pocas personas que en este país han contado con la suerte de regresar de la desaparición.
Su vida cambió hace algunos años. Mientras caminaba por una calle de Tumaco, un carro lo alcanzó y una persona lo subió por la fuerza al vehículo. Lo sometieron durante varias horas, mientras a toda velocidad salían del municipio. Un mensaje amenazante que recibió su esposa en el mismo momento del rapto fue el único rastro que se tuvo durante mucho tiempo.
Guillermo fue trasladado a un sitio en zona rural, custodiado por hombres uniformados y armados. Sin ninguna explicación, fue sometido a trabajos forzosos para sostener las labores cotidianas del grupo: lavar uniformes y ollas, limpiar las botas de los combatientes. Fue doblegado a través del miedo, en condiciones crueles e inhumanas. Nunca recibió de sus captores ninguna palabra que le diera pistas de por qué lo tenían allí. Solo recuerda las burlas constantes por su labor como defensor de derechos humanos.
Fue obligado a permanecer en ese lugar, viendo pasar día tras día en automático, a la espera de que llegara su muerte. Pero cada mañana se despertaba en el mismo cuarto pequeño y oscuro. Por su propia cuenta descubrió que no se encontraba en territorio colombiano. En varias ocasiones llegaron personas armadas con otro acento; usaban palabras desconocidas que, después, descubriría, eran ecuatorianas.
La historia de Guillermo permite entender una de las particularidades de la desaparición en Nariño: la frontera también puede borrar el rastro de quienes siguen vivos.
Seis municipios de Nariño se encuentran sobre esta zona limítrofe, que abarca aproximadamente 294 kilómetros desde el municipio de Ipiales, pasando por Aldana, Cuaspud, Cumbal, Ricaurte, hasta llegar a Tumaco. Mientras que del lado ecuatoriano se encuentran tres municipios o cantones: Sucumbíos, Tulcán y San Lorenzo. Una zona que inicia desde los nevados, pasando por los páramos y bosques, hasta llegar al mar; tan diversa como compleja. Allí, miles de personas esperan en las montañas, cementerios y cuerpos de agua a ser encontradas.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd), en los municipios colombianos de la zona limítrofe nariñense hay 1457 personas cuyo paradero se desconoce, según registros entre 2000 y 2016. El 82 por ciento fue reportado en Tumaco, que no solo concentra la mayor cantidad de casos de la zona de frontera, sino de todo el departamento.
En este municipio, la desaparición ha hecho parte del repertorio de violencia de actores armados de todo tipo, que no son pocos. Según la Fundación Ideas para la Paz, Tumaco estuvo marcado por tres momentos. El primero, después de 1999, cuando los cultivos de coca se concentraron en Nariño. El segundo ocurrió en el mismo año, con la llegada al municipio de los paramilitares del Bloque Libertadores del Sur, para disputar la zona con las Farc, que hicieron presencia hasta 2005; y el tercero, a partir de 2009, con el Plan Renacer de las Farc, con el que este grupo armado fortaleció economías ilícitas como el narcotráfico y generó alianzas con bandas criminales.
Sin embargo, como afirma Sara*, defensora de derechos humanos de Nariño, entre finales de los 90 y el 2005 se presentan los picos más altos de casos de desaparición, lo que coincide con la presencia de los paramilitares. Este grupo recurrió con frecuencia a la desaparición como estrategia de guerra. Así lo documentó la Comisión de la Verdad, que registró 12.768 víctimas de este delito entre 1985 y 2016 en el país. De ellas, el 52 por ciento fue atribuido a grupos paramilitares, lo que los convirtió, durante el periodo analizado por la Comisión, en el actor armado que más utilizó la desaparición de personas como mecanismo de sometimiento de las comunidades.
La presencia de actores, las disputas territoriales y las economías ilícitas determinan en gran medida la desaparición en Tumaco. Como lo dice Dora Ligia Vargas, investigadora del equipo Pacífico Nariñense de la Ubpd, sede territorial Tumaco, “esa temporalidad del conflicto también marca un poco la comprensión de la dinámica de la desaparición, como también los desafíos para la búsqueda”. A estas formas de la violencia se suman las lógicas de un lugar de frontera, que han determinado una movilidad propia de estas zonas.
Además, en la vida cotidiana de la frontera entre Tumaco, Colombia, y la provincia de Esmeraldas, Ecuador, las economías legales conviven con las ilegales. Sara* cuenta que en esta zona también operan actividades como el contrabando, el ingreso de armas a Colombia y las rutas del narcotráfico, utilizadas para sacar pasta base por el océano Pacífico hacia los lugares donde se procesa para la elaboración de cocaína.
Es una frontera de tierra, de mar y de ríos, bastante convulsionada, en la que persisten los grupos armados. La Defensoría del Pueblo, en un informe de seguimiento a la Alerta Temprana 013-25, advirtió un escenario de alto riesgo “asociado a la intensa presencia de actores armados, el control de corredores estratégicos fluviales, marítimos y fronterizos, y la expansión de economías ilegales en el Pacífico nariñense”. En este municipio, según Leonardo González, director de Indepaz, hace presencia la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, un grupo que surge de la reconfiguración de las estructuras de Comandos de la Frontera y la Coordinadora Guerrillera del Pacífico.
Aunque este grupo armado tiene amplia presencia y control, González afirma que la violencia persiste en esta zona del Pacífico, pero bajo formas diferentes: “mientras los asesinatos han disminuido en comparación con los años de confrontación abierta entre grupos armados, las desapariciones forzadas se han convertido en una práctica cada vez más frecuente para controlar a la población y resolver conflictos”.
La recepción permanente en Tumaco de personas, principalmente ecuatorianas y de otros lugares del país, determina unas particularidades de la búsqueda en este territorio. La Ubpd ha recibido solicitudes no solo de personas tumaqueñas: “Regiones como el Putumayo, el Caquetá, la zona andina, del Cauca. Acá no buscamos solo desaparecidos de este territorio, sino que buscamos desaparecidos de otros departamentos y de otros municipios de Nariño”, señala la investigadora Dora Vargas.
Existe un factor que determina un riesgo en esta zona de frontera y es el hecho de ser un ciudadano extranjero cruzando por un territorio con presencia de grupos armados, como lo dice Vargas, “para las personas de otros países que cruzan la frontera hacia Colombia, un elemento que podría generar riesgo de desaparición es la estigmatización o los señalamientos: ¿qué hace esta persona de otro país en este territorio?, ¿qué estará haciendo?, ¿por qué está aquí siendo ecuatoriano?”.
Mientras su familia lo buscaba en Colombia, Guillermo permanecía cautivo al otro lado de la frontera. Nadie de su entorno sabía dónde estaba y él mismo tardó en comprender que había sido llevado fuera del país. Esa incertidumbre resume uno de los mayores desafíos de la búsqueda en una zona donde las dinámicas del conflicto y la movilidad transfronteriza pueden borrar rápidamente el rastro de una persona.
Cada historia de desaparición es muy diferente: ecuatorianos que iban de paso, colombianos que trataban de llegar a Ecuador, pescadores que salieron un día a trabajar y no regresaron, personas que los grupos armados se llevaron de sus casas, otros que llegaron a trabajar en los cultivos de coca o en otras formas de economías ilegales, y hasta vinculados a estructuras armadas que murieron en combate y de quienes no se conoce el destino de sus cuerpos. Y detrás de muchos de estos nombres, hay familias que todavía esperan respuestas.
Carmelina Valencia recuerda a Javier como el mejor de los hijos. Un buen amigo, un joven cuidador, amoroso, que estaba siempre dispuesto a ayudar. Así lo describieron muchas personas después de su desaparición, cuando Carmelina comenzó a buscarlo: —Yo decía, "Sí, ese es mi hijo", porque yo sabía que era así, que era él a quien estaban describiendo—.
Carmelina lo tiene presente en su memoria: su gusto por los camarones, lo inquieto que es, las veces que tuvo que ir a buscarlo por estar a deshoras en la calle y el amor con el que él recibía sus reclamos. Lo evoca inquieto, amoroso, vivo. Y, sin darse cuenta, también se está describiendo a sí misma:
—Yo ando lista para lo que me toque —dice entre risas—. Si me toca meterme al agua, me meto; si me toca quedarme, me quedo; si me toca andar en la marcha, ando… ¡No, yo soy muy loquita!
En su énfasis queda la certeza de que es incansable, de que conserva la energía que la ha movido durante más de una década para buscar a su hijo.
Javier David Riascos Valencia desapareció en Tumaco el 15 de septiembre de 2015. Tenía 16 años y una energía inagotable, como la de su madre; trabajaba en la empresa de agua del municipio y en sus ratos libres era mototaxista. Su desaparición ocurrió en la mañana; salió de casa en su motocicleta y su rastro se perdió. Desde ese momento Carmelina comenzó a reconstruir sus pasos, a preguntar, a buscar. Así supo que su hijo estuvo en una zona conocida como el puente del medio, que un grupo armado lo retuvo durante varias horas en un lugar de la zona urbana y luego se lo llevaron. Por esos mismos días le contaron que su retención había sido un error, le regresaron la moto de Javier y prometieron que lo dejarían libre y regresaría a casa, pero hasta hoy lo sigue esperando.
Casi 11 años han pasado desde ese día, pero Carmelina tiene la certeza de que su hijo está vivo y ella lo espera ansiosa, pero con la paciencia de quien ha rumiado su recuerdo durante todo este tiempo: —Hay momentos en que siento caer, pero como que siento una luz que me dice: "¿Por qué caes? Tu hijo está vivo”. Y vuelvo y digo: "No, él está vivo"— lo dice con seguridad, pero al mismo tiempo evoca la promesa que se ha hecho de tatuarse el rostro de Javier en un brazo el día que acepte su ausencia.
Este proceso, que para ella inició en solitario, rápidamente se convirtió en una búsqueda colectiva. Carmelina participó en la creación de la Asociación de Familiares de Desaparecidos Luz de Esperanza, con quienes creó un grupo de cantoras:
—Nosotros cantamos para eso, para visibilizar, para mostrar, para contar. Para decir aquí estamos. Haciendo incidencia, resistencia, todo lo que se está viviendo dentro de todo este conflicto que, pues, es difícil uno olvidar, pero es una manera de mitigar.
Este espacio no solo ha servido para que las buscadoras hablen de su dolor, sino también para llegar a territorios con presencia de actores armados y continuar allí su búsqueda:
—No podíamos entrar. Entonces, ¿cómo teníamos que entrar nosotros? Con nuestra voz. Buscando, diciendo, hablando, cantando.
“Aquí hemos aprendido a cantar lo que no se puede decir”. Sara*, defensora de derechos humanos, recuerda esta frase que alguna vez escuchó en un evento musical y sabe que describe muy bien a Tumaco, porque en un territorio en el que el conflicto está vivo, con actores armados presentes, hay miedo y hay silenciamiento. En medio de un contexto tan complejo, transformar las denuncias en música es una estrategia para proteger la vida, tanto como lo es, en ocasiones, no decir nada.
Luis Parodi hace parte de la Asociación de Familiares de Desaparecidos del Pacífico Colombiano (Afadepac) creada en Tumaco; también es buscador. Su hijo Jhony desapareció en el 2010 en el municipio de Argelia, Cauca, cuando tenía 24 años. Aunque tiene información del lugar en el que está su cuerpo, todavía no lo recupera. Pero sigue en la lucha. La misma que le ha enseñado a enfrentarse a los temores que genera este proceso, a los propios y a los de otras personas.
—Hay muchas cosas de las que a veces la gente no habla porque dice: “Yo tengo que protegerme, esto tiene que ser confidencial, porque yo me pongo a hablar y a decir, a mí también me buscan y me dan”. Entonces, no hablan por eso, porque les da miedo. Hay mucha gente que no pone denuncia.
Esta situación es recurrente en los territorios donde las desapariciones son cometidas por actores que mantienen presencia y control sobre las comunidades. Ante el temor de sufrir represalias, muchas familias optan por guardar silencio y no denunciar la desaparición de sus seres queridos.
Esto genera retos para las organizaciones buscadoras, para la justicia y para entidades como la Ubpd. Generar confianza es parte fundamental del proceso para recibir solicitudes de búsqueda, pero también para encontrar información sobre los casos. El contexto de violencias y geográfico se convierte en barreras que todavía hace falta superar, como lo dice la investigadora Dora Vargas: “Tumaco es un municipio geográficamente amplio; a las familias de las zonas rurales, donde hay mayor riesgo de desapariciones, se les dificulta llegar a la zona urbana para solicitar la atención de las entidades. Tienen temor de presentar solicitudes de búsqueda, declaraciones o denuncias, o también porque no saben que estas entidades existen”.
Con este análisis coincide Leonardo González, director de Indepaz: “En consecuencia, buena parte de estos casos permanecen en el silencio, en conversaciones privadas o en relatos que circulan dentro de las comunidades, pero que nunca llegan a convertirse en denuncias formales”, se lee en un artículo. Por eso, agrega que también hay que mirar las formas menos visibles de la violencia, que muchas veces quedan opacadas por crímenes como los asesinatos o los desplazamientos.
—“Por mar, por río y esteros, también en los manglares”— sentencia María P., una mujer buscadora de Afadepac, y lo repite como un mantra que decenas de veces han pronunciado las familias de Tumaco. Sus palabras son un recuerdo de la complejidad geográfica de este municipio extenso, rodeado de cuerpos de agua que fueron el destino final de muchas personas. En el territorio muchos saben esto.
Por eso Luis Parodi dice que la búsqueda se hace por todos lados: “No es aquí no más. Tienen que buscar hasta en los manglares. Allá hay bastantes muertos”. Entidades como la Ubpd son conscientes de esta particularidad y de lo que esto significa para su tarea: “buscar en manglar, buscar en el mar, buscar en río, buscar a campo abierto, buscar en las playas”, dice la investigadora Dora Vargas. Y agrega una verdad que cuesta aceptar: “Muchos cuerpos no van a ser encontrados, ni siquiera vamos a poder determinar si fueron arrojados a un cuerpo de agua o no”.
A esto se le suman las características climáticas de la zona. Sara dice que, al ser Tumaco un lugar con alto grado de pluviosidad, la búsqueda se complica y se convierte en una carrera contra el tiempo, porque la descomposición de los cuerpos dispuestos en tierra y en agua se da mucho más rápido que en otras zonas del país. La explicación de Vargas va en la misma dirección: con el paso del tiempo, los huesos pueden deteriorarse y hacer más difícil la identificación de los cuerpos y la toma de las muestras necesarias.
De ahí la importancia del trabajo de las familias, sus organizaciones y entidades como la Unidad de Búsqueda para encontrar los cuerpos, identificarlos y devolverlos a sus familiares. La Ubpd, explica Vargas, parte siempre de una premisa: la persona desaparecida puede estar viva. Para establecer qué ocurrió, realiza una investigación humanitaria y extrajudicial.
La Ubpd cuenta con un plan regional de búsqueda para el Pacífico nariñense, una herramienta que abarca un total de 12 municipios. Y es así como se han identificado 143 sitios de interés forense y 15 cementerios. En Tumaco se concentra la mayor cantidad, con un total de 86. Siete de ellos son camposantos. En todos estos lugares hay personas desaparecidas cuyos restos están a la espera de ser exhumados e identificados.
Por eso, Dora Vargas señala que uno de los retos de la Unidad de Búsqueda ha sido mapear los sitios de interés forense en Colombia y Ecuador, dadas las dinámicas de desaparición en Tumaco, dado que es probable que los cuerpos de ciudadanos ecuatorianos y colombianos hayan sido dispuestos en el país vecino. La Ubpd informó a Consonante y Vorágine que ha identificado cinco de estos espacios al otro lado de la frontera, en las provincias de Esmeraldas, Imbabura y Sucumbíos.
De la misma manera, “la Ubpd ha identificado al menos cinco sitios de interés forense en territorio colombiano que albergarían los restos de cinco ciudadanos ecuatorianos desaparecidos por causas relacionadas con el conflicto armado interno. Esta situación demanda una coordinación binacional efectiva que permita asegurar el vínculo con sus familias, la recolección de perfiles genéticos de referencia y los procesos de identificación, repatriación y entrega digna de los cuerpos”, señala la entidad.
También ha documentado 91 casos en la zona de frontera de Nariño, así lo explica la investigadora Lucy Guama. De esos, 82 desapariciones ocurrieron del lado colombiano y 9 del ecuatoriano. No solo se busca a ciudadanos de ambos países, se han recibido solicitudes de dos personas peruanas y un colombo-canadiense.
Además de los sitios a campo abierto, la Ubpd también busca en cementerios municipales y veredales, donde fueron enterrados restos sin identificar. La investigadora Guama pone como ejemplo el de Ipiales, otro municipio fronterizo con Ecuador. Se presume que allí hay entre 160 y 170 casos. “El reto es ahora buscar dentro del mismo lugar donde están. Porque muchos de estos cuerpos se depositaron en tierra y sobre eso ya se construyó, o no hay un registro de cuándo llegaron, o el registro ya se perdió o se movieron porque necesitaban el espacio”, dice Guama.
El coordinador territorial de la Ubpd en Nariño, Óscar Iván Ordóñez, señala que en Ecuador hay dos cementerios de especial interés para la Unidad: los de San Lorenzo y Lago Agrio. “Muy seguramente allí están algunas de las personas que estamos buscando en Nariño y Putumayo. Están inhumadas en el cementerio al otro lado”, dice.
En estos lugares puede haber tanto civiles como combatientes de grupos armados ilegales. Es el caso del cementerio de Quito, donde fueron inhumados 22 miembros de las Farc que murieron durante la Operación Fénix, ejecutada en 2008 por el Ejército y la Policía de Colombia contra el campamento donde se encontraba alias Raúl Reyes. La Fiscalía General de la Nación informó, en respuesta a un derecho de petición, que uno de ellos fue identificado, mientras los demás continúan en análisis y permanecen allí.
Saber dónde están los cuerpos es apenas el comienzo de un proceso largo y complejo. Cuando uno aparece en territorio colombiano, después de la exhumación viene una etapa difícil: determinar quién era y encontrar a sus familiares. Ordóñez explica que, por ahora, Colombia no puede consultar los sistemas de información de los países vecinos, en este caso Ecuador. “Queda como un cuerpo no identificado y con pocas probabilidades de avanzar”, afirma.
La Ubpd conoce algunos sitios en Ecuador donde podrían estar cuerpos de colombianos, pero para exhumarlos y trasladarlos al país se necesita un acuerdo entre ambos gobiernos. Por ahora, ese mecanismo no existe. La Unidad solo ha podido adelantar acciones puntuales en cantones ecuatorianos mediante gestiones con autoridades locales.
Todavía está pendiente un acuerdo entre Colombia y Ecuador para abordar la desaparición en la frontera. Óscar Ordóñez considera que podría servir para prevenir nuevos hechos mediante un mecanismo de búsqueda urgente que funcione entre ambos países. También propone que Medicina Legal Colombia y el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Ecuador coordinen procedimientos como la toma de huellas y muestras biológicas, que luego puedan cotejarse con las de los familiares.
Otra de sus propuestas es crear un registro conjunto con información sobre quiénes son buscados, las circunstancias en que desaparecieron y cuándo ocurrieron los hechos. Colombia ya cuenta con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), pero en Ecuador, según Ordóñez, no existe una herramienta equivalente. Hay esfuerzos todavía incipientes para registrar y tipificar este delito, pero la falta de una base de datos dificulta saber quiénes son las personas que se buscan.
La defensora de derechos humanos Sara* propone crear una fiscalía especializada que trabaje entre Colombia y Ecuador. La idea, dice, es que la búsqueda no se limite a identificar cuerpos, sino que también permita encontrar a quienes siguen con vida al otro lado de la frontera y no pueden contactar a sus familias. Entre ellos están habitantes de calle y privados de la libertad en cárceles ecuatorianas. Sara recuerda que hace poco llegaron a Tumaco unos colombianos a los que se creía desaparecidos y que habían estado detenidos en Ecuador sin poderse comunicar con sus familias.
La historia de Guillermo muestra esa otra dimensión de la desaparición transfronteriza. Nueve meses después de que se lo llevaran, sus captores le dieron tres monedas de un dólar y le pidieron que se fuera de ese sitio lo más rápido posible, que no mirara atrás. Él, en automático, obedeció la orden, caminó varias horas por una trocha y luego tomó un carro que pagó con la plata. Un tiempo después terminó en la frontera de Ecuador con Colombia.
Guillermo sobrevivió. Pero regresar no significó que la desaparición terminara. El cautiverio dejó preguntas, miedo y heridas que todavía atraviesan su vida y la de su familia.
En cautiverio la oración fue su motor, y eso le regresó el sentido a su vida. Cuando había perdido todas las esperanzas, recibió la visita de un pequeño pájaro de color amarillo y azul, no sabe de qué especie era, pero está seguro de que que fue el medio que lo conectó con su espiritualidad, a esto se aferró todos los días para soportar jornadas extenuantes con un deterioro físico y mental que cada día se hacía más profundo.
—¿Qué hice yo para tener ese sufrimiento tan tan largo y tan prolongado? —La pregunta ronda la cabeza de Guillermo de manera constante. Varios años después, no entiende las razones, no las conoce, pero el “por qué” está siempre presente, una búsqueda de sentido constante para entender las razones de esta desaparición.
Si bien Guillermo tuvo la posibilidad de regresar con su familia, tiene una herida abierta por la crueldad a la que fue sometido durante tanto tiempo; herida que está transitando, repasando todos los días y enunciando para poder sanar. Su esposa y sus hijos también se enfrentan a lo mismo. Durante el tiempo que estuvo desaparecido, no hubo ninguna pista para saber si estaba vivo o en dónde se encontraba. Hicieron las denuncias respectivas ante las autoridades. Lo buscaron sin éxito. La angustia terminó ese día, cuando llegó por cuenta propia a pedir ayuda a la Policía colombiana en la frontera. Después quedó el miedo, que a ratos se calma, pero nunca desaparece.
La búsqueda, las preguntas, el pensar todos los días en esa persona ausente son un “luto en vida”. Así lo llama Rocío Granja, fundadora de la Asociación de Desarrollo Integral para Víctimas Regional Nariño (Adiv). Ella lleva ese duelo desde que busca a su esposo, hace 34 años.
Un día de 1992 salió de su casa en El Patía, Cauca, y no regresó. Ella se quedó sola, con una hija de cinco años que hasta hoy continúa esperando a su papá:
—Nuestras casas siguen revestidas de esas incógnitas —dice Granja—. Aun así, defiende con convicción la necesidad de buscar a las personas dadas por desaparecidas, como un derecho de ellas y de sus familias.
“Yo pienso que todos estos años de sufrimiento, pero también de lucha, nos han enseñado a decir que nunca es tarde. El conflicto armado nos causó mucho dolor, pero también nos fortaleció para seguir adelante, no dejarnos vencer”, reflexiona Rocío sobre estos años en los que, como ella misma reconoce, la memoria necia le recuerda todo el tiempo lo que ha pasado.
Ese camino tampoco ha sido sencillo. Además del dolor de la ausencia y del peso de la búsqueda, durante años las familias se enfrentaron a un marco legal que no reconocía la desaparición forzada como delito. En Colombia, solo hasta el año 2000 fue incluida en el Código Penal. “Antes, los casos denunciados eran considerados como secuestros u otros delitos”, señala la Comisión de la Verdad. El cambio fue posible gracias al trabajo de organizaciones de familiares de víctimas.
Esto quiere decir que solo hasta hace 26 años se nombró la desaparición, pese a que ha sido un delito perpetrado de manera sistemática por diversos actores generadores de violencia.
La búsqueda requiere tiempo y paciencia, una tarea que las familias y organizaciones han sostenido durante años y que ahora también acompaña la Ubpd. “Construir la hipótesis de identidad de un cuerpo no identificado no se logra en una semana o en un mes. Ese es el otro reto. Implica meses, solo de un cuerpo”, dice Dora Vargas. Mientras tanto, cientos de familias en la zona de frontera siguen esperando respuestas.
Guillermo regresó con vida. Carmelina continúa esperando a Javier; y Rocío lleva décadas intentando dar con su esposo. Sus historias muestran que la desaparición no termina en el momento en que se pierde un rastro: permanece en quienes sobreviven, en quienes buscan y en quienes esperan.
“Como sociedad nos faltan, como familia nos faltan y deben ser buscados”. La frase de Rocío Granja está cargada de una verdad innegable para las buscadoras. Hay familias para quienes la vida quedó suspendida desde que su ser amado salió de casa y no volvió. Pero la espera también habita en el silencio de los cementerios, en las fosas a campo abierto o en instalaciones del Estado, donde muchos cuerpos esperan ser identificados, porque todos tienen una historia, una ciudadanía, un nombre y una identidad.
El 19 de agosto, la Agencia Nacional de Minería (ANM) anunció la autorización de la prórroga de la etapa de exploración del proyecto Quebradona, de la minera AngloGold Ashanti, hasta el 8 de diciembre de 2027, que se ha intentado implementar desde hace varios años en el municipio de Jericó, Antioquia. Esta noticia tomó por sorpresa a los líderes, a las organizaciones sociales y a la población del municipio, porque en diciembre de 2025 la misma ANM había negado esta prórroga.
En ese momento, la Agencia basó su decisión en que después de un análisis “se evidenció falta de gestión para obtener la viabilidad ambiental, así como debilidades en el relacionamiento social en el territorio”. Y agregó: “Adicionalmente, el análisis determinó que el título minero se encuentra dentro de la Zona de Reserva Temporal establecida mediante la Resolución 855 de 2025 del Ministerio de Ambiente”.
No obstante, ocho meses después, la misma entidad decidió viabilizar la continuidad del proyecto y darle oxígeno para realizar los estudios necesarios que les falta completar antes de evaluar la posibilidad de dar inicio a la etapa de explotación. De hecho, en el reciente comunicado se menciona que “la compañía deberá presentar una estrategia de relacionamiento con las comunidades de Jericó y Támesis, con el propósito de fortalecer el diálogo, mantener informados a los habitantes y acompañar el desarrollo de las actividades en el territorio”.
La particularidad de esta contradicción es que ambas decisiones se tomaron en el marco del anterior gobierno nacional. Aunque el comunicado se publicó el 19 de agosto, está sustentado en la resolución 2982 firmada el 6 de agosto, un día antes de que finalizara la presidencia de Gustavo Petro. No obstante, el lenguaje cambia profundamente entre ambos comunicados.
Mientras que en el comunicado de diciembre se argumenta que la decisión de negar la prórroga se basa en: “consolidar un sector minero más inclusivo y transparente, donde se proteja la biodiversidad del país, se respeten las decisiones ambientales y se escuche a las comunidades”; en el de este mes se señala: “Esta decisión se enmarca en el propósito de la nueva administración de fortalecer la articulación con las empresas privadas del sector minero. Para la ANM, el trabajo coordinado con el sector empresarial es fundamental para impulsar proyectos responsables, generar empleo, atraer inversión y crear nuevas oportunidades de desarrollo para las regiones y el país”.
Según Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, la decisión de aprobar la prórroga se toma con base en un informe técnico realizado por una comisión de la misma ANM. Sin embargo, este documento no ha sido conocido por los líderes y la comunidad. Jaramillo agrega que los argumentos para continuar con la exploración se sustentan en que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones: “Pero desconoce la empresa y esta resolución que no han podido desarrollar unas actividades de exploración porque hay un conflicto socioambiental en la comunidad de Jericó, conflicto socioambiental generado por la presencia misma de la empresa en este territorio, sin que haya habido ninguna manera de comprobar la aceptación por parte de la población de esta actividad”.
Según se ha conocido, después de que se negara la continuidad de la exploración, el proyecto Quebradona presentó un recurso de reposición el 17 de diciembre y pidió que la Agencia revisara la decisión. Ese mecanismo permite que la misma autoridad que expidió un acto administrativo vuelva a examinarlo y pueda confirmarlo, modificarlo o revocarlo. Por eso, el hecho de que la ANM haya cambiado su decisión no es, por sí mismo, una irregularidad.
Fernando Jaramillo reconoce que el procedimiento existe legalmente, pero considera que ahora debe estudiarse si la nueva decisión está suficientemente sustentada. “Resolver un recurso de reposición, como lo presentó la empresa minera, lo resuelve la misma entidad a la cual está dirigido. En ese sentido, ese procedimiento es legal. Sin embargo, lo que nosotros consideramos es que ante esa revocatoria debe ser comprobado, analizado y decidido por un juez administrativo”, explica.
En la Resolución 2982 se recuerda que esta es la cuarta y última prórroga que legalmente puede recibir la etapa de exploración. Antes de que termine, la empresa deberá presentar un nuevo Programa de Trabajos y Obras y un Estudio de Impacto Ambiental. También advierte expresamente que, mientras no exista licencia ambiental, no podrán empezar las actividades de construcción, montaje o explotación.
Quebradona ya atravesó una vez ese proceso. En octubre de 2021, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) archivó la solicitud de licencia después de concluir que la información disponible no permitía tomar una decisión de fondo. Entre los temas señalados estaban la delimitación de la zona que podría verse afectada, el estudio del agua subterránea y superficial, las condiciones del terreno y del suelo, los ecosistemas de la zona, el depósito de residuos mineros y el riesgo de hundimiento del terreno.
Varios de esos mismos campos aparecen ahora entre los estudios que la ANM considera necesario completar durante el próximo año y medio: caracterización geológica, hidrogeológica, geotécnica y ambiental.
Para María José Cano, joven integrante del Colectivo Imagina Jericó, frente a esta decisión los próximos meses son decisivos: “Estos dos últimos años de exploración son demasiado importantes porque lo que se viene es el licenciamiento ambiental. Si hay cabida para ese proceso, vuelve la discusión sobre los impactos sociales, técnicos y ambientales; vuelven los estudios, los terceros intervinientes, la movilización. Es un momento demasiado histórico”.
Durante este año, AngloGold Ashanti ha avanzado en varias acciones que pueden favorecer sus operaciones no solo en el Suroeste de Antioquia sino también en el país.
Por un lado, la empresa presentó una denuncia contra Colombia en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución que a nivel global se encarga de arreglar las diferencias relacionadas con inversiones internacionales.
En los registros del CIADI el caso aparece abierto con fecha del 25 de junio de 2026, interpuesta por AngloGold Ashanti PLC, AngloGold Ashanti UK y Colombia Holdings Ltd. contra la República de Colombia. La ficha pública confirma la existencia del arbitraje, aunque no detalla los argumentos concretos de la reclamación.
Aunque todavía no se conoce más información, María José Cano considera que en esta demanda se puede estar alegando que existe afectación de las inversiones de AngloGold por decisiones del gobierno de Gustavo Petro, como la resolución 855 de 2025, que declaró la Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables en seis municipios del Suroeste antioqueño, entre los que se encuentra Jericó.
Esta es justamente una de las herramientas que protegen al territorio de proyectos extractivistas, ya que mientras la resolución permanezca vigente, no pueden otorgarse nuevos permisos o licencias ambientales en las áreas cobijadas, aunque deben respetarse los títulos y autorizaciones existentes. Esta resolución está vigente por tres años, con la posibilidad de postergarse durante dos años más antes de definir si se declara área de protección de manera permanente.
Aunque esta acción fue celebrada por el movimiento social del Suroeste, no fue bien recibida por Quebradona. AngloGold Ashanti registró en su informe anual 2025 que en diciembre interpuso “una demanda de anulación y reparación contra dicha resolución ante los tribunales colombianos, la cual se encuentra pendiente de admisión”. Esto es porque argumentan que tuvieron pérdidas económicas por “la incertidumbre sobre posibles cambios en las políticas mineras y ambientales en Colombia”.
Este panorama genera preocupación en el movimiento social de Jericó. Para María José Cano, la posición de Quebradona frente a la resolución 855 tiene estrecha relación con la demanda internacional ante el CIADI, porque “va a ser la justificación del gobierno para tumbar la resolución”, afirma. Fernando Jaramillo coincide con esta posición, tomando en cuenta que en las últimas semanas el Ministerio de Ambiente revocó una resolución con la que se protegía parte del páramo de Santurbán; cree que es altamente probable que ocurra lo mismo con la resolución del Suroeste: “lo que se viene es el cumplimiento de lo que decía el candidato de la Espriella: minería a lo que dé”, agrega Jaramillo.
De momento, mientras la resolución esté vigente, hay dos decisiones estatales que producen efectos distintos sobre el mismo territorio: la ANM permite que continúe la exploración minera hasta diciembre de 2027, mientras la reserva ambiental mantiene una barrera frente a un eventual nuevo licenciamiento. Ese choque de instrumentos alimenta la incertidumbre.
“Lo que nos queda es una sensación de impotencia, de negación de la participación ciudadana, de pérdida de espacios donde la voz de la gente tenga alguna acogida”, dice Jaramillo.
A estos hechos se suma una acción reciente de la empresa que ha generado muchos interrogantes en el territorio. El 24 de junio de 2026, la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia (Corantioquia) y la Minera de Cobre Quebradona firmaron un memorando de entendimiento que, como consta en el documento, se pactó para “trabajar de manera conjunta y coordinada para promover la sostenibilidad del territorio, fomentar la cultura ambiental, impulsar la gestión ambiental compartida y proteger la vida y los recursos naturales”.
El documento establece cooperación en programas relacionados con gobernanza ambiental, conservación y restauración, legalidad ambiental, saneamiento, cambio climático y gestión de información sobre fuentes hídricas y biodiversidad, entre otros temas.
El acuerdo estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. La cuarta prórroga de exploración termina apenas 23 días antes, el 8 de diciembre de ese mismo año. La coincidencia de fechas no demuestra que ambos procesos hayan sido diseñados conjuntamente, pero ha aumentado la desconfianza de quienes se oponen al proyecto, especialmente porque parte de la información que Quebradona necesita completar durante la nueva exploración está relacionada con agua y ambiente.
En una respuesta entregada por la entidad ambiental a la Veeduría Ciudadana John Jairo Arcila de Jericó, Corantioquia rechazó que el acuerdo implique un aval al proyecto minero. Allí mismo afirmó que el memorando es una manifestación de cooperación voluntaria que no genera obligaciones contractuales entre las partes.
La Corporación también sostiene que el acuerdo “no guarda relación” con la evaluación de la viabilidad ambiental de Quebradona y recuerda que la competencia para otorgar o negar una eventual licencia corresponde a la ANLA. Añade que el memorando no limita sus facultades de vigilancia y control, ni exonera a la empresa del cumplimiento de las normas ambientales.
Para Jaramillo, en cambio, preocupa que programas de monitoreo y generación de conocimiento desarrollados por Corantioquia puedan producir información útil para completar los estudios pendientes de la minera. Según señala: “Como aquí no se ha permitido la realización de ciertos estudios en las veredas donde los campesinos se han opuesto con firmeza a las actividades de exploración, entonces los estudios los va a hacer Corantioquia para entregarlos a la empresa minera”, dice.
El memorando contiene, además, una cláusula que abre otra discusión. En su capítulo XI establece que la información que las partes se entreguen o compartan durante la ejecución tendrá carácter confidencial, salvo que acuerden lo contrario por escrito. Para Jaramillo, esta cláusula viola el Acuerdo de Escazú, el cual fue ratificado por Colombia en 2024, que establece el principio de máxima publicidad y reconoce el derecho del público a acceder a la información ambiental que se encuentre en poder, control o custodia de las autoridades.
Para María José Cano todos estos nuevos elementos cambian el tamaño del desafío: “son tantos frentes que nos desbordan”, reconoce con angustia. Pero agrega que esa dificultad no significa que quienes se han opuesto a Quebradona vayan a abandonar la defensa del territorio.
“Estamos llamados a no reaccionar simplemente desde la rabia o la indignación. Este es un momento para pensar estratégicamente: volver a contar todo lo que hemos pasado, recuperar la memoria de este conflicto y volver a explicarle a la gente de qué proyecto estamos hablando y cuál es su dimensión”.
La ANM también parece reconocer que la relación con las comunidades sigue siendo un asunto pendiente. La Resolución 2982 le dio a Quebradona 60 días para presentar un diagnóstico y una nueva estrategia de relacionamiento con la población durante los dos años adicionales de exploración. El objetivo, dice la Agencia, es permitir la continuidad de las actividades necesarias para elaborar los estudios ambientales que posteriormente deberán ser evaluados por la autoridad competente.
Ese relacionamiento tendrá que desarrollarse en un territorio donde persisten procesos legales contra quienes se han opuesto a las actividades de la minera. Once campesinos de Jericó continúan vinculados a un proceso penal por hechos ocurridos durante las protestas contra Quebradona, en el que la Fiscalía les atribuye presuntamente delitos como secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. La audiencia de acusación, prevista inicialmente para comienzos de agosto, fue aplazada hasta marzo de 2027.
El proceso ha llamado incluso la atención de la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la CIDH, que recordó al Estado colombiano su obligación de garantizar el derecho a defender derechos y las garantías judiciales de quienes protegen el agua, el territorio y el ambiente.
A ese proceso penal se sumaron este año nuevas actuaciones policivas. En mayo, varios campesinos recibieron citaciones de la Inspección de Policía de Jericó a partir de una denuncia anónima por presuntas “irregularidades urbanísticas”. Según el Instituto Popular de Capacitación y la Corporación Jurídica Libertad, algunos de los citados ya estaban vinculados a otros procesos derivados de su oposición a Quebradona.
Para Fernando Jaramillo, estos antecedentes hacen todavía más compleja la exigencia de un nuevo relacionamiento comunitario. Considera que los procesos legales no solo afectan individualmente a quienes deben responder ante las autoridades, sino que producen un efecto disuasorio sobre la movilización. Su preocupación cobra mayor relevancia ahora que la prórroga devuelve a la empresa la posibilidad de intentar completar en las veredas los estudios que quedaron pendientes.
Esta semana la organización Imagina Jericó y el Colectivo de Jóvenes por la Defensa del Territorio denunciaron a través de sus redes sociales que la empresa está visitando veredas de Támesis y Jericó para socializar el Estudio de Impacto Ambiental, a pesar de que varias comunidades manifestaron no querer participar de estas acciones.
La paradoja es que la empresa recibe ahora dos años más para completar una exploración que, según la propia ANM, no logró cerrar en el plazo anterior. Aunque el camino todavía es largo, con esta nueva decisión Quebradona gana tiempo para avanzar en lo que le falta, pero al mismo tiempo significa una cuenta regresiva para campesinos, organizaciones sociales y liderazgos del municipio que han identificado los riesgos que este proyecto genera para el territorio.
El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó el occidente de Colombia el 10 de agosto, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, inició una emergencia que todavía está lejos de terminar. Al 20 de agosto, el balance de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres daba cuenta de 319 personas fallecidas, 4.506 heridas y 260 desaparecidas, además de 31.461 viviendas destruidas y 163.492 con daños .
En los últimos días el gobierno de Abelardo de la Espriella ha anunciado una serie de medidas para la reconstrucción. El 19 de agosto, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1261 de 2026, mediante el cual “declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica por grave calamidad pública en parte del territorio nacional”, para atender la emergencia en un total de 471 municipios afectados.
También, en declaraciones públicas, mencionó estrategias como el Plan Milagro de Reconstrucción, que busca articular al Gobierno, constructores, entidades financieras, aseguradoras y administraciones territoriales; ordenó crear el Fondo Milagro, tomando como referente el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (Forec), y planteó un Plan Marshall para el Chocó. La estimación preliminar supera los 30 billones de pesos para atender la situación humanitaria y los daños a la infraestructura.
Esa referencia al Forec devuelve la mirada a la reconstrucción que siguió al terremoto del Eje Cafetero de 1999. Una emergencia que fue superior en pérdidas de vidas, pero que tuvo menos daños a la infraestructura que el reciente terremoto, según lo ha mostrado el actual gobierno.
En el caso de que este sea el modelo a implementar, se consideraría realizar una reconstrucción que va más allá de la infraestructura, como lo mencionó en una ponencia Everardo Murillo, gerente del Forec: “la reconstrucción fue más que viviendas reparadas o vueltas a construir, más que iglesias, colegios y puestos de salud reconstruidos. La reconstrucción del Eje Cafetero se orientó a la promoción y al fortalecimiento de la sociedad civil; de la participación, del reconocimiento de los otros invisibilizados; avanzó en la identificación y concepción de nuevas percepciones del desarrollo y su consiguiente planificación”.
Lucía González, quien fue directora social del Forec y años después coordinó Colombia Humanitaria durante la emergencia invernal de 2010, habló con Consonante sobre los aprendizajes de ese proceso y de lo que, a su juicio, debería tener en cuenta el país para atender esta nueva emergencia.
Lucía González: Yo creo que muchas cosas aprendimos y valdría la pena casi retomar el modelo en su integralidad. Creo que lo más importante fue haber asignado responsables por áreas, es decir, centralizar las directrices, pero descentralizar la ejecución. Nosotros le asignamos a una ONG o una fundación un territorio. ¿Eso qué permitía? Por un lado, que hubiera una entidad que comprendiera la realidad de cada territorio, que es distinta, porque son distintas las culturas, porque fueron distintas las afectaciones, porque eran distintos también los modos de habitar el territorio, pero también la cercanía con la gente.
Estuvieron las organizaciones sociales y también Antioquia Presente, la Fundación Minuto de Dios, la Fundación Carvajal, estuvo Fenavip, la Federación Nacional de Vivienda de Interés Popular, etc. Cada uno se hizo cargo de un territorio. Y lo más importante después de eso es que logramos hacer un plan de reconstrucción para cada territorio. Es decir, definir las urgencias, las prioridades y, sobre todo, hacerlo de manera muy participativa.
Yo creo que sí se ha insistido mucho en que esto es con la gente, no es por la gente ni a pesar de la gente. Vamos a preguntarle a la gente cuáles son sus prioridades, cuáles son sus necesidades, también cómo puede participar. Hacerla partícipe: no es entregarle una casa, es pensar que puede ayudar en el diseño, que puede ayudar en la construcción, que puede ayudar, por ejemplo, en el cuidado en los albergues. Es muy importante.
Eso yo creo que fue lo más importante y nosotros logramos decir que era una reconstrucción social del Eje Cafetero, es decir, que lo social estaba en el corazón, que ahí había una cosa también que había que tejer, que había que recuperar, que había que estimular y eso fue muy importante.
Lo otro es entender que también hay procesos pedagógicos que son importantes, es decir, que en esa participación hay que hacer pedagogía de las formas de participar, de las formas de servir. También hicimos una escuela enorme. Eso fue varios domingos en las escuelas, explicándole a la gente qué era un subsidio, explicándole a la gente, cuando eligiera su vivienda, qué tenía que tener en cuenta, cuáles eran los checklists que tenía que hacer, cuáles eran los cálculos que tenía que hacer de capacidad de pago, porque la mayoría de la gente venía de estar alquilada en cualquier parte o en cualquier habitación.
Si tú recibes una casa, tú tienes que saber que tienes que pagar servicios públicos, que tienes que pagar predial, que tienes que pagar mantenimiento, un montón de cosas que no necesariamente la gente sabe. Entonces también fue un proceso de formación muy importante.
Y lo otro fue que abrimos escuelas de arte para los niños. Hicimos, sobre todo con los niños, mucha reflexión sobre el medio ambiente a través del arte, sobre la necesidad de cuidar el medio ambiente, de hacerse responsables también del territorio donde vivían.
Sobre las ONG, yo creo que el balance fue súper positivo, porque cada ONG tenía que presentar un plan, tenía que dar cuenta de su territorio. No era un Ministerio de Vivienda por allá en Bogotá decidiendo qué se hace o un ministerio social decidiendo desde Bogotá qué se hace. No, con la gente, decidiendo con la gente. Eso fue muy, muy importante.
L.G.: Es muy importante, primero, que realmente toda intervención se entienda como una interacción. No es que uno vaya a resolver, sino que uno se pone de acuerdo con la gente en sus necesidades, en sus maneras de hacer las cosas.
Tuvimos un problema muy grande con la cooperación internacional. Y es que la cooperación internacional toda iba para mujeres cabeza de hogar o para mujeres. Entonces las mujeres empezaron a dejar a sus maridos, maridos que no tenían trabajo, maridos que habían perdido todo.
Entonces nos tocó dar una batalla, pero bien dura, para hacer entender que no. Esos enfoques tienen que ser pertinentes y tienen que responder a las necesidades, y muchas veces por hacer bien se hace mal.
Entonces, que no sea la cooperación la que decida qué hacer, sino que la cooperación se articule a la demanda, que se articule a las culturas, que entienda qué es lo que hay que hacer.
Uno podría, por ejemplo, pensar mucho en Bojayá. Dice uno: pero qué pesar, ¿por qué Bojayá no construyó las viviendas como las tenían antes, que eran tan hermosas en madera, que ellos mismos podían reparar? Y es porque el imaginario de la casa de material también se lleva cuando llegan los constructores; también llega cuando la oferta es una vivienda de material. Y eso no tiene que ver con el entorno, pero tampoco tiene que ver con sus prácticas de vida y habitacionales.
L.G.: El tema de la comunicación es fundamental. Hay que crear un sistema de comunicación para la reconstrucción que logre mandar los mensajes, que logre darle seguridad a la gente, que la gente sepa qué es lo que se va a hacer, quiénes son los responsables.
El sistema de comunicación tiene que ser un sistema muy potente que genere confianza, pero que además no sea unidireccional, sino que sea capaz de recoger y dar respuesta a lo que la gente está preguntando y lo que la gente está necesitando saber. Y que mantenga el estímulo.
Nosotros hicimos una radionovela, por ejemplo, donde pusimos todos los temas que necesitábamos poner, como lo más cotidiano. En la radionovela hicimos una mesa abierta donde la gente llamaba y participaba, tenía quejas y decía cosas. Entendimos, por ejemplo, que la mayoría de la gente no leía. No solamente porque había un nivel de analfabetismo alto, sino también porque a qué horas en las condiciones en las que estaban. Entonces, por eso, la radio fue muy importante. Porque la gente está tratando de sobrevivir en los albergues y la radio siempre está prendida. Siempre hay una radio que está ahí acompañándolos. Hicimos, por ejemplo, una sección de “Música para reconstruir el alma”.
También hay que decir que empezamos mal y que perdimos como ocho meses de comunicación. Y que encontramos muchos enemigos al principio, porque los políticos estaban muy bravos porque la plata no pasaba por las alcaldías ni por los concejos. Iba directamente para el Fondo y la manejaban directamente las organizaciones sociales, las ONG que estaban en las gerencias zonales. Entonces eso nos generó muchos enemigos.
Toda esa confianza hubo que generarla también a través de los medios de comunicación, a través de todas las herramientas de comunicación posibles.
Hoy tenemos las redes, entonces también habría que saber cómo nos comunicamos a través de las redes sociales, pero yo creo que la radio sigue siendo muy importante. Ahí tienen las emisoras de paz; tienen la emisora de la Policía Nacional; esa debería cumplir un papel muy importante.
Nosotros compramos unos espacios en Caracol y en RCN, unos espacios muy importantes para comunicarnos con la gente. Pero, por ejemplo, eso de la radionovela fue un súper éxito porque ahí pusimos todos los personajes: desde el gerente del FOREC, pasando por la directora social, hasta el vivo que se quería quedar con el subsidio o engañar a la gente.
Teníamos un equipo grande de comunicación. Eso garantiza que haya unidad en el discurso y que el discurso sea muy claro, que mantenga la esperanza y mantenga la confianza.
L.G.: Es lo primero, es lo fundamental y lo más determinante, y hay que hacerlo en el territorio, con la gente, con las comunidades. Por eso las gerencias zonales son tan importantes. La identificación de los líderes naturales, de las Juntas de Acción Comunal, de un control social y comunitario y de una conciencia colectiva es la que garantiza que eso sí se pueda hacer y se haga bien.
En este momento hay que crear puntos de ayuda humanitaria y tratar de que la misma gente entienda que lo controlen ellos mismos. Hay que mandar mensajes de “no dejen llegar más gente al territorio, no dejen que los recursos tengan que dividirse entre más gente”, porque los recursos son escasos; los recursos no crecen porque llegue más gente, sino que se tienen que dividir. Ese mensaje hay que mandarlo.
Y esas primeras ayudas humanitarias, ojalá asignarlas a líderes y a organizaciones comunitarias que puedan tener un conocimiento. Yo creo que eso sería lo mejor. Acompañados por la Cruz Roja o acompañados por la Defensa Civil o la Iglesia.
La Iglesia es clave. Las iglesias son otro punto focal de apoyo muy importante porque conocen sus comunidades, conocen sus parroquias, pueden ayudar a los líderes, pueden identificar a la gente. Y es muy importante que en los alojamientos temporales —que son lo primero que se tiene que construir porque la gente puede vivir mucho rato, puede ser año y medio, porque cuando una cosa de estas pasa hay que reconstruir acueductos, alcantarillados, mil cosas— no se llenen de gente ajena, de gente que va a quedarse ahí y que no es del territorio y que se va a aprovechar.
Entonces, todo eso, si se hace con las organizaciones y se genera esa confianza con las organizaciones sociales, con las Juntas de Acción Comunal, con las ONG comunitarias, esa confianza genera muy buenos resultados.
L.G.: Yo creo que el Chocó amerita un plan realmente integral. Hay que convocar a todas esas ONG que han estado ahí, que siguen ahí, pero que no suman, no se suman. No hay un plan común, no hay un horizonte común de desarrollo.
Convocarlas para hacer una cosa de fondo. Yo creo que ahí lo que hay que hacer es construir confianza y acompañarlos. No es dejarlos solos, sino acompañarlos. No es quitarles la responsabilidad porque eso no construye comunidad.
Es decir, aquí estamos reconstruyendo comunidad también, estamos reconstruyendo sentidos compartidos, estamos construyendo horizontes de vida compartidos. Eso hay que entenderlo.
Yo creo que si algo amerita buscar una cooperación internacional realmente de fondo, es un territorio como Chocó. Es una oportunidad para rehacer la vida entera. Porque eso no puede volverse a construir de la manera como se ha construido.
Yo creo que hay que hacer un plan integral y eso es casi que un plan de ordenamiento territorial nuevo, con todo. Un plan de ordenamiento territorial, y que no empiecen por pedacitos otra vez a rehacer, sino que haya un plan de ordenamiento territorial sobre todo, que incluya antes que nada los servicios públicos y los espacios comunes de vida: los parques, las escuelas, todo eso. Eso tendría que ser así para pagar esa deuda tan impresionante que tenemos.
L.G.: Yo creo que la comunidad tiene que estar muy vigilante; la comunidad tiene que estar muy alerta y muy empoderada.
Y yo creo que cada una de esas gerencias zonales —que yo creo que sí o sí tienen que existir porque desde Bogotá no es posible, eso sí habría que decirlo en todos los tonos: no es posible— debería tener una veeduría ciudadana y debería tener una auditoría, de entrada. Y una veeduría ciudadana, que eso también educa a la sociedad, porque también son oportunidades de educar.
Las ayudas de afuera en el Eje Cafetero, que también fueron muchas, al final terminaron siendo el 2%. Es decir, aquí el Gobierno tiene que poner mucha plata. ¿Y de dónde la va a sacar? No sabemos.
L.G.: No, es que tiene que ser el principal respondiente, no le queda de otra. Es que no hay otra posibilidad.
El Estado es el responsable y la comunidad y la cooperación internacional o local o humanitaria son actos de solidaridad; yo he visto que ha sido muy impresionante, póngale que sea el 3 o el 4%. Y el apoyo del sector privado ha sido muy importante, pero es que esto no vale menos de 30 billones de pesos.
Tienen que hacer un crédito y buscar la cooperación internacional. ¿Iban a buscar cooperación para la guerra? Que la busquen para la reconstrucción. Pero que no le entreguen la reconstrucción a nadie, porque también Estados Unidos puede venir aquí con sus operadores a hacer la reconstrucción.
La reconstrucción es una oportunidad de activación económica para la gente, el territorio y el país. Porque tú le dices a China que venga a reconstruir las carreteras o a Estados Unidos, y se vienen. Pero necesitamos que el país también convierta esto en una oportunidad.
L.G.: Un plan de largo plazo. Yo creo que es un plan que tendría que tener unos 10 años; es un plan decenal.
Y dejar a las alcaldías y a las gobernaciones fortalecidas también. Nosotros cometimos un error y fue que, por sacarle el cuerpo a la politiquería y al robo, nos saltamos las alcaldías y las gobernaciones.
Después, en el invierno, fortalecimos el apoyo de las organizaciones sociales, de unas gerencias locales, porque esto desborda también a las alcaldías. La que sea, Pereira, igual que Cali, queda desbordada porque ya tiene suficiente tarea. Pero también tiene que ser que esas gerencias locales fortalezcan las instancias municipales y departamentales públicas, las instancias públicas en el tema de planeación, de resolución de los problemas y de la integralidad.
Porque hay un momento en que esas gerencias se van a retirar, pero hay cosas que seguramente quedan pendientes de seguir resolviendo, que no se terminan de resolver en tres o cuatro años en que estén esas gerencias locales.
A las 7:34 de la mañana de este lunes 10 de agosto, un sismo de magnitud 7,4 sacudió a Colombia y tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó. El movimiento se sintió en buena parte del país y en países vecinos como Venezuela, Ecuador y Panamá. Horas después, el departamento seguía enfrentando dificultades de comunicación y las autoridades avanzaban en la verificación de los daños y en la atención de las comunidades afectadas.
El reporte preliminar del Puesto de Mando Unificado (PMU) contabiliza, hasta el último corte disponible el día de hoy, 169 personas fallecidas y 668 heridas, además de 1.575 viviendas averiadas, 37 destruidas y 165 edificaciones colapsadas. También se reportaban afectaciones en 18 centros de salud, 52 centros educativos, 17 centros comunitarios y 18 vías. Seis aeropuertos tienen afectaciones de infraestructura y permanecen sin operación para vuelos comerciales, mientras otro presentaba daños en la pista.
Estas cifras pueden cambiar mientras los equipos de emergencia logran llegar a las zonas más afectadas y consolidan los reportes. En Chocó, la situación es especialmente compleja porque parte del territorio permanece incomunicado.
El terremoto no fue un fenómeno inesperado para la región. Lo excepcional fue la cantidad de energía que liberó. Carlos Alberto Vargas Jiménez, sismólogo y líder del Grupo de Geofísica del Departamento de Geociencias de la Universidad Nacional de Colombia, explica que el occidente del país está ubicado en una zona donde interactúan placas tectónicas. La placa de Nazca, correspondiente al piso oceánico del Pacífico, se introduce por debajo de la placa Sudamericana en un proceso conocido como subducción.
Ese movimiento no ocurre de manera completamente continua. En algunos puntos, las placas pueden quedar trabadas y acumular fuerzas durante años. Cuando esa resistencia se rompe, la energía acumulada se libera en forma de un terremoto.
“Era un sismo que estaba dentro de lo que se esperaba, lo que no esperábamos era esa cantidad de energía”, explicó Vargas. El experto señala que los registros históricos muestran que en esta región se han presentado terremotos de magnitudes superiores a 6 con una recurrencia aproximada de entre 10 y 20 años. Entre los antecedentes están los terremotos que han afectado al Eje Cafetero y otros movimientos originados en el Pacífico colombiano.
La magnitud de 7,4 registrada este lunes, sin embargo, fue particularmente elevada. El Servicio Geológico Colombiano lo reportó como el evento sísmico de mayor magnitud registrada en Colombia en el siglo XXI.
En Quibdó, la capital del Chocó, el sismo de magnitud 7,4 se convirtió rápidamente en una emergencia. En la Universidad Claretiana (Uniclaretiana), estudiantes y docentes corrieron por los pasillos mientras paredes y muros de los pisos superiores colapsaban y levantaban nubes de polvo. En otros puntos de la ciudad, las personas salieron de sus casas y edificios ante el temor de que las estructuras no resistieran las réplicas.
A pocos kilómetros, la estructura del edificio Aprivapa cedió por completo y terminó desplomada sobre el suelo. En medio del caos, fueron los propios habitantes quienes reaccionaron primero y comenzaron a retirar piedras y concreto con sus manos para intentar encontrar a las personas atrapadas entre los escombros.
La emergencia se agravó con el paso de las horas. La Gobernación del Chocó reportó inicialmente tres personas fallecidas, pero hacia la 4:55 de la tarde la cifra había aumentado a 13 y los heridos alcanzaban los 119. En el hospital local de Quibdó, decenas de personas ingresaron a urgencias y algunas tuvieron que ser trasladadas a cirugía. William Palomeque Córdoba, de la oficina de Gestión del Riesgo municipal, informó que entre las personas atendidas había niños y una mujer embarazada.
Los daños tampoco se concentraron en la capital. En San José del Palmar, municipio donde se ubicó el epicentro, medios locales reportaron afectaciones en más de 130 viviendas. En Istmina aparecieron gruesas grietas en vías pavimentadas y se informó del colapso de una estructura en una comunidad indígena.
La magnitud de un terremoto no determina por sí sola el nivel de destrucción. También importan la profundidad, la distancia de las poblaciones al epicentro, el tipo de suelo, la calidad de las construcciones y la capacidad de respuesta disponible en cada territorio.
En Chocó, la emergencia ocurre además en un departamento donde la conexión entre comunidades depende en buena medida de ríos, carreteras y transporte aéreo. Cuando una vía, un aeropuerto o una infraestructura comunitaria queda afectada, el problema no termina en el lugar donde ocurrió el daño: puede impedir que lleguen alimentos, medicamentos, equipos de rescate y personal médico.
Por eso, el hecho de que haya comunidades incomunicadas es una de las principales preocupaciones de esta emergencia. La información disponible durante las primeras horas tampoco permite saber con precisión cuál es la magnitud de los daños en todas las zonas del departamento. Los organismos de socorro y las autoridades deben primero establecer dónde están las personas afectadas, qué estructuras pueden utilizarse de manera segura y cuáles son las rutas disponibles para llegar hasta ellas. Esto explica también por qué no necesariamente la mejor forma de ayudar es enviar inmediatamente cajas de alimentos, ropa o medicamentos.
La primera recomendación es no desplazarse hacia Chocó por cuenta propia para intentar ayudar. En una emergencia, la llegada de personas que no hacen parte de los equipos de respuesta puede aumentar la presión sobre las vías, los alojamientos, el transporte y los sistemas de comunicación.
La segunda es evitar enviar donaciones sin que exista una solicitud concreta. Cuando una comunidad está incomunicada, todavía puede no saberse qué necesita con mayor urgencia. Un municipio puede requerir agua, mientras otro necesita medicamentos, alimentos, alojamiento temporal o materiales para reparar viviendas.
Por eso, el dinero entregado a campañas verificadas o a organizaciones con capacidad logística puede resultar más útil que el envío espontáneo de objetos. Permite comprar lo que realmente se necesita y llevarlo hasta los lugares donde se requiere.
Antes de donar, es necesario verificar quién organiza la colecta, qué organización está detrás, cuál es su presencia en el territorio y para qué se utilizarán los recursos. Las emergencias también son momentos en los que pueden aparecer campañas falsas para obtener dinero o información personal.
También se puede ayudar no difundiendo información que todavía no ha sido confirmada. Fotografías, videos y mensajes sobre supuestos desaparecidos, nuevos derrumbes o lugares que necesitan ayuda pueden circular rápidamente sin que sea posible comprobarlos. Compartirlos puede generar angustia entre las familias y dificultar el trabajo de los organismos de socorro.
Colombia lleva varias décadas fortaleciendo sus normas de construcción y sus sistemas de prevención sísmica. Vargas recuerda que después del terremoto de Popayán de 1983 comenzó a consolidarse con mayor fuerza la regulación de las construcciones sismorresistentes. En 1984 se estableció el primer código de construcción sismorresistente y desde entonces las normas han sido actualizadas con nueva información científica.
Eso no significa que todos los edificios tengan el mismo nivel de seguridad. Algunas construcciones son anteriores a las normas actuales o fueron levantadas sin cumplir adecuadamente los requisitos técnicos.
Por eso, una de las tareas posteriores al terremoto será establecer por qué determinadas estructuras colapsaron o sufrieron daños y verificar si las edificaciones que permanecen en pie son seguras. Para el sismólogo, la respuesta rápida que se ha dado ante un evento de esta magnitud muestra que el país ha desarrollado capacidades importantes. Pero también considera que el terremoto deja información que deberá ser estudiada y que puede servir para actualizar los modelos de amenaza y las normas de construcción.
Después de un terremoto de esta magnitud es normal que se presenten réplicas. De hecho, durante las horas siguientes al movimiento principal ya se habían registrado varias en Chocó.
Vargas explica que después de un sismo grande el sistema tarda un tiempo en regresar a sus condiciones habituales de actividad. Con base en estudios sobre la actividad sísmica posterior a grandes terremotos, señala que puede esperarse un periodo de mayor actividad durante las próximas semanas.
La mayoría de esas réplicas suelen tener una magnitud menor que el terremoto principal, aunque no es posible descartar por completo movimientos importantes.
En cuanto a un tsunami, el experto señala que este sismo no tuvo las características necesarias para producir uno. Aunque los terremotos submarinos pueden desplazar el fondo marino y generar grandes movimientos de agua, el evento de este lunes ocurrió en el continente y no produjo ese desplazamiento del fondo oceánico.
Por eso, los mensajes que alerten sobre un tsunami provocado por este sismo deben verificarse antes de ser compartidos.
La emergencia también recuerda una realidad que no siempre está presente en la conversación pública: Colombia es un país sísmicamente activo. La interacción de las placas de Nazca, Sudamérica y el Caribe genera actividad sísmica en diferentes regiones. El Servicio Geológico Colombiano registra miles de movimientos cada año, aunque la gran mayoría son de magnitudes pequeñas y no son percibidos por la población.
El problema es que los terremotos no pueden predecirse. La ciencia puede identificar las zonas donde existe una mayor amenaza sísmica y estudiar cómo se comportaron terremotos anteriores, pero no puede decir con anticipación cuándo ocurrirá el siguiente.
Por eso, la preparación debe ser permanente: conocer las rutas de evacuación, identificar lugares seguros, tener un kit de emergencia, establecer puntos de encuentro familiares y revisar las condiciones de las viviendas y edificaciones.
En el caso de Chocó, esa preparación también implica fortalecer las comunicaciones y las rutas de acceso para que una emergencia no deje a comunidades enteras aisladas.
La prioridad en Chocó es llegar a las comunidades que todavía no han podido ser evaluadas y establecer con precisión cuántas personas resultaron afectadas. En Quibdó, la capital departamental, se reporta preliminarmente una persona fallecida, además de personas heridas y graves daños en edificaciones. La cifra de víctimas se encuentra todavía en proceso de consolidación con las autoridades nacionales y puede cambiar a medida que avancen las labores de verificación.
También será necesario determinar qué viviendas pueden seguir habitadas, cuáles requieren reparaciones y cuáles deben ser reemplazadas. Los centros de salud, las escuelas, las vías, los aeropuertos y demás infraestructura pública tendrán que pasar por evaluaciones técnicas antes de volver a operar con normalidad.
La comunicación será otro de los asuntos prioritarios. En un departamento donde varias comunidades enfrentan dificultades de acceso y comunicación, mantener abiertas las redes puede ser fundamental para localizar a personas afectadas, pedir ayuda y coordinar las labores de emergencia.
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) recordó que, durante una emergencia, calamidad o desastre público, las personas pueden comunicarse con los servicios de urgencia aunque no tengan saldo o su servicio de telefonía se encuentre suspendido. Estas llamadas son gratuitas.
Además, los operadores deben priorizar las comunicaciones dirigidas a los servicios de emergencia. Si se presenta congestión en las redes, deben dar prioridad a los mensajes de texto (SMS). También deben dar prelación a las comunicaciones de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Por eso, durante las próximas horas es importante utilizar las redes de comunicación de manera responsable. Si una llamada no es urgente, puede ser preferible enviar un mensaje de texto y evitar las comunicaciones innecesarias para mantener disponibles las redes para quienes necesitan pedir auxilio o coordinar la respuesta.
Para quienes quieren ayudar desde otras regiones, la tarea también es concreta: esperar las necesidades identificadas por las autoridades y organizaciones que están en el territorio, donar a iniciativas verificadas, no trasladarse por cuenta propia a las zonas afectadas y verificar la información antes de compartirla.
Cuando se encuentra estable, Leti Rengifo toma sus medicamentos, asiste a las citas médicas y puede encargarse de algunas actividades cotidianas. Su familia asegura que durante esos periodos no presenta alteraciones graves en su comportamiento y acepta con mayor facilidad la ayuda de quienes la rodean.
Sin embargo, cuando el tratamiento se interrumpe, la situación cambia. Leti puede volverse desconfiada, rechazar los medicamentos y creer que quienes intentan ayudarla buscan perseguirla o hacerle daño. Para su familia, estos periodos de crisis no solo reflejan la complejidad de su condición, sino también las dificultades que enfrentan para acceder a una atención continua que garantice la estabilidad de su tratamiento.
Leti fue diagnosticada con esquizofrenia durante su adolescencia; desde entonces, su familia ha tenido que transitar por procesos que desconocía y aprender a acompañarla en medio de las crisis. Durante uno de estos episodios, la Alcaldía de Tadó intervino y adelantó gestiones con su EPS para trasladarla a Bogotá. De acuerdo con la familia, permaneció internada en una institución especializada, pero regresó al municipio antes de lo que esperaban.
Una de sus familiares explicó que les informaron que la clínica sería remodelada y que, para los profesionales que la atendían, Leti ya había presentado una mejoría suficiente para recibir el alta. “Cuando regresó, estuvo aproximadamente una semana con una buena conducta, pero después todo el proceso se vino abajo otra vez”, contó Carla Ramírez, una de sus familiares.
La familia reconoce que la intervención de la Alcaldía para conseguir el traslado fue eficiente. El problema, asegura, apareció en la continuidad del tratamiento. Según su testimonio, Nueva EPS no entregó oportunamente algunos de los medicamentos y, durante la hospitalización en Bogotá, los familiares tuvieron que comprarlos con sus propios recursos.
La denuncia se presenta en medio de una dificultad que afecta a otros usuarios del municipio. En marzo de 2026, Consonante documentó que Nueva EPS había suspendido parcialmente la entrega de medicamentos en Tadó desde el 11 de octubre de 2025. La IPS encargada de dispensarlos afirmó entonces que los problemas contractuales y financieros le impedían mantener el servicio y que solo estaba atendiendo a algunos grupos priorizados.
Esta situación contrasta con las obligaciones establecidas en la legislación colombiana. La Ley 2460 de 2025 señala que las entidades responsables de la atención deben asegurar la continuidad de los tratamientos de salud mental y no pueden suspender la formulación o dispensación de medicamentos, salvo por decisión del paciente o del médico tratante, con el consentimiento correspondiente.
Un sistema que responde, pero con limitaciones
Desde el Hospital San José de Tadó, el psicólogo Jeffrey Rentería explicó que la institución brinda atención psicológica tanto a los usuarios remitidos por las EPS con convenio como a quienes ingresan por el servicio de urgencias: “Si una persona llega por urgencias y requiere acompañamiento emocional, inmediatamente se hace contacto con el área de psicología”, afirma.
El profesional indicó que diariamente atienden entre 10 y 15 pacientes en consulta psicológica. Además, cada mes ingresan por urgencias entre cinco y diez personas con afectaciones de salud mental.
El hospital también atiende casos de intento de suicidio y remite a psiquiatría. “Hemos tenido varios casos y, cuando requieren atención especializada, se realizan las remisiones al servicio de psiquiatría”, señala Rentería.
De acuerdo con el psicólogo, entre 2024 y 2026 entre 50 y 60 pacientes fueron remitidos para recibir valoración especializada. Actualmente, el hospital cuenta con un psicólogo general, una trabajadora social y el apoyo de los Equipos Básicos de Salud y del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), que desarrollan actividades en las zonas urbana y rural. A pesar de estos esfuerzos, el municipio no dispone de atención psiquiátrica permanente.
Las limitaciones que enfrenta Tadó se repiten en otros municipios chocoanos. Una investigación publicada en 2023 por la Revista Panamericana de Salud Pública estimó que cerca del 20 por ciento de los municipios del departamento no contaba con servicios de salud mental habilitados. En el estudio, realizado con 41 profesionales asistenciales y administrativos, el 73,17 por ciento señaló la dispersión geográfica como una barrera para implementar la atención; el 48,78 por ciento mencionó el bajo acceso a internet y la misma proporción, el poco conocimiento de los programas por parte de quienes toman decisiones.
“Si tuviéramos un psiquiatra por parte de Comfachocó o de la Nueva EPS aquí en el municipio, los procesos serían más fáciles y la población tendría un acceso mucho más directo”, afirma Brenda Juliet Mosquera, secretaria general y coordinadora de Salud y Educación de Tadó.
Mosquera explicó que la prestación de la atención especializada no depende directamente del municipio, sino de las entidades promotoras de salud (EPS). No obstante, aseguró que la administración municipal intenta avanzar en las responsabilidades que le corresponden. Desde la Secretaría de Salud se desarrollan actividades de promoción de la salud mental, prevención y orientación a las familias, especialmente en comunidades afectadas por el conflicto armado.
“Hemos hecho mucha atención tanto en el Alto San Juan como en el casco urbano. En el Alto San Juan las intervenciones han sido prioritarias por el conflicto armado. Nosotros trabajamos la prevención, las rutas de atención y algunas orientaciones, porque no somos prestadores de servicios de salud”, explicó. Según la funcionaria, alrededor de seis personas han sido remitidas a Quibdó para recibir atención especializada este año.
También señaló que el departamento trabaja en la construcción de una política pública de salud mental que permita fortalecer la atención en todos los municipios del Chocó, incluido Tadó.
El conflicto armado profundiza esas brechas. En la encuesta del especial Dónde duele, realizada por Consonante a 1.297 personas de ocho municipios —entre ellos Quibdó y Bojayá—, el 48,5 por ciento consideró que la guerra había afectado la disponibilidad o la calidad de los servicios de salud mental en su territorio. Solo el 10,1 por ciento afirmó que había profesionales disponibles de manera permanente, mientras el 20,1 por ciento respondió que nunca los había y el 29,8 por ciento dijo desconocer si existían.
El personero municipal, Guillermo Andrés Panesso Córdoba, aseguró que existen rutas institucionales para atender estos casos y que la Personería interviene cuando se presentan vulneraciones de derechos: “Durante los últimos años hemos gestionado internamientos, medicamentos y citas especializadas para varias personas que presentan estas situaciones de manera recurrente”.
No obstante, señaló que la solución requiere el compromiso de todos los actores involucrados: “Tiene que existir corresponsabilidad. Las familias son los primeros respondientes y, en muchos casos, si los medicamentos se administraran oportunamente o se gestionaran a tiempo las citas, podrían evitarse varias de las crisis”.
El personero también reconoció que, en muchas ocasiones, las familias deben acudir a acciones de tutela para obtener medicamentos o conseguir que las EPS autoricen los tratamientos requeridos.
Este asunto no es menor, si se tiene en cuenta que Chocó es un departamento con una necesidad alta de atención de la salud mental. Uno de los síntomas más visibles se refleja en los intentos de suicidio. Según el Instituto Nacional de Salud, al 1 de noviembre de 2025, se habían notificado 139 casos de intento de suicidio, equivalentes a una tasa de 23,4 casos por cada 100.000 habitantes. Hace un par de años, en 2021, los casos conocidos fueron 77 y cada año han incrementado, hasta llegar al punto actual en el que se han duplicado.
La apuesta por la prevención
Para el profesor Gabriel Copete, docente del municipio, aunque Colombia cuenta con una política pública de salud mental, el reto continúa siendo implementarla de manera efectiva en los territorios.
Copete recordó que durante su labor educativa atendió numerosos casos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, los conflictos familiares, las dificultades económicas e intentos de suicidio. “Teníamos estudiantes con problemas de salud mental derivados del consumo de drogas, de las dificultades económicas, de problemas de alimentación e, incluso, conocimos casos de intento de suicidio”, relató.
El docente explicó que la estrategia consistía en realizar una valoración inicial, involucrar a las familias y activar las rutas con las EPS para garantizar la atención especializada: “Desde el colegio vinculábamos a la familia, la EPS, el Estado y la institución educativa. Ese trabajo conjunto permitió evitar que algunos estudiantes atentaran contra su vida”.
Sin embargo, considera que aún es necesario fortalecer la atención profesional dentro de las instituciones educativas. “Siempre hizo falta un psicólogo permanente que pudiera brindar atención especializada a los estudiantes. Nunca encontramos el respaldo suficiente para lograrlo”, recuerda.
Las cifras sobre conducta suicida también muestran la urgencia de fortalecer la prevención con enfoque territorial y étnico. En su capítulo sobre el Chocó del especial Donde Duele, Consonante evidenció, con base en datos del Ministerio de Salud, 174 suicidios en el departamento entre 2014 y 2024 y 905 intentos entre 2016 y 2024. Entre las muertes registradas, 34 correspondieron a menores de edad y 77 a personas de 18 a 30 años. El especial advierte, además, posibles problemas de subregistro: mientras las bases nacionales atribuían apenas tres suicidios a Bojayá en una década, la Dirección Local de Salud de la alcaldía de ese municipio conoció 17 casos entre 2018 y abril de 2024.
Aunque Tadó cuenta con rutas de atención y profesionales que trabajan en la promoción y el cuidado de la salud mental, las limitaciones del sistema siguen afectando la atención oportuna de quienes padecen este tipo de trastornos.
La ausencia de psiquiatras en el municipio, las demoras en la entrega de medicamentos, las dificultades para acceder a tratamientos especializados y la necesidad de fortalecer el acompañamiento familiar continúan siendo algunos de los principales desafíos.
La experiencia de Leti Rengifo muestra que la existencia de una ruta institucional no garantiza por sí sola una atención continua. Cuando el acceso a los medicamentos, las consultas especializadas o el seguimiento se interrumpe, las consecuencias recaen sobre las personas afectadas y sobre las familias que intentan acompañarlas con recursos y conocimientos limitados.
Hace poco la población de San Vicente del Caguán se despertó con una sorpresa: el muelle fluvial estaba bajo el agua. La obra se fue hundiendo poco a poco en las aguas del río Caguán desde el mismo año de su entrega en 2023. Pero solo hasta hace unas semanas la estructura de hierro cedió ante la creciente por las fuertes lluvias que cayeron en el departamento de Caquetá.
La estructura fue una obra contratada por el Instituto Nacional de Vías (Invías) por un valor de $1.540.753.464. Se inauguró para beneficiar principalmente a pescadores, transportadores fluviales, comerciantes y usuarios del río. Aunque desde hace un tiempo se advirtió sobre sus fallas, el punto crítico llegó cuando las crecientes coincidieron con el deterioro de piezas necesarias para que la plataforma flotante se adaptara al nivel del agua.
La obra fue concebida durante la administración del exalcalde Julián Perdomo Losada, en el marco de una convocatoria pública de Invías para la construcción de infraestructura fluvial. De acuerdo con el contrato 1159 de 2021. Gracias a esa postulación, el municipio obtuvo la aprobación para construir dos muelles fluviales: uno en el casco urbano de San Vicente del Caguán y otro en la inspección de Puerto Betania. Invías, a través del consorcio Promuelles, ejecutó y construyó ambas obras.
El muelle urbano fue presentado como una alternativa para ordenar y facilitar el movimiento por el río: pasajeros que llegan de zonas ribereñas, transporte de productos como queso y leche, pequeñas remesas, pescadores y usuarios que se desplazan en canoas. Juan Carlos Jaramillo Correa, presidente de la Asociación de Pescadores Artesanales de San Vicente del Caguán, organización constituida en 2002 y que agrupa alrededor de 30 familias, recuerda que la infraestructura sí alcanzó a prestar servicio: “Empezamos a utilizarlo. Me parece que el servicio del muelle es excelente porque da mucha facilidad para el ingreso y la salida de personal y de mercancía”.
Sin embargo, desde el inicio hubo dudas sobre el punto escogido. Aunque la comunidad identificaba como sitio tradicional el sector conocido como el puerto de Los Paisas, Invías habría descartado esa alternativa por razones técnicas. “Algunas personas dijeron que fuese el puerto de Los Paisas, donde se ve claramente que era más lo que se necesitaba en este lugar, pero según Invías, allí no era viable por conceptos técnicos”, señala la concejal Astrid Amézquita.
El hundimiento del muelle respondió a la combinación de varias causas. Las crecientes del río arrastraron basuras, madera y palizadas que golpearon la estructura; al mismo tiempo, varios elementos fueron hurtados o dañados, entre ellos luminarias, láminas, tornillos y piezas asociadas al mecanismo flotante. De acuerdo con Wilman Fierro Lugo, diputado de la Asamblea Departamental, el muelle fue instalado en “una parte muy compleja”, cerca del barrio Puerto Redondo, donde algunas personas “empezaron a retirar algunas piezas, como chapetas de metal, luminarias o lámparas solares”.
Uno de los puntos más sensibles fue el daño o retiro de los rodillos que permitían que la plataforma subiera o bajara según el caudal. Fierro Lugo sostiene que esos elementos eran determinantes para el funcionamiento del muelle: “Los rodillos eran los que permitían que hicieran el trabajo de mantener a flote el muelle”. Por eso, agrega, “en el momento en que el río Caguán vuelve y crece y carece de estos rodillos, desafortunadamente el muelle queda sumergido porque fue tapado por las aguas y no tuvo cómo rodar y poder flotar más”.
A esa situación se sumó una posible falla de diseño advertida por los pescadores. Para Juan Carlos Jaramillo, el frente de la plataforma no contaba con una estructura que desviara los troncos y la basura arrastrada por el río. “Aproximadamente en el mes de diciembre empezamos a notar que había algún inconveniente porque al frente del muelle no se le construyó una especie de estructura que desviara la palizada hacia los lados, sino que el frente quedó plano”, señaló.
La acumulación de palizadas, según el líder de los pescadores, fue progresiva. “Cuando llueve, siempre el río baja palizadas de las orillas y entonces se iban estrellando contra la parte frontal y se fueron acumulando. Nosotros pasamos aviso a la administración municipal y ellos hicieron su respectivo requerimiento a Invías. Llegamos a quitarla, pero llegó un momento en que nuestras herramientas no fueron suficientes para ello. Solicitamos ayuda, pero realmente no se contó”, afirma.
El impacto para los usuarios fue inmediato. Jaramillo afirma que, una vez que el muelle colapsó, las familias pesqueras tuvieron que dispersarse: “Ahorita estamos en diferentes lugares, porque ahí no hay ninguna posibilidad. Está completamente colapsado. Son tres módulos, dos de ellos están hundidos”. Además, la asociación tenía expectativas de aprovechar el espacio para proyectos comunitarios y turísticos: “Siempre han manifestado que qué pesar de esa inversión que no se esté pudiendo dar uso, porque nosotros teníamos ahí proyectado el tema de turismo”.
A estos problemas se les suma el antecedente de la decisión sobre la ubicación del muelle. Este es uno de los puntos más cuestionados. El muelle se construyó en un sitio diferente al tradicional puerto de Los Paisas, espacio reconocido por el movimiento fluvial, la cercanía con el comercio y la costumbre de los navegantes. Aunque el argumento técnico fue que en el antiguo punto había dificultades en época de verano por el bajo nivel del río, varios testimonios coinciden en que el nuevo lugar no logró consolidarse como punto de llegada.
Juan Carlos Jaramillo afirma que la Asociación de Pescadores no participó en la definición del proyecto: “Realmente nosotros no tuvimos la oportunidad de participar en consulta para eso. Por lo menos no nos enteramos; no puedo asegurar si la hubo o no, pero a nosotros no llegó información sobre el tema”. Aunque reconoce que la nueva ubicación tenía una leve ventaja en verano, insiste en que no todos los usuarios migraron hacia el nuevo punto: “Realmente solamente le estamos dando uso los pescadores y no todos, porque la gente sigue arrimando al antiguo muelle”.
Desde el Concejo, Astrid Amézquita coincide en que el sitio escogido no respondió a los hábitos reales de los usuarios. “Allí la gente no estaba acostumbrada o nunca se acostumbró a poder llegar ahí con sus embarcaciones”, dice.
Para Wilman Fierro Lugo, el objetivo inicial era garantizar una llegada más segura para las comunidades que usan el río, pero el sitio tradicional estaba en otro punto. “El muelle genuino está ahí cerca del almacén Los Paisas, que es donde está también el grueso del comercio y el grueso de la llegada de todos los habitantes que navegan”, afirmó. Por eso considera necesario revisar:
“quién fue el directamente responsable de que se tomara como punto de construcción del muelle flotante ahí donde desafortunadamente está sumergido”.
“Creemos que no era conveniente hacer este muelle en ese lugar”, afirma Amezquita. Y agrega: “una inversión de cerca de 2.000 millones de pesos para algo que no iba a ser funcional, pues es una inversión innecesaria de alguna manera”.
El Concejo Municipal ha adelantado acciones de control político, aunque con resultados muy limitados. Según relata la concejal Astrid Amezquita, desde la corporación se han realizado llamados a la administración local y se ha citado a la Secretaría de Infraestructura para que entregue informes sobre el estado de la obra. Sin embargo, señala la concejal, el proceso no ha pasado de la remisión de documentos y de la explicación de que la responsabilidad corresponde a Invías y al contratista.
“Yo, como concejal, hice el llamado en ocasiones; otros compañeros también hicieron el llamado a la administración actual para que le dieran mano a esto, ya que con las crecientes que ha tenido el río Caguán y con las basuras que han llegado hasta el lugar, se veía que se estaba deteriorando, que se estaba acabando. Se hizo el llamado; la verdad, nunca lo atendieron”, dice Amézquita.
La concejal señala que la administración ha respondido que la obra no fue entregada formalmente al municipio. “Siempre nos decían que le habían oficiado a Invías y que Invías finalmente nunca hizo la entrega como tal. Es decir, que ellos lo construyeron, pero nunca lo dejaron como un inmueble ya del municipio, sino que ellos debían continuar con el mantenimiento”, dice.
Wilman Fierro Lugo también advierte ese vacío: “Invías cometió un error y es que no le entregó formalmente el muelle flotante al municipio”. En su criterio, mientras no exista una entrega formal, la entidad nacional sigue teniendo responsabilidad sobre la infraestructura: “En este momento Invías todavía tiene a cargo ese muelle porque no lo dejó plasmado de manera formal en un documento”.
Aunque de acuerdo con el contrato suscrito, la posible garantía de la obra por parte del consorcio constructor se enmarca en la Garantía Única de Cumplimiento, específicamente en el amparo de estabilidad y calidad de la obra. Esta póliza cubre el 30 por ciento del valor final de la construcción y tiene una vigencia de cinco años contados a partir de la firma del acta de entrega y recibo definitiva. Bajo esta cláusula contractual, el contratista es el responsable directo de asumir, a su propio costo, todas las reparaciones necesarias si la infraestructura presenta defectos o amenaza ruina, como colapso total o parcial derivado de deficiencias en los procesos constructivos, la mala calidad de los materiales o problemas de localización.
Para activar este mecanismo, el Instituto Nacional de Vías debe notificar por escrito al contratista para que repare los daños en un plazo determinado; si la empresa constructora no cumple con estas reparaciones de manera oportuna durante el periodo de vigencia de la póliza, Invías está plenamente facultado para hacer efectiva la garantía de estabilidad estipulada.
Fierro Lugo advierte que el tiempo de la garantía no debería dejarse correr sin una decisión institucional. “Si ellos dilatan, pasaría el tiempo de las pólizas y quedaría eso ahí enterrado, hundido, porque ahí sí nadie prácticamente respondería”, afirmó. Por eso considera que el municipio debería insistir ante Invías para que se active la ruta de recuperación: “El municipio es el que debería exigir y darle a Invías para que se garanticen las pólizas y puedan recuperar el muelle”.
A pesar de la pérdida de esta millonaria inversión, el accionar del Concejo se ha estancado en este punto institucional. La concejal Amezquita confirmó que, al menos desde su gestión personal, no se han activado rutas legales para denunciar o escalar el caso ante entidades de control disciplinario y fiscal, como la Contraloría o la Procuraduría, desconociendo si algún otro compañero de la corporación lo ha hecho.
Mientras se resuelve quién activa de manera efectiva las garantías y quién lidera la recuperación física de la obra, el muelle sigue bajo el agua.
En el último año, el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras, ha promovido la creación de los Comités Municipales de Reforma Agraria (Cmra) y el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (Cmdr); espacios creados para que campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas, mujeres rurales y jóvenes participen directamente en la construcción de políticas públicas relacionadas con el desarrollo rural.
Esto se conecta de manera directa con la intención de promover la Reforma Rural Integral, que no solo aparece en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual gobierno, sino que es el primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Según se menciona en el PND, la base de la reforma es “la democratización de la tierra, sustentada en el acceso, la formalización y la regularización de la propiedad”.
Los Cmra hacen parte de las estrategias de la Reforma Rural, al ser espacios de concertación de las políticas, en los que participan de manera activa representantes de comunidades del sector rural de cada municipio. En este momento estos Comités se están organizando de manera simultánea en varios departamentos por gestión del Gobierno, pero la realidad es que desde 1994 existe la Ley 160, que obligaba a la creación de estos espacios.
En el municipio de Tadó, Chocó, este año se instaló el Cmra con la participación de líderes y lideresas del municipio. Sin embargo, en este territorio, como ocurre en otros municipios del país, surge una pregunta: ¿lograrán convertirse en herramientas reales de transformación de la ruralidad o terminarán siendo escenarios de diálogo sin resultados concretos para las comunidades?
En el Chocó gran parte del territorio se encuentra bajo figuras de propiedad colectiva como los resguardos de los pueblos indígenas y los consejos comunitarios reconocidos por la Ley 70 de 1993.
Por esta razón, en municipios como Tadó el debate de los Cmra no gira únicamente alrededor de la entrega de tierras, sino también sobre la manera en que esas formas de propiedad colectiva pueden coexistir con las necesidades productivas de los sectores rurales.
Jheiler Moreno, representante del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), considera que el principal desafío de la reforma rural en Tadó no es la titulación de tierras, sino la generación de oportunidades productivas para las comunidades:
“La reforma rural para Tadó requiere impulsar el desarrollo humano mediante iniciativas productivas. Nosotros ya contamos con títulos colectivos; ahora necesitamos proyectos que generen empleo, ingresos y bienestar para las comunidades”.
Desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), Nilson Liz, delegado nacional de la organización, considera que la discusión sobre la reforma agraria resulta fundamental para enfrentar las desigualdades que viven numerosos productores rurales.
Según señala, hay una deuda con las personas campesinas por “la tenencia de la tierra, titulación colectiva incompleta y secuelas del conflicto”. Discutir la reforma agraria es la clave para garantizar la seguridad alimentaria, la paz y el reconocimiento real de los territorios ancestrales”, dice.
Para Leicy Murillo Ampudia, representante de la Asociación de Jóvenes y Mujeres Agropecuarias del Municipio de Tadó, esta representa una oportunidad para que las mujeres rurales tengan una participación más activa en las decisiones sobre el desarrollo del campo: “Las campesinas necesitamos mecanismos que nos permitan desarrollar proyectos productivos con mayor autonomía. Es importante discutir la reforma agraria porque nos ayuda a conocer nuestros derechos y a fortalecer la articulación entre todos los actores del territorio”.
Murillo también destacó la importancia de garantizar apoyo financiero y comercial para iniciativas lideradas por mujeres. “Como mujeres rurales necesitamos respaldo para nuestros proyectos piscícolas, acceso a financiamiento y oportunidades de comercialización. Esperamos que la reforma agraria contribuya a hacer realidad esos sueños”, afirma.
El objetivo de los Comités Municipales de Reforma Agraria (Cmra) es conducir a hacer realidad la reforma del campo. Para este fin, están pensados como espacios de articulación de las comunidades rurales con el Estado, para que las decisiones sobre acceso a la tierra, formalización, producción agropecuaria y desarrollo rural respondan a las necesidades reales de cada territorio. Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), es una instancia de participación ciudadana y concertación que busca servir de puente entre el campesinado, las comunidades étnicas, las autoridades locales y las entidades estatales.
En el caso de Tadó, la ANT plantea que estos espacios buscan “garantizar el acceso y la formalización de tierras para el campesinado y las comunidades étnicas, gestionando además proyectos productivos y asistencia técnica con el Estado”. Es decir, no se limitan a discutir la propiedad de la tierra, sino que también buscan impulsar condiciones para que las comunidades puedan producir, permanecer en el territorio y mejorar sus condiciones de vida.
Desde la mirada de las organizaciones campesinas, los Cmra también tienen un sentido histórico y político. Nilson Liz, delegado nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), afirma que su creación busca superar el abandono institucional y la desigualdad en la tenencia de la tierra. En sus palabras, estos comités permiten que “las comunidades afrodescendientes e indígenas locales tengan una voz directa y organizada para decidir sobre su territorio”.
En esa misma línea, Jorge Betín Pino, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), señala que “estos escenarios permiten escuchar las necesidades de las comunidades y promover iniciativas que contribuyan al bienestar rural, la productividad y la equidad social”. Por eso, los Cmra funcionan como espacios de participación comunitaria para fortalecer la inclusión de las comunidades rurales en temas como acceso a tierras, producción agropecuaria, seguridad alimentaria y desarrollo territorial.
Para los liderazgos comunitarios, su importancia está en que permiten planificar el campo desde las propias comunidades. Adonice Pete, presidente de Asojuntas de Tadó, sostiene que lo central es que en estos comités se discuta “la forma de cómo planificar el campo, la producción, a fin de que esto contribuya al desarrollo agropecuario, al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de las comunidades”.
En síntesis, los Cmra tienen como objetivo principal descentralizar las decisiones sobre la Reforma Agraria, recoger las necesidades de las comunidades rurales, concertar soluciones con el Estado y orientar proyectos de acceso a la tierra, formalización, producción, asistencia técnica, seguridad alimentaria y desarrollo territorial. Como lo resume Liz, de la Anuc, estos espacios son importantes porque “descentralizan las decisiones, aseguran que los recursos públicos se inviertan en las verdaderas necesidades locales y evitan que los proyectos se definan desde un escritorio”.
Como lo plantea la ANT, los Comités Municipales de Reforma Agraria (Cmra) funcionan como espacios territoriales de participación, concertación, planeación y seguimiento. Operan como escenarios en los que comunidades campesinas, étnicas, organizaciones rurales, autoridades locales y entidades del Estado identifican necesidades, priorizan acciones y hacen seguimiento a los compromisos relacionados con el acceso a la tierra, la formalización predial, la producción agropecuaria y el desarrollo rural integral. Estos Comités, según la Ley 160 de 1994, deben ser presididos por el alcalde de cada municipio, ya que las acciones se deben coordinar desde el nivel municipal.
En la práctica, la ANT señala que estos comités cumplen roles técnicos, políticos y de control social. Entre sus tareas están orientar las demandas territoriales, apoyar la formulación de planes de trabajo, hacer seguimiento a la implementación de la reforma en cada municipio, promover procesos de formación comunitaria y coordinar acciones con la institucionalidad. La entidad resume una de sus funciones centrales así: “Contribuir en el diseño, formulación, aprobación, implementación, control social y seguimiento del plan de implementación de la reforma agraria en el respectivo municipio”.
El funcionamiento de los Cmra suele iniciar con asambleas o sesiones de conformación en las que participan comunidades rurales, Juntas de Acción Comunal, organizaciones campesinas, comunidades étnicas, autoridades municipales y equipos de la ANT. En esas jornadas se eligen representantes, se explican los mecanismos de acceso y formalización de tierras, y se define el papel del comité como instancia de participación, seguimiento y construcción colectiva. Después de conformados, los comités sesionan para aprobar sus reglas internas, construir planes de trabajo y definir cronogramas de acciones.
Además, los Cmra ayudan a articular la política nacional de reforma agraria con las prioridades locales. El Decreto 1406 de 2023 establece que los municipios deben coordinar acciones y el uso de recursos en planes, programas y proyectos, en armonía con las prioridades definidas a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural. También plantea que estas acciones deben armonizarse con los planes de desarrollo municipal, instrumentos de ordenamiento territorial, planes de vida, planes de etnodesarrollo y planes de desarrollo sostenible de Zonas de Reserva Campesina, entre otros instrumentos territoriales.
Nilson Liz, delegado de la Anuc, señala que antes “las gestiones eran fragmentadas, lentas y burocráticas. Las comunidades dependían de líderes aislados, tutelas o viajes costosos a Bogotá, Quibdó o Istmina para rogar por atención, lo que resultaba en promesas incumplidas y falta de apoyo estatal”. Desde esa perspectiva, los Cmra buscan ordenar esa interlocución, permiten priorizar colectivamente y abren una ruta de diálogo más directa con las entidades del Estado desde cada municipio.
A nivel nacional, la ANT ha presentado los Cmra como una estrategia de fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Según la entidad, el proceso muestra un avance con la conformación de 676 Comités Municipales de Reforma Agraria. Además, dicen que se han realizado 1.117 sesiones.
Para la ANT, la participación y la titulación (ya sea colectiva o individual) ofrecen seguridad jurídica y acceso preferencial a programas estatales, como créditos y proyectos productivos a gran escala. Además, fortalece la autonomía local en la toma de decisiones.
"La mayor ventaja de un título colectivo es que la tierra no se puede vender por partes, ni embargar, ni se pierden los derechos sobre ella por deudas individuales. Esto protege a los campesinos de ser desplazados por presiones del mercado, despojo o actores armados ", afirma la entidad.
Esta protección coincide con el marco legal colombiano, ya que la Constitución Política reconoce que las tierras de uso colectivo son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
En esa medida, dice la ANT que la reforma agraria en zonas de titulación colectiva puede traducirse en beneficios concretos: priorización de créditos, proyectos productivos a gran escala, inversión en vías y servicios, fortalecimiento de la economía propia y la soberanía alimentaria, y gobernanza y autonomía local.
Las fuentes consultadas coinciden en que es necesario asegurar respaldo institucional, recursos, capacidades técnicas, participación comunitaria y resultados concretos para los territorios. De esta manera, se consigue la sostenibilidad de los Comités Municipales de Reforma Agraria, para que se conviertan en instancias permanentes de participación, planeación, seguimiento y articulación entre las comunidades rurales y el Estado.
Para la Agencia Nacional de Tierras, la sostenibilidad de los comités debe apoyarse en una estrategia integral desde cuatro pilares: institucionalización legal, autonomía financiera, fortalecimiento de capacidades y vinculación con el mercado. Según la entidad, “no basta con crear los comités por decreto transitorio; deben ser integrados formalmente en la estructura del Estado o de los gobiernos locales”. Esto significa que su permanencia no puede depender únicamente de la voluntad de una administración municipal o de una coyuntura política, sino de reglas claras, actos administrativos, presupuestos, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento.
En esa misma línea, Jorge Betín Pino, director de la Umata, plantea que los municipios pueden fortalecer estos espacios mediante la expedición y actualización de actos administrativos, las convocatorias periódicas y transparentes, la asignación de apoyo técnico y logístico, la promoción de la participación de jóvenes, mujeres y productores rurales y la formulación de proyectos productivos y ambientales. “Estos mecanismos buscan evitar que dichos espacios se conviertan únicamente en figuras formales sin impacto real en las comunidades”, afirma Betín. Además, agrega que “la permanencia de estos consejos depende en gran medida del compromiso institucional y comunitario”.
Desde la perspectiva de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la sostenibilidad de los comités también beneficia a la administración municipal, porque permite ordenar la gestión pública rural y reducir tensiones sociales. La organización sostiene que un comité de desarrollo rural sostenible “le ahorra conflictos sociales a la Alcaldía, legitima la gestión pública ante la comunidad y asegura que las inversiones municipales no se pierdan al cambiar de gobierno”.
Por su parte, Jheiler Moreno, representante de Asocasan, pone el énfasis en la claridad de funciones y en la participación activa de quienes integran estos espacios. Según dice, “los comités se sostienen, primero que todo, cuando las personas que hacen parte tienen claro lo que van a hacer”. Además, señala que el ente responsable debe realizar las convocatorias a tiempo para que la gente pueda asistir, expresar sus puntos de vista y aportar al funcionamiento del espacio. Para Moreno si esa dinámica se mantiene: “los comités siempre van a estar allí y van a poder dar sus aportes necesarios”, dice
Los documentos institucionales señalan que el éxito de estos comités depende de tres condiciones básicas: participación comunitaria, continuidad administrativa y coordinación entre entidades públicas. El Decreto 1406 de 2023 define el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como un mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las acciones dirigidas a materializar la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral. Esto significa que la reforma debe contar con entidades responsables, presupuestos, cronogramas, metas y mecanismos de seguimiento.
En territorios como el Chocó, la implementación enfrenta un desafío adicional: las condiciones de seguridad. La Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos de confrontación armada y confinamiento en zonas del departamento, así como la incidencia de actores armados ilegales, economías ilícitas y disputas por corredores estratégicos. Estas condiciones limitan la movilidad, afectan la organización comunitaria y dificultan la ejecución de proyectos productivos o programas estatales. Por eso, la reforma agraria en estos territorios requiere también garantías de seguridad, protección comunitaria y presencia integral del Estado.
Jheiler Moreno, representante de Asocasan, resalta la necesidad de que exista articulación institucional para que este espacio funcione, con la participación de todos los sectores: “Se necesita una articulación real para garantizar su fortalecimiento y sostenibilidad”, afirma.
En el mismo sentido, el delegado de la Anuc, Nilson Liz, dice que lo fundamental es que exista unión y compromiso entre sus miembros. Además de la importancia de que cada sector cumpla su rol, que la comunidad aporte su conocimiento ancestral y el diagnóstico de sus necesidades y la administración municipal trabaje desde la voluntad, aporte recursos y blindaje jurídico.
“Solo si el Comité se mantiene independiente de la politiquería y se enfoca en la productividad sostenible y la defensa de la tierra, se convertirá en la herramienta definitiva para transitar del abandono estatal hacia la paz y el desarrollo digno de Tadó”, señala.
Antonieta Vásquez recuerda con claridad cómo era su vida sin la carretera. Se levantaba antes de que saliera el sol y preparaba su canasto con los productos que cosechaba de su chagra: yuca, plátano o frutas. Lo cargaba en la espalda y salía de su casa a las cuatro de la mañana. Junto a su madre se internaba entre la selva, a veces bajo la lluvia y en medio del barro; sin importar las condiciones, apuraban el paso para llegar pronto al centro de Leticia y vender sus productos. En ese entonces, tardaban tres horas en realizar un recorrido que hoy se puede hacer en apenas 20 minutos.
Vásquez es lideresa indígena del pueblo Murui. Su vida ha transcurrido en Leticia, en diferentes lugares, pero desde hace 50 años habita en una comunidad de la carretera Leticia - Tarapacá, la única vía nacional (vía primaria) que se ha construido en el departamento del Amazonas. Aunque solo cuenta con 25 kilómetros, la lideresa afirma que la obra les cambió la vida: “La gente hoy en día tiene la posibilidad de llevar su producción a la ciudad de Leticia. Ya hay carros disponibles todo el tiempo para este sector”, señala. Esta carretera es muy importante, porque no hay otra en el departamento. Allí solo existen vías urbanas en los municipios de Leticia y Puerto Nariño, además de vías terciarias o caminos de selva.
Esta obra, que para grandes ciudades puede parecer insignificante, para el Amazonas tiene una gran importancia. Este departamento tiene una extensión de 107.000 kilómetros cuadrados. Está separado del resto de Colombia por una espesa selva. Su inmensidad es proporcional a su aislamiento.
En este territorio, la principal vía de comunicación es una extensa red de ríos que desembocan en el Amazonas y que son recorridos especialmente por los habitantes de los 22 pueblos indígenas que aquí conviven. En esencia, el departamento está compuesto por comunidades dispersas y dos centros urbanos, el municipio de Puerto Nariño y su capital Leticia, esta última está más cerca de Perú o de Brasil que de cualquier otro departamento de Colombia.
La distancia con el centro del país ha sido determinante para el desarrollo del territorio. Infraestructura o servicios que son cotidianos en otros lugares, en el Amazonas son precarios o inexistentes. Aquí la conexión con otras regiones, incluso del mismo departamento, depende del transporte aéreo, con los retos que esto plantea, como los altos costos de los vuelos, a los que no toda la población puede acceder. A su capital solo llegan las aerolíneas Latam y Avianca, y los costos, en promedio, pueden ir entre 700.000 y un millón y medio para un tiquete ida y regreso.
Como se evidencia en el sistema de información vial de Invías, las pocas vías que existen son locales y no hacen parte de alguna red que integre de manera efectiva el territorio. Además, aunque la parte sur está bordeada por uno de los ríos más grandes del mundo, tampoco esto es garantía para conectarse de manera fácil con otros lugares, especialmente con las necesidades comerciales y de acceso a servicios de un departamento históricamente excluido de las políticas públicas estatales.
En medio aparece siempre la discusión sobre los impactos ambientales de los proyectos de infraestructura, en un ecosistema fundamental para el equilibrio del planeta, pero sensible, especialmente en un escenario de cambio climático.
A 35 años de la creación de este departamento, sus habitantes recuerdan solo un par de grandes proyectos que se han planteado con el fin de solucionar parcialmente la necesidad de conectarse con otros lugares del país. Sin embargo, ninguno se ha finalizado de manera satisfactoria.
Una de las grandes promesas se inició en el año 1961, se trató de la Ruta 8501, una vía que buscaba conectar Leticia con el área no municipalizada de Tarapacá, que se encuentra a orillas del río Putumayo. Este proyecto se planteó inicialmente como una vía de 175 kilómetros, pero 65 años después solo se han construido 25 kilómetros, conocidos como la vía Leticia - Tarapacá.
Actualmente, para conectarse con el resto de Colombia, según el Ministerio de Transporte, una embarcación debe viajar cerca de 2.471 kilómetros en la ruta Leticia - Puerto Asís. Con la vía Leticia - Tarapacá, el objetivo que se tenía era mejorar la conexión del Trapecio Amazónico con la parte norte del país, de manera que se atravesara la selva para ahorrar recorrido. Sin embargo, la esperanza se ha ido dilatando en el tiempo y hoy existen pocas esperanzas de que se finalice.
El proyecto se quedó en el papel durante décadas y solo hasta inicios de los 2000, con el Plan 2500 creado en el gobierno de Álvaro Uribe, se pavimentaron los primeros kilómetros. Con este se consiguió la pavimentación de 15 kilómetros, con una inversión total de 13.985 millones de pesos, que corresponden al presupuesto de la Nación. La pavimentación posterior hasta el kilómetro 25 se ha realizado a cuentagotas, a través de contratos del INVÍAS.
Este proyecto no ha escapado a escándalos de corrupción. De hecho, en 2009 la Corte Suprema de Justicia condenó a seis años de cárcel al exgobernador del Amazonas, Félix Francisco Acosta Soto por celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. La razón es que tomó un presupuesto destinado a la vía Leticia - Tarapacá y lo fraccionó para evitar realizar licitación pública y así entregar los proyectos a personas cercanas: “suscribí 68 contratos por vía directa, cuyos valores oscilaron entre los $14’640.000 y $14’890.000, para un total de $893’100.508. Igualmente suscribí 49 órdenes de trabajo por un valor de $60’988.748; para un total de $954’089.256. El remanente, lo devolví al INVÍAS”, señala Acosta en una acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia.
Actualmente, se encuentra en ejecución un proyecto de mantenimiento que empezó en 2024 y finaliza en julio de 2026, con una inversión total de $594.130.586. De la idea inicial que nació en la década del 60 queda poco. La vía Leticia - Tarapacá dejó de pensarse como un gran proyecto, para fragmentarse y pensar solo en sostener lo construido a través de pequeños convenios.
Esta carretera atravesó un territorio que es hogar de los pueblos Ticuna, Cocama, Yagua, Murui y Ocaina. Con el tiempo, las comunidades se adaptaron a ella y encontraron oportunidades para conectarse con el casco urbano de Leticia. Para muchas familias, esto ha sido importante para su sostenibilidad, ya que les ha permitido realizar actividades económicas como la venta de los productos que producen en sus chagras y la promoción del turismo de naturaleza en sus territorios.
Sin embargo, aparece un reto. Tomando en cuenta que el territorio es selvático, las comunidades no solo están asentadas a lo largo de la vía, sino que en muchas ocasiones se encuentran varios kilómetros adentro. Entre más lejos de la carretera están, más difícil es movilizarse y conectarse con el casco urbano.
Es el caso de Ronda, una comunidad indígena del pueblo Cocama que, por un lado, se ubica a 3.200 metros de la vía Tarapacá y, por el otro, a solo unos minutos del río Amazonas. Aunque en apariencia tienen alternativas para movilizarse, la realidad es que las condiciones son complejas. Sus habitantes deben considerar factores como el costo de la gasolina para los botes o las condiciones climáticas.
Para llegar a la carretera, deben caminar durante aproximadamente una hora por una trocha en medio de la selva. Para los Cocama, esto no es de gran dificultad, están acostumbrados a caminar largos trayectos en su vida diaria. Sin embargo, cuando es temporada de lluvias, las personas deben caminar en medio de un sendero inundado y enlodado. Muchas veces esto no es una opción, es la única forma de trasladarse hasta Leticia para ir a una cita médica, a realizar alguna diligencia o, incluso, para que los jóvenes puedan ir al colegio o a la universidad.
Por eso, cuando en 2021 se aprobó un proyecto para la rehabilitación y mantenimiento de una vía terciaria en esta región, la comunidad se entusiasmó porque esto cambiaría sus vidas. Así lo recuerda Jorge Ahuanari, curaca (autoridad) de Ronda, quien vio en ese momento el entusiasmo de todas las familias. Cerca de 300 personas que habitan en este lugar proyectaban cómo conseguir algún medio de transporte y reducir el traslado hasta la carretera a 15 minutos.
En ese momento, se asignaron tres mil millones de pesos del presupuesto general de la Nación para construir la carretera. Los estudios previos evidenciaron la necesidad de realizarlo: “no cuenta con una vía de acceso terrestre en condiciones de transitabilidad que permita el ingreso al centro poblado de vehículos automotores, motocarros, motocicletas, bicicletas y peatones, toda vez que el único medio de transporte para ingresar a esta comunidad es fluvial, a través de embarcaciones con motores fuera de borda comerciales particulares (botes “rápidos”) y/o embarcaciones artesanales (canoas a remo) lo que genera un mayor costo en el transporte y mayores tiempos de desplazamiento”.
Sin embargo, hoy el camino sigue igual que antes. Para Ahuanari, varios desacuerdos políticos impidieron que se ejecutaran los recursos y a pesar de que el proyecto aparece como “celebrado”, la realidad es que el dinero se regresó. De hacerse este proyecto “implicaría mucho desarrollo”, lamenta el curaca; porque después de 30 años de estar asentados en esta zona fue la primera vez que estuvieron cerca de resolver este problema.
Aunque incompleta, la vía Leticia - Tarapacá ha generado facilidades de movilidad para cientos de personas. Aun así, el departamento sigue dependiendo en gran medida del transporte fluvial. Su conexión con el resto del país se genera a través de los ríos Putumayo, Caquetá y Amazonas. Sin embargo, en la actualidad, el principal puerto que está en Leticia no cuenta con un muelle para pasajeros.
Este es uno de los elefantes blancos de la capital. Un proyecto que se inició en el año 2018, que debía finalizarse en 2019, pero del que hoy solo existen unos cuantos pilones oxidados sobre los que se levantaría el muelle. En 2023, la Contraloría General de la República advirtió un detrimento patrimonial en esta obra de $9.800 millones .
El presupuesto inicial fue de $12.600 millones, provenientes del Sistema General de Regalías. La Contraloría hizo tres hallazgos, uno de ellos es que la Alcaldía de Leticia realizó un giro del anticipo por $6.300 millones al contratista Unión Temporal FARO, pero nunca lo legalizó. Además, se generaron cambios no contemplados en plazos y costos de la obra.
Este detrimento llevó a que, en 2023, la Procuraduría General de la Nación generara pliego de cargos al entonces alcalde de Leticia Jorge Luis Mendoza Muñoz y al exalcalde José Huber Araújo Nieto, además de otros funcionarios e interventores relacionados con la obra. “Al parecer, el contrato habría sido firmado sin contar con los estudios previos, diseños y planos suficientes y adecuados, pues los que sirvieron de base para el proceso de selección, aparentemente presentaban deficiencias técnicas”, señala la Procuraduría. Desde entonces, la iniciativa quedó congelada; no se encontró información pública sobre nuevos intentos para retomar el proyecto.
De manera reciente, en abril de 2026, José Huber Araújo ante la Fiscalía General de la Nación aceptó los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos: “un juez penal de conocimiento lo condenó a más de ocho años de prisión, y le impuso una inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas por 97 meses”, señala la Fiscalía. Por su parte, la investigación del exalcalde Jorge Mendoza continúa en la Procuraduría, sin actualización sobre su caso.
Mientras tanto, el Gobierno Nacional avanza actualmente en la construcción de la pasarela del muelle Victoria Regia, que se encuentra en el extremo sur de Leticia. A diferencia del proyecto que es considerado un elefante blanco, este está pensado como un muelle de carga, para la entrada y salida de productos al municipio, busca generar conexión con el río Amazonas, incluso en temporada de sequía cuando el agua baja. Según ha notificado el Ministerio de Transporte, el proyecto ya superó el 80 % de ejecución y está cerca de finalizarse. Esta etapa de la obra, que consta de la construcción de la prolongación de la pasarela de acceso al muelle, ha tenido una inversión de casi 16.000 millones de pesos.
Este desarrollo de infraestructura para el acceso al río Amazonas es vital en un momento en el que el río ha tenido alteraciones significativas, alejándose cada vez más de la orilla colombiana, especialmente de Leticia, como lo ha evidenciado el IDEAM en los seguimientos periódicos, como en 2024 cuando se evidenciaron cifras históricas en la disminución de los caudales. Aunque este municipio tiene salida al río, la Universidad Nacional de Colombia encontró que solo el 19, 5 % fluye del lado colombiano. Esto, según advierte la profesora Liliana Posada García en un artículo de la Universidad, está ocurriendo por un proceso de sedimentación que se debe evitar con acciones como el dragado del río.
A pesar de que la profesora Posada identificó esta tendencia desde 2012, y desde hace 20 años propuso medidas para hacer frente a este problema, los diferentes gobiernos no han tomado acciones efectivas. Perder el acceso al río Amazonas es cada vez más probable.
Si esto ocurre, proyectos como el muelle de pasajeros, que nunca se construyó, deberían replantearse de manera seria. “Si no se actúa de inmediato, Leticia dejará de ser una ciudad ribereña. Las implicaciones van más allá de lo simbólico, son culturales, económicas y territoriales”, señala en el artículo la profesora Posada.
La tranquilidad de la lideresa Antonieta Vásquez está en la selva; en sus aromas, en el sonido de los animales, en el amor que tiene por su territorio. Aunque en la naturaleza está su felicidad, dice ser consciente de que su comunidad está muy alejada de la ciudad. Afirma que el internet les ha permitido superar un poco esa distancia que parece inquebrantable, para conectarse con otros lugares, pero sabe que no es suficiente.
“Hay que pensar en un proyecto social que nos favorezca. Nosotros tenemos nuestras necesidades también, como todo ser humano, y todos queremos estar bien, queremos disfrutar de los derechos que se tienen en nuestro país”, señala Vásquez. Las palabras de esta lideresa reflejan una necesidad. Proyectos que no se han finalizado, como la vía Leticia - Tarapacá y el muelle de pasajeros, han generado esperanzas en comunidades que hoy continúan a la espera de su finalización para mejorar un poco sus condiciones de movilidad en el territorio.
Este es un tema recurrente, pero aparece con más fuerza en épocas electorales. En periodos de elecciones presidenciales, la Amazonía comienza a ser mencionada en las agendas, pero aparece más desde la mirada de las prioridades medioambientales que desde las propuestas para mejorar condiciones de desigualdad como el aislamiento. Así se evidencia en las propuestas de algunos de los candidatos con mayores opciones de llegar a la Presidencia.
El programa que tiene un enfoque más detallado en la conectividad de regiones periféricas y selváticas es el de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico. Él se refiere a la conectividad dentro de la llamada “Revolución de los Territorios”, con varios elementos que se plantean como una solución para zonas como el Amazonas.
De esta manera, aparece una propuesta de transporte multimodal, con el fin de que todos los municipios y territorios rurales del país cuenten con vías terciarias, fluviales y aéreas, para que puedan transportar su producción agropecuaria a los mercados en condiciones justas. También menciona las Vías para la Paz, que es un proyecto que se encuentra en el actual Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro; con esto se pretende mejorar caminos rurales que conecten el campo con la ciudad, ejecutados directamente por las Juntas de Acción Comunal y las propias comunidades.
Además, aparece en su programa la seguridad fluvial, para fortalecer el cuerpo de Infantería de Marina con el fin de que, según se señala en el documento, los ríos dejen de ser “carreteras del crimen” y se conviertan en vías seguras para las comunidades.
En el caso de Abelardo de la Espriella, la propuesta “La Patria Milagro” aborda la infraestructura desde una perspectiva general sobre el abandono del campo colombiano.
Las menciones que hace sobre este tema son de carácter general para el sector rural, sin especificar proyectos exclusivos para el departamento del Amazonas. Además, algunos de los temas que plantea como propuestas en realidad son consideraciones sobre la situación de las zonas rurales.
De esta manera, hace una mención a la infraestructura del campo colombiano que, dice, está abandonado y carece de condiciones mínimas de infraestructura y seguridad. En el mismo sentido, señala que el 81 % de las vías terciarias en Colombia se encuentran en regular o mal estado.
Finalmente, esboza una propuesta puntual sobre las vías y la conectividad. Propone abrir el “camino de la prosperidad” mediante la construcción de vías y la mejora de la conectividad para el campo.
Independientemente de estas propuestas tan diferentes y que evidencian una mirada particular sobre el Amazonas, las comunidades indígenas siguen avanzando, como siempre lo han hecho, con o sin el apoyo de los gobiernos. Así lo señala el curaca de la comunidad de Ronda, Jorge Ahuanari: “nosotros seguimos adelante. No soy eterno, pero tengo que trabajar por el futuro de este país sin mirar colores políticos”.
Sin embargo, afirma que su deseo es que el nuevo gobierno que comenzará este año y los que siguen, fijen su mirada en el Amazonas, en el camino que las comunidades han transitado y en aportar al desarrollo del departamento. “Gane el presidente que gane que mire a todo el país, hasta el último rincón de Colombia”, dice. Porque, según él, es necesario que se vea a los pueblos indígenas con sus proyecciones y necesidades “para seguir mejorando la calidad de vida de la comunidad”.
La lideresa Antonieta Vásquez coincide con Ahuanari en la necesidad de ser considerados como pueblos indígenas en las políticas públicas nacionales, pero para ella es fundamental que antes que nada se realice consulta previa: “para nosotros los indígenas es importante la concertación, que se hable, porque es muy bueno llegar como a dialogar sobre esos temas con los líderes, con las comunidades, para que haya una aceptación, y que ellos sean conscientes de que estamos buscando un beneficio colectivo”, señala.
Además, considera que es fundamental que exista control sobre los proyectos que se adelanten, para que no ocurran situaciones como las presentadas con el muelle de pasajeros en Leticia, sino que todo esté claro para que se respeten los derechos de la población.
Esta investigación fue producida en el marco de un taller de Consejo de Redacción (CdR) y Google News Initiative.
La Guajira es, quizás, el departamento de Colombia donde el contraste entre la riqueza natural y la miseria humana es más desgarrador. Poseedora de las reservas de carbón a cielo abierto más grandes de Latinoamérica, un potencial eólico envidiable y una cultura ancestral vibrante, la península sigue siendo el epicentro de una tragedia humanitaria que se alimenta, en gran medida, de la retórica vacía de quienes buscan el poder cada cuatro años.
La arquitectura del desarrollo rural en Colombia ha estado históricamente confinada a los documentos. Desde la formulación del CONPES 3857 en 2016, el Estado colombiano reconoció que la ausencia de una política integral para la red terciaria era la raíz del aislamiento que asfixia los territorios rurales. Estos lineamientos establecen la importancia de las vías rurales como arterias para la paz, una visión que el actual programa de gobierno “caminos comunitarios de paz total” recogió al presentarse como (la herramienta capaz de cerrar las brechas de desigualdad), en la práctica, la intervención de 33.102 kilómetros de vías ha quedado estancada en el tiempo.
El CONPES 4161 de 2025 declara la importancia estratégica de proyectos viales en las regiones marginadas por el Estado, entre ellos el departamento de La Guajira. el proyecto es ambicioso, contempla una suma de 15,05 billones de pesos colombianos para atender estos territorios, una cantidad que, en dólares, se acerca al patrimonio de Beatriz Dávila de Santo Domingo, la mujer más rica del país según la revista Forbes. Esta importante cantidad será ejecutada en la próxima década, en el marco de las políticas públicas, que proponen incluir la seguridad alimentaria como criterio para priorizar recursos, pero la brecha entre la planeación y el territorio sigue siendo un abismo infranqueable.
En la vasta y mística tierra de La Guajira, donde el sol abrasa la tierra y el viento danza con el mar, los lineamientos dejan de ser teoría económica para convertirse en una cuestión de supervivencia, y donde el cumplimiento de mandatos como la Sentencia T-302 de 2017 revela que, a pesar de tener los mapas y los recursos en el papel, los caminos para la vida de la nación Wayuu siguen tejiendo, hasta hoy, una paradoja que clama al cielo y se hace sentir en los constantes bloqueos de las comunidades, que alzan su voz contra carencias estructurales y una desigualdad que parece medirse solo por intereses económicos.
A diferencia de las rancherías, el sector privado, como la minería del Cerrejón, tiene una infraestructura de transporte de clase mundial según informes del Banco Interamericano de Desarrollo. La ferrovía garantiza el flujo de carbón contra viento y tormenta hacia los mercados globales, y, a unos pocos metros de los rieles, se extiende un desierto sin conectividad vial para la gente, que condena, según el DANE, al 42,9 % de los guajiros a la pobreza multidimensional.
Esta desconexión no es solo geográfica; es una barrera sistemática que convierte derechos fundamentales en privilegios inalcanzables, una sentencia de vida o muerte para quienes habitan el territorio. Según los registros de salud pública y testimonios recogidos en campo, en las rancherías más profundas del norte de La Guajira y las estribaciones de la Serranía del Perijá en el sur, una emergencia médica se convierte en una carrera contra la geografía.
De acuerdo con el CONPES 4161, que integra datos de Invías (2025), la red vial en los municipios amparados por el fallo de protección alcanza los 3.141 kilómetros. Sin embargo, gran parte de esta red carece de trazados definidos debido a las complejas condiciones del terreno. Además del estado de la superficie de estas carreteras, predominan los corredores sin pavimentar, la movilidad depende casi exclusivamente de trochas de arena, lo que dificulta el transporte de bienes básicos y la prestación de servicios de emergencia.
La desatención histórica de la infraestructura vial en el departamento se convierte en una crisis de movilidad con graves repercusiones sociales y de seguridad, incluso en las autopistas principales. Esta precariedad no solo se manifiesta en los siniestros viales —atribuidos a la ausencia de señalización técnica y semaforización en las vías principales de municipios como Fonseca— sino que también exacerba la vulnerabilidad de las cabeceras municipales ante los efectos del cambio climático.
Este año, el puente sobre el río Mendihuaca, en la Transversal del Caribe que une al Magdalena con La Guajira, colapsó por un frente frío el 3 de febrero. La estructura no aguantó y el corredor quedó cerrado varios días, esta vía beneficia a 150.000 personas según la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres UNGRD, (la misma que protagonizó el escándalo de corrupción de los carrotanques para este departamento en el gobierno Petro), esta vía principal quedó totalmente cerrada, lo que obligó a los usuarios a trasladarse por la ruta nacional 49, que une el Cesar con La Guajira.
Para solventar el problema, la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres instaló, junto con el Ejército, un puente militar para abrir el paso. Carlos Carrillo, exdirector de la UNGRD, lo presentó como una “recuperación temprana”, ante emergencias climáticas. Con eso, volvieron a pasar carros de hasta 52 toneladas que trasladan la materia prima de los parques eólicos en la Alta Guajira. La solución costó 4.300 millones de pesos para la estructura y el montaje del Ejército, y 1.600 millones de pesos del Invías para tumbar el puente viejo y hacer ajustes. Los informes presentan el hecho como un logro operativo, sin embargo, este tipo de intervenciones de emergencia ocurren en un territorio marcado por críticas previas a la gestión del riesgo.
Y es que las vías de arena del norte de La Guajira, no cuentan con la misma atención cuando cada temporada de lluvias se convierten en trampas de barro, que impiden el paso de comunidades enteras en el corregimiento de Puerto Estrella del municipio de Uribia, mientras el tren del carbón recorre cerca de esa localidad, sus 150 kilómetros impecables sin interrupciones de la naturaleza, desde Albania hasta Puerto Bolívar en la Alta Guajira. En la logística minera, un retraso de un día es una pérdida financiera millonaria; en la salud para un wayuu, es la diferencia entre la vida y la muerte.
La falta de una vía terciaria en buen estado no es un dato estadístico; es el barro donde quedan atascados los vehículos, es la distancia insalvable entre recibir atención médica a tiempo o enfrentar una tragedia evitable. Según el diagnóstico del plan de desarrollo de Uribia, el estado de las vías hace que el acceso a servicios de salud sea prácticamente nulo para el 92,2 % de la población rural.
Esta crisis de movilidad no ha pasado desapercibida para el Estado colombiano. Desde 2003, el territorio ha sido objeto de una sucesión de programas con nombres esperanzadores: desde el Plan 2500 descrito en el CONPES 3311 y Rutas para la prosperidad, hasta el actual Vías para la paz declarados en el lineamiento de política nacional para las vías terciarias 4161. Desde hace más de 20 años, los documentos CONPES y metas ambiciosas han prometido rehabilitar miles de kilómetros. Incluso la Corte Constitucional, mediante la Sentencia T-302 de 2017, elevó la movilidad a la categoría de objetivo prioritario para garantizar la vida del pueblo Wayuu. Sin embargo, al confrontar este archivo histórico con el polvo de las trochas de la Alta Guajira, la cronología de inversiones se desdibuja y pierde sentido.
A pesar de que la estrategia de convergencia regional del DNP identificó, en 2023, más de 997 kilómetros de vías terciarias críticas, la realidad, en 2026, es que solo existen pequeños tramos de placa huellas que no solucionan la crisis vial en la Alta Guajira, que sigue siendo la regla. Los informes oficiales del DNP sobre el programa Vías para la paz proyectan soluciones y tienen vigencia hasta el año 2035, el reloj de una emergencia médica de una ranchería de la Alta Guajira no puede esperar una década más.
Los billones de pesos invertidos desde 2003 a 2026 en los distintos gobiernos parecen haberse quedado en tramos fragmentados que no logran consolidar una red vial digna. La salud y el acceso a otros derechos dependen de las chirrincheras, camiones que han usado en la comunidad, el transporte común que aguanta las trochas. En el papel, el destino de las comunidades debió haber cambiado en 2017 cuando se declaró el estado de cosas inconstitucionales, que prioriza corredores viales que garanticen el agua potable, la salud y la alimentación de niños wayuu, en Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia.
Este abandono institucional se siente en el volante de hombres que llevan años pilotando camionetas que quedan varadas en los caminos improvisados. Javier Aguilar es uno de ellos, que lleva años siendo una opción alcanzable en el territorio, “Aquí la carretera no existe, la carretera la inventamos nosotros cada día. Por donde no haya hueco, por ahí hacemos vía”, relata Aguilar, como buen conocedor de las trochas. La paradoja es absoluta: la Corte ordenó movilidad para garantizar la vida, pero la supervivencia sigue dependiendo de la pericia de conductores y de la resistencia de motores viejos.
El Estado ha tenido casi una década para convertir el mandato judicial en asfalto, pero la realidad es que el barro sigue siendo el dueño del camino. Mientras tanto, el programa Caminos Comunitarios para la Paz Total celebró en el mes de abril, en municipios como San Juan del Cesar, la entrega de 140 metros de placa huella en una zona rural. Una solución a medias que también se ha implementado en la Alta Guajira, sin embargo, para un departamento que requiere la intervención de casi mil kilómetros, estas entregas parecen simples gotas de agua en un desierto de necesidades que no da tregua.
Habitantes del norte afirman que las placas huella existentes solo son segmentos mínimos en sitios dispersos de Manaure o fracciones cortas hacia San Martín. Aunque la orden judicial menciona la necesidad de corredores, los viajeros del norte advierten que esas obras no solucionan la movilidad: con las lluvias desaparecen bajo las crecientes de los arroyos. En contraste con la impecable línea férrea del carbón, los senderos para la población son solo tramos sueltos en puntos aislados de menos de dos kilómetros en Winpeshl y Jojoncito, en la Alta Guajira, y el recorrido restante continúa siendo una carrera de obstáculos.
“Las vías de arriba no las han hecho, no han trabajado nada”, sentencia Javier Aguilar, señalando que solo se han realizado algunos tramos hacia Winpeshi y Carrizal. Para el habitante local, no hay punto de comparación entre la majestuosidad de la red privada del extractivismo y la precariedad de los caminos que transitan los wayuu todos los días, los mismos que deberían salvar vidas.
La Corte Constitucional en 2022 mediante el Auto 696/22, notifica que la Nación no ha logrado superar el “estado de cosas inconstitucionales” que desprotege a la niñez en los municipios amparados por la sentencia. El tribunal ordena un “Plan Provisional de Acción” con medidas cautelares urgentes para “mitigar el riesgo inminente de muerte por desnutrición”, advirtiendo que el cumplimiento de los “objetivos mínimos constitucionales” no se puede seguir postergando bajo “excusas administrativas” y debe ejecutarse mediante un diálogo que respete la cosmovisión indígena del territorio.
Sin embargo, las gestiones del gobierno continuaron sin mayor efecto en el año 2024, por lo que el seguimiento de la Corte ha reiterado que los planes presentados por el Estado carecen de una distribución de tareas precisa y de evidencias de sostenibilidad, lo que mantiene el nivel de cumplimiento en rangos bajos o insuficientes frente a la urgencia de la crisis, esto se traduce en que las rutas estratégicas como la de la zona extrema (Taparrajín-Jojoncito-Siapana), el corredor del norte (San Martín-Nazareth) y el eje vital que une a la cabecera de Uribia con Watchwali, Puerto López y Nazareth siguen esperando la transformación a caminos reales de dignidad.
Debido a la situación, el plan de desarrollo actual del municipio de Uribia proclama en su gestión de gobierno la intervención de “rutas de invierno” para asegurar la comunicación permanente con las zonas de bahías, pero el presupuesto no ha llegado a las rutas, que deberían ser las arterias por las que fluya el agua potable y las brigadas de salud. Hoy siguen siendo laberintos de tierra donde una emergencia médica puede extenderse hasta por 24 horas durante el invierno, la “ruta de la paz” se pierde bajo el agua de los arroyos crecidos, aislando por completo a corregimientos como Bahía Honda, Puerto Estrella y Tawaira en la Alta Guajira.
Araliatu Wouliyuu, líder de la comunidad Cocomana del corregimiento de Puerto Estrella, en la Alta Guajira, cuenta que las comunidades siguen esperando la primera obra de drenaje o un puente que resista la furia de los arroyos, “Los caminos son intransitables, han hecho varias placas huella que juntas no superan los diez kilómetros y los puentes quedan en medio de los arroyos, no sirven para nada”, dice. El contraste es demoledor: mientras el Gobierno acumula en los documentos la instalación de placas huella y puentes, la realidad es que esas soluciones no son efectivas. La lluvia sigue tragándose los vehículos.
Aunque el programa de Vías para la paz está proyectado a 2035, este ciclo de promesas que se rompen a la entrada de nuevos gobiernos sin continuidad, se asoma ahora a un nuevo abismo: la segunda vuelta de una contienda presidencial que determinará si el próximo cuatrienio será el de la ejecución o el de un nuevo folio en el archivo del olvido de La Guajira, donde la política no se lee en los debates televisados desde Bogotá, sino en el asfalto que se detiene abruptamente.
La pregunta en las rancherías es si la continuidad de un modelo de izquierda, representado en figuras como Iván Cepeda, logrará finalmente que la gestión comunitaria escale más de los tramos de dos kilómetros de placa huella a los grandes corredores que dice la Sentencia T-302; o si el retorno de la derecha, con propuestas como el “país milagro” de Abelardo de la Espriella, podrá romper la inercia de un Estado que históricamente ha priorizado la seguridad del mineral sobre la seguridad del alimento.
Para los habitantes del norte, los nombres de los candidatos suelen sonar tan lejanos como los pitos del tren del carbón. La desconfianza es el combustible de la protesta social: en el primer cuatrimestre de 2025, La Guajira se detuvo bajo el peso de más de 100 bloqueos viales según informes de la Cámara de Comercio de La Guajira, una cifra que grita la desesperación de un pueblo que ve pasar el desarrollo de largo, pero nunca lo ve detenerse.
Estas barricadas humanas en Albania, Uribia y Maicao no son solo obstáculos al comercio; son el último recurso de quienes, cansados de los incumplimientos en salud y alimentación, deciden cerrar las arterias del carbón para ver si así el Gobierno de turno finalmente escucha el eco de sus voces y ve sus manos vacías. El bloqueo es la única forma que han encontrado para que la “vía privada” del extractivismo sienta, aunque sea por unas horas, la parálisis que ellos viven cada día en sus trochas.
En este escenario, la conectividad en La Guajira sigue siendo una moneda de cambio política que determina, literalmente, quién vive y quién muere. Mientras los programas electorales de Cepeda y De la Espriella se llenan de términos como “revolución agraria” y “recuperación de la soberanía”.
Las propuestas de los candidatos presidenciales en la historia electoral de Colombia no son completamente claras a la hora de hablar de las vías terciarias, solo se enfocan en la fortuna mineral, la abundancia de los vientos y el implacable sol que prometen un futuro energético y desarrollo brillante para el país. Sin embargo, una vez en el Gobierno, el desarrollo no se ve plasmado en todos los territorios, especialmente en sus vías de acceso. En La Guajira, por ejemplo, cuando llega la temporada de lluvia, es fácil sumergirse en ese paisaje de contrastes, donde las vías para el carbón se mantienen firmes, mientras los caminos para la gente se desaparecen en las lagunas de agua estancada.
El pueblo Wayuu aguarda para ver si alguno de ellos será capaz de poner una piedra firme en un puente que no se lleve el próximo arroyo.
Así las cosas, si la política no logra transformar la “geografía de la esperanza” en rutas de asfalto real, habrá sido un gobierno más que pasa, otro desvío en el camino de una nación que ya aprendió a desconfiar de los mapas y a confiar únicamente en la pericia de los conductores de ‘chirrincheras’ para sobrevivir un día más en el desierto de caminos, pero próspero en riquezas.
Esta investigación fue producida en el marco de un taller de Consejo de Redacción (CdR) y Google News Initiative.
Mientras Colombia está a la expectativa del panorama político de los próximos cuatro años por las elecciones presidenciales, en el departamento de Guainía las comunidades ya tienen claras sus prioridades. Líderes comunitarios juveniles, campesinos y sociales coinciden en un mensaje: el próximo Gobierno Nacional deberá mirar a la Amazonía no como una región olvidada, sino como un territorio estratégico para la vida, el ambiente y el desarrollo sostenible del país.
En esta oportunidad, los cierres de campaña en Inírida se hicieron sin muchos aspavientos. No hubo eventos masivos ni concentraciones significativas. La lluvia que por estos días cae en el departamento ha dificultado que se realicen actividades en el espacio público. En su lugar, el perifoneo se tomó las calles del municipio para invitar a votar por los diferentes candidatos.
Desde este lugar, escuchamos las voces de líderes y lideresas, las cuales reflejan una realidad marcada por décadas de abandono estatal, precariedad en servicios básicos, desigualdad social y amenazas ambientales. También evidencian propuestas concretas y una visión de futuro construida desde el conocimiento de un territorio que tiene unas características especiales, como un municipio que está en la Amazonía, en una zona de frontera y con una población dispersa en un vasto territorio.
Para Reymundo Bobadilla, líder comunitario y conocedor de las necesidades históricas del departamento, el principal desafío del nuevo presidente será construir un modelo de desarrollo económico adaptado a la Amazonía.
Según dice, Guainía no puede continuar replicando modelos extractivos o improvisados que terminan afectando los ecosistemas y profundizando la pobreza. La región necesita un desarrollo sostenible, pensado desde sus particularidades culturales, ambientales y sociales:
“La Amazonía debe protegerse y su modelo de desarrollo económico debe ser diferencial para el país”, afirma
Bobadilla insiste en que la Amazonía ha logrado conservar buena parte de su riqueza natural porque las comunidades conviven con el entorno. Por eso, considera fundamental que se impulsen economías sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida sin destruir la selva ni contaminar los ríos.
En ese mismo sentido, el líder juvenil Anderson Urrea, plantea que una de las grandes prioridades del país debe centrarse en la protección del agua. Advierte sobre la creciente contaminación con mercurio en los ríos Inírida, Atabapo y la amenaza que se extiende al río Guaviare.
“Es fundamental para eso pues que se adopten estrategias efectivas en reconversión laboral en el tema de minería y la formalización de aquello que se pueda formalizar en el tema minero”, señala Urrea. También propone avanzar en procesos de formalización minera donde sea posible, bajo criterios de armonía con la Amazonía y respeto por la naturaleza como sujeto de derechos.
Uno de los temas que más se repite en las voces de los líderes sociales es la crisis de los servicios públicos en el departamento.
La ausencia de redes de alcantarillado, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y la falta de acceso al agua potable representan una preocupación generalizada entre las personas consultadas.
Reymundo Bobadilla advierte que “no puede seguir existiendo poblaciones como la nuestra, que todas las alcantarillas van al río”; esto, agrega, genera una grave afectación al recurso hídrico y pone en riesgo la salud pública. A ello se suma la problemática de las basuras, que continúa creciendo sin soluciones estructurales.
Lucero María Forero, reconocida lideresa con más de treinta años de trabajo social en la región, coincide en que Inírida necesita con urgencia inversiones reales en agua potable, alcantarillado y manejo adecuado de residuos.
Por su parte, Anderson Urrea recuerda que esa problemática no solo afecta a Inírida, sino también a Barrancominas, pues son municipios donde el aumento poblacional exige respuestas inmediatas para evitar crisis sanitarias y brotes de enfermedades derivadas del consumo de agua sin tratar.
Las comunidades consideran que garantizar servicios públicos básicos debe ser una prioridad para el próximo gobierno, especialmente en territorios históricamente excluidos como Guainía.
Otra de las grandes preocupaciones expuestas por los líderes tiene relación con la salud y la educación.
Reymundo Bobadilla cuestiona que los modelos actuales continúen privilegiando a pequeños sectores de poder, mientras las comunidades más vulnerables siguen enfrentando enormes barreras para acceder a servicios dignos.
En salud, Anderson Urrea propone fortalecer un sistema preventivo, eficiente y con enfoque diferencial étnico: “cuando toque acudir pues a los servicios de salud, sea con calidad, con rapidez y sin tramitología. Eso es fundamental”, afirma.
Uno de los puntos más sensibles y que se convierte en un obstáculo, es el relacionado con el censo étnico indígena. Según Urrea, miles de indígenas aún enfrentan dificultades para acceder plenamente a sus derechos debido a problemas de registro y reconocimiento dentro de los sistemas estatales. Resolver esta situación permitiría mejorar el acceso a la salud, y participación en programas sociales para cerca del 85% de la población indígena del departamento.
En las zonas rurales, el líder campesino Esteban Oyola, considera indispensable recuperar los puestos de salud rurales y fortalecer la atención en el campo. Afirma que durante años las comunidades campesinas han perdido confianza en las instituciones debido a la falta de resultados concretos.
La falta de empleo para los jóvenes profesionales es otra de las preocupaciones centrales. Lucero María Forero señala que muchos jóvenes, hijos e hijas de la región, salen a profesionalizarse con la ilusión de que a su regreso sean contratados, pero cuando terminan sus estudios encuentran pocas oportunidades laborales. Denuncia que frecuentemente las administraciones contratan profesionales provenientes de otras regiones: “Muchos del interior del país vienen a ocupar esos cargos dejando los hijos de la región por fuera”, dice.
La lideresa considera que el próximo presidente debe promover políticas que prioricen la vinculación laboral de profesionales nacidos y formados en el territorio, permitiendo que el talento humano contribuya directamente al desarrollo regional.
Entre las propuestas más profundas aparece la necesidad de fortalecer las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) y los Consejos Indígenas.
Anderson Urrea sostiene que poner en marcha estas figuras permitiría que las propias autoridades indígenas administren sus recursos, desarrollen políticas y ejecuten sus planes de vida acorde con sus necesidades y cultura.
Para las comunidades, esta medida podría ayudar a cerrar brechas históricas de pobreza y abandono en territorios apartados donde la presencia estatal sigue siendo precaria.
Desde el sector campesino, Esteban Oyola también plantea la necesidad de reconstruir la confianza entre el gobierno y las organizaciones rurales. Considera fundamental que los líderes campesinos participen directamente en la construcción de políticas públicas y en la toma de decisiones junto a los ministerios e instituciones nacionales.
Las comunidades también reclaman mayor participación en las decisiones públicas. Reymundo Bobadilla propone que la ciudadanía tenga voz activa en la planeación, formulación y vigilancia de los proyectos financiados con recursos públicos. Considera que la corrupción ha frenado el desarrollo del departamento y ha permitido la construcción de obras inconclusas o mal ejecutadas que terminan convirtiéndose en “elefantes blancos”.
“La Amazonía no se puede dar el lujo de hacer inversiones para después corregir cuando hayamos hecho el deterioro del medio ambiente”, afirma. Desde su visión, la mala ejecución de los proyectos, además de generar detrimento al patrimonio, también puede producir daños ecológicos; por esta razón, insiste en la necesidad de que los habitantes, que son quienes conocen el territorio, tengan la posibilidad de hacer parte de espacios de decisión.
Los liderazgos coinciden en que el próximo presidente de Colombia deberá escuchar más a los territorios y no trabajar solo desde un escritorio en la capital del país.
Las prioridades planteadas desde Inírida no solo hablan de necesidades básicas insatisfechas que se deben atender, también expresan una demanda de ser vistos con sus particularidades geográficas, sociales y culturales, donde el desarrollo debe ir de la mano con la protección ambiental, la participación comunitaria y el respeto por la diversidad étnica.
En un territorio con el que el Estado tiene muchas deudas, pero en el que también las comunidades tienen grandes capacidades, los líderes manifiestan que el reto del próximo gobierno será convertir esas demandas históricas en políticas reales que permitan cerrar décadas de desigualdad y exclusión.
El panorama de las elecciones presidenciales en San Vicente del Caguán está marcado por una profunda polarización y discusiones sobre economía, la participación ciudadana, la seguridad y la paz de Colombia. Con la proximidad de la primera vuelta, el ambiente social se evidencia más tenso; organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal (JAC) se preparan logísticamente para asegurar el ejercicio del voto de sus comunidades, debido a los largos trayectos que deben recorrer para llegar a los puestos de votación, especialmente para los habitantes de las zonas rurales.
Según el censo electoral, en San Vicente del Caguán 40.016 personas están habilitadas para votar (19.897 mujeres y 22.119 hombres). Además, se dispondrá de 111 mesas de votación distribuidas en 19 puestos rurales y siete urbanos. En las elecciones presidenciales de 2022 y en las legislativas de este año, el abstencionismo rondó el 50 por ciento, lo que genera expectativa sobre el nivel de participación en estas presidenciales.
Los candidatos han recorrido ciudades capitales y municipios para exponer sus planes de gobierno. En el caso de San Vicente del Caguán, se vive el movimiento de las campañas, la socialización de programas y la invitación a ejercer el derecho al voto. Figuras como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los candidatos que más suenan en el municipio.
Sin embargo, aquí solo se realizó un evento de cierre de campaña. El 22 de mayo una chiva con imágenes del candidato Iván Cepeda se movilizó por todo el casco urbano, divulgando discursos del candidato, así como las voces de los representantes locales.
Se ha conocido que los simpatizantes del candidato Abelardo De la Espriella realizarán cierre de campaña en una reunión privada por parte de sus electores, aunque todavía no se ha hecho pública la fecha en la que se realizará.
Según información que ha circulado en redes sociales, y como ocurrió en las pasadas elecciones del Congreso, se han conocido denuncias sobre constreñimiento a personal de entidades públicas por parte de funcionarios de la Gobernación de Caquetá que dieron instrucciones precisas para hacer campaña en favor de la candidatura de Paloma Valencia. La misma orientación se ha conocido por parte del partido político Mira, que recoge a la iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional con presencia en cada municipio del Caquetá.
Más allá de la coacción, en el escenario local hay expectativas y demandas de la comunidad que se enfocan en soluciones para el abandono estatal y, principalmente, para mitigar los impactos del conflicto armado. Así, en las conversaciones aparece la priorización de temas fundamentales como la infraestructura vial rural, el acceso a servicios básicos como agua y salud, la educación, el fortalecimiento del sector campesino, la inclusión de la juventud y el medio ambiente.
Los habitantes evalúan quién es el más idóneo para impulsar el progreso y desarrollo del municipio, así como qué tan posible es que las elecciones se traduzcan en cambios reales para la vida cotidiana de quienes habitan el municipio. Consonante consultó a líderes gremiales, juveniles, campesinos y de pueblos étnicos, además de fuentes documentales, para responder las principales preguntas de los sanvicentunos.
Aunque las problemáticas del municipio son múltiples, una de las necesidades que más se repiten entre líderes sociales y habitantes es la inversión en las zonas rurales. Las comunidades señalan que el mal estado de las vías terciarias, la vía de acceso principal y la vía que conduce a Neiva, Huila, retrasan el acceso oportuno a salud y educación, especialmente en veredas alejadas, donde muchas familias deben recorrer largas distancias para acceder a servicios integrales o comercializar sus productos profundizando las desigualdades entre el campo y el casco urbano.
“Existe una urgencia vital por concluir las reparaciones en la ruta que nos conecta con el Huila. La prioridad es habilitar una salida alterna, dado que el trayecto hacia Florencia es demasiado extenso y se encuentra deteriorado; adicionalmente, no encontramos muchas veces en la capital todos los insumos necesarios, ni atención especializada en salud, siempre nos mandan para otro lado”, comenta el líder social Edgar Montenegro.
“Las comunidades rurales siguen sintiendo abandono. No se trata solo de una carretera, es poder sacar los productos, ir al médico o garantizar que los jóvenes estudien”, agrega Montenegro.
En esto coincide Jesús Arsenio Rojas, integrante del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos, quien opina que las necesidades actuales también están relacionadas con el fortalecimiento de proyectos productivos y el acceso a oportunidades para jóvenes, quienes muchas veces enfrentan escenarios de desempleo, migración o riesgos asociados a las economías ilegales y la violencia.
“Con tantas necesidades, es difícil priorizarlas”, dice. También considera que se debe apostar por la mitigación del deterioro ambiental para lo cual, afirma, “se requiere el fortalecimiento de la gobernanza ambiental comunitaria que posibilita el control de la deforestación y las acciones de restauración de los ecosistemas”.
Estas demandas también atraviesan el debate presidencial de 2026. Mientras algunos candidatos proponen fortalecer la seguridad con mayor presencia militar, otros apuestan por la modernización tecnológica, la cooperación internacional y el endurecimiento de las políticas contra grupos armados. También aparecen otras miradas, desde las que se propone que la solución debe incluir inversión social, desarrollo rural y presencia integral del Estado en territorios históricamente afectados por el conflicto.
Temas como la reforma agraria, la implementación de políticas de paz y el acceso a oportunidades para jóvenes rurales hacen parte de las discusiones que hoy atraviesan las campañas presidenciales y que, para comunidades como las de San Vicente del Caguán, no representan solo propuestas políticas, sino necesidades urgentes de la vida cotidiana.
Uno de los temas que más aparece en las voces de los liderazgos sociales, es la necesidad de consolidar condiciones reales de paz y seguridad para las comunidades. Aunque el municipio ha vivido distintos procesos relacionados con el conflicto armado, persisten preocupaciones sobre la presencia de grupos armados, amenazas a líderes sociales y falta de garantías institucionales.
Para muchos habitantes, hablar de seguridad no significa únicamente aumentar la fuerza pública, sino garantizar inversión social, acceso a derechos y oportunidades para las comunidades rurales. Líderes juveniles consideran que el abandono estatal continúa siendo uno de los factores que alimenta la violencia en el territorio.
“Los jóvenes necesitan opciones distintas a la guerra. Tener más oportunidades de empleo, necesitamos empleo, necesitamos inversión y seguridad para que los jóvenes y adultos puedan desarrollar sus proyectos, mejorar su calidad de vida y las familias puedan salir adelante sin miedo al abandono del Estado. Si no hay educación, empleo o apoyo al campo, muchas veces sienten que no existen alternativas”, comenta Johanna Torres, integrante de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado (Asomuvica).
Otro aspecto que aparece como prioridad es el fortalecimiento del sector agropecuario. Campesinos y productores consideran necesario que el próximo gobierno impulse políticas que faciliten el acceso a créditos, comercialización y asistencia técnica, teniendo en cuenta que gran parte de la economía local depende del campo.
“Acá hay mucha gente trabajadora, potencial, que le gusta lo agrario y que tiene muchísimas ganas de salir adelante, pero necesitas apoyo, inversión y oportunidades para construir un mejor futuro. Espero que quien gane las elecciones presidenciales realmente escuche a las regiones y cumpla lo que promete y trabaje por la paz, el desarrollo y también las oportunidades para todos los habitantes”, señala.
Las preocupaciones del sector rural en San Vicente del Caguán también aparecen dentro de los debates nacionales de las elecciones presidenciales. Algunos candidatos han planteado fortalecer la economía campesina mediante subsidios, créditos blandos, apoyo técnico y compra pública de productos agrícolas, argumentando que el campo debe convertirse en uno de los motores del desarrollo económico del país. Otros sectores políticos, en cambio, han insistido en impulsar la productividad agroindustrial, la inversión privada y la seguridad para incentivar el crecimiento económico en las regiones rurales.
Las expectativas frente al próximo presidente están marcadas por una mezcla de esperanza y desconfianza, por el hecho de que el territorio es visible solo en épocas de elecciones. Por eso, más que promesas, las comunidades esperan compromisos concretos y presencia institucional permanente.
Algunas lideresas mencionan que esperan un gobierno que dialogue directamente con las comunidades y reconozca las realidades rurales más allá de las cifras nacionales, o decisiones generalizadas desde las ciudades.
“Esperamos que no se acuerden de nosotros solo en campaña. Aquí hay comunidades organizadas, propuestas y ganas de salir adelante, pero hace falta voluntad política”, expresa una integrante de procesos comunitarios.
También existe una expectativa relacionada con la participación ciudadana. Jesús Rojas, integrante del Consejo de Paz y representante del comité de Caucheros, considera importante que las decisiones nacionales incluyan la mirada de las regiones y que exista mayor apoyo a procesos comunitarios, juveniles, ambientales y de mujeres.
“Creo que no es tanto esperar algo de quien gane, sino que podemos hacer nosotros desde el territorio con el propósito de construir junto con el gobierno mejores condiciones de vida en el territorio, mayor incidencia en la construcción de políticas públicas y una participación como sociedad civil en la construcción de paz”, apunta Rojas.
En el debate presidencial, varios candidatos han incorporado propuestas relacionadas con estas preocupaciones. Algunos sectores políticos plantean fortalecer la descentralización y aumentar la inversión social en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado. Otros han propuesto estrategias de seguridad acompañadas de infraestructura, empleo y fortalecimiento institucional en municipios rurales.
Aunque las propuestas son distintas, las voces coinciden en una preocupación común: que las promesas electorales no se queden únicamente en los discursos de campaña y logren traducirse en transformaciones concretas para territorios como San Vicente del Caguán.
“Espero que quien gane las elecciones presidenciales realmente escuche a las regiones y cumpla lo que promete y trabaje por la paz, el desarrollo y también las oportunidades para todos los habitantes”, dice Jhoana Torres, integrante de Asomuvica.
Para varios líderes consultados, uno de los principales problemas es que el municipio continúa siendo visto desde estigmas asociados al conflicto armado. Aunque reconocen que la violencia ha marcado la historia del territorio, consideran que esa mirada desconoce los procesos organizativos, culturales y productivos que también existen en la región.
“San Vicente del Caguán se desarrolló a base del trabajo de la gente, de la tenacidad, de gente recia y aventurera que domó este territorio. Entonces, no solamente lo podemos ver desde el punto de vista del conflicto porque sería un error. Eso llegó después. Muchas veces hablan de aquí como si solo hubiera guerra y no ven a los campesinos, a las mujeres organizadas, a los jóvenes que están haciendo cultura o defendiendo el territorio”, afirma Edgar Montero, líder social y maestro.
Además, los habitantes consideran que algunos discursos políticos desconocen las dificultades reales que enfrenta la población rural. Temas como la conectividad, la infraestructura, la informalidad laboral o el acceso limitado a servicios públicos pocas veces ocupan un lugar central en las campañas nacionales.
“He pedido que el Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Tierras nos entregue tierra que algunos ganaderos abandonaron o que fueron confiscadas, pero no hubo poder en este gobierno de que nos dieran”, dice Montero.
Existe la percepción de que los candidatos hablan de paz o seguridad desde las ciudades, sin comprender cómo se vive diariamente la incertidumbre en zonas rurales apartadas.
Las voces consultadas coinciden en que San Vicente del Caguán necesita ser visto más allá de sus problemas históricos. Las comunidades aseguran que el municipio tiene potencial agrícola, ambiental, cultural y humano, pero requiere inversión sostenida y significativa, además de decisiones construidas junto a la gente del territorio.
El mensaje principal para el próximo presidente es que escuchar a las comunidades debe ir más allá de las visitas de campaña. Líderes y lideresas consideran necesario que el Gobierno Nacional fortalezca la presencia institucional, apoye los liderazgos sociales y genere políticas que respondan a las necesidades reales de la población.
“No necesitamos que hablen por nosotros, necesitamos que nos escuchen. Que trabajemos en el propósito común de construir la paz, como condición fundamental para el logro de un desarrollo sostenido en el tiempo. Es importante que para lograr esto que nosotros como sociedad prioricemos, porque finalmente debemos ser conscientes de que los únicos responsables del desarrollo local somos la comunidad que aquí vivimos”, puntualiza Jesús Rojas.
En esto coincide Jhon Jairo Marulanda, vicepresidente de la cooperativa Forjadores de Paz (Fodepaz), quien percibe que los debates presidenciales actuales, en gran parte giran alrededor de la seguridad, la presencia de grupos armados y las estrategias militares para recuperar el control territorial. Aunque varios candidatos han incluido propuestas de inversión social y desarrollo regional, considera que muchas veces el territorio sigue siendo mencionado principalmente desde los problemas de violencia y no desde su potencial social, productivo y cultural.
“Yo espero un gobierno comprometido con las necesidades del campesino, un gobierno abierto al diálogo, con una mirada de construir la paz con justicia social, que dé respuesta con más inversión al campo y garantice que nuestros productos tengan un precio justo en el mercado”, comenta Marulanda, vicepresidente de Fodepaz.
En medio de las elecciones presidenciales de 2026, las voces recogidas muestran que las comunidades siguen esperando respuestas concretas frente a problemáticas históricas que aún afectan la vida cotidiana en San Vicente del Caguán. Y aunque se han incluido temas como el acceso a internet, las vías terciarias, el fortalecimiento cultural o las oportunidades laborales para jóvenes rurales en algunos programas de gobierno como parte de las propuestas de cierre de brechas regionales, los habitantes consideran que aún existe una distancia entre los discursos nacionales y la realidad al momento de ejecutarse.
En San Juan del Cesar, pocos recuerdan exactamente quién sembró el primer neem, pero casi todos coinciden en algo: hace unos 30 años este árbol apareció silenciosamente en patios, avenidas, corrales y calles del municipio. Algunos habitantes aseguran que llegó desde Venezuela. Otros dicen que fue introducido mediante programas de arborización urbana. También hay quienes recuerdan que fue promovido por ganaderos debido a sus propiedades repelentes contra moscas y garrapatas.
Luis Alberto Guerra López, ingeniero forestal, dice que su origen fue muy diverso y no es muy claro, pero sí conoce una de las formas en las que llegó al municipio. No apareció de la nada, sino que recorrió miles de kilómetros desde Asia hasta llegar a La Guajira. Lo hizo a través del exembajador de Colombia en Panamá, Alfonso Araújo Cotes. Un día de 1995, el embajador de Birmania en Panamá le hizo un regalo a Araújo: eran unas semillas del árbol; luego las trajo al país y se sembraron en varios lugares, así, poco a poco, terminó regado por toda La Guajira.
En San Juan lo bautizaron como Nem, Nim o como saliera más fácil en la conversación, aunque el nombre científico es Azadirachta indica. Varios habitantes recuerdan que comenzaron a verlo de manera más frecuente entre 2006 y 2007, presente en todas las calles y espacios del municipio.
Las alcaldías, programas de siembra y varias entidades lo vendieron como la solución perfecta para pelearle al calor y poner bonito el pueblo. “Siémbrelo, que eso pega donde sea”, decía la gente. Y no mentían: donde no agarraba un mango, agarraba el neem.
Lo cierto es que el neem encontró en La Guajira el territorio perfecto para reproducirse; condiciones adversas para otras especies fueron justo lo que este árbol necesitaba: altas temperaturas, poca lluvia y suelos secos.
Al ser un árbol de rápido crecimiento, que soporta condiciones extremas y se desarrolla muy bien en suelos pobres, se sembró inicialmente en municipios como Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha y San Juan del Cesar para mejorar el entorno ambiental y generar sombra, una tarea que con especies nativas era muy difícil lograr.
El sol de la tarde cae con crudeza sobre las calles de San Juan del Cesar. Son las 3:30 p.m. y en un andén del centro el calor se espanta con café caliente y una buena conversación, como lo hacen los sanjuaneros. Ariel Mora, quien ha visto a su pueblo crecer, sostiene el pocillo con una mano mientras con la otra señala a los árboles que están en la avenida: — Ese palo vino pa’ eso… no come ni el ganado al animalejo ese, porque eso es amargo —. Sus compadres asienten, mientras se quejan de la presencia del árbol.
Para Mora, el neem fue una imposición. Considera que fue de lo peor que le trajeron a esta tierra. Reflexiona que, antes de introducirlo en el pueblo, debieron investigar cómo era esa especie y las consecuencias que podía generar. Desde el andén Mora muestra cómo las raíces levantan el cemento. Para él, el neem es un intruso en el paisaje.
Mientras espera que el café se enfríe, mira las ramas del “animalejo” y resalta la manera acelerada de su crecimiento:
“crece rápido, ocupa su lugar y desplaza lo que antes estaba, incluso las especies nativas que daban frutos dulces”, dice.
Este árbol apareció como una promesa de alivio, para bajar la temperatura y hacer sombra en calles y zonas verdes de La Guajira. Hace aproximadamente veinte años, diferentes entidades iniciaron una siembra organizada; las responsables fueron las alcaldías, con el respaldo de Corpoguajira. Lo introdujeron en sus programas de arborización: el neem crecía a una velocidad asombrosa, era capaz de resistir las sequías más feroces y tenía la virtud de reverdecer allí donde otros árboles apenas lograban sobrevivir. Se plantó con el afán de embellecer el entorno, pero nadie advirtió que terminaría por colonizar cada esquina, transformando la identidad visual de los pueblos guajiros.
Muchos habitantes también comenzaron a utilizarlo como remedio casero. Algunos aseguran que sus hojas sirven para eliminar piojos o como repelente natural para los animales. Los ganaderos de la región explican que el árbol fue un aliado clave para combatir moscas y garrapatas mediante preparados artesanales hechos con hojas trituradas, además de utilizar el remedio como un cicatrizante para curar las heridas del ganado.
Sin embargo, se convirtió en un dolor de cabeza. Con el paso de los años, el árbol se multiplicó sin control. Las semillas se dispersan rápidamente y el árbol puede alcanzar gran tamaño en apenas tres o cuatro años. En zonas rurales, potreros y terrenos abandonados comenzaron a aparecer grandes concentraciones de neem, desplazando vegetación tradicional como el guayacán, el trupillo, el caracolí, el cotoprís o el totumo.
Además, en la zona urbana, habitantes de San Juan del Cesar denuncian daños constantes en calles, andenes y tuberías causados por sus raíces. Erradicarlo completamente puede ser costoso debido a la dureza de la madera y a la extensión de sus raíces, que vuelven a brotar rápidamente incluso después de ser podadas.
Como menciona el ingeniero Luis Alberto Guerra, “ningún árbol es malo, pero hay algunos que tienen unas particularidades”, como ocurre con el neem, que no pertenece a este ecosistema y, por lo tanto, genera impactos sobre las especies nativas.
“Lo más bravo vino después: lo cortaban y volvía a salir. Lo podaban y regresaba más frondoso, como si cogiera fuerza de la rabia. En sequía, en abandono, en tierra mala… ahí seguía parado, fresco y campante”, dice con contundencia Ariel Mora.
Por eso el árbol tiene al pueblo dividido. Unos lo ven como una plaga, porque observan los daños que está generando; otros ni se percatan de su presencia, simplemente toman provecho de la sombra que ofrece en momentos de calor, que no son pocos en esta zona del país.
Mientras unos lo sembraban buscando sombra para el ganado o fresco para los patios, otros se dieron cuenta de que no necesitaba que lo sembraran; él mismo lo hacía. El árbol tira semillas por montones, nace solo y al poco tiempo aparecen muchos más.
El subdirector de Corpoguajira, el ingeniero forestal Manuel Manjarrés, explica que el neem posee una capacidad de colonización sumamente agresiva. Su ritmo de crecimiento es acelerado y no presenta dificultades para desplazar a las especies que se encuentran en su entorno. En condiciones óptimas, este árbol logra un desarrollo estructural en pocos años, superando con creces el tiempo que requieren las especies nativas para establecer sus raíces.
Luis Alberto Guerra López, también ingeniero forestal, advierte que el mayor problema no es que crezca, sino que se adueña. Germina donde cae la semilla, invade potreros, altera ecosistemas y les hace competencia desleal a las especies nativas. Según los expertos, si no se controla, puede seguir avanzando hacia otros departamentos.
Desde las entidades ya hablan de manejo, control y de frenar nuevas siembras. De hecho, la autoridad ambiental del departamento encendió las alarmas sobre la expansión de esta especie a través de una alerta ambiental.
Corpoguajira advirtió que el neem genera fuertes impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas de La Guajira debido a su comportamiento invasor y a las características alelopáticas de la especie. Esto significa que en las zonas donde el árbol se reproduce y prospera, genera condiciones químicas en el suelo que impiden el crecimiento de otras plantas, provocando que solo predomine el neem.
La Corporación señaló que esta especie “amenaza la biodiversidad local al competir con las especies nativas” y alertó de que sus raíces extensas y agresivas afectan de forma severa calles, aceras, tuberías subterráneas y otras infraestructuras urbanas. Además, indicó que “la invasión del neem en áreas naturales de La Guajira está provocando la pérdida de biodiversidad, ya que su rápido crecimiento y expansión limitan el espacio y los recursos disponibles para las plantas nativas”.
“En Corpoguajira trabajamos para controlar la expansión del neem y propendemos por la conservación de nuestras especies forestales amenazadas”, aseguró Samuel Lanao Robles, director de la entidad. Según explicó, la estrategia institucional incluye campañas de educación ambiental, control mecánico y restauración de áreas afectadas para reducir el impacto de esta especie invasora, implementando medidas rigurosas para frenar nuevas siembras en el territorio.
Walter Mendoza, técnico agropecuario, locutor y curioso de la naturaleza, lo dice sin rodeos mientras mira el monte: “Sí, sombra da, pero no todo lo que hace sombra sirve pa’ resolver”. El néem refresca y en pleno mediodía cualquiera se le arrima sin pensarlo dos veces. Pero cuando se le mira con lupa, la cosa cambia: el ganado ni lo mira, no da fruto y alrededor suyo no habita la misma vida de antes. No es como el trupillo lleno de pájaros, ni como el caracolí botando comida, ni la ceiba cargada de historia.
Los habitantes han construido mitos alrededor del árbol: que no es bueno amanecer debajo de ese palo porque es tóxico, o que la sombra tan cerrada que genera no cae bien. No hay pruebas de esto, pero como dice Walter Mendoza con la experiencia que le ha dado la vida en el campo, “sombra sola no basta. El monte bueno es el que refresca, alimenta y deja vida alrededor”.
Cada tanto, Yessenia Machoa entra en el monte junto a su madre y jóvenes de su comunidad para recolectar semillas, fibras de chambira y cortezas de yanchama. Entre los árboles de la selva y el sonido constante de aves e insectos, eligen con cuidado el material. No es un trabajo sencillo, deben caminar varios kilómetros y luchar con la humedad que aquí, en el municipio de Puerto Nariño, a orillas del río Amazonas, se pega en la piel y hace que cada paso sea más lento, más extenuante.
Entre estas piezas que se toman de la selva y las pasarelas de moda, están en el medio las manos de Machoa. Ella une, cose, hila y da sentido a cada material, para transformarlo en prendas que se convierten en una muestra de la identidad cultural de su pueblo.
Yessenia Machoa convirtió el conocimiento heredado de sus abuelas en una propuesta de moda con identidad propia. Indígena del pueblo Magüta, perteneciente al clan Huito, esta diseñadora amazónica ha logrado que sus trajes, elaborados con fibras naturales y pigmentos extraídos de la selva, circulen en reinados nacionales, eventos internacionales y espacios emergentes de moda.
Su historia comenzó en 2008, cuando una fundación en Puerto Nariño le abrió un espacio para dirigir un grupo de danza. Allí empezó a confeccionar vestuarios para niños y jóvenes usando tintes naturales como achiote, azafrán y huito. Más tarde llegaron los encargos para reinados y ferias artesanales. “Fue el primer traje que me abrió puertas", recuerda. “Yo acudía mucho a mi abuelita: ¿cómo se hace esto?, ¿cómo puedo tejer esto?”.
Desde entonces, el taller y colectivo “Restauradoras” se convirtió en un espacio de trabajo comunitario donde participan mujeres, jóvenes y familiares. Su madre la acompaña en la extracción de fibras. Las abuelas enseñan técnicas que han usado sus ancestros; otras mujeres ayudan en los procesos manuales. Cada prenda es resultado de una cadena colectiva tejida por los conocimientos ancestrales, el territorio y la economía comunitaria.
Aunque en este oficio participan también hombres, la realidad es que el rol protagónico lo tienen las mujeres. Según el Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal (Sieaa) de Artesanías de Colombia, de las personas que han caracterizado, el 71,9 % son mujeres y 45,4 % aprendió su oficio por transmisión familiar.
Machoa habla y recuerda su proceso, mientras sus manos continúan trabajando la fibra de chambira con paciencia aprendida en el monte. En su relato regresa constantemente a la figura de las mujeres mayores; las nombra como maestras, proveedoras y soporte emocional. “Mi mamá es como la inspiración. Ella sabe muchas historias, muchos procesos”, dice.
El oficio de diseñar nace desde la pasión y se sostiene en el día a día, con un reconocimiento débil frente al esfuerzo inmenso que hace cada mujer para finalizar una prenda. Sostener una propuesta de moda indígena desde la Amazonía implica enfrentar barreras económicas, exclusión estructural y una industria que históricamente ha utilizado la estética indígena desde la exotización, sin reconocer a quienes la crean.
En una industria dominada por materiales sintéticos y producción acelerada, sus prendas funcionan también como una defensa silenciosa de otros tiempos y otras formas de hacer moda. Las semillas recolectadas en el kilómetro 9 de la vía Leticia - Tarapacá, la yanchama obtenida de cortezas producida en la comunidad de San Juan de los Parentes y las fibras vegetales transformadas artesanalmente, conectan sus vestidos con el territorio del que provienen. Sin embargo, para muchas personas este proceso no es visible y el reconocimiento sigue siendo desigual.
Aunque eventos como Colombiamoda han aumentado la presencia de artesanas y diseñadores indígenas, el acceso continúa siendo limitado. En 2025, más de 120 artesanas y artesanos participaron en el Mercado de Moda Circular de Colombiamoda gracias al programa “Fibras Naturales Indígenas”, impulsado por el Ministerio de Comercio.
Este es un avance, pero las brechas históricas son más evidentes. Artesanías de Colombia ha caracterizado a más de 33.000 artesanos en el país, de los cuales gran parte vive en condiciones de vulnerabilidad y aprendió el oficio por transmisión familiar. Para diseñadoras amazónicas como Yessenia Machoa, el problema no es únicamente la visibilidad sino el costo de existir dentro de la industria.
“No es tan fácil”, afirma cuando habla de participar en ferias nacionales. “Todo es factor dinero. Un stand puede costar tres millones, y a veces no contamos con ese medio económico”. La distancia geográfica también pesa. Trasladar materiales desde comunidades amazónicas implica gastos permanentes. Conseguir chambira, semillas o cortezas requiere tiempo, transporte y trabajo físico. A eso se suma la ausencia de apoyo institucional estable para procesos comunitarios de largo plazo.
Otros datos permiten dimensionar el problema económico. En la caracterización sectorial de Artesanías de Colombia, 50,7 % de los artesanos encuestados señaló que la artesanía es la principal fuente de ingreso del hogar; 65 % indicó que elabora las piezas principalmente a mano y las materias primas de origen vegetal aparecen como las más usadas en la elaboración de piezas artesanales. Es decir, la producción que suele presentarse en ferias como producto terminado concentra muchas horas de trabajo no siempre reconocidas en el precio final.
En ese contexto, muchas creadoras indígenas terminan vendiendo sus piezas a intermediarios que luego comercializan los diseños en escenarios de mayor prestigio y a precios más altos. “Me ha pasado”, dice Machoa. “Uno elabora y otra persona se muestra con nuestros productos o los compra a un precio menos y gana el doble”.
Mientras las estéticas indígenas son constantemente utilizadas como tendencia, las creadoras indígenas siguen teniendo dificultades para acceder a espacios de representación, financiamiento y protección intelectual. En pasarelas nacionales abundan referencias a tejidos ancestrales, símbolos amazónicos o materiales artesanales. Pero pocas veces quienes producen esos conocimientos ocupan el centro de la conversación.
Machoa lo sabe. También sabe que el miedo al rechazo sigue presente. “Sí, he sentido miedo de que no sea valorado", admite. Recuerda especialmente un desfile donde compartió espacio con otros diseñadores y sintió temor de que sus vestidos no estuvieran a la altura. Después llegaron los mensajes, los elogios y las felicitaciones. Pero la inseguridad permanece como parte de una industria profundamente desigual. Aun así, persiste.
Actualmente trabaja en una colección de diez vestidos para una pasarela en junio. Sueña con llegar a escenarios como Colombiamoda y vivir plenamente de su oficio. “Quiero demostrarme a mí misma que sí se puede llegar a esos espacios”, dice. Pero su aspiración no se limita al reconocimiento individual. Habla constantemente de otras mujeres, de jóvenes que no se atreven a mostrar su trabajo y de familias enteras que dependen económicamente de estos oficios.
La Casa Social de la Mujer de Tadó Margareth Cristal fue concebida como un espacio para la formación, el emprendimiento y el fortalecimiento de las mujeres del municipio. Su construcción fue anunciada como una de las apuestas sociales de la administración del exalcalde Cristian Copete y, desde su inauguración en 2021, se presentó como un lugar destinado a abrir oportunidades laborales en un territorio con limitadas fuentes de empleo formal.
Sin embargo, tres años después de su entrega, un grupo de mujeres del municipio sostiene que la casa no funciona como el espacio abierto, participativo y comunitario que esperaban. La principal inconformidad está relacionada con el acceso al lugar, la falta de dotación básica, la ausencia de una participación efectiva de las organizaciones de mujeres y la percepción de que la administración municipal actúa más como propietaria del espacio que como aliada de los procesos femeninos.
“Nosotras somos las dueñas de la Casa de la Mujer”, afirma María Perea, tesorera de uno de los grupos vinculados al proceso. Para ella y para otras mujeres de Tadó, este lugar significa años de expectativas, capacitaciones y trabajo colectivo. Por eso cuestionan que para reunirse o desarrollar actividades deban solicitar permisos ante la Alcaldía, incluso cuando consideran que la casa fue construida precisamente para ellas.
El antecedente más visible del proyecto se remonta al 30 de diciembre de 2019, cuando Cristian Copete, durante su posesión como alcalde de Tadó, anunció la construcción de una casa para la mujer tadoseña. La propuesta fue presentada como un espacio para ofrecer capacitaciones, impulsar proyectos productivos y generar alternativas económicas para las mujeres del municipio.
Meses después, el 8 de marzo de 2020, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la administración informó que ya se contaba con el terreno para la obra. La entonces primera dama, Sandra Perea, lideró parte del proceso e invitó a mujeres del municipio a participar en la definición de los proyectos que se desarrollarían en la futura casa.
De acuerdo con los testimonios recogidos, las mujeres se reunieron en la Alcaldía Municipal de Tadó y fueron convocadas a procesos de formación con la organización Asodamas. Los módulos incluyeron temas como moda circular, economía solidaria y seguridad alimentaria. Con esas capacitaciones se buscaba preparar a las participantes para poner en marcha iniciativas productivas, especialmente en las áreas de belleza y gastronomía.
Para muchas de ellas, la casa representaba mucho más que una infraestructura. Era la posibilidad de contar con un lugar propio para trabajar, emprender y llevar sustento a sus hogares. En un municipio con escasas oportunidades laborales, el proyecto despertó la expectativa de generar ingresos a partir de oficios aprendidos durante las formaciones.
Cuando el proyecto fue entregado, recibió el nombre de Casa Social de la Mujer de Tadó Margareth Cristal, en homenaje a la hija fallecida de la ex primera dama. Aunque el gesto tuvo una carga personal y simbólica para la administración de ese momento, algunas mujeres recuerdan que la decisión generó inconformidad dentro del proceso, pues esperaban que el nombre y el sentido del lugar fueran definidos de manera más colectiva.
A esa molestia se sumaron otras tensiones. Varias participantes aseguran que no todas las mujeres que hicieron parte de las capacitaciones fueron incluidas en la inauguración ni en la puesta en marcha del proyecto. También afirman que, desde el comienzo, hubo confusión sobre quién podía usar la casa, bajo qué condiciones y cuál sería el papel real de las organizaciones de mujeres.
“Este es un proyecto muy importante para las mujeres porque realmente se necesitaba en el municipio. Aunque cabe resaltar que la Casa de la Mujer no fue construida como debería ser, gracias a Dios ya la tenemos. Pero es importante que la gente sepa que en la casa no se les dio participación a las chicas que fueron preparadas por Asodamas. La casa la ha cogido la administración municipal por cuenta de ellos y las mujeres que desde hace años venimos en pie de lucha tenemos que solicitar permiso para reunirnos en un lugar que está allí por nosotras”, sostiene María Perea.
Para Perea, la administración debería cumplir un rol de acompañamiento institucional, no de control sobre el espacio. “La administración es una aliada de la casa; las mujeres tadoseñas son las dueñas de esa edificación”, agrega.
Actualmente, la Casa de la Mujer cuenta con iniciativas asociadas a gastronomía y belleza. Sin embargo, las organizaciones inconformes consideran que el espacio quedó reducido a unos servicios específicos y no a un verdadero centro de encuentro, orientación, formación y participación para todas las mujeres del municipio.
Las mujeres de la Asociación por el Bienestar de la Mujer Tadoseña (Asbent), aseguran que desde 2020 han insistido en que la casa sea un espacio abierto. Según sus relatos, el grupo llegó a estar conformado por cerca de 16 mujeres activas, aunque en los momentos iniciales la participación fue mayor.
Diana Marcela Mosquera, monitora del grupo de asociadas, recuerda que las reuniones se realizaban en distintos horarios en el auditorio municipal María Garcés de Tadó. Según ella, con el paso del tiempo varias mujeres se retiraron por las dificultades del proceso y por la forma en que se sintieron tratadas.
“Éramos un grupo grande de mujeres, pero al ver el maltrato verbal y una atención muy deficiente, muchas desertaron. Ni siquiera nos daban para una bolsa de agua. Al final quedó un grupo reducido de mujeres que siempre ha estado en pie de lucha, a pesar del maltrato que recibían”, afirma Mosquera.
La inconformidad se profundizó con el cambio de administración municipal. Las mujeres esperaban que el nuevo gobierno local facilitara el acceso al espacio y respaldara sus procesos organizativos. No obstante, aseguran que se encontraron con un requisito que consideran contradictorio: pedir autorización por escrito para usar la casa.
Uno de los reclamos más frecuentes tiene que ver con las condiciones materiales del lugar. Las mujeres sostienen que la casa fue entregada con dotación para los proyectos de belleza y gastronomía, pero hoy no cuenta con elementos básicos suficientes para desarrollar reuniones o actividades comunitarias.
Según los testimonios, cuando la Ruta Pacífica de las Mujeres —organización que acompaña procesos de mujeres en el Chocó— realiza actividades mensuales en Tadó, las participantes deben conseguir sillas prestadas, hacer el aseo del lugar y garantizar que los implementos utilizados queden nuevamente organizados.
La Ruta Pacífica ha acompañado al grupo con talleres, fortalecimiento de saberes ancestrales, asesoría jurídica y atención psicológica. Para las mujeres, este apoyo ha sido clave en su proceso de empoderamiento, pero también ha dejado en evidencia las limitaciones de la casa como espacio público para la garantía de derechos.
El malestar comunitario, según ellas, se resume en una pregunta: ¿cómo una construcción destinada a las mujeres, que fue entregada con dotación, hoy no cuenta siquiera con sillas suficientes para realizar una reunión?
La administración municipal reconoce que existe inconformidad, pero sostiene que la regulación del acceso responde a una necesidad de organización. Brenda Yulieth Mosquera Sánchez, gerente general de la Alcaldía Municipal de Tadó, explica que la casa es solicitada por varias organizaciones y que sin un cronograma podrían presentarse cruces entre actividades.
“Sé del descontento de las mujeres, pero la regulación de los permisos se debe a la condición en que se encuentra la casa y a que recibimos muchas solicitudes. Como administración hacemos un cronograma de permisos y acceso porque tenemos varias organizaciones que trabajan con mujeres. Si no organizamos desde acá, puede pasar que se les dé el permiso a las mismas personas o que se crucen actividades. Hace poco ocurrió que una actividad estaba terminando y otra debía empezar. Por eso se le pidió al enlace que llevara una programación”, explicó Mosquera.
La funcionaria también afirma que la actual administración recibió la casa en condiciones deterioradas. Según su versión, la Alcaldía gestionó ante la Fundación Luterana algunos arreglos y una nueva dotación para mejorar el funcionamiento del lugar.
“Las mujeres no se sienten representadas, pero hay que ser claros: la casa la recibimos en ruinas. Hoy, gracias a la gestión ante la Fundación Luterana, se hicieron arreglos a la construcción y también se consiguió una dotación. El objetivo es que la Casa de la Mujer sea un espacio de confianza, atención y garantía de derechos, en articulación con la Casa de Justicia”, señaló.
Mosquera agregó que la administración adelanta un mapeo de los grupos y organizaciones de mujeres existentes en Tadó, con el propósito de conformar una junta con representación de diferentes sectores. También indicó que ya existe un borrador de la política pública de mujer, que será socializado próximamente.
Desde la perspectiva de la Alcaldía, el ideal es que la casa no se entienda únicamente como un espacio de emprendimientos o servicios comerciales, sino como un lugar donde cualquier mujer pueda recibir orientación psicosocial, acompañamiento jurídico o atención en caso de vulneración de derechos.
El punto de fondo no parece limitarse al trámite de permisos, lo que está en disputa es el sentido mismo de la Casa de la Mujer: si debe funcionar como una dependencia administrada por la Alcaldía, como un centro de servicios productivos o como un espacio comunitario apropiado por las mujeres del municipio.
Para las integrantes de Asbent, la casa debe ser un escenario de participación real, donde las mujeres puedan reunirse, recibir formación, fortalecer sus emprendimientos y acceder a servicios institucionales sin sentirse excluidas. Para la administración, en cambio, el reto es organizar el uso del espacio, garantizar que varias organizaciones puedan acceder y ampliar su función hacia la atención integral de derechos.
Ambas posiciones coinciden en un punto: Tadó necesita una Casa de la Mujer activa, dotada y funcional. La diferencia está en quién decide sobre ella, cómo se administra y qué lugar ocupan las organizaciones de mujeres en esas decisiones.
Esta discusión ocurre en un contexto laboral especialmente difícil para el Chocó. Según el Dane, en 2025 el departamento registró una tasa de desocupación de 12,8 por ciento, la más alta entre los departamentos medidos. La brecha de género agrava el panorama. En 2025, el Chocó registró la mayor diferencia en desempleo entre hombres y mujeres: la tasa de desocupación masculina fue de 9,0 por ciento, mientras que la femenina alcanzó el 20,4 por ciento.
Estos datos ayudan a dimensionar por qué la Casa de la Mujer no es solo una discusión administrativa. Para las organizaciones del municipio, el acceso a ese espacio está relacionado con la posibilidad de capacitarse, emprender, generar ingresos y construir redes de apoyo en un territorio donde las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder al trabajo.
Las organizaciones de mujeres de Tadó esperan que la Alcaldía avance hacia un modelo de administración más participativo. Piden que se les permita acceder a la casa sin trámites restrictivos, que se respete el carácter comunitario del espacio y que la dotación permanezca en el lugar para el uso de las actividades dirigidas a mujeres.
También solicitan que la administración gestione proyectos productivos que permitan fortalecer emprendimientos en gastronomía, belleza y otras áreas de formación. Para ellas, la casa debe recuperar el propósito con el que fue anunciada: ser un espacio para que las mujeres se formen, trabajen, reciban acompañamiento y mejoren su calidad de vida.
Mientras se define una política pública y se conforman posibles mecanismos de participación, la Casa Social de la Mujer de Tadó continúa siendo un lugar cargado de expectativas, con la esperanza de que se convierta en un lugar de encuentro para las mujeres tadoseñas.
Los habitantes de Cañaverales han estado en vilo durante varios años por no saber cuál será el destino de su territorio. Desde que la minera Best Coal Company (BCC) proyectó una mina de carbón a cielo abierto, cada trámite administrativo se percibe con una mezcla de angustia e ilusión. No es para menos, detrás de la burocracia se juega la supervivencia del agua, la agricultura, los árboles, los animales. Lo que está en disputa es la vida misma de quienes habitan la región, hoy amenazada por la sombra del extractivismo.
A finales de diciembre del año pasado, después de una espera de varios meses, Corpoguajira tomó la decisión de negar la licencia ambiental al proyecto minero, el cual pretendía explotar carbón en esta zona del sur de La Guajira, ubicada entre los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca. Esta decisión fue tomada luego de un análisis técnico integral realizado al proyecto, el cual le permitió a la Corporación concluir que el estudio de impacto ambiental presentado por Best Coal Company tenía fallas metodológicas graves.
En el proceso de resolver la solicitud de licencia ambiental, Corpoguajira tuvo en cuenta también la voz de la comunidad, que a través de una audiencia pública ambiental expresó las razones por las que rechazaba el proyecto. En este espacio denunciaron los impactos que tendría en las fuentes hídricas, en el suelo, en el ecosistema de bosque seco tropical y, además, en la pérdida de la agricultura, principal fuente alimentaria y de trabajo de los habitantes de la zona.
Aunque la primera decisión de la autoridad ambiental fue contundente, el proceso no terminó ahí. Como en todo proceso administrativo, la compañía podía interponer un recurso de reposición, mediante el cual solicitaba una evaluación de esa decisión; y así lo hizo Best Coal Company. La autoridad ambiental recibió y evaluó la solicitud, y el pasado viernes 24 de abril, a través de la resolución No. 0842 del 21 de abril, hizo pública la decisión de negar por segunda vez la licencia ambiental.
Según Samuel Lanao, director de Corpoguajira, la decisión se tomó luego de un nuevo análisis técnico y jurídico del que concluyeron que los argumentos expuestos por la empresa no lograron desvirtuar las razones que motivaron la primera decisión. “La entidad determinó que el proyecto presenta incompatibilidades estructurales de carácter ambiental, territorial y normativo que hacen inviable su ejecución, especialmente en lo relacionado con la protección de los recursos hídricos y la zonificación ambiental del área de influencia”, expresó Lanao.
El análisis técnico realizado por la Corporación permitió identificar riesgos sobre fuentes hídricas superficiales y subterráneas, además de choques con determinantes ambientales como el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Ranchería (POMCA) y con normas vigentes enfocadas en proteger el agua para el consumo humano. En esa misma línea, se encontró que el proyecto supondría intervenciones irreversibles en el territorio, entre ellas la alteración de cauces y de zonas de recarga hídrica.
La reciente decisión tomada por Corpoguajira no solo marca un punto dentro del proceso administrativo, sino que tiene un significado profundo para la comunidad de Cañaverales y de las zonas aledañas, quienes durante más de 10 años se han visto obligados a resistir en defensa del territorio que habitan. Para ellos cada decisión que frene la llegada de la explotación del carbón representa alegría, esperanza, pero, sobre todo, esa fuerza que les motiva a no rendirse. “A nosotros como organización, la verdad, nos fortalece muchísimo saber que estábamos en lo cierto, saber que no luchábamos aguas arriba, sino que íbamos en la dirección correcta”, expresa Óscar Gamez, representante legal del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales.
En ese contexto, la postura de la autoridad ambiental no solo ratifica una decisión administrativa, sino que delimita, al menos por ahora, el rumbo del proyecto. “De esta manera, queda ya definido por parte de la Corporación que se niegan esas pretensiones de obtener una licencia ambiental para explotar carbón en un ecosistema estratégico para el departamento de La Guajira”, afirmó Lanao.
Más allá de lo que se ha ratificado en el papel, en Cañaverales la noticia se siente como un respiro, una pausa ganada en medio de una disputa que, para Gamez, aún no termina.
“No es la batalla final porque ellos todavía tienen un título minero que les da algún tipo de propiedad o de derecho sobre algunos asuntos de nuestro territorio, pero eso no les da la posibilidad de crear una mina”, dice.
Lo cierto es que mientras el título minero que tiene BCC siga vigente, la amenaza no desaparecerá del todo. Y eso lo saben en Cañaverales. Por ahora, la comunidad celebra haber ganado tiempo, haber defendido con su conocimiento el agua y su tierra una vez más. Pero también entienden que la lucha sigue en curso, y que el futuro del territorio aún se disputa decisión tras decisión.
En la selva se aprende a no dejar rastro. Arnaldo Parente es joven, pero en los brazos carga una memoria más antigua que su propia comunidad, San Pedro de los Lagos. Camina y la selva le habla. La huele como su perro, ese animal pequeño que lo sigue en trayectos largos y callados, y entiende lo que otros no ven: la humedad reciente, el paso tibio de algo que ya no está, la huella leve que la lluvia no alcanzó a borrar. Avanza entre árboles gigantes que quedan atrás mientras se interna en la selva espesa.
Distingue los cantos de las aves y en cada uno escucha una señal: aviso, presencia, advertencia. Es aprendiz y heredero de todo lo que su padre le enseñó. Antes, su abuelo. Y en esa cadena —hecha de pasos, de olores, de silencios— la selva sigue hablando en voz baja, para quien sabe escucharla.
Arnaldo creció viendo trampas cavadas con paciencia: huecos cubiertos de hojas, cercos improvisados que volvían el tránsito de los animales una espera. Aprendió a vigilar, con tiempo y silencio, una plataforma hecha de estacas amarradas con bejucos, suspendida a cinco o seis metros de altura, desde donde se observa sin prisa a los animales comer.
Hoy el tiempo lo empuja a otra escena. La escopeta cuelga de su hombro como una extensión del cuerpo: ajena y necesaria. Es café y negra, con un tubo de hierro que relumbra cuando el sol la toca, gastada, marcada por las ramas y las espinas. Las manadas de cerrillos y las guacamayas la presienten de lejos. El sonido viaja, alcanza a las madres de la selva, y arrastra una memoria: la de la muerte y el despojo, la de los hombres y mujeres que desaparecieron en los años del caucho, la de las pieles arrancadas a este territorio. Una historia que no termina de irse, que todavía deja una punzada, como si algo latiera, herido, en el corazón de la gran ceiba.
Arnaldo camina más lejos no solo porque haya menos animales, sino porque el territorio también se está transformando. Nuevas trochas, abiertas para proyectos, conexiones, caminos, fragmentan la selva y facilitan el acceso a zonas antes más protegidas. Y estos cambios se ven en las trochas de los proyectos de carretera de la vía Km 18 – Nazaret o la vía km 14 – Comunidad indígena de Ronda que quedó estancada por falta de financiación y permisos ambientales; pero que dejó una herida abierta en la selva, con árboles milenarios tumbados, sin importar la historia que estos llevan en sus troncos.
En operativos recientes, las autoridades han decomisado de manera recurrente carne de monte en el puerto y en plazas informales: caimán, tortuga, borugo, danta, armadillo y monos. No siempre son grandes cargamentos, pero sí constantes. La evidencia de un mercado que se mantiene activo, aunque oculto.
Los fines de semana, el Parque Orellana cambia de ritmo. Bajo carpas improvisadas, entre la bulla constante de motos, carros y voces que se cruzan, se instala un mercado de productos amazónicos que, a primera vista, parece pintoresco: frutas, fariñas, pescados y jugos naturales. Pero en los bordes donde la mirada no se detiene tanto, circula otra oferta. En platos discretos y ollas humeantes aparecen caldos y carnes que no se nombran en voz alta. La carne de monte se ofrece a quien sabe preguntar. Entre locales y transeúntes, el intercambio ocurre en palabras breves, casi susurradas. Y lo que no termina en el plato, a veces toma otro rumbo: animales vivos que pasan de mano en mano hasta convertirse en mascotas en casas de la ciudad, en las comunidades indígenas o en atractivos silenciosos en espacios visitados por turistas.
En el Ecozoo, lugar rodeado por el río Amazonas y una selva inundable nativa, los animales llegan después de haber sido cazados, domesticados o decomisados. “La gente tiene que entender la diferencia entre tráfico de fauna y cacería de subsistencia”, afirma Daniel Pardo, zootecnista encargado del manejo y cuidado del centro de recuperación de especies. Sabe que en muchas comunidades indígenas cazar sigue siendo una forma de sobrevivir, un acto regulado por usos y costumbres donde el monte aún provee proteína.
Pero también ve cómo esa lógica se rompe cuando el animal deja de ser alimento y se convierte en mercancía o mascota. En los recintos del ecozoo, esa transformación se vuelve visible: monos que crecieron en patios, aves que olvidaron el vuelo, reptiles que sobrevivieron al miedo humano. “Tenemos animales que no pudieron regresar y los usamos para educación ambiental”, dice. Niños llegan, escuchan, preguntan. Afuera, sin embargo, la selva sigue entrando a la ciudad por rutas que no se ven. Llega envuelta en bolsas blancas: el viaje clausurado de una serpiente, de un mono, de una tortuga, de ranas de colores imposibles que, una vez capturadas, no volverán a conocer la luz que antes se filtraba entre las ramas. Allí adentro todo es quietud. Afuera, el ruido sigue como si nada.
“El monitoreo es complicado por recursos”. Seguir a un animal en la selva implica collares, chips, tecnología que puede costar miles de dólares y que no siempre está disponible. Por eso, muchas liberaciones ocurren sin certeza de lo que vendrá después. Algunas especies logran adaptarse; otras desaparecen otra vez en el mismo circuito que las sacó. Mientras tanto, indicadores más silenciosos alertan sobre lo que está pasando: “En los últimos dos años no ha habido huevos de tortuga charapa”.
Entre la cacería que alimenta, el tráfico que comercializa y los esfuerzos por recuperar lo perdido, la selva queda atrapada en un proceso incompleto, donde cada liberación también revela lo difícil que es sostener el trabajo que hacen personas como Daniel. En la frontera donde Leticia se toca con Tabatinga y Santa Rosa, la munición circula como un secreto a voces. Arnaldo lo cuenta sin bajar la mirada: “los cartuchos los conseguimos en Leticia, Brasil o en Perú. Hay zonas clandestinas”. No hay vitrinas ni permisos: hay indicaciones que pasan de boca en boca “en tal lugar están vendiendo… y uno va”. Son casas, conocidos, puntos informales donde el calibre 16 cambia de manos sin registro, por 12.000 pesos o “15 reales”, según el lado de la frontera donde se compre. A veces se llevan la caja —más de veinte cartuchos—; otras, uno solo: lo necesario para entrar al monte.
Ese circuito pequeño, casi doméstico, forma parte de otro más grande, que rara vez se nombra en voz alta. El tráfico de fauna silvestre es un negocio lucrativo y transnacional que, como advierte InSight Crime, no ha logrado captar la misma atención de las autoridades colombianas, más concentradas en la lucha contra el narcotráfico.
“Los jueces prefieren meter a alguien en la cárcel por narcotráfico o minería ilegal que por llevar un loro en su bolso”, dice Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha.
La Amazonía —donde habita una porción significativa de las cerca de 50.000 especies animales registradas en Colombia— es, al mismo tiempo, refugio y punto de extracción. Aunque muchas están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, eso no ha impedido que esta región se convierta en un centro de captura ilícita para abastecer mercados nacionales e internacionales. Tortugas hicoteas y morrocoy, iguanas, loros, micos y ranas venenosas: especies que aún respiran en la selva, pero que también circulan —vivas o muertas— en esas bolsas blancas que cruzan la ciudad sin hacer ruido.
Más allá, donde la Amazonía empieza a mezclarse con los Llanos Orientales, otras rutas se abren. La tortuga matamata —antigua, casi inmóvil— sale del Vichada y viaja hacia la triple frontera. Llega a Leticia, cruza hacia Perú, se disuelve en mercados donde es más fácil venderla. Nadie la ve salir, nadie la ve llegar. Lo mismo ocurre con los peces ornamentales: cuerpos diseñados para el asombro que terminan en acuarios lejanos. El pez cebra, la raya del Xingú, cruzan desde Brasil en circuitos donde conviven redes criminales y empresas de fachada. Se mueven como se mueve todo aquí: sin ruido, sin preguntas, sin dejar rastro.
La Wildlife Conservation Society investigó que entre 2010 y 2018, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las autoridades confiscaron más de 281.000 especímenes de fauna silvestre. Más de 144.000 eran tortugas. Animales lentos, silenciosos, fáciles de cargar. También, en años recientes, casi 13.000 ranas de distintas especies: cuerpos mínimos que caben en una bolsa, en un bolsillo, en una mano.
En Colombia, ese rastro aparece fragmentado en noticias: 867 eventos de incautación entre 2020 y 2023. La mitad, aves. Luego reptiles, mamíferos, peces, anfibios. Una jerarquía involuntaria que también habla de lo que más se ve —y de lo que más se mueve—. En todos los casos hay algo que se repite: el tránsito. Lanchas, carreteras, vuelos, equipajes. El tráfico no ocurre solo en el monte; ocurre, sobre todo, en el trayecto.
Como lo describe InSight Crime, el tráfico de vida silvestre en la Amazonía colombiana se desarrolla en tres fases principales: todo empieza con la extracción. Alguien que conoce la selva camina, cuida un cultivo, revisa un camino, y se encuentra con un animal que sabe que tiene precio. No siempre hay encargo: a veces basta la oportunidad.
Después viene la transformación. Si el animal muere, se aprovecha en partes: piel, colmillos, garras. Lo demás se deja. Si vive, se reduce: se amarra, se encierra, se silencia. Jaguares, primates, aves: cuerpos distintos atravesados por la misma lógica.
Y luego, el desplazamiento. Sacarlo de la selva, hacerlo pasar. Como la madera ilegal, los animales también se “blanquean”: papeles que cambian su origen, permisos que no dicen la verdad. Así entran a circuitos legales sin serlo del todo. Así cruzan fronteras sin dejar rastro.
Al caer la tarde, el monte y el Ecozoo parecen respirar distinto, pero cuentan la misma historia. Arnaldo regresa por la trocha con la escopeta al hombro, el barro pegado a los pies y las manos vacías; en el Ecozoo, un mono observa desde una rama baja, incapaz de volver del todo a la selva que alguna vez habitó. En el Parque Orellana, las ollas se enfrían y la carne de monte deja de circular, al menos por unas horas. Todo parece detenerse, pero es apenas una pausa.
Las paredes ennegrecidas de la cocina del restaurante La Gran Petra Gámez, guardan la historia labrada por el humo de la leña durante décadas. En su cocina tradicional se han preparado durante años platos como conejo, cauquero, choriza, asadura y arepa de raspa, característicos de la cocina de San Juan del Cesar.
En el inicio estas recetas las preparaba para su familia, hasta que un día una señora le sugirió vender sus platos. Petra aceptó el reto y así dio inicio a un negocio que marcaría generaciones. Durante 43 años cocinó y vendió comida, convirtiendo su sazón en referencia para muchos clientes que llegaban cada día en busca de sus almuerzos y recetas tradicionales.
Uno de los primeros en reconocer su talento fue un cliente llamado Álvaro Mendoza, quien le dijo: “Petra, tu comida está sabrosa”. Desde entonces, su pequeño fogón se transformó en restaurante y punto de encuentro para vecinos, viajeros y artistas. Su fama trascendió las fronteras del municipio y hasta su restaurante llegaron personajes como Poncho Zuleta, Juan Piña, integrantes de Los Corraleros de Majagual y Carlos Vives, atraídos por los platos que convirtieron su nombre en símbolo de tradición.
María Petronila Gámez cultivó su conocimiento de cómo se prepara un buen plato de comida: sobre las brasas ardientes, con mucha paciencia y a fuego lento. En San Juan del Cesar la gente la conoce como la señora Petra, una cocinera tradicional que durante más de cuatro décadas calmó los antojos de miles de personas que buscan en sus preparaciones el pedacito de algún recuerdo o, simplemente, una comida tradicional deliciosa para calmar el hambre.
En los platos de Gámez existe y persiste la memoria de su pueblo. Ella se dedicó a preparar platos típicos y a preservar recetas que hoy casi no se ven en las mesas de su comunidad. Su talento, como ella misma dice, empezó desde la infancia cuando hacía comida para jugar con sus amigas del barrio; a medida que creció, también creció el gusto por la cocina. “A mí nadie me enseñó a cocinar”, recuerda. Todo lo aprendió sola, probando sabores, mezclando ingredientes y dejando que la sazón hablara por ella.
En este proceso, la cocina de su casa fue su gran escuela. Desde joven cocinaba para su familia, en este espacio tuvo la posibilidad de crear y aprender usando los conocimientos y truquitos de mujeres mayores que marcaron sus platos y la manera en la que los preparaba. Cuando Gámez cocinaba, no lo hacía sola, la memoria de sus antepasados habitaba en cada ingrediente, mezcla, condimento; los tiempos de cocción, las medidas de cada cosa eran las memorias de otras mujeres, intervenidas al mismo tiempo por sus propios aprendizajes.
Este elemento es fundamental en la cocina tradicional, particularmente en el departamento de La Guajira, donde los hogares son los primeros espacios de conocimiento y transmisión de saberes. Así lo reconoce el antropólogo guajiro Weildler Guerra Curvelo, quien afirma que “la familia es el espacio insustituible; es donde el saber culinario se transmite por imitación y afecto, no por instrucción formal. Una receta tradicional enseña biología, historia, geografía y filosofía al mismo tiempo”, agrega.
El sentido de cada plato que se prepara está en la relación humana, dice Guerra que “no es un ensamblaje azaroso de ingredientes y sabores”, es resultado del encuentro con otros e, incluso, con otras sociedades. “La cocina posee una especie de agencia para moldear a las personas y las relaciones sociales. Eso es cultura en el sentido más preciso y profundo del término”, agrega el antropólogo.
Esos sabores de la comida de Petra Gámez, tan característicos de la cocina del Caribe colombiano, son producto de un proceso histórico. El antropólogo Weildler Guerra lo resume como “una colisión violenta entre mundos distintos”, porque son la suma de procesos sociales diversos que tuvieron el territorio como escenario y lo marcaron. Guerra explica que lo que hoy se cocina es producto de muchas sumas: los pueblos indígenas que aportaron cultivos como el maíz, la yuca y el ají; los europeos colonizadores que introdujeron el cerdo, el aceite y las especias del Mediterráneo; los africanos esclavizados que aportaron técnicas de cocción, sabores, formas de aprovechar partes del animal que los esclavistas descartaban:
“y en esa cocina de la necesidad y la resistencia está parte del alma del Caribe”, señala.
Cada elemento de los platos que se preparan en La Guajira tiene una historia particular. Sus usos hablan sobre la forma como se ha tejido la cultura en el territorio y los momentos por los que sus habitantes han atravesado. “Un solo ingrediente puede iluminar siglos de colonialismo, esclavitud y transformación del gusto global”, dice el antropólogo Guerra, reconociendo la existencia de una “gramática alimentaria” que marca cada sociedad. “Esa gramática no se aprende en libros: se incorpora desde la infancia en el cuerpo. Las cocinas pueden poseer gramáticas, taxonomías y liturgias”, dice.
Así como la preparación de los platos construye historia, dejar de hacerlos también tiene implicaciones en la cultura: “cuando una práctica culinaria desaparece, lo que se pierde no es solo una receta, es una manera de estar en el mundo”, dice Weildler Guerra. Esta es justo una de las preocupaciones de cocineras como Petra Gámez, quien en su restaurante preparó recetas típicas con las que alimentó a los sanjuaneros, platos que hoy casi no se ven en las mesas de las familias del municipio.
Al llegar al corregimiento El Tablazo, desde lejos se percibe el olor a banano asado y dulce. Allí, Gladis González mantiene encendida la tradición que aprendió viendo cocinar a su madre, leyendo libros de cocina y escuchando a los mayores compartir secretos entre fogones.
En su cocina revive recetas que durante años hicieron parte de la vida cotidiana de muchas familias y que hoy corren el riesgo de desaparecer.
“Para mí estas recetas son un orgullo. No quisiera que se dejaran perder, porque cuando una receta deja de hacerse, se pierden las costumbres, el sabor y la tradición”, asegura.
Por eso, en su fogón de leña, entre el maíz trillado, el guineo manzano y el coco, se empeña en mantener vivos sabores como el bollo de maduro, la chilonga, el pícaro, la chiricana y el pandero: preparaciones que resguardan la esencia de la cocina campesina y la memoria de otras generaciones. Durante más de cuarenta años las ha cocinado sin alterar la receta, fiel a lo aprendido, sin sustituir ingredientes, para que lo esencial, ese sabor que viene de la tierra y de la historia, permanezca intacto.
La oralidad ha sido la fuerza que alimenta la cocina de González, a través de ella los conocimientos han pasado de generación en generación; sin embargo, al mismo tiempo, es su mayor vulnerabilidad. Así lo explica el antropólogo Guerra: “Las cocinas tradicionales no viven en libros: viven en manos y en voces. Una cocinera experta no mide en cucharadas: mide en colores, en olores, en texturas que solo el cuerpo entrenado reconoce”. El riesgo de esa sabiduría, a pesar de su fuerza, es que se desvanece lentamente si no se repite y se imita al lado del fuego.
Cuando esto pasa y se dejan de preparar los platos tradicionales, una comunidad no solo pierde una receta, “pierde memoria encarnada”. Pierde las conversaciones que ocurrían alrededor del fogón. Pierde los nombres de los ingredientes en su propia lengua — y con los nombres, las categorías que esos nombres sostenían —. Pero pierde también algo más sutil: la capacidad de distinguir”, dice Guerra.
Gladis González teme que platos como el pícaro y la chilonga desaparezcan por completo. Por eso, su deseo es que estas comidas no pasen a la historia y sigan vivas, aunque sea en pocas manos. Esta experimentada cocinera lamenta que cada vez menos personas quieran aprender estas preparaciones. “Ahora la juventud quiere recetas internacionales y se olvida de lo nuestro”, dice. Recuerda que antes los platos se transmitían entre vecinos: “uno pedía la receta y el otro la explicaba paso por paso, sin egoísmo”, dice.
El desinterés por las cocinas tradicionales no es un fenómeno exclusivo de San Juan del Cesar; es una tendencia extendida en múltiples culturas contemporáneas. Según el antropólogo Guerra, responde a procesos como la urbanización y la influencia de mercados globales, pero, sobre todo, a un factor simbólico: “existe entre nosotros un sentimiento de vergüenza hacia las preparaciones locales”. En algunas telenovelas —explica—, cuando se quiere asociar a un personaje con la rusticidad, se le muestra consumiendo platos tradicionales, profundamente arraigados en sectores rurales y también urbanos.
“De esa forma se estigmatiza a un amplio sector de la población y se menosprecian unos conocimientos. La desvalorización simbólica es tan letal como la pobreza material”, afirma.
Por eso, en las manos de las personas mayores se sostiene la memoria de San Juan de Cesar, a través de la preparación de comidas tradicionales. “Esos platos ya casi no se preparan como antes porque ya no quedan muchas personas que sepan hacerlos de verdad”, afirma Petra Gámez. Para ella, el secreto no está solo en la receta, sino en la sazón y en la experiencia acumulada con los años frente al fogón. “Muchos lo intentan, pero no queda igual”, asegura.
Gámez tiene 95 años y hace algún tiempo dejó de cocinar. Sin embargo, su hija, Silia Gámez, heredó el gusto por la cocina y ha ido aprendiendo las preparaciones familiares para sostener ese legado. Para ella, este relevo es fundamental: permitirá que, en el futuro, otras personas conozcan los platos que marcaron su vida y la de muchos sanjuaneros, y que cuentan la historia de un pueblo tejido desde el mestizaje. Para el antropólogo Guerra, esa transmisión es clave para la supervivencia de la tradición: “cuando la portadora de ese conocimiento muere sin que nadie haya aprendido a su lado, el plato muere con ella”, advierte.
Así como Gámez y González, decenas de cocineras mantienen viva la memoria de San Juan del Cesar y del Caribe en los fogones de sus hogares. Porque cada plato es un relato, una vivencia. Como señala Guerra: “La historia oficial registra batallas, constituciones, nombres de próceres; la cocina registra la vida cotidiana, las alianzas entre pueblos, las migraciones, las adaptaciones al hambre y a la abundancia”.
En medio de los retos actuales existe una esperanza en la adaptación, en dejar que los platos se transformen con el tiempo pero, señala Guerra: “Esto requiere de una ciudadanía que valore sus propias cocinas, converse acerca de ellas y se interese por ese conjunto de conocimientos, artefactos, ingredientes y principios estéticos más allá de una simple motivación utilitaria”. Pero, agrega, para que las recetas tengan sentido deben estar conectadas siempre con los lugares, la historia y los seres que las hicieron posible.
En San Juan del Cesar la Semana Santa huele a dulce: a papaya con piña, a coco con leche, a plátano maduro y a esas mezclas que despiertan los recuerdos. Para las dulceras expertas, estos días no son solo de recogimiento espiritual, sino de creación. Es el momento de encender el fogón y volver a las recetas heredadas, esas que pasan de madres a hijas y de abuelas a nietas, sostenidas en el tiempo por la paciencia y el cuidado.
En otros tiempos, cada casa preparaba su propio dulce para compartir con vecinos y amistades. El de frijol con leche —a veces enriquecido con plátano maduro— era uno de los más tradicionales. En las zonas rurales, desde temprano se atizaba el fogón y se montaba el caldero, mientras las mujeres cocinaban entre risas, convencidas de que aquel trabajo era, ante todo, un acto de cariño y de comunidad.
Hoy, aunque la costumbre ha cambiado y muchas familias prefieren comprar en lugar de preparar, la Semana Santa sigue siendo el momento en el que los dulces se convierten en símbolo de unión y también en sustento económico para quienes se dedican a este oficio.
En este municipio del sur de La Guajira cada dulce es más que un sabor: es un relato vivo. Entre fogones rurales y cocinas urbanas, entre manos de madres y abuelas, se conserva la memoria de un pueblo que transforma ingredientes sencillos en símbolos de unión. Aunque las costumbres cambian y las nuevas generaciones tienen menos interés, el dulce sigue siendo un puente entre pasado y presente.
Esta temporada, con su silencio y recogimiento, se convierte en el escenario perfecto para recordar que en cada cucharada de papaya, coco o plátano maduro late la historia de quienes con amor y perseverancia han mantenido encendida la llama de esta herencia. Un patrimonio que no solo endulza la mesa, sino también la identidad de un pueblo.
Mareli Francisca Oñate es una dulcera del corregimiento de Guayacanal. Tiene 66 años y toda su vida se ha tejido entre calderos y memorias. Aprendió el arte de los dulces de su madre y lo perfeccionó con la enseñanza de su tía y en cursos comunitarios, convirtiéndose en una de las guardianas de los sabores que son patrimonio: papaya, plátano maduro, leche con coco, guayaba, batata, piña con coco, mamón y grosella. Cada preparación es un homenaje a quienes le transmitieron el oficio y una ofrenda a su comunidad.
Con perseverancia y creatividad, Oñate convirtió su pasión en una microempresa reconocida en el municipio. Sus hijos y nietos son su fuerza: ellos le ayudan y hacen propaganda de “los dulces de la abuela”. Su producción semanal, entre 15 y 30 unidades, se adapta a las posibilidades de cada consumidor: panelitas pequeñas para quienes buscan algo sencillo, y envases soperos que los viajeros llevan como recuerdo de esta tierra.
Pero su oficio también enfrenta retos. Insumos como los contenedores, la leche y el coco son cada vez más costosos. Esto la obliga a subir los precios y a dar justificaciones a los clientes. Ella da las explicaciones con serenidad, convencida de que la calidad y el amor que pone en cada preparación justifican cada peso invertido.
La Semana Santa es para ella un tiempo sagrado. Entre oración y recogimiento, prepara dulces especiales de frijol y guandul para regalar a los vecinos, manteniendo viva la costumbre de compartir. “El dulce, da plata… el dulce, da plata”, repite con entusiasmo, animando a las mujeres de su comunidad a ver en este oficio una oportunidad de sustento y de identidad.
A pesar de los dolores de la artritis, que la aquejan todos los días, y de los altos costos de los insumos, Mareli Oñate se levanta cada madrugada para encender el fogón de leña. No es amante del dulce, pero lo prueba con delicadeza para asegurarse de que cada preparación tenga el sabor perfecto. Su motivación más profunda es cuidar y educar a su nieto, hijo de su hija fallecida, y en ese amor encuentra la energía para seguir trabajando.
Esta mujer, como otras dulceras, es la memoria de un oficio que se practica todo el año, pero que tiene un protagonismo especial en estas fechas.
“Yo sigo con la tradición de mi abuela Juana Zenobia Vega: “Nana”. Aprendí a hacer estos deliciosos dulces porque ella viene con esa tradición de su familia, su mamá también los realizaba y yo me quedé con eso”, dice Arisleida Rocío Salinas Vega.
Habla con orgullo de su abuela Nana, la mujer que le heredó la pasión por la preparación de los dulces: “Sus dulces eran exquisitos, llenaban de regocijo a todos”, recuerda. La imagen de Nana revolviendo el caldero con leña es imborrable.
Cuando Arisleida Salinas comenzó en el oficio, sus dulces no quedaban igual que los que recordaba. Fue al usar las medidas exactas de su abuela —el peso justo del azúcar, la proporción precisa— que logró alcanzar la perfección. “Ahí entendí que la dulzura también se mide en disciplina”, dice con emoción.
Hoy, cada lote de dulces es una inversión calculada con precisión. Tres litros de leche a 2.500 pesos cada uno, veinticinco libras de azúcar por 55.000, la leña de Brasil por 20.000 y la ayuda para revolver el caldero por 30.000. Un gasto necesario para que la producción tenga calidad.
A veces debe viajar a los corregimientos de Corralejas, El Molino o Zambrano para conseguir leche, pagando pasajes de 15.000 o 20.000 pesos según el mototaxista. El reto más grande es la papaya: se vende por peso, pero al quitar semillas y piel, la cantidad útil disminuye. “Pago por lo que no puedo usar, pero igual lo hago porque el sabor lo merece”, dice.
Detrás de esta práctica hay esfuerzo, viajes, gastos, pero sobre todo pasión. Salinas ha conquistado a su clientela con constancia y amor. El conocimiento que heredó de Nana es un oficio, pero también es identidad. “Me gustaría que esta costumbre nunca se pierda porque llama la atención del turista y nos enriquece como municipio”, afirma.
Según el Balance Económico del sector empresarial de La Guajira de la Cámara de Comercio, Riohacha concentra el 39,2 por ciento de la actividad empresarial del departamento, Fonseca alcanza un 6,5 por ciento y San Juan del Cesar apenas figura con un 3,9 por ciento. En esas cifras se diluyen los emprendimientos independientes de las dulceras, que han construido sus iniciativas con esfuerzo propio, aunque demandan apoyo institucional para que la tradición se mantenga.
No solo quienes preparan sostienen esta costumbre, también quienes la disfrutan. Aunque vive en Valledupar con su familia, Luz Karine Serpa Bolaño siempre regresa a San Juan del César, a casa de sus padres. En esas visitas aprovecha para comprar los dulces tradicionales que tanto la enamoran, y en Semana Santa encuentra la oportunidad de escoger entre la variedad de sabores para disfrutar y compartir.
Cada bocado activa sus recuerdos: “Ese dulce me recuerda a mi adolescencia”, dice con nostalgia cuando prueba algún bocado, evocando aquellas vacaciones en Guayacanal, cuando visitaba a su abuela Sixta y a sus tías Nelfa y Eveli. Allí siempre la esperaban los potajes de papaya, plátano maduro, ciruela y mamón. Y recuerda, con ternura, cómo su madrina Amelia le envolvía un pedazo de dulce para que lo disfrutara a la orilla del río.
Sus tías y su abuela le enseñaron el valor de esta costumbre: “Para mí el dulce representa dentro de esta celebración alegría, es una ofrenda. Porque a donde uno va le dan su platico de dulce o le regalan para que uno lleve a sus casas”. Y concluye: “Me encanta y me declaro dulcera”.
En su voz se reconoce la certeza de que los dulces son parte de la identidad sanjuanera, de su gastronomía y de su cultura. Sus favoritos: el de leche, el de maduro y el de ñame. Incluso fuera de la temporada, busca quién vende para llevarse un potaje, y ahora que su cuñado se ha convertido en dulcero, también lo apoya con entusiasmo. Pero reconoce que en Semana Santa tienen un sabor especial.
“Es importante mantener viva esta tradición porque este es un producto natural hecho en casa, que da energía, a los jóvenes les digo que no dejen que se acabe”, dice con firmeza.
Sin embargo, observa con preocupación que hoy son pocas las familias que conservan la costumbre de preparar y compartir: “Más que todo se ve en los pueblos y caseríos, sobre todo en nuestros abuelos. Qué bueno que la nueva generación la pueda rescatar”, dice.
Ha llegado Semana Santa y es evidente que la práctica se va diluyendo con el tiempo. Cada vez son menos las familias que se reúnen alrededor del fogón, pero personas como Mareli Oñate o Arisleida Salinas persisten en el oficio como una manera de honrar la tradición de sus antepasados.
Inírida empezó el año nuevo a oscuras. Desde el 28 de diciembre, la luz se fue sin avisar y dejó a su paso una cadena de pequeñas pérdidas cotidianas: la comida que se dañaba en las neveras, los negocios que no podían sostener sus productos, la señal que se caía de repente. La rutina —esa que suele pasar desapercibida— empezó a desarmarse, y con ella, la sensación de normalidad en un pueblo acostumbrado a resistir, pero no a quedarse en silencio.
La oscuridad no fue cosa de una noche. Enero llegó con racionamientos largos, con la luz dosificada en franjas que aparecían, casi siempre, en la noche o la madrugada. Y en marzo, cuando parecía que lo peor había pasado, volvieron los cortes: esta vez sectorizados, justificados en fallas técnicas. Lo que ocurrió entre el cierre de 2025 y el comienzo de 2026 no fue un episodio aislado.
El servicio de energía de Guainía se caracteriza por ser inestable y altamente vulnerable. El departamento hace parte de las Zonas no Interconectadas (ZNI), territorios no vinculados al Sistema Interconectado Nacional y que, por esa razón, dependen de soluciones locales de generación.
Esto ocurre, principalmente, por su ubicación geográfica remota en la Amazonía colombiana. La falta de vías terrestres y la alta dispersión poblacional hacen que llevar redes eléctricas convencionales sea económicamente inviable, según manifiesta el ingeniero Leonardo Martínez Fernández, gerente de la empresa de energía eléctrica Emelce.
En Guainía, el servicio de energía es comercializado y distribuido por la empresa Emelce, y desde el 2004 la generación del servicio está a cargo de Gensa (Gestión Energética). La columna vertebral del sistema sigue siendo una central térmica que funciona con diésel. El problema no es solo técnico, es geográfico: el combustible sale del departamento de Cundinamarca, llega por carretera hasta San José del Guaviare y luego continúa por vía fluvial hasta Inírida.
Cuando el río baja, los botes no pueden moverse, el diésel no llega y todo el sistema queda expuesto.
Esa dependencia explica buena parte de la crisis de diciembre e inicios del 2026. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el bajo caudal del río dificultó el transporte del combustible necesario para operar la planta generadora, lo que puso en riesgo la continuidad del servicio. La crisis obligó, incluso, a activar medidas extraordinarias para evitar un colapso mayor.
En ese momento, la Gobernación, la Alcaldía y la empresa Emelce solicitaron activar un plan de contingencia costoso, que consistió en el traslado aéreo de combustible con apoyo del Ministerio de Defensa para evitar un apagón total. En ese momento la Fuerza Aeroespacial Colombiana transportó más de 6.200 galones de combustible que ayudaron a mitigar la emergencia.
Según Leonardo Martínez, gerente de Emelce, la empresa Gensa debería establecer contacto con la empresa Terpel de Inírida, abastecedora de combustible del departamento, para que en caso de contingencia esta realice el suministro de diésel, con el fin de que no se vuelvan a presentar hechos como los ocurridos este año. Para la generación de energía, mensualmente el consumo de diésel es de 210.000 galones; sin embargo, por el río solo ingresan al municipio 125.000 galones, lo que implica que es necesario contar con reservas permanentes de combustible para evitar la ocurrencia de apagones.
Pero la historia no termina en tener suficiente combustible. Según Juan Jacobo Ramírez, ingeniero de la empresa Gensa, durante lo corrido de 2026 persisten cortes de energía asociados a fallas en los circuitos y en las unidades de generación, sometidas a operación continua las 24 horas del día. La empresa atribuye los racionamientos de finales de febrero y comienzos de marzo a intervenciones sobre la unidad 5, a una falla en un interruptor de baja tensión y, posteriormente, a problemas en el interruptor número 3.
En sus boletines públicos de marzo, Gensa reconoció suspensiones sectorizadas por fallas técnicas en la unidad 3. Es decir: superada la urgencia del abastecimiento, reapareció otro cuello de botella, el del desgaste de la infraestructura. Este es otro de los retos de generar energía eléctrica en Guainía; con condiciones extremas como la humedad y el calor intenso, se producen daños en las redes y equipos, lo que obliga a hacer mantenimientos correctivos de manera frecuente.
La vulnerabilidad del departamento se vuelve más evidente cuando se mira el contexto nacional. El Ministerio de Minas y Energía informó en febrero de 2026 que Colombia alcanzó una cobertura eléctrica nacional de 93,12%, con 75,92% en la ruralidad. Sin embargo, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) sigue ubicando a Guainía entre los departamentos con menores niveles de cobertura total, dentro de la franja del 50 por ciento al 70 por ciento, junto con Vichada y Vaupés. A esa brecha de acceso se suma una brecha de calidad y permanencia: el Índice de Pobreza Energética Multidimensional ubica a Guainía entre los departamentos con mayor incidencia del país, con 41,57 por ciento. En este territorio el problema no es únicamente tener o no tener conexión, sino qué tan estable, suficiente y asequible resulta esa energía.
Frente a esa realidad, la transición energética aparece como una necesidad material. Inírida ya cuenta con una granja solar que trabaja de manera conjunta con la central diésel. Desde el 2020 en el municipio opera Sol de Inírida, un proyecto de Gensa que cuenta con 7.560 paneles solares y que aporta aproximadamente un 22 por ciento a la generación de energía. Aunque la energía solar aparece como una alternativa para solucionar la dependencia de los combustibles, todavía no alcanza para sustituirla como soporte principal del sistema.
Por su parte, llevar energía a las zonas rurales ha sido un reto mucho mayor. En las comunidades indígenas no hay conexión con la central de diésel de Inírida, lo que ha implicado pensar en otras alternativas, las cuales solo se han concretado en los últimos años.
En 2021, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) reportó que 624 familias indígenas de Guainía pasaron a contar con servicio de energía 24 horas a través de sistemas híbridos que reducen en 50% el uso de diésel. Y en 2024, esta misma entidad, junto con el Ministerio de Minas y Energía, entregó en Barrancominas una central híbrida solar-diésel para 405 familias; e inauguró en las comunidades de Chatare, Carpintero y Venado tres comunidades energéticas para 540 familias con energía continua.
En la actualidad, el 58 por ciento de la zona rural cuenta con sistemas híbridos que constan de paneles solares con plantas diésel de soporte. No obstante, la transición ha sido un proceso de adaptación. Según Martínez, en comunidades indígenas como Remanso y Venado se pasó de contar con tres horas diarias de electricidad producida con diésel a 16 horas con energía solar, lo que incrementó la demanda sobre los equipos generadores y sobre los mismos electrodomésticos. Esto se debe al incremento del turismo en estas zonas que están en la base de los cerros Mavicure.
Afirma Martínez que esta situación ha provocado que la infraestructura que se construyó inicialmente sea superada por la demanda. Dice, además, que el objetivo es garantizar que estos lugares cuenten con 24 horas diarias de energía, pero esto requiere un proyecto de ampliación que tiene un costo aproximado de dos mil millones de pesos.
La energía solar es considerada como la opción más viable porque, como afirma el gerente Martínez, por la baja densidad poblacional y la dispersión de la misma, llevar redes eléctricas convencionales no es una opción.
Por eso se plantea utilizar el potencial energético que tiene el departamento. El proyecto con el que ahora se genera energía eléctrica en las comunidades indígenas tiene una vida útil de 25 años y las baterías con las que funcionan los sistemas tienen una vida útil de 10 años. Esto plantea la necesidad de anticiparse presupuestalmente para atender las necesidades de mantenimiento y actualización de los equipos.
A mediano plazo, la apuesta en el departamento sigue siendo la energía solar. Así lo manifiesta el ingeniero de Gensa Juan Jacobo Ramírez, quien dice que existe un proyecto de ampliación de la granja solar de Inírida que, de llevarse a cabo, abastecería con energía solar a más del 80 por ciento del municipio. Ramírez afirma que se trata de una expansión cercana a los 9,8 megavatios, con baterías y unos 16.000 paneles nuevos que operarían en conjunto con la planta existente, de modo que el diésel quede como respaldo y no como base. Si ese proyecto se concreta y entra realmente en operación en 2027, podría modificar de forma sustancial la matriz energética local.
Sin embargo, la transición debe ir más allá de los paneles. El ingeniero Ramírez reconoce que algunas de las unidades de Gensa superan los 20 años de operación y que una de ellas se encuentra fuera de servicio por mantenimiento mayor. Para fortalecer el sistema, la empresa ha incorporado una unidad en alquiler desde hace un año y medio y se encuentra en proceso de instalar dos nuevas unidades adicionales, cuyo traslado se realizará vía aérea debido a la urgencia. La entrada de estos nuevos equipos podría implicar interrupciones temporales del servicio durante su conexión.
Aunque esta es una necesidad para dejar en pleno funcionamiento el sistema, los usuarios manifiestan inconformidades porque los apagones siguen ocurriendo. Más allá de tener o no el servicio, en Inírida se ha informado de daños en electrodomésticos y afectación a los comerciantes que venden productos que requieren refrigeración continua.
El alcalde de Inírida, Alexander Sánchez, se pronunció sobre las constantes fallas y remitió a la Superintendencia de Servicios Públicos una queja formal por las reiteradas interrupciones del servicio eléctrico. A su vez, exigió respeto por los ciudadanos, señalando que la empresa no puede jugar con la prestación de un servicio vital como es la energía.
Frente a este panorama, el gerente de la empresa Emelce manifiesta que el horizonte energético de este departamento como Zona no Interconectada del país se debe proyectar desde las energías limpias, además de trabajar proyectos de fuentes sostenibles para llegar a las comunidades que están creciendo y que hoy se alimentan con una fuente como el diésel.
La crisis eléctrica de Guainía, en suma, no se explica por una sola causa. Hay una cadena completa de vulnerabilidades: aislamiento geográfico, dependencia del río, alto uso de diésel, equipos envejecidos, baja capacidad de respaldo y una transición energética que avanza, pero todavía no alcanza a cubrir la demanda ni a blindar el sistema. Lo ocurrido entre diciembre y marzo dejó una certeza incómoda: en Inírida el sistema es frágil. El temor de la población es que esta situación siga ocurriendo, recordando de manera constante la desconexión que tiene esta población con el resto del país.
