Un dron cruza el cielo de Fonseca una y otra vez. Va aplicando agroquímicos sobre los cultivos de arroz, mientras desde el suelo sólo dos personas lo monitorean. Hace algunos años una decena de campesinos eran los que realizaban esta labor.
La aplicación de la tecnología en la agricultura ha generado grandes cambios en el campo, no sólo en las formas y ritmos de producción, sino también en la vida de los campesinos y dueños de cultivos, que están frente a transformaciones del modelo tradicional de trabajar el campo.
Desde la implementación de estas prácticas, gran parte de las labores de una jornada pueden completarse en menos tiempo y con un número reducido de trabajadores. El uso de maquinaria automatizada —como drones, cosechadoras y tractores— ha disminuido la necesidad de mano de obra, lo que a su vez reduce la cantidad de jornaleros requeridos para tareas de supervisión, mantenimiento y recolección de la cosecha.
En el 2022, el Dane advirtió que sólo el 15 por ciento del campo colombiano utilizaba tecnología de última generación y que esto afectaba la competitividad, frente a otros países que implementan este tipo de sistemas. Esto abre la discusión sobre la necesidad de incorporar tecnología para aumentar los rendimientos y reducir los costos de producción; sin embargo, también plantea el reto de la pérdida de empleos para una población cuya subsistencia depende directamente del trabajo en la tierra.
La tecnificación del campo comenzó de manera silenciosa con la introducción de semillas transgénicas, organismos genéticamente modificados que requieren menos cuidados al ser más resistentes a plagas, malezas y otros factores que afectan los cultivos. Paralelamente, se fue extendiendo el uso de maquinaria agrícola cada vez más sofisticada. No obstante, estos procesos han avanzado lentamente y no se han desarrollado de la misma manera en todas las regiones del país.
Los costos de la maquinaria y elementos tecnológicos ha provocado que las posibilidades sean aprovechadas especialmente por agricultores con buen capital. Mientras tanto, los jornaleros se enfrentan a la precariedad laboral o pérdida de empleo.
En el municipio de Fonseca, Abrahán Ovalle, ingeniero mecánico y agricultor, ha implementado tecnologías de precisión en la siembra y la ganadería desde hace más de una década. Ha trabajado con arroz, algodón, maíz, auyama, melón y batata, y actualmente exporta harina de auyama a Países Bajos. Afirma que la incorporación de sembradoras de precisión, microniveladoras y drones le ha permitido optimizar el riego, reducir el consumo de agua y agroquímicos, y ha mejorado la seguridad al aplicar químicos sin exponer a los trabajadores.
“Definitivamente, la tecnología incide tanto en la producción como en el cuidado de la salud. Los drones son más seguros y precisos: permiten cubrir entre 30 y 40 hectáreas en un solo día, reducen los riesgos y evitan que las personas se expongan a la inhalación de agroquímicos. Además, garantizan dosis exactas, costos estables y una menor contaminación”, explica Ovalle.
Aunque la tecnología ha generado cambios significativos en las plantaciones de este agricultor, considera que en el territorio hace falta más acompañamiento por parte del Estado porque existe poca maquinaria tecnificada. “Son equipos muy costosos a nivel nacional y los pequeños agricultores no tendrían acceso si no hay unos equipos subsidiados. De las 2500 hectáreas productivas en la zona, yo no creo que estemos sembrando 500 de manera tecnificada”, afirma.
Guillermo Rodríguez Zúñiga es un agricultor de 39 años, desde hace ocho años cultiva arroz. Hasta hace poco comenzó a hacer uso de la tecnología, no tiene equipos propios por su alto costo, pero ha visto la necesidad de buscar alternativas para mejorar la producción, por eso ha optado por arrendar drones para momentos específicos del proceso agrícola.
“Aunque yo no tengo dron, tengo que arrendarlo, y aún así es rentable, acá en Fonseca sólo hay dos y uno en distracción, que son quienes prestan este servicio. En el momento que lo necesitemos vamos a utilizar el servicio porque hay que avanzar, no nos podemos quedar relegados”, afirma.
Rodríguez asegura que con este método ha logrado reducir costos. Utiliza el dron principalmente para la aplicación de agroquímicos, debido a su efectividad en el control de plagas. El arrendamiento por hectárea cuesta 60.000 pesos, y en su caso, con 11 hectáreas de arroz, la diferencia es significativa: para realizar la misma labor con mano de obra tendría que contratar a seis personas durante toda una jornada, mientras que el dron completa el trabajo en apenas un par de horas. “La tecnología bien aplicada te da la oportunidad de ser competitivo, y es así como se logran ver resultados y avances gracias a la disminución de costos”, afirma.
La reducción de los costos de producción es significativa pero, de la misma manera, representa una pérdida en los ingresos de las personas que antes realizaban ese trabajo. En el caso del cultivo de arroz de Guillermos Rodríguez, los jornaleros ganaban entre 70 mil y 80 mil pesos por hectárea fumigada, y aunque esto se dividía entre las personas que participaban en la labor, ahora es un dinero con el que no cuentan por la competencia de la tecnología.
En esa situación se encuentra José Ipuana, campesino del resguardo indígena Mayabangloma. “A mí me preocupa porque cada vez hay menos trabajo, la situación está difícil; a veces no hay nada que hacer y, cuando sale, lo hacen con esos aparatos. Entonces esa plata ya no llega, porque para el patrón es más barato usarlos. Uno es wayuu, pero entiende que para él es mejor”, dice Ipuana con tono de preocupación.
Para Ipuana, una dificultad adicional es que en el territorio se siembra especialmente arroz y justamente es en estos cultivos en los que se usa más tecnología. Aunque hay otros cultivos en los que todavía se requiere mano de obra, son productos que no se cosechan en el territorio. Frente a las dificultades, ha considerado la posibilidad de aprender a trabajar con la tecnología, aunque reconoce que para estas operaciones contratan sólo a una o dos personas, lo que de igual manera reduce las posibilidades laborales.
Esta situación se presenta como un reto significativo para la región, especialmente para un territorio como La Guajira que es el tercer departamento de Colombia con mayor concentración de pobreza multidimensional, según el Dane.
Para Abrahán Ovalle, una alternativa a esta situación sería rotar los cultivos cada cierto tiempo, no sólo dedicarse al arroz sino a otro tipo de productos que se dan en el sur de La Guajira. Según afirma, esto genera beneficios para el suelo y puede aumentar el empleo de los campesinos. “Mientras que en el arroz aproximadamente el 8 por ciento es mano de obra, en el cultivo de la auyama aproximadamente el 47 por ciento es mano de obra, porque tienes que hacer siembra manual, control de maleza manual, la recolección es manual, la fertilización es manual, los drones los utilizas para hacer unas aplicaciones foliares”.
Considera, además, que de esta manera se necesitaría menos agua, la ecuación cambia pero afirma que los resultados pueden ser beneficiosos. “Definitivamente hace falta el apoyo del Estado, en nuestro caribe seco hay muchas especies que explotar como frutales, auyama, batata y otros productos que generarían mucha mano de obra, pero hace falta apoyo”, agrega Ovalle.
Desde hace varios años entidades del Gobierno Nacional como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y el Ministerio de Agricultura, han impulsado conversaciones sobre la necesidad de generar procesos de innovación en el campo a partir del uso de las tecnologías.
“Que la tecnología y el campo trabajen juntos para abrir nuevas puertas al desarrollo rural y asegurar que ningún colombiano se quede atrás”, afirmó en un evento sobre inteligencia artificial en el campo Juan Miguel Gallego, director de inteligencia artificial del Ministerio TIC. En estos espacios las conversaciones han girado sobre el aumento de la productividad y la eficiencia de los recursos.
Por su parte, en el 2024 el Congreso de la República expidió la Ley 2409, que toma varias disposiciones para el desarrollo del sector agropecuario y rural en Colombia, uno de los elementos más importantes en esta Ley es la tecnificación del campo. Incluso, se considera la educación agrícola en nuevas tecnologías con la formulación de “cursos y programas enfocados a mejorar la productividad del sector agropecuario, los estándares de bienestar animal y el acceso a mercados por medio de la tecnificación agrícola con un enfoque Sostenible y de Conservación Ambiental”.
El interés del Estado sobre la tecnificación del campo en términos generales, plantea una necesidad de mejorar la productividad y eficiencia; pero, al mismo tiempo, aparecen las voces de agricultores como José Ipuana, que ven con preocupación cómo cada vez se necesita menos de su trabajo, que es una labor que aprendieron de sus abuelos y que ha sido el sustento para sus familias durante varias generaciones.
Se fueron en silencio, casi sin mirar atrás. Uno a uno, los carros y camiones cargados de ropa, electrodomésticos y lo poco que podían rescatar fueron rodando por las trochas de Miravalle, en San Vicente del Caguán. Hace un año, 41 firmantes de paz y sus familias emprendieron ese viaje sin retorno, dejando atrás el lugar que habían escogido para empezar de nuevo después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc.
En la vereda quedaron las huellas de su esfuerzo: casas levantadas con las propias manos, un museo que contaba su historia, una biblioteca que abría ventanas al futuro y varios proyectos productivos que eran semilla de esperanza. Aunque el terreno del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación —Etcr— Óscar Mondragón era arrendado, quienes lo habitaron se empeñaron en convertirlo en hogar, en levantar allí las condiciones mínimas para caminar de lleno hacia la vida civil a la que se comprometieron desde 2016.
A inicios del 2024 dos líderes del Etcr recibieron un mensaje por WhatsApp que los alertó, las disidencias del Estado Mayor Central — Emc— anunciaron que todos los firmantes tenían que salir del territorio. María de los Ángeles Vargas, excombatiente y lideresa de este Etcr, recuerda que días después los citaron a una reunión. Era junio y todos asistieron al lugar pactado.
El anuncio cayó como una sentencia: cuarenta días, ni uno más, para abandonar Miravalle. La advertencia del grupo armado no dejaba espacio a dudas. El Gobierno insistía en que no se movieran, que reforzarían la seguridad, que el territorio aún podía ser seguro. Pero en Miravalle la decisión ya estaba tomada. Nadie mejor que ellos sabía leer el trasfondo de esa amenaza. “Nosotros también fuimos guerrilleros —recuerda Vargas—, sabemos que si la orden se da, es así”.
La vereda Miravalle se encuentra en la zona de El Pato - Balsillas, un territorio que tuvo presencia histórica de las Farc y de gran interés para las estructuras disidentes como el Emc y la Segunda Marquetalia, pues es un corredor estratégico que conecta los departamentos de Caquetá, Cauca y Huila. Justamente ese fue el argumento que el grupo armado le dio a los firmantes de paz, tenían que irse porque el Emc necesitaba ese corredor.
Durante aquellos cuarenta días, el campamento fue un ir y venir de manos y recuerdos. Desarmaron alojamientos, empacaron herramientas, clasificaron lo que podía salvarse y dejaron atrás lo que no. Cada tabla desmontada, cada ladrillo suelto, parecía cargar con la certeza de que Miravalle quedaría vacío.
Mientras tanto, el Gobierno buscaba a contrarreloj un nuevo lugar para ellos. El terreno apareció en El Doncello, Caquetá: un predio alquilado, llamado Rancho Grande, que sería apenas un refugio temporal. Allí, el 20 de agosto de 2024, llegó la caravana con los 41 firmantes y sus familias, cerrando definitivamente un capítulo y abriendo otro aún incierto.
María de los Ángeles todavía evoca la primera imagen de Rancho Grande: un terreno estrecho, cubierto de monte, donde el calor sofocaba y las pertenencias de las familias se apilaban sin orden, como si el desarraigo también hubiera quedado empacado en los costales. El caos marcaba el inicio de su nueva vida.
Para muchos era la primera vez que dejaban la zona de El Pato, el único territorio que habían conocido en años. El golpe fue duro. “Para mí fue emocionalmente terrible tener que salir de Miravalle”, confiesa Vargas, con la voz cargada de una nostalgia que aún no se disipa.
Después de un año poco queda de ese caos inicial. En el predio hay varias casas, la mayoría construidas con madera, polisombra y con el poco material de construcción que lograron recuperar de Miravalle. En estos refugios temporales pasa la vida cotidiana, mientras esperan que el Estado cumpla la promesa de entregarles un lugar propio, con todas las garantías, en el que puedan establecerse como colectivo.
Desde la firma del Acuerdo de Paz hasta junio de 2025, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia ha registrado una diversidad de hechos violentos en contra de las personas firmantes: 470 asesinatos, 162 intentos de homicidio y 54 desapariciones.
470 asesinatos, 162 intentos de homicidio y 54 desapariciones.
Desde la reincorporación han enfrentado riesgos y agresiones directas, algunas de ellas, incluso, ocurridas dentro de los Etcr. Esto, según señala la Misión de la ONU, es resultado de la presencia de grupos armados ilegales en las regiones donde se encuentran. “Hay más de 13.000 personas desmovilizadas de las antiguas Farc que están cumpliendo con el Acuerdo de Paz y pese a eso están siendo asesinadas”, afirma el magistrado Raúl Eduardo Sánchez, presidente de la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad de los Hechos y Conductas —Sarv—, de la JEP.
Esta situación no es nueva y ha despertado las alertas de la comunidad internacional y de las entidades del Gobierno Nacional que deben velar por el cumplimiento del Acuerdo de Paz. Incluso, en el 2022, la Corte Constitucional declaró el Estado de Cosas Inconstitucional en materia de seguridad de firmantes del Acuerdo Final de Paz (SU 020-22), por la vulneración sistemática de sus derechos, con el fin de generar órdenes que lleven a su protección.
Han pasado tres años y, sin embargo, poco o nada ha cambiado. Desde 2021, la Sala de Reconocimiento de Verdad (Sarv) de la JEP adoptó medidas cautelares para proteger la vida de los firmantes de paz. A través de órdenes y audiencias públicas buscaba comprometer a las instituciones responsables en garantizar su seguridad.
Pero el deterioro ha sido evidente. Recientemente, la JEP volvió a emitir órdenes, esta vez advirtiendo que seis antiguos Etcr corren el riesgo de desaparecer, entre ellos el de Miravalle. En su comunicado, el magistrado Sánchez lanzó una alerta contundente: “En estos espacios, los perfiles de aquellos firmantes que ejercen roles de liderazgo de proyectos productivos y procesos de reincorporación son los que corren mayor riesgo”.
En una audiencia citada el 10 de abril de este año por la JEP, la Unidad de Investigación y Acusación —UIA— de la Fiscalía llamó la atención sobre el cambio en las lógicas de la victimización de excombatientes, pues existe incremento de hechos violentos de carácter colectivo. Además, agregaron que desde la creación de espacios de reincorporación se han presentado 28 eventos de desplazamiento forzado, que implican a 1.350 firmantes. “De estos, el 52 por ciento correspondió a desplazamientos forzados de tipo individual o familiar, y el 48 ciento a desplazamientos masivos”, afirman.
Las agresiones no son hechos aislados. Llegan en medio de un ambiente enrarecido por las presiones que, una y otra vez, buscan empujar a los firmantes de paz de regreso a la guerra. Así lo advierte el magistrado Raúl Sánchez, a partir de los análisis de la Unidad de Investigación y Acusación —UIA—, que señalan a las disidencias de las Farc como responsables de la mayoría de los ataques.
“La Sección ha insistido en que la protección de quienes firmaron el Acuerdo Final de Paz constituye un deber constitucional y legal para las instituciones encargadas de velar por la seguridad de las personas en proceso de reincorporación”, recuerda Sánchez, subrayando una verdad que, en el terreno, sigue sin cumplirse.
Con una sonrisa amplia y unas cuantas naranjas en la mano, Zamudio, firmante del Etcr, se acerca a las visitantes para compartir lo poco que da la tierra. Antes de que prueben, lanza una advertencia entre risas: “son chumbas”. Las frutas tienen formas extrañas y un color opaco, lejos del brillo esperado. Los demás explican que no es culpa de las semillas, sino de la tierra, que carece de nutrientes.
Ese puñado de naranjas torcidas es, en realidad, el símbolo del predio Rancho Grande en El Doncello: un lugar donde se resiste con lo que hay, mientras la promesa de una solución definitiva sigue sin cumplirse.
Los firmantes de paz de Miravalle sueñan con tener tierras fértiles, en las que puedan sembrar, reactivar los proyectos productivos y continuar con su vida colectiva. “Aquí lo que tenemos es que arrancar como nos toque. Acá, en este sitio, estamos desplazados, pero tratamos de hacernos la vida feliz”, dice María de los Ángeles Vargas.
El 5 de agosto, después de un año, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, realizó la entrega simbólica de 235 hectáreas para la reubicación del Etcr Óscar Mondragón. Se trata de tres predios, ubicados en la vereda La Granada de El Doncello, donde se espera construir un proyecto de vivienda para las 41 personas que llegaron desde Miravalle.
“Con eso nosotros estaríamos garantizando un poco que accedan a la tierra que les permitirá arraigarse, entendiendo que para nosotros el arraigo es un factor determinante para garantizar el éxito del Programa Reincorporación Integral”, señala Angélica Ángel, coordinadora de la ARN en Caquetá.
Aunque este es un paso importante queda un largo camino por delante. En este momento la ARN está realizando visitas técnicas a los predios para hacer el estudio de prefactibilidad, el cual se debe finalizar en lo que queda del 2025, este es un requisito antes de avanzar en el proyecto de vivienda. Cuando se tenga el soporte técnico, se suscribirá un convenio con el Ministerio de Vivienda, con el cual se realizará la convocatoria y la construcción del proyecto. “Una vez se suscriba el convenio, el Ministerio dice que en 18 meses más o menos estaríamos entregando viviendas”, indica Angélica Ángel.
Por ahora, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) prorrogó por un año más el contrato del predio en Rancho Grande. Ese margen de tiempo les permitirá a los firmantes permanecer allí mientras se concreta, al menos en el papel, la construcción de viviendas y la adecuación de la zona que algún día debería recibirlos de manera definitiva. Para Ángel, pese a las dificultades que han atravesado, el traslado ha significado un respiro: percibe que en El Doncello los riesgos son menores, sobre todo por la cercanía con Florencia, la capital del Caquetá.
María de los Ángeles Vargas, lideresa del proceso, también ve en esta decisión una oportunidad, aunque no esconde la incertidumbre. Si los estudios de prefactibilidad resultan favorables, lo que les espera es un trabajo arduo: abrir una vía de dos kilómetros para conectar con la carretera, gestionar maquinaria y materiales, y levantar desde cero servicios básicos como energía, acueducto y alcantarillado. Un futuro que se anuncia largo y lleno de obstáculos, pero al que, como en tantas otras ocasiones, deberán enfrentarse con la misma mezcla de esperanza y resistencia que los ha mantenido de pie desde que dejaron las armas.
Además, afirma que de las 235 hectáreas entregadas, 40 se encuentran en zona de preservación lo que significa que no se pueden intervenir, esto dejaría solo 195 hectáreas para dividir entre 41 personas, además de construir las zonas comunes y de producción. Aunque la realidad la lleva a hacer cuentas, dice que es necesario esperar para ver qué pasa en los próximos meses con este proyecto.
“Nosotros no firmamos un acuerdo para pauperizarnos. Nosotros hicimos un acuerdo para tener las condiciones por las que peleamos, que es mantener la dignidad, como seres humanos, como personas”, dice Vargas.
Mientras tratan de resolver el presente y el futuro cercano, María de los Ángeles dice que lo que ellos quieren es aprovechar las posibilidades políticas del país después de la Constitución de 1991 y que no existían cuando ellos ingresaron a la guerrilla, señala que ese tipo de oportunidades son una motivación para seguir defendiendo la paz. “Nosotros asumimos el compromiso y tenemos que salir adelante porque es la palabra empeñada y nosotros siempre hemos sido honestos con nuestra palabra”, dice.
Todo comenzó como una fiebre interna, Walter Lenis sentía un calor inexplicable en su cuerpo. Inició primero en los pies, con el tiempo subió hasta sus piernas, pasó al tronco, y cuando llegó a la cabeza sintió temor y fue al hospital. Los médicos tomaron muestras de orina, cabello y sangre, y las enviaron a Bogotá. Tiempo después los resultados llegaron, Lenis fue diagnosticado con neuropatía por exposición ambiental al mercurio, conocida también como enfermedad de Minamata, un trastorno neurológico provocado por el contacto con este metal, que genera consecuencias degenerativas a largo plazo.
La primera vez que Lenis escuchó hablar del mercurio fue en el colegio, cuando le enseñaron que era un metal pesado. Hoy, a sus 72 años, aún no lo ha visto, nunca lo ha tenido entre sus manos, pero lo lleva dentro: circula por su sangre y se aloja en cada rincón de su organismo. Los médicos le explicaron que entró a su cuerpo a través del aire, del agua y de los alimentos. La contaminación ocurrió en Inírida, Guainía, donde vive desde hace 46 años y donde, junto con el resto de habitantes, convive con este visitante silencioso que recorre el territorio y envenena sus aguas. “No hay conciencia del daño que esto causa. Yo soy la prueba de que cualquiera puede enfermarse aquí”, afirma Lenis.
Río arriba, al lado de las comunidades indígenas y ante los ojos de los turistas, las dragas clavan sus mangueras en las aguas para sacar el oro de las profundidades. En los ríos Inírida, Atabapo, San Felipe y Negro flotan balsas mineras ilegales donde, día tras día, decenas de trabajadores remueven el lecho en busca de oro, un metal que se paga caro. En la cabecera municipal de Inírida, hasta hace unas semanas, un solo gramo alcanzaba los 450.000 pesos.
En Guainía, el oro ilegal circula sin freno, aun cuando en todo el departamento no existe un solo título minero, como advierte Óscar Vargas, director de la Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico (CDA).
Sin embargo, el informe nacional sobre minería ilegal y mercurio, presentado por la Procuraduría General de la Nación, reveló que en 2021 ya se registraban más de 70.000 hectáreas tituladas para explotación, además de múltiples solicitudes adicionales.
En Inírida, algunos lugares que comercian con el oro tienen como fachada otro tipo de negocios, con el fin de no ser identificados. Sin embargo, para sus habitantes es muy conocido dónde se vende y compra este metal. Según Vargas, “de acá, producto de la minería, pueden salir mal contados entre 60 y 70 kilos de oro al mes”. Esa cantidad con el precio actual del gramo, llevaría a que se generen ingresos de aproximadamente 31.500 millones de pesos al mes solo en este territorio.
En el proceso de sacar el oro los mineros utilizan mercurio. Este se usa en estado líquido y se mezcla sobre el material que se saca del río; tiene la capacidad de juntarse con el oro, separándolo de otros elementos y metales. Después, la mezcla se calienta para que el mercurio se evapore y solo quede el oro. Según Santiago Orjuela, coordinador médico del Hospital Departamental Renacer, cuando esto ocurre se contamina el aire y, al caer al agua contamina el territorio, los peces y a otras especies. “Donde hay minería ilegal hay mercurio, y donde hay mercurio hay contaminación”, señala Orjuela.
Como señala Vargas, una botella de mercurio puede costar hasta 10 millones de pesos y, aun así, se consigue con facilidad en la región, pese a que su comercialización y uso son ilegales. En 2013, el Gobierno Nacional expidió la Ley 1658 con el objetivo de reducir progresivamente la dependencia de este metal: dio cinco años para eliminarlo de la minería —plazo que venció en 2018— y diez años para retirarlo de la industria, meta que se cumplió en 2023. En teoría, hoy el mercurio no debería estar presente en ninguna actividad.
El coronel Alfonso Burbano, comandante de la Policía de Guainía, reconoce la dificultad de controlar el tráfico de mercurio en una región de triple frontera. Afirma que en lo corrido del 2025 se han incautado tres kilos de mercurio, sin embargo, es una cantidad muy pequeña frente a la magnitud del problema. “El trabajo es permanente, pero necesitamos más inteligencia, recursos y una comunidad que denuncie”, afirma Burbano.
Por su parte, la CDA también intenta hacer control sobre el mercurio y sobre el oro que es extraído de manera ilegal. De acuerdo con su director, Óscar Vargas, cuando estos metales se encuentran son incautados y se ponen a disposición de las autoridades. Además, señala que la Fiscalía también tiene un rol importante en este control, para sancionar este tipo de delitos. “Es un trabajo que tiene que hacerse en grupo, no lo puede hacer una sola entidad, el nivel de riesgo que hay es alto; no es fácil”, dice.
Las malas prácticas de la minería ilegal y sus riesgos ocurren en un contexto de alta vulnerabilidad para las comunidades de la región, principalmente indígenas, que ven en esta actividad una posibilidad de conseguir recursos económicos en un territorio con pocas alternativas laborales.
Así lo reconoce Walter Lenis, quien sabe que la enfermedad que hoy lleva en su cuerpo tiene gran relación con las difíciles condiciones de vida en el departamento. “Hay que ponerle unos controles que deben ser ejercidos por las autoridades competentes, para que los mineros no contaminen en el río, y que la gente tenga derecho a reunir en la comida, pero que también nos protejan a los que no tenemos que ir a la mina”, dice.
El referente de salud de la Secretaria de Salud departamental Sergio Rodríguez Suaza, manifiesta que en el 2019 desde la entidad se lideró un estudio con el que analizaron muestras de 500 personas de comunidades ubicadas a lo largo de los ríos Inírida, Guainía y Atabapo, además del agua de los ríos y los sedimentos, para saber cuál era el nivel de mercurio en el territorio.
A las 500 personas se le tomaron muestras de cabellos, sangre y orina, con esto se encontró que el 67 por ciento presentaba niveles de mercurio en sangre superiores a los límites establecidos por la Organización Mundial de la Salud. También se tomaron 124 muestras de peces y se halló que el 50 por ciento estaba contaminado con mercurio, especialmente especies depredadoras como el pavón, bragre rayado y valentón. Por útlimo, se tomaron 77 muestras de agua y 75 de sedimentos de los ríos. El 100 por ciento de estas muestras contenían mercurio, “esto indica que el metal utilizado en las labores de minería se está depositando en el fondo de los ríos”, afirma Lucero López, secretaria de salud de la Gobernación de Guainía.
De acuerdo con estas muestras, las zonas con mayor afectación por mercurio fueron el río Atabapo y el casco urbano de Inírida. “Todos estos hallazgos confirmaron una exposición generalizada y persistente al mercurio en el departamento con riesgos evidentes para la salud y la seguridad alimentaria, tanto de los habitantes de Guainía como de quienes consumen pescado proveniente de sus ríos”, dice López.
Las comunidades indígenas, que constituyen la mayor parte de la población de Guainía y que están cerca a las zonas donde se practica la minería, son las más golpeadas por sus efectos. Como lo señala la secretaria de Salud, estos pueblos “dependen estrechamente de los recursos naturales para su existencia, especialmente del río de donde provienen los peces que son la base de su alimentación. Esta situación está generando una crisis silenciosa de salud pública y ambiental”.
Según el médico Santiago Orjuela, la exposición constante a peces contaminados y a un entorno impregnado de mercurio puede afectar gravemente la salud: en mujeres embarazadas incide en el desarrollo del feto y puede provocar malformaciones, enfermedades del neurodesarrollo, alteraciones metabólicas, cardiometabólicas y neurológicas. En esa misma línea, la secretaria de Salud advierte que las poblaciones más vulnerables son los trabajadores que aún manipulan mercurio en la minería de oro, así como las comunidades que viven cerca de estas actividades, en especial mujeres en edad fértil, gestantes, lactantes y niños.
Orjuela agrega que la forma de contaminación por mercurio se da principalmente por inhalación de los vapores que genera y por ingesta de animales contaminados, principalmente los peces, los que tienen mayor cantidad de mercurio son los peces de piel, especies grandes que son los que más consumen desechos en el río. Este es un factor clave en un territorio como Guainía, en el que hay alto consumo de pescado.
“El pescado hace parte de la dieta de las personas en Inírida y de toda la gente de las partes ribereñas, además, sale para Bogotá, aquí lo sacan para otros departamentos. Es decir que estamos hablando de un tema bien complejo de salud pública”, afirma Vargas, director del CDA.
La secretaria de Salud explica que, en Guainía, la exposición más común al mercurio es de tipo crónico, ya sea por el consumo habitual de peces contaminados o por el contacto prolongado con sus vapores durante las actividades mineras. Sin embargo, aclara que la toxicidad no se manifiesta igual en todas las personas: depende de factores como la dosis recibida, la forma química del compuesto y el tiempo de exposición. Por ello, enfatiza, resulta fundamental una valoración clínica completa que permita determinar el nivel de intoxicación en cada caso.
Además de los efectos en el cuerpo humano, el mercurio deja una huella profunda en el territorio. “La tierra y los árboles, donde cae mercurio, mueren. La contaminación no es solamente de los peces, sino de toda la cadena biológica”, advierte Vargas. En la misma línea, la secretaria López recuerda que la exposición a este metal trasciende al sector salud: “es el reflejo de una problemática estructural que demanda voluntad política, justicia ambiental y un compromiso real con la vida en el departamento”.
La Corporación para el Desarrollo del Norte y Oriente Amazónico, en convenio con la iniciativa Misión Amazonía, trabaja en la identificación de áreas mineras y en el diseño de estrategias de capacitación para el uso de técnicas sin mercurio. Según el director Óscar Vargas, este trabajo se adelanta en comunidades mineras en el río Guainía, el Río Negro y la cuenca del río Taraira en Vaupés. “Este convenio nos va a permitir dar una alternativa de solución para ver posibles espacios geográficos, para que hagan minería responsable y poder tener un control y vigilancia sobre esa actividad”, señala.
Uno de los retos de Guainía es la extensión del territorio, además de que tiene frontera con Brasil y Venezuela, incluso, como lo señala el médico Santiago Orjuela, la mayor parte del oro que llega a Inírida, entre un 80 y 90 por ciento, procede de Venezuela, lo que dificulta la aplicación de controles para evitar la minería ilegal y la contaminación por mercurio.
Por esta razón, el director del CDA considera que el trabajo que se realice debe ser armónico y de cara a la comunidad, desde la comprensión de la realidad del territorio, pues considera que es difícil ofrecer la transición a otro tipo de actividades económicas cuando las ganancias de la minería son altas para quienes realizan este oficio.
Por otro lado, según la secretaria de Salud Lucero López, en un espacio de articulación institucional entre la Gobernación de Guainía y organizaciones como la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible, se trabajó en una propuesta con la que se busca crear un Comité de Lucha contra la Minería, el cual fue presentado a la Procuraduría General de la Nación, y con el que se busca articular a las instituciones para abordar lo relacionado con la gestión de la problemática derivada de la exposición y afectaciones por el mercurio.
“El mercurio viene dejando una huella profunda en la salud y en el entorno de las comunidades del Guainía. Aunque se han logrado avances importantes en el abordaje de esta problemática desde el sector salud, la exposición continuará mientras no se enfrenten las causas estructurales que la han sostenido”, afirma López.
Desde la Secretaría de Salud se considera que para buscar una salida a este problema es urgente fortalecer la articulación intersectorial, para dar una respuesta integral y de fondo a esta problemática porque, como lo señala la secretaría, lo que se pone en juego es la seguridad alimentaria y el bienestar de la población, principalmente de los pueblos indígenas.
Todos los días, a las cinco de la tarde, el cielo de Leticia es atravesado por miles de puntos verdes que pasan a toda velocidad para llegar hasta el centro del municipio. El bullicio de la vida cotidiana es silenciado de golpe por el canto de las aves que vienen de todos los lugares de la selva hasta el Parque Santander.
Con el pasar de los minutos, los árboles se llenan de periquitos aliblancos. Son tantos que su canto se convierte en un ruido continuo, casi ensordecedor, que se prolonga por un par de horas, mientras todos terminan de acomodarse en las ramas para pasar la noche. Cuando el sol se esconde, llega el silencio. En la oscuridad apenas se perciben las siluetas de estas aves, que hallan en el parque un último refugio. Alguna vez fue selva espesa, su hogar ancestral, antes de que el cemento y el ruido de la ciudad lo envolvieran por completo.
El comportamiento de estas aves es uno de los grandes atractivos para las personas que llegan de otras ciudades y países. Pero más allá de la belleza de un hecho tan inusual, surge una pregunta: ¿por qué, con miles de kilómetros de selva alrededor, esta especie llega a dormir todos los días al centro del municipio? La respuesta no está solo en el comportamiento del periquito, sino en la zona en la que se ubica el parque, en su historia y en el ecosistema que persiste en el lugar.
Lina Bolívar, etnobotánica y estudiante de la maestría en Estudios Amazónicos de la Universidad Nacional, recorre el parque con una mirada distinta a la de transeúntes y turistas. Observa con detenimiento a cada ser que lo habita. Para ella, las plantas narran historias, y las que crecen aquí permiten leer, como en un libro abierto, el proceso de poblamiento y transformación del territorio.
Las primeras plantas en las que se detiene Bolívar son las “abuelas”: los cananguchos (Mauritia flexuosa), conocidos por ser al mismo tiempo fuente y guardianes de agua. Su presencia revela cómo era este lugar en el pasado: una zona rodeada de cuerpos de agua y estrechamente conectada con el río Amazonas.
Al seguir su recorrido, identifica otras especies de palma como la bacaba (Oenocarpus bacaba), comestible y con diferentes usos medicinales. Un árbol de gran importancia para los pueblos ancestrales de la región. Muy cerca de esta palma aparece el açaí, que carga una historia fronteriza porque se ven diferentes especies como lo es la Euterpe oleraceae, que es traída del Brasil, y la Euterpe precatoria, que es más común en Colombia.
Encima de estas plantas, en sus copas, Lina Bolívar alcanza a ver el periquito aliblanco, o pigüicho para el pueblo Ticuna (Brotogeris versicolurus). Esta especie es una de las que más frecuenta el parque. Tiene una particularidad y es que solo habita en lugares a las orillas de los ríos; en este caso, el periquito es atraído por la cercanía del parque con el río Amazonas. Esta ave comparte el espacio con otras especies como la golondrina pechigrís (Progne chalybea), que habita el lugar durante todo el año, y la golondrina sureña (Progne elegans), que llega desde el sur del continente desde marzo.
El recorrido en medio de plantas nativas es interrumpido de repente cuando Bolívar identifica varias palmas de aceite (Elaeis guineensis). Esta especie es proveniente de África, llegó al país con fines industriales, pero en el Parque Santander se encuentra con fines ornamentales; es una planta bella y de fácil crecimiento, pero que no hace parte de este contexto y que se ha priorizado sobre la flora nativa. Otras plantas ajenas aparecen en el parque, como el samán (Samanea saman) y la palma areca (Dypsis lutescens), además de varias especies del género Ficus y Clitoria, entre muchas otras.
En medio de todas estas plantas que han llegado de otros continentes, se impone una palmera nativa (Manicaria saccifera), árbol que suele encontrarse selva adentro y que se erige como una forma de resistencia frente a las transformaciones del lugar. Además, en el centro del parque, muchas veces desapercibida a los ojos de los foráneos, aparece la Victoria amazónica, comúnmente conocida como Victoria Regia. Esta planta, insigne del Amazonas, es acuática y solo se encuentra en esta región.
Entre la algarabía de los juegos infantiles y las voces de los vendedores, el parque guarda una historia en cada ser que lo habita. Es la memoria de lo que alguna vez fue un lugar sagrado y que, con el crecimiento de la ciudad, ha cambiado. Como explica Bolívar: “Al comprender que las plantas son testimonios que cuentan historias de nosotros mismos, de los gustos, de las formas de vida y del transcurrir del tiempo, entendemos que son testigos del origen de este lugar”.
La zona en donde hoy se encuentra el Parque Santander era un sitio natural, poco intervenido. Luego de un tiempo y debido al crecimiento demográfico, empezó a reconfigurarse el territorio. Como lo menciona Jorge Picón, especialista e investigador de las dinámicas de la ciudad, “se empezó a imponer de manera forzada la ciudad en la selva”.
En la década de los 40 se crearon dos plazas en Leticia, que tomaron los nombres de Parque Orellana, frente al hotel Anaconda y Parque Santander frente a la iglesia Nuestra Señora de la Paz. Los cambios continuaron en los años posteriores de manera rápida y sin planificación. El Parque Santander se impuso de forma desordenada, fruto de un proceso de deforestación que, según Jorge Picón, buscó darle una frondosidad y un aire “natural” que no respondían a su contexto, sino a una visión ajena.
Afirma Picón que los pobladores más antiguos de Leticia reconocen que este lugar estuvo rodeado de varias fuentes hídricas y vestigios que lo catalogan como un salado, es decir, un sitio con gran riqueza mineral, de gran importancia para la alimentación de diferentes especies, lo que hacía que allí llegara una gran cantidad y variedad de animales, por esta razón es considerado como un sitio sagrado.
La urbanización se impuso sobre la selva: casas, iglesia y cemento intentaron instaurar nuevas dinámicas. Sin embargo, la esencia selvática permanece. Las aves y su relación con las plantas son prueba viva de la memoria del lugar; siguen durmiendo en sus ramas y habitando los árboles nativos, tal como lo hacían antes de que llegara la idea de la “modernización”. Comprender un salado, explica Juan Pablo Forero, gerente de la Fundación FATA, “es ver que este es un lugar espiritual, rico en minerales y de una neutralidad donde cualquier especie puede confluir en tranquilidad, pues se constituye como un lugar armónico en medio de la selva”.
Este lugar, con sus dinámicas ecológicas, es un sistema de interrelaciones donde la vida gira en armonía a pesar de las intervenciones y modificaciones que se realizan a su alrededor. Según Luis Miguel Murcia, biólogo y especialista en aves, allí “se guarda mucha historia, pues se dice que donde hay agua, hay guardianes, como la boa. Por eso, este lugar es de mucho respeto y se encuentra cargado de mucho poder”.
Añade que la diversidad de aves que se observa en el parque es prueba de ello. Él y otros ornitólogos han registrado la presencia de la cotorra ojiblanca (Psittacara leucophthalmus), un loro de amplia distribución que migra, recorre varios kilómetros para llegar hasta aquí y luego continúa su desplazamiento.
“La variedad de aves que confluyen en este espacio no deja de evidenciar su conexión de origen como lugar sagrado y de importancia para la diversidad de organismos que lo habitan”, señala Murcia.
Aunque este sitio tiene un alto valor ecológico y cultural, los expertos han identificado cambios preocupantes: el poco cuidado del ecosistema está alterando las interacciones que lo sostienen. Uno de los problemas, según Forero, es la falta de cultura ciudadana. La Fundación FATA, a cargo del parque desde 2015 por delegación de la Alcaldía de Leticia, se encarga de su mantenimiento. Sin embargo, Forero advierte que “a los ciudadanos les falta sentido de pertenencia por el lugar que habitan, pues, aunque existen varios puntos para la disposición de basuras, muchos no los utilizan”.
“También se está haciendo el aseo, sembríos y aprovechamiento de la materia orgánica del parque por medio de abono, pero esto con nuestros propios medios, pues ahora no tenemos ningún contrato”, señala Forero. La falta de recursos limita las intervenciones, pero la relevancia de este espacio exige un mantenimiento constante. Para Lina Bolívar, al ser este un lugar de memoria de Leticia, “deberíamos mirarnos a nosotros mismos en el parque y pensarlo en su estado original, para convertirlo en un museo vivo, abierto al aire libre, que exalte su diversidad y, sobre todo, la urgencia de su conservación”.
Allí donde Colombia, Perú y Brasil se dan la mano, la línea que los separa no es una muralla ni un muro: es agua. El Amazonas —majestuoso, movedizo, impredecible— ha sido por siglos más que un límite natural; es una arteria vital que une a los pueblos que habitan sus orillas. Pero este río no obedece a mapas: cambia de rumbo, arrastra sedimentos, crea islas nuevas y borra otras. En su vaivén, ha transformado la geografía pactada hace un siglo por los Estados, desdibujando las fronteras políticas y desafiando las reglas que intentan fijarlo en papel.
Una de las islas surgidas de ese vaivén es Santa Rosa, un pedazo de tierra moldeado por la corriente, que emergió —según los registros locales— hacia finales de la década de 1960. Hoy, este pequeño territorio, habitado por unas 3.000 personas, se ha convertido en un punto neurálgico entre Colombia y Perú. Su existencia plantea preguntas de fondo sobre el ejercicio de la soberanía estatal en un escenario donde la geografía no es estática, y donde las decisiones de la naturaleza obligan a los países a renegociar, una y otra vez, los límites que creían definidos.
Desde la década de los años 70, el gobierno de Perú empezó a tomar acciones para reclamar la isla, incentivando a sus ciudadanos a la colonización, desarrollando infraestructura básica para educación y salud, y buscando consolidar una colonia agrícola. Más de medio siglo después, esas acciones se consolidaron oficialmente con la expedición de la Ley 32403, firmada en julio de este año, con la que se creó el distrito de Santa Rosa de Loreto, en la provincia de Mariscal Ramón Castilla, departamento de Loreto. La decisión, tomada de forma unilateral por Perú, formaliza la incorporación de la isla a su territorio y ha generado molestia en el gobierno colombiano, que la interpreta como una violación de su soberanía. Como acto simbólico y de afirmación, ayer el Ejército peruano desplegó decenas de banderas nacionales sobre la isla.
En un comunicado, la Cancillería de Colombia afirmó que con Santa Rosa y las demás islas que surgieron con posterioridad a 1929 “se debe surtir un proceso de asignación de común acuerdo entre Cancillerías, en los términos de los arreglos a que lleguen los dos países”. Por esta razón ha manifestado su inconformidad al gobierno peruano y para resolver esta situación por vías diplomáticas ha solicitado que se active la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana -COMPERIF-, creada en 1986 por ambos países.
Hasta el momento la respuesta de Perú no ha sido positiva. En declaraciones públicas, su canciller Elmer Schialer afirmó que: “Perú no cederá ni un milímetro de su territorio”, además de reafirmar que la isla de Santa Rosa pertenece a este país y que la posición de Colombia frente a esta situación es errada. En un comunicado, la Cancillería peruana precisó que Santa Rosa hace parte de la isla Chinería, esta última asignada a Perú en 1929. No obstante, este punto ha sido cuestionado por Colombia, ya que Santa Rosa no existía como formación insular en aquel entonces: surgió recién hacia la segunda mitad del siglo XX, producto de los cambios naturales del río.
Esta tensión surge en un territorio de relaciones transfronterizas que, como lo señala Santiago Duque, profesor de la Universidad Nacional sede Amazonía, pueden ser catalogadas como armónicas. “Somos amazónicos, amazonenses y nos movemos indistintamente entre los tres países”, señala.
Desde el siglo XIX, ambas naciones llevaron un pugna por el territorio y solo fue hasta marzo de 1922 que suscribieron el Tratado Salomón-Lozano, mediante el cual fijaron bilateralmente la frontera y lo hicieron por la línea más profunda del río Amazonas, los canales más navegables del afluente, conocidos como talweg, que demarcaron una frontera de aproximadamente 116 kilómetros entre ambos países.
Pero ni siquiera un tratado logró poner fin definitivo a las tensiones. Entre 1932 y 1933, una guerra estalló en la frontera, y no fue sino hasta mayo de 1934, con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, que se resolvió el diferendo limítrofe y se ratificó el tratado firmado 12 años antes. Por un tiempo, la controversia pareció apagarse. Sin embargo, el Amazonas, con su fuerza impredecible, volvió a encenderla. Los aluviones —esas corrientes cargadas de sedimentos— cambian constantemente la dinámica y la velocidad del río. Cuando un canal reduce su flujo, los sedimentos se acumulan, nacen playas, y con el tiempo, crece la vegetación. Así, lo que alguna vez fue agua se convierte en tierra firme, y con ello, en disputa.
“Cuando se firmó el tratado, existían dos islas: la isla Ronda, colombiana, y la isla Chinería, peruana, y el canal profundo —o talweg— pasaba junto a la ribera de Colombia. Pero hoy, tras más de 50 años de transformaciones en la dinámica del río, ese canal corre por detrás de las islas peruanas, del lado del hermano país de Perú”, explicó el profesor Santiago Duque. Tal como han advertido varios académicos, este no será un caso aislado: la deforestación, el cambio climático y la creciente sedimentación del Amazonas podrían dar lugar a la aparición de nuevas islas, reconfigurando una vez más el mapa de la región y tensando los acuerdos de soberanía.
Walter Arévalo, docente de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, precisó que las islas que se consolidan como territorio habitable y que son susceptibles de apropiación deben delimitarse en común acuerdo, donde los Estados pongan sobre la mesa criterios como la población, la actividad económica, la seguridad o migración.
“Más allá de estos tratados y siendo posteriores a ellos, deben ser adjudicadas soberanamente en un proceso que ya existe y que los Estados han sostenido en otras ocasiones y es la comisión bilateral fronteriza”, precisó el académico. “Una situación similar ocurre, por ejemplo, entre Bélgica y el Reino de los Países Bajos en el río Meuse. Cada par de años se reúnen para revisar por dónde está fijada la línea de limitación fluvial y establecer cuáles son los límites de cada ribera”, agregó.
Para el profesor Santiago Duque, la realidad del río Amazonas hoy es muy distinta a la de principios del siglo XX. Por eso, plantea que Colombia y Perú deben revisar conjuntamente la información técnica producida por académicos e instituciones especializadas, con el fin de tomar decisiones políticas y diplomáticas que se ajusten a las transformaciones del territorio. Redefinir la frontera, dice, implica también aprender a convivir con un río distinto: “Y hay que hacerlo entre los dos, porque es un río binacional, es decir, un río de ambos países”.
Esta discusión sobre la frontera tiene de fondo una preocupación mayor y es el riesgo de que Colombia pierda el acceso al río Amazonas. En los últimos años investigadores de la Universidad Nacional han advertido cambios en las dinámicas del río que generan que este se aleje cada vez más de Leticia. Desde 1993 el Laboratorio de Estudios Hidráulicos, sede Bogotá, señaló que el 70% del caudal fluye por territorio peruano, y solo el 30% pasa dentro de la frontera colombiana.
Así lo confirma el profesor Santiago Duque, quien dice que desde hace 50 años el Amazonas está fluyendo de manera más lenta. Esto hace que el río deje sedimentos que se acumulan, crean playas, barreras de arena y poco a poco forman islas. Es una situación que siempre ha ocurrido, “el Amazonas construye, amplía, modifica, mueve y destruye islas”, afirma Duque.
La isla de Santa Rosa es resultado de este proceso de sedimentación. Los movimientos del río la formaron y continúan transformando sus alrededores. Según la Universidad Nacional, en un estudio realizado en 2025 por el profesor Juan Gabriel León de la sede Palmira, de un caudal de 55.900 metros cúbicos que corren en la sección que marca el límite entre Colombia y Perú, solo el 19% fluye dentro de la frontera colombiana.
La lectura sobre esta situación no es nueva. De hecho, se afirma que la Armada Nacional desde hace varios años anticipó la posibilidad de que Leticia pierda totalmente la salida al río en el 2030. Este cambio en la delimitación territorial tendría un impacto directo en la dinámica de municipios aislados por la espesa selva amazónica, donde el río no sólo es paisaje, sino también eje de movilidad, economía y vida cotidiana. “Ciudades como Iquitos, en Perú, y Leticia, en Colombia, son las que tienen mayor conexión con el río. En el caso de Leticia, por ser fronteriza, el Amazonas funciona como su principal vía de acceso”, señala un comunicado de la Universidad Nacional.
Para habitantes de Leticia como la normalista Sofía Castillo, el hecho de perder la salida al río puede tener varias consecuencias, principalmente en términos económicos y culturales. Considera que temas como la navegabilidad, el transporte de alimentos y el trabajo de los pescadores se verían afectados. “Perderíamos una gran parte de nuestro territorio y eso es lamentable”, dice.
Sin embargo, no todos comparten esa visión. Para Charles Brito, rector del colegio Selva Alegre de Leticia, el municipio ha perdido su vínculo directo con el Amazonas. “El río se fue del lado de Leticia hace rato”, afirma. Según él, la ciudad ya no tiene contacto permanente con el cauce principal del Amazonas, y durante buena parte del año, la conexión se da únicamente a través de la quebrada Yahuarcaca, un afluente sobre el cual están ubicados el malecón y el embarcadero. Esta percepción evidencia que, incluso en el nivel local, la relación con el río ha cambiado, y no siempre de forma evidente.
La profesora de la Universidad Nacional, Lilian Posada, afirma que “si no se actúa de inmediato, Leticia dejará de ser una ciudad ribereña. Las implicaciones van más allá de lo simbólico, son culturales, económicas y territoriales”. Por esta razón, en un estudio realizado en 2006 planteó que la solución para evitar que el Amazonas se aleje es realizar un dragado entre las islas Rondiña y Ronda, además de construir espolones en el canal peruano para dirigir el flujo del agua hacia Colombia. Sin embargo, estas medidas nunca se ejecutaron.
Para Posada, el verdadero problema radica en la ausencia de respuestas institucionales frente a un fenómeno que ya está alterando el territorio. “La Armada debe encender las alarmas. Las decisiones políticas y diplomáticas han estado ausentes (...). Y las consecuencias ambientales también son severas”, advierte. Una de las más críticas, dice, podría ser la desaparición del sistema de lagos de Yahuarcaca, un ecosistema clave para la biodiversidad y el equilibrio hídrico del planeta, que depende directamente del caudal del Amazonas. Si el río deja de alimentarlo, este conjunto de cuerpos de agua podría secarse.
Mientras el río Amazonas sigue moviéndose, formando nuevas islas y cambiando el mapa, la pregunta no es solo de a quién pertenece un pedazo de tierra, sino si los Estados están dispuestos a adaptar sus fronteras —y su política— a un río vivo que no reconoce líneas trazadas en papel.
Este 7 de agosto el presidente de Colombia Gustavo Petro, decidió trasladar la conmemoración de la Batalla de Boyacá al municipio de Leticia. En su discurso leyó una declaración del Estado colombiano en la que "no reconoce la soberanía del Perú sobre la denominada isla de Santa Rosa y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona", por lo que la ley expedida hace unas semanas por ese país se considera un acto que no toma en cuenta los instrumentos jurídicos binacionales.
Además, señala que esta isla, junto con otras que surgieron posterior a 1929, no han sido asignadas a ninguno de los países en la frontera, por lo que el Gobierno considera necesario impulsar acciones que garanticen el cumplimiento del protocolo de Río Janeiro para resolver los problemas limítrofes. Por último, el presidente Petro confirmó que recibió la invitación del gobierno de Perú para activar la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Colombo-Peruana, la cual se realizará el 11 y 12 de septiembre en la ciudad de Lima y donde tendrá lugar el primer acercamiento para buscar una salida a esta controversia sobre la frontera.
La defensa del territorio, de la identidad campesina, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de la economía, ha sido el motor para que desde hace varias décadas las comunidades campesinas en Colombia se organicen e impulsen procesos que les permitan permanecer en los territorios con autonomía. Esto ha ocurrido en medio de un contexto difícil, marcado por la presencia de actores armados ilegales y por la ausencia de políticas sociales del Estado.
En una entrevista al medio Trochando Sin Fronteras, Robert Daza, líder social y congresista, señaló que desde 1990 estos espacios comenzaron a ser nombrados como Territorios Campesinos Agroalimentarios -Tecam-, figura que se replicó en varios departamento del país, impulsados de manera particular por el Coordinador Nacional Agrario.
En el 2024, con la expedición del decreto 780, el Gobierno Nacional ordenó agilizar los procedimientos para formalizar esta figura. Una forma de organización campesina en la que, como el mismo decreto lo señala, el Estado reconoce a los campesinos como sujetos de especial protección constitucional y genera un marco legal para blindar su permanencia y defensa del territorio.
Desde agosto del año 2024 la Agencia Nacional de Tierras -ANT- ha recibido 25 solicitudes formales de Tecam en todo el país, en las que están involucradas más de 100 organizaciones campesinas. Una de esas solicitudes fue presentada por campesinas y campesinos de El Carmen de Atrato, Chocó, único municipio de este departamento que actualmente se encuentra adelantando este proceso.
Desde el 2023 en El Carmen de Atrato se avanza en la conformación del Tecam, una iniciativa impulsada por la Plataforma del Campesinado, conformada por organizaciones como la Asociación de Juntas de Acción Comunal de El Carmen de Atrato, la Corporación Campesina Piedra de Sol, Asocantroc, los Guardianes del Río Habitan, Agroecotur Guaduas, y más de 17 Juntas de Acción Comunal, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población campesina.
En el 2024, estas organizaciones realizaron la solicitud formal ante la Agencia Nacional de Tierras, y el 12 de mayo del 2025 recibieron respuesta positiva para comenzar la revisión, lo que plantea varios pasos a seguir por parte de la ANT antes de formalizar el Tecam.
Marcela Sánchez, coordinadora conjunta de la Plataforma del Campesinado y representante legal de la Corporación Campesina Piedra del Sol, cuenta que parte de la motivación para iniciar este camino fue la falta de reconocimiento de los derechos de los campesinos en el territorio y la necesidad de volver a convertir el municipio en la despensa agrícola del Chocó.
“El Carmen fue un municipio productor de alimentos y esa vocación se ha perdido por el conflicto armado, por la entrada de la minería y de multinacionales que captan mano de obra, además de otras razones. Por ello como campesinos y campesinas pensamos que es súper importante el cuidado del territorio, la autonomía, la soberanía alimentaria, conservar las tradiciones y hacerle honor a la memoria de nuestras ancestras y ancestros que estuvieron por estos lugares y nos inculcaron también el amor por lo que es nuestro”, dice Sánchez.
Las organizaciones cuentan con la asesoría directa de la Agencia Nacional de Tierras y el acompañamiento permanente del Coordinador Nacional Agrario, el Centro Socio Jurídico Siembra, la Corporación Jurídica Libertad y el Instituto de Estudios Interculturales del Pacifico.
El acompañamiento de la ANT es clave en este punto, porque busca que todo lo planteado por las comunidades se ajuste a la norma. Así lo señala Jorge Niño, coordinador jurídico del equipo nacional de Tecam para la Agencia Nacional de Tierras: “lo que hacemos es acompañar a las comunidades en su proceso de solicitud de reconocimiento, constitución y formalización de los territorios campesinos agroalimentarios, asegurando que todo el proceso esté en el marco del decreto 780 y del decreto 1071 del 2015”.
En El Carmen de Atrato el área propuesta para el Tecam abarca la mayoría de las veredas del municipio en donde actualmente se encuentran concentrados los campesinos en el territorio. Representa una porción significativa del área rural, respetando los territorios afrodescendientes y los territorios indígenas, con 30.760 hectáreas en las que hay aproximadamente 500 familias, 2.000 habitantes y 24 comunidades (22 veredas y 2 corregimientos).
Como lo cuenta Jorge Niño de la ANT, “los territorios campesinos agroalimentarios son territorios concebidos, habilitados y organizados históricamente por las familias, comunidades y organizaciones campesinas, en un área geográfica definida, que es lo que llamamos polígonos”.
Los polígonos son figuras de ordenamiento territorial en las cuales es necesario construir un “plan de vida digna”, el cual actúa como una hoja de ruta para mejorar las condiciones de vida. “Ese plan de vida digna, una vez se apruebe por el consejo directivo de la Agencia Nacional de Tierras, tiene ese efecto vinculante a nivel local, departamental y nacional, y debe dársele trámite, convirtiéndose en una herramienta clave para las comunidades porque permite la exigibilidad de los derechos”, dice Niño.
El plan de vida digna propuesto para El Carmen contiene los siguientes componentes: gobernanza territorial, soberanía alimentaria, economía propia, medio ambiente y bienestar social.
Esta apuesta busca mejorar las condiciones de vida de los campesinos, vinculando la producción agropecuaria y la planeación estratégica del territorio, de la mano de las comunidades y organizaciones sociales. Para la lideresa Marcela Sánchez, la formalización del Tecam aportaría al reconocimiento de la población campesina como un sujeto de derechos y, dentro de esos derechos, a la permanencia en los territorios, para reconocer la ancestralidad campesina y dar solución a los problemas agrarios como la tenencia de la tierra.
La lideresa comunitaria Doris Cardona, coincide en la importancia de estos espacios para disfrutar de los derechos en el territorio y garantizar la permanencia. “Un Tecam es un territorio que se protege para que los campesinos puedan realizar sus labores en el campo, produciendo alimento para su propio sustento y como medio para conseguir los recursos económicos para el sustento de su familia y suplir todas las necesidades”, señala.
Según el funcionario de la ANT Jorge Niño, los Tecam se constituyen en la posibilidad de brindar una protección especial para la producción de alimentos como las Appa, pero desde una perspectiva mucho más amplia de tierra, territorio y de conservación de los bienes comunes de la naturaleza, la vida digna de sus habitantes y la soberanía alimentaria, con fundamento en la agroecología y la protección de las dimensiones económica, social y cultural y ambiental del campesinado.
Un elemento positivo resaltado para las organizaciones campesinas es la autonomía, tomando en cuenta que adelantar este proceso no depende de las alcaldías municipales, sino que se desarrolla desde el nivel nacional de la mano con las organizaciones de base de los territorios. "En distintas ocasiones como organizaciones campesinas hemos intentado entrar en diálogo con la institucionalidad local y departamental pero esta situación ha sido muy compleja, y vemos que la inversión tanto en lo social como en temas de la economía campesina es débil. Por eso para nosotros es un logro muy grande poder interactuar con funcionarios de la Agencia Nacional de Tierras de nivel nacional que nos dan respuestas y nos están apoyando para avanzar en este proceso", afirma una lideresa campesina promotora del Tecam.
Para Jorge Niño, el Tecam fortalece la gobernanza de las comunidades, que pueden construir sus planes de vida digna incluyendo lo que quieren, cómo lo van a hacer y cómo lo proyectan a futuro. Además, resalta la posibilidad de fortalecer la soberanía alimentaria y las economías propias: “hay soberanía alimentaria basada en la agroecología, no solo para para el día a día de la alimentación, sino para que también existan unos excedentes productivos que se puedan comercializar y que esos dineros ingresen para las mismas comunidades y puedan sortear otras situaciones y otras necesidades que tengan”, afirma.
“El compromiso social, el fortalecimiento del sentido de comunidad, el compromiso personal y comunitario es la única manera de proteger nuestro territorio, nuestra vida y estabilidad y asegurar un futuro viable para todos”, señala la lideresa Doris Cardona, para quien el Tecam será una forma de proteger el territorio de intereses externos como la explotación de los recursos naturales.
En el mismo sentido, Marcela Sánchez considera que este espacio permitirá asegurar la vocación campesina en El Carmen de Atrato, para que no exista a futuro la posibilidad de que allí se desarrollen intereses diferentes a la protección del agua, del medio ambiente, la tradición campesina y la soberanía alimentaria.
Después de la respuesta positiva que recibieron las organizaciones en mayo de este año para revisar la formalización del Tecam, quedan varios pasos como lo es la visita técnica para delimitar el polígono, la elaboración del plan de vida y la expedición del proyecto de acuerdo que es el documento que oficializará el Tecam. Todo este proceso debe realizarse en un plazo de 180 días.
Entre el 14 y el 16 de julio la ANT realizó la visita técnica, en compañía de representantes de las organizaciones sociales recorrió el territorio para delimitar la zona, caracterizar a las personas y analizar aspectos como: situación de vida desde el punto de vista económico, la situación de tierras, la seguridad jurídica con la tierra, la tenencia de la tierra, la ocupación y el uso que se le viene dando. En este momento las comunidades se encuentran a la espera de la expedición del acto administrativo por parte de la ANT que abriría el camino hacia los pasos faltantes antes de convertir el área en Tecam.
Para una lideresa de una de las organizaciones postulantes, esta es una oportunidad para avanzar hacia la autonomía alimentaria, pero también de proteger los ecosistemas, especialmente en un territorio con presencia de multinacionales. "El campesinado de El Carmen de Atrato ha sido un protector histórico de la montaña y del río, por esta razón nuestra intención a través de la conformación de esta figura es poder seguir cuidando y protegiendo las fuentes hídricas y nuestros montes, que además resguardan una gran cantidad de flora y fauna”, señala.
En el mercado de San Juan del Cesar, en un sitio conocido como El Hoyito, el olor de la carne atrae cada día a decenas de perros. Guiados por el instinto, buscan un bocado que calme su hambre. Son callejeros, pero también perros con dueño que deambulan sin supervisión. Esa escena, que debería conmover, es para muchos motivo de desprecio. No falta quien reaccione con violencia.
Así ocurrió con una perrita acostumbrada a frecuentar los expendios de carne. Los vendedores le daban restos, pero un día la paciencia se acabó. En un acto de crueldad, un hombre le cortó con un machete una de sus patas.
La noticia llegó a oídos de Aniuska Cuello, una joven que desde siempre ha tenido en el corazón a los perros y gatos desprotegidos. Es parte de la fundación Huellitas de Amor, y aquel día, al escuchar lo ocurrido, sintió que la sangre le hervía. Sin pensarlo, se dirigió al mercado. Con rabia en los ojos preguntó quién había cometido semejante atrocidad. Un testigo señaló al responsable: un carnicero del barrio Loma Fresca.
Aniuska fue directamente a buscarlo. Frente a él descargó toda su indignación: “La próxima vez que me digan que aquí hay un perro maltratado con machete, vengo con la policía y lo demando”. Repitió el mismo mensaje frente a los vendedores: “Después de que les dan comida, no quieren que se acerquen. Ellos solo regresan buscando un poco de alimento. No son culpables de nada”.
Tras el enfrentamiento, lo urgente era encontrar a la perrita herida. Durante un día entero, las voluntarias la buscaron sin éxito, hasta que finalmente la hallaron: adolorida, sangrando y con la pata parcialmente amputada.
La llevaron al veterinario Nicolás Fragozo, quien recomendó amputar la extremidad para evitar infecciones. Las mujeres de Huellitas de Amor se resistieron: era demasiado duro para ellas. Decidieron trasladarla a Valledupar en busca de una segunda opinión. Allí les dijeron que no era necesario amputar toda la pata, pero sí requeriría un tratamiento estricto, con cuidados las 24 horas.
Aniuska la llevó a su casa. Durante semanas le curó las heridas, le aplicó medicamentos y veló por cada dosis. Contra todo pronóstico, la perrita se recuperó. Perdió parte de la pata, pero camina, aunque con dificultad. Por eso la llamaron Milagros.
Hoy Milagros vive en el refugio de Huellitas de Amor. Allí recibe cuidados constantes y está a salvo de la indiferencia. Su discapacidad dificulta que alguien la adopte, pero no le falta cariño.
Aniuska es clara al explicar el problema: “A muchos les gustan los perros cuando son cachorros. Les parecen lindos, los consienten, pero cuando crecen, los dejan a la intemperie. Creen que ya se pueden cuidar solos. Y las hembras son las más perjudicadas: no quieren que se preñen y por eso las abandonan. Lo mismo pasa con las gatas, evitan adoptarlas porque se reproducen muy rápido. Si no esterilizamos, habrá cada vez más animales en la calle”.
Con desilusión añade:
—“Hay personas que prefieren pagar 400, 500 mil o hasta un millón de pesos por un perro de raza, mientras en las calles hay tantos animales pasando hambre y maltrato. Ese dinero podría salvar vidas en los refugios”.
En los barrios más subnormales de San Juan, donde abundan los lotes enmontados, es común encontrar camadas de gatos abandonados. Huellitas de Amor no tiene un espacio adecuado para ellos: se necesitan mallas especializadas, demasiado costosas para la fundación.
Por eso, las voluntarias llevan los gatitos recién nacidos a sus propias casas. Los alimentan y publican sus fotos en redes sociales hasta conseguir adopciones. También incentivan a las personas que los encuentran: les proponen cuidarlos, comprometiéndose a esterilizarlos de forma gratuita cuando llegue el momento.
La fundación nació en 2021, después de la pandemia. Ocho mujeres —Silvia Celedón, Aniuska, Dayana, Alexa, Diana, Sandra, Yofaira y Ariana— descubrieron que todas compartían la misma pasión: ayudar a los animales callejeros.
Comenzaron como un grupo de WhatsApp, donde compartían casos y se apoyaban para comprar medicinas y preparar alimentos que repartían en el centro de San Juan. Con el tiempo decidieron constituirse legalmente con la esperanza de recibir apoyo de la Alcaldía, pero este nunca llegó.
Lejos de rendirse, empezaron a realizar rifas, ventas de postres y arroz con leche para costear medicinas y alimentos. Con su propio dinero y algunas donaciones, han logrado mantener el refugio que la Alcaldía les cedió en un lote junto al colegio El Palao.
Actualmente albergan 18 perros adultos y 5 cachorros. Su capacidad máxima es de 20, pero a veces han tenido hasta 32. Cada canil cuesta alrededor de 300 mil pesos, por lo que deben priorizar entre construir más espacios o comprar medicinas.
En el último año, rescataron más de 100 animales, esterilizaron 480 y lograron 68 adopciones.
Nicolás Fragozo Gámez es veterinario desde 1978. Aunque inicialmente quiso estudiar medicina humana, terminó en veterinaria “por casualidad”. Hoy no se arrepiente: “Me siento orgulloso de mi profesión. No hay nada más gratificante que salvar la vida de un animal”.
Fragozo es uno de los principales aliados de Huellitas de Amor. Reduce costos de cirugías y medicamentos, e incluso acredita fármacos cuando no tienen recursos. Una cirugía que normalmente cuesta 180 mil pesos, a la fundación puede salirle en 80 mil.
Pero advierte que el abandono no es solo un problema de bienestar animal, sino de salud pública: “Hay enfermedades zoonóticas como la rabia o la toxoplasmosis que pueden transmitirse del animal al hombre. Por eso es tan importante la vacunación y el control sanitario”.
Fragozo celebra la reciente aprobación de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025), que endurece las penas contra el maltrato animal. “Antes, la Ley 1774 de 2016 solo imponía multas. Ahora, con esta nueva ley, quienes maltraten animales pueden ir a la cárcel de 3 a 5 años”.
El coordinador departamental de Zoonosis, Obed Enrique Daza Plata, confirma que a partir de septiembre los municipios recibirán recursos para destinar a esterilizaciones y cuidados. La Junta Protectora de Animales, integrada por el alcalde, el párroco y el personero, deberá garantizar su buen uso.
En La Guajira, el rescatista Álvaro Miranda ha visto realidades aún más duras. En comunidades wayuu, los perros llegan a comer heces humanas para sobrevivir. “En Riohacha los perros buscan comida en la basura o mendigan a turistas, pero en las rancherías no hay desperdicio. Es desgarrador”.
Su proyecto Tahuala —“mi hermano” en wayuunaiki— se dedica a rescatar los casos más graves: atropellados, perros con cáncer, fracturas o miasis. No hay ortopedistas veterinarios en La Guajira, así que muchos deben ser trasladados a Santa Marta, lo que es costoso.
Aunque la adopción en el departamento es mínima —la mayoría de adoptantes son de Medellín, Bogotá o del exterior—, Miranda no se rinde. Educa a comunidades y escuelas con talleres y proyecciones de cine, mostrando cómo un animal maltratado puede recuperarse. Sus redes sociales son clave: allí difunde videos que han logrado financiamiento para operaciones y motivan adopciones.
Pese a la dura realidad, Miranda reconoce un cambio positivo: “Cada vez más personas reportan casos de maltrato y se comprometen a ayudar en los rescates. Incluso en comunidades wayuu hay rescatistas comprometidos”. Fragozo coincide y añade: “Cuidar de un perro de la calle no es difícil. Un simple plato con concentrado y agua en la puerta de tu casa puede salvar vidas”.
Aniuska Cuello lo resume con una frase: “Es agotador, pero todo vale la pena con tal de ver a nuestros animalitos bien. No les puede faltar comida ni medicinas”.
Desde que era niña soñaba con tener una fundación. Hoy, a sus 28 años, ese sueño es realidad. Cada mañana, después de llevar a sus hijos al colegio, prepara una gran olla con arroz y menudencias para alimentar a sus perros. En las tardes, atiende el refugio hasta entrada la noche, antes de volver a su rol de madre y esposa. Ha aprendido a inyectar, canalizar y medicar observando a veterinarios en jornadas de esterilización.
Cansada, sí. Pero convencida de que no hay sacrificio en vano cuando se trata de salvar vidas.
En Guainía llueve sin tregua desde mediados de mayo. La temporada invernal ha sido persistente, y poco a poco los ríos que surcan este territorio —conocido por muchos como la tierra de muchas aguas— han ido ganando terreno. A pesar de que el Ideam había pronosticado una disminución de las lluvias para la segunda semana de junio, el agua sigue cayendo con fuerza y ya está provocando emergencias en Inírida, la capital del departamento.
El río Inírida se desbordó y hoy los habitantes enfrentan una emergencia silenciosa: el agua ya sobrepasó el malecón, obligó al cierre de la vía principal, inundó negocios y amenaza viviendas enteras de diferentes barrios que están cerca de la ribera.
Lo que antes era un lugar de paso obligado para comerciantes, peatones y turistas, hoy es la extensión del río profundo y oscuro, que lleva a los habitantes a pensar inevitablemente en la inundación del 2018, una de las peores de los últimos años, que dejó bajo el agua al 50 por ciento de Guainía.
La comparación no es descabellada. Según Hosny Calderón, coordinador de Gestión del Riesgo de la Alcaldía de Inírida, el río está a un metro con cuarenta y siete centímetros de llegar al mismo nivel del 2018. Con un crecimiento de dos centímetros por día, si continúa lloviendo de manera intensa, señala Calderón, esta es una posibilidad. El Ideam, por su parte, ha advertido que las lluvias se extenderán hasta finales del mes de julio, un panorama que preocupa a las autoridades y a la población ribereña.
La escena es la misma en todos los barrios del municipio que están cerca del río, incluyendo el centro: negocios cerrados, vías anegadas, viviendas con agua en los patios, botes que navegan sobre lo que hasta hace unos días eran calles.
“Nos tocó cerrar todo”, dice una comerciante que tiene un almacén cerca del malecón del río Inírida, el cual lleva tres días sin abrir porque está completamente inundado. “Aquí no entra ni la gente ni la plata. Esto se volvió un charco”, agrega. En la misma situación se encuentran todos los comercios de la zona; las aguas entraron a sus negocios, dañaron la mercancía y en este momento no pueden abrir hasta que el río baje su nivel.
Según informó el medio local El Morichal, barrios como Las Américas, Villa Gladys, Barrio Obrero, El Prado, Porvenir, Villa del Río y el centro ya registran afectaciones. En algunos sectores, las aguas han ingresado a las casas por patios y entradas principales, obligando a las familias a improvisar con estibas y tablas para evitar mayores pérdidas. Varios habitantes han tenido que evacuar en canoas o improvisar puentes de madera sobre los patios inundados.
Al municipio también comienzan a llegar campesinos e indígenas de las cuencas de los ríos Guaviare, Atabapo e Inírida. Sus comunidades se han inundado y muchos se trasladan hasta la capital para buscar un lugar seguro para sus animales y pertenencias. Es el caso de Gustavo Aguirre, un campesino del río Guaviare que vio cómo el agua se llevó todos sus cultivos. “Perdí todo otra vez. No me dio tiempo ni de sacar bien las cosas, el agua subió más de lo normal. Esto no pasaba desde aquella inundación del 2018”, afirma.
Sus cultivos de yuca, plátano y ají, que alimentaban a su familia y generaban ingresos, hoy están completamente perdidos. “Uno queda solo con la pérdida”, agrega.
Las lluvias se hicieron más intensas desde el mes de junio, no solo sobre el río Inírida sino también sobre las cuencas del Orinoco, en donde desemboca. El represamiento de aguas en esa zona por la persistencia del invierno impide que el río siga su curso y baje su nivel, una situación que ya se está saliendo de control.
Actualmente, según el Ideam, el río Inírida se encuentra en alerta roja. El 7 de julio, la Alcaldía del municipio, a través del decreto 092, declaró la calamidad pública por las inundaciones, lo que le permite movilizar recursos y dar atención inmediata a las personas damnificadas. La medida fue adoptada, entre otras razones, por el aumento diario del nivel del río y el riesgo inminente de que se desborden quebradas internas como la Mataven, el Caño Vitina y el Caño Pato, que cruzan la capital departamental, como explicó Calderón a El Morichal.
Hasta el momento, según la Alcaldía, se han identificado 500 núcleos familiares damnificados en zona urbana y 1.000 hectáreas inundadas en el municipio. Sin embargo, todavía no hay claridad sobre las afectaciones en las comunidades de los ríos. “La zona rural estamos en caracterización de comunidades indígenas, sobre todo medio y bajo Guaviare donde se encuentran agricultores y ganaderos”, explica Calderón.
Además del daño a viviendas y cultivos, la emergencia ha afectado a la economía familiar. Muchos hogares han tenido que levantar electrodomésticos y muebles, mientras otros simplemente los han perdido. Según cifras oficiales, se ha brindado apoyo para rescatar 1.621 cabezas de ganado y se han entregado kits de alimentos y aseo a 449 personas.
La atención se está haciendo de manera escalonada: cada día se acude a un barrio distinto o a una comunidad afectada, dependiendo de la evolución del nivel del agua y las alertas emitidas por los comités locales de emergencia.
La Alcaldía de Inírida y la Unidad de Gestión del Riesgo han restringido el paso por el malecón y aseguran estar monitoreando la situación. Sin embargo, la comunidad insiste en que las ayudas han sido tardías e insuficientes, y exigen planes a largo plazo para mitigar futuras inundaciones.
Como afirma Hosny Calderón, las lluvias continuarán por unas semanas más, por lo que existe la posibilidad de que la situación se agrave y el número de personas damnificadas incremente.
De igual manera, todavía se está a la espera de comprender el impacto real de esta emergencia en las comunidades indígenas que están alejadas del municipio, ya que varias han reportado la pérdida total de sus cultivos y también están esperando que llegue la atención de las entidades encargadas.
Aunque esta emergencia avanza con menos visibilidad mediática, lo que está ocurriendo en Inírida revive el temor de sus habitantes a repetir el desastre de hace siete años. En 2018, según reportes de medios, la emergencia afectó a cerca del 50 por ciento de la población y dejó múltiples barrios sumergidos durante semanas, incluyendo zonas que hoy vuelven a estar bajo el agua.
“Esta vez no queremos esperar a que todo colapse para que nos pongan atención”, dice un habitante del barrio El Jardín, que aún intenta sacar el agua de su casa con baldes. “Ya sabemos cómo se siente perderlo todo”.
En San Vicente del Caguán, llueve casi todo el año. Las nubes se descargan sobre los techos de zinc, los caminos de tierra y los campos de cultivo durante al menos nueve meses, interrumpidas sólo por breves pausas de sol. El municipio, ubicado en el corazón del Caquetá, está atravesado por varios ríos que bajan caudalosos desde la cordillera. Sin embargo, y a pesar de esa abundancia de agua que parece envolverlo todo, miles de personas viven sin acceso a agua potable.
Con una población cercana a los 55 mil habitantes dispersos en una extensión de 17.875 kilómetros cuadrados, San Vicente es uno de los municipios más extensos de Colombia. La mayoría de su gente —el 51,77 por ciento— vive en zonas rurales, donde la presencia del Estado y la cobertura de servicios básicos, como el acueducto y el saneamiento, siguen siendo limitadas. Incluso en el casco urbano, —donde reside el 48,23 por ciento restante—, abrir una llave y confiar en el agua que sale de ella es todavía un privilegio incierto.
En la sabana del municipio, veredas como Santa Rosa, Tres Esquinas y Puerto Betania consumen agua directamente del río Caguán, sin ningún tipo de tratamiento. Otros centros poblados como Villa Lobos, La Novia, Las Damas, Ciudad Yarí, Villa Carmona y los Pozos, se abastecen de aguas subterráneas (aljibes) o represas artesanales mediante bombeos a gasolina o por energías fotovoltaicas privadas.
Wilman Fierro es diputado a la asamblea del Caquetá y oriundo de San Vicente del Caguán, afirma que “el municipio no cuenta con planta de tratamiento de agua en ninguno de los 18 centros poblados. Los habitantes se abastecen del agua de los caños, los ríos o aljibes, a veces en pésimas condiciones. El verano intenso puede secar los reservorios, y la gente termina consumiendo agua de donde beben los animales”.
En contraste, centros poblados como Guacamayas, Troncales, Puerto Amor y Balsillas cuentan con buenas fuentes hídricas para abastecer a las comunidades, una diferencia significativa por su ubicación privilegiada en la zona de cordillera. A pesar de esto su población tiene dificultades para acceder al agua potable.
La falta de acceso a este servicio vital genera afectaciones de salud en las personas y animales, además de daños a los cultivos. Mabel Dayana Rivas Quintero, habitante del centro poblado de Campo Hermoso, cuenta que el agua que obtiene no recibe el tratamiento adecuado: “uno cree que con hervir el agua de la represa es suficiente para matar las bacterias, pero no. Yo la uso para la comida pero no para los jugos; compro a la semana hasta dos garrafones de agua, cada uno por 10 mil pesos”, relata.
Antes de comprar el agua, su familia la consumía directamente de un aljibe, pero decidieron no volver a hacerlo porque su esposo sufre de problemas gastrointestinales y de los riñones.“Me afecta en la salud y en la economía. En los niños las diarreas, fiebres, rebote de parásitos, implican comprar medicamentos, muchas veces llevarlos al médico, y eso significa más gastos”, afirma Rivas.
La necesidad de contar con este servicio básico y la falta de respuestas por parte de las instituciones han llevado a que las personas busquen soluciones por su cuenta y se adapten a la situación. Así lo expresa Abel Jiménez Sánchez, presidente de la Junta de Acción Comunal del caserío Villalobos, conformado por 244 viviendas y unos 900 habitantes. En esta zona, el agua que se consume proviene de caños pequeños o aljibes. “Aquí bombeo el agua y la almaceno en el tanque, no le hago ningún tratamiento y la consumimos directamente. Pero en invierno se rebosa y se ensucia, y no hay otra fuente de agua que podamos usar. El gasto económico siempre se refleja, ya sea en la gasolina para bombear, en comprar bolsas de agua o por cuestiones de salud”, comenta.
Entre los esfuerzos colectivos, se destaca la compra de un terreno que fue cedido al municipio para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), con el objetivo de evitar que los vertimientos sigan yendo directamente a otro afluente. Sin embargo, después de un año, el proyecto sigue sin arrancar. También disponen de un espacio destinado a una futura represa, pero esta iniciativa no ha recibido respaldo institucional. Aunque se ha contemplado la posibilidad de ejecutarla con recursos propios, los altos costos hacen inviable su realización para los habitantes.
Los habitantes de las zonas rurales se sienten invisibilizados, sin respaldo de nadie. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, la pobreza multidimensional en el Caquetá aumentó en el 2024.
El porcentaje de personas sin acceso a agua potable en zonas rurales pasó del 17,4 por ciento al 23,8 por ciento. En las cabeceras municipales también se registró un incremento, pasando del 0,5 por ciento al 1,9 por ciento. Esto significa una desmejora en la calidad de vida de los habitantes, especialmente de la población rural. Se trata de una situación crítica, si se tiene en cuenta que la Corte Constitucional de Colombia ha reiterado en varias ocasiones que el acceso al agua potable constituye un derecho fundamental.
“Para mucha gente, el agua que llega no es de fiar. Desde sus abuelos y padres aprendieron a buscar otras formas de abastecerse, aquí mismo, en el pueblo”, dice Carolina Monrroy Bermúdez, mientras acomoda su puesto ambulante en una esquina de San Vicente del Caguán, donde lleva más de 20 años vendiendo jugo de piña.
Esa desconfianza no es nueva, y se ha ido transmitiendo junto con las estrategias para sobrevivir sin un servicio confiable. Antes, el agua se recogía en totumas, barriles de madera o tinajas de barro. Venía de quebradas cercanas, pozos cavados a mano o directamente del río Caguán. Con el tiempo, surgieron soluciones más elaboradas: aljibes que varias familias compartían, tanques de concreto, canaletas para recoger agua lluvia en los techos durante los meses más secos. En los años 2000, algunas Juntas de Acción Comunal decidieron tender sus propias redes de mangueras, conectadas sin tratamiento a nacederos y caños. No fue sino hasta 2006 que se creó la empresa Aguas del Caguán, con apoyo del municipio, para organizar una red formal de captación, tratamiento, distribución y cobro. Pero para muchos, aún hoy, esa agua sigue sin inspirar confianza.
La apariencia y calidad del agua depende del barrio y el tanque en el que se almacena, y se afecta por la calidad de las tuberías. “Aún existen tanques abiertos al aire libre, que reciben agua lluvia junto al agua tratada. A veces el agua llega día de por medio y solo unas horas en verano, y en invierno se revuelca mucho. Para mi negocio siempre he trabajado con agua de bolsa, porque es mejor evitar riesgos y que la clientela tenga confianza”, afirma Monrroy.
En el casco urbano los 83 barrios que conforman el municipio se abastecen de dos fuentes de captación que llegan a la planta de almacenamiento y tratamiento, ubicada a un kilómetro y medio del centro del municipio. El primer punto es directamente el río Caguán, que recorre 3 kilómetros hasta la planta mediante bombeo eléctrico, susceptible a fallas por apagones de nivel municipal. El segundo es la quebrada Alto Arenoso a unos 15 kilómetros de la planta, cuyo suministro llega por gravedad. La capacidad de captación es de 65.98 litros por segundo y 61.32 litros por segundo, respectivamente, durante las 24 horas del día tanto en época de invierno como de verano.
Diana Julieth Ocampo Vargas, ingeniera ambiental de la empresa Aguas del Caguán, explica que el tratamiento del agua cruda se realiza según directrices de las autoridades, mediante análisis físico-químicos y microbiológicos. “Cada mes la secretaría de salud departamental, toma muestras de agua en los nueve puntos concertados: El Campín, El Porvenir, El Jardín, La Libertad, Villa Norte, El Paraíso, Ciudad Bolívar que está en la comuna 1, Juan 23 y una en el tanque”, asegura.
“En el proceso de potabilización se utilizan químicos como el hidroxicloruro de aluminio, que permite separar las partículas y clarificar el agua. Luego de varias etapas, se aplica la cantidad necesaria de cloro para desinfectarla, y finalmente se almacena en el tanque principal, desde donde se distribuye a cada vivienda a través de válvulas sectorizadas. Por ahora, la capacidad de la planta de tratamiento sigue siendo suficiente para abastecer al casco urbano, y no se ha contemplado una ampliación”, explica Jhoan Fernández Vega Ríos, coordinador operativo del sistema.
Sin embargo, esa agua no genera confianza entre muchos habitantes. Jesús Rincón, dueño de un pequeño negocio, lo resume así: “Pagamos agua para ciertas cosas, porque desafortunadamente existe el miedo de consumirla directamente. El color y el sabor varían según el terreno, las tuberías y el tiempo de instalación, lo que genera desconfianza”. Por eso, él prefiere buscar otras fuentes. “Yo evito problemas y voy al aeropuerto, donde el batallón instaló un punto de agua potable. También hay un manantial de agua cristalina a tres kilómetros, al que muchas familias acuden con frecuencia”.
Corpoamazonia dentro del Plan Ambiental 2020–2023, confirmó que la calidad del agua no ha mejorado en varios puntos monitoreados, incluidos los tramos del río Caguán cerca de San Vicente del Caguán, y señaló que persistieron descargas de aguas negras sin tratamiento. Otro análisis realizado en 2020 reportó condiciones químicas y microbiológicas preocupantes en el río Caguán, como niveles ácidos y variaciones físicas, que evidencian contaminación continua.
En Caquetá está en marcha el Plan Departamental de Agua (PDA), una estrategia orientada a dar cumplimiento al Decreto 1425 de 2019, que establece la necesidad de articulación entre distintas entidades para la ejecución de proyectos de agua potable y saneamiento básico. A través de este plan, se busca priorizar la inversión en infraestructura, con énfasis en el mejoramiento de acueductos, la reforestación de bocatomas y obras de saneamiento (como la construcción de redes de recolección de aguas residuales que conecten los barrios con la planta de tratamiento). Inicialmente, el plan beneficiará a cuatro municipios del departamento que cumplan con criterios técnicos previamente definidos. La selección y ejecución de estas obras deberá ser concertada entre la administración departamental, el gestor del PDA y Corpoamazonía.
El diputado Wilmar Fierro menciona que “los proyectos en saneamiento básico y agua potable por parte de la población solamente se radican en esta figura o en el viceministerio de aguas –si es a nivel nacional–, pero aún no se tiene certeza de la parte tributaria o económica. Ellos son los que abren espacios en las diferentes secretarías y ministerios para tratar de sacar adelante esos proyectos de acueductos comunitarios. Para los proyectos de agua potable nosotros vigilamos que esos recursos sean 100 por ciento invertidos y necesariamente sean direccionados donde están las grandes necesidades”, afirma.
El Plan de Acción Cuatrienal 2024–2027, titulado Amazonia para el Mundo y liderado por Corpoamazonía, pretende ser la hoja de ruta para la gestión ambiental en la región sur de la Amazonía colombiana durante los próximos cuatro años. En teoría, podría convertirse en una herramienta clave para avanzar en el acceso al agua potable en municipios como San Vicente del Caguán. Sin embargo, en la práctica, lo único que contempla para esta población es la entrega de un carro compactador en 2026. Nada más.
Mientras tanto, en San Vicente —tanto en la zona rural como en el casco urbano— el acceso a agua potable sigue siendo una promesa lejana. La gente lo sabe, porque lo ha vivido generación tras generación. Y frente a la ausencia del Estado, como ha ocurrido históricamente con tantas otras necesidades básicas, no les ha quedado más opción que organizarse, resistir y buscar sus propias soluciones. Porque el agua, como la vida misma, no puede seguir esperando.
No poder llamar a sus familiares, conectarse con el mundo a través de las redes sociales o acceder a clases virtuales motivó a los pobladores del corregimiento Playa de Oro, en Tadó, a cerrar la vía nacional que comunica al departamento del Chocó con Risaralda. La huelga empezó el pasado 9 de junio y duró más de 24 horas en las que, con llantas y tablas puestas sobre el pavimento, se impidió el flujo vehicular.
La comunidad esperaba que la empresa Claro Colombia, operadora de telefonía e internet en la región, y la Alcaldía municipal los escuchara, pero la protesta solo demostró la desconexión, ya no solo digital sino física, de las familias del corregimiento con la institucionalidad.
A casi un mes de la desconexión total, el servicio se ha restablecido con falencias. Aunque la empresa asegura que la problemática de conectividad se estabilizará con repuestos que son enviados desde China —y los cuales pueden tardar hasta 45 días hábiles en llegar—, la calidad y estabilidad del servicio está en entredicho.
Consonante visitó el lugar con el objetivo de obtener información y conocer de primera mano la problemática que afecta a esta comunidad. En esta visita pudo notar que el servicio no estaba funcionando, sin embargo, se identificaron algunos puntos en los cuales llegaba la señal, uno de ellos estaba cerca de la institución educativa Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro. También recogió la preocupación de los habitantes, al reconocer que sus vidas ahora dependen de la tecnología.
“No teníamos conocimiento”, reconoció Deisner Luis Mosquera, secretario de Gobierno municipal, al cuestionar la intervención institucional. “Ningún líder se acercó al palacio municipal y sobre todo no hubo ningún requerimiento formal, para darnos cuenta la situación que estaban viviendo”, agregó. Sin embargo, una vez se enteraron, la Alcaldía buscó a la empresa de telecomunicaciones y pudo conocer que se estaba ante un daño en las torres de comunicaciones.
“Una vez nos reunimos con el personal de la empresa Claro nos dirigimos hacia la comunidad con el objetivo de restaurar la señal. Cabe resaltar que una vez nos enteramos realizamos las acciones concretas para poder mitigar dicha problemática”, agregó Mosquera.
El funcionario reconoce que los problemas de conectividad y la falta de acceso a la información generó una gran angustia para los habitantes Playa de Oro, pero dice que sería importante que la comunidad se acerque a la institución y busque el respaldo de los funcionarios, antes de tomar las vías de hecho.
Por otro lado, hay quienes refieren que en el alto San Juan están sin doliente. Maruja, una lideresa de Playa de Oro, explica que al sentirse desamparados y no saber dónde acudir decidieron tomar las vías de hecho. “Es la única forma en la que nos pueden escuchar. Llevábamos más de veinte días sin señal, no tenemos certeza de cuando se pueda restablecer el servicio. Desde hace mucho tiempo venimos presentando esta problemática: se daña la señal y no viene ningún representante de Claro a reunirse con la comunidad y explicar qué es lo que pasa”, explicó.
Ante las frecuentes fallas en la cobertura de telefonía, las comunidades lamentan que están pagando planes de celular a los que no le están sacando mayor provecho.
Durante los días que persistió la falla solo se contó con señal en algunos puntos. Allí los dispositivos se cuelgan de las antenas, pero hay ocasiones en las que la conexión se pierde del todo y cuando el internet se restablece es lento e intermitente.
“Cada vez que no hay conexión de internet nos vemos afectados todos pero, sin duda alguna, los más perjudicados son los estudiantes y más si toman clases virtuales”, contó Leicer Andrés Mosquera Pino, estudiante de Zootecnia en la Universidad Nacional Abierta a Distancia.
“Los estudiantes nos vemos muy afectados por el tema de la señal. En mi caso me debo desplazar a otros lugares como al casco urbano para cumplir con mis objetivos académicos. Frecuentemente nos vemos perjudicados, la tecnología es nuestro mejor aliado porque hoy en día cualquier tipo de investigación se busca en internet”, afirmó.
Las fallas en la conectividad lo han hecho sentirse aislado, y frecuentemente debe pedir a compañeros de otras regiones que le ayuden a entender lo que se ha perdido.
El pasado 15 de junio se restableció el servicio de telefonía móvil en la comunidad de Playa de Oro. La comunidad espera una solución definitiva para que la interrupción de este servicio no vuelva a presentarse, ya que no es la primera vez que ocurre y que afecta el desarrollo de la vida diaria en el territorio.
A orillas del río Guaviare, en el departamento del Guainía, habitan los pueblos Sikuani y Piapoco. Sus comunidades se extienden a lo largo del cauce, entre aguas abundantes en peces y tierras fértiles donde brotan la manaca y la yuca. Pero en ese entorno que parece generoso, cada año se repite una paradoja dolorosa: decenas de niños indígenas enfrentan la desnutrición.
La escena es la misma cada tanto: niños y niñas delgados, con costillas sobresalientes, pelo escaso y opaco. Si bien los casos se presentan en otras etnias y en los cascos urbanos de los dos municipios del departamento, la mayoría de los niños con desnutrición que se han identificado son parte de estas comunidades del río Guaviare.
Según datos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) regional, en lo que va del 2025 se han identificado 26 niños en estado de desnutrición, 16 hacen parte de las comunidades de este río en cercanías del municipio de Barrancominas. Según Germania Gil, nutricionista del Hospital Departamental Intercultural Renacer, los casos registrados son niños menores de cinco años, especialmente entre los seis meses y los dos años.
Pata María del Mar Miranda, jefe de la oficina de asuntos indígenas del hospital, en la actualidad los casos más graves se concentran en las comunidades de Pueblo Nuevo, Laguna, Murciélago y Carpintero. Allí el tipo de desnutrición más frecuente es la aguda moderada que se caracteriza porque el peso del niño es menor al que debería tener para su altura y por una pérdida reciente del peso. Sin embargo, también han encontrado casos de desnutrición severa, que es grave y requiere de atención médica urgente.
“La misma OMS ha definido la desnutrición como una enfermedad social porque es el resultado de una inseguridad alimentaria en los hogares”, afirma Germania Gil. Este es un problema complejo y multicausal, que según voces expertas como el ICBF y Asocrigua debe ser entendido de manera amplia, especialmente en un departamento en el que la mayoría de su población es indígena.
La desnutrición en el departamento de Guainía no se puede explicar por una sola causa, pues como señala Delcy Castro, líder del área de gestión integral del riesgo en salud del hospital departamental, “la desnutrición es un problema que tiene muchos determinantes sociales”. De esta manera se identifican varios factores que predominan en un territorio extenso, con presencia estatal insuficiente y diverso culturalmente, que exige atención desde un enfoque diferencial.
Falta de acceso al agua potable: La población de Guainía carece de agua potable, especialmente las comunidades indígenas que se encuentran a horas o días de distancia de la capital del departamento. “Guainía es tierra de muchas aguas, pero muchas aguas ¿en qué condiciones? Muchas aguas sucias, muchas aguas contaminadas, muchas aguas con mercurio”, señala Marcela Quintero, autoridad del pueblo Curripaco y coordinadora de infancia, niñez y familia de la Asociación del Consejo Regional Indígena del Guainía (Asocrigua). Añade, además, que el agua que se está consumiendo en el territorio no está en condiciones aptas.
Así lo identifica también María del Mar Miranda, para quien la falta de agua potable es uno de los factores predominantes que marca la desnutrición de los niños. Dice que muchas personas toman el agua directamente del río, de pozos y de agua lluvia, lo que genera afectaciones a la salud: “no estamos acostumbrados a hervir el agua, esto genera parásitos y diarreas, fácilmente una diarrea se puede convertir en una desnutrición”, dice.
Dispersión geográfica: En el departamento el transporte se hace principalmente por los ríos, las comunidades se conectan de esta manera y muchas de ellas están a días de distancia del centro de salud más cercano. “Las familias pueden demorarse 6 días para poder acceder al servicio de salud”, dice Andrea Caro, referente de nutrición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), regional Guainía.
Cuando los niños se enferman esta situación dificulta que las familias puedan trasladarlos a uno de los puestos de salud que existen en algunas comunidades indígenas o incluso a Inírida, por lo que la atención médica se da en estados avanzados de desnutrición.
Factores culturales: En la atención a los pueblos indígenas desde la medicina occidental se generan choques culturales. Como señala Andrea Caro, las comunidades tienen una percepción distinta de enfermedades como el bajo peso y la desnutrición, lo que genera retos para la atención que debe pasar primero por entender las realidades. “Tenemos que entender culturalmente cómo es su comportamiento”, dice Marcela Quintero de Asocrigua.
Además, instituciones como el hospital departamental y el ICBF, han identificado que algunas personas tienen desconfianza en las instituciones, lo que genera una barrera para llegar a las comunidades y complementar la atención de la medicina tradicional con la occidental.
María del Mar Miranda, explica que para muchos pueblos indígenas del Guainía como los Piapoco y los Sikuani, la desnutrición no es una enfermedad, sino un estado espiritual.
Así lo confirma Deyanira García, capitana indígena de la comunidad Matraca, en el resguardo Paujil. Para ella lo que las instituciones llaman “desnutrición” muchas veces no es solo falta de comida, sino falta de conexión con los saberes tradicionales y con los espíritus de la naturaleza. Su voz, como la de muchas mujeres sabedoras del Guainía, recuerda que la solución a la desnutrición no es solo técnica, sino cultural, espiritual y colectiva.
Marcela Quintero de Asocrigua coincide con esta visión, para ella las comunidades indígenas dan un alto valor al concepto de las abuelas, abuelos, sabedores y del payé (médico tradicional), por eso cuando algún mal aqueja el cuerpo son los primeros en ser consultados por su rol como autoridades en los territorios.
En algunos casos, el payé identifica males espirituales en los cuerpos de los niños que son tratados inicialmente con medicina ancestral. “Ellos tienen que terminar ese tratamiento tradicional antes de que nosotros apliquemos un tratamiento”, afirma Andrea Caro del ICBF al referirse a la medicina occidental.
Más allá del respeto por lo tradicional, existen algunos factores que impiden que las niñas y niños sean atendidos de manera complementaria por la medicina occidental. Por un lado, las distancias de las comunidades son un elemento determinante para la atención oportuna, en los territorios más alejados no hay centros hospitalarios. “A veces los enfermeros que hacen presencia no tienen medicamentos o no tienen más que sus propias manos para atender. Entonces, quien hace presencia constantemente en una comunidad es el sabedor, es el el payé, es la sabedora, es la partera, el médico tradicional. Ellos son los primeros en reaccionar en estos casos”, señala Marcela Quintero.
Agrega que las condiciones en los territorios son muy precarias y por eso, en muchas ocasiones, cuando finalmente se consigue llegar a un centro médico los niños están en condiciones graves. “Por eso nosotros los pueblos indígenas hemos hablado mucho y hemos peleado por el SISPI, que es el sistema propio intercultural indígena”, señala.
Además, Marcela Quintero identifica un reto que es la necesidad de hacer pedagogía en las comunidades para explicar en qué momento puede ser necesario juntar los dos tipos de medicina para atender a los niños. Esto desde Asocrigua y otras instituciones se hace a través de conversaciones con población y autoridades indígenas, “nosotros como pueblos indígenas le damos mucha importancia a la palabra”, dice.
En estos procesos la palabra es fundamental, especialmente por el choque entre el mundo indígena y occidental que genera desconfianzas, debido a que todavía son desconocidos los protocolos o formas de actuar de la institucionalidad. Esta falla en la socialización de las formas de atención marca la reacción de muchas familias indígenas: un niño es internado en el hospital por desnutrición, días después por desconfianza la familia lo retira del centro médico y lo regresa a la comunidad sin superar la enfermedad.
“Muchas veces los padres esconden a sus hijos, porque al tratarse de una desnutrición tienen la concepción de que el ICBF o la comisaría les va a quitar a sus niños”, afirma María del Mar Miranda. La situación es más compleja cuando por el nivel de desnutrición los menores deben ser trasladados a otras ciudades como Bogotá o Villavicencio, “son familias que nunca han salido del territorio, obviamente ellos generan un rechazo al sector salud”, dice Andrea Caro.
Según Caro, a esto se le suma que son familias sin ingresos fijos, que al salir de sus comunidades deben abandonar a sus otros hijos y sus tareas diarias, además de tener que suplir gastos como hospedaje, alimentación y transporte sin contar con los recursos necesarios.
Este es un punto importante a tomar en cuenta porque, como lo señala la autoridad indígena Marcela Quintero, “los pueblos indígenas que habitamos en el departamento tenemos cierta negación o cierto rechazo por lo occidental”, además considera que falta credibilidad hacia la institucionalidad. Lo que implica una necesidad de comenzar por la palabra para fortalecer las posibilidades de que niñas y niños sean atendidos de manera oportuna.
Como lo señala el ICBF, en lo que va del 2025 el 62 por ciento de los casos de desnutrición se concentran en las comunidades de las etnias Piapoco y Sikuani ubicadas en los márgenes del río Guaviare. La razón de la enfermedad en este territorio pasa también por la dificultad para acceder al sistema de salud y por la desconfianza en el mundo occidental, pero tiene un adicional relacionado con los factores culturales.
Anteriormente estos eran pueblos seminómadas, es decir, comunidades que se asentaban por algún tiempo en un territorio para después moverse a otros puntos, en un ciclo calculado entre los departamentos de Meta y Vichada. Sin embargo, como lo señala la Unidad para la Restitución de Tierras, entre la década del 60 y 70 la llegada del narcotráfico, de grupos armados ilegales y los intereses extractivistas, despojaron a estos pueblos de sus territorios ancestrales obligándolos al confinamiento y desplazamiento forzado. Algunas de estas comunidades terminaron asentándose en el río Guaviare, en límites de los departamentos Guainía y Vichada.
Esto generó un cambio abrupto en sus dinámicas de vida, como lo señala la jefe de asuntos indígenas del hospital departamental María del Mar Miranda, quien afirma que para obtener el alimento estos pueblos se trasladaban entre los territorios, pero ahora sin tener la posibilidad de moverse se ven obligados a comer lo que el entorno les provee que no siempre es balanceado. “Hoy por hoy se asientan en un en un solo lugar, pero no tienen la cultura de cultivar”, afirma. Este rasgo cultural ha sido el determinante para que en estas comunidades se registren la mayoría de casos de menores con desnutrición.
En Guainía, solo una entidad presta servicios de salud: el Hospital Departamental Intercultural Renacer. Según Delcy Castro, líder del área de gestión integral del riesgo en salud, esta institución desempeña un rol crucial en la atención de niños con desnutrición aguda, siguiendo los lineamientos de la resolución 2350 de 2020 del Ministerio de Salud. Allí, nutricionistas especializados definen tratamientos, suministran fórmulas terapéuticas y desarrollan procesos de estabilización y recuperación nutricional.
El hospital también coordina con el ICBF y Prosperidad Social para asegurar intervenciones complementarias y rutas integrales de atención, fundamentales en un territorio donde muchas comunidades se encuentran en zonas de difícil acceso. Como afirma María del Mar Miranda, actualmente los equipos básicos tienen el reto de abarcar todas las cuencas hidrográficas y llegar a cada comunidad y vereda del departamento.
Esta es una necesidad en la que coinciden las diferentes instituciones, sin embargo, señalan que se debe implementar de manera estratégica. Marcela Quintero de Asocrigua dice que es necesario que las brigadas en los territorios se realicen con acompañamiento de las propias comunidades para generar confianza y hablar con todos los actores clave como las autoridades tradicionales, los pastores evangélicos, los liderazgos y los sabedores. “Que vayan personas que hablen la misma lengua, incluso mucho mejor si son de esa ribera para que genere confianza, credibilidad”, agrega.
Quintero insiste en la necesidad de no buscar una “receta general” como solución a los problemas de desnutrición en el departamento, porque no se trata solo de aplicar el enfoque diferencial en pueblos indígenas, sino comprender que cada río tiene sus particularidades, al igual que cada pueblo indígena y las comunidades que los componen. “Los programas que van dirigidos a la población indígena muchas veces se hacen desde un escritorio, aquí en el casco urbano o , peor aún, en el gobierno central y no están ajustados a la realidad de nuestro territorio”, afirma.
Como indica Andrea Caro del ICBF, es fundamental entender la cultura y realidad de los pueblos indígenas para hacer una buena atención para los menores con desnutrición, al tiempo de generar prevención. “No podemos llegar a imponer, sino tratar de entenderlos, de conocer sus necesidades, de saber su forma o su modo de vivir y nosotros hacerles acompañamiento”, dice.
Este trabajo articulado es fundamental para atender a los menores y a sus familias, y mejorar las condiciones de vida a largo plazo, pues como afirma la nutricionista Germania Gil, a largo plazo la desnutrición genera deterioro corporal, del sistema funcional de los órganos y en el desarrollo psicosocial, y esto implicaría que “las futuras generaciones van a tener un detrimento causado por esta enfermedad”.
Lo que comenzó como una solución creativa para incluir a todos los niños en los ensayos escolares terminó convirtiéndose en uno de los eventos culturales más importantes del Chocó. Fue en el salón de clases de la profesora Beatriz Garcés, mejor conocida como la “seño Male”, donde surgió la idea de hacer un baile colectivo —la Jota— para que ningún niño se quedara por fuera. Tiempo después, esa iniciativa se transformó en la Jotatón, un festival que cada año reúne a decenas de agrupaciones de danza de todo el país en el municipio de Tadó, con un mismo propósito: celebrar la cultura afrocolombiana a través del movimiento y la tradición.
Este año, del 30 de mayo al 2 de junio, se llevó a cabo la doceava versión del festival. Más de 35 agrupaciones, provenientes de municipios como Lloró, Bagadó, Condoto, Quibdó y Río Iró, así como de otras regiones del país como Medellín, Bogotá y el Valle del Cauca, bailaron de manera simultánea la Jota, un ritmo de origen español que fue transformado por los africanos esclavizados hasta convertirse en una danza tradicional del Pacífico colombiano.
La plaza central de Tadó se llenó de color, música de chirimía, sabores de la gastronomía chocoana y bebidas ancestrales como el viche. En esta ocasión, además, el evento rindió homenaje a su creadora, la profesora Beatriz Garcés, docente de danza y directora del grupo La Platina, de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza. Consonante habló con ella sobre cómo nació la Jotatón, qué ha significado para el municipio y cómo vivió el homenaje que le hicieron en esta versión del festival.
“Esta propuesta vino porque teníamos muchos niños en los ensayos, y al ser tantos no podía darles participación a todos”, cuenta la profesora Garcés, “pero si bailaban una jota, sí. Hacíamos grupos de cuatro y me bailaban todos. Cuando empezamos a hacer un baile participativo en el que todos estuvieran, empezó a gustarme cómo se veía en los ensayos”, afirma.
Beatriz Garcés: Por eso empecé a agruparlos, porque la Jota se baila en grupos de cuatro, dos hombres y dos mujeres, o únicamente mujeres. Desde ahí vi que todos los niños que iban a ensayar podían participar en el baile de la Jota.
Poco a poco se fue organizando esa idea, empecé a verla bonita en los ensayos. Luego la sacamos al parque como una actividad del programa Danza Viva y como dice Ámparo Grisales: “me ericé”.
Desde allí surge la idea de invitar grupos amigos, nos encontrábamos en todos los eventos: dos, cinco, quince grupos y hoy contamos con treinta y cinco.
B.G: Desde que empecé a estudiar me gustó la danza, aunque hoy muy poco la practico porque me duele todo el cuerpo. Me he dedicado a dirigir e impulsar para que se realice más la práctica de la danza ancestral. Desde que llegué a la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza empezamos a crear el grupo, a mediados del año 2002 se comenzó con la agrupación de danza, éramos pocas personas. Poco a poco fueron llegando, nos enamoramos del baile. Hoy tenemos muchos niños en el equipo, e incluso hacemos parte del programa Centro de Interés del Ministerio de Cultura.
B.G: Es una emoción muy grande, le doy gracias a Dios por permitir este momento y recibir estos honores en vida. Agradezco de corazón a cada uno de los niños que han sido integrantes del grupo La Platina, sin ellos esto no hubiese sido posible, gracias a este grupo existe la Jotatón, por eso digo: insistir, resistir, persistir en todos los ensayos, aquí estamos. Este es un evento grande para el municipio de Tadó, donde se dinamiza la economía, el turismo y la gente se siente feliz con el evento, porque la Jotatón es de Tadó.
B.G: Para mí fue una sorpresa. Me sentía mal porque hacían las reuniones y no me llamaban, hasta que un día a alguien se le salió, y al darme cuenta se me aguaron los ojos. Por eso le agradezco al alcalde Juan Carlos Palacios ya que fue una iniciativa de él, y sobre todo el tener presente que la danza es una integración social.
B.G: Una vez fuimos invitados a un evento que se hacía alterno al Petronio Álvarez, –Colombia Danza–realizado por el Instituto Popular de Cultura, y nos montaron a la tarima principal, fue una experiencia maravillosa con los niños, sentir el poder de estar en ese escenario.
B.G: Todos los días pienso en dejar de dirigir el grupo de danza debido a que no hay apoyo. Pero los niños me motivan a seguirlo haciendo, he hecho juramento, pero luego cuando me preguntan si hay ensayo me hacen romperlo.
B:G: El nombre nace debido a que yo crecí escuchando todo lo de la platina, teníamos una calle que se llamaba la platina, también un río. Pero, sobre todo, es un metal precioso y por eso fue lo primero que se me vino a la cabeza.
Más de 126.895 personas han sido víctimas de desaparición en Colombia hasta el 1 de diciembre de 2016. A medida que pasan los meses la lista de casos de la Unidad de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) continúa aumentando, a esto se le suma las solicitudes de búsqueda que actualmente son cerca de 38.000. La dimensión real de la desaparición en el país todavía no es clara, lo que genera retos para entidades y organizaciones que se dedican a la búsqueda.
Este hecho continúa ocurriendo en el país. Desde 2017 hasta 2024 el Comité Internacional de la Cruz Roja ha documentado un total de 1.929 casos de desaparición que, sin embargo, no representa el total del fenómeno en Colombia. En medio de este contexto entidades del Estado, familiares y organizaciones de la sociedad civil, conmemoran en los últimos días de mayo la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, una ocasión para honrar la memoria de las miles de personas dadas por desaparecidas y de quienes de manera persistente las buscan.
La UBPD como entidad extrajudicial que surgió con el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, lidera en el país la búsqueda de estas miles de personas, para, entre otros objetivos, restablecer los derechos de los familiares víctimas de desaparición.
A propósito de esta conmemoración, Consonante conversó con Gabriel Burbano, director de Participación, Contacto con las Víctimas y Enfoques Diferenciales de esta entidad, para entender el impacto de la desaparición y los retos de una entidad que hace procesos de búsqueda en un contexto de alta complejidad como el colombiano.
Consonante: ¿Qué significa la desaparición en el marco de las violaciones de los derechos humanos?
Gabriel Burbano: Especialmente en esta semana, reconocemos que la desaparición sigue siendo un hecho, no solamente en Colombia sino en el mundo.
Pero todos estos esfuerzos los hacemos y los tenemos en cuenta, porque volvemos a recordar que hay un país que vivió el flagelo de la guerra, como es Colombia, y que esta institución está creada gracias a la incidencia de las familias y de las víctimas de desaparición, quienes crearon y fortalecieron esta institución en los acuerdos de paz.
Nuestra labor como Unidad de Búsqueda siempre es visibilizar el trabajo de estas familias buscadoras y también de sus allegados, porque hay un principio muy importante en la búsqueda y es que a las personas dadas por desaparecidas las pueden buscar no solamente sus familiares sino sus allegados, sus vecinos, sus hermanos o hermanas que crecieron con ellos y que no necesariamente tengan ese lazo consanguíneo.
Esta semana, en la que conmemoramos el Día Internacional de la Desaparición, es un escenario de memoria y también para reivindicar que la búsqueda tiene un proceso de reparación con las familias. Que tenemos una institución humanitaria y extrajudicial pública del Estado que tiene esta función como un mecanismo transicional en el marco de la implementación del acuerdo de paz.
C: ¿Qué retos surgen al realizar la búsqueda de personas en un contexto de persistencia del conflicto armado?
G.B: Primero, el reto es llegar a todos esos territorios en los que hoy la entidad no tiene sedes o donde no cuenta con instalaciones.
Para ello la Unidad ha generado todo un despliegue territorial y operativo, creando más de 28 grupos internos de trabajo en todas los capitales y departamentos, incluido el corredor amazónico. En los departamentos de Amazonas, Vaupés, Guainía y Guaviare tenemos personal que también atiende a las personas buscadoras.
Contamos con una serie de estrategias, especialmente la denominada de contacto diferenciado y permanente, que cuenta con la capacidad operativa para recorrer el territorio por una vía itinerante, y eso implica contar con una unidad móvil que se llama la Ruta Buscadora, que se lanzará el próximo semestre. Esperamos impactar a más de 60 municipios en el sur del país, que no tienen presencia o que la presencia del Estado es escasa.
Por otro lado, están los retos en tecnología y cruce de información. Aún tenemos dificultades para acceder a la información de las personas dadas por desaparecidas, por eso es importante que las familias se sigan acercando a la Unidad a hacer sus solicitudes de búsqueda y hacer sus tomas de muestras genéticas, porque es importante seguir caracterizando y saber a quiénes estamos buscando.
Y finalmente, los retos presupuestales, sin duda alguna la búsqueda es un ejercicio muy costoso y una Unidad de Búsqueda requiere de bastantes recursos para lograr esta titánica tarea de buscar a más de 126.000 personas dadas por desaparecidas.
C: ¿Cómo la UBPD trabaja de manera conjunta con las personas buscadoras en los territorios?
G.B: La participación en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas se comprende en tres niveles, un nivel estratégico, un nivel técnico y un nivel operativo.
En el nivel estratégico está el consejo asesor, que es un espacio natural donde las organizaciones se eligen entre sí para poder acompañar las decisiones que lidera la directora general, en este caso la doctora Luz Janeth Forero.
Adicionalmente, están los elementos técnicos y tácticos, en donde las organizaciones y familias acompañan a los grupos internos de trabajo en el seguimiento de casos, aportan información de acuerdo con los planes regionales de búsqueda que ayudan a fortalecer los planes operativos. Pero, finalmente, está un nivel que es muy importante y es lo operativo, es decir, ¿cómo puedo participar, dónde, cuándo y a qué horas?
Y esta participación arranca no solo desde la presentación de la solicitud de búsqueda, sino también en las decisiones informadas que las familias van tomando en todo el proceso, en la toma de muestras, en la entrega digna, también el reencuentro de personas encontradas con vida.
Porque hay algo que recordar y es que nosotros buscamos bajo el carácter humanitario, tenemos un principio muy fundamental que es buscar a las personas pensando o presumiendo que aún se encuentran con vida.
Entonces, ese también es un elemento fundamental para materializar la participación. Y obviamente eso lo realizamos a partir de la garantía del derecho a la información por medio de una estrategia de contacto, pero también a partir de fortalecer los enfoques diferenciales, étnicos y de género.
Hoy tenemos todo un despliegue importante en nuestros enlaces de diálogo y tejido social, que son personas que se encargan del contacto, de materializar la participación en el territorio, pero también de identificar las necesidades diferenciales en el territorio.
Este gran equipo a nivel nacional ha permitido la materialización especialmente del enfoque de género. Hoy, por ejemplo, más del 60% de las personas que buscan son mujeres, porque también desde la entidad hemos reconocido que la búsqueda tiene una participación muy incidente de mujeres en todos sus procesos.
Entonces, en conclusión, tenemos una participación vista desde esos tres niveles que nos permite tener una lectura integral de las distintas decisiones que toman las familias y las organizaciones de allegados en todo el proceso de búsqueda.
C: Una de las estrategias para avanzar en el proceso de la Unidad es Búsqueda Inversa, ¿en qué consiste y cómo las personas pueden acceder a ella?
G.B: Búsqueda Inversa es una estrategia coordinada entre la Jurisdicción Especial para la Paz, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, con el fin de ubicar a las familias que no han podido encontrar a sus seres queridos, pero estos cuerpos hoy se encuentran en algún laboratorio o en algún lugar de disposición, ya sea el Instituto o en un cementerio, y son cuerpos identificados que aún no han sido reclamados por las familias.
Lo que busca esa estrategia es buscar a su familia, buscarle a este cuerpo su familiar, su doliente y es así como tenemos toda una estrategia de comunicaciones que lanzamos por redes, que lanzamos por televisión, que lanzamos por radio, por la página web y tenemos una página web específica para identificar los perfiles, para saber a quiénes estamos buscando. Las familias una vez puedan identificar si algún ser querido se encuentra en esta página, llaman directamente a la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas y aquí iniciamos todo el proceso con el fin de lograr la entrega digna del cuerpo identificado no reclamado.
Desde el mes de marzo, Colombia atraviesa la primera temporada de lluvias del año que, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), está marcada por precipitaciones por encima de lo normal y finalizará aproximadamente a mediados de junio.
La intensidad de las lluvias ha generado afectaciones en gran parte del país, además de alertas por incremento en los ríos y crecientes súbitas en todas las zonas hidrográficas. Una de las zonas con altos niveles en este momento es la del río Amazonas que se encuentra en alerta naranja, afectando de manera particular al municipio de Leticia.
En los últimos meses las lluvias han sido fuertes y constantes, lo que ha provocado inundaciones en el municipio, principalmente en los barrios que se encuentran alrededor de las quebradas Urumutú y San Antonio; y en los caños Calderón y Simón Bolívar.
Sus habitantes corren el riesgo de inundaciones cada vez que llueve, además las vías públicas de estos sectores presentan encharcamientos, lo que limita el acceso de transeúntes y vehículos. Estas situaciones generan afectaciones a las viviendas, daños de los vehículos y efectos en la salud por el empozamiento de las aguas.
Nelida Mariano es habitante del barrio José María Hernández, su vivienda está ubicada al lado de la quebrada San Antonio. Ella es madre cabeza de hogar, desde hace 20 años trabaja como empleada doméstica para sostener su casa y a su familia compuesta por cuatro hijos y un nieto. Sus ingresos son insuficientes para pagar un arriendo en otro sector.
Las últimas semanas han sido de mucho movimiento en su casa, cada vez que llueve –que es casi todos los días– se prepara con sus hijos para poner sobre lugares altos los muebles, electrodomésticos y ropa para evitar que el agua que entra en la casa los alcance y dañe. Han pasado varias noches sin dormir, mientras con baldes y escobas tratan de sacar el agua, y evitan que ingresen animales que habitan en las fuentes hídricas.
Mariano afirma que no ha recibido ninguna ayuda o capacitación en momentos de emergencia. No conoce cómo reaccionar ante una situación como esta, tampoco si existe algún plan de contingencia en el municipio, “a mí me gustaría que nos ayudaran a los que vivimos por acá, porque siempre que llueve nos perjudica, más que todo a los niños”.
Las comunidades asentadas a orillas del río Amazonas, que en su mayoría es población indígena, también presenta afectaciones debido al crecimiento del caudal que ha inundado parte de las tierras en las que tienen sus chagras (cultivos), las cuales usan para el consumo de sus familias y también para comercializar.
Álvaro Sarmiento, jefe de la Defensa Civil seccional Amazonas, afirma que ya se realizó la primera reunión con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, para el seguimiento y monitoreo al río de Amazonas. En los monitoreos de los meses de noviembre, diciembre, enero y finales del mes de febrero se evidenció un aumento del río sobre los 10 metros y se evidenció la necesidad de realizar la preparación en talento humano y herramientas para atender posibles emergencias.
En un monitoreo del 7 de mayo se identificó que el nivel del agua alcanzó los 12 metros y 56 centímetros, y en los días posteriores ha continuado subiendo hasta llegar en la actualidad a alerta naranja. Como lo señala Sarmiento, todas las entidades del Comité Municipal de Gestión del Riesgo están preparándose tomando en cuenta que se presenta variabilidad climática debido a la unión de los fenómenos de El Niño y La Niña.
En el municipio existe un plan de contingencia contra inundaciones por parte de la Cruz Roja, la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Comité de Gestión del Riesgo. Este plan focaliza y prioriza acciones en algunos sectores en la parte urbana, especialmente asentamientos humanos que están en riesgo de inundaciones por estar cerca de las fuentes hídricas y por el manejo de residuos en esos sectores que genera bloqueos en los flujos de quebradas y alcantarillado. “Leticia tiene fuentes hídricas que están colmatadas de desechos sólidos, no hay fluidez”, afirma Sarmiento.
Por otro lado Óscar Varón, apoyo a la coordinación de Gestión del Riesgo Municipal, señala que las emergencias que actualmente causan las lluvias son producto de una problemática estructural, relacionada con la baja capacidad de las redes de acueducto y alcantarillado y con la falta de planeación en el crecimiento urbanístico.
Afirma, además, que es necesario que en el territorio se tenga una preparación para las dos temporadas que marcan el clima del Amazonas, que son la de menos lluvias y la de más lluvias, tomando en cuenta el cambio climático que desestabiliza el flujo normal de las quebradas.
Según el Ideam las lluvias continuarán hasta mediados de junio. Álvaro Sarmiento, jefe de la Defensa Civil, señala que para las próximas semanas es importante que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios de Leticia estén activos frente a las posibles emergencias, para solicitar apoyo de las entidades correspondientes y generar acciones preventivas con ayuda de la Policía Ambiental, a través de la aplicación de comparendos a los habitantes que generen acciones como la mala disposición de residuos sólidos que pueden obstruir quebradas y el sistema de acueducto.
El año pasado el río Amazonas experimentó la peor sequía en las últimas décadas, que afectó de manera directa al municipio de Leticia, y en pocos meses este territorio ha pasado a estar bajo una temporada invernal fuerte. En el 2024 el informe Planeta Vivo de la WWF advirtió los efectos de la deforestación y el cambio climático en el Amazonas, que señala puede llevar a que se alcance un punto de inflexión que provocaría cambios en los “patrones metereológicos de todo el planeta”.
Debido a que la situación requiere acciones estructurales, Óscar Varón afirma que es fundamental la participación amplia en el sistema de la gestión de riesgo, en la que deben estar entidades del gobierno, el sector privado, las organizaciones comunitarias y las Juntas de Acción Comunal de los barrios, ya que en estos espacios se realizan socializaciones para la participación activa, que es clave para la preparación de las comunidades frente a las futuras emergencias.
Hace algunos días, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) presentó las cifras oficiales de pobreza multidimensional del 2024. En términos estadísticos los resultados fueron positivos, ya que la pobreza se ubicó en un 11,5%, lo que significa una reducción del 0,6% en comparación con el 2023, que si bien es un porcentaje bajo, implica que algunos de los indicadores con los que se mide esta situación en el país mejoraron.
Sin embargo, en medio de esta reducción general, algunos aspectos presentan incremento y ponen en evidencia tendencias de desigualdad y de concentración de la pobreza en varios departamentos. A nivel nacional llama la atención el incremento de la pobreza multidimensional en mujeres cabeza de hogar, con un porcentaje del 12,9%, frente a los hombres que registraron un 10,4%.
Según el Dane, las regiones más pobres de Colombia son la Amazonía - Orinoquía (20,3%), el Caribe (18,5%) y el Pacífico (11,8%). En esos lugares se ubican los cinco departamentos que encabezan los primeros lugares.
Los indicadores de los departamentos de Guainía, La Guajira y Chocó muestran, elementos en común que marcan las vidas de las familias en estos lugares como el mal estado de las viviendas, pues se identifican condiciones inadecuadas de los pisos, las paredes exteriores y falta de acceso a un servicio de alcantarillado.
Además, hay persistencia del empleo informal en un porcentaje alto. Si bien de estos departamentos sólo se registra un incremento en el departamento de Guainía, en todos los lugares los empleados en esta condición superan el 89%, es decir, la mayoría de la población trabaja en condiciones informales, con lo que esto implica para la calidad de vida, como no contar con un salario fijo.
De los tres mencionados, el departamento en el que más indicadores incrementaron es Guainía, con crecimiento en algunos aspectos como el analfabetismo, bajo logro educativo, afiliación al sistema de salud, trabajo informal, acceso a servicio de alcantarillado y acceso a servicio de acueducto.
Por otro lado, en el departamento de La Guajira hubo incremento en indicadores como el rezago escolar y, al mismo tiempo, se presentó aumento en el trabajo infantil. Mientras que en el Chocó, hay mayor desempleo de larga duración. En estos tres territorios hubo una reducción muy pequeña en casi todos los indicadores, lo que implica que persistan las condiciones de pobreza, especialmente en las zonas rurales que son las que reportan los porcentajes más altos frente a los aspectos que miden la pobreza multidimensional.
A propósito de la publicación de estas cifras, Consonante conversó con Piedad Urdinola, directora del Dane, para entender la incidencia de los indicadores que marcan la pobreza multidimensional y la importancia de este diagnóstico como insumo para leer la realidad del país y para que los gobiernos puedan tomar decisiones frente a la política pública.
Piedad Urdinola: Recordemos en primer lugar que en 2024 la incidencia de pobreza multidimensional en el país fue del 11,5% (-0,6 puntos porcentuales menos que en 2023, cuando reportaba una cifra de 12,1%). Esto nos da una lectura: los hogares del país están disminuyendo carencias relacionadas con trabajo, salud, educación, vivienda, juventud y niñez.
P.U: Cuando revisamos los indicadores en Guainía, La Guajira y Chocó, se observa que los movimientos en la incidencia de pobreza de estos departamentos entre 2023 y 2024, se debieron a disminución de la mayoría de las privaciones en la población en pobreza multidimensional. Los pocos indicadores que reportaron crecimiento lo hicieron de forma mínima. Por ejemplo, en Guainía entre los indicadores que ayudaron en la disminución de la pobreza se resaltan rezago escolar y hacinamiento crítico; para La Guajira el desempleo de larga duración y bajo logro educativo; por último, respecto a Chocó, bajo logro educativo, rezago escolar y trabajo informal.
P.U: Dentro de las dimensiones que más pesan tenemos trabajo y educación, son las que más aportan en estos departamentos. Los indicadores que más prevalecen dentro de cada dimensión son:
P.U: La medición de la pobreza se hace tradicionalmente de forma directa e indirecta, siguiendo la clasificación del economista Amartya Sen. El método directo evalúa los resultados de satisfacción (o no privación) que tiene un individuo respecto a ciertas características que se consideran vitales como salud, educación, empleo, entre otras. La medición indirecta evalúa la capacidad de adquisición de bienes y servicios que tienen los hogares (integra varios factores relacionados con las condiciones de vida de la población).
La entidad no tiene la potestad de ser un actor que tome un rol activo o participativo sobre las políticas públicas o toma de decisiones. Nosotros producimos la estadística y presentamos la información a partir de los datos recolectados a través de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV).
P.U: En materia de producción estadística, principalmente para los que tienen que ver con la medición de la pobreza en Colombia, el Dane ha trabajado en la implementación de una serie de recomendaciones nacionales e internacionales, así como actualizaciones y retos que permitirán brindar a los colombianos estadísticas de mejor calidad pero con el mismo rigor, carácter técnico y cobertura, a fin de seguir mostrando una adecuada radiografía del país, así como una adecuada representación de la realidad social y económica del país.
Los indicadores son muy útiles para la política pública porque evidencian la gestión del gobierno local y nacional en la reducción de privaciones. Los gobiernos, se tienen que enfocar en generar programas que incidan en la disminución de los indicadores para disminuir la incidencia de pobreza multidimensional.
Nabila de la Caridad González soñaba con vivir en Estados Unidos. Hace seis años junto a su novio y cuatro amigos más dejó su natal Cuba. En su travesía pasaron por Surinam, Brasil y, finalmente, llegaron a Colombia.
Leticia era una ciudad de paso en su camino hacia el norte de América, pero sin buscarlo se quedaron. Trataron de conseguir recursos, vendían artesanías y pedían la colaboración de los habitantes del municipio para continuar su camino, pero los días pasaron y terminaron viviendo en las calles. A la falta de recursos se le sumó el consumo de sustancias psicoactivas, que hizo cada vez más borroso el camino que inicialmente trazaron.
La “sociedad nos aparta, te hace sentir como un extraterrestre”, afirma González. En ese contexto aparecen condiciones que agravan la situación, como las enfermedades de salud mental y el consumo de drogas.
Según el DANE, entre 2005 y 2018 Leticia experimentó un crecimiento poblacional del 27,3%. Pero ese aumento no vino acompañado de una expansión proporcional de servicios sociales. En 2022, se registraban 50 personas en situación de calle. Para 2025, la cifra alcanzó las 167, según Carolina Vásquez, trabajadora social encargada del tema en la Dirección de Salud Municipal.
Este incremento, dice Henry Porras, médico psiquiatra de la IPS Nueva Amazonas, está ligado al inicio temprano del consumo de sustancias: “Muchos de estos jóvenes comienzan a consumir desde edades muy tempranas, en un entorno que normaliza la droga como vía de escape o subsistencia”.
La expansión de cultivos ilícitos en zonas cercanas y el fortalecimiento de rutas del narcotráfico en la triple frontera han contribuido a esta situación. “El aumento del microtráfico genera fácil acceso a sustancias en Leticia, incluso para niños y adolescentes”, asegura Vásquez.
Antes de la pandemia, no existía un censo real de las personas sin hogar en Leticia. Según Porras, el problema era invisibilizado: “No es que no existiera, sino que nadie lo miraba de frente”.
A partir de 2020 se inició un esfuerzo por identificar, caracterizar y atender a esta población. Sin embargo, el abordaje institucional sigue siendo fragmentado. En Leticia, la única ruta pública de atención está bajo la Dirección de Salud Municipal, que ofrece servicios limitados como curación de heridas y atención básica en adicciones, pero no tiene la capacidad ni los recursos para desarrollar procesos de largo plazo.
Algunas fundaciones privadas han intentado llenar ese vacío. Don Carlos, un hombre que lleva años viviendo en las calles de Leticia, cuenta que ha pasado por varios centros de rehabilitación: “El proceso dura un año, y muchas veces depende de que uno mismo se las arregle. Hay fundaciones que se lucran más de lo que ayudan”.
Una de las pocas iniciativas activas es la fundación cristiana Rescatados por su Sangre, que opera desde Tabatinga, en Brasil. Allí, los beneficiarios participan en actividades espirituales, reciben apoyo alimentario y psicológico, y gestionan pequeños recursos para su sostenimiento. Pero su alcance es limitado.
“El problema no es solo dejar de consumir”, explica Nabila. “Es qué haces después, dónde vives, cómo trabajas, cómo te insertas otra vez en la sociedad”. Después de varios intentos fallidos, ella y su pareja encontraron una motivación poderosa para rehabilitarse: su hija está por nacer.
Los procesos de rehabilitación exitosos son escasos. Según el psiquiatra Henry Porras, muchas personas que habitan la calle tienen condiciones como esquizofrenia, trastornos depresivos o ansiedad severa que dificultan la continuidad del tratamiento. “Estas enfermedades afectan la voluntad. Y sin voluntad, no hay cambio posible”.
Además, la ausencia de una “matriz de inclusión social” —es decir, oportunidades reales de reintegrarse a la vida productiva y comunitaria— hace que muchas personas vuelvan a las calles tras un corto periodo de recuperación.
“Necesitamos una política pública integral que combine salud, vivienda, empleo, seguridad y educación”, insiste Porras. “No basta con atender emergencias. Hay que construir caminos de retorno a la dignidad”.
El panorama es desalentador en cuanto al número de personas que finalizan de manera exitosa el proceso de rehabilitación; esto ocurre, según el psiquiatra Henry Porras, porque muchas de las personas que habitan las calles presentan problemas de salud mental, y estas “enfermedades rompen la motivación para mejorarse, es decir, afectan la voluntad” que es fundamental para hacer un cambio, añade.
Además, el hecho de que los procesos de rehabilitación sean cortos genera gran dificultad, porque no hay acompañamiento por largo tiempo y no se encuentra una matriz de inclusión social, por lo que, señala Porras, las personas se sienten desprotegidas y “la calle y las drogas, se vuelven su espacio de refugio”.
No obstante, hay procesos exitosos que permiten que las personas se rehabiliten y salgan de la calle. Es el caso de Nabila González, que después de varios años, junto con su pareja han avanzado en el proceso de rehabilitación motivada por su embarazo, para darle una vida diferente a la hija que viene en camino y porque, como dice, tiene “una gran fuerza y voluntad”.
Leticia no está sola en esta crisis. La ciudad hace parte de un corredor fronterizo que comparte con Tabatinga (Brasil) y Santa Rosa (Perú), conocido como la triple frontera amazónica. Esta región, aunque geográficamente estratégica, sufre una fuerte ausencia estatal y altos niveles de informalidad, lo que la convierte en un punto crítico para la circulación de migrantes, economías ilegales y consumo de drogas.
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha advertido que la frontera amazónica es una ruta frecuente para migrantes de origen cubano, haitiano y venezolano que intentan llegar a Centroamérica o EE.UU. Muchos quedan atrapados por la falta de recursos, de redes de apoyo o de documentación regular, y terminan en situación de calle o en economías de supervivencia como el comercio informal, la prostitución o el microtráfico.
El acceso a servicios públicos en esta región es precario: los sistemas de salud, educación y protección social son limitados, especialmente para población migrante o en condición de habitabilidad en calle, que no figura en los registros administrativos y, por tanto, no accede a los pocos programas disponibles.
Además, la proximidad a rutas del narcotráfico hace que las drogas sean baratas y accesibles. Según estudios de la Fundación Ideas para la Paz y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), la presencia de coca en comunidades ribereñas y la producción de pasta base ha convertido a Leticia y Tabatinga en centros de consumo local, incluso desde edades muy tempranas.
En Tabatinga, la ciudad fronteriza de Brasil, el fenómeno de los habitantes de calle también ha aumentado. Sin embargo, el gobierno municipal cuenta con una estructura llamada Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), que identifica y atiende a personas en vulnerabilidad extrema, incluyendo habitantes de calle. Allí se ofrece alojamiento temporal, acceso a programas de adicción y gestión para retornar al núcleo familiar o redes de apoyo.
En paralelo, iglesias evangélicas y organizaciones sociales —como la ya mencionada Resgatados por seu Sangue— trabajan en lo que ellos llaman una rehabilitación espiritual y física de esta población. Aunque también enfrentan dificultades presupuestarias, mantienen cierta continuidad en la atención, gracias al respaldo de la red estatal brasileña de asistencia social (Suas).
Por su parte, Puerto Nariño ha evitado en parte este fenómeno por su modelo de desarrollo basado en sostenibilidad, control territorial indígena y turismo responsable. La gobernanza de los pueblos Ticuna, Cocama y Yagua generan una fuerte cohesión comunitaria que ha sido clave para contener la expansión del microtráfico y para ofrecer mecanismos de resolución de conflictos, lo que ha impedido —hasta ahora— la formación de un núcleo visible de habitantes de calle.
El aumento de habitantes de calle en Leticia no es solo una cifra alarmante, sino el reflejo de una crisis silenciosa que atraviesa fronteras y revela las fracturas de un sistema que no alcanza a responder. Mientras Nabila lucha por mantenerse firme en su proceso de rehabilitación y muchas personas intentan volver a empezar, la ciudad aún carece de una política pública clara, sostenida y digna que les acompañe. Leticia, como capital de un departamento amazónico y nodo de la triple frontera, necesita que las respuestas institucionales estén a la altura de su complejidad. Porque cada historia que se pierde en la calle es también una deuda de la sociedad consigo misma.
En las últimas semanas el país estuvo a la expectativa de la prórroga del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de Bloques y Frente (Embf) al mando de alias ‘Calarcá’, en el marco de las negociaciones de paz que con altibajos se llevan a cabo desde el 2023. Este es uno de los procesos que sigue en pie en el marco de la iniciativa de Paz Total.
La prórroga se dio días después de su vencimiento, acompañada del anuncio de la realización de un nuevo ciclo de diálogos a partir del 18 de mayo y la expedición del decreto 0448 en el que además de suspender las operaciones de la fuerza pública en contra del Embf, se anuncia el preagrupamiento del Bloque Magdalena Medio, una de las estructuras de esta disidencia.
Además, el decreto resalta la necesidad de las transformaciones territoriales y anuncia que el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, se constituirá en laboratorio de soberanía alimentaria y será foco de rehabilitación de la Amazonía. Este departamento ha sido un lugar clave para el actual proceso con la estructura de ‘Calarcá’, por el control armado que ejercen en el territorio, que ha hecho que sea escenario de las negociaciones y que esté en el centro de la agenda que se discute en el proceso de paz.
Consonante conversó con Camilo Bermeo, personero de San Vicente del Caguán, sobre el estado actual de las negociaciones y los posibles escenarios para la población civil con estas decisiones del Gobierno nacional.
Camilo Bermeo: La mesa de diálogos para el Caquetá se recibe como una oportunidad esperanzadora. Aquí todos tenemos claro cuál es la realidad histórica del municipio y lo que más nos gustaría es poder cambiarla. Que cese la utilización de las armas de fuego, tanto para fines bélicos como para fines extorsivos, y todas las medidas que se utilizan en el marco del conflicto. Siempre hemos acompañado el espacio de construcción de paz, un escenario en el que se pueda llegar a acuerdos positivos para el municipio y el departamento.
C.B: Se generan muchas dudas y una situación de inconformidad que viene tensionando el escenario puntual de las conversaciones, y sobre todo el apoyo territorial al acercarse el cambio de gobierno. Desafortunadamente, se puede leer que los grupos armados sentados en la mesa tienen una voluntad de paz, pero continúan con acciones puntuales en contra de la población civil. Se da por entendido que estamos negociando algo que se va a alargar en el tiempo y que puede que no llegue a nada.
C.B: Eso es lo más importante dentro de este proceso, porque el escenario de entrega de armas se ve lejano, y lo que se viene diciendo en los diálogos es que se deben hacer transformaciones territoriales de manera paralela . Que las apuestas de las comunidades se vean reflejadas en esos acuerdos, aunque comprendiendo que tenemos unos retos de ordenamiento territorial, ya que hay una variedad de figuras administrativas, sobre todo para la ocupación humana y la protección de los ecosistemas. Para nosotros es realmente prioritario aprovechar este enfoque que le están dando a la mesa y contar con la presencia de los representantes del Gobierno nacional aquí. Considero que se debe accionar puntualmente con el fortalecimiento asociativo y comunitario para la protección ambiental.
Porque al final San Vicente del Caguán debe aprender a vivir en un escenario de explotación económica, pero también con respeto ambiental, en el que se comprenda que lo más importante que tiene el Caquetá es la selva amazónica.
C.B: Las comunidades de San Vicente del Caguán han puesto su territorio históricamente tanto para el conflicto armado como para la construcción de paz. Han puesto sangre y han dado esperanza. Y es eso en lo que siguen trabajando, justamente, la esperanza de habitar el territorio en paz y también en paz con la naturaleza. Quieren contar con títulos de sus propiedades y, sobre todo, un modelo de producción eficaz. Entonces, yo creo que la apuesta de las instituciones que acompañamos el proceso es realmente verificar y apoyar esas transformaciones territoriales. Porque la población civil, sobre todo la rural, busca que se desarrollen alternativas integrales en la producción y economías que se vean reflejadas en el sustento de sus familias y del entorno con el que se convive; eso implica toda una cadena de producción y comercialización que dependerá de esos avances significativos que involucran tanto al gobierno como al actor en armas.
C.B: Es confuso, las acciones ejecutadas en territorio, la reforma agraria hecha por ellos, significa tomar baldíos de la nación y que las personas vengan y se asienten. En muchos de ellos hay presencia de bosque o material vegetal; hemos visto cómo se ha ampliado la frontera agrícola, autorizaciones para talar cierta cantidad de hectáreas por familia, entre otras cosas.
Hay unas intenciones retóricas y dialécticas de la protección de la Amazonía, de generar conciencia ambiental, pero cuando vienen proyectos para apoyar temas ambientales se encuentran con bloqueos de parte del grupo armado.
El año pasado el Instituto Alexander Von Humboldt tuvo que salir del municipio. En territorio y en acciones las prácticas son confusas, ya no estarían por cuidar, sino que la atención se centra en la reforma rural que dicen representar.
Pero la población que se encuentra asentada en esos territorios desde hace épocas empieza a preocuparse y tiene posiciones claras respecto a la conservación ambiental y no solo diría que ella, sino todas las personas de San Vicente, y ahí es donde el Estado debe responder con eficacia y agilidad.
C.B: Muchas, y todas negativas, eso significaría acciones ofensivas y más control territorial. El panorama presentado en la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, la 001 del 2025, en la que señala la multiplicidad de actores en el territorio aumenta la zozobra. La comunidad será la más afectada por la incertidumbre de quién está y a quién escuchar o hacer caso, y eso va a significar muertes, amenazas, desplazamientos y desafortunadamente son situaciones que hemos vivido desde siempre. Eso es lo bueno en este momento del cese al fuego, que hay una relativa paz. No tenemos ofensivas por parte de fuerzas militares, no hay ataques y eso significa de verdad mucho. Pero no podemos dejar de pensar: y si ingresa la Segunda Marquetalia por Balsillas, ¿qué va a pasar?, y si ingresa la estructura de Iván Mordisco por la parte de Cartagena del Chairá, ¿qué va a pasar?, y si llega eventualmente el ELN por la parte del nororiente ¿qué va a pasar? La proliferación de los otros actores, terminaría siendo un caldo de cultivo para una oleada de conflicto mucho más fuerte.
C.B: En la Comisión Interinstitucional y Comunitaria para las Transformaciones Territoriales de las Sabanas del Yarí, están incluidas tanto organizaciones sociales como instituciones públicas, que estamos por fuera de la oficina del Alto Comisionado para la Paz y en la comisión del Estado Mayor de los Bloques. La Comisión funciona como un mecanismo verificador, puntualmente dentro de los diálogos entre los actores con un protocolo de participación. Nosotros desde el territorio seguimos apostándole a la construcción de paz, pero también queremos ver resultados, queremos que los actores también demuestren una voluntad de paz real.
El país en este momento ha entrado en algo que los conocedores de la guerra señalan como la atomización de los actores armados y eso genera aún un ciclo de violencia mucho más fuerte, porque todos los actores quieren llegar a territorios a controlar.
C.B: El decreto va a apostar, y el Gobierno también lo ha hecho con el nombramiento del ministro de Defensa, por establecer acciones puntuales y voluntades puntuales, si no lo que viene es una embestida bélica por parte de las Fuerzas Armadas. Y eso lo está viendo el Estado Mayor Central liderado por ‘Mordisco’, que está siendo atacado. Siento que el mensaje que da el Gobierno es que acabamos el cese al fuego como medida de presión, incluso en su nuevo discurso, ahora ya es reagrupación en puntos, identificación de unidades, georreferenciar las unidades y las personas que son, y eso es algo que no se había leído en el conflicto en esta mesa de diálogo.
La mesa tiene que ir dirigida a que el actor que está sentado cambie la retórica de mencionar que nunca van a entregar las armas y, segundo, meter el acelerador porque al Gobierno Petro le queda año y medio. Hay que implementar los acuerdos de parte y parte de manera urgente.
El 4 de febrero un grupo de trabajadores del Consorcio Redes Fonseca 2022, se encontraba realizando labores de construcción del acueducto en la vía Distracción - El Silencio, en Fonseca, cuando tres hombres armados llegaron al lugar en motocicletas. Les pidieron recoger la maquinaria e interrumpir las labores, afirmaron además que no permitirían que retomaran obras hasta no pagar el dinero que requerían. “Estos individuos emitieron la orden de detener las actividades, bajo la amenaza de agresión en caso de incumplimiento”, señala en un comunicado Carlos Duque, representante legal del Consorcio.
Desde ese momento la empresa tomó la decisión de suspender los contratos de todo el personal que labora en este proyecto. Esto, como señala la empresa, afecta a cerca de 200 personas que trabajan en las obras y a 40 empresas locales que tienen alguna relaciones comerciales como estaciones de servicio, ferreterías, restaurantes, canteras, proveedores de arena, ventas formales e informales, venta de productos cárnicos y droguerías.
Además, la interrupción de los trabajos afecta a miles de hogares que están a la espera de la optimización del sistema de acueducto, especialmente porque el proceso ya se encontraba en la etapa final, con un avance en el 90% en la instalación de las tuberías. “El consorcio se ve en la obligación de mantener la suspensión de las actividades hasta que se garanticen las condiciones de seguridad en las áreas de influencia del proyecto”, señala el comunicado.
Este es apenas uno de los muchos casos de extorsión que se presentan en Fonseca y en otros municipios de La Guajira, que imponen el miedo sobre la población, especialmente sobre los comerciantes.
Según el monitoreo de la Fundación Paz y Reconciliación, en el municipio de Fonseca hay presencia de los grupos armados ilegales Ejército de Liberación Nacional (Eln) y del Ejército Gaitanista de Colombia (Egc), actores que generan diferentes riesgos de seguridad para los habitantes del municipio.
Aunque las autoridades no señalan a los responsables detrás de las extorsiones y afirman que los casos están en investigación, los comerciantes continúan recibiendo llamadas, mensajes de texto y de WhatsApp, a través de los que exigen altas sumas dinero, que de no ser pagadas pueden generar riesgos para la vida de propietarios y trabajadores. Muchos de estos mensajes son firmados presuntamente por Egc, Agc y Clan del Golfo.
"Estamos muy preocupados porque las llamadas extorsivas han aumentado con exigencias muy altas de dinero, que si no pagamos no van a responder por nuestras vidas. Esto nos ha llevado a no responder ninguna llamada de teléfonos desconocidos porque no sabemos si es para amenazarnos", afirma un comerciante que por motivos de seguridad pidió reservar su nombre.
El pasado 2 de marzo, Jovani Antonio Giraldo Hernández, un comerciante de Fonseca fue asesinado con arma de fuego en su local de venta de repuestos de motos. Al parecer, esta persona estaba siendo hostigada para pagar una extorsión. Seis días después el Gaula detuvo a un joven, que sería el responsable del hecho.
Este homicidio generó conmoción en el municipio y se organizó una movilización en la que participaron decenas de personas, para rechazar el hecho y pedir a la institucionalidad y a la fuerza pública garantías.
"Mi negocio solo nos da para pagar proveedores, trabajadores y servicios, no estoy en capacidad de pagar un peso más por ningún otro concepto y menos que no va a representar ningún beneficio para mí", señaló en medio de la marcha la propietaria de un local del municipio.
El alcalde Micher Pérez Fuentes lideró un consejo de seguridad el 4 de marzo con la participación de la Policía, el Ejército, la Fiscalía y el CTI, en el que tomó la decisión de ofrecer una recompensa de hasta 10 millones de pesos por información que permita esclarecer el homicidio del comerciante. Además, se emitió el decreto 028 del 4 de marzo de 2025, que dispone la prohibición en el área rural y urbana del uso de elementos que cubran el rostro y que dificulten la identificación de las personas; esto incluye a la población civil y a integrantes de la fuerza pública, Policía Nacional, Cuerpo Técnico de Investigación- CTI, Defensa Civil, Bomberos y Unidad Nacional de protección.
El decreto también considera la prohibición de parrilleros hombres mayores de 14 años y la circulación de vehículos sin placa. Estas medidas, que se sustentan en el deber de conservar el orden público en Fonseca, serán vigiladas para su cumplimiento por la fuerza pública y el Instituto de Tránsito y Transporte.
Mientras se esperan respuestas por parte de la institucionalidad, la población ha realizado diferentes manifestaciones para pedir al alcalde acciones que permitan restablecer la seguridad y dar garantías a los habitantes y comerciantes. El 28 de marzo en la Alcaldía de Fonseca se llevó a cabo un plantón para pedir seguridad y reiniciar las obras del acueducto y, de manera reciente, el 4 de abril, un grupo de trabajadores de este proyecto realizó una manifestación en la alcaldía del vecino municipio de Distracción con las mismas exigencias.
Según una persona del Consorcio Redes Fonseca 2022 que pidió no ser identificada, se han realizado reuniones entre los alcaldes de Fonseca, Distracción, el contratista, la Gerencia Integral de Proyectos (contratante), la interventoría, la Policía y el Ejército, con el fin de buscar mecanismos que garanticen la seguridad del Consorcio, los trabajadores y la maquinaria.
En Inírida, capital del departamento de Guainía, las basuras se están convirtiendo en una amenaza ambiental. En los últimos meses, los residuos sólidos se han acumulado de forma visible en las principales vías del municipio, en caños, humedales y zonas residenciales. Bolsas plásticas, botellas, cartones y desechos de todo tipo terminan contaminando cuerpos de agua y suelos frágiles, lo que agrava los riesgos para la salud pública y los ecosistemas locales.
“La gente no tiene conciencia y siguen tirando la basura al suelo o en las vías públicas. A pesar de que tenemos contenedores por el centro, se miran bolsas de basura tiradas por todo lado”, explica Homero Navarro, coordinador de la empresa de aseo APC.
Para mitigar el problema, APC instaló contenedores en varios puntos estratégicos del municipio. Sin embargo, su uso ha sido limitado o inadecuado. Muchos residuos no llegan a los puntos de recolección y terminan dispersos, afectando especialmente los humedales urbanos, que cumplen una función clave en la regulación del agua y la biodiversidad del territorio.
¿Qué dice la gente?
La mala disposición de los desechos provoca afectaciones en algunos sectores, tal es el caso del barrio Berlín, ubicado en la zona occidental de Inírida, allí la proliferación de los desechos es permanente, y a pesar de campañas y acciones que se han realizado es un problema que no se ha logrado resolver. Así lo señala Einer Pinto, ingeniero ambiental: “si bien se hacen campañas, se adelantan jornadas de recolección de residuos sólidos en las microcuencas, la gente se acostumbró a que son las entidades quienes tienen que estar recogiendo”, afirma.
Helena Demate, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio Berlín, asegura que la raíz del problema está en la falta de conocimiento y conciencia sobre el manejo adecuado de los residuos. “Las personas sacan la basura después de que pasa el carro recolector, o la sacan todos los días cuando quieren. Como hay zonas verdes cerca, van y botan ahí; incluso he visto gente en bicicleta o en moto tirando las bolsas en medio del bosque”, relata.
Ante esta situación, desde la Junta se han organizado jornadas de limpieza en caños y espacios públicos, así como campañas para promover una mejor disposición de los residuos. Pero los esfuerzos duran poco. “Limpiamos un día, y al poco tiempo ya hay basura de nuevo”, cuenta Demate. A pesar de haber probado distintas estrategias, aún no se logran resultados sostenidos. Una de las propuestas más recientes ha sido instalar cerramientos y señalización en puntos críticos, con la esperanza de frenar el uso inadecuado de estos espacios y avanzar en el cuidado del entorno.
“Tenemos que buscar acciones de otras formas para que la gente comprenda que estos sitios no son para botar, y hacer un llamado a la corporación CDA que son los encargados de nuestra parte ambiental”, afirma Demate.
¿Qué dicen los expertos?
El problema con las basuras en el municipio es complejo por los impactos que genera en diferentes niveles, desde contaminación al medio ambiente hasta afectaciones a la vida cotidiana y la salud de los habitantes del municipio.
Uno de los efectos ha sido la contaminación de las fuentes hídricas. En el área urbana del municipio se encuentran las microcuencas Terpel, Motobomba, Limonar y Ramón, que hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). En estos lugares se presenta disposición de residuos sólidos, que cuando se descomponen generan líquidos contaminados conocidos como lixiviados estos, según el ingeniero ambiental Einer Pinto, contaminan el agua, “ van a nuestras fuentes subterráneas, se contaminan e Inírida básicamente se abastece de estas fuentes a través de pozos subterráneos”, afirma.
El abandono de las basuras en estos sitios y en las vías públicas también provoca afectaciones en las redes de alcantarillado. En las temporadas de lluvia los residuos se acumulan en las calles y son arrastrados por el agua, esto “hace que se tapen las rejillas y los canaletes por donde van las aguas lluvias, colapsando y provocando el rebosamiento”.
Estas situaciones generan afectaciones a la salud pública. Como lo indica Einer Pinto, se identifican “problemas de la dermis; descomposición de las basuras que generan vectores que transmiten enfermedades de tipo zoonótico, como las cucarachas, esto en la ciudad y en las comunidades donde prácticamente se convive con estos animales y con la mala disposición”.
Además, Pinto agrega que en verano los desechos dispersos en la zona rural generan posibilidad de incendios forestales, que provocan riesgos para la vida humana y de las diferentes especies de fauna, además de afectaciones en el aire que producen enfermedades respiratorias.
La mala gestión de las basuras es un problema persistente, a pesar de los ritmos de recolección de la empresa de aseo APC. Según el coordinador Homero Navarro, la recolección se realiza en rutas que cubren todos los barrios de Inírida entre lunes y sábado. “Hay un cambio notable en el ejercicio de la recolección. En años anteriores se tenían muchas dificultades. Del año inmediatamente anterior a este año, la gestión de la empresa ha sido evaluada de manera más positiva por la frecuencia de la recolección y la cobertura”, dice.
Agrega Navarro que la empresa se ha encargado de realizar pedagogía para reciclar: “hicimos jornada casa a casa para que no toda la basura fuera al relleno. Al comienzo algunos hicieron caso, pero no llegamos a un acuerdo”. Por esta razón el volumen de desechos que generan las familias continúa siendo alto, y se convierte en un problema cuando se dispone en sitios no permitidos y cuando se saca a la calle fuera de los días de recolección correspondientes.
Lo que sigue
El municipio de Inírida ha presentado un crecimiento poblacional significativo en los últimos años, según los censos poblacionales realizados por el DANE. En 2005 se identificó una población de 17.866 personas, mientras que a 2024 se contaba con una población de 37.917, esto significa un incremento del 112% en casi 20 años.
El crecimiento del número de hogares también implica un aumento en la generación de residuos, lo que conlleva retos para la administración municipal. “Se hace necesario contar con un plan de ordenamiento territorial, el crecimiento poblacional ha sido grande y ha superado la forma de control”, afirma Einer Pinto.
Según el ingeniero, en este contexto es esencial contar con un proyecto de educación ambiental que se realice en un trabajo articulado con la institucionalidad. “Concientizar a las personas, a los niños, más que todo en los colegios para que sean la base de esta información y esa conciencia. Trabajar con las Juntas de Acción Comunal que son los que están más pendientes, son veedores”, señala.
Además, agrega que la clasificación de los residuos es muy importante para mejorar el manejo de las basuras. La presidenta de la Junta de Acción Comunal Helena Demate coincide con esta percepción, pues considera que el reciclaje además de reducir la contaminación puede generar muchos beneficios a su comunidad. “Como presidenta de la Junta de Acción Comunal estoy indicando a la gente que debemos reciclar porque es una manera de tener un ingreso, ya que esta es una labor que bien manejada deja dinero y se puede volver negocio”, dice.
Además, agrega que su barrio tiene una proyección para mejorar esta situación: “podemos hacer una empresa de reciclaje en el mismo barrio, que el mismo barrio recoja su reciclable y lo venda, la idea es organizarnos en esa forma. Hay que hacer este año lo que más podamos para ver si podemos sacar adelante nuestra parte ambiental porque estamos mal de basura”, afirma.
“Esto lo podemos hacer entre todos”, dice Helena Demate, su mayor preocupación es el futuro del municipio y lo que se heredará a sus hijos y nietos. Asunto que para el ingeniero ambiental Pinto es muy importante porque considera que los menores son clave en la conciencia ambiental, ya que son quienes habitarán el territorio, “es importante que esa conciencia ambiental en ellos se fortalezca mucho para poder reducir esa problemática”, afirma.
Según cifras de la Cámara de Comercio de La Guajira, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 en las vías del departamento se realizaron 200 manifestaciones en medio de las que se generaron bloqueos. Esto significa un incremento del 119.8 % en comparación con el año 2023 cuando se registraron 91 casos. A pesar de la iniciativa de crear una mesa permanente de paro en la que se aborden las demandas que motivan las protestas de las comunidades esta idea no se ha concretado, y en lo que va del 2025 varias comunidades han optado por salir a las carreteras para exigir respuestas a problemas estructurales.
La mayoría de estas tienen lugar en la Troncal del Caribe y en la parte alta de La Guajira. La manifestación más reciente ocurrió el 11 de febrero, se trató de un paro del orden departamental convocado por diferentes organizaciones sociales campesinas, afrodescendientes, indígenas y de firmantes de paz, que tuvo una duración de dos días. Este bloqueo preveía una parálisis total en la región para lograr resultados satisfactorios frente a las solicitudes de las comunidades.
El paro estuvo motivado por temas entre los que aparecen la reforma rural integral, los conflictos ambientales y mineros, la crisis de la educación y la salud, seguridad y paz, educación a la primera infancia, y transporte informal. Después de 48 horas se llegó a un acuerdo con representantes del gobierno, se levantaron los bloqueos y se creó una mesa de concertación que actualmente continúa activa, con la que se busca que tanto el gobierno departamental cómo el nacional cumplan las demandas de organizaciones y comunidades.
Según Ariel López, secretario técnico de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, se acordó establecer mesas técnicas con entidades como el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Desarrollo Rural y Ministerio de Salud, además de avanzar en la ejecución de proyectos productivos integrales y otras acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades. “Nosotros continuamos en asamblea permanente, pero trabajando por llevar a feliz término todos estos procesos”, afirma.
A pesar de la persistencia de las protestas y de los acuerdos a los que se llega en cada oportunidad, un común denominador es el cumplimiento parcial de los compromisos, lo que provoca que en cada manifestación se repitan los mismos temas en los pliegos de peticiones. Varios de ellos son asuntos de fondo que han marcado un contexto de desigualdad en el departamento, entre los que se encuentran los proyectos mineros, el acceso a la tierra y el acceso al agua.
En el departamento de La Guajira se ubica una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, se trata del Cerrejón, una mina que comenzó la explotación de manera activa desde 1984 y que al día de hoy continúa con una alta producción y exportación de este mineral.
Además de carbón en La Guajira se explota arcilla, yeso, cal, material para la construcción, entre otros minerales, con operaciones a gran y pequeña escala. Según la Agencia Nacional de Minería, en La Guajira se han otorgado 69 títulos mineros, que tienen actividad en el 86% del departamento.
De acuerdo con las demandas de las comunidades en las diferentes protestas, estos proyectos mineros han provocado situaciones como reasentamientos de comunidades enteras, afectaciones al medio ambiente, falta de inversión en las zonas de impacto y conflicto intercultural con comunidades indígenas. Esto a pesar de que el departamento recibe una cifra alta por concepto de regalías.
Solo la mina del Cerrejón, propiedad del grupo anglo-australiano BHP Billiton, en 2023 aportó $10,6 billones en regalías al país, según cifras de la misma empresa, pero estos recursos no se traducen en inversiones para el desarrollo del segundo departamento del país con mayores índices de pobreza monetaria, según la actualización metodológica del DANE sobre la pobreza en 2023.
Estas desigualdades históricas han generado resistencias frente a los proyectos de explotación. Es el caso del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales en el municipio de San Juan del Cesar, que se oponen a la explotación de carbón en su territorio por parte de la empresa Best Coal Company (BCC), la cual está tratando de gestionar la licencia ambiental para comenzar la explotación a pesar de las opiniones de la comunidad.
Uno de los más recientes acuerdos frente a la minería de los líderes de las protestas con el Gobierno nacional ocurrió en el mes de febrero. Según Ariel López, secretario técnico de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, se contó con el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras, la ANLA, Corpoguajira, Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería para mapear algunas áreas asignadas a títulos mineros, “la intención es reversar esas asignaciones para que estas tierras sean entregadas a los campesinos de La Guajira”, afirma. Además, dice que se plantea adquirir 10 mil hectáreas de tierra para asignarlas a comunidades campesinas, consejos comunitarios y resguardos indígenas.
Otro de los temas que aqueja a La Guajira es la falta de agua potable, tanto en las zonas urbanas como en la rurales. Según el último Estudio Nacional del Agua del Ideam, el 100% de los municipios del departamento son susceptibles al desabastecimiento de agua en temporada seca, en un territorio en el que, según la misma entidad, es donde menos llueve en Colombia. Esto genera que muchas comunidades se enfrenten a la ausencia total del agua, mientras que otras deben comprarla de manera permanente, lo que genera afectación económica a las familias en uno de los departamentos más pobres del país.
El pasado 11 de marzo, con la visita al municipio de Fonseca del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, líderes del comité del paro departamental discutieron aspectos importantes para cerrar esta brecha social que ha afectado de manera histórica el derecho de la población de acceder al agua, un derecho fundamental como lo ha reconocido la Corte Constitucional en diferentes sentencias.
Producto de esta visita, estos ministerios pactaron compromisos como el de crear Proaguas, un instituto de aguas para La Guajira para gestionar a nivel territorial soluciones a problemáticas de las comunidades relacionadas con el agua. Además, se realizaron compromisos frente al acueducto del resguardo indígena de Mayabangloma, cuyo proyecto está en fase de asignación de recursos según el Gobierno nacional, y frente al acueducto del corregimiento Conejo, al cual antes de finalizar el año se le asignarán recursos para su reanudación.
Como lo señala Benedicto González, líder social de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, “el agua es un derecho fundamental y más de aquellas comunidades que en pleno siglo XXI no tienen agua”. Por esta razón, organizaciones sociales promotoras del paro departamental declararon una asamblea popular por el agua, lo que ellos mismos entienden como una “gobernanza hídrica” para hacer veeduría a los compromisos a los que hasta el momento se ha llegado con el Gobierno nacional y departamental.
La falta de articulación entre los actores institucionales del departamento de La Guajira ha marcado en gran medida la falta de respuestas estructurales y los incumplimientos a los acuerdos a los que se llega con las comunidades. Así lo reconoce Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, “la conflictividad y carencia de planes de articulación, se traduce en atoramiento para dialogar y concertar proyectos”, dice.
En este contexto, después del último paro departamental, el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira y el Frente Amplio de Usuarios de los Servicios Públicos, convocaron un espacio de diálogo con el que se busca llegar a un “gran acuerdo para el desarrollo de La Guajira”. En estas conversaciones participarán instituciones como la Gobernación, la Universidad de La Guajira, la Cámara de Comercio departamental, el Sena, Juntas de Acción Comunal, asociaciones de arquitectos y ganaderos, representantes de la sociedad civil, entre otras. La iglesia católica, en cabeza de la Diócesis de Riohacha, actuará como facilitadora de los diálogos.
El objetivo de este espacio es “la construcción de un proyecto estratégico, que solo es posible mediante la unidad de las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, étnicas, iglesias, academia, partidos y fuerzas políticas, gremios de la producción, medios de comunicación y, obviamente, la institucionalidad, con el objetivo de construir democracia y ciudadanía”, afirma en un comunicado el obispo Ceballos.
Esta propuesta pretende resolver el problema reiterativo de la falta de respuestas institucionales, para resolver los problemas de fondo que aparecen siempre en cada paro, bloqueo o manifestación. A mediados de marzo se realizó el primer espacio de diálogo social, este avanza a la par de diferentes mesas de negociación con entidades de Gobierno para buscar salidas a demandas históricas.
