Mientras Colombia está a la expectativa del panorama político de los próximos cuatro años por las elecciones presidenciales, en el departamento de Guainía las comunidades ya tienen claras sus prioridades. Líderes comunitarios juveniles, campesinos y sociales coinciden en un mensaje: el próximo Gobierno Nacional deberá mirar a la Amazonía no como una región olvidada, sino como un territorio estratégico para la vida, el ambiente y el desarrollo sostenible del país.
En esta oportunidad, los cierres de campaña en Inírida se hicieron sin muchos aspavientos. No hubo eventos masivos ni concentraciones significativas. La lluvia que por estos días cae en el departamento ha dificultado que se realicen actividades en el espacio público. En su lugar, el perifoneo se tomó las calles del municipio para invitar a votar por los diferentes candidatos.
Desde este lugar, escuchamos las voces de líderes y lideresas, las cuales reflejan una realidad marcada por décadas de abandono estatal, precariedad en servicios básicos, desigualdad social y amenazas ambientales. También evidencian propuestas concretas y una visión de futuro construida desde el conocimiento de un territorio que tiene unas características especiales, como un municipio que está en la Amazonía, en una zona de frontera y con una población dispersa en un vasto territorio.
Para Reymundo Bobadilla, líder comunitario y conocedor de las necesidades históricas del departamento, el principal desafío del nuevo presidente será construir un modelo de desarrollo económico adaptado a la Amazonía.
Según dice, Guainía no puede continuar replicando modelos extractivos o improvisados que terminan afectando los ecosistemas y profundizando la pobreza. La región necesita un desarrollo sostenible, pensado desde sus particularidades culturales, ambientales y sociales:
“La Amazonía debe protegerse y su modelo de desarrollo económico debe ser diferencial para el país”, afirma
Bobadilla insiste en que la Amazonía ha logrado conservar buena parte de su riqueza natural porque las comunidades conviven con el entorno. Por eso, considera fundamental que se impulsen economías sostenibles que permitan mejorar la calidad de vida sin destruir la selva ni contaminar los ríos.
En ese mismo sentido, el líder juvenil Anderson Urrea, plantea que una de las grandes prioridades del país debe centrarse en la protección del agua. Advierte sobre la creciente contaminación con mercurio en los ríos Inírida, Atabapo y la amenaza que se extiende al río Guaviare.
“Es fundamental para eso pues que se adopten estrategias efectivas en reconversión laboral en el tema de minería y la formalización de aquello que se pueda formalizar en el tema minero”, señala Urrea. También propone avanzar en procesos de formalización minera donde sea posible, bajo criterios de armonía con la Amazonía y respeto por la naturaleza como sujeto de derechos.
Uno de los temas que más se repite en las voces de los líderes sociales es la crisis de los servicios públicos en el departamento.
La ausencia de redes de alcantarillado, el manejo inadecuado de los residuos sólidos y la falta de acceso al agua potable representan una preocupación generalizada entre las personas consultadas.
Reymundo Bobadilla advierte que “no puede seguir existiendo poblaciones como la nuestra, que todas las alcantarillas van al río”; esto, agrega, genera una grave afectación al recurso hídrico y pone en riesgo la salud pública. A ello se suma la problemática de las basuras, que continúa creciendo sin soluciones estructurales.
Lucero María Forero, reconocida lideresa con más de treinta años de trabajo social en la región, coincide en que Inírida necesita con urgencia inversiones reales en agua potable, alcantarillado y manejo adecuado de residuos.
Por su parte, Anderson Urrea recuerda que esa problemática no solo afecta a Inírida, sino también a Barrancominas, pues son municipios donde el aumento poblacional exige respuestas inmediatas para evitar crisis sanitarias y brotes de enfermedades derivadas del consumo de agua sin tratar.
Las comunidades consideran que garantizar servicios públicos básicos debe ser una prioridad para el próximo gobierno, especialmente en territorios históricamente excluidos como Guainía.
Otra de las grandes preocupaciones expuestas por los líderes tiene relación con la salud y la educación.
Reymundo Bobadilla cuestiona que los modelos actuales continúen privilegiando a pequeños sectores de poder, mientras las comunidades más vulnerables siguen enfrentando enormes barreras para acceder a servicios dignos.
En salud, Anderson Urrea propone fortalecer un sistema preventivo, eficiente y con enfoque diferencial étnico: “cuando toque acudir pues a los servicios de salud, sea con calidad, con rapidez y sin tramitología. Eso es fundamental”, afirma.
Uno de los puntos más sensibles y que se convierte en un obstáculo, es el relacionado con el censo étnico indígena. Según Urrea, miles de indígenas aún enfrentan dificultades para acceder plenamente a sus derechos debido a problemas de registro y reconocimiento dentro de los sistemas estatales. Resolver esta situación permitiría mejorar el acceso a la salud, y participación en programas sociales para cerca del 85% de la población indígena del departamento.
En las zonas rurales, el líder campesino Esteban Oyola, considera indispensable recuperar los puestos de salud rurales y fortalecer la atención en el campo. Afirma que durante años las comunidades campesinas han perdido confianza en las instituciones debido a la falta de resultados concretos.
La falta de empleo para los jóvenes profesionales es otra de las preocupaciones centrales. Lucero María Forero señala que muchos jóvenes, hijos e hijas de la región, salen a profesionalizarse con la ilusión de que a su regreso sean contratados, pero cuando terminan sus estudios encuentran pocas oportunidades laborales. Denuncia que frecuentemente las administraciones contratan profesionales provenientes de otras regiones: “Muchos del interior del país vienen a ocupar esos cargos dejando los hijos de la región por fuera”, dice.
La lideresa considera que el próximo presidente debe promover políticas que prioricen la vinculación laboral de profesionales nacidos y formados en el territorio, permitiendo que el talento humano contribuya directamente al desarrollo regional.
Entre las propuestas más profundas aparece la necesidad de fortalecer las Entidades Territoriales Indígenas (ETIs) y los Consejos Indígenas.
Anderson Urrea sostiene que poner en marcha estas figuras permitiría que las propias autoridades indígenas administren sus recursos, desarrollen políticas y ejecuten sus planes de vida acorde con sus necesidades y cultura.
Para las comunidades, esta medida podría ayudar a cerrar brechas históricas de pobreza y abandono en territorios apartados donde la presencia estatal sigue siendo precaria.
Desde el sector campesino, Esteban Oyola también plantea la necesidad de reconstruir la confianza entre el gobierno y las organizaciones rurales. Considera fundamental que los líderes campesinos participen directamente en la construcción de políticas públicas y en la toma de decisiones junto a los ministerios e instituciones nacionales.
Las comunidades también reclaman mayor participación en las decisiones públicas. Reymundo Bobadilla propone que la ciudadanía tenga voz activa en la planeación, formulación y vigilancia de los proyectos financiados con recursos públicos. Considera que la corrupción ha frenado el desarrollo del departamento y ha permitido la construcción de obras inconclusas o mal ejecutadas que terminan convirtiéndose en “elefantes blancos”.
“La Amazonía no se puede dar el lujo de hacer inversiones para después corregir cuando hayamos hecho el deterioro del medio ambiente”, afirma. Desde su visión, la mala ejecución de los proyectos, además de generar detrimento al patrimonio, también puede producir daños ecológicos; por esta razón, insiste en la necesidad de que los habitantes, que son quienes conocen el territorio, tengan la posibilidad de hacer parte de espacios de decisión.
Los liderazgos coinciden en que el próximo presidente de Colombia deberá escuchar más a los territorios y no trabajar solo desde un escritorio en la capital del país.
Las prioridades planteadas desde Inírida no solo hablan de necesidades básicas insatisfechas que se deben atender, también expresan una demanda de ser vistos con sus particularidades geográficas, sociales y culturales, donde el desarrollo debe ir de la mano con la protección ambiental, la participación comunitaria y el respeto por la diversidad étnica.
En un territorio con el que el Estado tiene muchas deudas, pero en el que también las comunidades tienen grandes capacidades, los líderes manifiestan que el reto del próximo gobierno será convertir esas demandas históricas en políticas reales que permitan cerrar décadas de desigualdad y exclusión.
El panorama de las elecciones presidenciales en San Vicente del Caguán está marcado por una profunda polarización y discusiones sobre economía, la participación ciudadana, la seguridad y la paz de Colombia. Con la proximidad de la primera vuelta, el ambiente social se evidencia más tenso; organizaciones sociales y Juntas de Acción Comunal (JAC) se preparan logísticamente para asegurar el ejercicio del voto de sus comunidades, debido a los largos trayectos que deben recorrer para llegar a los puestos de votación, especialmente para los habitantes de las zonas rurales.
Según el censo electoral, en San Vicente del Caguán 40.016 personas están habilitadas para votar (19.897 mujeres y 22.119 hombres). Además, se dispondrá de 111 mesas de votación distribuidas en 19 puestos rurales y siete urbanos. En las elecciones presidenciales de 2022 y en las legislativas de este año, el abstencionismo rondó el 50 por ciento, lo que genera expectativa sobre el nivel de participación en estas presidenciales.
Los candidatos han recorrido ciudades capitales y municipios para exponer sus planes de gobierno. En el caso de San Vicente del Caguán, se vive el movimiento de las campañas, la socialización de programas y la invitación a ejercer el derecho al voto. Figuras como Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia son los candidatos que más suenan en el municipio.
Sin embargo, aquí solo se realizó un evento de cierre de campaña. El 22 de mayo una chiva con imágenes del candidato Iván Cepeda se movilizó por todo el casco urbano, divulgando discursos del candidato, así como las voces de los representantes locales.
Se ha conocido que los simpatizantes del candidato Abelardo De la Espriella realizarán cierre de campaña en una reunión privada por parte de sus electores, aunque todavía no se ha hecho pública la fecha en la que se realizará.
Según información que ha circulado en redes sociales, y como ocurrió en las pasadas elecciones del Congreso, se han conocido denuncias sobre constreñimiento a personal de entidades públicas por parte de funcionarios de la Gobernación de Caquetá que dieron instrucciones precisas para hacer campaña en favor de la candidatura de Paloma Valencia. La misma orientación se ha conocido por parte del partido político Mira, que recoge a la iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional con presencia en cada municipio del Caquetá.
Más allá de la coacción, en el escenario local hay expectativas y demandas de la comunidad que se enfocan en soluciones para el abandono estatal y, principalmente, para mitigar los impactos del conflicto armado. Así, en las conversaciones aparece la priorización de temas fundamentales como la infraestructura vial rural, el acceso a servicios básicos como agua y salud, la educación, el fortalecimiento del sector campesino, la inclusión de la juventud y el medio ambiente.
Los habitantes evalúan quién es el más idóneo para impulsar el progreso y desarrollo del municipio, así como qué tan posible es que las elecciones se traduzcan en cambios reales para la vida cotidiana de quienes habitan el municipio. Consonante consultó a líderes gremiales, juveniles, campesinos y de pueblos étnicos, además de fuentes documentales, para responder las principales preguntas de los sanvicentunos.
Aunque las problemáticas del municipio son múltiples, una de las necesidades que más se repiten entre líderes sociales y habitantes es la inversión en las zonas rurales. Las comunidades señalan que el mal estado de las vías terciarias, la vía de acceso principal y la vía que conduce a Neiva, Huila, retrasan el acceso oportuno a salud y educación, especialmente en veredas alejadas, donde muchas familias deben recorrer largas distancias para acceder a servicios integrales o comercializar sus productos profundizando las desigualdades entre el campo y el casco urbano.
“Existe una urgencia vital por concluir las reparaciones en la ruta que nos conecta con el Huila. La prioridad es habilitar una salida alterna, dado que el trayecto hacia Florencia es demasiado extenso y se encuentra deteriorado; adicionalmente, no encontramos muchas veces en la capital todos los insumos necesarios, ni atención especializada en salud, siempre nos mandan para otro lado”, comenta el líder social Edgar Montenegro.
“Las comunidades rurales siguen sintiendo abandono. No se trata solo de una carretera, es poder sacar los productos, ir al médico o garantizar que los jóvenes estudien”, agrega Montenegro.
En esto coincide Jesús Arsenio Rojas, integrante del Consejo Territorial de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos, quien opina que las necesidades actuales también están relacionadas con el fortalecimiento de proyectos productivos y el acceso a oportunidades para jóvenes, quienes muchas veces enfrentan escenarios de desempleo, migración o riesgos asociados a las economías ilegales y la violencia.
“Con tantas necesidades, es difícil priorizarlas”, dice. También considera que se debe apostar por la mitigación del deterioro ambiental para lo cual, afirma, “se requiere el fortalecimiento de la gobernanza ambiental comunitaria que posibilita el control de la deforestación y las acciones de restauración de los ecosistemas”.
Estas demandas también atraviesan el debate presidencial de 2026. Mientras algunos candidatos proponen fortalecer la seguridad con mayor presencia militar, otros apuestan por la modernización tecnológica, la cooperación internacional y el endurecimiento de las políticas contra grupos armados. También aparecen otras miradas, desde las que se propone que la solución debe incluir inversión social, desarrollo rural y presencia integral del Estado en territorios históricamente afectados por el conflicto.
Temas como la reforma agraria, la implementación de políticas de paz y el acceso a oportunidades para jóvenes rurales hacen parte de las discusiones que hoy atraviesan las campañas presidenciales y que, para comunidades como las de San Vicente del Caguán, no representan solo propuestas políticas, sino necesidades urgentes de la vida cotidiana.
Uno de los temas que más aparece en las voces de los liderazgos sociales, es la necesidad de consolidar condiciones reales de paz y seguridad para las comunidades. Aunque el municipio ha vivido distintos procesos relacionados con el conflicto armado, persisten preocupaciones sobre la presencia de grupos armados, amenazas a líderes sociales y falta de garantías institucionales.
Para muchos habitantes, hablar de seguridad no significa únicamente aumentar la fuerza pública, sino garantizar inversión social, acceso a derechos y oportunidades para las comunidades rurales. Líderes juveniles consideran que el abandono estatal continúa siendo uno de los factores que alimenta la violencia en el territorio.
“Los jóvenes necesitan opciones distintas a la guerra. Tener más oportunidades de empleo, necesitamos empleo, necesitamos inversión y seguridad para que los jóvenes y adultos puedan desarrollar sus proyectos, mejorar su calidad de vida y las familias puedan salir adelante sin miedo al abandono del Estado. Si no hay educación, empleo o apoyo al campo, muchas veces sienten que no existen alternativas”, comenta Johanna Torres, integrante de la Asociación de Mujeres Víctimas del Conflicto Armado (Asomuvica).
Otro aspecto que aparece como prioridad es el fortalecimiento del sector agropecuario. Campesinos y productores consideran necesario que el próximo gobierno impulse políticas que faciliten el acceso a créditos, comercialización y asistencia técnica, teniendo en cuenta que gran parte de la economía local depende del campo.
“Acá hay mucha gente trabajadora, potencial, que le gusta lo agrario y que tiene muchísimas ganas de salir adelante, pero necesitas apoyo, inversión y oportunidades para construir un mejor futuro. Espero que quien gane las elecciones presidenciales realmente escuche a las regiones y cumpla lo que promete y trabaje por la paz, el desarrollo y también las oportunidades para todos los habitantes”, señala.
Las preocupaciones del sector rural en San Vicente del Caguán también aparecen dentro de los debates nacionales de las elecciones presidenciales. Algunos candidatos han planteado fortalecer la economía campesina mediante subsidios, créditos blandos, apoyo técnico y compra pública de productos agrícolas, argumentando que el campo debe convertirse en uno de los motores del desarrollo económico del país. Otros sectores políticos, en cambio, han insistido en impulsar la productividad agroindustrial, la inversión privada y la seguridad para incentivar el crecimiento económico en las regiones rurales.
Las expectativas frente al próximo presidente están marcadas por una mezcla de esperanza y desconfianza, por el hecho de que el territorio es visible solo en épocas de elecciones. Por eso, más que promesas, las comunidades esperan compromisos concretos y presencia institucional permanente.
Algunas lideresas mencionan que esperan un gobierno que dialogue directamente con las comunidades y reconozca las realidades rurales más allá de las cifras nacionales, o decisiones generalizadas desde las ciudades.
“Esperamos que no se acuerden de nosotros solo en campaña. Aquí hay comunidades organizadas, propuestas y ganas de salir adelante, pero hace falta voluntad política”, expresa una integrante de procesos comunitarios.
También existe una expectativa relacionada con la participación ciudadana. Jesús Rojas, integrante del Consejo de Paz y representante del comité de Caucheros, considera importante que las decisiones nacionales incluyan la mirada de las regiones y que exista mayor apoyo a procesos comunitarios, juveniles, ambientales y de mujeres.
“Creo que no es tanto esperar algo de quien gane, sino que podemos hacer nosotros desde el territorio con el propósito de construir junto con el gobierno mejores condiciones de vida en el territorio, mayor incidencia en la construcción de políticas públicas y una participación como sociedad civil en la construcción de paz”, apunta Rojas.
En el debate presidencial, varios candidatos han incorporado propuestas relacionadas con estas preocupaciones. Algunos sectores políticos plantean fortalecer la descentralización y aumentar la inversión social en regiones históricamente afectadas por el conflicto armado. Otros han propuesto estrategias de seguridad acompañadas de infraestructura, empleo y fortalecimiento institucional en municipios rurales.
Aunque las propuestas son distintas, las voces coinciden en una preocupación común: que las promesas electorales no se queden únicamente en los discursos de campaña y logren traducirse en transformaciones concretas para territorios como San Vicente del Caguán.
“Espero que quien gane las elecciones presidenciales realmente escuche a las regiones y cumpla lo que promete y trabaje por la paz, el desarrollo y también las oportunidades para todos los habitantes”, dice Jhoana Torres, integrante de Asomuvica.
Para varios líderes consultados, uno de los principales problemas es que el municipio continúa siendo visto desde estigmas asociados al conflicto armado. Aunque reconocen que la violencia ha marcado la historia del territorio, consideran que esa mirada desconoce los procesos organizativos, culturales y productivos que también existen en la región.
“San Vicente del Caguán se desarrolló a base del trabajo de la gente, de la tenacidad, de gente recia y aventurera que domó este territorio. Entonces, no solamente lo podemos ver desde el punto de vista del conflicto porque sería un error. Eso llegó después. Muchas veces hablan de aquí como si solo hubiera guerra y no ven a los campesinos, a las mujeres organizadas, a los jóvenes que están haciendo cultura o defendiendo el territorio”, afirma Edgar Montero, líder social y maestro.
Además, los habitantes consideran que algunos discursos políticos desconocen las dificultades reales que enfrenta la población rural. Temas como la conectividad, la infraestructura, la informalidad laboral o el acceso limitado a servicios públicos pocas veces ocupan un lugar central en las campañas nacionales.
“He pedido que el Estado colombiano a través de la Agencia Nacional de Tierras nos entregue tierra que algunos ganaderos abandonaron o que fueron confiscadas, pero no hubo poder en este gobierno de que nos dieran”, dice Montero.
Existe la percepción de que los candidatos hablan de paz o seguridad desde las ciudades, sin comprender cómo se vive diariamente la incertidumbre en zonas rurales apartadas.
Las voces consultadas coinciden en que San Vicente del Caguán necesita ser visto más allá de sus problemas históricos. Las comunidades aseguran que el municipio tiene potencial agrícola, ambiental, cultural y humano, pero requiere inversión sostenida y significativa, además de decisiones construidas junto a la gente del territorio.
El mensaje principal para el próximo presidente es que escuchar a las comunidades debe ir más allá de las visitas de campaña. Líderes y lideresas consideran necesario que el Gobierno Nacional fortalezca la presencia institucional, apoye los liderazgos sociales y genere políticas que respondan a las necesidades reales de la población.
“No necesitamos que hablen por nosotros, necesitamos que nos escuchen. Que trabajemos en el propósito común de construir la paz, como condición fundamental para el logro de un desarrollo sostenido en el tiempo. Es importante que para lograr esto que nosotros como sociedad prioricemos, porque finalmente debemos ser conscientes de que los únicos responsables del desarrollo local somos la comunidad que aquí vivimos”, puntualiza Jesús Rojas.
En esto coincide Jhon Jairo Marulanda, vicepresidente de la cooperativa Forjadores de Paz (Fodepaz), quien percibe que los debates presidenciales actuales, en gran parte giran alrededor de la seguridad, la presencia de grupos armados y las estrategias militares para recuperar el control territorial. Aunque varios candidatos han incluido propuestas de inversión social y desarrollo regional, considera que muchas veces el territorio sigue siendo mencionado principalmente desde los problemas de violencia y no desde su potencial social, productivo y cultural.
“Yo espero un gobierno comprometido con las necesidades del campesino, un gobierno abierto al diálogo, con una mirada de construir la paz con justicia social, que dé respuesta con más inversión al campo y garantice que nuestros productos tengan un precio justo en el mercado”, comenta Marulanda, vicepresidente de Fodepaz.
En medio de las elecciones presidenciales de 2026, las voces recogidas muestran que las comunidades siguen esperando respuestas concretas frente a problemáticas históricas que aún afectan la vida cotidiana en San Vicente del Caguán. Y aunque se han incluido temas como el acceso a internet, las vías terciarias, el fortalecimiento cultural o las oportunidades laborales para jóvenes rurales en algunos programas de gobierno como parte de las propuestas de cierre de brechas regionales, los habitantes consideran que aún existe una distancia entre los discursos nacionales y la realidad al momento de ejecutarse.
En San Juan del Cesar, pocos recuerdan exactamente quién sembró el primer neem, pero casi todos coinciden en algo: hace unos 30 años este árbol apareció silenciosamente en patios, avenidas, corrales y calles del municipio. Algunos habitantes aseguran que llegó desde Venezuela. Otros dicen que fue introducido mediante programas de arborización urbana. También hay quienes recuerdan que fue promovido por ganaderos debido a sus propiedades repelentes contra moscas y garrapatas.
Luis Alberto Guerra López, ingeniero forestal, dice que su origen fue muy diverso y no es muy claro, pero sí conoce una de las formas en las que llegó al municipio. No apareció de la nada, sino que recorrió miles de kilómetros desde Asia hasta llegar a La Guajira. Lo hizo a través del exembajador de Colombia en Panamá, Alfonso Araújo Cotes. Un día de 1995, el embajador de Birmania en Panamá le hizo un regalo a Araújo: eran unas semillas del árbol; luego las trajo al país y se sembraron en varios lugares, así, poco a poco, terminó regado por toda La Guajira.
En San Juan lo bautizaron como Nem, Nim o como saliera más fácil en la conversación, aunque el nombre científico es Azadirachta indica. Varios habitantes recuerdan que comenzaron a verlo de manera más frecuente entre 2006 y 2007, presente en todas las calles y espacios del municipio.
Las alcaldías, programas de siembra y varias entidades lo vendieron como la solución perfecta para pelearle al calor y poner bonito el pueblo. “Siémbrelo, que eso pega donde sea”, decía la gente. Y no mentían: donde no agarraba un mango, agarraba el neem.
Lo cierto es que el neem encontró en La Guajira el territorio perfecto para reproducirse; condiciones adversas para otras especies fueron justo lo que este árbol necesitaba: altas temperaturas, poca lluvia y suelos secos.
Al ser un árbol de rápido crecimiento, que soporta condiciones extremas y se desarrolla muy bien en suelos pobres, se sembró inicialmente en municipios como Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha y San Juan del Cesar para mejorar el entorno ambiental y generar sombra, una tarea que con especies nativas era muy difícil lograr.
El sol de la tarde cae con crudeza sobre las calles de San Juan del Cesar. Son las 3:30 p.m. y en un andén del centro el calor se espanta con café caliente y una buena conversación, como lo hacen los sanjuaneros. Ariel Mora, quien ha visto a su pueblo crecer, sostiene el pocillo con una mano mientras con la otra señala a los árboles que están en la avenida: — Ese palo vino pa’ eso… no come ni el ganado al animalejo ese, porque eso es amargo —. Sus compadres asienten, mientras se quejan de la presencia del árbol.
Para Mora, el neem fue una imposición. Considera que fue de lo peor que le trajeron a esta tierra. Reflexiona que, antes de introducirlo en el pueblo, debieron investigar cómo era esa especie y las consecuencias que podía generar. Desde el andén Mora muestra cómo las raíces levantan el cemento. Para él, el neem es un intruso en el paisaje.
Mientras espera que el café se enfríe, mira las ramas del “animalejo” y resalta la manera acelerada de su crecimiento:
“crece rápido, ocupa su lugar y desplaza lo que antes estaba, incluso las especies nativas que daban frutos dulces”, dice.
Este árbol apareció como una promesa de alivio, para bajar la temperatura y hacer sombra en calles y zonas verdes de La Guajira. Hace aproximadamente veinte años, diferentes entidades iniciaron una siembra organizada; las responsables fueron las alcaldías, con el respaldo de Corpoguajira. Lo introdujeron en sus programas de arborización: el neem crecía a una velocidad asombrosa, era capaz de resistir las sequías más feroces y tenía la virtud de reverdecer allí donde otros árboles apenas lograban sobrevivir. Se plantó con el afán de embellecer el entorno, pero nadie advirtió que terminaría por colonizar cada esquina, transformando la identidad visual de los pueblos guajiros.
Muchos habitantes también comenzaron a utilizarlo como remedio casero. Algunos aseguran que sus hojas sirven para eliminar piojos o como repelente natural para los animales. Los ganaderos de la región explican que el árbol fue un aliado clave para combatir moscas y garrapatas mediante preparados artesanales hechos con hojas trituradas, además de utilizar el remedio como un cicatrizante para curar las heridas del ganado.
Sin embargo, se convirtió en un dolor de cabeza. Con el paso de los años, el árbol se multiplicó sin control. Las semillas se dispersan rápidamente y el árbol puede alcanzar gran tamaño en apenas tres o cuatro años. En zonas rurales, potreros y terrenos abandonados comenzaron a aparecer grandes concentraciones de neem, desplazando vegetación tradicional como el guayacán, el trupillo, el caracolí, el cotoprís o el totumo.
Además, en la zona urbana, habitantes de San Juan del Cesar denuncian daños constantes en calles, andenes y tuberías causados por sus raíces. Erradicarlo completamente puede ser costoso debido a la dureza de la madera y a la extensión de sus raíces, que vuelven a brotar rápidamente incluso después de ser podadas.
Como menciona el ingeniero Luis Alberto Guerra, “ningún árbol es malo, pero hay algunos que tienen unas particularidades”, como ocurre con el neem, que no pertenece a este ecosistema y, por lo tanto, genera impactos sobre las especies nativas.
“Lo más bravo vino después: lo cortaban y volvía a salir. Lo podaban y regresaba más frondoso, como si cogiera fuerza de la rabia. En sequía, en abandono, en tierra mala… ahí seguía parado, fresco y campante”, dice con contundencia Ariel Mora.
Por eso el árbol tiene al pueblo dividido. Unos lo ven como una plaga, porque observan los daños que está generando; otros ni se percatan de su presencia, simplemente toman provecho de la sombra que ofrece en momentos de calor, que no son pocos en esta zona del país.
Mientras unos lo sembraban buscando sombra para el ganado o fresco para los patios, otros se dieron cuenta de que no necesitaba que lo sembraran; él mismo lo hacía. El árbol tira semillas por montones, nace solo y al poco tiempo aparecen muchos más.
El subdirector de Corpoguajira, el ingeniero forestal Manuel Manjarrés, explica que el neem posee una capacidad de colonización sumamente agresiva. Su ritmo de crecimiento es acelerado y no presenta dificultades para desplazar a las especies que se encuentran en su entorno. En condiciones óptimas, este árbol logra un desarrollo estructural en pocos años, superando con creces el tiempo que requieren las especies nativas para establecer sus raíces.
Luis Alberto Guerra López, también ingeniero forestal, advierte que el mayor problema no es que crezca, sino que se adueña. Germina donde cae la semilla, invade potreros, altera ecosistemas y les hace competencia desleal a las especies nativas. Según los expertos, si no se controla, puede seguir avanzando hacia otros departamentos.
Desde las entidades ya hablan de manejo, control y de frenar nuevas siembras. De hecho, la autoridad ambiental del departamento encendió las alarmas sobre la expansión de esta especie a través de una alerta ambiental.
Corpoguajira advirtió que el neem genera fuertes impactos sobre la biodiversidad y los ecosistemas de La Guajira debido a su comportamiento invasor y a las características alelopáticas de la especie. Esto significa que en las zonas donde el árbol se reproduce y prospera, genera condiciones químicas en el suelo que impiden el crecimiento de otras plantas, provocando que solo predomine el neem.
La Corporación señaló que esta especie “amenaza la biodiversidad local al competir con las especies nativas” y alertó de que sus raíces extensas y agresivas afectan de forma severa calles, aceras, tuberías subterráneas y otras infraestructuras urbanas. Además, indicó que “la invasión del neem en áreas naturales de La Guajira está provocando la pérdida de biodiversidad, ya que su rápido crecimiento y expansión limitan el espacio y los recursos disponibles para las plantas nativas”.
“En Corpoguajira trabajamos para controlar la expansión del neem y propendemos por la conservación de nuestras especies forestales amenazadas”, aseguró Samuel Lanao Robles, director de la entidad. Según explicó, la estrategia institucional incluye campañas de educación ambiental, control mecánico y restauración de áreas afectadas para reducir el impacto de esta especie invasora, implementando medidas rigurosas para frenar nuevas siembras en el territorio.
Walter Mendoza, técnico agropecuario, locutor y curioso de la naturaleza, lo dice sin rodeos mientras mira el monte: “Sí, sombra da, pero no todo lo que hace sombra sirve pa’ resolver”. El néem refresca y en pleno mediodía cualquiera se le arrima sin pensarlo dos veces. Pero cuando se le mira con lupa, la cosa cambia: el ganado ni lo mira, no da fruto y alrededor suyo no habita la misma vida de antes. No es como el trupillo lleno de pájaros, ni como el caracolí botando comida, ni la ceiba cargada de historia.
Los habitantes han construido mitos alrededor del árbol: que no es bueno amanecer debajo de ese palo porque es tóxico, o que la sombra tan cerrada que genera no cae bien. No hay pruebas de esto, pero como dice Walter Mendoza con la experiencia que le ha dado la vida en el campo, “sombra sola no basta. El monte bueno es el que refresca, alimenta y deja vida alrededor”.
Cada tanto, Yessenia Machoa entra en el monte junto a su madre y jóvenes de su comunidad para recolectar semillas, fibras de chambira y cortezas de yanchama. Entre los árboles de la selva y el sonido constante de aves e insectos, eligen con cuidado el material. No es un trabajo sencillo, deben caminar varios kilómetros y luchar con la humedad que aquí, en el municipio de Puerto Nariño, a orillas del río Amazonas, se pega en la piel y hace que cada paso sea más lento, más extenuante.
Entre estas piezas que se toman de la selva y las pasarelas de moda, están en el medio las manos de Machoa. Ella une, cose, hila y da sentido a cada material, para transformarlo en prendas que se convierten en una muestra de la identidad cultural de su pueblo.
Yessenia Machoa convirtió el conocimiento heredado de sus abuelas en una propuesta de moda con identidad propia. Indígena del pueblo Magüta, perteneciente al clan Huito, esta diseñadora amazónica ha logrado que sus trajes, elaborados con fibras naturales y pigmentos extraídos de la selva, circulen en reinados nacionales, eventos internacionales y espacios emergentes de moda.
Su historia comenzó en 2008, cuando una fundación en Puerto Nariño le abrió un espacio para dirigir un grupo de danza. Allí empezó a confeccionar vestuarios para niños y jóvenes usando tintes naturales como achiote, azafrán y huito. Más tarde llegaron los encargos para reinados y ferias artesanales. “Fue el primer traje que me abrió puertas", recuerda. “Yo acudía mucho a mi abuelita: ¿cómo se hace esto?, ¿cómo puedo tejer esto?”.
Desde entonces, el taller y colectivo “Restauradoras” se convirtió en un espacio de trabajo comunitario donde participan mujeres, jóvenes y familiares. Su madre la acompaña en la extracción de fibras. Las abuelas enseñan técnicas que han usado sus ancestros; otras mujeres ayudan en los procesos manuales. Cada prenda es resultado de una cadena colectiva tejida por los conocimientos ancestrales, el territorio y la economía comunitaria.
Aunque en este oficio participan también hombres, la realidad es que el rol protagónico lo tienen las mujeres. Según el Sistema de Información Estadístico de la Actividad Artesanal (Sieaa) de Artesanías de Colombia, de las personas que han caracterizado, el 71,9 % son mujeres y 45,4 % aprendió su oficio por transmisión familiar.
Machoa habla y recuerda su proceso, mientras sus manos continúan trabajando la fibra de chambira con paciencia aprendida en el monte. En su relato regresa constantemente a la figura de las mujeres mayores; las nombra como maestras, proveedoras y soporte emocional. “Mi mamá es como la inspiración. Ella sabe muchas historias, muchos procesos”, dice.
El oficio de diseñar nace desde la pasión y se sostiene en el día a día, con un reconocimiento débil frente al esfuerzo inmenso que hace cada mujer para finalizar una prenda. Sostener una propuesta de moda indígena desde la Amazonía implica enfrentar barreras económicas, exclusión estructural y una industria que históricamente ha utilizado la estética indígena desde la exotización, sin reconocer a quienes la crean.
En una industria dominada por materiales sintéticos y producción acelerada, sus prendas funcionan también como una defensa silenciosa de otros tiempos y otras formas de hacer moda. Las semillas recolectadas en el kilómetro 9 de la vía Leticia - Tarapacá, la yanchama obtenida de cortezas producida en la comunidad de San Juan de los Parentes y las fibras vegetales transformadas artesanalmente, conectan sus vestidos con el territorio del que provienen. Sin embargo, para muchas personas este proceso no es visible y el reconocimiento sigue siendo desigual.
Aunque eventos como Colombiamoda han aumentado la presencia de artesanas y diseñadores indígenas, el acceso continúa siendo limitado. En 2025, más de 120 artesanas y artesanos participaron en el Mercado de Moda Circular de Colombiamoda gracias al programa “Fibras Naturales Indígenas”, impulsado por el Ministerio de Comercio.
Este es un avance, pero las brechas históricas son más evidentes. Artesanías de Colombia ha caracterizado a más de 33.000 artesanos en el país, de los cuales gran parte vive en condiciones de vulnerabilidad y aprendió el oficio por transmisión familiar. Para diseñadoras amazónicas como Yessenia Machoa, el problema no es únicamente la visibilidad sino el costo de existir dentro de la industria.
“No es tan fácil”, afirma cuando habla de participar en ferias nacionales. “Todo es factor dinero. Un stand puede costar tres millones, y a veces no contamos con ese medio económico”. La distancia geográfica también pesa. Trasladar materiales desde comunidades amazónicas implica gastos permanentes. Conseguir chambira, semillas o cortezas requiere tiempo, transporte y trabajo físico. A eso se suma la ausencia de apoyo institucional estable para procesos comunitarios de largo plazo.
Otros datos permiten dimensionar el problema económico. En la caracterización sectorial de Artesanías de Colombia, 50,7 % de los artesanos encuestados señaló que la artesanía es la principal fuente de ingreso del hogar; 65 % indicó que elabora las piezas principalmente a mano y las materias primas de origen vegetal aparecen como las más usadas en la elaboración de piezas artesanales. Es decir, la producción que suele presentarse en ferias como producto terminado concentra muchas horas de trabajo no siempre reconocidas en el precio final.
En ese contexto, muchas creadoras indígenas terminan vendiendo sus piezas a intermediarios que luego comercializan los diseños en escenarios de mayor prestigio y a precios más altos. “Me ha pasado”, dice Machoa. “Uno elabora y otra persona se muestra con nuestros productos o los compra a un precio menos y gana el doble”.
Mientras las estéticas indígenas son constantemente utilizadas como tendencia, las creadoras indígenas siguen teniendo dificultades para acceder a espacios de representación, financiamiento y protección intelectual. En pasarelas nacionales abundan referencias a tejidos ancestrales, símbolos amazónicos o materiales artesanales. Pero pocas veces quienes producen esos conocimientos ocupan el centro de la conversación.
Machoa lo sabe. También sabe que el miedo al rechazo sigue presente. “Sí, he sentido miedo de que no sea valorado", admite. Recuerda especialmente un desfile donde compartió espacio con otros diseñadores y sintió temor de que sus vestidos no estuvieran a la altura. Después llegaron los mensajes, los elogios y las felicitaciones. Pero la inseguridad permanece como parte de una industria profundamente desigual. Aun así, persiste.
Actualmente trabaja en una colección de diez vestidos para una pasarela en junio. Sueña con llegar a escenarios como Colombiamoda y vivir plenamente de su oficio. “Quiero demostrarme a mí misma que sí se puede llegar a esos espacios”, dice. Pero su aspiración no se limita al reconocimiento individual. Habla constantemente de otras mujeres, de jóvenes que no se atreven a mostrar su trabajo y de familias enteras que dependen económicamente de estos oficios.
La Casa Social de la Mujer de Tadó Margareth Cristal fue concebida como un espacio para la formación, el emprendimiento y el fortalecimiento de las mujeres del municipio. Su construcción fue anunciada como una de las apuestas sociales de la administración del exalcalde Cristian Copete y, desde su inauguración en 2021, se presentó como un lugar destinado a abrir oportunidades laborales en un territorio con limitadas fuentes de empleo formal.
Sin embargo, tres años después de su entrega, un grupo de mujeres del municipio sostiene que la casa no funciona como el espacio abierto, participativo y comunitario que esperaban. La principal inconformidad está relacionada con el acceso al lugar, la falta de dotación básica, la ausencia de una participación efectiva de las organizaciones de mujeres y la percepción de que la administración municipal actúa más como propietaria del espacio que como aliada de los procesos femeninos.
“Nosotras somos las dueñas de la Casa de la Mujer”, afirma María Perea, tesorera de uno de los grupos vinculados al proceso. Para ella y para otras mujeres de Tadó, este lugar significa años de expectativas, capacitaciones y trabajo colectivo. Por eso cuestionan que para reunirse o desarrollar actividades deban solicitar permisos ante la Alcaldía, incluso cuando consideran que la casa fue construida precisamente para ellas.
El antecedente más visible del proyecto se remonta al 30 de diciembre de 2019, cuando Cristian Copete, durante su posesión como alcalde de Tadó, anunció la construcción de una casa para la mujer tadoseña. La propuesta fue presentada como un espacio para ofrecer capacitaciones, impulsar proyectos productivos y generar alternativas económicas para las mujeres del municipio.
Meses después, el 8 de marzo de 2020, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la administración informó que ya se contaba con el terreno para la obra. La entonces primera dama, Sandra Perea, lideró parte del proceso e invitó a mujeres del municipio a participar en la definición de los proyectos que se desarrollarían en la futura casa.
De acuerdo con los testimonios recogidos, las mujeres se reunieron en la Alcaldía Municipal de Tadó y fueron convocadas a procesos de formación con la organización Asodamas. Los módulos incluyeron temas como moda circular, economía solidaria y seguridad alimentaria. Con esas capacitaciones se buscaba preparar a las participantes para poner en marcha iniciativas productivas, especialmente en las áreas de belleza y gastronomía.
Para muchas de ellas, la casa representaba mucho más que una infraestructura. Era la posibilidad de contar con un lugar propio para trabajar, emprender y llevar sustento a sus hogares. En un municipio con escasas oportunidades laborales, el proyecto despertó la expectativa de generar ingresos a partir de oficios aprendidos durante las formaciones.
Cuando el proyecto fue entregado, recibió el nombre de Casa Social de la Mujer de Tadó Margareth Cristal, en homenaje a la hija fallecida de la ex primera dama. Aunque el gesto tuvo una carga personal y simbólica para la administración de ese momento, algunas mujeres recuerdan que la decisión generó inconformidad dentro del proceso, pues esperaban que el nombre y el sentido del lugar fueran definidos de manera más colectiva.
A esa molestia se sumaron otras tensiones. Varias participantes aseguran que no todas las mujeres que hicieron parte de las capacitaciones fueron incluidas en la inauguración ni en la puesta en marcha del proyecto. También afirman que, desde el comienzo, hubo confusión sobre quién podía usar la casa, bajo qué condiciones y cuál sería el papel real de las organizaciones de mujeres.
“Este es un proyecto muy importante para las mujeres porque realmente se necesitaba en el municipio. Aunque cabe resaltar que la Casa de la Mujer no fue construida como debería ser, gracias a Dios ya la tenemos. Pero es importante que la gente sepa que en la casa no se les dio participación a las chicas que fueron preparadas por Asodamas. La casa la ha cogido la administración municipal por cuenta de ellos y las mujeres que desde hace años venimos en pie de lucha tenemos que solicitar permiso para reunirnos en un lugar que está allí por nosotras”, sostiene María Perea.
Para Perea, la administración debería cumplir un rol de acompañamiento institucional, no de control sobre el espacio. “La administración es una aliada de la casa; las mujeres tadoseñas son las dueñas de esa edificación”, agrega.
Actualmente, la Casa de la Mujer cuenta con iniciativas asociadas a gastronomía y belleza. Sin embargo, las organizaciones inconformes consideran que el espacio quedó reducido a unos servicios específicos y no a un verdadero centro de encuentro, orientación, formación y participación para todas las mujeres del municipio.
Las mujeres de la Asociación por el Bienestar de la Mujer Tadoseña (Asbent), aseguran que desde 2020 han insistido en que la casa sea un espacio abierto. Según sus relatos, el grupo llegó a estar conformado por cerca de 16 mujeres activas, aunque en los momentos iniciales la participación fue mayor.
Diana Marcela Mosquera, monitora del grupo de asociadas, recuerda que las reuniones se realizaban en distintos horarios en el auditorio municipal María Garcés de Tadó. Según ella, con el paso del tiempo varias mujeres se retiraron por las dificultades del proceso y por la forma en que se sintieron tratadas.
“Éramos un grupo grande de mujeres, pero al ver el maltrato verbal y una atención muy deficiente, muchas desertaron. Ni siquiera nos daban para una bolsa de agua. Al final quedó un grupo reducido de mujeres que siempre ha estado en pie de lucha, a pesar del maltrato que recibían”, afirma Mosquera.
La inconformidad se profundizó con el cambio de administración municipal. Las mujeres esperaban que el nuevo gobierno local facilitara el acceso al espacio y respaldara sus procesos organizativos. No obstante, aseguran que se encontraron con un requisito que consideran contradictorio: pedir autorización por escrito para usar la casa.
Uno de los reclamos más frecuentes tiene que ver con las condiciones materiales del lugar. Las mujeres sostienen que la casa fue entregada con dotación para los proyectos de belleza y gastronomía, pero hoy no cuenta con elementos básicos suficientes para desarrollar reuniones o actividades comunitarias.
Según los testimonios, cuando la Ruta Pacífica de las Mujeres —organización que acompaña procesos de mujeres en el Chocó— realiza actividades mensuales en Tadó, las participantes deben conseguir sillas prestadas, hacer el aseo del lugar y garantizar que los implementos utilizados queden nuevamente organizados.
La Ruta Pacífica ha acompañado al grupo con talleres, fortalecimiento de saberes ancestrales, asesoría jurídica y atención psicológica. Para las mujeres, este apoyo ha sido clave en su proceso de empoderamiento, pero también ha dejado en evidencia las limitaciones de la casa como espacio público para la garantía de derechos.
El malestar comunitario, según ellas, se resume en una pregunta: ¿cómo una construcción destinada a las mujeres, que fue entregada con dotación, hoy no cuenta siquiera con sillas suficientes para realizar una reunión?
La administración municipal reconoce que existe inconformidad, pero sostiene que la regulación del acceso responde a una necesidad de organización. Brenda Yulieth Mosquera Sánchez, gerente general de la Alcaldía Municipal de Tadó, explica que la casa es solicitada por varias organizaciones y que sin un cronograma podrían presentarse cruces entre actividades.
“Sé del descontento de las mujeres, pero la regulación de los permisos se debe a la condición en que se encuentra la casa y a que recibimos muchas solicitudes. Como administración hacemos un cronograma de permisos y acceso porque tenemos varias organizaciones que trabajan con mujeres. Si no organizamos desde acá, puede pasar que se les dé el permiso a las mismas personas o que se crucen actividades. Hace poco ocurrió que una actividad estaba terminando y otra debía empezar. Por eso se le pidió al enlace que llevara una programación”, explicó Mosquera.
La funcionaria también afirma que la actual administración recibió la casa en condiciones deterioradas. Según su versión, la Alcaldía gestionó ante la Fundación Luterana algunos arreglos y una nueva dotación para mejorar el funcionamiento del lugar.
“Las mujeres no se sienten representadas, pero hay que ser claros: la casa la recibimos en ruinas. Hoy, gracias a la gestión ante la Fundación Luterana, se hicieron arreglos a la construcción y también se consiguió una dotación. El objetivo es que la Casa de la Mujer sea un espacio de confianza, atención y garantía de derechos, en articulación con la Casa de Justicia”, señaló.
Mosquera agregó que la administración adelanta un mapeo de los grupos y organizaciones de mujeres existentes en Tadó, con el propósito de conformar una junta con representación de diferentes sectores. También indicó que ya existe un borrador de la política pública de mujer, que será socializado próximamente.
Desde la perspectiva de la Alcaldía, el ideal es que la casa no se entienda únicamente como un espacio de emprendimientos o servicios comerciales, sino como un lugar donde cualquier mujer pueda recibir orientación psicosocial, acompañamiento jurídico o atención en caso de vulneración de derechos.
El punto de fondo no parece limitarse al trámite de permisos, lo que está en disputa es el sentido mismo de la Casa de la Mujer: si debe funcionar como una dependencia administrada por la Alcaldía, como un centro de servicios productivos o como un espacio comunitario apropiado por las mujeres del municipio.
Para las integrantes de Asbent, la casa debe ser un escenario de participación real, donde las mujeres puedan reunirse, recibir formación, fortalecer sus emprendimientos y acceder a servicios institucionales sin sentirse excluidas. Para la administración, en cambio, el reto es organizar el uso del espacio, garantizar que varias organizaciones puedan acceder y ampliar su función hacia la atención integral de derechos.
Ambas posiciones coinciden en un punto: Tadó necesita una Casa de la Mujer activa, dotada y funcional. La diferencia está en quién decide sobre ella, cómo se administra y qué lugar ocupan las organizaciones de mujeres en esas decisiones.
Esta discusión ocurre en un contexto laboral especialmente difícil para el Chocó. Según el Dane, en 2025 el departamento registró una tasa de desocupación de 12,8 por ciento, la más alta entre los departamentos medidos. La brecha de género agrava el panorama. En 2025, el Chocó registró la mayor diferencia en desempleo entre hombres y mujeres: la tasa de desocupación masculina fue de 9,0 por ciento, mientras que la femenina alcanzó el 20,4 por ciento.
Estos datos ayudan a dimensionar por qué la Casa de la Mujer no es solo una discusión administrativa. Para las organizaciones del municipio, el acceso a ese espacio está relacionado con la posibilidad de capacitarse, emprender, generar ingresos y construir redes de apoyo en un territorio donde las mujeres enfrentan mayores barreras para acceder al trabajo.
Las organizaciones de mujeres de Tadó esperan que la Alcaldía avance hacia un modelo de administración más participativo. Piden que se les permita acceder a la casa sin trámites restrictivos, que se respete el carácter comunitario del espacio y que la dotación permanezca en el lugar para el uso de las actividades dirigidas a mujeres.
También solicitan que la administración gestione proyectos productivos que permitan fortalecer emprendimientos en gastronomía, belleza y otras áreas de formación. Para ellas, la casa debe recuperar el propósito con el que fue anunciada: ser un espacio para que las mujeres se formen, trabajen, reciban acompañamiento y mejoren su calidad de vida.
Mientras se define una política pública y se conforman posibles mecanismos de participación, la Casa Social de la Mujer de Tadó continúa siendo un lugar cargado de expectativas, con la esperanza de que se convierta en un lugar de encuentro para las mujeres tadoseñas.
Los habitantes de Cañaverales han estado en vilo durante varios años por no saber cuál será el destino de su territorio. Desde que la minera Best Coal Company (BCC) proyectó una mina de carbón a cielo abierto, cada trámite administrativo se percibe con una mezcla de angustia e ilusión. No es para menos, detrás de la burocracia se juega la supervivencia del agua, la agricultura, los árboles, los animales. Lo que está en disputa es la vida misma de quienes habitan la región, hoy amenazada por la sombra del extractivismo.
A finales de diciembre del año pasado, después de una espera de varios meses, Corpoguajira tomó la decisión de negar la licencia ambiental al proyecto minero, el cual pretendía explotar carbón en esta zona del sur de La Guajira, ubicada entre los municipios de San Juan del Cesar y Fonseca. Esta decisión fue tomada luego de un análisis técnico integral realizado al proyecto, el cual le permitió a la Corporación concluir que el estudio de impacto ambiental presentado por Best Coal Company tenía fallas metodológicas graves.
En el proceso de resolver la solicitud de licencia ambiental, Corpoguajira tuvo en cuenta también la voz de la comunidad, que a través de una audiencia pública ambiental expresó las razones por las que rechazaba el proyecto. En este espacio denunciaron los impactos que tendría en las fuentes hídricas, en el suelo, en el ecosistema de bosque seco tropical y, además, en la pérdida de la agricultura, principal fuente alimentaria y de trabajo de los habitantes de la zona.
Aunque la primera decisión de la autoridad ambiental fue contundente, el proceso no terminó ahí. Como en todo proceso administrativo, la compañía podía interponer un recurso de reposición, mediante el cual solicitaba una evaluación de esa decisión; y así lo hizo Best Coal Company. La autoridad ambiental recibió y evaluó la solicitud, y el pasado viernes 24 de abril, a través de la resolución No. 0842 del 21 de abril, hizo pública la decisión de negar por segunda vez la licencia ambiental.
Según Samuel Lanao, director de Corpoguajira, la decisión se tomó luego de un nuevo análisis técnico y jurídico del que concluyeron que los argumentos expuestos por la empresa no lograron desvirtuar las razones que motivaron la primera decisión. “La entidad determinó que el proyecto presenta incompatibilidades estructurales de carácter ambiental, territorial y normativo que hacen inviable su ejecución, especialmente en lo relacionado con la protección de los recursos hídricos y la zonificación ambiental del área de influencia”, expresó Lanao.
El análisis técnico realizado por la Corporación permitió identificar riesgos sobre fuentes hídricas superficiales y subterráneas, además de choques con determinantes ambientales como el Plan de Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del río Ranchería (POMCA) y con normas vigentes enfocadas en proteger el agua para el consumo humano. En esa misma línea, se encontró que el proyecto supondría intervenciones irreversibles en el territorio, entre ellas la alteración de cauces y de zonas de recarga hídrica.
La reciente decisión tomada por Corpoguajira no solo marca un punto dentro del proceso administrativo, sino que tiene un significado profundo para la comunidad de Cañaverales y de las zonas aledañas, quienes durante más de 10 años se han visto obligados a resistir en defensa del territorio que habitan. Para ellos cada decisión que frene la llegada de la explotación del carbón representa alegría, esperanza, pero, sobre todo, esa fuerza que les motiva a no rendirse. “A nosotros como organización, la verdad, nos fortalece muchísimo saber que estábamos en lo cierto, saber que no luchábamos aguas arriba, sino que íbamos en la dirección correcta”, expresa Óscar Gamez, representante legal del Consejo Comunitario Los Negros de Cañaverales.
En ese contexto, la postura de la autoridad ambiental no solo ratifica una decisión administrativa, sino que delimita, al menos por ahora, el rumbo del proyecto. “De esta manera, queda ya definido por parte de la Corporación que se niegan esas pretensiones de obtener una licencia ambiental para explotar carbón en un ecosistema estratégico para el departamento de La Guajira”, afirmó Lanao.
Más allá de lo que se ha ratificado en el papel, en Cañaverales la noticia se siente como un respiro, una pausa ganada en medio de una disputa que, para Gamez, aún no termina.
“No es la batalla final porque ellos todavía tienen un título minero que les da algún tipo de propiedad o de derecho sobre algunos asuntos de nuestro territorio, pero eso no les da la posibilidad de crear una mina”, dice.
Lo cierto es que mientras el título minero que tiene BCC siga vigente, la amenaza no desaparecerá del todo. Y eso lo saben en Cañaverales. Por ahora, la comunidad celebra haber ganado tiempo, haber defendido con su conocimiento el agua y su tierra una vez más. Pero también entienden que la lucha sigue en curso, y que el futuro del territorio aún se disputa decisión tras decisión.
En la selva se aprende a no dejar rastro. Arnaldo Parente es joven, pero en los brazos carga una memoria más antigua que su propia comunidad, San Pedro de los Lagos. Camina y la selva le habla. La huele como su perro, ese animal pequeño que lo sigue en trayectos largos y callados, y entiende lo que otros no ven: la humedad reciente, el paso tibio de algo que ya no está, la huella leve que la lluvia no alcanzó a borrar. Avanza entre árboles gigantes que quedan atrás mientras se interna en la selva espesa.
Distingue los cantos de las aves y en cada uno escucha una señal: aviso, presencia, advertencia. Es aprendiz y heredero de todo lo que su padre le enseñó. Antes, su abuelo. Y en esa cadena —hecha de pasos, de olores, de silencios— la selva sigue hablando en voz baja, para quien sabe escucharla.
Arnaldo creció viendo trampas cavadas con paciencia: huecos cubiertos de hojas, cercos improvisados que volvían el tránsito de los animales una espera. Aprendió a vigilar, con tiempo y silencio, una plataforma hecha de estacas amarradas con bejucos, suspendida a cinco o seis metros de altura, desde donde se observa sin prisa a los animales comer.
Hoy el tiempo lo empuja a otra escena. La escopeta cuelga de su hombro como una extensión del cuerpo: ajena y necesaria. Es café y negra, con un tubo de hierro que relumbra cuando el sol la toca, gastada, marcada por las ramas y las espinas. Las manadas de cerrillos y las guacamayas la presienten de lejos. El sonido viaja, alcanza a las madres de la selva, y arrastra una memoria: la de la muerte y el despojo, la de los hombres y mujeres que desaparecieron en los años del caucho, la de las pieles arrancadas a este territorio. Una historia que no termina de irse, que todavía deja una punzada, como si algo latiera, herido, en el corazón de la gran ceiba.
Arnaldo camina más lejos no solo porque haya menos animales, sino porque el territorio también se está transformando. Nuevas trochas, abiertas para proyectos, conexiones, caminos, fragmentan la selva y facilitan el acceso a zonas antes más protegidas. Y estos cambios se ven en las trochas de los proyectos de carretera de la vía Km 18 – Nazaret o la vía km 14 – Comunidad indígena de Ronda que quedó estancada por falta de financiación y permisos ambientales; pero que dejó una herida abierta en la selva, con árboles milenarios tumbados, sin importar la historia que estos llevan en sus troncos.
En operativos recientes, las autoridades han decomisado de manera recurrente carne de monte en el puerto y en plazas informales: caimán, tortuga, borugo, danta, armadillo y monos. No siempre son grandes cargamentos, pero sí constantes. La evidencia de un mercado que se mantiene activo, aunque oculto.
Los fines de semana, el Parque Orellana cambia de ritmo. Bajo carpas improvisadas, entre la bulla constante de motos, carros y voces que se cruzan, se instala un mercado de productos amazónicos que, a primera vista, parece pintoresco: frutas, fariñas, pescados y jugos naturales. Pero en los bordes donde la mirada no se detiene tanto, circula otra oferta. En platos discretos y ollas humeantes aparecen caldos y carnes que no se nombran en voz alta. La carne de monte se ofrece a quien sabe preguntar. Entre locales y transeúntes, el intercambio ocurre en palabras breves, casi susurradas. Y lo que no termina en el plato, a veces toma otro rumbo: animales vivos que pasan de mano en mano hasta convertirse en mascotas en casas de la ciudad, en las comunidades indígenas o en atractivos silenciosos en espacios visitados por turistas.
En el Ecozoo, lugar rodeado por el río Amazonas y una selva inundable nativa, los animales llegan después de haber sido cazados, domesticados o decomisados. “La gente tiene que entender la diferencia entre tráfico de fauna y cacería de subsistencia”, afirma Daniel Pardo, zootecnista encargado del manejo y cuidado del centro de recuperación de especies. Sabe que en muchas comunidades indígenas cazar sigue siendo una forma de sobrevivir, un acto regulado por usos y costumbres donde el monte aún provee proteína.
Pero también ve cómo esa lógica se rompe cuando el animal deja de ser alimento y se convierte en mercancía o mascota. En los recintos del ecozoo, esa transformación se vuelve visible: monos que crecieron en patios, aves que olvidaron el vuelo, reptiles que sobrevivieron al miedo humano. “Tenemos animales que no pudieron regresar y los usamos para educación ambiental”, dice. Niños llegan, escuchan, preguntan. Afuera, sin embargo, la selva sigue entrando a la ciudad por rutas que no se ven. Llega envuelta en bolsas blancas: el viaje clausurado de una serpiente, de un mono, de una tortuga, de ranas de colores imposibles que, una vez capturadas, no volverán a conocer la luz que antes se filtraba entre las ramas. Allí adentro todo es quietud. Afuera, el ruido sigue como si nada.
“El monitoreo es complicado por recursos”. Seguir a un animal en la selva implica collares, chips, tecnología que puede costar miles de dólares y que no siempre está disponible. Por eso, muchas liberaciones ocurren sin certeza de lo que vendrá después. Algunas especies logran adaptarse; otras desaparecen otra vez en el mismo circuito que las sacó. Mientras tanto, indicadores más silenciosos alertan sobre lo que está pasando: “En los últimos dos años no ha habido huevos de tortuga charapa”.
Entre la cacería que alimenta, el tráfico que comercializa y los esfuerzos por recuperar lo perdido, la selva queda atrapada en un proceso incompleto, donde cada liberación también revela lo difícil que es sostener el trabajo que hacen personas como Daniel. En la frontera donde Leticia se toca con Tabatinga y Santa Rosa, la munición circula como un secreto a voces. Arnaldo lo cuenta sin bajar la mirada: “los cartuchos los conseguimos en Leticia, Brasil o en Perú. Hay zonas clandestinas”. No hay vitrinas ni permisos: hay indicaciones que pasan de boca en boca “en tal lugar están vendiendo… y uno va”. Son casas, conocidos, puntos informales donde el calibre 16 cambia de manos sin registro, por 12.000 pesos o “15 reales”, según el lado de la frontera donde se compre. A veces se llevan la caja —más de veinte cartuchos—; otras, uno solo: lo necesario para entrar al monte.
Ese circuito pequeño, casi doméstico, forma parte de otro más grande, que rara vez se nombra en voz alta. El tráfico de fauna silvestre es un negocio lucrativo y transnacional que, como advierte InSight Crime, no ha logrado captar la misma atención de las autoridades colombianas, más concentradas en la lucha contra el narcotráfico.
“Los jueces prefieren meter a alguien en la cárcel por narcotráfico o minería ilegal que por llevar un loro en su bolso”, dice Fernando Trujillo, director científico de la Fundación Omacha.
La Amazonía —donde habita una porción significativa de las cerca de 50.000 especies animales registradas en Colombia— es, al mismo tiempo, refugio y punto de extracción. Aunque muchas están protegidas por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres, eso no ha impedido que esta región se convierta en un centro de captura ilícita para abastecer mercados nacionales e internacionales. Tortugas hicoteas y morrocoy, iguanas, loros, micos y ranas venenosas: especies que aún respiran en la selva, pero que también circulan —vivas o muertas— en esas bolsas blancas que cruzan la ciudad sin hacer ruido.
Más allá, donde la Amazonía empieza a mezclarse con los Llanos Orientales, otras rutas se abren. La tortuga matamata —antigua, casi inmóvil— sale del Vichada y viaja hacia la triple frontera. Llega a Leticia, cruza hacia Perú, se disuelve en mercados donde es más fácil venderla. Nadie la ve salir, nadie la ve llegar. Lo mismo ocurre con los peces ornamentales: cuerpos diseñados para el asombro que terminan en acuarios lejanos. El pez cebra, la raya del Xingú, cruzan desde Brasil en circuitos donde conviven redes criminales y empresas de fachada. Se mueven como se mueve todo aquí: sin ruido, sin preguntas, sin dejar rastro.
La Wildlife Conservation Society investigó que entre 2010 y 2018, en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, las autoridades confiscaron más de 281.000 especímenes de fauna silvestre. Más de 144.000 eran tortugas. Animales lentos, silenciosos, fáciles de cargar. También, en años recientes, casi 13.000 ranas de distintas especies: cuerpos mínimos que caben en una bolsa, en un bolsillo, en una mano.
En Colombia, ese rastro aparece fragmentado en noticias: 867 eventos de incautación entre 2020 y 2023. La mitad, aves. Luego reptiles, mamíferos, peces, anfibios. Una jerarquía involuntaria que también habla de lo que más se ve —y de lo que más se mueve—. En todos los casos hay algo que se repite: el tránsito. Lanchas, carreteras, vuelos, equipajes. El tráfico no ocurre solo en el monte; ocurre, sobre todo, en el trayecto.
Como lo describe InSight Crime, el tráfico de vida silvestre en la Amazonía colombiana se desarrolla en tres fases principales: todo empieza con la extracción. Alguien que conoce la selva camina, cuida un cultivo, revisa un camino, y se encuentra con un animal que sabe que tiene precio. No siempre hay encargo: a veces basta la oportunidad.
Después viene la transformación. Si el animal muere, se aprovecha en partes: piel, colmillos, garras. Lo demás se deja. Si vive, se reduce: se amarra, se encierra, se silencia. Jaguares, primates, aves: cuerpos distintos atravesados por la misma lógica.
Y luego, el desplazamiento. Sacarlo de la selva, hacerlo pasar. Como la madera ilegal, los animales también se “blanquean”: papeles que cambian su origen, permisos que no dicen la verdad. Así entran a circuitos legales sin serlo del todo. Así cruzan fronteras sin dejar rastro.
Al caer la tarde, el monte y el Ecozoo parecen respirar distinto, pero cuentan la misma historia. Arnaldo regresa por la trocha con la escopeta al hombro, el barro pegado a los pies y las manos vacías; en el Ecozoo, un mono observa desde una rama baja, incapaz de volver del todo a la selva que alguna vez habitó. En el Parque Orellana, las ollas se enfrían y la carne de monte deja de circular, al menos por unas horas. Todo parece detenerse, pero es apenas una pausa.
Las paredes ennegrecidas de la cocina del restaurante La Gran Petra Gámez, guardan la historia labrada por el humo de la leña durante décadas. En su cocina tradicional se han preparado durante años platos como conejo, cauquero, choriza, asadura y arepa de raspa, característicos de la cocina de San Juan del Cesar.
En el inicio estas recetas las preparaba para su familia, hasta que un día una señora le sugirió vender sus platos. Petra aceptó el reto y así dio inicio a un negocio que marcaría generaciones. Durante 43 años cocinó y vendió comida, convirtiendo su sazón en referencia para muchos clientes que llegaban cada día en busca de sus almuerzos y recetas tradicionales.
Uno de los primeros en reconocer su talento fue un cliente llamado Álvaro Mendoza, quien le dijo: “Petra, tu comida está sabrosa”. Desde entonces, su pequeño fogón se transformó en restaurante y punto de encuentro para vecinos, viajeros y artistas. Su fama trascendió las fronteras del municipio y hasta su restaurante llegaron personajes como Poncho Zuleta, Juan Piña, integrantes de Los Corraleros de Majagual y Carlos Vives, atraídos por los platos que convirtieron su nombre en símbolo de tradición.
María Petronila Gámez cultivó su conocimiento de cómo se prepara un buen plato de comida: sobre las brasas ardientes, con mucha paciencia y a fuego lento. En San Juan del Cesar la gente la conoce como la señora Petra, una cocinera tradicional que durante más de cuatro décadas calmó los antojos de miles de personas que buscan en sus preparaciones el pedacito de algún recuerdo o, simplemente, una comida tradicional deliciosa para calmar el hambre.
En los platos de Gámez existe y persiste la memoria de su pueblo. Ella se dedicó a preparar platos típicos y a preservar recetas que hoy casi no se ven en las mesas de su comunidad. Su talento, como ella misma dice, empezó desde la infancia cuando hacía comida para jugar con sus amigas del barrio; a medida que creció, también creció el gusto por la cocina. “A mí nadie me enseñó a cocinar”, recuerda. Todo lo aprendió sola, probando sabores, mezclando ingredientes y dejando que la sazón hablara por ella.
En este proceso, la cocina de su casa fue su gran escuela. Desde joven cocinaba para su familia, en este espacio tuvo la posibilidad de crear y aprender usando los conocimientos y truquitos de mujeres mayores que marcaron sus platos y la manera en la que los preparaba. Cuando Gámez cocinaba, no lo hacía sola, la memoria de sus antepasados habitaba en cada ingrediente, mezcla, condimento; los tiempos de cocción, las medidas de cada cosa eran las memorias de otras mujeres, intervenidas al mismo tiempo por sus propios aprendizajes.
Este elemento es fundamental en la cocina tradicional, particularmente en el departamento de La Guajira, donde los hogares son los primeros espacios de conocimiento y transmisión de saberes. Así lo reconoce el antropólogo guajiro Weildler Guerra Curvelo, quien afirma que “la familia es el espacio insustituible; es donde el saber culinario se transmite por imitación y afecto, no por instrucción formal. Una receta tradicional enseña biología, historia, geografía y filosofía al mismo tiempo”, agrega.
El sentido de cada plato que se prepara está en la relación humana, dice Guerra que “no es un ensamblaje azaroso de ingredientes y sabores”, es resultado del encuentro con otros e, incluso, con otras sociedades. “La cocina posee una especie de agencia para moldear a las personas y las relaciones sociales. Eso es cultura en el sentido más preciso y profundo del término”, agrega el antropólogo.
Esos sabores de la comida de Petra Gámez, tan característicos de la cocina del Caribe colombiano, son producto de un proceso histórico. El antropólogo Weildler Guerra lo resume como “una colisión violenta entre mundos distintos”, porque son la suma de procesos sociales diversos que tuvieron el territorio como escenario y lo marcaron. Guerra explica que lo que hoy se cocina es producto de muchas sumas: los pueblos indígenas que aportaron cultivos como el maíz, la yuca y el ají; los europeos colonizadores que introdujeron el cerdo, el aceite y las especias del Mediterráneo; los africanos esclavizados que aportaron técnicas de cocción, sabores, formas de aprovechar partes del animal que los esclavistas descartaban:
“y en esa cocina de la necesidad y la resistencia está parte del alma del Caribe”, señala.
Cada elemento de los platos que se preparan en La Guajira tiene una historia particular. Sus usos hablan sobre la forma como se ha tejido la cultura en el territorio y los momentos por los que sus habitantes han atravesado. “Un solo ingrediente puede iluminar siglos de colonialismo, esclavitud y transformación del gusto global”, dice el antropólogo Guerra, reconociendo la existencia de una “gramática alimentaria” que marca cada sociedad. “Esa gramática no se aprende en libros: se incorpora desde la infancia en el cuerpo. Las cocinas pueden poseer gramáticas, taxonomías y liturgias”, dice.
Así como la preparación de los platos construye historia, dejar de hacerlos también tiene implicaciones en la cultura: “cuando una práctica culinaria desaparece, lo que se pierde no es solo una receta, es una manera de estar en el mundo”, dice Weildler Guerra. Esta es justo una de las preocupaciones de cocineras como Petra Gámez, quien en su restaurante preparó recetas típicas con las que alimentó a los sanjuaneros, platos que hoy casi no se ven en las mesas de las familias del municipio.
Al llegar al corregimiento El Tablazo, desde lejos se percibe el olor a banano asado y dulce. Allí, Gladis González mantiene encendida la tradición que aprendió viendo cocinar a su madre, leyendo libros de cocina y escuchando a los mayores compartir secretos entre fogones.
En su cocina revive recetas que durante años hicieron parte de la vida cotidiana de muchas familias y que hoy corren el riesgo de desaparecer.
“Para mí estas recetas son un orgullo. No quisiera que se dejaran perder, porque cuando una receta deja de hacerse, se pierden las costumbres, el sabor y la tradición”, asegura.
Por eso, en su fogón de leña, entre el maíz trillado, el guineo manzano y el coco, se empeña en mantener vivos sabores como el bollo de maduro, la chilonga, el pícaro, la chiricana y el pandero: preparaciones que resguardan la esencia de la cocina campesina y la memoria de otras generaciones. Durante más de cuarenta años las ha cocinado sin alterar la receta, fiel a lo aprendido, sin sustituir ingredientes, para que lo esencial, ese sabor que viene de la tierra y de la historia, permanezca intacto.
La oralidad ha sido la fuerza que alimenta la cocina de González, a través de ella los conocimientos han pasado de generación en generación; sin embargo, al mismo tiempo, es su mayor vulnerabilidad. Así lo explica el antropólogo Guerra: “Las cocinas tradicionales no viven en libros: viven en manos y en voces. Una cocinera experta no mide en cucharadas: mide en colores, en olores, en texturas que solo el cuerpo entrenado reconoce”. El riesgo de esa sabiduría, a pesar de su fuerza, es que se desvanece lentamente si no se repite y se imita al lado del fuego.
Cuando esto pasa y se dejan de preparar los platos tradicionales, una comunidad no solo pierde una receta, “pierde memoria encarnada”. Pierde las conversaciones que ocurrían alrededor del fogón. Pierde los nombres de los ingredientes en su propia lengua — y con los nombres, las categorías que esos nombres sostenían —. Pero pierde también algo más sutil: la capacidad de distinguir”, dice Guerra.
Gladis González teme que platos como el pícaro y la chilonga desaparezcan por completo. Por eso, su deseo es que estas comidas no pasen a la historia y sigan vivas, aunque sea en pocas manos. Esta experimentada cocinera lamenta que cada vez menos personas quieran aprender estas preparaciones. “Ahora la juventud quiere recetas internacionales y se olvida de lo nuestro”, dice. Recuerda que antes los platos se transmitían entre vecinos: “uno pedía la receta y el otro la explicaba paso por paso, sin egoísmo”, dice.
El desinterés por las cocinas tradicionales no es un fenómeno exclusivo de San Juan del Cesar; es una tendencia extendida en múltiples culturas contemporáneas. Según el antropólogo Guerra, responde a procesos como la urbanización y la influencia de mercados globales, pero, sobre todo, a un factor simbólico: “existe entre nosotros un sentimiento de vergüenza hacia las preparaciones locales”. En algunas telenovelas —explica—, cuando se quiere asociar a un personaje con la rusticidad, se le muestra consumiendo platos tradicionales, profundamente arraigados en sectores rurales y también urbanos.
“De esa forma se estigmatiza a un amplio sector de la población y se menosprecian unos conocimientos. La desvalorización simbólica es tan letal como la pobreza material”, afirma.
Por eso, en las manos de las personas mayores se sostiene la memoria de San Juan de Cesar, a través de la preparación de comidas tradicionales. “Esos platos ya casi no se preparan como antes porque ya no quedan muchas personas que sepan hacerlos de verdad”, afirma Petra Gámez. Para ella, el secreto no está solo en la receta, sino en la sazón y en la experiencia acumulada con los años frente al fogón. “Muchos lo intentan, pero no queda igual”, asegura.
Gámez tiene 95 años y hace algún tiempo dejó de cocinar. Sin embargo, su hija, Silia Gámez, heredó el gusto por la cocina y ha ido aprendiendo las preparaciones familiares para sostener ese legado. Para ella, este relevo es fundamental: permitirá que, en el futuro, otras personas conozcan los platos que marcaron su vida y la de muchos sanjuaneros, y que cuentan la historia de un pueblo tejido desde el mestizaje. Para el antropólogo Guerra, esa transmisión es clave para la supervivencia de la tradición: “cuando la portadora de ese conocimiento muere sin que nadie haya aprendido a su lado, el plato muere con ella”, advierte.
Así como Gámez y González, decenas de cocineras mantienen viva la memoria de San Juan del Cesar y del Caribe en los fogones de sus hogares. Porque cada plato es un relato, una vivencia. Como señala Guerra: “La historia oficial registra batallas, constituciones, nombres de próceres; la cocina registra la vida cotidiana, las alianzas entre pueblos, las migraciones, las adaptaciones al hambre y a la abundancia”.
En medio de los retos actuales existe una esperanza en la adaptación, en dejar que los platos se transformen con el tiempo pero, señala Guerra: “Esto requiere de una ciudadanía que valore sus propias cocinas, converse acerca de ellas y se interese por ese conjunto de conocimientos, artefactos, ingredientes y principios estéticos más allá de una simple motivación utilitaria”. Pero, agrega, para que las recetas tengan sentido deben estar conectadas siempre con los lugares, la historia y los seres que las hicieron posible.
En San Juan del Cesar la Semana Santa huele a dulce: a papaya con piña, a coco con leche, a plátano maduro y a esas mezclas que despiertan los recuerdos. Para las dulceras expertas, estos días no son solo de recogimiento espiritual, sino de creación. Es el momento de encender el fogón y volver a las recetas heredadas, esas que pasan de madres a hijas y de abuelas a nietas, sostenidas en el tiempo por la paciencia y el cuidado.
En otros tiempos, cada casa preparaba su propio dulce para compartir con vecinos y amistades. El de frijol con leche —a veces enriquecido con plátano maduro— era uno de los más tradicionales. En las zonas rurales, desde temprano se atizaba el fogón y se montaba el caldero, mientras las mujeres cocinaban entre risas, convencidas de que aquel trabajo era, ante todo, un acto de cariño y de comunidad.
Hoy, aunque la costumbre ha cambiado y muchas familias prefieren comprar en lugar de preparar, la Semana Santa sigue siendo el momento en el que los dulces se convierten en símbolo de unión y también en sustento económico para quienes se dedican a este oficio.
En este municipio del sur de La Guajira cada dulce es más que un sabor: es un relato vivo. Entre fogones rurales y cocinas urbanas, entre manos de madres y abuelas, se conserva la memoria de un pueblo que transforma ingredientes sencillos en símbolos de unión. Aunque las costumbres cambian y las nuevas generaciones tienen menos interés, el dulce sigue siendo un puente entre pasado y presente.
Esta temporada, con su silencio y recogimiento, se convierte en el escenario perfecto para recordar que en cada cucharada de papaya, coco o plátano maduro late la historia de quienes con amor y perseverancia han mantenido encendida la llama de esta herencia. Un patrimonio que no solo endulza la mesa, sino también la identidad de un pueblo.
Mareli Francisca Oñate es una dulcera del corregimiento de Guayacanal. Tiene 66 años y toda su vida se ha tejido entre calderos y memorias. Aprendió el arte de los dulces de su madre y lo perfeccionó con la enseñanza de su tía y en cursos comunitarios, convirtiéndose en una de las guardianas de los sabores que son patrimonio: papaya, plátano maduro, leche con coco, guayaba, batata, piña con coco, mamón y grosella. Cada preparación es un homenaje a quienes le transmitieron el oficio y una ofrenda a su comunidad.
Con perseverancia y creatividad, Oñate convirtió su pasión en una microempresa reconocida en el municipio. Sus hijos y nietos son su fuerza: ellos le ayudan y hacen propaganda de “los dulces de la abuela”. Su producción semanal, entre 15 y 30 unidades, se adapta a las posibilidades de cada consumidor: panelitas pequeñas para quienes buscan algo sencillo, y envases soperos que los viajeros llevan como recuerdo de esta tierra.
Pero su oficio también enfrenta retos. Insumos como los contenedores, la leche y el coco son cada vez más costosos. Esto la obliga a subir los precios y a dar justificaciones a los clientes. Ella da las explicaciones con serenidad, convencida de que la calidad y el amor que pone en cada preparación justifican cada peso invertido.
La Semana Santa es para ella un tiempo sagrado. Entre oración y recogimiento, prepara dulces especiales de frijol y guandul para regalar a los vecinos, manteniendo viva la costumbre de compartir. “El dulce, da plata… el dulce, da plata”, repite con entusiasmo, animando a las mujeres de su comunidad a ver en este oficio una oportunidad de sustento y de identidad.
A pesar de los dolores de la artritis, que la aquejan todos los días, y de los altos costos de los insumos, Mareli Oñate se levanta cada madrugada para encender el fogón de leña. No es amante del dulce, pero lo prueba con delicadeza para asegurarse de que cada preparación tenga el sabor perfecto. Su motivación más profunda es cuidar y educar a su nieto, hijo de su hija fallecida, y en ese amor encuentra la energía para seguir trabajando.
Esta mujer, como otras dulceras, es la memoria de un oficio que se practica todo el año, pero que tiene un protagonismo especial en estas fechas.
“Yo sigo con la tradición de mi abuela Juana Zenobia Vega: “Nana”. Aprendí a hacer estos deliciosos dulces porque ella viene con esa tradición de su familia, su mamá también los realizaba y yo me quedé con eso”, dice Arisleida Rocío Salinas Vega.
Habla con orgullo de su abuela Nana, la mujer que le heredó la pasión por la preparación de los dulces: “Sus dulces eran exquisitos, llenaban de regocijo a todos”, recuerda. La imagen de Nana revolviendo el caldero con leña es imborrable.
Cuando Arisleida Salinas comenzó en el oficio, sus dulces no quedaban igual que los que recordaba. Fue al usar las medidas exactas de su abuela —el peso justo del azúcar, la proporción precisa— que logró alcanzar la perfección. “Ahí entendí que la dulzura también se mide en disciplina”, dice con emoción.
Hoy, cada lote de dulces es una inversión calculada con precisión. Tres litros de leche a 2.500 pesos cada uno, veinticinco libras de azúcar por 55.000, la leña de Brasil por 20.000 y la ayuda para revolver el caldero por 30.000. Un gasto necesario para que la producción tenga calidad.
A veces debe viajar a los corregimientos de Corralejas, El Molino o Zambrano para conseguir leche, pagando pasajes de 15.000 o 20.000 pesos según el mototaxista. El reto más grande es la papaya: se vende por peso, pero al quitar semillas y piel, la cantidad útil disminuye. “Pago por lo que no puedo usar, pero igual lo hago porque el sabor lo merece”, dice.
Detrás de esta práctica hay esfuerzo, viajes, gastos, pero sobre todo pasión. Salinas ha conquistado a su clientela con constancia y amor. El conocimiento que heredó de Nana es un oficio, pero también es identidad. “Me gustaría que esta costumbre nunca se pierda porque llama la atención del turista y nos enriquece como municipio”, afirma.
Según el Balance Económico del sector empresarial de La Guajira de la Cámara de Comercio, Riohacha concentra el 39,2 por ciento de la actividad empresarial del departamento, Fonseca alcanza un 6,5 por ciento y San Juan del Cesar apenas figura con un 3,9 por ciento. En esas cifras se diluyen los emprendimientos independientes de las dulceras, que han construido sus iniciativas con esfuerzo propio, aunque demandan apoyo institucional para que la tradición se mantenga.
No solo quienes preparan sostienen esta costumbre, también quienes la disfrutan. Aunque vive en Valledupar con su familia, Luz Karine Serpa Bolaño siempre regresa a San Juan del César, a casa de sus padres. En esas visitas aprovecha para comprar los dulces tradicionales que tanto la enamoran, y en Semana Santa encuentra la oportunidad de escoger entre la variedad de sabores para disfrutar y compartir.
Cada bocado activa sus recuerdos: “Ese dulce me recuerda a mi adolescencia”, dice con nostalgia cuando prueba algún bocado, evocando aquellas vacaciones en Guayacanal, cuando visitaba a su abuela Sixta y a sus tías Nelfa y Eveli. Allí siempre la esperaban los potajes de papaya, plátano maduro, ciruela y mamón. Y recuerda, con ternura, cómo su madrina Amelia le envolvía un pedazo de dulce para que lo disfrutara a la orilla del río.
Sus tías y su abuela le enseñaron el valor de esta costumbre: “Para mí el dulce representa dentro de esta celebración alegría, es una ofrenda. Porque a donde uno va le dan su platico de dulce o le regalan para que uno lleve a sus casas”. Y concluye: “Me encanta y me declaro dulcera”.
En su voz se reconoce la certeza de que los dulces son parte de la identidad sanjuanera, de su gastronomía y de su cultura. Sus favoritos: el de leche, el de maduro y el de ñame. Incluso fuera de la temporada, busca quién vende para llevarse un potaje, y ahora que su cuñado se ha convertido en dulcero, también lo apoya con entusiasmo. Pero reconoce que en Semana Santa tienen un sabor especial.
“Es importante mantener viva esta tradición porque este es un producto natural hecho en casa, que da energía, a los jóvenes les digo que no dejen que se acabe”, dice con firmeza.
Sin embargo, observa con preocupación que hoy son pocas las familias que conservan la costumbre de preparar y compartir: “Más que todo se ve en los pueblos y caseríos, sobre todo en nuestros abuelos. Qué bueno que la nueva generación la pueda rescatar”, dice.
Ha llegado Semana Santa y es evidente que la práctica se va diluyendo con el tiempo. Cada vez son menos las familias que se reúnen alrededor del fogón, pero personas como Mareli Oñate o Arisleida Salinas persisten en el oficio como una manera de honrar la tradición de sus antepasados.
Inírida empezó el año nuevo a oscuras. Desde el 28 de diciembre, la luz se fue sin avisar y dejó a su paso una cadena de pequeñas pérdidas cotidianas: la comida que se dañaba en las neveras, los negocios que no podían sostener sus productos, la señal que se caía de repente. La rutina —esa que suele pasar desapercibida— empezó a desarmarse, y con ella, la sensación de normalidad en un pueblo acostumbrado a resistir, pero no a quedarse en silencio.
La oscuridad no fue cosa de una noche. Enero llegó con racionamientos largos, con la luz dosificada en franjas que aparecían, casi siempre, en la noche o la madrugada. Y en marzo, cuando parecía que lo peor había pasado, volvieron los cortes: esta vez sectorizados, justificados en fallas técnicas. Lo que ocurrió entre el cierre de 2025 y el comienzo de 2026 no fue un episodio aislado.
El servicio de energía de Guainía se caracteriza por ser inestable y altamente vulnerable. El departamento hace parte de las Zonas no Interconectadas (ZNI), territorios no vinculados al Sistema Interconectado Nacional y que, por esa razón, dependen de soluciones locales de generación.
Esto ocurre, principalmente, por su ubicación geográfica remota en la Amazonía colombiana. La falta de vías terrestres y la alta dispersión poblacional hacen que llevar redes eléctricas convencionales sea económicamente inviable, según manifiesta el ingeniero Leonardo Martínez Fernández, gerente de la empresa de energía eléctrica Emelce.
En Guainía, el servicio de energía es comercializado y distribuido por la empresa Emelce, y desde el 2004 la generación del servicio está a cargo de Gensa (Gestión Energética). La columna vertebral del sistema sigue siendo una central térmica que funciona con diésel. El problema no es solo técnico, es geográfico: el combustible sale del departamento de Cundinamarca, llega por carretera hasta San José del Guaviare y luego continúa por vía fluvial hasta Inírida.
Cuando el río baja, los botes no pueden moverse, el diésel no llega y todo el sistema queda expuesto.
Esa dependencia explica buena parte de la crisis de diciembre e inicios del 2026. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el bajo caudal del río dificultó el transporte del combustible necesario para operar la planta generadora, lo que puso en riesgo la continuidad del servicio. La crisis obligó, incluso, a activar medidas extraordinarias para evitar un colapso mayor.
En ese momento, la Gobernación, la Alcaldía y la empresa Emelce solicitaron activar un plan de contingencia costoso, que consistió en el traslado aéreo de combustible con apoyo del Ministerio de Defensa para evitar un apagón total. En ese momento la Fuerza Aeroespacial Colombiana transportó más de 6.200 galones de combustible que ayudaron a mitigar la emergencia.
Según Leonardo Martínez, gerente de Emelce, la empresa Gensa debería establecer contacto con la empresa Terpel de Inírida, abastecedora de combustible del departamento, para que en caso de contingencia esta realice el suministro de diésel, con el fin de que no se vuelvan a presentar hechos como los ocurridos este año. Para la generación de energía, mensualmente el consumo de diésel es de 210.000 galones; sin embargo, por el río solo ingresan al municipio 125.000 galones, lo que implica que es necesario contar con reservas permanentes de combustible para evitar la ocurrencia de apagones.
Pero la historia no termina en tener suficiente combustible. Según Juan Jacobo Ramírez, ingeniero de la empresa Gensa, durante lo corrido de 2026 persisten cortes de energía asociados a fallas en los circuitos y en las unidades de generación, sometidas a operación continua las 24 horas del día. La empresa atribuye los racionamientos de finales de febrero y comienzos de marzo a intervenciones sobre la unidad 5, a una falla en un interruptor de baja tensión y, posteriormente, a problemas en el interruptor número 3.
En sus boletines públicos de marzo, Gensa reconoció suspensiones sectorizadas por fallas técnicas en la unidad 3. Es decir: superada la urgencia del abastecimiento, reapareció otro cuello de botella, el del desgaste de la infraestructura. Este es otro de los retos de generar energía eléctrica en Guainía; con condiciones extremas como la humedad y el calor intenso, se producen daños en las redes y equipos, lo que obliga a hacer mantenimientos correctivos de manera frecuente.
La vulnerabilidad del departamento se vuelve más evidente cuando se mira el contexto nacional. El Ministerio de Minas y Energía informó en febrero de 2026 que Colombia alcanzó una cobertura eléctrica nacional de 93,12%, con 75,92% en la ruralidad. Sin embargo, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) sigue ubicando a Guainía entre los departamentos con menores niveles de cobertura total, dentro de la franja del 50 por ciento al 70 por ciento, junto con Vichada y Vaupés. A esa brecha de acceso se suma una brecha de calidad y permanencia: el Índice de Pobreza Energética Multidimensional ubica a Guainía entre los departamentos con mayor incidencia del país, con 41,57 por ciento. En este territorio el problema no es únicamente tener o no tener conexión, sino qué tan estable, suficiente y asequible resulta esa energía.
Frente a esa realidad, la transición energética aparece como una necesidad material. Inírida ya cuenta con una granja solar que trabaja de manera conjunta con la central diésel. Desde el 2020 en el municipio opera Sol de Inírida, un proyecto de Gensa que cuenta con 7.560 paneles solares y que aporta aproximadamente un 22 por ciento a la generación de energía. Aunque la energía solar aparece como una alternativa para solucionar la dependencia de los combustibles, todavía no alcanza para sustituirla como soporte principal del sistema.
Por su parte, llevar energía a las zonas rurales ha sido un reto mucho mayor. En las comunidades indígenas no hay conexión con la central de diésel de Inírida, lo que ha implicado pensar en otras alternativas, las cuales solo se han concretado en los últimos años.
En 2021, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE) reportó que 624 familias indígenas de Guainía pasaron a contar con servicio de energía 24 horas a través de sistemas híbridos que reducen en 50% el uso de diésel. Y en 2024, esta misma entidad, junto con el Ministerio de Minas y Energía, entregó en Barrancominas una central híbrida solar-diésel para 405 familias; e inauguró en las comunidades de Chatare, Carpintero y Venado tres comunidades energéticas para 540 familias con energía continua.
En la actualidad, el 58 por ciento de la zona rural cuenta con sistemas híbridos que constan de paneles solares con plantas diésel de soporte. No obstante, la transición ha sido un proceso de adaptación. Según Martínez, en comunidades indígenas como Remanso y Venado se pasó de contar con tres horas diarias de electricidad producida con diésel a 16 horas con energía solar, lo que incrementó la demanda sobre los equipos generadores y sobre los mismos electrodomésticos. Esto se debe al incremento del turismo en estas zonas que están en la base de los cerros Mavicure.
Afirma Martínez que esta situación ha provocado que la infraestructura que se construyó inicialmente sea superada por la demanda. Dice, además, que el objetivo es garantizar que estos lugares cuenten con 24 horas diarias de energía, pero esto requiere un proyecto de ampliación que tiene un costo aproximado de dos mil millones de pesos.
La energía solar es considerada como la opción más viable porque, como afirma el gerente Martínez, por la baja densidad poblacional y la dispersión de la misma, llevar redes eléctricas convencionales no es una opción.
Por eso se plantea utilizar el potencial energético que tiene el departamento. El proyecto con el que ahora se genera energía eléctrica en las comunidades indígenas tiene una vida útil de 25 años y las baterías con las que funcionan los sistemas tienen una vida útil de 10 años. Esto plantea la necesidad de anticiparse presupuestalmente para atender las necesidades de mantenimiento y actualización de los equipos.
A mediano plazo, la apuesta en el departamento sigue siendo la energía solar. Así lo manifiesta el ingeniero de Gensa Juan Jacobo Ramírez, quien dice que existe un proyecto de ampliación de la granja solar de Inírida que, de llevarse a cabo, abastecería con energía solar a más del 80 por ciento del municipio. Ramírez afirma que se trata de una expansión cercana a los 9,8 megavatios, con baterías y unos 16.000 paneles nuevos que operarían en conjunto con la planta existente, de modo que el diésel quede como respaldo y no como base. Si ese proyecto se concreta y entra realmente en operación en 2027, podría modificar de forma sustancial la matriz energética local.
Sin embargo, la transición debe ir más allá de los paneles. El ingeniero Ramírez reconoce que algunas de las unidades de Gensa superan los 20 años de operación y que una de ellas se encuentra fuera de servicio por mantenimiento mayor. Para fortalecer el sistema, la empresa ha incorporado una unidad en alquiler desde hace un año y medio y se encuentra en proceso de instalar dos nuevas unidades adicionales, cuyo traslado se realizará vía aérea debido a la urgencia. La entrada de estos nuevos equipos podría implicar interrupciones temporales del servicio durante su conexión.
Aunque esta es una necesidad para dejar en pleno funcionamiento el sistema, los usuarios manifiestan inconformidades porque los apagones siguen ocurriendo. Más allá de tener o no el servicio, en Inírida se ha informado de daños en electrodomésticos y afectación a los comerciantes que venden productos que requieren refrigeración continua.
El alcalde de Inírida, Alexander Sánchez, se pronunció sobre las constantes fallas y remitió a la Superintendencia de Servicios Públicos una queja formal por las reiteradas interrupciones del servicio eléctrico. A su vez, exigió respeto por los ciudadanos, señalando que la empresa no puede jugar con la prestación de un servicio vital como es la energía.
Frente a este panorama, el gerente de la empresa Emelce manifiesta que el horizonte energético de este departamento como Zona no Interconectada del país se debe proyectar desde las energías limpias, además de trabajar proyectos de fuentes sostenibles para llegar a las comunidades que están creciendo y que hoy se alimentan con una fuente como el diésel.
La crisis eléctrica de Guainía, en suma, no se explica por una sola causa. Hay una cadena completa de vulnerabilidades: aislamiento geográfico, dependencia del río, alto uso de diésel, equipos envejecidos, baja capacidad de respaldo y una transición energética que avanza, pero todavía no alcanza a cubrir la demanda ni a blindar el sistema. Lo ocurrido entre diciembre y marzo dejó una certeza incómoda: en Inírida el sistema es frágil. El temor de la población es que esta situación siga ocurriendo, recordando de manera constante la desconexión que tiene esta población con el resto del país.
Hace unos quince años, en las riberas del río Inírida los peces ornamentales comenzaron a valer más que la yuca, más que el mañoco, más que casi cualquier otra actividad cotidiana. La demanda internacional del pez Ángel o escalar altum —un pez ornamental de alto valor comercial— transformó la economía local y empujó a comunidades enteras a buscarlo en lagunas y caños donde todavía abundaba.
Para muchas familias, el altum fue sinónimo de plata rápida y de supervivencia. Esta especie comenzó a habitar en los acuarios de varios países del mundo. Con su forma estilizada y sus colores sobrios, esta especie solo se encuentra en los ríos Inírida, Atabapo y Orinoco. En documentos técnicos de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap), Inírida aparece como uno de los principales centros de acopio de peces ornamentales en Colombia. No solo de los escalares, sino también de otras especies como sapuaras, cardenales y neones.
En el territorio, sin embargo, esa historia no se cuenta como una simple bonanza; en el relato aparece una mezcla de necesidad, aprendizaje y desgaste. Marcos Sáenz Mendoza, pescador indígena, recuerda que en 1998 “un escalar podía pagarse a 500 pesos”, que significaba un buen ingreso. Pero también recuerda el modelo que organizó el negocio, que se basaba en la dependencia de otra persona que tenía el control del mercado en Inírida; esta persona les entregaba por adelantado linternas, baterías, bolsas, oxígeno, café o azúcar; después, todo se descontaba. El riesgo quedaba del lado del pescador: si no había captura, no había ingreso.
Este esquema explica buena parte de la memoria económica que todavía rodea a los ornamentales en Guainía. El pez podía dar plata, pero no necesariamente estabilidad. Según los pescadores de la zona, el esfuerzo era alto, pero la incertidumbre también. Cuidar un pez vivo no es un detalle menor: exige agua en buen estado, oxígeno y manejo fino. Y aun así, una noche de pesca puede terminar sin nada: ni peces, ni ganancia; pero sí con una inversión ya realizada que no se recupera.
La cadena no termina en la comunidad. Juan David Bogotá, investigador del Instituto Sinchi, explica que en el comercio de ornamentales existe una cadena de actores: quien captura, quien acopia en la región, quien recibe en Bogotá y, finalmente, quien exporta. “La mayoría de las especies se van”, dice. Y agrega que, aunque en la Amazonía hay entre 1.200 y 1.300 especies de peces, “se tiene registro de que se comercializan alrededor de 400, pero en realidad las que son frecuentes son poquitas”.
Un informe del Servicio Estadístico Pesquero Colombiano, presentado a la Aunap, muestra que Inírida lideró el valor monetario de la producción de peces ornamentales en la Amazonía y la Orinoquía durante 2020 y 2021, con $1.182.885.668 y $1.782.669.100, respectivamente. Este desempeño se explicó en buena medida por la comercialización del escalar altum. Sin embargo, el mismo reporte advierte una caída pronunciada en 2022, atribuida a la reducción en el número de ejemplares exportados, tras las restricciones impuestas al ingreso de especies vivas en China, uno de los principales destinos de este mercado.
Héctor Sotomayor, acopiador con más de quince años en el negocio y experiencia como exportador desde 2007, confirma esta situación. Según afirma, los pedidos internacionales disminuyeron drásticamente después de 2020. Antes se autorizaban hasta 300.000 escalares por temporada; hoy los volúmenes son mucho menores.
En Guainía, esa caída se sintió como la confirmación de un temor latente: la vulnerabilidad de depender de un mercado costoso e inestable. Ante ese escenario, muchas familias retomaron prácticas tradicionales como la producción de casabe y mañoco, la pesca para el consumo y, en algunos casos, el turismo comunitario. El mismo mercado global que durante años alimentó las expectativas económicas terminó empujándolas a reactivar oficios que históricamente han sostenido su vida cotidiana y la economía local.
Sotomayor, rechaza la idea de que el negocio haya sido una fuente de enriquecimiento fácil. “El precio lo define el mercado internacional”, explica. En temporadas altas el escalar se pagaba entre 5.000 y 7.000 pesos en la comunidad. Pero el acopiador debía asumir costos de transporte aéreo, agua, energía, bolsas especializadas y personal: “si no se dobla el precio respecto a lo que se compra, no hay rentabilidad. No queda nada”, señala.
“Se ha aprendido mucho. Hoy los pescadores saben que un pez maltratado no sirve. En manos de ellos está la calidad”. Hace cuatro años, asociaciones locales solicitaron ampliar la veda del escalar de dos a seis meses, para evitar la desaparición en ciertas zonas. Lo hicieron motivados porque en algunos lugares la especie dejó de verse durante casi cuatro años. Se dice que pescadores ajenos al territorio extrajeron los padrotes, que son los peces reproductores.
Más allá de lo económico, también emerge la preocupación por los impactos ambientales de esta práctica. Como explica el investigador Juan David Bogotá, estas especies son capturadas directamente en su hábitat natural, donde se reúnen las condiciones necesarias para su desarrollo. Aunque existen modelos de manejo que buscan establecer cuotas de extracción, medir su impacto real sigue siendo complejo: no todas las poblaciones responden de la misma manera ni todos los territorios enfrentan igual presión. “Si tú sacas mucho, pues se va a acabar —advierte—, pero el impacto real es difícil de identificar”.
La regulación, en teoría, busca responder a ese equilibrio frágil. La Ley 13 de 1990 fijó el Estatuto General de Pesca en Colombia; el Decreto 2256 de 1991 reglamentó esa ley; y el Decreto 4181 de 2011 creó la Aunap como autoridad técnica del sector. Para el caso del escalar altum, la Aunap estableció en 2017 una veda anual del 1 de enero al 30 de junio en la cuenca del Orinoco, así como una talla mínima y máxima de captura para su comercialización.
La entidad explicó entonces que la especie requería manejo especial por su distribución restringida, su comportamiento territorial y su ciclo reproductivo. Durante la veda está prohibido pescar, comercializar, acopiar o transportar especies provenientes de poblaciones naturales.
Parte de esas medidas surgieron directamente en el territorio. La propia resolución de Aunap recoge que en reuniones realizadas en Inírida en 2016, comunidades indígenas, pescadores, acopiadores y exportadores pidieron ampliar la protección del altum y prohibir también la captura de reproductores.
Sin embargo, la norma no logra cerrar varios de los vacíos que atraviesan este negocio. Alan Alirio Córdoba, delegado para la Orinoquía de la Mesa Nacional Integral Permanente de Pesca, señala que la Ley 13 fue concebida desde un enfoque general que no dialoga del todo con la realidad amazónica ni con las particularidades de la pesca ornamental indígena. Su principal cuestionamiento apunta a los costos de entrada: permisos, trámites y exigencias técnicas que resultan mucho más accesibles para intermediarios con capital que para pescadores artesanales. En ese contexto, quienes asumen el trabajo más exigente continúan ocupando el eslabón más débil de la cadena.
A esa discusión se suma otra, más difusa, pero persistente en las conversaciones del río: qué pasa cuando los peces salen del país. Durante años circularon rumores sobre compradores extranjeros que estarían reproduciendo especies amazónicas fuera de su lugar de origen. Bogotá Gregory es cauto frente a esa idea. Dice no tener evidencia sobre supuestas patentes de especies colombianas, aunque reconoce que en otros mercados sí existen manipulaciones para resaltar colores. También subraya una dificultad clave: “reproducir muchas de esas especies es muy complicado, o imposible”; estos peces crecen en unas condiciones muy particulares que las da cada uno de los ríos en los que habitan, simularlas por fuera, especialmente en otro país, presenta grandes dificultades.
Desde la Guardia Indígena, Hever López insiste en que el cuidado del territorio no empezó con la ley, sino con la memoria de los mayores: calendarios propios, reglas comunitarias, vigilancia y sanciones internas. En paralelo, las comunidades enfrentan otras amenazas más agresivas y menos reguladas, como la minería ilegal en el río Inírida. En ese contexto, cuidar las especies y su ecosistema es fundamental.
López reconoce que en el territorio se sintió un impacto muy fuerte por la extracción sin control de peces ornamentales, que se evidenció en la dificultad de encontrar algunas especies. Por eso hoy regulan la captura y refuerzan la vigilancia. Cuando alguien incumple las reglas, se informa a los líderes.
La pesca ornamental ha dejado dinero en las familias, pero también dejó una pregunta abierta sobre el tipo de economía que el país ha permitido construir en lugares que poco se observan, como Guainía. Una economía donde el valor del pez crece a medida que se aleja de la comunidad que lo captura, y que depende de un mercado internacional cambiante, de reglas pensadas a veces lejos del territorio y de una biodiversidad cuyo conocimiento todavía no está completo.
Para los pescadores de Inírida el dilema es claro: si la demanda externa cae, se alivia parte de la presión sobre la fauna, pero también se estrecha una fuente de ingreso para familias que han vivido del río. Si la regulación se endurece, puede proteger poblaciones vulnerables, pero también puede profundizar asimetrías si no incorpora mejor las condiciones reales de quienes pescan. Y si la conversación sobre conservación no incluye soberanía económica, el territorio puede terminar cuidando un recurso del que otros sacan la mayor ganancia.
Guainía, uno de los departamentos más jóvenes de Colombia, volvió a vivir un proceso electoral marcado por la intensa actividad de las campañas políticas. Como ha ocurrido en otras elecciones, la expectativa por los resultados estuvo acompañada de rumores sobre presunta compra de votos, alianzas cuestionadas e investigaciones que rodeaban a algunos de los candidatos que aspiraban a la Cámara de Representantes.
La jornada electoral se desarrolló en los dos municipios que conforman el departamento —Inírida y Barrancominas— y en siete corregimientos que hacen parte de las áreas no municipalizadas. En total, se habilitaron 25 puestos de votación con 122 mesas para que los ciudadanos acudieran a las urnas.
Hasta estos puntos se trasladaron personas que llegaron principalmente desde las comunidades indígenas que se ubican en los márgenes de los ríos Guaviare, Inírida, Río Negro y Atabapo. 36.929 personas estaban habilitadas para votar, pero en esta jornada participaron 21.108 ciudadanos, lo que equivale al 57,15 por ciento del censo electoral. En estas elecciones hubo un incremento de votantes frente al año 2022; esto coincide con un aumento en el censo electoral del departamento de 15,79 por ciento.
Cámara de Representantes: resultados predecibles
Un total de 20 candidatos, avalados por siete partidos y movimientos políticos, participaron en estas elecciones. Entre ellos estuvieron el Partido Liberal Colombiano, Cambio Radical, el Partido de la U, el Centro Democrático, el Partido Político La Fuerza, el Pacto Histórico y la alianza Ahora Colombia, integrada por Nuevo Liberalismo y Dignidad y Compromiso.
Sin embargo, la mayor parte de los votos se concentró en solo dos colectividades. El Partido de la U y Cambio Radical reunieron el 83,81 por ciento de la votación y se quedaron con las dos curules que tiene el departamento de Guainía en la Cámara de Representantes.
El candidato con el mayor número de votos fue John Alexander Molina Betancur, del Partido de la U, con un total de 8.456, lo que le permitió llegar por primera vez al Congreso de la República. Molina nació en el departamento del Meta, creció en Barrancominas, Guainía y vive en Inírida desde el año 2000. Es psicólogo y especialista en Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia.
En el departamento ha ocupado diferentes cargos públicos. Fue concejal de Inírida entre 2016 y 2018 por el Partido Verde. Además, ha trabajado en entidades como el Icbf, la Secretaría de Salud Departamental y la Secretaría de Educación; también fue enlace territorial de los ministerios de las TIC y del Interior.
Según distintas versiones en el departamento, presuntamente contaría con el respaldo del actual gobernador de Guainía, Arnulfo Rivera, y del exgobernador Juan Carlos Iral, con quien trabajó entre 2020 y 2023. También se menciona el apoyo del representante Alexander Guarín.
Durante la campaña, Molina les dijo a varias comunidades indígenas que respaldará la posibilidad de que ellas mismas gestionen directamente los recursos públicos destinados a sus territorios.
La segunda curul quedó en manos de Carlos Alberto Cuenca Chaux del partido Cambio Radical, quien sacó un total de 5.424 votos. Él es representante a la Cámara desde el 2008, lo que quiere decir que con esta reelección estaría iniciando su quinto periodo en el Congreso.
Cuenca tiene 52 años, nació en el departamento del Huila y creció en Guainía. Es profesional de Mercadeo, especialista en Marketing Político y Estrategias de Campaña, magíster en Comunicación Política. En 18 años como congresista ha presentado y ha sido coautor de proyectos de ley de temas muy diversos como cultura, medioambiente, turismo, entre otros. Además, en 2019 fue presidente de la Cámara de Representantes. Pero tal vez, la labor que más se recuerda es su intermediación para crear el municipio de Barrancominas en Guainía.
De hecho, durante la reciente campaña para reelegirse en el Congreso, Cuenca mencionó la posibilidad de impulsar la municipalización de San Felipe, uno de los siete corregimientos del departamento. Sin embargo, esta propuesta ya había sido rechazada en 2019 por sus habitantes y por las autoridades indígenas a través de un proceso de consulta previa. Hoy la iniciativa vuelve a generar controversia, pues podría entrar en conflicto con las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), figuras que otorgan autonomía administrativa y fiscal a los pueblos indígenas. Estas entidades fueron reconocidas en la Constitución de 1991, aunque su reglamentación se concretó recientemente.
En 2025, Cuenca fue condenado en primera instancia por la Corte Suprema de Justicia a siete años de prisión domiciliaria por compra de votos en las elecciones legislativas de 2014. Según determinó el alto tribunal, el representante entregó a comunidades indígenas bultos de cemento y tejas de zinc a cambio de apoyo electoral. Aun así, la decisión no lo ha inhabilitado para ejercer cargos públicos, ya que el proceso está pendiente de resolverse en segunda instancia.
Actualmente es criticado por sectores que consideran que no apoya a las comunidades indígenas en el manejo de los recursos públicos en sus territorios, y que muestra de ello es que impulsó la municipalización de los corregimientos, lo que le quita autonomía a los pueblos indígenas.
Los demás candidatos, tanto de los partidos que ganaron las curules como de los demás, obtuvieron votos por debajo del 5 por ciento, números poco significativos frente al total que recibieron los candidatos electos Molina y Cuenca.
El Partido Liberal obtuvo un total de 1.174 votos, sin comparación con el periodo anterior en el que no contó con candidato. Mientras que el Pacto Histórico aparece en el cuarto lugar con 981 votos, una cifra menor a la que consiguió en el 2022. Partidos que tienen un número de votos inferior al Centro Democrático, Partido Político La Fuerza y la alianza Ahora Colombia no inscribieron candidatos en las elecciones pasadas.
En cuanto a las votaciones para el Senado, la participación de la población de Guainía fue menor. Solo el 44,87 por ciento de las personas en el censo electoral votaron en este tarjetón y 1.990 de los votos no fueron válidos, pues son nulos o no marcados.
Los partidos más votados fueron Coalición Cambio Radical - Alma (2.441), el Partido de la U (2.259), el Partido Liberal (2.088), la Alianza por Colombia (2.075) y el Pacto Histórico (2.057). Estos resultados son mucho más apretados que los de la Cámara de Representantes, en los que hay un consenso colectivo por dos candidatos de dos partidos diferentes. El Partido de la U, Cambio Radical y el Pacto Histórico tuvieron un incremento en el número de votantes frente a las elecciones del 2022.
Estas elecciones transcurrieron en calma, sin aglomeración en los puestos de votación. Solo se presentó un incidente al momento del escrutinio, en la mesa número 19 del colegio La Primavera. Allí se quemaron 122 tarjetones electorales, según denunció el candidato John Alexander Molina, quien presentó una denuncia pública, exigiendo a las autoridades investigar y explicar lo ocurrido.
En estas elecciones en Guainía, según pudo observar Consonante, persistieron presuntas prácticas de compra de votos y trashumancia electoral, con el traslado de familias indígenas provenientes de las diferentes comunidades del río, muchos llegan desde los poblados ubicados en la frontera con Venezuela, quienes son llevados a la capital del departamento para, según indicaron personas de la comunidad, pedirles que voten por candidatos que pagan entre 100 y 300 mil pesos por voto.
Desde el jueves, el ambiente en el puerto de Inírida es de fiesta. Decenas de botes han llegado llenos, con personas provenientes de las comunidades indígenas que habitan a lo largo de los ríos y caños de la región. En la orilla, personas vestidas con camisetas de distintos partidos políticos observan con atención cada embarcación que se acerca, tratando de identificar el color de la bandera que alguno de los tripulantes sostiene.
Cuando se reconoce el color, los gritos y aplausos no se hacen esperar. Si es azul celeste, las personas identificadas con la camiseta de Cambio Radical y con el nombre de Carlos Cuenca se apresuran a recibir a los recién llegados. Si, por el contrario, la bandera es verde, las personas con la camiseta del partido de la U y con el nombre de Beatriz Castaño hacen lo propio. Aquí, al parecer, no existe el voto secreto. Cada persona que llega es un número más para un candidato.
Las banderas no las traen desde sus comunidades. Un indígena del pueblo Puinave cuenta que, mientras descienden río abajo, sus embarcaciones son abordadas por botes mucho más grandes que llevan los distintivos de los candidatos. En ese punto les entregan camisetas, afiches y las banderas del color con el que serán identificados al llegar al puerto de Inírida.
Una mujer que recibe a los indígenas y que porta distintivos de Cambio Radical dice que esperan a 4.000 personas del río, posibles votos para el candidato Carlos Cuenca. Cuando los botes llegan, todo se activa. Las personas se organizan, forman una cadena humana y comienzan a desembarcar. De mano en mano pasan bolsas, paquetes, colchonetas, ventiladores, ropa y bolsos, mientras todo es trasladado y acomodado rápidamente en los vehículos que esperan en la orilla.
La tarea se hace rápido, calculada, sin perder tiempo. Hay muchas personas por recibir y la logística es compleja. De las embarcaciones se bajan jóvenes, hombres, mujeres y muchos niños. Muy pocos portan algún distintivo de los candidatos. Entre ellos y quienes los reciben solo existe un vínculo: una promesa y una lista. Sus nombres están en esos documentos desde hace varias semanas. Cuando todo está listo, trasladan a los indígenas al lugar donde se hospedarán hasta el domingo 8 de marzo, día de las elecciones al Congreso. Las casas y hoteles de la capital están llenas de los votantes que cada candidato ha traído desde los ríos.
Desde hace un mes comenzaron a llegar en grupos. Los indígenas vieron a estas personas navegar ríos que rara vez visitan y entrar a comunidades de las que solo se acuerdan cada cuatro años. En algunas ocasiones llegaron los candidatos; en otras, solo sus emisarios, con el rostro del aspirante y el logo del partido impresos en camisetas. Más que a hacer campaña, parecían llegar a ofrecer transacciones: votos a cambio de algo.
Hernán* pertenece a una de las comunidades indígenas que habitan sobre el río Inírida y no recuerda haber votado por convicción: “la política ha estado aquí con nosotros ya manipulada”.
Según afirma, desde que tiene memoria, siempre ha funcionado igual: los políticos llegan, ofrecen dinero o trabajo, los llevan a Inírida, les dan comida y hospedaje, votan, regresan a sus comunidades, y no vuelven a saber de los partidos o los candidatos hasta cuatro años después.
Los padres de Hernán, muchos de los miembros de su comunidad, sus abuelos e incluso él mismo han aprendido que las elecciones legislativas son la oportunidad para ganar algo de dinero: comprar el mercado que hace falta, conseguir un par de galones de gasolina para salir a pescar o adquirir algún objeto deseado al que normalmente no pueden acceder. Esta ha sido la realidad de Guainía durante décadas.
Este año no ha sido la excepción: “tenemos el encuentro con los candidatos en una casita donde nos dan el pago. Hacemos la fila, cada uno con su cédula y se les tira 100 o 200 mil pesos a cada votante para que puedan votar al partido que les paga. Y cuando vamos a Inírida, bajando a votar a los puestos de votación, allá nos reciben los miembros del candidato y nos dan un desayuno y un almuerzo para ese día, y nos dan transporte para ir a votar al sitio”, señala Hernán.
Lo que durante estos días se ha visto en el puerto de Inírida, con los grupos de personas que reciben a las embarcaciones, tiene las características que él menciona y que podrían ser parte de la cadena de compra de votos que inició por lo menos un mes antes. Como señala otro integrante de las poblaciones locales, hasta su territorio llegaron personas de diferentes partidos, hablaron con los líderes y realizaron acuerdos con los capitanes de las comunidades.
Agrega que cada persona tiene un precio, y por eso las ofertas van desde los 100 mil hasta los 300 mil pesos. Cuando el acuerdo se cierra, el capitán entrega un listado con nombres y números de cédula, que le permite a los partidos verificar el lugar en el que están inscritos y saber si cuentan con ese voto. Con base en el listado final se calcula el dinero que se debe entregar por comunidad.
Afirma esta persona que el dinero lo reciben de manera posterior, cuando la comunidad esté en Inírida y se verifique la cantidad total de votos. Desde el sábado 7 hasta el domingo 8 de marzo, al mediodía, se realiza la transacción.
En medio del río, antes de llegar a Inírida, o en las casas en las que se hospedan, las comunidades son abordadas por personas que traen el dinero en efectivo. Cada uno recibe su parte y se recuerda el compromiso de votar por el candidato.
“Los del partido Radical y el Partido de la U sí van a pagar voticos, van a tirar plata. Los otros partidos todavía no han anunciado si van a pagar o si solo van a dar mercado o transporte para ir a votar. Esa es la opción de algunos partidos. Pero Radical y la U sí le van a meter plata a eso”, señala Hernán, basado en la experiencia de todos los años en los que ha visto repetirse estas prácticas que parecen no cambiar.
Él sabe que esta transacción no es correcta. Dice que la política “manipula la mente de los votantes con esas prácticas de comprar el voto”; pero también reconoce que para ellos es un privilegio aprovechar esta oportunidad para tener algo de dinero “porque no hay trabajo, y la única opción es recibir esa platica porque ahí es donde se gana algo”, afirma.
“Este año están haciendo muchas propuestas en las cuales nos dicen que nos van a ayudar. Nos tienen en cuenta por el momento, pero después de que pase las elecciones ya no nos tienen en cuenta. Solo nos van a tirar para la gaseosita o un mercadito para unos 10-15 días. Eso es lo que se ha venido practicando en esta política”, afirma.
Alberto* es contratista de la Gobernación de Guainía; ha visto de cerca esta dinámica propia de la época electoral. Además de dinero sabe que hay otro tipo de ofertas que los candidatos le hacen a las comunidades: “en materiales de construcción, en trabajos con el Estado, en algún tipo de beneficio o trámite que tenga a cargo el Estado, en una omisión inclusive por parte del Estado”. Así se compra la conciencia acá, en un municipio en donde casi todo gira en torno al sector público”, señala.
El problema, según Alberto, es que se trata de una práctica normalizada, especialmente en las comunidades indígenas que constituyen la mayor parte de la población del departamento. Considera que las condiciones geográficas facilitan que esto ocurra, pues las comunidades se ubican en zonas dispersas, a las que solo se puede acceder por vía fluvial y con poca presencia de autoridades. Pero hasta allí logran llegar algunos simpatizantes de partidos políticos, aprovechando estas condiciones particulares. “Con 200 o 300 mil pesos usted no va a suplir las necesidades de 4 años; por el contrario, va a ahondar en su pobreza, va a ahondar en esas necesidades. Entonces, no se justifica de ninguna manera y lo que está es cediendo derechos en los siguientes 4 años por cualquier peso”, dice.
A pesar de la intención de algunos candidatos de ir en contravía de esas prácticas, los demás podrían estar incurriendo en delitos electorales ante los ojos de la comunidad, incluso con el conocimiento de las autoridades, según varias fuentes consultadas.
En la Gobernación de Guainía podrían estar ocurriendo casos de presunto constreñimiento al sufragante. Alberto, funcionario de esta entidad que pidió la reserva de su nombre, le contó a Consonante que en su oficina les dieron una orden clara: votar por el candidato que, como es vox populi en el municipio, cuenta con el respaldo de la actual administración.
“Eso es completamente injustificable, no hay autoridad en el territorio, es evidente, enfrente de todo el mundo, no solo esta entidad, sino también otras, de otras campañas. El Ministerio Público, la rama Judicial y la misma Fuerza Pública están cooptadas acá por esos ejercicios tradicionales políticos que permiten que libremente sigan haciendo este tipo de cosas en el territorio y no pase nada”, afirma.
Las mismas condiciones de carencias en el territorio generan un escenario propicio para las maquinarias, pues convierten la oferta institucional en beneficios con los que pueden transar. “Eso le da un plus a esas campañas tradicionales (...).
Entonces, si usted tiene una alcaldía, una gobernación, un Sena, un Icbf, una corporación ambiental, que son entidades grandes del territorio, en donde son más de 3.000 contratistas, entonces usted está jugando con 3.000 votos y sus familias. Contar con esa maquinaria en gran medida asegura la continuidad de esos proyectos en el territorio”, dice Alberto.
De hecho, recuerda que el año pasado a causa de la emergencia por inundaciones en el departamento, recibieron ayudas humanitarias por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, y que estos elementos se utilizaron para hacer actividades de proselitismo.
Aunque estas situaciones son conocidas por la población del departamento, considera que la práctica está tan arraigada que no se ve como algo malo. Por eso no se denuncia, aunque también puede ser efecto de la desconfianza o temor. Él se atreve a decir que hay un riesgo para la vida de quienes denuncian: “Aquí han habido varios casos de personas que han fallecido fuera de la ciudad y que estuvieron relacionadas con campañas, de los que poco se habla. En el territorio, personas que eran muy activas en redes y en denuncias públicas ya no nos acompañan”, señala.
Para él la cooptación de las instituciones está en el centro del problema: “Quienes ejercen el Ministerio Público, el poder electoral y el poder militar y Policía inclusive, a veces, me atrevo a decirlo, pues son de esas mismas casas políticas tradicionales. Entonces es muy difícil. Y por eso la gente tiene miedo o desinterés en acudir allá porque es el amigo del amigo de tal casa política”, afirma.
Aunque las personas que consultamos hablan de desinterés o falta de confianza en la institucionalidad para denunciar, el mayor Mauricio Díaz Castro, comandante operativo del departamento de Policía de Guainía, dice que las instituciones correspondientes están preparadas para recibir las denuncias en caso de que existan.
Díaz Castro agregó que frente a un delito electoral esa institución puede actuar de dos formas: cuando se descubre el delito en flagrancia, o mediante orden judicial previa investigación. “¿Qué hacemos nosotros como Policía Nacional en caso de una flagrancia, de que alguno de nuestros policías logre evidenciar que se está consumando un delito electoral? Inmediatamente actuaremos y haremos la captura y pondremos a disposición. Pero siempre y cuando nosotros veamos la flagrancia, mientras tanto están todos los agentes de control que hacen todas esas verificaciones”.
20 candidatos de ocho partidos se disputarán las dos curules disponibles para el departamento de Guainía en la Cámara de Representantes. Algunos nombres de los que aparecen son nuevos o poco conocidos, otros son personas con trayectoria política o que se han hecho populares por las alianzas que han tejido en el departamento.
Entre ellos, uno de los más mencionados es Carlos Alberto Cuenca Chaux, candidato por el partido Cambio Radical, quien aspira a ser reelegido. Ha estado en este cargo desde el 2008. En el último periodo quedó elegido con 5.349 votos, el 29,95 por ciento del total de la votación. Según fuentes consultadas en las comunidades indígenas de Inírida, ha sido uno de los políticos con mayor actividad en campaña en las últimas semanas.
Este congresista está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia. En enero del 2025 fue condenado en primera instancia como responsable del “delito de corrupción al sufragante agravado en la modalidad de continuado”, porque se demostró que en 2014, en plena campaña, le entregó a comunidades indígenas bultos de cemento y tejas de zinc para que votaran por él. Aunque se dictó una pena de 7 años de prisión, inhabilidad para ejercer cargos públicos y una multa de 588,90 salarios mínimos, está pendiente la decisión en segunda instancia.
Otro de los candidatos más sonados en esta campaña es Jhonn Alexander Molina Betancur, quien aspira a una curul por el Partido de la U. Molina tiene experiencia en el sector público, fue concejal de Inírida y ocupó diferentes cargos públicos, uno de ellos como funcionario del exgobernador Juan Carlos Iral Gómez, de quien se dice que tiene el apoyo para llegar al Congreso, así como del actual gobernador Arnulfo Rivera Naranjo.
Por otro lado, está Diego Alexander Rodríguez, candidato por el Partido Liberal. Es hermano del exgobernador de Guainía, Óscar Rodríguez, quien en 2023 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia, que lo encontró culpable de delitos de corrupción relacionados con la contratación pública. Actualmente paga una pena privativa de la libertad de 11 años, con una multa de 4.100 millones de pesos. El nombre de Diego Alexander Rodríguez no es conocido en la política, por eso su aparición ha generado algo de sorpresa en el departamento, especialmente por la relación familiar con una persona condenada por corrupción.
La Registraduría Nacional confirmó que para estas elecciones hay un incremento del 15,79 por ciento del censo electoral en Guainía, lo que implica que 5.000 personas más tendrán la posibilidad de ejercer su derecho al voto. En total, el censo de Guainía es de 36.929 votantes. En esta oportunidad se contará con 25 puntos de votación y 122 mesas, tanto en las cabeceras municipales de Inírida y Barrancominas, como en las áreas no municipalizadas.
Según el mayor Mauricio Díaz Castro, comandante operativo del departamento de Policía de Guainía, la seguridad en las áreas no municipalizadas estará a cargo de las Fuerzas Militares, que cubrirán 19 puestos de votación, mientras que la Policía se encargará de seis puestos en los dos municipios del departamento. Pero debido a la extensión territorial el acompañamiento de la institucionalidad será un reto.
*Nombres cambiados para proteger la identidad de las fuentes.
Cada mes Yomaira Gamboa realiza la misma rutina. Sale de su casa en el barrio San Pedro hasta el barrio Popular para reclamar los medicamentos que le formulan los médicos en la Nueva EPS. Llega a la IPS Humsalud, que es el gestor farmacéutico, pero a pesar de su insistencia, la respuesta siempre es la misma: no pueden entregarlos porque ella no está dentro de las poblaciones priorizadas.
Desde el 11 de octubre del año pasado, la Nueva EPS suspendió de manera parcial la entrega de medicamentos a sus usuarios en Tadó. En este municipio del Chocó, los pacientes empezaron a enfrentar la misma incertidumbre que hoy golpea a millones de afiliados en todo el país: fórmulas represadas, tratamientos interrumpidos y la angustia de no saber cuándo podrán recibir lo que necesitan para continuar con sus procesos de salud.
Desde finales de 2025, la escena se repite en distintos municipios: filas interminables en los dispensarios, estanterías vacías y respuestas que no llegan. La crisis en la entrega de medicamentos obedece, por un lado, a la terminación de contratos con operadores logísticos y, por otro, a una situación financiera marcada por deudas acumuladas, un cóctel que ha terminado trasladando el peso del problema a los usuarios.
Nada de esto es reciente. Desde hace un tiempo los usuarios han denunciado dificultades para que los gestores farmacéuticos entreguen las medicinas. De hecho, en marzo de 2025, la Superintendencia Nacional de Salud interpuso una medida cautelar contra Audifarma, una de las empresas dispensadoras en el Chocó que presta servicios a la Nueva EPS, por el desabastecimiento de medicamentos de todo tipo, algunos tan básicos como el acetaminofén.
Esta situación pone en riesgo la vida de muchos pacientes. El caso de Yomaira Gamboa es un ejemplo. Ella tiene enfermedades como hipertensión y migraña, pero lleva meses sin que la EPS le suministre las medicinas que necesita: “me toca sacar de mi bolsillo para comprar los medicamentos para las enfermedades que padezco, como lo son: losartán, amlodipino, omeprazol y fencafen. Una pastilla de fencafen cuesta dos mil pesos y una tirilla de losartán cuesta ocho mil pesos. Son aproximadamente cincuenta mil que me gasto en mis medicamentos, porque si no los compro me puedo infartar”, afirma Gamboa.
Esta crisis ha afectado su calidad de vida, porque la obliga a vivir con molestias que podría evitar de tener sus medicinas, y también la afecta económicamente, porque debe ajustar los gastos en su casa cada mes para que le alcance para comprar especialmente el losartán, que es fundamental para evitar impactos serios en su salud. Este no es un gasto menor en un territorio en el que hay un nivel alto de trabajo informal, desempleo y pobreza; según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el nivel de pobreza multidimensional en Chocó es del 33,9 por ciento.
La Nueva EPS fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud el 3 de abril de 2024, debido a una crisis financiera que ponía en riesgo el derecho a la salud de los afiliados. Esta intervención fue prorrogada hasta abril de 2026. A casi dos años del inicio de este proceso, la situación ha empeorado.
Según la Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (Afidro), la deuda de la Nueva EPS aumentó en un 198 por ciento. En 2022 era de 5,42 billones, pero en marzo de 2025 pasó a 21,37 billones de pesos.
Además, 95 instituciones de salud han interpuesto embargos por más de dos billones, debido a la falta de pagos por los servicios prestados.
En octubre del año pasado, Guillermo Andrés Cuesta, personero del municipio de Tadó, envió una carta a la Nueva EPS y a entidades correspondientes del Estado. En ella señala que la suspensión de la entrega de medicamentos vulnera el derecho fundamental a la salud: “Las personas afectadas han manifestado no recibir sus tratamientos sin que exista, hasta la fecha, una justificación válida oportuna ni un plan de contingencia visible por parte de la EPS”, se señala en la carta.
A través de este documento el personero le solicitó a la Nueva EPS restablecer de manera inmediata la entrega de medicamentos e implementar medidas de contingencia. Además de solicitar a los organismos de vigilancia que adelanten las acciones disciplinarias y de control correspondientes. Las entidades no dieron respuesta a la Personería, por lo que el 20 de noviembre se envió nuevamente una carta reiterando la urgencia de una respuesta institucional. A casi cinco meses de esta solicitud, la crisis persiste.
Brenda Yulieth Mosquera Sánchez, gerente general de la Alcaldía Municipal de Tadó, afirma: “Este es un tema bastante complejo. Como autoridad hemos hecho requerimientos, ellos (Nueva EPS) nos han respondido que los medicamentos que se van a entregar son para pacientes específicos por la crisis financiera que están viviendo. Aún así, realizamos gestiones pertinentes con las autoridades competentes en aras de garantizar el derecho a la salud de nuestra población”.
Según Mosquera, el 12 de diciembre de 2025 recibieron una respuesta oficial en la que la entidad señaló que la suspensión temporal en la dispensación de medicamentos obedecía a una situación de orden contractual.
Por su parte, la IPS Humsalud, gestora farmacéutica de la Nueva EPS en Tadó, envió contestación a la Personería el 23 de noviembre. En el documento reiteró la suspensión del servicio y advirtió que enfrenta una insostenibilidad operativa y financiera, atribuida al flujo insuficiente de recursos y a incumplimientos en los pagos por parte de la EPS.
“La no cancelación o retraso en los pagos por parte de la EPS afecta directamente la sostenibilidad del gestor farmacéutico, que depende exclusivamente de los ingresos derivados de la prestación de los servicios contratados. Ello limita la posibilidad de adquirir medicamentos, mantener inventarios, garantizar el talento humano y sostener la operación logística requerida para una atención eficiente y segura”, indica la IPS Humsalud.
Por esta razón, señalan que únicamente están entregando medicamentos a pacientes con patologías catastróficas, pacientes oncológicos y mujeres gestantes, para evitar afectaciones mayores en la población.
En Tadó algunas personas que cuentan con los recursos para movilizarse intentan conseguir los medicamentos en municipios cercanos, pero no cuentan con suerte. “Llega uno a las farmacias que suministran el medicamento en Tadó y no hay nada, llega a Unión Panamericana y Certegui que son municipios vecinos y tampoco hay nada”, señala Wilson Mosquera, presidente de la liga de usuarios del Hospital San José de Tadó.
Hace algunos días el Gobierno Nacional emitió el Decreto 0182 del 25 de febrero de 2026, una norma que redefine el modelo de aseguramiento en salud con un enfoque territorial y poblacional. De acuerdo con el Ejecutivo, la medida busca garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud en todo el país, especialmente en zonas dispersas o de baja densidad poblacional, donde históricamente la atención ha sido más frágil e intermitente.
Sin embargo, la iniciativa ha despertado cuestionamientos. Una de las principales críticas apunta a que el decreto contempla la redistribución automática de millones de afiliados al sistema. La norma establece que las EPS que no alcancen un número mínimo de usuarios en determinados municipios deberán retirarse de esos territorios y perderán su autorización para operar allí. El calculo se realizará según la población y el número de afiliados. Además, se limitará la cantidad de entidades habilitadas en cada lugar. En ese escenario, los usuarios serían trasladados a otras EPS sin consulta previa y solo podrían ejercer su derecho a elegir una nueva entidad después de 60 días calendario contados desde el traslado.
Una de las preocupaciones que ha suscitado la medida es que se pueda incrementar aún más la carga en la Nueva EPS, actualmente la entidad con mayor cantidad de afiliados en el país, con cerca de 11,5 millones de usuarios. Según un comunicado de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), se afectarán millones de usuarios que podrán ser trasladados a entidades prestadoras de salud con dificultades operacionales, como es el caso de la Nueva EPS.
Para Acemi, esta entidad podría recibir 2,6 millones de nuevos afiliados, lo que significa un incremento del 22,5 por ciento en una EPS intervenida por el Estado y que actualmente no está cumpliendo con sus obligaciones.
“Una EPS cuya situación financiera se desconoce, que no ha presentado estados financieros desde 2023 y diariamente demuestra su incapacidad de atender a sus afiliados, dificultades con la red de prestación, demoras en la entrega de medicamentos, atenciones y procedimientos, no tiene desde ningún punto de vista la capacidad de recibir nuevos usuarios y garantizarles el correcto y oportuno acceso a los servicios de salud”, afirma Acemi.
El año pasado el Gobierno Nacional realizó un primer intento de generar este cambio en el sistema de salud a través del Decreto 0858 de 2025; sin embargo, el Consejo de Estado lo suspendió provisionalmente respondiendo a una demanda de nulidad en la que se argumentó exceso en la potestad reglamentaria del Gobierno, por tratar de reformar el sistema de salud sin pasar por el Congreso.
Este nuevo Decreto podría atravesar por la misma situación. De hecho, a pocos días de emitido, ya se han radicado demandas en el Consejo de Estado al Decreto 0182 de 2026, como la presentada por la representante a la Cámara y candidata Katherine Miranda.
Al margen de estas discusiones estructurales están los usuarios de municipios como Tadó, que siguen esperando sus medicamentos, además de una atención en salud digna y oportuna.
Los habitantes de San Vicente del Caguán se están quedando sin tiempo para desenterrar a sus muertos. Desde el año pasado, la Alcaldía comunicó la necesidad de darle orden al cementerio municipal y, en ese sentido, manifestó la urgencia de realizar exhumaciones para aumentar la capacidad en un lugar que, desde hace años, se quedó sin espacio, a pesar de ser el único camposanto en el casco urbano del municipio.
El pasado 12 de febrero los sanvicentunos recibieron a través de redes sociales la noticia. La Secretaría de Gobierno, liderada por César Augusto Monje, emitió un acto administrativo que autoriza la exhumación en sepulturas que se encuentren en estado de abandono total y de cuerpos con una antigüedad superior a diez años. Esto con el fin de realizar recuperación urbanística y paisajística, en un cementerio sumido en el caos y que, como lo documentamos en marzo de 2025, solo le quedaba espacio para sepultar una decena de cuerpos.
El proceso comenzará el 1 de marzo y se llevará a cabo por bloques de forma escalonada. En un primer momento se intervendrán aproximadamente dos mil sepulturas previamente inventariadas que se encuentran en abandono y con más de 20 años. La administración municipal convocó a las familias para que hagan la exhumación de manera voluntaria; este trámite tiene un valor de $180.000 pesos. Estos restos deben pasar a los osarios, actualmente hay disponibles cerca de 200, cada uno con un valor de $400.000 pesos.
En los casos en que las familias no se acerquen a realizar esta solicitud, la Alcaldía procederá con exhumaciones colectivas. Aunque inicialmente se informó que los restos serían trasladados a una fosa común, la Secretaría de Gobierno aclaró que cada cuerpo será rotulado o enumerado y, cuando sea posible, identificado con su nombre. Los restos se depositarán en bolsas especiales para cadáveres y posteriormente serán ubicados en un osario o en una bóveda comunitaria dispuesta dentro del mismo cementerio.
“Tenemos una responsabilidad de custodiar lo que encontremos en este proceso, que sabemos que es muy sensible y hasta doloroso, por eso tenemos que hacerlo de forma muy juiciosa. Queremos que si a futuro un familiar viene a buscarlo, podamos tener la respuesta clara. Aunque la invitación es que esas familias nos acompañen”, afirma César Monje, secretario de Gobierno.
Esta decisión tiene sustento en el Acto Administrativo N.° 000599 del 16 de abril de 2021, que reglamenta el funcionamiento interno del cementerio municipal. Además, se complementa con la Resolución 5194 de 2010 del Ministerio de Salud y Protección Social, que fija los requisitos sanitarios para inhumaciones (entierro) que define condiciones del cadáver antes del traslado, uso de contenedores adecuados, profundidad de las fosas, características de bóvedas y/o lotes, y de exhumación (extraer los cuerpos de personas fallecidas) con requisitos como: autorización del administrador del cementerio, registro del procedimiento, verificación del estado de los restos, condiciones sanitarias, desinfección y manejo adecuado de residuos, que aplica para todo el país.
Monje explica que, “aunque la normativa permite la exhumación y el traslado de restos a un osario después de siete años por vía administrativa, sin importar el estado de la tumba, hemos decidido aplicar este proceso a partir de los diez años”. Añade que el enfoque inicial se centrará en las tumbas que se encuentran en total abandono. “No vamos a afectar aquellas donde el ser querido aún viene a visitarla; uno se da cuenta de que hay un doliente, que hay alguien que mantiene ese vínculo. Esas se van a respetar”. También señala que se preservará el área marcada para la acción humanitaria de recuperación que adelanta la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas en el camposanto.
La razón de esta acción es que el cementerio de San Vicente de Caguán no está cumpliendo con los parámetros y estándares establecidos por la Secretaría Departamental de Salud, entidad que vigila y responde a la normativa del Ministerio de Salud. Las visitas periódicas de esta entidad han confirmado la persistencia de este incumplimiento.
Este cementerio ha estado en funcionamiento durante más de cien años. Tiene un área aproximada de 1,5 hectáreas (15.000 metros cuadrados) y presenta un alto porcentaje de ocupación, alcanzando el 97,16 por ciento.
Esto indica una saturación de espacio para acoger más cuerpos. Adicionalmente, según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial 2015-2027 formulado en 2015, el cementerio se encuentra situado en una zona de riesgo de deslizamiento y a una distancia de solo 6 metros de las viviendas que se encuentran a su alrededor.
Una de las preocupaciones de esta decisión es que la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas en este momento está realizando intervención forense en este cementerio, para recuperar cuerpos de personas asesinadas en el marco del conflicto armado y que fueron inhumadas en este lugar sin ser identificadas.
Yolima Isabel Jurado, coordinadora territorial de la seccional Caquetá, explica las precauciones que se están tomando en el marco de ambas acciones: "Hemos estado llevando a cabo todo este trabajo de intervención en colaboración con la administración municipal. Los sitios que identificamos como de interés forense están debidamente marcados en el plano del cementerio y la información es conocida. Estos lugares no serán intervenidos durante el proceso de exhumación administrativa".
“El cementerio enfrenta serias complejidades debido a la superpoblación de cuerpos, lo que ha llevado a que algunos se encuentren superpuestos. Esta situación dificulta el acceso y la recuperación de cuerpos de interés, ya que es probable que cuerpos que sean de nuestro interés estén por debajo de tumbas que tienen dolientes, que tienen familiares y, por supuesto, todos esos procesos dificultan nuestro acceso y recuperación", agrega Jurado.
Más allá de los procedimientos, estas disposiciones impactan directamente a la comunidad en costos, los tiempos de entrega, las condiciones sanitarias, la disponibilidad de espacios y el trato digno en un momento que es de alta sensibilidad para las familias.
El acceso a un espacio en el cementerio municipal no ha sido igual para todos. Las condiciones han cambiado con el tiempo y hoy dependen no solo de la disponibilidad de espacios y terreno, sino de los costos, la información institucional y la capacidad económica de quienes atraviesan el duelo.
Robinson Martínez lleva toda su vida en este municipio, con 54 años de edad ha tenido que disponer de este camposanto en varias oportunidades, pero nunca ha sido igual. “Las formas de acceder a un espacio han sido variadas, desde un espacio en la parte más húmeda donde escurre agua porque no había más, hasta tener que abrir un hueco sobre otro difunto. Incluso, tengo un familiar que se perdió porque teníamos la idea del lugar pero nos demoramos en marcarla por los costos, y con el tiempo ya nadie nos pudo dar razón”, comenta.
A esto se suma la falta de información sobre el procedimiento que se debe realizar para disponer de un osario familiar. Aunque la familia de Martínez lo pensó en algún momento, en aquellos años no recibió respuesta. “A nosotros nos faltó una guía, sobre todo porque siempre fueron situaciones muy difíciles, dado que las muertes fueron lejos del casco urbano. En la más reciente, que fue mi padre, decidimos como familia buscar a mis hermanos, a un primo y hacer como una bóveda en la tierra, donde el sepulturero hizo unas planchas de ladrillos, para tenerlos todos ahí”, afirma Martínez.
La falta de espacio en el camposanto ya no es solo un problema técnico, es una preocupación que atraviesa la memoria de las familias sanvicentunas. Así lo expresa María Osorio, de 58 años, quien ha visto cómo el crecimiento del municipio alcanzó incluso el lugar donde reposan sus seres queridos.
“Desde mi punto de vista, como hija de este pueblo, lo mejor sería disponer de otro terreno y dejar estas memorias y recuerdos quietos”, dice. Su propuesta no se queda solo en la infraestructura, también habla de tarifas diferenciales según el tiempo de antigüedad, el estrato o el estado de las bóvedas, una preocupación que surge porque en un mismo lugar reposan sus padres, abuelos, hermanos y tíos.
Un elemento fundamental que ha provocado la situación que se vive en la actualidad es el cambio en la forma en que se ha administrado la muerte en el municipio. “Para esas épocas la Iglesia era quien manejaba el cementerio, uno pagaba y ya”, recuerda Osorio. En ese entonces, afirma, nadie hablaba de bóvedas familiares ni de la posibilidad de que el crecimiento urbano hiciera insuficiente el espacio.
Esto pone en evidencia un problema mayor: el cementerio fue pensado para un municipio más pequeño y hoy debe responder a una población en expansión, bajo normas sanitarias y administrativas más estrictas. La discusión ya no es solo sobre dónde enterrar a los muertos, sino sobre cómo garantizar el derecho a la memoria, el acceso equitativo a los servicios funerarios y la planificación de un equipamiento público esencial.
En Colombia, el manejo de los cuerpos y los cementerios no solo es un asunto administrativo y sanitario. La Ley 9 de 1979 establece que estos espacios son de interés en salud pública y deben garantizar condiciones dignas para la comunidad. Además de la Resolución 5194 de 2010, que da los lineamientos con los que la administración debe actuar.
Desde el enfoque de derechos humanos, la Corte Constitucional ha señalado que el respeto por los restos mortales hace parte del derecho a la dignidad humana y al duelo de las familias, lo que implica que el Estado debe garantizar condiciones adecuadas para el descanso final y la conservación de la memoria.
El acceso a un lugar digno para el descanso final no es solo un servicio público: es una expresión del derecho a la dignidad humana y al duelo.
Así como lo expresa Robinson Martínez: “Uno debería quedar en la tierra y que no lo saquen de ahí nunca, como se dice: ‘el derecho a morir en paz’. Pero aquí no hay espacio como tal”. Para el casco urbano de San Vicente del Caguán, el descanso final terminó dependiendo más de las posibilidades de cada familia y la información disponible en medio del duelo.
César Augusto Monje, secretario de Gobierno, manifiesta que San Vicente del Caguán tiene un promedio de 10 muertes al mes, por diferentes causas. Un número alto e importante para pensar la disposición de espacios del cementerio municipal. “Esta situación es compleja, ya que los cuerpos pueden llegar de otros municipios, ciudades y países —como sucedió recientemente—, y es el único sitio que tenemos disponible para ese fin. Hasta la fecha ya se han realizado 50 exhumaciones en compañía de familiares”, afirma.
La disponibilidad de espacios en el momento sigue siendo poca y es por esto que se piensa hacer la construcción de más osarios y cambios estructurales, como una batería sanitaria para los visitantes, lo que implica demoler tumbas. En ese proceso, plantea la Secretaría, se otorgarán permisos para que las familias puedan realizar entierros en el mismo espacio en el que estén los cuerpos de otros familiares.
Por otro lado, la población firmante de paz ha manifestado su intención de apoyar las jornadas de exhumación como una medida de reparación, poniendo al servicio su experiencia, mano de obra y conocimiento técnico en procesos realizados junto a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
En la noche del 9 de enero una camioneta gris se detuvo en una esquina de Maicao. De su interior descendieron varios hombres con armas de largo alcance y dispararon 30 veces contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar. Cinco jóvenes fueron asesinados en este hecho.
Varios días después, el 31 de enero, la escena se repitió, esta vez en Riohacha. Cuatro hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta un lugar donde había varias personas reunidas y dispararon indiscriminadamente. Tres jóvenes murieron, dos de ellos eran menores de edad.
Estas masacres, que se cuentan como las primeras ocurridas en Colombia durante el año, no son hechos aislados, hacen parte de una serie de hechos violentos que se han registrado en el departamento de La Guajira cada vez con mayor recurrencia, y que configuran una intensificación de la violencia en un territorio sobre el que se han generado diferentes alertas desde hace varios años.
Los riesgos se han concretado. A las masacres registradas en enero de este año se suma un alto número de homicidios, muchos de ellos cometidos bajo la modalidad de sicariato. En enero se registraron 43 homicidios, una cifra considerablemente más alta que la del mismo mes de 2025 cuando, según el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa, se reportaron 23 casos. La tendencia —particularmente marcada durante el segundo semestre del año— ya anticipaba un deterioro en la situación de seguridad.
Estos hechos violentos son la manifestación de una situación que la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo desde hace varios meses. En 2025, esta institución emitió dos Alertas Tempranas de carácter estructural en las que anticipaba los riesgos a los que se enfrentaba la población civil por cuenta de la intensificación de la disputa territorial entre dos estructuras paramilitares: el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).
La primera Alerta, la 010-25 del mes de julio, generó advertencias de riesgo extremo para los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha. Esto ha sido provocado por la disputa entre los dos grupos que buscan expandir su poder hacia más territorios de La Guajira, para controlar una zona que consideran estratégica por la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Como se resalta en esta Alerta Temprana: “El interés del Egc por obtener el control territorial de la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta ha colisionado con el de las Autodefensas Conquistadoras por mantener el control en estos mismos lugares, lo que configura una dinámica de disputas intermitentes y constituye el principal factor de violencia en estos territorios durante los últimos años”.
En el mes de diciembre se emitió la Alerta Temprana 020-25, que abarca municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena, donde la población civil se encuentra en riesgo porque el control del territorio es un objetivo de ambos grupos paramilitares en su disputa por los corredores estratégicos.
Como señala el documento, esta zona tiene un alto valor estratégico para los actores armados. Por un lado, la Sierra Nevada y sus alrededores concentran sus rentas criminales debido a la intensa actividad económica. Por otro lado, la Troncal del Caribe —que bordea la Sierra y conecta con varios puertos marítimos— resulta clave para el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando. En este territorio habitan múltiples poblaciones, entre ellas comunidades afrodescendientes y cuatro pueblos indígenas para los que la Sierra es un lugar sagrado.
Según Ángela Olaya, directora de la organización Conflict Responses, el interés sobre esta zona es porque nuevamente se están activando rutas antiguas de economías criminales en La Guajira, pero especialmente en el norte del departamento, por la zona de frontera.
La Alerta Temprana advierte sobre distintos riesgos derivados de las acciones de los grupos paramilitares en La Guajira y en municipios ubicados en su zona de frontera. Sin embargo, identifica como territorios en disputa a San Juan del Cesar, Riohacha y Albania, en La Guajira, y a Zona Bananera y Aracataca, en Magdalena.
A inicios del mes de febrero los habitantes de San Juan del Cesar y Riohacha recibieron la noticia de que los carnavales que se celebrarían a mitad de mes fueron cancelados. Las administraciones municipales tomaron esta decisión como medida preventiva frente a la situación de orden público en el departamento.
Al mismo tiempo, en municipios como San Juan del Cesar la población adoptó medidas como el cierre temporal de locales comerciales y la suspensión nocturna del servicio de mototaxis, motivadas por el temor generado por una decena de panfletos que en las últimas semanas han circulado firmados tanto por el Egc como por las Acsn, en los que se hacen señalamientos y amenazas directas.
Que esta disputa se concentre en el sur del departamento no es fortuito. Así lo señalan investigadores del Cinep: “los municipios que se encuentran en el sur de la Guajira conectan con dos territorialidades que son absolutamente estratégicas”, dicen.
Por un lado, se encuentra la serranía del Perijá que permite tener poder sobre la frontera con Venezuela, pero, además, a través de esta se genera un corredor hacia el Cesar y el Catatumbo. Por el otro lado, aparece la Sierra Nevada que genera dominio sobre la Troncal: “ahí hay un interés muy fuerte de control político, militar y armado de los actores en esta zona”, afirman.
Según el Cinep, esta disputa no es nueva: es la materialización de intereses y tensiones que se arrastran desde hace años. En 2024 se conoció el ingreso del Egc a la Sierra, un territorio donde las Acsn eran el actor hegemónico. Luego, en febrero de 2025, se registró una primera incursión de las Acsn en municipios por fuera de su zona de dominio —como Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas y San Juan del Cesar—. “El mensaje político era: estamos acá, este es nuestro corredor y lo controlamos”, afirman los investigadores.
Este conflicto se presenta en un momento en el que ambas estructuras tienen estrategias de expansión. Por un lado, el Egc —que en La Guajira hace presencia a través del Frente José Francisco Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca— adelanta un proceso de fortalecimiento político-militar a nivel nacional. Así lo afirma Ángela Olaya, directora de Conflict Responses, quien señala que en 2022 tomaron la decisión de ejecutar una estrategia de expansión contundente. En el caso de La Guajira la ruta la han trazado desde el departamento de Cesar, a través de municipios del sur en los que no hay presencia de las Acsn, lo que ha hecho que sus intereses se concreten de manera más sencilla.
Por su parte, las Acsn operan a través del Frente Javier Cáceres e históricamente han funcionado como actores hegemónicos en las partes altas y bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tienen control en Dibulla y la Troncal del Caribe. No obstante, desde el año pasado se ha alertado de un movimiento de este grupo hacia el sur, en los municipios del mismo departamento, pero también se conoce que ahora tienen presencia en el Catatumbo, especialmente en el municipio de Ocaña, en donde también libran una disputa con el Egc.
Las acciones de estas estructuras paramilitares se dan en un contexto de fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el país. A finales del mes de enero, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que el año inició con un deterioro de la situación de seguridad, marcado además por el aumento del número de combatientes de estos grupos hasta en un 23 por ciento. Justamente, el Egc es el grupo que más ha reclutado últimamente, con 2.500 nuevas personas.
La presencia de los grupos paramilitares en La Guajira ha dejado huellas invisibilizadas tanto en el territorio como en la población civil. Ahora, con una disputa como la que se vive, los riesgos se incrementan por la posible ocurrencia de hechos violentos —como homicidios y amenazas—, pero también por desplazamientos forzados, confinamientos y otras acciones que hacen parte del repertorio de los grupos armados para ejercer control.
La zona que Egc y Acsn disputan actualmente es hogar de cuatro pueblos indígenas —Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo—, población para la cual la Sierra es un sitio sagrado y que ahora enfrenta las desarmonías que deja la guerra: “los pueblos indígenas históricamente hemos buscado que se proteja el territorio”, afirma Camilo Niño, líder del pueblo Arhuaco.
Para él, la violencia en su territorio ha generado impactos directos, como la pérdida de gobernabilidad y de autonomía. “En la Sierra, por ejemplo, anteriormente quienes mandaban eran las autoridades, pero después llegaron los grupos y dijeron: ‘Bueno, aquí hay que organizarse y hay que hacer tal cosa y hay que arreglar los caminos, quien no vaya se entiende es con nosotros’”. Entonces, rompe un tema de tejido social, cultural, político, espiritual. Hay una afectación directa”, señala Niño.
A esta situación que se ha presentado durante años, se suma de manera reciente la anulación del Decreto 1500 de 2018 que establecía la Línea Negra, una área trazada alrededor de la Sierra Nevada que conecta un conjunto de sitios sagrados para los pueblos indígenas entre los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Este decreto daba mayor autonomía a los pueblos sobre su territorio y lo blindaba de intereses externos. Como señala Camilo Niño, aunque esto no significa que la Línea Negra desaparezca, se “crean nuevas amenazas al territorio, nuevas intervenciones y es mucho más compleja la exigencia. Esto lo que puede es exacerbar el conflicto”.
Los temores de los pueblos indígenas tienen sustento en los intereses económicos que existen sobre el territorio. Como lo señalan investigadores del Cinep, actualmente en La Guajira hay 127 solicitudes mineras, es decir, hay un alto interés de explotación minero-energética en un territorio con un conflicto armado activo, lo que genera alertas porque, afirman, en el pasado ambos factores se han juntado y la violencia termina siendo utilizada como estrategia de despojo territorial.
“En estos momentos tú encuentras comunidades que se encuentran sitiadas, confinadas, desplazadas, atemorizadas, pero a su vez encuentras intereses extractivos sobre transición energética. Cuando cruzas estas variables de ordenamiento territorial, identificas que hay un traslape entre los corredores donde se están moviendo los actores armados y estos intereses minero-energéticos”, afirma el Cinep.
Si bien los investigadores señalan que por ahora no puede demostrarse una relación directa, sí identifican un patrón de violencia que ya se ha presentado en otros momentos en La Guajira y que ahora, por ejemplo, se repite en el corregimiento de Cañaverales, en San Juan del Cesar. Allí sus habitantes han resistido la llegada de un proyecto de minería de carbón de la empresa turca Best Coal Company, pero —según el Cinep— desde septiembre de 2025 comenzaron los escenarios de riesgo con la aparición de panfletos.
“Los actores armados seguramente van a presionar la zona porque Cañaverales no solo tiene esta riqueza, si se quiere, en términos extractivos de carbón, sino que sus suelos son ricos en cobre y en minerales para la transición. Es un corredor estratégico importante”, señala el Cinep.
A este contexto se suma un factor de riesgo importante que es la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona de frontera con Venezuela, sobre la Serranía del Perijá. Después del 3 de enero de este año, con la captura de Nicolás Maduro, habitantes de esta zona afirman que han visto el paso de combatientes armados que se ubican especialmente en los lugares donde están los pasos fronterizos irregulares.
En una zona en disputa, este hecho genera alerta, especialmente después del paro armado de diciembre de 2025, en el que el ELN mostró capacidad para realizar al menos 12 acciones en La Guajira —entre hostigamientos, atentados y acciones intimidatorias en las vías del departamento—. Según el Cinep, es probable que a la disputa hoy abierta entre las dos estructuras paramilitares se sume esta guerrilla como un tercer actor. “Es muy probable que este actor entre en una disputa, además porque es innegable que el Eln ha venido creciendo y ha tomado una fuerza importante. Lo que vamos a tener es probablemente un nuevo escenario de confrontación”, afirman.
En las últimas semanas en municipios como San Juan del Cesar hay alta presencia de la fuerza pública para contrarrestar los hechos violentos de los últimos meses. Sin embargo, los habitantes continúan a la espera de acciones de fondo para mitigar una disputa álgida como la que están enfrentando y para prevenir los riesgos frente a los nuevos escenarios posibles. Consonante contactó al secretario de Gobierno de la Gobernación de La Guajira para conocer su análisis y las medidas adoptadas frente a esta situación, pero al cierre de este artículo no obtuvo respuesta.
Todas las tardes Alba Melgarejo se sienta bajo el árbol de cotopríx e inicia su ritual. Con las manos experimentadas y marcadas por años de trabajo, revisa el maíz y escoge los mejores granos. Después, los cocina y los muele con la ayuda de sus nietos, una manera de mantenerlos ocupados y también de sembrar en ellos un conocimiento que ya es tradición familiar.
Todo esto ocurre en una tranquila esquina de El Tablazo, una vereda de San Juan del Cesar. Allí Melgarejo monta su parrilla y enciende con paciencia el fogón, pero también lo hace con firmeza, la misma que la llevó a crear este pequeño negocio el año pasado, movida por dos razones que la acompañan cada día: distraerse de las dificultades y apoyar a una de sus hijas.
La fórmula es siempre la misma: maíz, leche, sal y queso. Mezcla todo y lo amasa, forma unos círculos casi perfectos que terminan sobre las brasas calientes. Este proceso, ya de por sí extenuante, se ha vuelto más difícil en las últimas semanas.
Para comprar queso tiene que ir hasta el corregimiento de Cañaverales: “aquí no hay por el verano”, explica. La sequía ha golpeado la producción local, ha encarecido los ingredientes y la obliga a rebuscar el queso en San Juan y en los pueblos cercanos.
Un kilo que antes costaba 12.000 pesos hoy puede llegar a 30.000. Y no es solo eso: el carbón, indispensable para el fogón, también se ha vuelto más caro.
Aunque en este momento en San Juan del Cesar cada arepa cuesta 2.500 pesos, ella mantiene el precio en 2.000, dice que así se asegura de venderlas rápido y, además, entiende la difícil situación económica de muchos de sus clientes. El aumento del precio del queso afecta tanto a su negocio como a las familias de la región, donde este alimento es parte esencial de la dieta diaria.
Actualmente, La Guajira atraviesa su periodo seco, que suele extenderse de diciembre a abril. Sin embargo, este año las lluvias han sido aún más escasas. La sequía ya se nota en la reducción de los pastos: hay menos y su calidad ha disminuido, incluso cuando el calendario apenas empieza a correr.
“Los pastos secos no son iguales a los frescos; los animales producen más leche cuando el pasto es palatable”, explica Rita Mindiola, coordinadora de la oficina de Gestión del Riesgo de San Juan del Cesar.
El verano prolongado ha reducido la calidad del pasto y, con ello, la cantidad de leche que producen las vacas. Enrique Orozco, campesino productor de leche, lo resume así: “En invierno, con 60 kilos de pasto, una vaca puede dar entre cuatro y ocho litros. En verano, con esa misma cantidad, apenas llegamos a dos o tres litros y medio”.
Además, dice que sin suplementos alimenticios la producción de leche disminuye, lo que encarece el queso, principal derivado lácteo de la región. Los pequeños productores recurren a forrajes tradicionales —pasto de corte, trupío, algarrobilla, tusa, caña de maíz y hasta mango— porque la suplementación comercial es demasiado costosa. “El concentrado está caro, y para el pequeño productor eso es difícil”, afirma.
A pesar de la baja en la producción, Enrique Orozco aclara que no hay escasez de leche en el mercado, sino un problema mayor: la competencia con productos importados.
“Mientras a nosotros nos pagan máximo 2.000 pesos por un litro de leche cruda, en el supermercado venden leche importada a 4.000 o 5.000 pesos, y a veces ni siquiera es un litro completo”.
En San Juan del Cesar, el queso tiene fama de tesoro. Tanto así que la gente lo llama el oro blanco. Un joven del municipio lo cuenta entre risas, mientras recuerda una escena común en las calles del pueblo: “Si uno va por ahí con un tablón de queso, enseguida le dicen: — ¡Cuidado, muchacho, que lo que llevas ahí es oro!”.
Ese comentario se lo hicieron una tarde en la que había salido a hacerle un mandado a su mamá. Caminaba con el queso envuelto en una bolsa cuando un vecino lo detuvo para advertirle —en tono de broma, pero con bastante verdad— que cargaba algo tan valioso como el oro. Con los precios actuales, no resulta difícil entender por qué el queso se ha ganado ese apodo en el sur de La Guajira.
Los consumidores sienten el golpe en el precio del queso costeño que hoy ronda entre 25.000 y 30.000 pesos el kilo. Enrique Orozco lo explica con el conocimiento que le ha dado su oficio: “Eso es por el clima. Para hacer queso se necesita leche, y si hay poca leche todo sube”.
También señala que los quesos procesados del supermercado —hechos con lactosuero y leche en polvo— no compiten en sabor ni tradición con el queso criollo, pero sí afectan el mercado porque son más baratos de producir.
A eso se suma que los clientes se han vuelto más exigentes, lo que vuelve cada vez más difícil atender todas las demandas: “Los hipertensos piden queso con menos sal. Los de panadería y arepas lo quieren más duro y salado. El que tiene problemas de salud paga mejor, pero pide más”, afirma.
La sostenibilidad del pequeño productor está en riesgo. Orozco tiene diez vacas, pero solo tres están dando leche. “Con esas tres saco 12 litros al día. Eso me da kilo y medio de queso, no más”, dice.
Además, indica que este contexto de dificultades por las variaciones del clima se hace más complejo por la falta de apoyo institucional: “Ni alcaldía, ni asociaciones, ni gobierno. Aquí todo se maneja empíricamente. Uno trabaja con higiene y calidad por respeto al consumidor, pero apoyo no hay”.
Su voz resume la preocupación de muchos en la región: “El clima nos afecta, pero más nos afecta competir con productos que vienen de afuera. Nosotros seguimos produciendo, pero cada vez es más duro”, dice.
Según Rita Mindiola, la administración municipal trabaja con entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) y Agrosavia para capacitar a los pequeños productores en prácticas de preparación para el verano, como el establecimiento de pasturas, la elaboración de silos y ensilajes y la producción de bloques multinutricionales con materiales de la finca.
Aunque en ocasiones se gestionan donaciones de forraje y silo a través de asociaciones ganaderas, Mindiola aclara que no alcanzan para los cerca de 1.400 pequeños productores del municipio. “El municipio no tiene recursos para comprar alimento para todos; por eso insistimos en que el productor se prepare durante la época de lluvia”, señala.
La sequía, además de restringir el acceso al agua, golpea de lleno la economía local, sobre todo entre enero y marzo, los meses más secos. La caída en la producción de leche y el encarecimiento del queso dejan al descubierto la fragilidad de la cadena productiva en el sur de La Guajira, en un contexto de alta variabilidad climática y de escasa preparación tanto de los productores como de la institucionalidad.
Aún quedan varios meses de sequía en San Juan del Cesar. Mientras tanto, muchas familias tendrán que buscar alternativas para conseguir un alimento esencial en su dieta y que hoy, incluso, supera con creces el precio de productos tradicionalmente costosos como la carne de res.
El 23 de enero el municipio de Fonseca amaneció sin alcalde. El día anterior, el Consejo de Estado declaró la nulidad de la elección de Micher Pérez Fuentes para el período 2024-2027, decisión que es definitiva y que obliga a organizar elecciones atípicas para elegir un nuevo alcalde que ocuparía el cargo hasta el 2027.
Esta decisión se tomó después de meses de espera. Si bien el 6 de agosto de 2024, el Tribunal Administrativo de La Guajira dejó en firme la elección de Pérez, con la reciente decisión el Consejo de Estado revocó la sentencia después de estudiar la demanda interpuesta por el abogado José Manuel Abuchaibe Escolar, el exalcalde Enrique Luis Fonseca Pitre y Diana Patricia Quintero Echávez.
El fallo está motivado en los hechos que ocurrieron durante las elecciones locales del 29 de octubre de 2023. Ese día, varias personas ingresaron de manera violenta a tres puestos de votación de la zona urbana y del corregimiento de Conejo, donde destruyeron y robaron el material electoral. Aunque la fuerza pública recuperó parte del material de 12 mesas y lo dejó a disposición de la comisión escrutadora, se generó la duda sobre la validez y transparencia de las votaciones.
Esta situación alteró por completo la jornada ya que, además, ante el temor por lo ocurrido otros puestos de votación fueron abandonados por los jurados y se perdió la cadena de custodia sobre las papeletas. Debido a que 41 mesas resultaron afectadas, la Comisión Escrutadora Departamental decidió no declarar la elección de alcalde y del Concejo Municipal. La gobernadora encargada fijó la fecha de nuevas elecciones, que se realizaron el 17 de diciembre del 2023 y de las cuales salió ganador Micher Pérez.
Este proceso electoral fue demandado por un grupo de personas que consideraron la existencia de irregularidades, pero el 6 de agosto de 2024 el Tribunal Administrativo de La Guajira negó la nulidad.
El caso llegó al Consejo de Estado, cuya reciente sentencia dio un giro completo a las decisiones tomadas desde las elecciones de 2023. Por un lado, revocó la decisión del Tribunal Administrativo de La Guajira que había dejado en firme la elección de Micher Pérez; en consecuencia, este perdió el cargo de alcalde y se deberá convocar una nueva jornada electoral.
Además, encontró problemas en la competencia de las instancias que tomaron decisiones desde el primer momento, como el caso de la Comisión Escrutadora Departamental de La Guajira, argumentando que esta: “actuó sin competencia para abstenerse de declarar la elección del alcalde de Fonseca, periodo 2024-2027, celebrada el 29 de octubre de 2023 y ordenar repetirla en su totalidad, en una fecha posterior”. Con este y otros argumentos, se da reversa e invalidan las acciones que se tomaron en 2023 para convocar a las primeras elecciones atípicas en las que Pérez fue ganador.
Una vez conocida la sentencia, el ahora exalcalde de Fonseca se pronunció a través de un comunicado en el que señala:
“He sido notificado del fallo del Honorable Consejo de Estado, mediante el cual se anula mi elección como alcalde del municipio de Fonseca. Como ciudadano respetuoso de la Constitución y la ley acepto esta decisión judicial, aunque no la comparta en su fondo. Respeto la justicia, sin renunciar a la verdad. Acepto el fallo porque creo en las instituciones y en el Estado de derecho, pero también con absoluta convicción que mi llegada a la Alcaldía fue el resultado de la voluntad popular expresada de manera libre y democrática en las urnas”.
Consonante tuvo la oportunidad de hablar con Micher Pérez en octubre del 2024, en un momento en el que eran fuertes los rumores sobre su salida del cargo. En la entrevista Pérez manifestó la incertidumbre sobre su futuro y las dificultades que atravesó desde el primer momento: “pienso que me han colocado muchas talanqueras y demandas, al principio tuve que defenderme de nueve tutelas que interpusieron, ahora tenemos cuatro demandas. Que hoy sale Micher, que mañana me tumban, pero yo no estoy preocupado por eso, mi preocupación es sacar a Fonseca adelante, lo demás yo se lo dejo a los entes de control, ellos decidirán quién tiene la razón”.
En entrevista con el abogado Roberto Carlos Daza Cuello, defensa de Micher Pérez, este afirma que el proceso tiene ambigüedades jurídicas y que, a su parecer, se está cometiendo una injusticia. “La nulidad de mi defendido no obedece a una inhabilidad personal ni a la comisión de irregularidades atribuibles al entonces mandatario, sino a presuntas fallas administrativas imputables a delegados de la organización electoral. En ese sentido, califico como contradictorio que el propio Estado convoque a elecciones y posteriormente invalide sus resultados por error que no son responsabilidad del candidato elegido”, afirma Daza.
Además, agrega que están evaluando interponer acciones de tutela contra la sentencia y activar todos los mecanismos legales para pedir aclaración o adición sobre este fallo.
Esta noticia comenzó a generar movimiento en los partidos políticos del municipio, especialmente en aquellos interesados en que prosperara el proceso de nulidad. Es el caso del movimiento político Podemos. En declaraciones a la emisora Cardenal Stereo, Hamilton Raúl García Peñaranda, exalcalde de Fonseca y líder de Podemos, afirmó que se encuentran realizando reuniones para analizar los efectos del fallo y definir el candidato que participará por su movimiento en las elecciones atípicas.
En Fonseca ya suenan algunos nombres de personas que estarían interesadas en ser candidatos. Por ahora solo se han hecho públicas las aspiraciones de Podemos, que postulará a Flor Elvira García Peñaranda, quien es hermana del jefe político de este movimiento.
Aunque no se ha hecho oficial, se mencionan como posibles candidatos a Lewis Moya Vega, quien pertenece al grupo político Avanzar, que fue determinante en la elección de Micher Perez. También se habla del médico fonsequero Oscar Romero Plata, del partido Conservador, que en anteriores oportunidades ha sido candidato a la Alcaldía y a la Asamblea Departamental.
Sin embargo, uno de los aspectos que más ha generado polémica, es la posibilidad de que Micher Pérez se presente nuevamente como candidato, aprovechando una ventana jurídica que queda abierta en este proceso. Como dice el exmagistrado Álvaro Alirio Montero, los efectos de la sentencia de nulidad tomada por el Consejo de Estado son hacia atrás, es decir, tienen efecto en el caso puntual de las elecciones de 2023: “si Micher se inscribe, nadie lo puede detener y si resulta elegido se posesiona”. Sin embargo, agrega que el Consejo de Estado puede pedir que se consideren efectos posteriores a su elección y en ese caso estaría inhabilitado. Pero esto de momento no es claro, por lo que si lo decidiera puede ser candidato.
José Manuel Abucheaba, uno de los abogados de la parte demandante considera que en este momento “se quiere formar una controversia sobre los efectos del fallo del Consejo de Estado”, especialmente frente a la posibilidad de que Micher Pérez se presente nuevamente como candidato en las elecciones que se deben programar: “ya la demanda está sobre el tapete y harán claridad de que era imposible que una persona que ejerció autoridad administrativa como alcalde en los 12 meses anteriores, manejó presupuesto, hizo todo lo que es un poder decisorio como alcalde, ofrezca garantías, transparencia e igualdad para competir con otro candidato”, afirma. “Ya Micher salió, él tiene que entender que no puede aspirar, se entendería inclusive que es una reelección de él. Insisto en que se está jugando con las normas legales”, agrega.
Frente a esta posibilidad, Roberto Daza, abogado de Micher Pérez, señaló: “En cuanto a si mi apoderado participaría en unas eventuales elecciones atípicas, no he sido consultado formalmente sobre esta opción y, hasta el momento, no se ha emitido recomendación alguna al respecto. En este momento nos encontramos analizando el alcance del fallo y los pronunciamientos que emita el Consejo Nacional Electoral antes de fijar una decisión definitiva”.
Consonante conversó con la registradora municipal Cecilia Linares sobre la responsabilidad de la Registraduría ante las futuras elecciones atípicas en Fonseca. Aunque afirmó que no está autorizada para dar declaraciones al respecto, ya que solo puede hacerlo la Registraduría departamental, sí aclaró que ante su despacho no ha llegado notificación alguna sobre el caso de nulidad de las elecciones en las que resultó elegido como alcalde el señor Micher Perez Fuentes.
Esta notificación es un paso fundamental para dar vía libre a las elecciones, pues después de que el Consejo de Estado notifique de manera formal sobre la nulidad a la Gobernación de La Guajira, se contará con un plazo de 60 días calendario para programar las nuevas elecciones, como lo demanda el Código Electoral.
Por ahora Fonseca se encuentra en un limbo, con Pérez fuera de la alcaldía y sin alcalde encargado. Eso sí, con muchos rumores sobre los posibles candidatos, pero sin claridades sobre el futuro de las elecciones.
Dora Ester García recuerda para que no se borre lo único que todavía existe. Madre. Trabajadora independiente. Lideresa. Pero, antes que todo, alguien que se niega a aceptar la desaparición como punto final. Dice —o podría decir— que la memoria es lo último que se pierde. Quizás porque es lo único que no han logrado llevarse.
Recordar es repetir un nombre.
Recordar es decirlo en voz alta.
Recordar es no permitir que se vuelva estadística.
Su hijo se llamaba Glauber Edirne Aguirre García. Pero casi nadie lo llamaba así. Para los amigos, para la familia, era Babe. Tenía 22 años: esa edad que todavía no sabe que puede terminar de golpe, sin explicación, sin despedida.
El 8 de marzo de 2007 salió de su casa en el barrio San Martín, en Leticia, Amazonas. Salió para verse con sus amigos. Salió como salen los jóvenes en una ciudad pequeña: sin miedo, sin planes largos, sin imaginar que esa noche iba a convertirse en un agujero.
Desde entonces, no volvió.
No hay un cuerpo.
No hay una escena clara.
No hay una respuesta.
Hay una madre que recuerda. Y en ese gesto —mínimo, obstinado— intenta que su hijo no desaparezca del todo.
“Era un artista empírico”, dice Dora Ester García, y al decirlo intenta traerlo de vuelta. Desde muy pequeño le gustaba dibujar. Pasaba horas mirando caricaturas: los Looney Tunes, el demonio de Tasmania —ese torbellino indomable— era su favorito. Dibujaba como vivía: dejando su firma en cada trazo, apropiándose de los muros, de las calles, de cualquier espacio libre. Pintaba cuando podía, en los ratos que no estaban ocupados por nada urgente.
No le gustaban los problemas, recuerda su madre. No se metía con nadie. Tal vez por eso tenía tantos amigos. Tal vez por eso todavía hay quienes lo nombran.
Pero todo eso quedó suspendido aquel día de marzo.
Desde entonces, en la casa empezó a instalarse otra cosa: la intriga, la incertidumbre, el miedo que no se va. No encontrar una señal, no saber qué había pasado con su hijo, fue abriendo un dolor lento, persistente, que no cicatriza. Un dolor hecho de silencios.
“Fue y ha sido muy duro”, dice Dora Ester. “Muy difícil no sentirlo, no escucharlo, no poder hablar con mi hijo”. Lo dice sin énfasis, como quien ya no necesita exagerar para que se entienda. “Nadie sabe lo que he tenido que vivir”.
Y en esa frase —nadie sabe— cabe todo lo que falta.
Las denuncias se pusieron desde el comienzo. Primero en la Policía. Después en la Fiscalía. No pasó nada. O, peor: no pasó nadie con una respuesta. Entonces Dora Ester García empezó a buscar sola.
Era otra época, recuerda. La violencia estaba marcada en el territorio. Tan marcada que buscar a un hijo significaba, muchas veces, recorrer la muerte. Iba con los otros hijos a mirar cuerpos. A reconocerlos. A descartar. No era él. Nunca era él.
Cualquier rumor se volvía una pista. Cualquier comentario, una dirección posible. No importaba la distancia ni el cansancio: ella iba. Hasta que el cuerpo empezó a ceder. Hasta que la fuerza se iba agotando. Porque la incertidumbre —dice— es el peor de los sufrimientos: no saber, no cerrar, no terminar.
Y, sin embargo, sigue. “Mi amor ha sido tan fuerte que mi lucha persiste”, dice.
Durante muchos años, Dora Ester García buscó sola. O, mejor dicho, acompañada apenas por la obstinación. Pero algo empezó a cambiar.
Desde 2024, su caso entró en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La UBPD. Un nombre largo para una tarea compleja: buscar a quienes no están. A través de esta entidad, en alianza con la Defensoría del Pueblo, se puso en marcha una estrategia que convirtió el dolor en gesto público. Pintaron un mural. Lo llamaron Las cuchas tienen razón. Un nombre provocador, casi una declaración. Cada región lo adaptó a su manera, como si la memoria también tuviera acento local, explica Angélica Corredor, profesional especializada de la Defensoría.
Ese proceso abrió otra puerta: el primer encuentro de mujeres buscadoras. Un espacio para verse, para escucharse, para reconocerse en el relato ajeno. Para entender que lo que parecía una tragedia privada era, en realidad, una historia compartida.
“No siempre es fácil hablar”, dice Dora Ester. “Esto da temor. Es un tema muy sensible, muy complicado”. Lo dice con cuidado, como quien todavía mide el riesgo.
“Pero reconocer que a otras madres les ha pasado lo mismo me da fuerza. Me siento acompañada. Ya no lucho sola. Podemos unirnos y seguir juntas en esta búsqueda por la verdad”.
La soledad, al menos por momentos, empieza a romperse.
Pese a todo, aún faltan garantías para que este proceso de encuentro pueda conformarse como una red de mujeres buscadoras del Amazonas. La falta de comunicación, las dificultades para el transporte y el poco acompañamiento para la estructuración de este proceso ha impedido que se dé inicio. Las mujeres no pierden la esperanza de que esto se vuelva una realidad, de hecho, lo ven como una necesidad.
“Yo quiero y estamos bregando para sacar el grupo adelante. Al enterarnos de que somos un conjunto las que vamos por el mismo camino, siento que esto se puede volver una cadena que permanezca unida y pueda seguirse tejiendo [...] que con esfuerzo y resistencia, podamos derrumbar estos obstáculos y se pueda conformar nuestro grupo”.
El conflicto armado en Colombia dejó heridas. Algunas sangran a la vista. Otras no. Sobre todo esas que ocurrieron donde casi nadie miraba. Territorios donde el dolor no hizo ruido, donde la violencia se volvió costumbre y el silencio, una forma de supervivencia.
El Amazonas es uno de esos lugares. Un departamento que rara vez aparece en los relatos canónicos del conflicto, como si la guerra hubiera pasado de largo por la selva. Como si el verde alcanzara para taparlo todo.
Pero la violencia también estuvo allí. Desde hace décadas. No siempre con grandes combates ni titulares ruidosos, más bien con hechos que erosionan despacio: el desplazamiento forzado, las amenazas, los homicidios, la desaparición forzada. Según la Unidad para las Víctimas, 4.445 personas han sido reconocidas como víctimas del conflicto armado en el Amazonas. Un número que parece pequeño en el mapa nacional, pero que en el territorio se multiplica en ausencias, en familias rotas, en búsquedas que no terminan.
La guerra, incluso cuando no se ve, deja marcas. Y algunas tardan años en nombrarse.
Aunque las cifras son menores a las registradas en otros lugares del país, no hay duda de que existen impactos y que miles de vidas han sido afectadas de formas muy diferentes por la guerra. Como lo señala el Centro de Memoria Histórica (CNMH), es necesario comprender las diferentes formas de daño que se han ocasionado, que van desde lo emocional y psicológico, hasta lo moral, lo político y lo sociocultural.
“Estos daños, suelen medirse por el número de muertos o la destrucción material que estas provocan, pero la perspectiva de las víctimas pone en evidencia los efectos incuantificables. Pues, estos daños han alterado profundamente los proyectos de vida de miles de personas y familias; han cercenado las posibilidades de futuro a una parte de la sociedad y han resquebrajado el desarrollo democrático”, señala el CNMH. Uno de los hechos que es poco evidente en este contexto de silenciamiento es la desaparición forzada. Según la Comisión de la Verdad, este es uno de los “hechos victimizantes con poca documentación”. Además, señala el CNMH, que la desaparición forzada ha sido un hecho poco documentado. Por ejemplo, antes de la década del 2000, la Desaparición Forzada de Personas o DFP no lo reconocía como delito, sino que registraba estos casos de diferentes maneras. Fue con la Ley 589 que se empezó a declarar este fenómeno como un delito.
La desaparición forzada implica privación de la libertad de una o varias personas. Según la Comisión de Búsqueda se hace “mediante cualquier forma (aprehensión, detención o secuestro), seguida de su ocultamiento, o de la negativa de reconocer dicha privación de libertad, privándola de los recursos y garantías legales”.
Hacer un diagnóstico de este hecho no es fácil. En medio del conflicto no es un hecho fácil de denunciar. En un trabajo detallado de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD),realizado en el año 2025, se revisaron 21 bases de datos con lo que se logró una actualización de los registros a nivel nacional. Resalta que hubo “un aumento significativo de solicitudes de búsqueda con 5.982 nuevos casos, donde la cifra pasó de 126.895 a 132.877 personas dadas por desaparecidas”.
En el Amazonas hay números. Pocos. O, mejor dicho, insuficientes. En el sistema de información aparecen registradas 105 solicitudes. Ciento cinco. Pero nadie cree que ese sea el número real.
“Somos conscientes de que hay un altísimo subregistro que no está documentado”, dice Liseth Escobar, profesional de Diálogo y Tejido Social de la Unidad de Búsqueda en el Amazonas. Lo dice sin rodeos, como quien sabe que el problema no es la falta de cifras sino todo lo que queda fuera de ellas.
El territorio explica el silencio. El Amazonas es inmenso, selvático, atravesado por ríos que son caminos lentos. El transporte es, casi siempre, fluvial. Llegar cuesta tiempo, dinero, fuerza. En muchas zonas no municipalizadas no hay oficinas, no hay funcionarios, no hay puertas donde tocar. No hay a quién pedirle acompañamiento ni orientación.
Entonces las historias no se registran. No porque no existan, sino porque no encuentran dónde decirse.
“Esto ocurre por razones estructurales”, explica Escobar. Y nombra la principal: la ausencia del Estado. Esa ausencia que no dispara, pero deja hacer. Que no aparece en las estadísticas, pero explica por qué tantas personas nunca presentan una solicitud. Por qué tantas búsquedas empiezan —y a veces terminan— en soledad.
Más allá de las cifras, la desaparición forzada no se deja medir. No cabe en tablas ni en informes. Su impacto vive en otra parte: en las preguntas que no se responden. ¿Dónde está? ¿Está vivo? ¿Por qué se lo llevaron? Preguntas que se repiten durante años, a veces durante toda una vida, sin encontrar eco.
En el Amazonas, cientos de familias siguen buscando respuestas. Y muchas veces son ellas mismas quienes inician la búsqueda, sin acompañamiento, sin protocolos, sin respaldo institucional. Buscan porque nadie más lo hace. Porque esperar también cansa.
En la mayoría de los casos, la búsqueda tiene rostro de mujer. Madres, hermanas, esposas, abuelas, hijas. Mujeres que sostienen la ausencia y, al mismo tiempo, la pelea contra el olvido.
La Unidad para las Víctimas lo dice así: ellas cuidan a quienes no están, defienden su buen nombre, dignifican su memoria, participan en movilizaciones y exigen justicia. No como heroínas abstractas, sino como mujeres empujadas a un lugar que no eligieron.
Buscan porque amar a alguien desaparecido es no resignarse nunca. Porque, incluso cuando todo falta, queda la memoria. Y con ella, la obstinación de seguir preguntando.
Las mujeres buscadoras en Colombia, además de llevar a cuestas el dolor de la desaparición de sus seres queridos, asumen un rol en el que se enfrentan a múltiples riesgos como desplazamientos, amenazas, secuestros, detenciones arbitrarias, exilio y en algunos casos, violencia sexual, lo que provoca afectaciones a su salud e integridad. Tomando en cuenta estos impactos, en el año 2024 se decreta la Ley 2364, la cual busca que “el Estado les brinde garantías y condiciones de seguridad a partir de la adopción de medidas que reconozcan su derecho a la búsqueda, así como a la sensibilización, visibilización, reparación, atención y protección; integrando enfoques de género étnicos e interseccionales para mejorar sus condiciones de vida”.
Esta Ley reconoce el papel fundamental de las mujeres en los procesos de búsqueda. Muchas veces deben hacerlo solas, pero van encontrando a otras mujeres con historias similares, con las cuales van sumando esfuerzos y construyendo procesos en un camino incierto y difícil.
El tejido social se va constituyendo en una de las herramientas más poderosas en el proceso de búsqueda y de esclarecimiento de la verdad. Según la Unidad para las Víctimas, https://www.unidadvictimas.gov.co/especiales/DiaMujeresBuscadoras2024/index.html “estos procesos que lideran las buscadoras son esenciales para que la sociedad y el Estado reconozcan este crimen, lo repudien y avancen en acciones concretas para la búsqueda y la reparación de las y los desaparecidos y sus familias”.
Alrededor de la desaparición se ha ido levantando un entramado de instituciones. Naciones Unidas. La Defensoría del Pueblo. La Fiscalía General de la Nación. La Jurisdicción Especial para la Paz. Y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, creada tras el Acuerdo de Paz de 2016. Nombres largos para una tarea que sigue siendo frágil.
La UBPD tiene un mandato particular: trabaja bajo confidencialidad y no busca culpables. Busca personas. Su objetivo es iniciar procesos de búsqueda que alivien, al menos en parte, el sufrimiento de quienes durante años lo han hecho solos, sin respaldo, sin respuestas, empujados apenas por el amor y la necesidad.
Cuando una búsqueda se activa, la meta es clara: devolverle a las familias el cuerpo de su ser querido para que puedan darle un destino final con dignidad. Cerrar, si es que cerrar existe. A veces ocurre algo distinto: la persona desaparecida sigue con vida y el proceso conduce a un reencuentro. Otras veces, no. Entonces lo único posible es un informe, una reconstrucción de lo que pudo haber ocurrido.
No es justicia. No es castigo. Es, en el mejor de los casos, una forma mínimAa de verdad. Una manera de decirle a las familias que no estuvieron solas todo el tiempo.
Como lo señala la investigadora Dabeiba Lugo, de la Unidad de Búsqueda para Personas Dadas por Desaparecidas, “sabemos que hay muchas circunstancias, muy dolorosas y difíciles, en las cuales fueron desaparecidos los cuerpos, que definitivamente no nos van a permitir recuperar o dar cuenta de los cuerpos que han sido desaparecidos”.
Los retos que enfrenta esta entidad para realizar estos procesos en el Amazonas son grandes. Así lo manifiesta Liseth Escobar de la UBPD del Amazonas: “al no tener una capacidad presupuestal para el Amazonas, esto impide que no se tenga un espacio físico, retrasando los procesos, pues aunque tratamos de hacer articulación con otras entidades esto también ha sido de mucho desgaste. Los contratistas muchas veces terminan sus contratos y se frena el proceso porque hay que esperar a que llegue la nueva persona”.
En medio de estas dificultades la UBPD requiere seguir actualizando las solicitudes de búsqueda, “pero ha sido complicado, pues al no llegar a las áreas no municipalizadas esto ha generado que no se puedan escuchar las voces de esos territorios, ni hacer un seguimiento a las solicitudes ingresadas desde el año pasado” comenta Escobar.
Este proceso de búsqueda se da en un escenario de recrudecimiento de la violencia. En el Amazonas se ha identificado presencia y fortalecimiento de grupos armados ilegales, como consecuencia de la minería ilegal, el narcotráfico y la poca presencia del Estado. Una investigación reciente de Amazon Underworld, identifica que en el Amazonas hay presencia de los Comandos de La Frontera y la disidencia del Estado Mayor Central. Además, hay incidencia de los grupos armados de la frontera de Perú y Brasil.
Una investigación del medio de comunicación Mongabay, registra la presencia de 17 grupos armados en la región esto, según se resalta, ha ocasionado que “el crimen organizado esté construyendo un estado propio en la Amazonía, generando en aumento de la violencia, los desplazamientos forzados, desapariciones y homicidios”.
En estas condiciones, buscar se vuelve una tarea desproporcionada. No alcanza con encontrar a quienes faltan ni con reconstruir lo que ocurrió. También hace falta nombrar una realidad que no terminó con la firma de ningún acuerdo, que no pertenece solo al pasado y que sigue ocurriendo, silenciosa, en medio de la selva.
Por eso Dora Ester García —y con ella las otras mujeres buscadoras del Amazonas— insiste. No hablan de milagros ni de finales felices. Hablan de sostenerse juntas. De convertir la soledad en un hilo común. De hacer que el peso de la búsqueda, compartido, duela un poco menos.
Tal vez eso sea, al final, lo único posible: seguir buscando. Para que nadie desaparezca del todo.
“Tenemos las ganas, pero no los medios”, dice Cleris Perea, mientras atiende su puesto de fritos en la Casa de La Mujer, entre las calles del barrio Escolar del municipio de Tadó, Chocó. En su tono lleva las penas del conflicto que hace algunos años la desarraigó de su tierra, pero también el ímpetu de quien decidió volver sin acompañamiento, verdad o reparación. Con agilidad limpia las mesas del local, ya casi es mediodía y debe alistarse para preparar los almuerzos por los que cobra $15.000 pesos —o a veces, lo que puedan darle—. “Las ventas no es que sean acá muy buenas, las ganancias no es que sean muchas, por eso venimos mirando qué otras actividades podemos hacer”.
Perea es incansable, trabaja todos los días para buscar el sustento de sus familia, pero también encuentra motivación en su comunidad, que la ha alentado para buscar iniciativas que le permitan rescatar sus tradiciones y cuidar el medioambiente. Por eso, desde hace unos años impulsó la creación de la Asociación Ambiental, Ecológica Gestora del Arte y la Cultura (Asaegac). En la actualidad 30 mujeres hacen parte de este proceso, y además de conseguir los objetivos que las motivaron en un inicio, también sueñan con realizar otro tipo de iniciativas para las que han recibido incentivos.
La Diócesis de Istmina-Tadó las ha capacitado en gastronomía y, de hecho, el pasado mes de noviembre les donó una nevera e implementos de cocina para fortalecer la elaboración de alimentos. También, hace varios años, recibieron apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), que las formó en elaboración de artesanías y piscicultura y les donó dos máquinas de coser para impulsar un taller de modistería.
Sin embargo, no han logrado avanzar en ninguna de estas iniciativas. Las ganas no faltan, pero sí carecen de muchas cosas para que los proyectos salgan adelante: “no tenemos local, ni insumos, ni cómo pagar el transporte de las compañeras que vienen de la zona rural”, lamenta Perea. El camino no ha sido nada fácil y saben que seguirá siendo retador, aun así no pierden la esperanza de algún día concretar sus emprendimientos y seguir aprendiendo sobre liderazgo y educación financiera.
“Estamos a la espera de que la Agencia Nacional de Tierras nos facilite un terreno para poder sembrar y criar gallinas”, señala Perea. Sus palabras están llenas de sueños, que es lo que la mantiene de pie para no desistir; lo que busca es crear espacios para el bienestar de las mujeres de la organización y para que muchas otras del municipio se vinculen. La meta es mejorar la calidad de vida a través de proyectos productivos.
Las mujeres de Asaegac comenzaron a realizar labores de limpieza en Tadó en el 2023. El deterioro de los puertos, ríos y lugares turísticos de la zona urbana y rural era evidente, al igual que los efectos en quienes iban a estos lugares. “Había muchos niños que frecuentaban esos sitios y salían con alergia en la piel —por la suciedad—. Eso fue lo que me motivó a ayudar a crear esta organización”, cuenta Perea.
Fue una iniciativa propia, sin esperar nada a cambio y sin apoyo de la Alcaldía. “Solo contamos con la solidaridad de algunos comerciantes que nos dieron agua, bolsas y guantes cuando limpiábamos los puertos. Nosotras mismas compramos palas y machetes con colectas de mil o dos mil pesos”, agrega la lideresa. Con el tiempo la entidad territorial contrató una empresa para la limpieza ambiental de estas zonas y Asaegac quedó fuera de estas labores.
Desde ese momento la organización ha enfocado sus esfuerzos en fortalecer las economías familiares de las mujeres de la asociación y en trabajar por la cultura del territorio. Karina Rentería, otra de las integrantes de Asaegac, explica que han trabajado en el rescate de tradiciones gastronómicas y culturales, enseñando a los jóvenes los bailes y cantos ancestrales que sus abuelos usaban en velorios y fiestas.
“Queremos que nuestros hijos crezcan con identidad, no con miedo”, dice Rentería.
La mayoría son madres cabeza de hogar víctimas del desplazamiento. Ellas llegaron al casco urbano de Tadó después del 16 de enero de 2002, cuando cientos de familias del corregimiento de El Tapón quedaron en medio de un combate entre el Ejército y la extinta guerrilla de las Farc. Con los años, algunas víctimas retornaron e intentaron reconstruir la comunidad, otras se quedaron. “Antes del conflicto, vivíamos tranquilos. No éramos ricos, pero teníamos paz”, dice Rentería. “Dormía uno con las puertas abiertas. Uno no le temía a nada, no habían problemas”, complementa Perea.
La Ley 1448 de 2011, o Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, prometió verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición para quienes sufrieron los embates de la guerra. También aseguró el derecho a la participación, asistencia, restitución de tierras y vivienda digna. Sin embargo, en Tadó estos derechos parecen quedarse en el papel, como se evidencia en la experiencia de las mujeres de Asaegac.
Jesús Anilo Mena Romaña, coordinador de la Mesa de Participación Efectiva de Víctimas municipal, aseguró que los proyectos productivos que ha diseñado el Estado no responden a las verdaderas necesidades de las comunidades. “Nos traen proyectos de seguridad alimentaria, pero nosotros necesitamos soberanía alimentaria, producir para vivir y comercializar. Pedimos asesores que nos ayuden a formular iniciativas, porque muchas víctimas no saben cómo presentar un proyecto”, explica.
Según cifras del Registro Único de Víctimas (RUV), a octubre de 2025, en el municipio de Tadó se registran 21.514 víctimas, de las cuales 11.276 son mujeres (52,4 por ciento). Cleris Perea, es una de las que espera la reparación: “algunas personas ya fueron reparadas, ya las indemnizaron; otras no hemos sido atendidas con la Unidad de Víctimas”, afirma.
Un reto mayor es que el conflicto armado no hace parte del pasado, como lo pone en evidencia Romaña, quien advierte que hay una nueva ola de violencia armada que afecta de manera especial la zona rural del municipio:
“Hay miedo y confinamiento. Las mujeres quieren trabajar, pero los grupos armados siguen presentes. Necesitamos apoyo para que puedan emprender sin arriesgar sus vidas”.
Desde finales de 2021, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) libran una guerra por el control territorial de la subregión del San Juan, en el norte del departamento de Chocó. Esa disputa ha afectado municipios como Sipí, Nóvita, Litoral del San Juan, Istmina y Tadó. “Ahora vivimos con miedo, confinadas y sin garantías económicas”, lamenta Rentería.
Las cifras exponen esta crisis: el RUV muestra un incremento alarmante en el número de víctimas del municipio desde 2023. Para ese año, la Unidad para las Víctimas registró 564 víctimas y para 2024 la cifra aumentó a 2.933. En 2025 la tendencia al alza siguió, con el registro de 3.193 víctimas en Tadó. El 99 por ciento de las víctimas incluidas en este listado fue por desplazamiento forzado.
Desde la Oficina de Enlace de Víctimas de la Alcaldía, Valentina Copete reconoció que los procesos de retorno y acompañamiento son lentos. “Sin un concepto de seguridad favorable no podemos avanzar. Los retornos se han hecho, pero no todos cuentan con garantías”, explica.
El personero Municipal, Guillermo Andrés Panesso Córdoba, agregó que los recursos son limitados. “Es difícil sostener proyectos productivos individuales en un municipio de sexta categoría. La prioridad ha sido atender emergencias y comunidades desplazadas, pero eso retrasa otros apoyos”, señala.
Consonante le consultó a la Unidad para las Víctimas cómo avanza la reparación de El Tabor y Mumbú, dos de las comunidades más afectadas por el conflicto armado en el municipio, sin embargo, la entidad no se refirió a este tema en la respuesta que entregó a un derecho de petición. Tampoco dio información sobre el número de mujeres indemnizadas y aquellas que están a la espera de recibir esta reparación.
La violencia institucional hacia las mujeres —expresada en la falta de acompañamiento, el machismo y las trabas burocráticas— sigue siendo una herida abierta. Aunque leyes como la Ley 581 de 2000 (de Cuotas) y la Ley 1009 de 2006 promueven la participación femenina, en territorios como Tadó estas normas aún no se traducen en oportunidades reales.
En una respuesta escrita a este medio, la actual administración municipal resaltó que ha desarrollado cerca de ocho charlas, capacitaciones y socializaciones sobre “género y empoderamiento a mujeres” en el municipio. Entre ellas, con las mujeres de la vereda Santa Bárbara, para el acompañamiento a piscicultoras; y en el corregimiento de El Tapón, para socializar el rol de Casa de la Mujer. También han organizado otros espacios para la prevención de las violencias basadas en género y la socialización de la Política Pública de Mujer y Género de Tadó, en la cual se plantea el reconocimiento, la garantía y el restablecimiento de los derechos de las mujeres del municipio.
Las integrantes de Asaegac insisten en que la solución no pasa solo por la entrega de recursos, sino por el acompañamiento y la formación efectiva. “No se puede sacar normas para grupos de personas sin que las entiendan o sin quien les ayude a ejecutarlas”, concluye Cleris Perea.
Consonante le solicitó a la Alcaldía información sobre los proyectos para fortalecer las economías de las mujeres en el municipio y su seguridad alimentaria, así como el rubro de inversión para estas acciones pero, a pesar de accionar una tutela por esta información, la Alcaldía respondió que se encontraba consolidando datos que requerían “verificación interna”. Aunque se comprometió a enviar una respuesta pronto, esta no se ha recibido a la fecha de publicación.
Han sido muchos los años de espera para las mujeres de Asaegac y, sin embargo, las respuestas llegan a cuenta gotas. La valentía y persistencia de estas treinta mujeres, sigue siendo lo que moviliza al colectivo para pensar en proyectos, buscar los apoyos y soñar con que es posible pensar en una realidad con mayor bienestar para ellas y sus familias. Esto es su presente, mientras el Estado, algún día, cumple sus promesas.
