Quería una muñeca
que fuera como yo:
con ojos de chocolate
y la piel como un carbón.
Y cuando le dije a mi taita
lo que estaba pidiendo yo
me dijo que muñeca negra
del cielo no manda Dios.
Una niña juega con las panchas de los plátanos porque no tiene muñecas. Mary Grueso Romero la describe como una “hija muy linda, de piel negra, tan brillante, que el sol salía para verla y la luna para saludarla”. Un día, la niña le pide a su madre una muñeca de verdad, con una condición: que sea negra. La madre, desesperada porque nunca había visto una muñeca de ese color, buscó trapos cafés en un baúl para coser una muñeca ella misma. La historia, escrita por Grueso, se titula La Muñeca Negra. La autora, al igual que la madre de su cuento, confecciona muñecas negras para que las niñas puedan verse realmente representadas. Su literatura es justamente eso: una celebración de la negritud y un retrato hecho con profunda belleza de las tradiciones del litoral Pacífico.
En su obra, compuesta por una docena de libros ilustrados y poemarios, la poeta, escritora y narradora oral nacida en Guapi, Cauca, reivindica la memoria y cultura de las comunidades afrodescendientes a través de los relatos inspirados en los recuerdos de su infancia, las canciones y las décimas que recitaba su madre, Eustaquia Romero; las historias que heredó de su abuelo, Martín Romero, así como de sus tíos y su padre, Wilfredo Grueso, y los arrullos y alabaos tradicionales que acompañan a los muertos.
Sus primeros cuentos nacieron luego de cuestionar la falta de personajes negros en los libros infantiles, al igual que en las jugueterías. Grueso era maestra en una escuela de Buenaventura y, cansada de esa segregación racial, empezó a escribir sus propios cuentos. Sus creaciones tuvieron tanto éxito que la Secretaría de Educación del Valle del Cauca le entregó el premio a la Mejor Maestra y la Universidad Santiago de Cali le otorgó el premio a la Mujer del Año en 2007. Desde entonces, Grueso se ha convertido en un referente de la literatura afrocolombiana contemporánea, con cuentos como La niña en el espejo, El gran susto de Petronila, La cucarachita mendiga y Agüela, se fue la nuna. También ha sido reconocida nacional e internacionalmente y ha despertado los elogios de autores como el Nobel de literatura Derek Walcott o la escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie.
A comienzos de diciembre, Grueso fue anunciada, junto con la profesora Bárbara Muelas del pueblo misak, como nueva integrante de la Academia Colombiana de la Lengua. Ambas son las primeras académicas de pueblos étnicos en hacer parte de esta institución fundada en 1871, destacó el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes. Aunque no tendrán voz ni voto en las discusiones, sino que cumplirán la función de asesorar e informar sobre las variantes dialectales, esta inclusión tardía es histórica para el reconocimiento de la tradición oral del país, considera Grueso.
En Consonante conversamos con la escritora sobre la tradición oral y la literatura en el Pacífico, y sobre cómo abrazar la memoria y la identidad afro a través de narraciones dignas, lejos de la folclorización y el exotismo.
Mary Grueso: Para mí fue una sorpresa. No pensé en ningún momento que una mujer como yo podía acceder a un espacio tan cerrado para las comunidades étnicas como la Academia Colombiana de la Lengua. Luego sentí mucha felicidad de poder hacer parte y de ayudar a derribar esas barreras. Yo creo que es un logro no solamente para mí sino para mi comunidad negra, porque estamos abriendo caminos y rompiendo paradigmas. Es un logro de muchos: de los que han trabajado tiempo atrás y de los que están trabajando ahora para que nos vean.
MC: Bueno, hay que llegar primero y ver cómo se mueve el asunto dentro de la academia. Luego sí vamos a ver cómo podemos aportar, cuáles son los elementos que trataremos de introducir utilizando argumentos convincentes para que los otros puedan escuchar, analizar y concluir si tenemos las bases para incluir nuestras variantes en el diccionario. Hay muchas palabras que no están, lo nuestro casi no aparece.
Nosotros tenemos una forma de expresión diferente y hay términos que no se conocen, pero que utilizamos nosotros. Por ejemplo, la tradiciones de los chigualos en el sur y los gualíes en norte del Pacífico y las connotaciones que tienen para las comunidades negras. Muchos no saben lo que significa, entonces habrá que argumentar y mostrar la importancia histórica que han tenido y siguen teniendo, porque no hemos dejado que se mueran.
Son tradiciones muy importantes que consisten en cantos, danzas y juegos realizados por las comunidades negras a los niños cuando mueren antes de los siete años. Es poesía que se vuelve canción y que nos permite expresar nuestros sentimientos, así como con los alabaos.
MC: Tenemos muchas particularidades. Nosotros acá en el Pacífico incluimos nuevos acentos, convertimos algunas palabras graves en agudas porque omitimos la D, la S o la R al final. Yo no digo “navidad”, sino que digo “navidá”, “ay, ya llegó la Navidá y yo no tengo nada listo”. Yo no digo “voy a ir a bailar” con R, sino “voy a ir a bailá”. También tenemos una cantidad de modismos. Hay palabras con significados diferentes que uno usa en el diario vivir. Uno dice “chapenve” para decir “mirá vé”.
MC: Bueno, eso fue cuando trabajaba en el salón de clases. Una empieza a cuestionarse, nosotros somos expertos en la oralidad pero no aparecíamos en ningún cuento escrito ¿Por qué nos borraban? porque no éramos los que escribíamos, ahora escribimos y reparamos esa falta.
Desde el aula comencé incluyendo a mis alumnos como protagonistas de las historias que escribía y así empecé en la literatura infantil. Los niños eran felices de la vida y se convertían en los mejores estudiantes porque sabían que el que sacaba las mejores notas sería el protagonista de mi cuento. Ese año me dieron el premio a la Mejor Maestra, porque nadie sacaba menos nota de lo que tenía que sacar.
Ahora las niñas y los niños se sienten identificados con los cuentos que leen porque se autoreconocen en ellos. Los que no son negros también los leen, conocen nuestra historia, nuestra cultura y encuentran términos que no son usuales. Para mí ha sido un paso bastante importante en mi vida y que ha trascendido las vidas de otras mujeres y niñas, hombres y niños del Pacífico.
MC: Quienes han leído a escritores negros pueden darse cuenta que, aunque no descuidamos nuestro folclor ni nuestras tradiciones, también hablamos de tantas otras cosas: política, poesía, problemas sociales, amor, erotismo, en fin. Yo escribo también literatura erótica, pero la gente cree que solamente hablo del Pacífico. Voy a decirle a este pequeño poema erótico que escribí:
Volví a estar en ti como en los viejos tiempos
cuando tu piel olía a marisco y sabía a sol y a sal
cuando yo enamorada me bebía tu sabia
y el mástil del velero naufraga en el mar.
Si usted lo analiza no encontrará vulgaridad ni folclorismo. Es un poema que puede ingresar al núcleo de la poesía universal, pero tienen que leerme. La escritura de las mujeres negras del Pacífico también es universal.
La escritura de las mujeres negras del Pacífico también es universal.
MC: Para mí es una relación de vida. Si usted lee cualquiera de mis libros, en todos ellos voy a incluir poemas con variantes dialectales y algunas palabras que no son las del común. En los primeros libros yo ponía pie de páginas para que el lector supiera qué significaba cada cosa, pero un profesor de la Universidad del Quindío me dijo “no, no explique nada y que la gente investigue”. Y así lo hice, porque eso permite que el lector averigüe por sus propios medios las diferentes acepciones de una palabra y la puede usar también en diferentes contextos. Y sobre la música, ésta acompaña la vida en el Pacífico y aquí cualquier cosa la volvemos música, entonces está inherente en nuestra narrativa la marimba, el currulao, el bombo, el guasá.
MC: Bueno, es que necesitamos que las editoriales nos publiquen y que la gente nos lea. Las editoriales tienen forma de publicitar nuestra escritura, pero hemos encontrado una gran barrera: las editoriales no nos publican. Una vez tuve una reunión en Bogotá con varias editoriales y cuando les hablé de que a los negros nos toca costear todo o prestar en los bancos para publicar algo, porque las editoriales no nos gastan tiempo ni recursos en nosotros, me dijeron que era porque a los negros no nos gustaba leer, entonces quién nos iba a comprar. Si los negros no nos compraban entonces los otros tampoco. Lo veían como una inversión que se iba a perder. Este año la editorial Panamericana me publicó un libro de literatura infantil que se llama Agüela, se fue la nuna. Estuvo muy bien y le han gastado dedicación a ese libro, que ahora fue incluido en la selección de los mejores libros de literatura infantil de la Biblioteca Pública de Nueva York.
Esto lo cuento porque nos ha tocado muy duro para que ustedes puedan llegar a esos textos, pero yo creo que he plantado una semillita para abonar el camino de otros.
MC: Es muy complicado. Bueno, hay que empezar desde el desde el aula de clases, incentivando a los estudiantes para que lean, para que escriban, para que sean creativos, para que se empoderen y tengan fe en lo que hacen. A partir de ahí, ellos pueden buscar los medios para abrirse caminos, crear sus propias editoriales, buscar padrinos.
Cuando empecé a escribir encontré una brecha grande, pero creo que voy dejando junto a otros un camino que yo digo que es una carretera más despejada. Sin tanto tropiezo y sin tanto hueco para las nuevas generaciones, que podrán construir una autopista con varios carriles donde la gente negra pueda transitar sin ninguna dificultad.
Alguna vez se ha preguntado ¿cómo se vive diciembre en otras regiones de Colombia?, ¿qué tradiciones permanecen entre las generaciones? y ¿a qué suenan las fiestas de fin de año en esos lugares del país?
Las familias campesinas de El Carmen de Atrato celebran la época decembrina en medio de cocinadas comunitarias entre amigos y vecinos. En el centro de estos encuentros casi siempre hay una enorme paila sobre un fogón de leña y, como ingrediente principal, el maíz. Esta es la base de preparaciones que no pueden faltar en las mesas de las comunidades, como los buñuelos y la natilla de maíz trillado.
Otra de las tradiciones más entrañables es la visita de los aguinalderos de la vereda La Linda, quienes encienden la fiesta en el municipio a través de sus cantos. Cada diciembre, un grupo de músicos conocidos como los aguinalderos tocan las puertas de las casas para llevar la música popular de la región a las familias. Cantan carrangas y parrandas alrededor del pesebre para celebrar la llegada del Niño Dios.
En esta entrega del Especial de Navidad de Consonante acompañamos a los aguinalderos en un recorrido musical por varias veredas, que podrás escuchar a través de este pódcast y, además, compartimos la receta de los buñuelos y la natilla de maíz que son protagonistas de la gastronomía chocoana.
Este año y por primera vez en su vida, Tonfy Andoque, un cantador tradicional de Leticia, fue a una escuela de artes. Junto a 15 artistas locales, Andoque recorrió la selva, atravesó ríos y visitó malocas para aprender de los sabedores y las sabedoras del trapecio amazónico, especialmente de Leticia, Puerto Nariño, Canaán, Nuevo Jardín y San Francisco. Para Andoque, de 38 años, este proceso de formación significó ser “uno” con el territorio, con los compañeros, con el arte, con los mayores y con la cultura.
La Escuela Itinerante de Artes Plásticas y Visuales hace parte de un proyecto del Ministerio de las Culturas las Artes y los Saberes que se desarrolla en siete municipios PDET del Cauca, el Chocó, Putumayo, Amazonas, Atlántico y Buenaventura. A través de esta iniciativa se crean espacios estratégicos de formación no estructurada, situada, de construcción colectiva y descentralizada.
El primer municipio que conformó su escuela fue Leticia. Para su creación participaron diez artistas, dos gestores culturales y dos metodólogas del Ministerio de las Culturas, quienes se encargaron de consolidar el plan de estudio, al que llamaron “la receta”, porque, para ellos, aprender artes es un mezcla de diálogos de la cual resulta una obra con sabor amazónico. De esta forma, entre el diálogo y la escucha, surgió la idea de transformar las malocas en universidades, puesto que no se puede enseñar en el Amazonas sin los abuelos ni las abuelas y tampoco sin los sabedores del territorio.
Para Cristina Ramírez, metodóloga y productora territorial de la escuela, aprender del trapecio amazónico en las comunidades es fundamental porque “el territorio debe verse como escuela, hay que caminarlo, sentirlo y leerlo de diversas formas artísticas”.
"El territorio debe verse como escuela, hay que caminarlo, sentirlo y leerlo de diversas formas artísticas".
Cristina Ramírez
Antes de conformar la escuela se abrió una convocatoria para seleccionar a los 15 artistas locales. El 18 de octubre comenzaron los recorridos por el territorio desde el río para convivir, observar, trabajar, pero sobre todo escuchar.
La travesía comenzó en la comunidad de Mocagua con el sabedor Abel Santos, lingüista y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, quien explicó a los participantes la importancia del Näe, la energía, un espíritu de cada partícula que habita en la Tierra. Es decir que todo lo que existe entre los tres mundos, el mundo de arriba, de la mitad y el de abajo, tiene un Näe.
Luego llegaron a Canaán, municipio ubicado a una hora en bote de Leticia. Allí los recibió el sabedor Jovino Mozambite, quien les propuso un ejercicio especial: ir a la orilla del río Amazonas para recoger pedazos o restos de madera, semillas y rocas para realizar un trabajo de transformación y aprovechamiento de materias cargadas de historias.
También visitaron Nuevo Jardín, una comunidad de la ribera a media hora de Canaán, donde la madera fue la protagonista. Los sabedores Víctor Vento y James Marín enseñaron técnicas para tallar, extraer, cortar, cargar y trabajar con balso. Mientras cortaban con hacha un árbol, recordaron que al estar en la selva, río o chagra, se debe llegar con respeto y pedir permiso. Esto, entendiendo que la naturaleza parte de su vida, de sus ancestros, del legado cultural y de su relación con el entorno.
El recorrido continuó por San Francisco, a diez minutos en bote de Puerto Nariño, donde los participantes sintieron no solo alegría, sino también tristeza y miedo, debido a las historias de violencia por el conflicto armado del que hablaron los habitantes. Durante la visita, los artistas trabajaron con la yanchama, una fibra natural sacada del árbol ojé con la cual se cubrían los dioses, se vistieron los primeros hombres y se visten actualmente los ticuna en las ceremonias, razón por la cual tiene mucho significado dentro de su cosmovisión y espiritualidad.
Para cerrar el viaje por el río, llegaron a Puerto Nariño, donde las mujeres sabedoras contaron sus historias sobre el origen de los dioses y su relación con la naturaleza. También compartieron sus conocimientos sobre tejer con chambira, que para ellas es una forma de cuidar, enredar y conectar el pensamiento, con el sentir en la tierra. Este trabajo fue clave para comprender que cada material se va transformando en relato vivo de una cultura.
De acuerdo con Lluvia Pórtela, diseñadora en gestión de la moda y habitante de Leticia, la escuela itinerante ha sido ese lugar para reconocer otros artistas, aprender de ellos, pero sobre todo para verse “como iguales pues compartimos esa conexión con la Madre Tierra”.
Por otro lado, este espacio también ha permitido generar grandes lazos de amistad, destaca Joma Ramirez, artista de Leticia. Para él, el gremio de artistas del trapecio amazónico no se había podido integrar debido a la falta de comunicación, largas distancias, poca interacción y colaboración entre artistas. Por eso, la escuela se ha vuelto una “manta que abraza”, ya que “al sentirme rodeado de personas que tienen arte, he podido sentirme acompañado”, cuenta Ramírez en medio de una sonrisa.
También se ha convertido en un “canal de artistas de la zona”, considera David Bolívar, artista plástico de Macedonia, pues los recorridos les han permitido “identificar y descubrir otras culturas que habitan en el territorio, como los andoque, kokama y murui”, agrega Nilsa Matapi, directora del grupo de danza tradicional de adultos mayores de Leticia.
De esta manera se generan redes de conocimiento donde los artistas locales tienen la “oportunidad de fortalecer lo que sabemos y seguir aprendiendo”, resalta Laura Estrella, docente de primaria y participante de la escuela.
Se trata, entonces, de una integración de saberes pero también de “almas sintientes, pensantes, creadoras, tejiendo una conciencia para crear revolución”, dice Lluvia Pórtela con emoción, pues al momento de crear en conjunto se pueden construir esculturas, murales, tallados y tejidos que entrelazan un solo sentir.
Milena Vento, artesana y participante, destaca cómo la experiencia en la escuela la conectó con la ancestralidad de sus abuelos. A través de la escucha, el compartir y observar a los sabedores, Milena reconoció la sabiduría que ellos transmiten al trabajar con materiales como semillas, madera, hojas, cortezas y hongos, utilizándolos para crear sus obras. Por eso estos procesos “se convierten en memoria viva” pues no mueren, “se comparten con las palabras desde la escuela”, concluye Milena.
Los sabedores y sabedoras del trapecio amazónico son personas que, de acuerdo con James Marín, sabedor y artista tradicional de Nuevo Jardín, “han vivido muchas experiencias” que han derivado en conocimientos muy específicos sobre la selva, la pesca, la caza, el uso de la chambira y el balso. Estos saberes deben “resaltar para ser compartidos”, pero pueden venir de personas de cualquier edad, pues “se puede llegar a ser un sabedor con los dones o con el aprendizaje que he hecho con mi vida cotidiana a temprana edad”, agrega Marín.
“Los sabedores quieren compartir la palabra para comprender que la naturaleza habla, que somos la voz de la naturaleza”, explica Tonfy Andoque. De allí radica la importancia de este proceso, pues al llegar a los territorios de los sabedores, la “escuela se convierte en una parte viva, en ese encuentro de sentires y energías”, dice Ana Meudy Lara, docente y mediadora pedagógica de la escuela , pues en conjunto, se espera que este proceso continúe. Sin embargo, se debe esperar “evaluar y decir que las escuelas itinerantes de artes plásticas y visuales continuarán”, finaliza Cristina Ramírez, metodóloga y productora territorial de la escuela.
Desde que el río Amazonas enfermó, los abuelos del pueblo ticuna perdieron el poder de leerlo. Leer al río era señalar con el dedo el calendario ecológico y decir, sin margen de error, cuándo iba a inundarse y cuándo iba a recogerse. Cuándo y dónde sembrar, recoger, pescar y cultivar sus chagras. Matilde Fernández impresionaba a su comunidad de San Pedro de los Lagos con su sabiduría, como si el río obedeciera a su palabra. Pero ya nadie, dice Gentil Gómez, curaca de la comunidad Santa Clara en Tarapoto, se atreve a decir con exactitud qué ocurrirá hoy ni mañana.
En septiembre de este año, el Amazonas se secó como nunca en 40 años. En solo cinco meses, la lámina de agua del río pasó de tener 44,711 a 8,428 metros cúbicos por segundo, lo que representó una reducción del 82 por ciento de su caudal, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). El río Loretoyacu, uno de sus brazos, perdió su conexión con el lago Tarapoto, los pueblos indígenas se vieron en problemas por la falta de agua, las canoas y los botes se encallaron, los peces no pudieron migrar, y al menos ocho delfines rosados murieron porque se quedaron atrapados en las redes o porque fueron golpeados por alguna embarcación, según la Fundación Omacha. El río más caudaloso del mundo se quedó pequeño para toda la vida que habita dentro y fuera de él.
Aunque la sequía hace parte de la naturaleza de los ríos, lo de septiembre fue histórico. Una advertencia: cada vez, las temporadas de inundaciones y sequías serán más drásticas. Esto debido a las alteraciones que sufre el bioma, que es la Amazonía, por actividades como la minería de oro y la tala indiscriminada, así como la agricultura y la ganadería. También por los incendios forestales, muchos de ellos provocados, y por los cultivos ilícitos de coca y el narcotráfico. Todo enferma a la selva y altera el comportamiento del río de los mil ríos.
De hecho, cuatro de los países que hacen parte de la cuenca del Amazonas –Brasil, Bolivia, Perú y Colombia– están en el top diez de los que más bosques tropicales primarios perdieron en el mundo durante 2022, según el reporte anual de Global Forest Watch y la Universidad de Maryland. Colombia está en el quinto lugar, con 128.455 hectáreas pérdidas, lo que equivale aproximadamente a 1.400 estadios de fútbol. En las próximas dos décadas podría perder un aproximado de 2.1 millones de hectáreas de bosque si no se implementa una política de control de la deforestación, advierte una investigación del Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, SINCHI.
“Pensábamos en la Amazonía como regulador del clima y creíamos que tenía una capacidad para aguantar cambios a lo largo del tiempo. Esto lo que nos está demostrando es que su resiliencia no es tan grande y que las afectaciones pueden realmente desembocar en eventos de una magnitud grande. Lo que nos estamos jugando es la sostenibilidad de este ecosistema que comienza a verse muy frágil”, dice Clara Peña, coordinadora del Instituto Colombiano de Investigaciones Científicas, SINCHI, en Leticia.
Lo que ocurre en el río Amazonas nos recuerda que todo está interconectado. Un río no es un cuerpo de agua individual que fluye solo. Las mismas comunidades indígenas que habitan la cuenca nos han enseñado que es una especie de vía láctea o de sistema circulatorio con arterias y vasos que nos conectan. Si alguien tala un árbol gigante amazónico, mueren también los mil litros diarios de agua que recargan una nube que, a su vez, dejaría de precipitar en la región andina de Sudamérica, explica Angélica Torres Bejarano, licenciada en biología, doctora de la Universidad Nacional, experta en ecosistemas acuáticos e investigadora de las conexiones entre los arroyos amazónicos y los bosques de ribera.
“El Amazonas no solo está conectado con otros ecosistemas, con lagos, arroyos y ríos a donde lleva sus nutrientes, sino con todo el bosque. Si le quitas el bosque inundable, entonces dejas sin alimento a todas las especies y a los organismos del agua. El río también conecta a las comunidades, es su autopista para intercambiar productos y para transportarte. Conecta todo con todo. Si cortas una cosa alteras otra”, dice Torres Bejarano.
El Amazonas es un ser con múltiples estados de ánimo y, como todos los ríos, decide su propio camino. Serpentea por el territorio y va esculpiendo la geografía y el paisaje. La ruta que ha tomado en estas últimas cinco décadas, sin embargo, muestra una tendencia que preocupa a las comunidades de la ribera: el río se está alejando de la orilla de Colombia y está ganando profundidad en la orilla de Perú.
Antes, para navegar por el río Amazonas desde Leticia, solo había que tomar un bote en el malecón del municipio. Ahora, primero hay que caminar alrededor de 15 minutos para atravesar la Isla de la Fantasía, formada por los sedimentos del río hace más de 40 años. Luego de cruzar la isla, está el puerto desde donde salen las embarcaciones y desde donde se avistan los lomos de los delfines rosados y grises que salen tímidamente a tomar aire en la superficie.
“Los ríos son elementos vivos de la geografía, es decir que no son estáticos sino móviles. El río sedimenta cuando el flujo de agua va más lento, así que arrastra todo material que trae la Cordillera de los Andes y forma barras de arena, la vegetación las coloniza y se crea una isla de cauce. Como en los brazos colombianos el río va más lento, en los últimos 25 años se han formado siete islas. Esto hace que el flujo de agua que pase por los brazos colombianos sea menor mientras que en los brazos peruanos va más rápido, erosionando la ribera”, explica Santiago Duque, director del Laboratorio de Manejo y Gestión de Humedales de la Universidad Nacional sede Amazonía, quien lleva más de 30 años investigando la salud ambiental de los ecosistemas acuáticos.
Estas dos dinámicas, la sedimentación y la erosión aceleradas, están empujando al río Amazonas a moverse hacia los brazos peruanos, especialmente detrás de las islas Rondiña o Chinería y Santa Rosa, en Perú. Esa tendencia ha sido documentada desde los años 90 por estudios del Laboratorio de Hidráulica de la UNAL, que muestran cómo ha cambiado la trayectoria del río. En ese entonces, alrededor del 30 por ciento del caudal fluía por los brazos colombianos, pero actualmente solo el 13 por ciento permanece en esa zona. Si esta tendencia continúa, Leticia podría perder su acceso al río Amazonas hacia 2030, alerta Duque.
“Ya nosotros no vamos a poder llegar al río Amazonas sin pasar por Perú, nos va a tocar pedir permiso a las comunidades para tomar el bote y navegar hasta otro lugar. Por eso hay propuestas para construir otros muelles, pero es solo una conversación que se ha dado”, cuenta Angélica Torres Bejarano, experta en ecosistemas acuáticos.
Ese rumbo que está tomando el río reaviva una vieja disputa entre Colombia y Perú por la Isla Santa Rosa, ubicada justo en la frontera entre ambos países. A pesar de que la isla está rodeada de banderas y funcionarios peruanos, lo cierto es que no existe un acuerdo formal sobre su soberanía. Esto se debe a que, cuando se estableció el ‘Tratado de límites y navegación fluvial entre Colombia y Perú’ o ‘Tratado Lozano-Salomón’, en 1922, esta isla no existía.
Si el río se sigue enfermando, se sigue corriendo. Y un río enfermo es, para el pueblo ticuna que habita en la cuenca, un castigo de los dueños espirituales por el daño que le han hecho a esa enorme serpiente que nace humilde en los Andes peruanos, se extiende por 6,9 millones de kilómetros cuadrados y muere explosivo en el Océano Atlántico.
Darwin Reinel Quintero tiene 12 años y cursa cuarto de primaria en el Centro Educativo Las Brisas, sede El Recreo, en las Sabanas del Yarí. Cada día, Darwin y su primo Rainiero salen de su casa a las 6:20 de la madrugada para ir a estudiar. Si cuentan con suerte, algún vecino los lleva en su moto, pero la mayoría de veces no encuentran ningún transporte a esa hora, así que caminan por una hora en medio de la selva. Atraviesan potreros, trochas y humedales.
El recorrido lo conocen de memoria. Primero caminan entre matorrales hasta adentrarse en un pequeño bosque. Ahí cruzan por un caño sin puente, porque la creciente se lo llevó hace seis años y nunca nadie lo reparó. Solo hay un tronco por el que ambos caminan con cuidado de no caerse. Al final, por fin, la carretera central. Algunas veces, los vecinos los acercan hasta su destino, pero otras deben seguir caminando hasta el colegio, donde llegan casi siempre con los zapatos sucios de barro y mojados.
Ese tipo de travesías son una de las dificultades que enfrentan los estudiantes del Yarí, zona rural de San Vicente del Caguán. De los 53 mil alumnos matriculados en 2022 en el Caquetá, el 53 por ciento están en la zona rural. Sin embargo, ninguno de los 37 colegios que hay cuenta con servicios de agua potable, luz eléctrica ni buena conectividad. De hecho, el 87 por ciento de las instituciones educativas del departamento no tienen internet, según datos de la Fundación Empresarios por la Educación de 2022.
Tampoco hay una planta de docentes suficiente para atender la demanda estudiantil. A nivel departamental, hay 17 alumnos por cada docente orientador, pero en la ruralidad hay más dificultades para que estos perduren. A comienzos de este año, el Centro Educativo Las Brisas, sede El Recreo, contaba únicamente con tres profesores para enseñar de preescolar a noveno. Un mes después del inicio de clases, uno de ellos decidió irse del territorio. Luego desistieron los demás y, en total, han renunciado y reingresado cuatro profesores distintos. Actualmente solo quedan dos para 55 estudiantes. Uno enseña de preescolar a quinto y el otro de sexto a noveno.
Para intentar frenar la deserción docente, los rectores “generamos espacios desde lo emocional, porque estar aquí implica meterle el corazón para conservarlos en el territorio”, dice Edwin Guzmán, rector del Centro Educativo Las Brisas. Los profesores, además, reciben constantemente capacitaciones gracias a la alianza con la organización Fe y Alegría Colombia, destaca Guzmán.
Cuando los estudiantes terminan el grado noveno, deben salir del colegio y de su territorio, porque ninguna escuela rural cuenta con décimo y undécimo debido a la falta de infraestructura y de docentes. Por eso, los jóvenes se ven obligados a abandonar las Sabanas del Yarí para trasladarse a las zonas urbanas. Sin embargo, muy pocos logran terminar su bachillerato, ya sea porque sus padres no cuentan con los recursos económicos o porque les cuesta distanciarse de sus familias. En todo el Caquetá, un 72 por ciento de la población en la edad de estudio no cuenta con acceso a la educación media, según el Observatorio a la Gestión Educativa ExE.
Ese es el caso de Maria Cecilia Ayala Valencia, de 17 años. La joven terminó noveno el año pasado en el Centro Educativo Las Brisas. A comienzos del 2024 comenzó clases en el Caserío de Cristalina del Losada, que incluye el servicio de residencia y alimentación escolar. Cada 15 días, Maria recorría una hora y media en moto de su casa hasta el internado. Luego de unos meses, decidió abandonar el colegio porque sentía que pasaba mucho tiempo lejos de su familia.
“Después de salir de Cristalina comencé a estudiar los sábados en Playa Rica la Ye. Al comienzo pagué la matrícula de 150 mil pesos y todos los meses tenía que pagar otros 120 mil. Los sábados salía en moto a las 6:20 de la madrugada con el almuerzo empacado. Me demoraba media hora en moto. Después de tres meses comenzaron a disminuir la frecuencia de clases, ya no era todos los sábados si no que cada 15 días. Entonces decidí retirarme en el primer semestre”, cuenta Ayala, quien todavía tiene el propósito de seguir estudiando.
Los colegios alejados del casco urbano también enfrentan problemas debido al deterioro de su infraestructura y la falta de espacios recreativos y deportivos. La escuela rural de Potras Quebradon, por ejemplo, cuenta únicamente con dos salones de clase. Uno de ellos tiene baldosas en el piso, pero el otro solo tiene gravilla. En el primero están los alumnos de preescolar a cuarto y en el segundo de quinto a noveno.
Como no hay escenarios deportivos, los estudiantes se han acostumbrado a pasar los recreos jugando descalzos en el barro, imaginando que existe una cancha en la tierra. Y para calmar la sed, tanto alumnos como docentes deben extraer el agua de aljibes y caños con electrobombas. Cuando los equipos fallan, aprovechan las aguas lluvias para abastecer de agua al colegio.
“Es muy difícil para nuestros hijos tener que estudiar en colegios con tan pocos profesores y con la infraestructura en tan mal estado, sin agua, sin servicios. Todo esto afecta la salud y la calidad de la educación que reciben los estudiantes”, dice Jael Karina Itacue, madre de familia de una niña de seis años.
Para afrontar la carencia, las comunidades rurales se involucran activamente en la mejora de las condiciones educativas. Como los presupuestos destinados a la educación en estas zonas son limitados y no cubren todas las necesidades, la comunidad misma se organiza para gestionar recursos adicionales.
De acuerdo con Amelia Cuéllar Gómez, rectora del Centro Educativo Cristo Rey Antonio Nariño de la inspección de Puerto Betania, muchas veces “solucionamos haciendo actividades, como ventas de comidas rápidas o rifas, y así generamos recursos desde otras instancias”.
Para llevar a cabo las labores de limpieza, las comunidades organizan y participan en jornadas de trabajo. Los padres de familia llevan sus propias herramientas, como machetes, palas y guadañas, para quitar la maleza de los sectores aledaños a las escuelas.
La comunidad también fue la encargada de gestionar ante la Alcaldía los servicios de transporte y alimentación escolar en algunas sedes. Para Edwin Guzmán, rector del Centro Educativo Las Brisas, se trata de “conocer las realidades y actuar con base en lo que nos ofrece el contexto”.
En el Centro Educativo Las Brisas, solo dos de las 18 sedes prestan el servicio de residencia y alimentación escolar: una en la vereda El Recreo y la otra en la vereda de Alto Morrocoy. Ambas ofrecen ración industrializada a estudiantes externos y ración preparada en el lugar a los estudiantes residentes, un servicio que se garantiza gracias al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Por su parte, la comunidad de Playa Rica gestionó ante la Alcaldía de La Macarena, en el Meta, la implementación de un servicio de transporte escolar. Este servicio cuenta con dos vehículos, operados por miembros de la misma comunidad, que realizan la ruta a las siete de la mañana. Los estudiantes deben estar listos en las carreteras a esa hora para ser recogidos y, al final del día, la misma ruta los lleva de regreso a sus casas.
“La educación rural podría mejorar con profesores para cada área, profesores con diversidad de conocimientos y con mejoras en la infraestructura de cada colegio”, dice Arnulfo Mendoza, uno de los líderes sociales de las Sabanas del Yarí, para quien la calidad es uno de los principales desafíos. En el 2022, el promedio del puntaje global del ICFES en el Caquetá fue de 230.5, lo que representa una brecha de 20.9 puntos con respecto al promedio nacional, que fue de 251.4.
En Chato y Tadocito, las comunidades se quedaron esperando en marzo la siembra de más de tres mil árboles que les habían prometido como parte de un proyecto de recuperación de áreas degradadas. La iniciativa de la Alcaldía de Tadó, financiada con recursos de regalías, contemplaba la recuperación y el mantenimiento de 9,5 hectáreas de bosque afectado por la deforestación y la minería en el municipio. Sin embargo, a la gente solo le quedó ver cómo Corpissa, la empresa que debía ejecutar los trabajos, se llevaba el proyecto para otros corregimientos.
“El proyecto era para Tadocito y Chato, pero como no encontraron todo el personal beneficiario porque ahí no viven todas las familias de la zona, entonces fue repartido en otras comunidades como El Tapón”, explicó Jorge Betín, coordinador de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, Umata.
Esta es solo una de las inconformidades y sospechas que despertó Corpissa tanto en los habitantes como en varios funcionarios públicos de Tadó. Con un costo de $903 millones, el proyecto tenía como objeto la “prestación de servicios para la recuperación de áreas degradadas por actividad antrópica” en el municipio, especialmente en Campo Alegre y Chato. Eso implicaba, de acuerdo con el contrato de prestación de servicios, “desarrollar procesos de recuperación de las coberturas vegetales” y “realizar procesos de mantenimiento” de las mismas. También contemplaba un acompañamiento técnico de la comunidad en temas ambientales y la realización de seis talleres de sensibilización ambiental.
Sin embargo, de acuerdo con José Armando Perea, presidente del Concejo de El Tapón, “lo que hicieron fue deforestar para sembrar árboles donde no había necesidad”. Según Perea, “sembraron árboles de cedro, guayacán, matarratón y guama donde hoy la maleza los mata y nadie les hace trabajo al cultivo”.
Ni siquiera los habitantes de El Tapón, donde se desarrollaron los trabajos de siembra, fueron beneficiarios del proyecto de restauración porque este no incluyó ningún mantenimiento a las coberturas vegetales, cuestionó Perea. “Solo trabajamos en actividades de rocería y siembra de árboles. A la gente le pagaron entre 60 y 70 mil pesos por jornales, pero no supimos más nada porque eso no era para nuestro corregimiento”.
Corpissa es la abreviatura de la Corporación Mixta para el Desarrollo Integral, la Sostenibilidad Social y Ambiental de las Regiones. Esta organización, que tiene como representante legal a Mary del Carmen Urrutia Murillo, opera principalmente en los departamentos del Chocó y el Cauca, donde tiene contratos de todo tipo: desde la interventoría a la restauración de áreas degradadas en Consejos comunitarios en el Carmen del Darién hasta el seguimiento de ingresos de vehículos a revisión técnico mecánica en Popayán o la instalación de estufas ecoeficientes en Quibdó.
En Tadó, además de contratar y prestar servicios para la recuperación de áreas degradadas, también lidera proyectos de producción agropecuaria inteligente en la línea avícola y la construcción de un parque en la urbanización Villas del Remolino II.
En la mayoría de los casos, Corpissa adjudica contratos a un mismo proveedor: la Corporación Prosperar Social de Colombia, una entidad con sede en Quibdó que, al igual que Corpissa, tiene un amplio abanico de proyectos en campos diversos.
Otro de los proyectos recientes que generó inquietud entre los tadoseños estaba enfocado en fortalecer la producción agropecuaria inteligente en el sector avícola. Con un presupuesto de $1.432 millones, financiado a través del Sistema General de Regalías, la iniciativa tenía como objetivo no solo dotar a 55 familias de suministros y herramientas para la construcción de galpones, sino también ayudarlas a crear espacios adecuados para la producción de aves de postura.
De acuerdo con el contrato entre Corpissa y Prosperar, se debían beneficiar 55 productores pecuarios de las veredas Aguas Clara, Angostura, Bochoroma, Brisas, Brubata, Carmelo, Corcobado, El Churimo, Gingarabá, Guaráto, Santa Bárbara y Tabor.
“Nos entregaron 30 gallinas ponedoras, 10 bultos de cuido, un tanque de 500 litros, dos comederos, dos bebederos, cinco tejas de zinc, una malla para cercar el galpón, un recogedor, y nos dieron 500 mil pesos para construir”, contó un habitante de la vereda Corcobado.
A pesar de que el proyecto cumplió con la entrega de insumos, el beneficiario cuestionó que “solo da para sostenerse”. En sus palabras, “con la venta de los huevos se sostiene el proyecto porque se compra el cuido y cuando sea necesario renovar las gallinas uno las compra con lo que ha guardado de los huevos vendidos, pero ese proyecto solo da para sostenerse y no para mejorar la vida de la gente”.
Por estas razones, las comunidades piden que los proyectos venideros tengan en cuenta las necesidades de la gente para que se generen impactos positivos y no queden con la sensación de que participan en iniciativas improvisadas que se llevan los recursos públicos.
“Para que nuestros campesinos queden conformes en la ejecución de un proyecto se debe visitar a cada uno de los productores de las comunidades indígenas y negras para saber cuáles son los fuertes de cada uno de los pueblos y así poder fortalecer las actividades”, dijo Jorge Betín, coordinador de la Umata.
Para Juan Carlos Palacios, alcalde municipal de Tadó, lo “sospechoso” de los trabajos ejecutados por Prosperar y contratados por Corpissa es que “no presentaron un empalme a feliz término sobre la forma de ejecución de esos proyectos”. De acuerdo con el mandatario local, “el panorama no es alentador porque tenemos información limitada en la Alcaldía frente a esos dos proyectos”.
Para lograr tener información sobre los trabajos de estas organizaciones, el excoordinador de la Umata, Francisco Marcelo Perea, interpuso una acción de tutela en contra de Corpissa, pues tenía la sospecha de que la corporación usaba información falsa.
“En el proyecto de reforestación utilizaron documentación de un ingeniero amigo mío que nunca trabajó en el proyecto. Nadie sabía sobre el plan de manejo ambiental y el amigo que aparecía firmando al parecer le falsificaron la firma. Él hace mucho tiempo que no está en el Chocó y ni siquiera estaba enterado de ese proyectó porque él vive en Antioquia”, contó Perea.
Según José Armando Perea, presidente del Concejo de El Tapón, los ingenieros ambientales contratados por Corpissa nunca les quisieron dar información sobre los costos del proyecto, lo que también generó suspicacia entre la gente del corregimiento.
Este año, al menos 15 personas han intentado quitarse la vida en San Juan del Cesar, una cifra cercana a los 17 casos registrados en el mismo periodo del año anterior. Para prevenir el suicidio y brindar apoyo en salud mental a la comunidad, se inauguró el 19 de septiembre de 2023 la primera sala de escucha del municipio, que también es la primera en todo el departamento de La Guajira.
Este nuevo espacio ofrece atención gratuita a las personas que requieran orientación para tratar la depresión, la ansiedad, el insomnio, el duelo y las conductas adictivas, explica Olga Molina, psicóloga del equipo de convivencia social y salud mental de la Secretaría de Salud.
Para Molina, la sala "representa un avance grandísimo” en el cuidado de la salud mental en la región, en un contexto en el que todavía persisten los estigmas sobre los trastornos mentales. “Nos sentimos orgullosos de ser pioneros y poder brindarle a la comunidad sanjuanera este apoyo tan grande”, destaca ce Molina.
La apertura de la sala es el resultado de una iniciativa ciudadana liderada por Bertha Orozco Daza, docente de trabajo social de la Universidad de La Guajira, y fue aprobada por el Consejo de Políticas Públicas liderado por el ex alcalde Álvaro Díaz Guerra. De acuerdo con Orozco, este era un proyecto necesario y urgente. “La ayuda en salud mental en San Juan del Cesar no solo la necesitan los niños y los jóvenes, también los adultos y las personas mayores. En la pandemia nadie estaba preparado y eso nos generó angustia a todos", dice.
Para acceder a la sala de escucha, las personas interesadas deben dirigirse a las instalaciones de la alcaldía, más específicamente a la oficina de la Secretaría de Salud. Allí son direccionadas al equipo de salud mental que atiende de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 12 del mediodía, y de 2 a 3 de la tarde. En ese horario prestan los servicios dos psicólogas y una trabajadora social.
Se trata de un espacio de puertas abiertas, destaca Olga Molina, para quien "no hay limitaciones por estrato socioeconómico ni de género”. En sus palabras, la sala de escucha “está abierta a todo el público sanjuanero, incluyendo inmigrantes". Actualmente son 47 familias las beneficiadas de ese acompañamiento integral.
"Hemos atendido casos de personas que se sienten abrumadas por alguna situación familiar o económica. Nosotros les atendemos y escuchamos, y en el caso de personas que consumen sustancias psicoactivas y que necesiten una especialidad, las remitimos a la Eps", explica la trabajadora social Lilibeth Mendoza.
Aunque la Secretaría de Salud ofrece atención principalmente en el casco urbano, también cuenta con el apoyo de talento humano en la zona rural. "Realizamos visitas domiciliarias y recorridos por algunas instituciones educativas priorizadas tanto de la zona rural como la zona urbana, acompañados por los docentes y estudiantes de la Universidad de La Guajira", comenta Angy Rodríguez, una de las psicólogas.
En cuanto a las dificultades que se presentan en la zona rural, la psicóloga Olga Molina señala, "hay lugares dispersos, de difícil acceso y es complicado que reciban una atención inmediata, pero eso no impide que sus necesidades en la salud mental sean atendidas". Jaime Rodríguez*, un habitante del corregimiento de Guayacanal, destaca que a través de la teleconsulta “el especialista me da buenos consejos y eso me ayuda a estar más tranquilo".
“La sala de escucha ha sido excelente, muy buena y profesional. Uno siente el cambio, siente la recuperación poco a poco”, dice Edgardo Castro*, habitante de San Juan del Cesar y beneficiario de la sala de escucha.
San Juan del Cesar es uno de los municipios con las tasas más altas de suicidio de La Guajira. Según datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, solo 2023 la tasa de intento de suicidio fue de 36,5 por cada 100 mil habitantes y la de suicidio 5,76 por cada 100 mil habitantes. Actualmente, La Guajira registra una tasa de suicidio de 27,8 casos por cada 100 mil habitantes.
Aunque la sala de escucha es una de las respuestas para hacer frente a este panorama, lo cierto es que la atención en salud mental en el departamento todavía es escasa. De acuerdo con Lilibeth Mendoza, hay una falta de personal médico para brindar estos servicios: “hay muy pocos especialistas en el departamento y esto hace que las citas se demoren uno o dos meses para autorizarlas y esto retrasa los procesos”, dice.
Desde su creación, la sala de escucha se ha mantenido gracias a la alianza de la Universidad de La Guajira, la Alcaldía de San Juan del Cesar, y el apoyo del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (Infotep) junto al Plan de Intervenciones Colectivas tanto del Hospital San Rafael como la Eps Dusakawi. A pesar de que cuentan con recursos humanos, "se necesita más inversión en salud mental en nuestro departamento y a nivel nacional", dice Olga Molina.
*Los nombres de los pacientes de la sala de esucha fueron cambiados para proteger su identidad.
“Aquí estoy, nojoñe, en esta revolución. Esto es lo que a mí me gusta y me vo’ a morí en la revolución”, le promete 'La Mocha' a su hijo menor mientras atiza el fogón para la sopa de costilla que venderá en el Festival de Los Laureles en el municipio de Distracción, al sur de La Guajira. “Vamo a pelá yuca, ponela a cociná”, le ordena.
Es el primer día de las fiestas que celebran la música vallenata y las bandas marciales. Son las 11:30 de la mañana. Todo lo que escucha 'La Mocha' es el sonido de los calderos y las voces de sus clientes. Muy al fondo, una canción de Poncho Zuleta. “Mocha”, dame una sopa ahí. “Mocha”, echale bastante presa. Así le dicen a Ermelinda Cecilia Daza Arias, una de las cocineras con mejor sazón de la región. 'La Mocha' sonríe y responde a gritos, casi siempre con algún chiste vulgar. Es alta y tiene unas manos grandes con las que manipula un cuchillo filoso para despresar la costilla y cortar las verduras. 'La Mocha' agarra unos plátanos con su mano izquierda y con la derecha empuña la cacha del cuchillo. La maniobra deja ver su dedo índice, al que le hacen falta dos falanges.
—¿Por qué todos te dicen 'La Mocha'? —le pregunto.
—Me lo mocharon cuando pequeña. El deo, no otra cosa. Tenía tres años cuando sucedió en un sitio que se llama San Luis, que pertenece al caserío de Los Hornitos en el balneario El Silencio, cuando Distra pertenecía a Fonseca. Bueno, allá me lo mocharon y desde entonces soy alias 'La Mocha' —cuenta en medio de una carcajada.
Está al mando de una de las diez carpas de gastronomía local del festival. La estructura metálica la protege del sol y de las lluvias que suelen caer en esta temporada. Su puesto de comida está en uno de los puntos más estratégicos, en toda la plaza principal, diagonal a la Casa Cural. Allí, entre mesas, sillas, ollas, platos y cucharas, termina de cocinar el menú del día.
—“Mocha”, ¿y qué tienes para hoy? —le pregunto sin poder terminar la frase.
—Tengo de todo pa todos esos muérganos: carne asada, pechuga a la plancha, cerdo guisado, chivo guisado, iguana en coco y sopa de costilla y de mondongo levanta muerto. Menos el muerto de abajo, a ese tienen que comprarle es una lápida y de esa vaina yo no vendo —dice en medio de una risotada.
Son 40 años los que esta mujer ha dedicado a la venta de comida ambulante en La Guajira. 'La Mocha' empezó ofreciendo sus platos en un restaurante en Fonseca, pero luego le apostó a cocinar para cada uno de los festivales del sur del departamento. Su tour comienza en febrero en las fiestas del Carnaval de Fonseca y termina en diciembre en el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata en San Juan del Cesar.
Sin embargo, 'La Mocha' y los más de 50 vendedores ambulantes de los festivales se enfrentan constantemente a varios obstáculos que afectan su rentabilidad y su seguridad: la persecución de los organizadores, los cortes de energía, las riñas, los robos y las lluvias, ya que cuando llueve baja la asistencia de personas a la plaza y, con ello, también las ventas.
“Últimamente esto está fregado, los organizadores no nos quieren dejar trabajar a nosotros, los vendedores, salchipaperos, chuzeros y caveros. Y un festival sin vendedores no es festival”, dice 'La Mocha'. Antes, recuerda, eran varias las mujeres que se dedicaban a este oficio: “estaban las Peñaranda, las Pitre, las Idalide y una señora de Distracción que no recuerdo el nombre”. Ahora ella es la única representante de la culinaria en los festivales del sur.
“Recuerdo que a mí no me daban ni carpa para trabajar porque no me conocían. Estos bellacos, los que organizan, no nos dan importancia. Ahora es que más o menos me paran bolas porque yo peleo y peleo con ellos. Les digo sus cuatro y al final me atienden, y después se ríen cuando vienen a comer. Me dicen que yo soy tesa y les respondo: ‘Pendeja es que no soy, huevo muerto, ¿qué queréis?’. Y hasta ahí llega la pelea, muerto de la risa todo el mundo”, cuenta.
'La Mocha' defiende lo suyo porque es gracias a esas ventas en los puestos de comida itinerante que ha podido sacar adelante a ‘El Mono’ y ‘El Indio’, sus dos hijos. También apoya económicamente a sus 15 nietos y 10 bisnietos. Según ella, “todos han comido de este trabajo, hasta las yernas y los hijos adoptivos”.
A unos 20 metros de la carpa de 'La Mocha', exactamente frente a la Casa Cural, hay tres comisarios de la organización del festival cobrando el impuesto de $100.000 a cada uno de los vendedores. Luego del pago, los comisarios entregan una escarapela que los oficializa como vendedores en las fiestas. Una vendedora de comida rápida les dice que no puede pagar el impuesto en ese momento.
—Entiendan que nosotros tenemos que organizar esto y el que no esté a paz y salvo lo sacamos de la plaza; esa es la orden —les explican los comisarios.
—¿Cuál orden? Ya yo hablé con el presidente del festival y acordamos que más tarde le pagaría y me dijo que sí —responde la mujer con calma.
—Nosotros no sabemos nada de esa orden, y aquí la ley es para todos.
—Oye, pero escúchame. Cálmense. Mira a la señora de allá de la esquina; se colocó ahí y nadie le dice nada, y se supone que ahí está prohibido colocar venta. Yo, que estoy en el sitio que me asignaron, ¿a mí es que me la van a montar? —les reprocha.
—Comadre, pague para darle la escarapela. Pilas, que nos está haciendo perder el tiempo. A esa señora ya la vamos a quitar de ahí con la policía; de eso nos encargamos nosotros.
—Pero hijo, entiende que yo vine a trabajar y todo lo tengo invertido aquí. Deja que venda algo y pasa en la tardecita y te pago.
La vendedora es Ingrid Mercado, una mujer procedente de San Juan del Cesar. Al igual que 'La Mocha', viaja de pueblo en pueblo buscando el sustento para ella y su familia en las diferentes fiestas guajiras. Pasan por el Festival Francisco el Hombre, en Riohacha; el Festival de la Cultura Wayuu, en Uribia; el Festival de la Integración Minera, en Albania; el Festival de la Amistad Leandro Diaz, en Hatonuevo; el Festival del Carbón, en Barrancas; el Festival del Retorno, en Fonseca; el Festival de los Laureles, en Distracción; el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, en San Juan y el Festival Cuna de Acordeones, en Villanueva, entre otros.
Ingrid Mercado atraviesa todo el sur del departamento vendiendo salchipapas, perros calientes, pollo frito, arepas rellenas y orejita de puerco. Es una mujer morena de 40 años y 1.75 metros de estatura. Viste una blusa de tiritas y una licra ajustada, con una pañoleta en la cabeza.
Para trabajar durante las celebraciones, Mercado debe pasar la noche en la calle y buscar algún lugar donde hacer sus necesidades básicas: “Me tocó buscar un baño alquilado en una casa y me cobran $3.000 por cada vez que lo usemos [...] Cuando traemos a los niños es más difícil, porque aunque tenemos familia no nos gusta dejarlos al cuidado de otras personas. Dormimos aquí mismo en el sitio de trabajo, encerramos esto con polisombra y nos acomodamos”, cuenta.
Mercado cuenta que quería ser enfermera, pero dejó sus estudios para dedicarse a cuidar a su primera hija. Hoy tiene tres hijos, la mayor terminó el colegio y quiere ingresar a la Policía, el hijo del medio tiene ocho años y está en tercer grado, y la menor tiene cinco años y está en primero de primaria.
“La verdad me gustaría cambiar de vida. A veces lo tratan mal a uno en los pueblos, la gente cree que uno no tiene casa, que uno anda así en esta vida y que no tiene ni familia y están equivocados. Toca aguantar de todo un poco porque no hay oportunidades de trabajo, esto es lo que hay y tocó enfrentarlo con berraquera”, dice Mercado. Mientras tanto, su compañero lava los utensilios de cocina y empieza a acomodar todo para la llegada de la noche.
Cuando oscurece, Mercado acomoda una colchoneta debajo de la mesa donde se exhiben los alimentos. Unos canastos de cervezas vacíos hacen las veces de cama. Sobre ellos, una colchoneta pequeña cubierta con una sábana y una almohada. Ahí dormirán dos de sus hijos mientras ambos atienden a los clientes.
En esa misma carpa, Julia*, una niña de 14 años, trabaja pelando cientos de papas. Ella es una de los tantos menores de edad que aprovechan las fiestas para llevar dinero a sus hogares. “Esto lo hago para poder comprar mis cosas personales y ayudar a mi mamá, me tuve que salir del colegio porque es muy difícil para mí estudiar y trabajar. Si estudio, no como y si trabajo, no estudio. Preferí trabajar y ahorrar para volver el otro año”, cuenta la joven, que cursaba séptimo grado.
En sus primeros festivales, Julia sentía pena porque la vieran trabajar, pero ahora, dice, “ya no, no estoy haciendo nada malo. Estoy trabajando para salir adelante, yo quiero regresar a estudiar”, cuenta la joven mientras pela las papas sentada sobre una silla plástica con los codos apoyados en sus piernas.
Hay otro grupo de vendedores que reportan el mayor movimiento en ventas. Se trata de los vendedores de bebidas alcohólicas, principalmente de cervezas, a los que se le conoce como ‘caveros’. Estos resultan afectados cuando los derechos a espectáculos nocturnos o conciertos musicales se negocian con terceros y se establecen tarifas muy altas en impuestos por las ventas.
“¿Cómo va a ser que aquí, en el Festival del Retorno en Fonseca, va a venir alguien de afuera a apoderarse del festival y hacer lo que le da la gana? Tenemos cuatro días de estar aquí apartando un puesto y ahora nos quieren cobrar $150.000 por cavero. Nunca se había visto esto y, para rematar, nos quieren obligar a venderles el producto a ellos. O sea, no nos lo pueden poner las empresas que los distribuyen, sino venderles a ellos y darnos a ganar $500 por producto. Vamos a trabajar para ellos”, dice Gladis Torres, vendedora de cerveza.
Así como 'La Mocha', Ingrid Mercado y Gladis Torres, son más de 50 personas entre hombres, mujeres, adultos mayores, adolescentes y hasta niños y niñas que trabajan en ventas durante el jolgorio propio de las fiestas en La Guajira.
A las 10 de la mañana del lunes, los vendedores empiezan a abandonar la plaza principal. El Festival de Los Laureles ya acabó, pero 'La Mocha' aún está sirviendo comida en los platos, porque sus comensales son los mismos vendedores y trabajadores de las fiestas. Mientras tanto, su hijo ‘El Mono’ recoge y organiza los chécheres que ya no utilizarán.
—Vengan a comer, nojoda, que ya me voy de esta jodía —grita 'La Mocha' frente a su carpa. Cuando venda todo, regresará a su casa en el barrio San Agustín de Fonseca y, dentro de unos días, comenzará su trajín de nuevo. Se irá para el Festival Nacional del Carbón en el municipio de Barrancas. Allí se volverá a escuchar la frase que grita con alegría cada vez que llega a una nueva fiesta: “¡Llegué yo, 'La Mocha', así que atesense nomejoñe!”.
En la casa de Mary Sijona y Antonio Jiménez no hay luz eléctrica desde febrero. El único abanico que tienen permanece apagado y la nevera está desconectada. Los alimentos se refrigeran en la casa del vecino y, en las noches, duermen con las ventanas abiertas para que entre la brisa. Aunque no cuentan con el servicio de energía, cada mes reciben una factura cuyo costo sube, a veces se estabiliza y luego vuelve a subir. Ha llegado en 84, 176, 179, 180, 204 y 211 mil pesos.
A finales del año pasado, María Micaela Jiménez, la hija responsable de pagar el servicio, se quedó sin trabajo y no pudo cumplir con el pago de las facturas de diciembre y enero. El 15 de febrero, un funcionario de la empresa Air-e llegó para cortar el suministro, recuerda. Su madre se quedó incluso con el pedazo de un cable cortado. “¿Cómo es posible que nos sigan cobrando un servicio que no tenemos?”, se pregunta María Micaela Jiménez mientras rebusca entre la casa de sus padres, en el barrio Las Tunas, todos los recibos de este año. La deuda suma un total de $1.578.770.
Aunque el caso de la familia Jiménez Sijona parece excepcional, en la oficina de la Personería de Riohacha, La Guajira, están acostumbrados a recibir este tipo de denuncias. De hecho, el 60 por ciento de quejas presentadas son en contra de Air-e, dice el personero municipal Yeison Deluque. “Toda la ciudadanía está cansada de los abusos y de las imposiciones de la empresa, el alza en las facturas, las fluctuaciones y el mal servicio que se presta en la región Caribe. La gente deja de comer o de hacer mercado para pagar las altas tarifas de energía”, cuenta.
Un informe de la agencia S&P Global Ratings lo ratifica: el precio de la energía en Colombia es el más alto de América Latina. En septiembre, el costo alcanzó un máximo de $932,5 por kilovatio-hora, según la firma XM, que administra el mercado eléctrico mayorista en el país. La situación es más crítica en los departamentos de La Guajira, Atlántico y Magdalena, donde opera Air-e. Y en Bolívar, Córdoba, Sucre y Cesar, donde opera Afinia. Ambas empresas llegaron hace cuatro años como una solución ante la liquidación de Electricaribe.
Desde entonces, las tarifas han seguido subiendo. A pesar de los esfuerzos para que sean más justas para la ciudadanía, lo cierto es que ni la intervención del Gobierno a la empresa Air-e, ni la eliminación del cobro de la opción tarifaria en las facturas, ni los descuentos de algunas generadoras, son una verdadera solución. En este reportaje, Consonante explica las razones por las cuales persisten los altos costos y un posible camino para empezar a regularlos.
Uno de los mayores problemas encontrados durante la intervención a Air-e es que los contratos actuales solo aseguran el 50 por ciento de la energía que requiere la región, según lo reconoció el agente interventor, Carlos Diago, en una entrevista publicada en El Heraldo. Esto significa que el 50 por ciento restante deberá cubrirse a través de la compra de energía en bolsa y al precio más caro del mercado.
“La empresa nos la entregaron con los contratos de suministro de energía cancelados. ¿Qué significa? Que no tenemos forma de entregar una tarifa que pudiese ser mucho más pagable, por cuanto vamos a tener que comprar una cantidad muy importante de nuestra energía en la bolsa”, explicó Diago. Según sus cálculos, esto significa comprar la energía a 900 pesos el kilovatio-hora, aún cuando el precio estaba en 120 pesos a comienzos de julio. Al final, ese costo se traslada al usuario y hace, en palabras de Diago, “que las tarifas definitivamente sean impagables”.
“La empresa nos la entregaron con los contratos de suministro de energía cancelados. ¿Qué significa? Que no tenemos forma de entregar una tarifa que pudiese ser mucho más pagable, por cuanto vamos a tener que comprar una cantidad muy importante de nuestra energía en la bolsa”
Para Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos, ese método de compra de energía es “perverso” y debería reducirse al máximo. “La compra en bolsa permite la especulación, porque el precio se va formando en el transcurso del día y dependiendo de los oferentes, entonces es el más volátil. Por lo mismo, la energía se compra generalmente en un 80 por ciento a través de contratos bilaterales y solo un 20 por ciento en bolsa”, explica Alarcón.
“Las empresas tenían la potestad de cobrar la deuda en diez años, a modo de gota a gota cada mes, pero Air-e la cobró en un año”.
En esto coincide Ricardo Núñez, abogado y miembro del Comité Tarifas Justas para el Caribe ya, quien considera un “problema” la falta de regulación que favorece a las generadoras de energía. “Hay un oligopolio en la generación de energía que nos somete a un precio de mercado que hoy nos tiene en una crisis”, advierte.
El 16 de septiembre, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios anunció la eliminación del cobro de la opción tarifaria en las facturas de los hogares en La Guajira, Atlántico y Magdalena. Este componente es una especie de deuda, principalmente de los estratos 1 y 2, que empezó a crecer durante la pandemia luego de que el Gobierno de Iván Duque congelara una parte de las tarifas de energía para aliviar, en su momento, el bolsillo de los usuarios.
Con el tiempo, ese dinero se convirtió en un déficit de $4,9 billones, de los cuales $987.520 millones correspondían a Air-e y $1.507.566 millones a Afinia, según la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg). Para recuperarlos, ambas empresas comenzaron a cobrarlos en las facturas.
El problema es que “los dueños de Air-e tomaron la decisión malévola de cobrar esos dineros precipitadamente”, señala Norman Alarcón, coordinador de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos. “Las empresas tenían la potestad de cobrar la deuda en diez años, a modo de gota a gota cada mes, pero Air-e la cobró en un año”. Por esta razón, la opción tarifaria representaba un 24 por ciento de la tarifa total.
Con la suspensión de ese cobro, que empezó a regir el primero de octubre, el Gobierno busca aliviar la situación de más de 5 millones de usuarios. Pero la realidad, advierte Alarcón, es que “ya nosotros lo pagamos en su mayoría”, pues se han cobrado 10 de las 12 cuotas. En otras ciudades, ese pago se difirió a diez años. Por eso, dice Alarcón, la propuesta es que el Gobierno asuma esas pérdidas y regrese el dinero a los usuarios de Air-e.
Además de la tarifa de energía, en las facturas de la región Caribe se cobran otros servicios. En La Guajira se incluyen tarifas de aseo, alumbrado público y se cargan las pérdidas técnicas y las pérdidas por robo a los usuarios. En el Atlántico se cobra, además, una tasa de seguridad. Estas adiciones, aunque no impactan el precio de la energía, suben el valor de la factura hasta un 30 por ciento.
“Lo que hacen es amarrar otros servicios en la factura de energía e inflarla. Esto obliga al usuario a pagar esos rubros adicionales por temor a que le corten la luz. Es un modelo perverso porque la gente está pagando un servicio de aseo que debería existir y ser óptimo, pero eso no ocurre. Lo mismo pasa con el alumbrado público; tú pasas por muchas calles y no hay”, cuestiona Juan Barrero Berardinelli, director del consultorio jurídico de la Universidad del Norte y quien lidera la demanda de acción popular contra el Ministerio de Minas y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).
En el caso de los cobros por pérdidas técnicas y pérdidas por robo, opina Yeison Deluque, personero de Riohacha, “al ciudadano le están cobrando algo que ni siquiera consume, entonces ahí no hay justicia tarifaria”. Para Deluque, “esa responsabilidad la debe asumir el Estado o el ente territorial, pero no el usuario, porque le incrementan el valor de la facturación”.
Este 2 de septiembre, el agente interventor Carlos Diago anunció que Air-e dejará de recaudar la tasa de seguridad, alumbrado público y aseo para los usuarios, al considerar estos cobros "anticonstitucionales".
Una de las razones más evidentes por las cuales las facturas de energía son más costosas en el Caribe son las altas temperaturas, que exigen un mayor gasto energético. “El calor hace que necesitemos climatización de una manera distinta”, dice Ricardo Núñez, abogado y miembro del Comité Tarifas Justas para el Caribe Ya. “Nosotros necesitamos abanicos y aires acondicionados. A los aires y las neveras les cuesta más encontrar una temperatura para enfriar. Eso hace que, obviamente, consumamos más energía”, explica.
De las diez regiones del país medidas por XM, es el Caribe la que registra el mayor consumo de energía, con 2.001,58 gigavatio-hora, según cifras de agosto de este año. Le siguen los departamentos del centro, con 1.600,14 gigavatio-hora, y oriente, con 979,18 gigavatio-hora.
Ahora, con el fenómeno de El Niño, los niveles de los embalses bajan debido a la reducción de las lluvias, lo que podría impactar los precios de la energía en bolsa y generar una presión al alza en la tarifa de energía. El panorama es tan desalentador que las condiciones hidrológicas de agosto y septiembre han sido las más desfavorables de los últimos 40 años. Esto podría afectar la operación del sistema eléctrico hacia finales de 2024, advirtió XM.
Debido a lo anterior, la Creg y el Ministerio de Minas y Energía anunciaron que el sistema eléctrico nacional pasa de estado de vigilancia a estado de riesgo, por lo que se activarán las generadoras térmicas de energía para permitir que los sistemas de embalses descansen y recuperen sus niveles de agua.
Para exigir tarifas más justas, los personeros de Riohacha, Santa Marta y Barranquilla presentaron una acción popular en contra del Gobierno nacional. El 26 de agosto, el Tribunal Administrativo del Atlántico falló a favor de la ciudadanía y le ordenó a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) revisar y ajustar los componentes de la fórmula tarifaria.
En cumplimiento de este fallo, el 16 de septiembre se llevó a cabo una audiencia pública de la Creg en Barranquilla. Allí, el gobernador del Atlántico y exdirector general de la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica, Eduardo Verano, solicitó al Gobierno Nacional que asuma los costos de las pérdidas en vez de trasladar esos rubros a la ciudadanía. "La solicitud que estamos haciendo es que a los usuarios de la región Caribe se nos compense; puede ser con una obra que el sector eléctrico debe hacer en la región para mejorar la calidad, las condiciones, las mediciones y la eficiencia del servicio”, dijo Verano.
Dos semanas después de este encuentro, la Creg expidió los autos 354 y 355 de 2024, que buscan ajustar varios de los componentes de la fórmula tarifaria. En total son 13 resoluciones que contemplan regular los precios de la energía que se compra en bolsa y reducir esa práctica al máximo. Además, la entidad propone dejar de trasladar al usuario los cobros por fraudes, inversiones futuras y la tasa de comercialización.
Para Juan Barrero Berardinelli, director del consultorio jurídico de la Universidad del Norte y quien lidera la demanda de acción popular contra el Ministerio de Minas y la Creg, estas medidas “deben ser la solución a un modelo que es perverso para el usuario y que enriquece a un empresario en detrimento de toda una población”.
Es 31 de marzo, diez y media de la mañana. Una de las cámaras trampa de la vereda Pueblitos, en la zona de reserva campesina El Pato-Balsillas, en San Vicente del Caguán, registra a un oso de anteojos jugando con el dispositivo. La cámara solo enfoca las patas delanteras del oso hasta que él mismo la acomoda. Por unos segundos se le va la cara. Tiene un hocico blanco y una mancha en la frente que se extiende hasta el pecho.
Dos meses después, el 2 de mayo a las tres de la tarde, se ve salir entre los matorrales del bosque a un oso de anteojos que desfila ante la cámara de la vereda Toscana. El oso comienza a acercarse curiosamente y la olfatea con su hocico pálido. En el video se ven sus dos orejas pequeñas y varias líneas blancas que rodean sus ojos redondos y cafés.
Desde enero de este año, las comunidades campesinas han podido seguir de cerca las huellas de esta especie que está en situación de vulnerabilidad, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). A través de las cámaras trampa pueden monitorear también a otras especies sin necesidad de una intervención directa. Esto les ayuda, por ejemplo, a poner en práctica varias estrategias para evitar que el ganado deambule por las mismas zonas que el oso.
Son seis cámaras ubicadas a lo largo del corredor biológico del oso de anteojos, un proyecto que busca conservar más de 12 mil hectáreas de bosque andino. Desde su instalación se han logrado hacer más de 20 avistamientos de al menos nueve especies. Solo entre abril y junio se vieron cuatro osos andinos (Tremarctos ornatus), un venado (Mazama), un puma (Puma concolor), una tayra (Eira barbara), dos tigrillos (Leopardus tigrinus), dos guaras (Agouti paca), tres borugas (Cuniculus paca), dos zorros (Vulpes vulpes) y tres ardillas (Sciurus granatensis).
Las cámaras están ubicadas en puntos estratégicos y a distintas alturas en las veredas Balsillas, Toscana, Libertadores y Pueblitos. El objetivo: tener una visión integral de la fauna de la región, explica Alfonso Tovar, coordinador del proyecto. “Estas cámaras se instalan en lugares que son pasos obligatorios para los animales y que resultan lejanas para la población civil. Cuentan con una vegetación amplia, están cerca a una fuente hídrica y son caminos para llegar a un lugar específico”, dice Tovar. Cuando un animal pasa frente a ellas, las cámaras se activan a través de sensores de movimiento y detección de calor. Así graban los videos y toman las fotografías.
De las especies registradas este año por las cámaras trampa, hay seis que resultan clave, destaca Wilmar Sánchez. El puma (Puma concolor) y el tigrillo (Leopardus tigrinus) juegan un rol crucial en el control de las poblaciones de presas como ciervos y roedores. Su presencia, explica, ayuda a mantener el equilibrio en la cadena alimentaria y promueve la salud de los ecosistemas al prevenir el sobrepastoreo de vegetación.
La tayra (Eira barbara), por su parte, actúa como un depredador. Esta especie de mamífero carnívoro regula las poblaciones de animales pequeños y la dispersión de semillas. Algo parecido ocurre con el zorro (Vulpes vulpes), que tiene un rol de depredador y carroñero, con lo cual influye en la estructura de la comunidad de especies.
El venado (Mazama temama) también es una especie importante para el corredor biológico del oso andino. Su papel como herbívoro ayuda a moldear la estructura de la vegetación y mantener el equilibrio en los ecosistemas forestales. También sirve como presa para grandes depredadores, lo que es fundamental para la dinámica de las cadenas alimentarias.
Finalmente, el oso andino (Tremarctos ornatus), el único úrsido que habita en América del Sur. Es especial porque es un guardián de su propio ecosistema y, al protegerlo, se protegen también otras especies y sus hábitats. El oso de anteojos también es considerado el jardinero del bosque, pues al moverse abre claraboyas que permiten el paso de la luz a través de los árboles. Además, como consume una variedad de frutas y hojas, contribuye a la dispersión de semillas y a la regeneración del bosque.
”El oso andino es una especie sombrilla que desempeña un rol fundamental en la conservación del ecosistema al mantener el equilibrio ecológico en este corredor vital”, agrega Alfonso Tovar, coordinador del proyecto.
Su presencia en lugares que no frecuenta, lejos de significar que sus poblaciones están aumentando, es una alerta de que su hábitat natural ha sido ocupado, lo que los obliga a buscar el alimento en otras áreas más cercanas a las zonas pobladas. Por eso, registrarlos en las cámaras trampa es clave, coinciden los expertos.
Para Carolina Murcia, integrante del Club de Monitoreo Huellas del Oso, “las cámaras trampas han sido esenciales para conocer mejor la fauna presente en las cuatro veredas”. Gracias a esa tecnología, “hemos logrado identificar y documentar una variedad de especies que habitan en estas zonas, lo cual es crucial para desarrollar estrategias de conservación efectivas y para entender el impacto del proyecto en la biodiversidad local”.
Junto a Murcia, un grupo de 25 personas se encargan de los monitoreos de las cámaras trampa. Del Club de Monitoreo Huellas del Oso hacen parte distintas familias de la zona rural, así como estudiantes y egresados de la Institución Educativa Guillermo Ríos Mejía y miembros de la Cooperativa de Beneficiarios de Reforma Agraria Zona Balsillas (Coopabi).
“Este Club de Monitoreo Huellas del Oso trabaja en conjunto para llevar a cabo el monitoreo de las cámaras trampas, asegurando que se obtengan datos precisos y representativos sobre la fauna en las veredas”, destaca Wilmar Sánchez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Balsillas y licenciado en educación ambiental.
Al conocer las especies que coexisten en el sendero del oso andino, las comunidades pueden entender mejor la red de relaciones y dependencias en su territorio. Es decir, pueden identificar posibles competidores, presas y otras especies con las que el oso de anteojos podría interactuar. El registro de distintas especies también les permite evaluar la salud general del ecosistema y la eficacia de las estrategias de conservación.
“Registrar una mayor variedad de especies en el área de estudio es crucial para comprender mejor el ecosistema en el que el oso andino vive. Identificar y documentar otras especies que comparten el mismo hábitat proporciona una visión integral de las interacciones ecológicas y las dinámicas del ecosistema”, dice Wilmar Sánchez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Balsillas,
Es así cómo, en sus palabras, “hemos podido ajustar nuestras prácticas y garantizar la protección de los ecosistemas y especies que dependen de ellos”.
Para lograr esa conciencia, los miembros de Coopabi han realizado jornadas de capacitaciones y acompañamientos a la comunidad para mostrarles la biología de la fauna, las épocas en las que transitan ciertas especies y los alimentos que consumen. De esta manera, cada fincario tiene más herramientas para planificar el diseño de su finca respetando el corredor biológico del oso andino.
“Esto ha permitido que las comunidades mitiguen la cacería y el conflicto con la fauna. Por ejemplo, los campesinos aíslan sus potreros para que los felinos y osos no puedan atacar a los animales vacunos o simplemente sacan sus animales del potrero para que los osos se alimentan de las cosechas de los árboles, como el roble”, dice Alfonso Tovar.
El corredor biológico del oso de anteojos de la reserva El Pato-Balsillas conecta el Parque Regional Siberia—Ceibas, el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos y el Parque Regional Miraflores—Picachos. La ruta busca proteger la vida de esta especie y su ecosistema, garantizando el tránsito de los animales y la provisión de sus alimentos, explica Wilmar Sánchez, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de Balsillas y licenciado en educación ambiental.
“Con el proyecto se ha buscado no solo mejorar las condiciones en la frontera agropecuaria, sino también enriquecer los bosques circundantes, fortaleciendo así la conectividad ecológica y promoviendo la sostenibilidad ambiental en la región", destaca Sánchez.
Para eso, se han establecido 50 acuerdos prediales y cuatro acuerdos veredales de conservación entre las familias y las Juntas de Acción Comunal. Estos acuerdos incluyen la reforestación. En la reserva, por ejemplo, se han sembrado 25 mil plántulas de arrayán, pino, arboloco, nacedero, guayabo, roble, entre otros, que proporcionan alimento a los osos.
El proyecto ha sido financiado por USAID de la mano de la Cooperativa de Beneficiarios de Reforma Agraria Zona Balsillas (Coopabi), las Juntas de Acción Comunal y la Institución Educativa Guillermo Ríos Mejía.
El viaducto de Tadó, que abastece de agua a más de tres mil familias, está al borde del colapso debido a la erosión del río Mungarrá. La estructura se encuentra deteriorada y con tuberías que rozan peligrosamente el agua. Esta situación ha generado preocupación entre los habitantes del municipio, quienes temen quedarse sin suministro de agua de manera indefinida.
En el municipio, este viaducto es la principal fuente de captación de agua de la quebrada Santa Catalina, a la altura del barrio El Esfuerzo. La otra alternativa es un sistema de bombeo que traslada el agua hacia la planta de tratamiento, lo que podría encarecer el servicio debido al elevado consumo de energía.
Desde el año pasado, varios líderes comunales han solicitado a la alcaldía y a la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Tadó (ESPAT) una intervención urgente en el viaducto para evitar un posible desabastecimiento. Actualmente, alrededor del 75 por ciento de la población cuenta con el servicio de agua, pero quienes lo tienen aseguran que es intermitente y poco confiable. En el mejor de los casos, pueden abastecerse de agua durante una o dos horas seguidas, sin saber cuándo volverán a tener acceso.
Francisco Antonio Asprilla, veedor ciudadano, lamenta la falta de respuesta de las autoridades ante la solicitud de la comunidad de intervenir el viaducto. Para él, “si el viaducto se cae será responsabilidad únicamente de las autoridades, quienes deberán atender la situación”.
“Nosotros sabemos que el suministro de agua por bombeo genera unos costos elevados a la empresa y por ende a la comunidad. También sabemos que el sistema de bombeo presenta problemas en su operación debido a que tiene una de sus bombas en mal estado, así que no hay garantías de una operación en óptimas condiciones”, cuenta Asprilla.
"Sabemos que el sistema de bombeo presenta problemas en su operación debido a que tiene una de sus bombas en mal estado, así que no hay garantías de una operación en óptimas condiciones”
Francisco Antonio Asprilla, veedor ciudadano
De acuerdo con un ciudadano que pidió proteger su identidad por temor, “la alcaldía no ha realizado los trabajos y esto va generar un inconveniente grande para el pueblo”. Para él, las comunidades acuden a los líderes “para que ellos hablen con el gerente y el alcalde sobre la situación, porque nosotros somos escuchados. Además, nos da miedo hablar por la situación de violencia y los actores armados que hacen presencia en el municipio”, cuenta.
Francisco Valderrama, gerente de la ESPAT, explica que el viaducto “está en riesgo de caerse desde hace tiempo, no solo desde esta administración, sino desde muchas anteriores”. Advierte que “ahora el río golpea con más fuerza y podría colapsar en cualquier momento por una creciente”.
De acuerdo con Valderrama, en los últimos diez años se han realizado operaciones “muy mínimas” en la reparación de las tuberías del viaducto. “Hoy nos encontramos funcionando con un solo motor de bombeo, el cual no es suficiente”, cuenta. Sin embargo, asegura que la alcaldía municipal ya tomó cartas en el asunto y está realizando los respectivos trámites.
Según Juan Carlos Palacios, alcalde de Tadó, “se están realizando gestiones con el batallón de ingenieros del Ejército Nacional para ver cómo se aborda el problema”. El mandatario reconoce que “la situación del viaducto no se resuelve con pañitos de agua tibia”, sino que requiere una “gran inversión”.
“Por el momento se están realizando estudios para obras de mitigación, pero aún no se ha definido el plan de acción. Podría hacerse un reforzamiento o construir un muro de contención para estabilizar el talud. Ya hicimos visitas técnicas al sitio y estamos elaborando un plan para que, cuando se atienda la situación, no se afecte la prestación del servicio del acueducto”, explica Eduar Andrés Moreno Sánchez, de la Secretaría de Planeación.
Sin embargo, el municipio no cuenta con un presupuesto para la gestión de riesgos, ya que “no existe ningún fondo municipal", advierte Leison Agualimpia Gutiérrez, coordinador de Gestión del Riesgo. Esta situación, explica, “lleva a que, cuando se presenta una calamidad, se afecten otros rubros”.
Para poder actuar con urgencia, el secretario de Planeación, Deiner Adolfo Mosquera, sugiere que se decrete una emergencia, pues “esto permitirá tomar recursos de otros rubros”.
“Las autoridades de varios gobiernos han omitido diferentes actividades en el río, como dragados y el uso de maquinaria pesada. Desde entonces, el río comenzó a buscar su cauce, pero ninguna autoridad ha podido controlar esa situación”, explica Mosquera.
"Las autoridades de varios gobiernos han omitido diferentes actividades en el río, como dragados y el uso de maquinaria pesada. Desde entonces, el río comenzó a buscar su cauce, pero ninguna autoridad ha podido controlar esa situación".
Deiner Adolfo Mosquera, secretario de Planeación
El 31 de julio quedó radicado en el Congreso el proyecto de Ley Integral de Identidad de Género, que para el movimiento trans y no binario de Colombia es un hito en su historia y su lucha. La iniciativa legislativa tiene un objetivo claro: mejorar la calidad de vida de las personas con identidades diversas a través de acciones para garantizar los derechos humanos que les han sido negados en el país.
El proyecto de ley es resultado de una juntanza sin precedentes a través de 100 procesos colectivos en los que participaron distintos líderes y lideresas del movimiento. En total se escucharon las voces de más de 1.300 personas trans, travestis y no binarias, activistas independientes, madres, padres y familiares de infancias trans de distintas regiones. El proceso incluyó a personas en la ruralidad, con pertenencia étnica y en condición de discapacidad.
De esta forma, la ley acoge sus principales demandas frente a temas como identidad, salud, educación, trabajo, cultura, recreación y deporte. Además, incluye un capítulo sobre el conflicto armado en el que se proponen medidas para garantizar que sean incluidas en los procesos de reparación y memoria.
En esta entrega de El Explicador, cinco líderes y lideresas trans del Chocó, Caquetá, Cesar, Valle del Cauca y Cundinamarca nos explican los puntos clave y la importancia que tiene esta iniciativa para sus vidas en las regiones.
En primer lugar, es un proyecto de ley ciudadano. Uno ambicioso, que busca establecer un marco integral para llenar los vacíos legales en la protección de los derechos humanos de las personas trans y no binarias en el país. En ese sentido, consideran que representa un acto de reparación histórica para una población que ha sido —y sigue siendo— vulnerada y discriminada.
“Es una oportunidad para la pobrería del país que se identifica como transgénero o no binaria, para que se establezcan medidas de erradicación de la violencia por ser distintas y se garanticen los derechos que nos han negado”, dice Aurora Iglesias Lara, defensora trans amazónica de Florencia.
Por el contrario, “no es un conjunto de acciones que pretenda privilegiar o incitar a transformaciones corporales o mentales”, precisa Linda Sofia Baquero, mujer trans y coordinadora de Orígenes, organización social de mujeres étnicas afro de Valledupar. “Tampoco buscamos atacar a la familia tradicional, sino reconocer que hay otras formas de organización social”, agrega Christopher Derek, persona transmasculina de Buenaventura.
Para Lina Quevedo, activista transmasculino y líder de la plataforma Ley Integral Trans, una de las principales razones tiene que ver con los enormes riesgos y peligros que enfrenta la población trans en el país. De acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años, “algo que la humanidad superó en la Edad Media”, asegura Quevedo.
Aunque en Colombia la identidad de género es un derecho constitucional, la realidad es que la violencia contra las personas LGBTIQ+ no se detiene. Este año, 26 personas con orientación sexual e identidad de género diversas han sido asesinadas, de acuerdo con el Observatorio de Derechos Humanos Caribe Afirmativo. La Defensoría del Pueblo, por su parte, registró 290 casos de violencia entre enero y mayo.
“Tenemos un sistema jurídico con vacíos que necesita ajustes para garantizar nuestros derechos. Es una reparación histórica y un camino hacia la reconciliación con un Estado que, antes de la Constitución de 1991, tenía medidas que criminalizaban las identidades trans. Ya no las tiene, pero al no estar actualizado, sigue generando violencias”, explica Quevedo.
La iniciativa legislativa deberá ser debatida en el Congreso, que en este tercer año tiene la agenda llena de proyectos. Allí se enfrentará a los partidos más conservadores y al poder del lobby religioso, que suele oponerse radicalmente a las iniciativas de la comunidad LGBTIQ+.
Este año, por ejemplo, la Comisión Primera del Senado hundió por segunda vez un proyecto de ley que buscaba prohibir las terapias de conversión sexual. La iniciativa quedó archivada por falta de apoyo y tiempo, luego de que los senadores opositores modificaran el orden del día para evitar que se debatiera. Quevedo explica que esto ocurre, en gran parte, debido a la desinformación que existe alrededor de las identidades de género diversas.
“Nos enfrentamos a un panorama de desinformación sobre las experiencias de vida trans y sobre lo que busca el proyecto. Muchos creen que solicitamos derechos especiales, pero no es así; lo que buscamos es garantizar los derechos humanos que tienen todas las personas”.
Lina Quevedo, sociólogo y activista transmasculino.
Para Aurora Iglesias Lara, defensora trans amazónica de Florencia, es fundamental que se reconozca la existencia de las personas trans en el campo y se garantice su permanencia en los territorios. “En la ruralidad también existimos, pero no podemos ser por toda la violencia social”, dice Iglesias.
“Debemos ser sujetas de protección en la ruralidad, para que, por ejemplo, quienes quieran acceder a la tierra y beneficiarse de la Reforma Rural o participar en la titulación de la tierra, también puedan”, asegura.
En ese sentido, el proyecto de ley plantea promover la inclusión de la población trans en el desarrollo rural y ambiental, así como la creación de lineamientos para asegurar que las políticas agrarias y ambientales tengan en cuenta sus experiencias de vida.
El proyecto busca garantizar el acceso inclusivo a servicios de salud integral, incluyendo la atención médica especializada, los tratamientos de afirmación de género y los servicios de prevención de enfermedades de transmisión sexual y apoyo psicológico.
“Uno va al médico como persona trans y el sistema no lo registra, entonces nos niegan la atención por un asunto burocrático. Yo no he podido hacerme ningún proceso ginecológico porque el sistema no lo permite por ser una persona transmasculina. Eso es muy violento”, considera Christopher Dereck, de Buenaventura.
“Yo era un niño gordo, gafufo, marica y muy estudioso, así que te puedes imaginar los hostigamientos que sufrí en el colegio porque mi expresión de género estaba más cerca de lo femenino que de lo masculino. Era un foco de violencias, persecución y discriminación”, recuerda Linda Sofía Baquero, mujer trans de Valledupar.
Para proteger a las infancias y juventudes, la iniciativa plantea mecanismos para que puedan acceder y permanecer en el sistema educativo en igualdad de condiciones. Para esto, proponen medidas de prevención y atención de las violencias, lo que incluye la formación del personal docente para crear entornos seguros y libres de discriminación.
La Ley Integral Trans promueve la inclusión laboral de personas con identidades de género diversas, especialmente de las poblaciones más vulnerables. La iniciativa busca que las políticas públicas y de empleo contemplen capacitaciones, asesorías e incentivos para las empresas que deseen contratar personas trans. También establece medidas para prohibir cualquier forma de discriminación en este campo.
“A nosotras se nos ha permitido ocupar sobre todo los espacios de trabajo sexual y belleza, y pasa que cuando estamos puteando nos matan y cuando intentamos salir adelante en la peluquería tenemos que pagar vacunas. Necesitamos poder acceder también a otros espacios laborales”.
María Victoria Palacios, mujer trans afro y directora de Latidos Chocó, organización que acompaña y asesora a las personas LGBTIQ+ en esta región.
La plataforma reconoce que las personas con identidades de género diversas han sido discriminadas y excluidas sistemáticamente por la sociedad y el Estado. Por eso, como una forma de reparación, propone la implementación de políticas que aseguren la igualdad y no discriminación en el presente y futuro.
Además, en un país que ha vivido un conflicto armado prolongado, estas medidas se conectan con un marco más amplio de justicia y reparación para las víctimas, para que estas se integren mejor a los procesos de paz.
“Es un reforzamiento constitucional frente a hechos victimizantes y a procesos de victimización en el desarrollo del conflicto armado en Colombia. Fuimos unas de las poblaciones más violentadas, atacadas, borradas y aniquiladas”, asegura Aurora Iglesias Lara, defensora trans amazónica de Florencia.
Esta iniciativa apuesta por la generación de entornos familiares seguros en los que se reconozca el valor del trabajo de cuidado y el derecho a recibir atención de calidad durante todos los ciclos de vida, a partir del apoyo guiado a las familias durante procesos como el tránsito de género.
Por otro lado, busca que, desde el Sistema Nacional del Cuidado y en enlace con otras políticas públicas, se genere una cobertura para personas con identidades de género diversas en condiciones de vulneración socioeconómica.
“Hay madres trans que cuidan a aquellas que son desterradas y condenadas al ostracismo. Les dan un nombre, identidad, techo, ropa y todo lo necesario para desarrollarse, aunque desde sus limitaciones porque ellas también hacen parte de un ciclo de violencia”, cuenta Christopher Derek, persona transmasculina de Buenaventura. Esas experiencias están recogidas en el informe El Estado no me cuida, me cuidan mis amigas*: prácticas de cuidado que han creado las personas trans ante la ausencia estatal, una investigación de la Liga de Salud Trans.
De acuerdo con Lina Quevedo, activista transmasculino y uno de los líderes de la plataforma, el sueño de la población trans y no binaria es “que sea ley”. “Queremos generar un consenso nacional con actores políticos clave. Para esto, buscamos establecer un mayor relacionamiento con actores estratégicos en los territorios, pero también con congresistas, para pedagogizar y lograr un voto favorable”, dice Quevedo.
Conchita Narváez pasó los últimos meses de su vida pidiéndole a su nieta, María del Carmen Guevara, que no la dejara sola. Le decía: “ven, mi María, ¿dónde andas? Me pongo nerviosa cuando no estás”. Guevara atendía siempre a su llamado con cariño, recuerda. Durante más de diez años, solo tomaba algunos turnos como enfermera y regresaba apresurada a su casa para cuidarla el resto del día. La ayudaba a bañarse, le preparaba la comida, le daba sus medicinas, hacía limpieza en su cuarto y permanecía a su lado. Conchita murió hace cuatro meses, a los 109 años.
Ahora, Guevara continúa al cuidado de sus tíos Melfa y Pedro, de 83 y 76 años. Los tres viven en una casa antigua con un patio lleno de árboles de papaya y caimo, en Mocoa, Putumayo. “Yo la cuidé [a Conchita] todos los días con mucho cariño y paciencia, porque era mi abuelita y porque cuidar es mi vocación. Los últimos días tocaba bañarla en la cama, darle el alimento en la boca y estarla moviendo de posición. Ahora pienso en cómo pude con tanto”, cuenta Guevara.
Ese cuidado que Guevara ofreció a su abuela, y continúa ofreciendo a su familia, es indispensable socialmente porque sostiene la vida de otros. Sin embargo, es uno de los trabajos históricamente invisibilizados. De hecho, hay siete millones de mujeres en el país dedicadas a cuidados no remunerados, según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane, de 2019.
Se trata de una distribución desigual, porque estas tareas recaen sobre todo en las mujeres. Entre 2020 y 2021, el 90 por ciento de las mujeres y el 63 por ciento de los hombres realizaron actividades de cuidado no remuneradas. Mientras las mujeres dedican en promedio siete horas al día a estos trabajos, los hombres dedican apenas tres, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo (ENUT). Esa carga es más desproporcionada en las zonas rurales, porque las mujeres de los municipios más alejados de los centros de poder dedican hasta ocho horas y media a estas labores.
“Es muy importante reconocer la feminización que culturalmente y a partir de los estereotipos de género están arraigados en los cuidados. El cuidado en América Latina y en el mundo es algo que tiene cuerpo de mujer y de niña. Eso y el hecho de que se consideran secundarios, porque lo que se prioriza es la productividad sobre la reproductividad, hacen que sean trabajos muy precarios”, explica Nasheli Noriega, coordinadora de Feminismos y Justicia de Género de Oxfam, una organización internacional que busca combatir la desigualdad.
"El cuidado en América Latina y en el mundo es algo que tiene cuerpo de mujer y de niña. Eso y el hecho de que se consideran secundarios, porque lo que se prioriza es la productividad sobre la reproductividad, hacen que sean trabajos muy precarios".
Nasheli Noriega, coordinadora de Feminismos y Justicia de Género de Oxfam
Los trabajos del cuidado representan, además, una especie de motor oculto de la economía. Solo en 2021, el valor de la producción del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado fue de 462.295 miles de millones de pesos en el país, según la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado.
Solo en 2021, el valor de la producción del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado fue de 462.295 miles de millones de pesos en el país, según la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado.
Para reconocer y garantizar el derecho al cuidado, el Gobierno creó en junio de 2022 el Sistema Nacional de Cuidado, una de las principales apuestas del Ministerio de la Igualdad. La iniciativa surgió para el cumplimiento de las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad" para coordinar y articular políticas públicas a favor de los cuidados. Estas políticas proyectan desde subsidios a madres cabeza de hogar y a cuidadores de personas con discapacidad hasta programas de cuidados comunitarios y formación para cuidadoras. Con este sistema, que está todavía en diseño, Colombia se convertiría en el segundo país de América Latina, después de Uruguay, en impulsar un proyecto así.
“Las cuidadoras necesitamos una remuneración para sostenernos y mejorar nuestra calidad de vida. Necesitamos apoyo psicológico y emocional, porque muchas veces no tenemos a quien acudir. El cuidador se enferma, pero no puede parar de cuidar”, afirma Zulma Gómez, una cuidadora en Popayán que hace parte del Sindicato Nacional de Cuidadores de Vida.
En este momento, considera Luisa Almazo, representante legal del sindicato, las “cuidadoras no tenemos ninguna ventaja”. “Las madres o los hijos que cuidan a algún miembro de su familia que lo requiere porque tiene alguna condición de discapacidad o está enfermo, no reciben ningún reconocimiento económico por eso. Ni siquiera están acogidos por el sistema. Hay niños que cuidan en sus casas. Yo fuí esa niña”, recuerda Almanzo, quien cuida a su hermano con discapacidad cognitiva desde que tenía once años.
¿Por qué hay pocas garantías de derechos para las personas cuidadoras? De acuerdo con Nasheli Noriega, coordinadora de Feminismos y Justicia de Género de Oxfam, además de la feminización e invisibilización de los cuidados, “hay un debilitamiento de los Estados producto de las políticas neoliberales que se han asumido en América Latina”.
“Esa ha sido la tendencia desde los ochenta y especialmente en los noventa, que ha llevado a que los Estados cuenten con menos recursos y privaticen sus obligaciones y funciones. Por eso creemos que retomar el rol del Estado como garante de derechos es clave para frenar su reducción de capacidades para atender las obligaciones que por derecho tenemos las personas”, señala Noriega.
Estos derechos, precisa, están especialmente consagrados en instrumentos universales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. “También está en nuestras constituciones, donde se habla del derecho a la igualdad. Esta no se garantiza porque los Estados no se han propuesto tomar medidas efectivas para cumplir su rol. Por eso la propuesta es que recauden más y mejor, porque dinero sí hay pero no se distribuye de manera justa”, explica.
La idea es que el Estado garantice los derechos de las personas cuidadoras y que los costos y esfuerzos puedan ser asumidos de forma corresponsable por todos los actores: Estado, sector privado, familias y comunidades. Así lo propone la economía feminista, que plantea cuatro procesos clave: reconocer, reducir, redistribuir y representar los cuidados, según el informe “Los cuidados en Latinoamérica y El Caribe”.
Es decir, que las políticas públicas deben, primero, reconocer el cuidado como un trabajo que hace parte de los esquemas monetarios y que necesita de profesionalización. Además, deben proveer sistemas sólidos de salud, jardines materno-paternales, casas de cuidado de personas adultas mayores, centros de cuidado especializado, entre otros. También buscar que estos trabajos sean asignados equitativamente para hombres y mujeres, hogares, instituciones empleadoras, comunidades. Y, finalmente, deben representar a los sindicatos e incluir el trabajo de cuidados en las agendas del Estado.
Sandra Moreno despierta cada día a las 5:30 de la madrugada. Prepara el desayuno, también el almuerzo, barre, trapea y ayuda a su hijo menor a alistarse para ir al colegio. A eso de las 8 de la mañana ya está en otra casa, la de sus jefes, para repetir las tareas: prepara el desayuno, barre, trapea, limpia la cocina, arregla los cuartos y hace el almuerzo. A las dos de la tarde regresa a su casa para continuar con otras labores del cuidado y, por fin, descansar.
Esa ha sido la rutina de Moreno desde hace 12 años, cuando empezó a trabajar como empleada doméstica en Tadó. “Mi mamá me enseñó desde muy joven que una tiene que trabajar. Una no sabe qué día el hombre se va de la casa, y si una no sabe trabajar, le toca ofrecer el cuerpo. Ya he trabajado en más de seis casas y esta me gusta mucho, porque los dueños han aprendido a quererme”, cuenta Moreno, de 37 años.
Su lista de labores diarias, que a menudo se duplican y triplican, es la misma que la de Ericka Vega, empleada doméstica en San Juan del Cesar, o que la de Nidia Artunduaga, en San Vicente del Caguán. Por esos trabajos reciben entre 400 mil y 500 mil pesos al mes. Ninguna cotiza al sistema de seguridad social, ni salud ni pensión, y tampoco tienen ARL. No reciben primas; en el mejor de los casos les dan bonos o una liquidación cada seis meses.
“Nosotras somos seres humanos y este trabajo es el que más deberían valorar las personas porque es muy arduo y de mucha responsabilidad. En cambio es muy desagradecido”, considera Artunduaga. “Nosotras nos sentimos desesperadas, vivimos a la deriva de Dios, arañando para ver qué podemos conseguir”, agrega Adela Molano, quien también es empleada del servicio en San Vicente del Caguán.
"Nosotras somos seres humanos y este trabajo es el que más deberían valorar las personas porque es muy arduo y de mucha responsabilidad. En cambio es muy desagradecido".
Nidia Artunduaga, empleada doméstica en San Vicente del Caguán
Ellas, así como 649 mil mujeres que dedican su vida al trabajo doméstico, forman parte de uno de los sectores más precarizados laboralmente en el país. De acuerdo con la ley 1788 de 2016, todas las empleadas domésticas tienen derecho a recibir una prima de servicios equivalente a 30 días de su salario por año, que debe ser pagada semestralmente. Sin embargo, solo el 24 por ciento ha recibido una prima en su vida, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares hecha por el Dane en 2022. Es decir que el 76 por ciento no la ha recibido nunca.
Solo el 24 por ciento de las empleadas domésticas ha recibido una prima en su vida, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares hecha por el Dane en 2022. Es decir que el 76 por ciento no la ha recibido nunca.
Ese incumplimiento es solo una de las barreras que mantiene a las trabajadoras alejadas del acceso a un empleo justo. Además de tener prestaciones sociales, “también necesitamos acceder a un sistema de salud seguro, estar afiliadas al sistema de riesgos profesionales, tener una caja de compensación y que esa labor sea realmente reconocida, porque es un trabajo que está muy mal remunerado”, señala Luisa Almazo, representante legal del Sindicato Nacional de Cuidadores de Vida.
Por eso, una esperanza para mejorar las condiciones laborales es la Reforma Laboral, que plantea un proyecto de ley para exigir que las empleadas domésticas sean vinculadas mediante un contrato de trabajo formal. Este sería un paso importante, porque “la existencia de un contrato de trabajo escrito otorga a las trabajadoras del servicio doméstico una prueba para que exijan, en un futuro, todos los derechos que lleguen a ser desconocidos por sus empleadores”, explica Daniela Alvear, asesora de seguridad social del Consultorio de la Universidad del Norte.
De acuerdo con Juliana Morado, codirectora del Observatorio Laboral de la PUJ de la Universidad Javeriana, el proyecto de Reforma Laboral también incluye una propuesta de registro de los contratos de trabajo en la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, que quedó aprobada en la Comisión Séptima. “Esto puede contribuir a la formalización porque es un trámite sencillo y conocido por los usuarios. La crítica que se hacía antes era porque el registro debía hacerse ante el Ministerio de Trabajo, lo que podía ser costoso y generar el efecto contrario de promover la informalidad”, explica.
Mejorar las condiciones de trabajo de las empleadas domésticas es mejorar sus condiciones de vida. A Sandra Moreno, por ejemplo, le preocupa el pago de la universidad de su hijo, ilusionado por ser algún día un médico cirujano. “Creo que tengo que aterrizarlo porque no puedo pagar eso, pero mi sueño es que mis hijos se vean en el espejo de nosotros, sus padres, para que sean mejores. No quiero que trabajen en una casa de familia, sino que tengan una buena calidad de vida”, dice Moreno.
Rodamin Perea escucha voces mientras duerme. Una noche —recuerda— sintió a una persona acercándose al oído para susurrarle que era hora de componer un canto fúnebre. “¿Qué canción voy a componer si no tengo ninguna idea y estoy durmiendo?”, respondió Rodamin. Pero la voz le insistió, le dijo “hágale, que Dios le da la oportunidad”. Rodamin obedeció, se levantó de su cama a las cuatro de la madrugada, aún somnoliento, y escribió el alabao que le dictó la voz.
Aquí está Jesucristo el hijo de Dios
con su manto divino
digno de la bendición.
Ya la entran a la iglesia
a escuchar la palabra de Dios
que los ángeles la reciban
en la presencia de Dios.
Rodamin tiene 52 años. Es uno de los cantaores y compositores de alabaos de Tadó. Su voz guía la tonada en los velorios, las novenas, las últimas noches de los difuntos, y se escucha en los encuentros del grupo de alabaos del municipio. Todavía quedan diez cantaores en el grupo, pero Rodamin es el único que enseña a niños y niñas a interpretarlos, para que estos cantos continúen existiendo y no se silencien con la muerte de los mayores.
"Queremos organizar grupos de semilleros para preservar las tradiciones culturales de los corregimientos y del municipio. El objetivo es hacer parte de la tradición de los gualíes, alabaos y levantamientos de tumbas del Medio San Juan, e intentar rescatar las tradiciones y culturas de los ancestros que ya no están”, cuenta.
Por eso se unió a la iniciativa ciudadana de crear la primera escuela de alabaos en Tadó. El proyecto lo inició la coordinadora de la biblioteca pública municipal, Marcela Quinto, preocupada por cómo se apagan los cantos durante los velorios. “Una vez sentí mucha tristeza en un velorio de la funeraria Santísima Trinidad porque se notaba el vacío de los cantaores. Antes se llenaba la sala de velación con hasta más de treinta personas cantándole al difunto. En el municipio había grandes cantaores y ahora casi no hay quien cante”, lamenta Quinto.
Esa pérdida de la tradición, cuenta, ha sido más evidente luego de la muerte de cantaoras mayores como Helena Mosquera, cuyo legado no continuó nadie. En otros municipios del Chocó, como en Andagoya, Baudó y Certeguí, los profesores incluyen en el plan de estudio de los colegios la enseñanza de los alabaos. De esta forma, los niños se acercan a los cantos fúnebres y los rituales mortuorios desde pequeños. Pero esto no ocurre en Tadó.
Para llenar ese vacío, Quinto comenzó en abril de este año a difundir a través del voz a voz y de mensajes en las redes sociales la apertura del semillero. Desde entonces, el salón de la biblioteca se llena todos los días, de 2 a 5:30 p.m, con hasta cincuenta niños jugando, aplaudiendo y entonando alabaos por primera vez.
“Es una experiencia muy bonita para mi niña. Tiene seis años y está muy motivada, se la pasa cantando en la casa. Ahora no ve la hora de que sean las dos de la tarde para ir a la biblioteca. A mí me alegra mucho que continúe con la tradición porque así podrá seguir el legado de los ancestros. Me la imagino más grande cantando en los velorios”, cuenta Mery Quiñonez, habitante del barrio Villas de Remolino.
"Es una experiencia muy bonita para mi niña. Tiene seis años y está muy motivada, se la pasa cantando alabaos en la casa. A mí me alegra mucho que continúe con la tradición porque así podrá seguir el legado de los ancestros".
Mery Quiñonez, habitante de Tadó
Esa misma sensación la tiene Isabel Perea, madre de un niño de 10 años. “Yo soy una mujer mayor y no conozco las canciones de los alabaos. Si les enseñamos a los niños, que son el futuro, podemos rescatar esas raíces perdidas. Veo a mi hijo ensayar en la casa y de verdad me alegra. Me siento muy satisfecha y contenta por Neymar", dice.
De acuerdo con Elizabeth Moreno, lideresa chocoana y defensora de los derechos humanos, mejor conocida como "Chava", instalar una escuela de alabaos es "una manera espectacular de recuperar las tradiciones". "Que se agrupen los colegios, los procesos organizativos de los territorios y que se articulen jóvenes y mayores para la transmisión de saberes", dice.
“Antes, en las charlas sentados a la orilla de un río o a bordo de una canoa, labrando el canalete, tejiendo el chinchorro o armando canastillas, uno hacía un doble aprendizaje. Aprendía sobre el canalete, pero también conocía los cuentos, las adivinanzas y los alabaos. Esos espacios hay que retomarlos, porque son una forma de resistencia”, considera Moreno.
Tres días ante mi muerte
me tengo que confesar
para ir derecho al cielo
y no tener que penar.
Estando muerto y tendido
prendan las cuatro velas
para cantarle toda la noche
hasta llevarme a la tierra.
En el Chocó, honrar a los muertos a través de ritos como los alabaos y los gualíes es un principio fundamental. Esa adoración a los difuntos —también a los santos— es tan propia de las comunidades del sur de la costa pacífica como del sur del Valle y del norte del Cauca, donde los muertos hacen parte de las familias de los vivos.
Por eso los alabaos son un pedazo de ellos mismos. De su dolor, alabanza y esperanza. Son cantos, pero también oraciones y plegarias a varias voces para despedir con regocijo a quienes se van y acompañar a las familias que se quedan. Una práctica ancestral de la liturgia afrocolombiana declarada Patrimonio Inmaterial de la Nación en 2014.
“Los alabaos hacen parte de un sistema espiritual complejo que pone juntos ritos, cantos, signos y objetos. Estos signos sagrados que hoy adornan las tumbas y resuenan en los velorios y en las fiestas patronales, tienen una larga tradición. Son el resultado de circunstancias históricas como la espiritualidad africana, la violencia de la esclavización y la catequización de los cautivos. No podemos pensar en alabaos sin pensar en todo lo que los rodea. Es un canto para honrar la gente del más allá vinculado a toda una ritualidad afrodescendiente”, explica Martha Luz Machado, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la espiritualidad y la estética afrocolombiana.
"Los alabaos son resultado de circunstancias históricas como la espiritualidad africana, la violencia de la esclavización y la catequización de los cautivos. No podemos pensar en alabaos sin pensar en todo lo que los rodea".
Martha Luz Machado, doctora en Ciencias Sociales e investigadora de la espiritualidad y la estética afrocolombiana
Los conocimientos sobre los alabaos, gualíes y levantamientos se transmiten de generación en generación, “como se aprende a ser partera, curandero, raicero o médico ancestral”. Por eso, dice Machado, “es revelador que se creen escuelas para enseñarlos en lugares donde ese traspaso generacional pareciera que está desapareciendo”.
Esa “desaparición” ocurre únicamente en Tadó y en Istmina, considera Héctor Rodríguez, creador del Encuentro de Alabaos, Gualíes y Levantamiento de Tumbas, que se celebra en Andagoya hace 27 años, un evento que reúne a más de 40 grupos de municipios y corregimientos del Chocó. “En Andagoya nosotros llevamos los sabedores a los salones de clase, tenemos incluso niños indígenas que cantan alabaos, eso antes no se veía”, cuenta. “La falta de cantaores se ve en algunos municipios como Tadó e Istmina, porque a veces no hay mucho interés y apoyo de las administraciones municipales, pero eso en los demás pueblos no está pasando”, señala Rodríguez.
"La falta de cantaores se ve en algunos municipios como Tadó e Istmina, porque a veces no hay mucho interés y apoyo de las administraciones municipales, pero eso en los demás pueblos no está pasando".
Héctor Rodríguez, creador del Encuentro de Alabaos, Gualíes y Levantamiento de Tumbas de Andagoya
Por eso es tan importante tener semilleros, dice, “para que cuando los adultos mueran, los jóvenes sigan con la tradición y les enseñen a cantar alabaos a los niños. Esa es una forma de salvaguardar las manifestaciones”, aunque es un proceso que toma años, advierte.
Rodríguez recuerda la vez que los alabaos estuvieron en peligro en Andagoya por el temor que sentían las personas durante el conflicto armado. “Cuando los actores armados hacían presencia y caminaban por las calles de los pueblos, la gente se asustaba y dejaba de cantarle a sus muertos, los muertos ya ni se veían”, cuenta. “Por eso creamos en 1997 el encuentro de alabaos, para proteger y defender nuestras tradiciones”.
Para llevarme a la tierra
Voy junto con mis hermanos
Allá me dejan solito
Para que me coma el gusano
Aunque el gusano me coma
Yo aquí tengo que volver
A recoger mi celaje
Lo que en el mundo dejé
Los alabaos que se cantan en Tadó son diferentes a los de otros municipios, explica Rodamin Perea. Tienen una musicalidad especial y, muchas veces, cambios en algunas de las letras: palabras que no se pronuncian completamente, significados que cambian. Pero todos exigen mucho vocalmente a los cantadores, que suelen interpretarlos mientras beben aromáticas envenenadas con aguardiente y zumo de limón, para poder cantar por horas hasta el amanecer.
En Tadó, los velorios se siguen realizando siempre en la noche y en comunidad. Esa tradición no se ha perdido. Los tadoseños tienen la costumbre de recoger dinero entre los vecinos para ayudar con los gastos fúnebres y, como agradecimiento, las familias del muerto ofrecen café, aromáticas, confites, panes, galletas y aguardiente. Los eventos comienzan con el primer rosario hasta completar cinco. Luego se cantan los alabaos, que van acompañados con un salve o un avemaría.
Camino más adelante, un triste ciego encontré
Ciego dame una naranja, para el niño aplacar su sed
Súbase al palo señora, coja la que merece
Cojala de una en una, cojala de dos en tres
Desde la primer naranja, ya el ciego empezó a ver
Ciego que nada no via, ciego que nada no ve
Salve, salve, salve virgen
Dolorosa madre.
Darlington Yurgaky, secretario de Cultura de Tadó, celebró la iniciativa ciudadana de crear la primera escuela de alabaos. “Me parece excelente la idea que tuvo Marcela [Quinto] desde la biblioteca para rescatar costumbres y tradiciones. Hacia allá debemos apuntar, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla”.
De acuerdo con el funcionario, “sería bueno hacer estos talleres en otras instituciones educativas y llevarlos al alto San Juan, para que la gente vaya enriqueciendo sus conocimientos, valore las tradiciones y toda esa cultura bonita que tenemos”.
La idea, aseguró Yurgaky, es que los niños y las niñas de la escuela de alabaos puedan participar en el Encuentro de Alabaos, Gualíes y Levantamiento de Tumbas de Andagoya. “La tradición hoy se está perdiendo y con base en eso tenemos que tomar acciones”, reconoce.
La virgen cogió el camino
del valle para Belén
y en la mitad del camino
el niño pidió agua a beber
Salve salve virgen
dolorosa madre.
Agua te daré mi niño
agua te daré mi bien
porque los ríos están turbios
ríos y mares también.
Cada vez que Avelina Jiménez tiene que ir al médico, se despierta a las tres de la madrugada. Solo si se levanta a esa hora puede llegar a tiempo para esperar por horas hasta conseguir un turno en el hospital San Agustín de Fonseca.
Jiménez es una madre comunitaria del hogar Saltarines de Conejo, corregimiento ubicado a 14 kilómetros del casco urbano. Sufre de hipertensión y, hace dos años, fue diagnosticada con cáncer de mama, una enfermedad que a pesar de que esté superada, requiere de controles constantes en el área de oncología. Pero este servicio no se presta ni en el puesto de salud de Conejo ni en Fonseca, razón por la que conseguir un turno es apenas el primer paso para llegar al hospital en Valledupar.
El camino que debe recorrer Avelina Jiménez es el mismo para todos los habitantes de la zona rural con enfermedades que requieren una atención de tercer nivel. Pero incluso para quienes necesitan servicios básicos como medicina general, se enfrentan a odiseas como la de Jiménez.
“Para mí es pésimo el servicio. A veces tengo que autorizar a mis hijas, y ellas deben madrugar y exponer la vida por ahí para poder conseguirme un ficho”, cuenta Jiménez.
En la zona rural de Fonseca hay cuatro puestos de salud: El Hatico, Conejo, Sitio Nuevo y Mayabangloma. Estos ofrecen únicamente servicios de enfermería, medicina general, odontología y toma de muestras de cuello uterino y ginecológicas. Pero solo atienden una vez a la semana y no cuentan con personal médico permanente. El único que presta atención cuatro días a la semana es el del resguardo indígena de Mayabangloma.
Por eso, una de las principales peticiones de los veedores ciudadanos y presidentes de las Juntas de Acción Comunal en Fonseca es acondicionar los puestos de salud rurales, para que las personas que habitan en las zonas más alejadas al casco urbano cuenten con una prestación de servicios digna.
En La Guajira, el 96,5 por ciento de la población rural hace parte del régimen subsidiado en salud, según la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) del Dane en 2023. Sin embargo, las personas que viven en la zona rural son las que menos acceden a los servicios de salud. Solo el 3,7 por ciento de quienes registraron afectaciones de salud y se dirigieron a los centros médicos viven en la zona rural, de acuerdo con cifras del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, Sivigila.
Según ese sistema, los eventos registrados que más afectan la salud de la población en La Guajira son las agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia, las infecciones respiratorias agudas graves, el dengue y la morbilidad materna. Pero ninguno de los centros de salud rurales tiene la capacidad para atender estos eventos.
Consonante hizo un recorrido por los corregimientos de El Hatico, Conejo y Sitio Nuevo, el resguardo Mayabangloma, y las veredas Pondores, Las Colonias y Las Marimondas, para conocer la calidad del servicio de salud y las principales necesidades de la población rural.
Las veredas más alejadas del casco urbano de Fonseca están en la serranía del Perijá. Allí, los habitantes se ven obligados a caminar por más de una hora para encontrar un transporte que los lleve hasta el puesto de salud de Conejo o hasta el hospital San Agustín de Fonseca.
El trayecto es largo y agotador para las personas. Carlos García tiene 63 años y vive en la vereda Pondores, dice que solo hace ese recorrido por necesidad, porque “conseguir transporte es lo más difícil a la hora de salir de la finca”.
Para llegar a tiempo a sus citas médicas, García debe caminar durante una hora y media. En varias ocasiones, su hipertensión lo obliga a buscar una moto que lo traslade desde su finca hasta el hospital. Pero este es un servicio poco común en la vereda, porque la vía está en pésimas condiciones. “Yo tengo mi control de hipertensión en Fonseca y la mayoría de las veces me toca irme caminando porque ninguna moto se quiere meter por acá”, cuenta García.
Pero su travesía no termina allí. En el hospital, García debe esperar dos horas aproximadamente para ser atendido. “Yo no sé por qué los que vivimos en la zona rural no tenemos prioridad en el hospital. Uno llega tarde y enseguida pierde la cita”, lamenta.
"Yo no sé por qué los que vivimos en la zona rural no tenemos prioridad en el hospital. Uno llega tarde y enseguida pierde la cita".
Carlos García, habitante de Pondores
Esa es la situación de todos en Pondores, donde no hay ningún puesto de salud en funcionamiento. El módulo de atención más cercano es un pequeño local improvisado para las jornadas médicas, que se encuentra en el AETCR de la vereda, pero que dejó de funcionar en 2019.
“Antes [el módulo] contaba con un médico, una enfermera y una ambulancia. Con los años ese esquema se fue deteriorando. Ahora solo tenemos cuatro jornadas extramurales al año y un doctor que solo viene para eso”, cuenta Heiner Arrieta, reincorporado del AETCR.
En las veredas Las Colonias y Las Marimondas, hay dos centros de atención que están abandonados, sin personal médico ni equipos básicos. Esto obliga a los residentes a viajar al centro urbano en busca de atención.
Los residentes de Las Colonias, por ejemplo, tienen que recorrer 34 kilómetros hasta el hospital San Agustín en Fonseca, una travesía que toma tres horas debido al mal estado de la carretera. En situaciones críticas, algunos deben caminar hasta 15 kilómetros en terreno montañoso para llegar a Conejo, donde pueden encontrar transporte.
Esta es la opción más viable para los habitantes, pues viajar en camión desde Las Colonias puede costar entre 150 y 180 mil pesos, mientras que en motocicleta cuesta entre 30 y 40 mil pesos.
“La atención en salud en Las Colonias es nula. Cuando tenemos emergencias médicas solo contamos con la colaboración de algún vecino con vehículo que nos brinda el auxilio para ir hasta Fonseca. El puesto de Conejo no tiene atención permanente y por eso vamos derecho hasta Fonseca”, cuenta Esneider Torres, habitante de la vereda.
"La atención en salud en Las Colonias es nula. Cuando tenemos emergencias médicas solo contamos con la colaboración de algún vecino con vehículo que nos brinda el auxilio para ir hasta Fonseca".
Esneider Torres, habirante de Las Colonias
El resguardo indígena Mayabangloma tiene un puesto de salud que atiende a 1.300 familias. Es el único centro médico en la zona rural que ofrece atención casi todos los días y recibe visitas regulares de la unidad odontológica. Además, cada dos o cuatro meses se realizan jornadas de citologías y vacunación.
Aunque no hay una enfermera fija, una promotora de salud wayuu se encarga del puesto médico. Ella es el apoyo del médico de turno, que visita el lugar cuatro días por semana. Durante cada jornada, se atienden alrededor de 15 personas
“Acá se prestan servicios de consulta externa, control de enfermería, odontología, control prenatal, crecimiento y desarrollo, control de la juventud, de la primera infancia y de la vejez, hipertensión y diabetes. Estamos abiertos lunes, martes, miércoles y viernes”, cuenta Aurora Solano, promotora de salud wayúu.
Estos servicios se ofrecen gracias a un convenio entre el cabildo y el Hospital San Agustín de Fonseca. Este acuerdo fue establecido entre el gobernador del cabildo, Oscar Uriana, y la administración del exalcalde Pedro Manjarrez Fragoso. El objetivo es mejorar la atención a la comunidad wayúu, afiliada a la E.P.S Dusakawi, que cuenta con más de 5.000 miembros. A pesar de los cambios en la administración municipal, este acuerdo se mantiene y respeta.
La principal queja de la población es la falta de infraestructura adecuada en el centro de salud. No hay equipos médicos ni de oficina disponibles. El lugar se reduce a una casa con una terraza grande que funciona como sala de espera, un corredor angosto y dos habitaciones utilizadas como consultorios.
“Me atienden bien, pero me gustaría que hubiera más privacidad. Uno entra y las otra personas entran cuando lo están revisando a uno, eso no me gusta. Necesitamos algo más grande, más presentable y con más gente que nos atienda. No hay sillas para sentarse y estar de pie o sentada en el sardinel cansa”, expresa Landis Patricia Ramírez, habitante de La Loma.
El corregimiento de Sitio Nuevo, con una población de 610 habitantes, tiene la mejor infraestructura en salud de la zona rural de Fonseca. El centro de atención cuenta con una sala, dos consultorios, dotación de equipos médicos y de oficina.
“Nosotros tenemos un centro de salud que cuenta con una buena infraestructura, dotación y toda la logística necesaria para su buen funcionamiento, pero falta el recurso humano. Queremos que la atención sea permanente o al menos tres veces por semana”, cuenta Wilfredis Villalobos, presidente de la JAC de Sitio Nuevo.
"Nosotros tenemos un centro de salud que cuenta con una buena infraestructura, dotación y toda la logística necesaria para su buen funcionamiento, pero falta el recurso humano".
Wilfredis Villalobos, presidente de la JAC de Sitio Nuevo
Ese fue uno de los compromisos que asumió el gerente del hospital San Agustín de Fonseca quien visitó el mes pasado a la comunidad para hacer un diagnóstico del servicio que reciben en salud. “El jueves 16 de mayo tuvimos un fortalecimiento en materia de atención personalizada con la unidad móvil médico- odontológica en nuestro puesto de salud. Así esperamos que se cumpla todo lo dicho”, afirma Villalobos.
En El Hatico, un corregimiento con alrededor de 3.800 habitantes, los servicios de salud son limitados. Solo una vez a la semana, los lunes, una empleada del Hospital San Agustín abre el centro de salud y entrega 15 fichas a pacientes. Estos serán atendidos al día siguiente, el martes, cuando llega el médico de turno para realizar servicios básicos como medir la presión arterial, talla y peso, monitoreo fetal y vacunación.
El puesto de salud está compuesto únicamente por dos habitaciones y un corredor pequeño. En el corredor hay nueve sillas que funcionan como sala de espera. Al fondo, un escritorio de madera donde permanece la secretaria. Las habitaciones funcionan como consultorios, pero solo hay un médico de turno. No hay enfermeras ni equipos médicos ni tecnológicos.
“Me atienden bien, pero me gustaría que brindaran otros servicios para no tener que ir tanto a Fonseca, porque yo vivo en La Laguna y a veces me ha tocado por emergencias ir al hospital de Fonseca sin importar la hora”, cuenta Dina Luz Cabana, habitante de El Hatico, quien puede gastarse hasta 30.000 pesos en transporte.
Para Luz Cabana, es necesario contar con una enfermera permanente, una unidad odontológica, jornadas de citologías y computadores para una atención más ágil y efectiva. “O que al menos las jornadas de salud fueran continuas y con especialistas, no solo medicina general”, dice.
Por su parte, a los habitantes de la vereda de Guamachal del corregimiento de El Hatico, a 15 minutos de la cabecera municipal, se les facilita acudir al hospital Nuestra Señora del Pilar del municipio de Barrancas, a solo cinco minutos de distancia.
“Nosotros no tenemos centro de salud acá en Guamachal, por eso al momento de una urgencia nos toca acudir a Fonseca o a Barrancas, que nos queda más cerca. Para ir a Fonseca tenemos que recorrer 14 kilómetros hasta llegar al hospital, mientras que a Barracas solo son cuatro kilómetros”, cuenta Jimmy Redondo, habitante de la vereda de Guamachal.
“El mes pasado realizaron una brigada de salud y prestaron los servicios básicos, algo que hace más de cuatro años no pasaba", recuerda Redondo. “Nosotros merecemos un puesto de salud y somos los únicos que no tenemos”, lamenta.
El 9 de mayo, la empresa nacional promotora de desarrollo territorial ENterritorio S.A y el Ministerio de Salud anunciaron la puesta en marcha de un convenio para construir y mejorar los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) en 44 corregimientos de 11 municipios de La Guajira, incluyendo Fonseca.
El convenio está valorado en $82.029 millones de pesos y prioriza a las poblaciones de Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva. Con su ejecución se espera “beneficiar a 7.200 personas con acceso oportuno y de calidad al sistema de salud a través de los CAPS", dice Lina Barrera, presidenta de ENterritorio.
“Se hará en algunos una reposición, en otros ampliación y en otros unas adecuaciones para mejorar los servicios, con alta calidad y sobre todo, con un enfoque en la prevención y promoción de la salud”, explica Barrera.
Desde el 12 de marzo llegó la autoridad de tránsito y transporte a Tadó. Ese día, un cuerpo especializado de tres agentes provenientes de Quibdó empezó a regular el cumplimiento de las normas de tránsito en el municipio. Su llegada ha generado descontento y críticas entre los ciudadanos y conductores, especialmente en el gremio de mototaxistas, dado que este es el principal medio de transporte y la mayor fuente de empleo en los hogares.
La presencia de los agentes es el resultado de una decisión tomada por la Dirección de Tránsito Departamental del Chocó, ante la inexistencia de un Instituto de Tránsito Municipal en Tadó y, por ende, de una autoridad local que ejerza el control de las normas viales. Según la ley 2251 de 2022, siempre que un municipio no cuente con su propio organismo de tránsito, la jurisdicción y competencia recaerá sobre el organismo departamental.
De acuerdo con Wilson Dabey, director de tránsito del Chocó, los agentes llegaron a los municipios de Tadó, Istmina, Condoto, Yuto y El Carmen de Atrato “con el propósito de hacer control”. “Nosotros no somos enemigos de ninguna persona, nuestra actividad es ayudar a que la gente tenga su documentación en regla y así salvar vidas”, asegura Dabey.
Los agentes están ubicados en varios puntos estratégicos: en la estación de Policía del barrio Popular, en la entrada de Tadó que comunica con Unión Panamericana, en la entrada del colegio Nuestra Señora de la Pobreza y en la calle Carmelita, a la altura del puente principal. Con su llegada, los mototaxistas y conductores de vehículos temen infringir las normas e incurrir en multas, razón por la que muchos evitan circular por esos puntos.
En Tadó hay 600 mototaxis y motocarros que prestan el servicio de transporte de manera informal, dado que el mototaxismo no está legalmente constituido. Además, es común que los conductores no cuenten con documentación como la licencia de conducción activa, la tarjeta de propiedad del vehículo, la revisión técnico-mecánica y el seguro obligatorio (SOAT). Por eso, las autoridades de tránsito llegaron a un acuerdo con los transportadores para dar plazo hasta el 30 de mayo de ponerse al día con los documentos necesarios.
Francisco Asprilla, veedor ciudadano, expresa su preocupación por las afectaciones económicas que puede generar la presencia de los agentes de tránsito en el municipio. Señala que, desde su llegada, hay una sensación de confinamiento entre los conductores, especialmente de los mototaxistas, quienes no podrían costear los gastos por las multas.
“Muchas familias dependen del ingreso diario generado por un conductor de mototaxi. Después de cubrir gastos como el alquiler del vehículo y la compra de combustible, apenas les quedan unos pocos pesos para necesidades básicas como alimentos. ¿Cómo estos conductores podrían costear los elevados costos de legalización de documentos que pueden alcanzar cifras de hasta uno, dos o incluso tres millones de pesos?”, cuestiona Asprilla. Por esta razón, considera, “la llegada del tránsito al municipio de Tadó es un verdadero atropello a la economía local”.
"Muchas familias dependen del ingreso diario generado por un conductor de mototaxi. Después de cubrir gastos como el alquiler del vehículo y la compra de combustible, apenas les quedan unos pocos pesos para necesidades básicas como alimentos".
Francisco Asprilla, veedor ciudadano
Kevin Estiven Perea Palacios, conductor de transporte público, también manifiesta su preocupación. En sus palabras, "los agentes llegaron al municipio de Tadó y nos cogieron de sorpresa. Es algo que no se avisó, no se anticipó y que tiene a la gente muy angustiada. Nunca se hizo ni una capacitación para uno empaparse sobre el tema".
"Los agentes llegaron al municipio de Tadó y nos cogieron de sorpresa. Es algo que no se avisó, no se anticipó y que tiene a la gente muy angustiada. Nunca se hizo ni una capacitación para uno empaparse sobre el tema".
Kevin Estiven Perea Palacios, conductor de transporte público
Según Perea, alrededor de un 60 por ciento del gremio de rapimoteros se siente afectado por esta situación. “La presencia de los agentes ha resultado en una disminución del flujo vehicular, lo que dificulta a los ciudadanos conseguir transporte en horas específicas cuando los agentes están presentes”, dice.
Además, señala que el turismo en la zona también se ha visto afectado. El domingo hubo retención de vehículos en la vía que conecta el municipio de Unión Panamericana con Tadó. Esta situación obligó a las personas a regresar a su lugar de origen, ya que no podían llegar a los destinos turísticos de la localidad, cuenta Perea.
“Me siento molesto con la llegada del tránsito porque se debió hacer una socialización. Aunque ellos digan que no hay la necesidad, sí la deben hacer por el pequeño motivo que es municipal, y aducen que es un convenio con la Gobernación”, coincide un ciudadano que prefirió mantener su anonimato.
De acuerdo con Wilson Dabey, director de tránsito del Chocó, el 80 por ciento de los conductores de motocarro no poseen licencia de conducción. Además, dice, “un alto número no tiene seguro obligatorio”. “A pesar de eso les hemos colaborado para que saquen sus documentos, porque la verdad es que algunos conductores prestan el servicio como les da la gana. Por eso están incómodos los guardas”, considera Dabey.
Deisner Luis Palacios Mosquera, secretario de gobierno de Tadó, asegura que la presencia de los agentes de tránsito tomó por sorpresa incluso a la administración municipal. Sin embargo, afirma que , “aunque se ha mencionado que la llegada de los agentes podría afectar la economía”, no comparte esa opinión.
“Recientemente tuve la oportunidad de dialogar con los agentes de tránsito y me tranquilizó saber que están adoptando un enfoque flexible en su labor. Cuando les pregunté sobre el número de vehículos inmovilizados, me sorprendió saber que apenas había uno. Esto es notable, considerando que han estado desempeñando sus funciones durante casi un mes. Si realmente estuvieran actuando de manera tan rigurosa como algunos sugieren, seguramente habría una gran cantidad de vehículos retenidos en el parqueadero”, explica Mosquera.
De acuerdo con el secretario, “los agentes de tránsito están llevando a cabo acciones pedagógicas y ejerciendo un control efectivo, lo cual es crucial para garantizar la seguridad vial en nuestro municipio. Confío en que su presencia contribuirá positivamente al ordenamiento del tránsito y, en última instancia, al fortalecimiento de nuestra economía local”.
Para el personero municipal, Guillermo Cuesta Paneso, la llegada de estos agentes sí está teniendo un impacto negativo en la economía local. Paneso subraya la importancia del gremio de mototaxistas, no solo para quienes utilizan sus servicios en el municipio de Tadó, sino también para aquellos que dependen de esta actividad como medio de subsistencia.
Además, Paneso señala que, como representante del Ministerio Público en esta localidad, no recibió ninguna notificación oficial sobre la llegada de esta dependencia al territorio. También asegura que ninguna queja formal ha sido presentada ante su despacho en relación con esta situación.
El 30 de mayo termina la etapa pedagógica del control de tránsito y transporte en Tadó. A partir de esa fecha, los agentes de tránsito de la Dirección de Tránsito Departamental del Chocó impondrán comparendos por infracciones a normas de tránsito. Las multas pueden ir, dependiendo del tipo de infracción, desde 152 mil pesos hasta tres millones.
En Tadó las personas ruegan que llueva para abastecerse y recolectar agua lluvia. El sistema de acueducto es deficiente, el agua que trata la Empresa de Servicios Públicos Aguas de Tadó no es potable, no hay suficiente cobertura y las tuberías presentan fugas. Por eso, una de las peticiones constantes que hace la ciudadanía es la del mejoramiento del sistema. Así quedó expuesto durante las mesas técnicas para la construcción colectiva del Plan de Desarrollo Municipal, el instrumento de planeación que será hoja de ruta del alcalde Juan Carlos Palacios para la asignación de recursos y ejecución de proyectos.
En los encuentros participaron líderes sociales de distintos sectores y presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC), quienes destacaron la importancia de que sus propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta en el Plan de Desarrollo Municipal, ya que históricamente han sentido que sus necesidades no han sido atendidas.
“Por primera vez en la historia de Tadó el gobierno municipal solicitó a las Juntas de Acción Comunal presentar sus necesidades para que quedaran incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal. Esperamos que en esta ocasión las propuestas podamos trabajarlas de la mano de la administración a través de proyectos en conjunto”, dice Jesús Amín Orejuela, vicepresidente de la JAC del Barrio Escolar.
"Por primera vez en la historia de Tadó el gobierno municipal solicitó a las Juntas de Acción Comunal presentar sus necesidades para que quedaran incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal".
Jesús Amín Orejuela, vicepresidente de la JAC del Barrio Escolar
Durante las reuniones, los líderes de las organizaciones comunales también priorizaron el mejoramiento del sistema de acueducto, el fortalecimiento de los proyectos productivos de los tasodeños, la inversión en la infraestructura de los espacios deportivos y de los planteles educativos del municipio.
En Tadó, el sistema de acueducto funciona a medias. Alrededor del 75 por ciento de la población cuenta con el servicio pero, quienes lo tienen, aseguran que es intermitente y que nunca se sabe cuándo llegará o se irá nuevamente. En el mejor de los casos, las personas pueden abastecerse de agua durante una o dos horas seguidas. Pero no está bien tratada, por ende no es agua potable.
“Consumir esta agua que no es tratada afecta la salud humana. Nos da enfermedades, nos da parasitosis y fiebre”, cuenta Rocío Gutiérrez, presidenta de la JAC del barrio Reinaldo.
Muchas veces, el agua que distribuye la empresa se pierde entre las viviendas porque las tuberías están averiadas, explica Amín Orejuela, miembro de la JAC del barrio Escolar. “No solo se necesita más cobertura sino también que arreglen las fugas que existen en todas las calles y que se sensibilice a la comunidad sobre el uso del agua en sus hogares para que puedan tener sostenibilidad el tanque de almacenamiento”, dice.
Para Aristarco Parra, presidente de la JAC del barrio San Pedro, los sectores que más abandonados están en materia de servicio de agua potable son Ibordo y Pantanito, en San Pedro; Villas de Remolino y Guayacán, en La Ciudadela; y la urbanización Villa Esperanza, en el barrio Reinaldo.
“La gente solo puede abastecerse de agua del acueducto por unas horas. Toca recurrir a las aguas lluvias y comprar bolsas de agua”, cuenta Fausy Yurgaki, de la JAC del barrio La Ciudadela.
Para apoyar a los campesinos y emprendedores en Tadó, los líderes de las Juntas de Acción Comunal proponen que se destinen recursos especialmente para fortalecer los proyectos productivos y de soberanía alimentaria a través de la entrega de insumos e incentivos, así como de capacitaciones en educación financiera y sostenibilidad.
Aristarco Parra, presidente de la JAC del barrio San Pedro, asegura que los emprendedores necesitan impulso económico, tecnológico y empresarial. “Los emprendedores necesitan que el gobierno les ayude a comercializar sus productos, que les enseñen de mercadeo y finanzas para sacar adelante sus negocios”.
Para Rocío Gutiérrez, presidenta de la JAC del barrio Reinaldo, es necesario incentivar la capitalización de los emprendedores porque “ellos tienen iniciativa, pero no hay apoyo del Estado para fortalecer sus pequeñas empresas, por eso fracasan”.
"Los emprendedores tienen iniciativa, pero no hay apoyo del Estado para fortalecer sus pequeñas empresas, por eso fracasan".
Rocío Gutiérrez, presidenta de la JAC del barrio Reinaldo
En Tadó hay cuatro instituciones educativas en la zona urbana y dos en la rural, con 23 sedes que albergan 5.200 estudiantes. Todas necesitan una intervención, coinciden los líderes comunales, porque se encuentran en mal estado: los baños tienen baterías sanitarias dañadas; los techos presentan goteras; los salones no tienen ventiladores y, en algunos casos, las escuelas no cuentan con computadores ni servicio de transporte escolar. Esos problemas se presentan principalmente en el Instituto Técnico Agroambiental, Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de la Pobreza y la Normal Superior Demetrio Salazar Castillo.
Por esta razón, los rectores de los planteles educativos enviaron cartas al alcalde Juan Carlos Palacios solicitando acciones urgentes para mejorar las condiciones de la infraestructura en cada escuela del municipio.
Danilo Copete, rector del colegio Nuestra Señora de Fátima de Playa de Oro cuenta que “las escuelas necesitan un cambio de cubiertas, mejorar las baterías sanitarias, un encerramiento y la reubicación de las escuelas de Mumbú, Carmelo y Tabor”.
Para Gabriel Copete, exrector del colegio Nuestra Señora de la Pobreza, el mal estado de las instituciones educativas afecta el aprendizaje del estudiante porque “la educación también se desarrolla en la interacción entre compañeros y maestros en un mismo espacio”. “La situación es compleja porque algunos rectores no invierten los recursos de la mejor manera y creen que todo lo debe hacer el alcalde”, cuestiona Copete.
Los tadoseños cuentan solo con seis escenarios deportivos en el casco urbano. Hay tres canchas de fútbol, pero todas están llenas de maleza; un polideportivo y dos canchas múltiples, que también están deterioradas.
De acuerdo con Yesid Cossio, integrante del club de atletismo, “el único escenario deportivo que se encuentra regular es el polideportivo, los demás no están aptos para las prácticas deportivas porque al estar en mal estado pueden causar lecciones a los deportistas”. Para Cossio, también se necesita una pista de atletismo porque no hay ningún espacio para practicar este deporte.
Para Carlos Mario Mosquera, líder del club deportivo Mineritos, es clave que la Alcaldía realice un diagnóstico de los escenarios deportivos e intervenga cada uno de ellos, teniendo en cuenta su estado. “Los problemas de los escenarios deportivos están incluidos en el acuerdo municipal y tienen una estampilla llamada pro-deporte. Lo que falta es que los gobiernos cumplan con la ley”, destaca Mosquera.
En la zona rural de Fonseca hay cuatro puestos de salud, pero ninguno funciona eficientemente y solo uno cuenta con dotación e infraestructura adecuadas. Hay cuatro colegios con subsedes, pero todos tienen problemas estructurales y carecen de profesores. Es un sector netamente agrícola, pero los campesinos no cuentan con insumos ni maquinaria propia, muchos menos con vías en buen estado para distribuir sus productos.
Estas fueron algunas de las necesidades principales que las comunidades rurales plantearon durante los encuentros para la construcción del Plan de Desarrollo Municipal. En las reuniones participaron presidentes de Juntas de Acción Comunal, miembros de la población LGBTI, representantes de víctimas del conflicto armado, líderes sociales de los distintos sectores, tanto campesinos como integrantes del gremio de transportadores y comerciantes.
“La participación fue muy amplia por parte de las juntas y de la comunidad. Vimos el compromiso de la administración para solucionar los problemas que ventilamos y que plasmamos en el documento”, destaca Wilfredis Villalobos, presidente de la JAC del corregimiento de Sitio Nuevo.
Aunque los líderes celebraron que fueran tenidos en cuenta, también manifestaron su preocupación con respecto a la metodología virtual usada para recopilar sus propuestas, teniendo en cuenta la falta de conexión que caracteriza a la ruralidad en el municipio. "Son muchas las necesidades y el mecanismo utilizado para el desarrollo de las mesas técnicas no fue el adecuado. Había que tener datos móviles, pero uno de nuestros principales problemas es la mala conectividad”, reclama Jesús Molina, presidente de la JAC de El Chorro.
El Plan de Desarrollo es la hoja de ruta que debe seguir la administración para destinar recursos a los proyectos priorizados y alineados con los objetivos de desarrollo territorial durante el periodo de gobierno. Este año, deberá ser aprobado por el Consejo Municipal y la Asamblea Departamental a más tardar el 31 de mayo.
Consonante habló con distintos líderes y presidentes de las JAC de la zona rural, especialmente de los corregimientos de El Hatico, La Laguna, El Chorro, Jagüey y Sitio Nuevo, donde se desarrollaron las mesas de trabajo, para visibilizar las principales propuestas y necesidades planteadas por las comunidades.
La principal actividad económica en la ruralidad de Fonseca es la producción agrícola. En la región se produce arroz, yuca, guineo, maíz, ají, auyama, frijol, papaya, guineo, plátano, melón, entre otros. Sin embargo, los pequeños productores no cuentan con insumos ni maquinaria propia para sacar adelante sus cultivos, por lo que deben alquilar tractores, máquinas cortadoras de arroz, sembradoras y otros implementos para la preparación de la tierra.
Para mejorar su productividad, los agricultores solicitan que el Plan de Desarrollo Municipal incluya la creación de un banco de maquinaria agrícola que les permita cultivar con mayor autonomía. “La solicitamos para que el agricultor pueda hacer uso de él, para que no se pierdan las cosechas por carecer de los recursos para pagar el arriendo de estas máquinas”, dice Darwin Rodríguez, de El Hatico.
"Solicitamos un banco de maquinaria agrícola para que el agricultor pueda hacer uso de él, para que no se pierdan las cosechas por carecer de los recursos para pagar el arriendo de estas máquinas".
Darwin Rodríguez, presidente de la JAC de El Hatico
En esto coincide Jhon Guerra, presidente de la JAC de Jagüey, para quien “este tipo de maquinaria sería muy buena y de gran ayuda después que se le dé el manejo correspondiente”. “De esta forma se ayuda al campesino, al pequeño y mediano productor que no cuenta con recursos para contratar estas maquinarias".
En Fonseca hay un registro de 11.647 víctimas del conflicto armado, según las cifras más recientes de la Unidad para las Víctimas, por hechos violentos como desaparición forzada, homicidios y secuestros, que abrieron una dolorosa herida en sus habitantes. Sin embargo, solo 781 víctimas han recibido 850 indemnizaciones por 6.150 millones de pesos.
En El Hatico, más de 800 personas quedaron confinadas y atemorizadas luego de los asesinatos ocurridos el 13 de diciembre del 2000. Ese día, más de 50 hombres encapuchados, armados y vestidos con prendas de las fuerzas armadas, asesinaron a tres personas en la plaza principal: Francisco Sajauth León, conductor de 47 años; Fanor Antonio Martínez, tendero de 55 años; y José Laudebith Perez, agricultor de 60 años. Después de 24 años de este suceso, los familiares de los asesinados, así como las víctimas de otros hechos violentos, reclaman y esperan una reparación por parte del Estado. Por eso piden que sus necesidades sean priorizadas en el Plan de Desarrollo Municipal.
“Soy víctima desde el 2000, a raíz de un tío que me mataron, y por eso hemos recibido ayudas económicas por 900 mil pesos en dos oportunidades. Hace poco nos citaron para una actualización de datos, pero desde el año pasado no pasa nada, lo último que dijeron es que ya estábamos listos para la indemnización”, contó Jose Aurelio Sajauth.
Yolima Díaz, habitante de El Hatico y víctima del conflicto armado, cuenta que hace cuatro años los delegados de la Unidad para las Víctimas no llegan al corregimiento. “Yo perdí unas ayudas por falta de información y la respuesta que dan es que uno tiene que estar molestando”, asegura.
Una espera similar ha vivido Arturo Suárez, de El Hatico, quien asegura nunca haber recibido alguna reparación. “He acudido muchas veces, pero cuando veo la cosa que no camina desisto. Hay mucho trámite, a uno lo mandan para Riohacha, para El Molino, para donde unos funcionarios que nunca están en la oficina y uno se cansa. Yo soy una persona de la tercera edad y tengo que trabajar”, lamenta Suárez.
"Hay mucho trámite, a uno lo mandan para Riohacha, para El Molino, para donde unos funcionarios que nunca están en la oficina y uno se cansa".
Arturo Suárez, habitante de El Hatico
En la zona rural hay cuatro colegios: la Institución Educativa Técnica Agroambiental José Pérez de El Hatico, con sedes en Jagüey, El Chorro y Guamachal; el Centro Educativo Mayabangloma; el Centro Educativo Almapoque; la Institución Educativa Agrícola Departamental de Conejo, con sedes en Las Colonias, El Confuso, Cardonal y Sitionuevo. La mayoría de esos planteles educativos presentan daños significativos en su infraestructura: salones en mal estado, grietas en las paredes, baños deteriorados y techos agujereados.
La Institución Educativa Técnica Agroambiental José Pérez, por ejemplo, no cuenta con una cocina adecuada, ni con un comedor en ninguna de sus sedes. En El Hatico, los estudiantes deben turnarse para recibir los alimentos. “Desde el año pasado fue aprobada la jornada única, pero los estudiantes no han podido tener su almuerzo o desayuno y solo se les está suministrando alimentos procesados por falta de una cocina”, cuenta Jhon Guerra, presidente de la JAC de Jagüey. Además, señala Guerra, "la escuela necesita mejoras en el techo y mantenimiento en las aulas educativas porque se pone en peligro la seguridad de los estudiantes y de los profesores”.
"La escuela necesita mejoras en el techo y mantenimiento en las aulas educativas porque se pone en peligro la seguridad de los estudiantes y de los profesores".
Jhon Guerra, presidente de la JAC de Jagüey
Para Darwin Rodríguez, presidente de la JAC de El Hatico, “urge” que se realice una ampliación y reestructuración de la Institución Educativa Técnica Agroambiental José Pérez para subsanar todas las deficiencias que presenta y poder albergar la cantidad de estudiantes que demanda la comunidad.
Por otra parte, dice Rodríguez, el centro comunitario El Hatico “está en total abandono, en cualquier momento se puede presentar un accidente”, teniendo en cuenta que las paredes están agrietadas, el techo está en malas condiciones, no se cuenta con turbina para el abastecimiento de agua y los baños están deteriorados.
Los corregimientos de Fonseca han sufrido históricamente por la falta de centros de salud bien dotados, con personal médico y con servicios básicos eficientes. Por eso, dependen de brigadas y jornadas de salud para recibir visitas médicas, las cuales no son suficientes, coinciden los presidentes de las JAC rurales .
De los cuatro puestos de salud existentes, solo el ubicado en Sitio Nuevo cuenta con infraestructura digna y equipamiento, pero carece de personal para prestar atención médica. En otros corregimientos, como El Hatico, el panorama es más desolador, ya que el centro de salud se encuentra en abandono.
“El Hatico no cuenta con un puesto de salud apto para la prestación del servicio. Aquí viene un médico cada 10 o 15 días, solo abre los lunes para apartar citas y atender los martes, pero muchas veces no hay atención. El puesto de salud está en total abandono, las paredes están deterioradas, se necesitan consultorios, no hay unidad odontológica. Tampoco hay quien haga mantenimiento general”, dice Darwin Rodríguez.
"El Hatico no cuenta con un puesto de salud apto para la prestación del servicio. Aquí viene un médico cada 10 o 15 días, solo abre los lunes para apartar citas y atender los martes, pero muchas veces no hay atención".
Darwin Rodríguez, presidente de la JAC de El Hatico
El presidente de la JAC de El Hatico pide también que “se brinde un servicio integral”. “Aquí cuando hay alguna urgencia, la gente expone su vida para llegar al hospital de Fonseca porque no hay un médico permanente”. “Además, sería bueno contar con personal de enfermería permanente para brindar los primeros auxilios, suturas, toma de presión, toma de muestras de laboratorio y vacunación. Acá se presentan muchos accidentes de trabajo y sería bueno contar con este servicio”, agrega Rodríguez.
En la Serranía del Perijá, la situación es más compleja porque los habitantes deben recorrer largas distancias a lomo de animal y, en algunas ocasiones transportan en hamacas a sus enfermos hasta la cabecera municipal ante la ausencia de centros de salud y personal médico. Por eso, piden que se incluyan propuestas para mejorar el sistema de salud en la zona rural.
Claudia Peláez* descubrió a comienzos de este año que su clasificación en el Sisbén IV, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, había cambiado significativamente. Pasó de A1, el grupo para la población en pobreza extrema, a B5, el grupo para quienes viven en pobreza moderada. Peláez, madre cabeza de familia, responsable de cinco hijos (todos menores de edad y uno menor de cinco años), se angustió, porque sabía que con ese cambio quedaría por fuera de la Renta Ciudadana; el programa del Estado que ofrece un ingreso de hasta 1 millón de pesos a las familias para superar la pobreza extrema.
Claudia Peláez vive con sus hijos en la vereda La Argelia, en El Carmen de Atrato, donde no hay servicio de agua potable. Su casa no cuenta con energía eléctrica ni mucho menos con conectividad. En esa zona no hay ningún centro de salud cerca y aunque la mayoría de sus hijos va a la escuela rural, su hija mayor debe trasladarse a diario hasta el casco urbano para estudiar. ¿Por qué una mujer con sus condiciones quedaría por fuera de la Renta Ciudadana?, se preguntó Peláez, quien se trasladó hasta la oficina del Sisbén para conocer los motivos de ese cambio y manifestar su desacuerdo.
“La funcionaria del Sisbén revisó y me dijo que aparecía en el régimen contributivo, pero yo dejé de trabajar hace tres meses. Ella contestó que hasta que no dejara de aparecer, no se podía hacer ningún cambio. Me contó que ella había dejado de trabajar también y el sistema se demoró cuatro meses para reportar el cambio. Y aunque cambie, no significa que bajará el puntaje”, cuenta Peláez, para quien la Renta Ciudadana representa una ayuda fundamental en el sostenimiento de su familia.
"La verdad uno no entiende cómo el Gobierno revisa las ayudas. Yo realmente necesito esa platica, si no hubiera sido porque recibí ese recurso a principios de año, no sé cómo le hubiera comprado los uniformes y todos los útiles a mis niños. Ya llevo tres meses sin encontrar trabajo y debo rebuscar la comida para mi familia, no cuento con transporte y vivo bastante lejos, en el campo, donde las condiciones son muy difíciles para nosotras las mujeres", lamenta.
La verdad uno no entiende cómo el Gobierno revisa las ayudas. Yo realmente necesito esa platica (...) Ya llevo tres meses sin encontrar trabajo y debo rebuscar la comida para mi familia".
Claudia Peláez, habitante de La Argelia, en El Carmen de Atrato
Esto mismo le ocurrió a Martina Gutiérrez*, habitante de la vereda de Guaduas. Gutiérrez perdió hace tres años a su esposo, quien trabajaba la tierra y llevaba el sustento a la casa. Hoy, a sus 69 años de edad, vive sola en la finca y sin ayudas del Estado. Ha buscado ser beneficiaria del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, que entrega subsidios económicos para adultos mayores desamparados, pero Gutierrez no puede aplicar porque su clasificación en el Sisbén es C2, el grupo para la población vulnerable, y este no está priorizado.
Gutiérrez también se ha acercado a la oficina del Sisbén para pedir una revisión, pero no ha logrado ningún ajuste en su grupo de clasificación. "Ellos le dicen a uno que los puntajes los cambian desde Bogotá revisando unas bases de datos, pero para mí eso lo manipulan desde acá. ¿Cómo puedo tener un puntaje tan alto sin trabajo, sin marido y sin ayuda de nadie? Yo lo único que tengo es esta tierra que a veces hasta me estorba porque no tengo ni un peso para trabajarla", cuestiona.
"¿Cómo puedo tener un puntaje tan alto sin trabajo, sin marido y sin ayuda de nadie? Yo lo único que tengo es esta tierra que a veces hasta me estorba porque no tengo ni un peso para trabajarla".
Martina Gutiérrez, habitante de Guaduas, en El Carmen de Atrato
Los cambios preocupan tanto a las comunidades rurales como a las urbanas. El Sisbén es el primer filtro que la población debe superar para aspirar a los beneficios de los programas sociales del Estado y la reclasificación puede dejar por fuera a los hogares de las ayudas que reciben.
En esta entrega de El Explicador, Consonante resuelve las principales dudas sobre la actualización que puso en marcha el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entidad encargada del Sisbén; las implicaciones que tiene en los hogares y qué pueden hacer las personas en caso de que consideren que el grupo asignado no encaja con su situación actual.
En diciembre del año pasado, el DNP informó sobre la actualización de la información económica de más de 20 millones de personas, es decir el 60 por ciento de los inscritos en el Sisbén, gracias a la inclusión de nuevas bases de datos. El objetivo: “tener un panorama más actualizado de las condiciones de pobreza y vulnerabilidad de los hogares”. Según la entidad, este cambio permitiría una mayor eficiencia en el gasto público, pues es gracias al Sisbén que el Gobierno focaliza la inversión social en quienes más lo necesitan.
Luego de haber puesto en marcha este ejercicio, 2 de cada 10 hogares inscritos en el Sisbén fueron reclasificados. Un total de 732.740 hogares que pertenecían al grupo A del Sisbén, que representa a un 17,8 por ciento de los inscritos en el sistema, dejaron de hacer parte del grupo de familias en condiciones de pobreza extrema y pasaron al grupo B, que representa a las personas en condición de pobreza moderada.
En febrero de este año, la Defensoría del Pueblo alertó sobre una posible vulneración de derechos fundamentales con la actualización del Sisbén. Con la reclasificación, advirtió, muchas personas “podrían perder su condición de beneficiarios”.
“La actualización ha implicado que 20,8 millones de personas, el 60 por ciento del total del Sisbén, hayan visto su información impactada por la nueva categorización. Es preocupante que 1,7 millones de favorecidos con los programas de transferencias sean objeto de esta actualización, pues podrían perder su condición de beneficiarios sin que realmente haya cambiado su situación”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
Si bien los cambios podrían interpretarse como una mejora en la condición socioeconómica de los hogares colombianos, el defensor manifestó su preocupación porque “la reubicación en categorías superiores puede conllevar una exclusión de beneficios esenciales, poniendo en riesgo el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho al mínimo vital”.
El DNP, por su parte, aclara que el Sisbén “es imparcial a las ayudas y programas sociales nacionales y territoriales”, teniendo en cuenta que esta actividad es responsabilidad exclusiva de las entidades que administran programas sociales como Pensión Familiar, Vivienda Rural, Familias en Acción, Ingreso Solidario y Mi Casa Ya.
“Al momento de ingresar a un programa, las entidades que los administran son las encargadas de definir los criterios por los cuales focalizar a sus beneficiarios, así como las condiciones para permanecer o salir del programa. Durante el proceso de actualización vía registros administrativos, el DNP recomendó a los programas sociales hacer periodos de transición en caso de ser necesario, pero ellos son autónomos al momento de establecer o no este tipo de medidas”.
Para actualizar la información de los hogares, el Sisbén utiliza datos del Registro Social de Hogares. Esta es una plataforma en línea que integra información de registros administrativos de entidades públicas y privadas a nivel local y nacional sobre la identificación de las personas y sus características socioeconómicas poblacionales y territoriales.
El Registro Social de Hogares cuenta con 40 bases de datos nacionales y 860 bases de datos de entidades territoriales, provenientes de 32 gobernaciones, 20 capitales y 1.007 municipios, incluyendo la información que provee el Sisbén. Un ejemplo de esas bases de datos son las del Ministerio de Educación, Bienestar Familiar, Icfes, Migración Colombia, Icetex, Agencia Nacional de Tierras y Supersalud, entre muchas otras.
De acuerdo con el DNP, la información de la encuesta del Sisbén se actualiza cuando se presenta alguna validación de información en otros registros, o cuando existe nueva información reportada por el Registro Social de Hogares. La clasificación del Sisbén cambia, en otras palabras, dependiendo de la ficha socioeconómica que se actualiza a partir de nuevas bases de datos.
De acuerdo con la entidad, este cambio “permite no solo contar con la información más reciente del hogar sin que se requiera un trámite de actualización por parte del ciudadano, sino también disminuir la manipulación de información autodeclarada en el momento de la encuesta”.
Por motivos de seguridad de la información, explica el DNP, solo pueden acceder al Registro Social de Hogares las entidades que previamente hayan firmado un acuerdo de confidencialidad. Sin embargo, en caso de que las personas quieran conocer más detalles de su ficha socioeconómica del Sisbén, deberán solicitar la información personal haciendo el requerimiento completo al DNP, únicamente a través del formulario en línea.
En caso de que las personas tengan dudas sobre su clasificación, pueden hacer la consulta pública con su tipo y número de documento a través de la página web del Sisbén. Durante la consulta, indica el DNP, “la persona encontrará una nota técnica que indica que la información suya o de algún miembro del hogar ha sido actualizada a través de registros administrativos”.
Por ejemplo, explica la entidad, “un hogar realizó la encuesta en 2020 y en ese momento uno de los miembros se encontraba estudiando en el colegio. Sin embargo, con la información de registros administrativos identificamos que esa persona del hogar ya no está en el colegio, sino que está en la universidad, y por lo tanto se actualiza la información en el Sisbén. Teniendo en cuenta que la clasificación se otorga a partir de la información registrada, cualquier novedad o actualización de la encuesta puede hacer que la clasificación varíe”.
Las personas que tengan inconformidades con su grupo de clasificación en el Sisbén pueden acercarse a la oficina de su municipio para verificar la información de su encuesta y, en caso de ser necesario, solicitar una encuesta nueva para actualizarla. En estos casos, explica el DNP, “una vez el municipio envíe la información al DNP, deben surtirse los procesos de depuración, validación y publicación”.
Por otra parte, quienes tengan inconformidades con la actualización de su información en el sistema, deben acercase a la oficina local del Sisbén y solicitar los datos de su ficha socioeconómica. Al final, explica el DNP, encontrará la lista de entidades que los suministraron. Por seguridad, en caso de que la persona quiera conocer los detalles, deberá solicitarlos únicamente a través de este formulario. En caso de encontrar información errada, la entidad recomienda pedir la corrección directamente a la entidad que provee esa información.
No. El Sisbén, de acuerdo con el DNP, utiliza un modelo con más de 200 variables de las características de los miembros del hogar y su entorno, que ayudan a estimar el ingreso per cápita por persona. Esto quiere decir que el sistema “no utiliza información de bancos ni el ingreso auto reportado por los hogares, sino que hace una presunción de ingresos a partir de múltiples condiciones”.
“Este ingreso estimado en el Sisbén se compara con las líneas de pobreza oficiales del DANE, lo que hace que la clasificación final esté acorde con las mediciones de pobreza oficial. Por eso, gracias a la actualización realizada vía registros administrativos, la cantidad de personas clasificadas como pobres extremas o moderadas se acercan al número de personas en esa condición de acuerdo con la medición oficial de pobreza monetaria del DANE”, explica el DNP.
No. El DNP explica que la clasificación del Sisbén “no se asigna ni puede variar a discreción del DNP, ni de los funcionarios de las alcaldías municipales”. “La clasificación es el resultado del análisis de la información declarada bajo juramento en la encuesta por el hogar, que es validada con información del Registro Social de Hogares, y analiza condiciones de diferentes dimensiones tanto del hogar como de su entorno”, precisa la entidad.
Sin embargo, es común que las personas se encuentren con personas que les prometan cambiar su clasificación e incluso sospechen de funcionarios con este tipo de prácticas. En ese caso, pueden hacer la denuncia a través de la página web del Sisbén.
Según el DNP, la entidad realiza visitas constantes de monitoreo a las oficinas locales con el propósito de “revisar su funcionamiento y la forma de atención al ciudadano para, en caso de ser necesario, hacer recomendaciones de mejora”.
Por otro lado, explica, se analiza la información suministrada en las encuestas para identificar irregularidades en el proceso de recolección de la información. “A partir de los resultados se han implementado medidas de alerta, y donde en la mayoría de las ocasiones es necesario repetir el procedimiento. Un ejemplo son los casos en verificación por distancia donde se encuentra que los encuestadores no realizan la encuesta en la vivienda”, advierte la entidad.
Dependiendo de la gravedad, “es posible allegar los mismos a los respectivos entes de control para que realicen las diligencias necesarias en su competencia”, precisa el DNP.
*Los nombres de las personas fueron cambiados para proteger su privacidad.
A Carlos Acosta Sierra, habitante de Valledupar que visitó La Guajira a comienzos de este año, todavía le aparecen siete comparendos por $4.729.160 interpuestos por la cámara de fotomultas en la vía Fonseca-Barrancas. Esta es apenas una de las 20 mil infracciones que registró ese sistema en menos de dos meses, entre el 29 de diciembre de 2023 y el 19 de febrero de 2024, y cuyos comparendos debieron quedar anulados en un plazo de 30 días, a más tardar el 19 de marzo.
A esto se comprometió el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca, que desmontó la cámara de fotomultas luego de las constantes quejas y protestas del gremio de conductores y mototaxistas de las principales ciudades del sur de La Guajira. Aunque el acuerdo quedó establecido en un acta firmada por representantes de cada una de las partes, más de un mes después, los líderes del gremio reclaman que aún no se ha cumplido con la eliminación de las multas, pues a muchos todavía les aparece el registro en la página web del SIMIT.
De acuerdo con Luis Emiro Idárraga, director del Instituto de Tránsito de Fonseca, hasta el 27 de marzo fueron anulados 17.957 comparendos, es decir, el 90 por ciento de las multas. El 5 de abril, informó, es el nuevo plazo para llegar al cien por ciento.
"El proceso de desmonte es más complejo de lo que parece, razón por la cual se amplió el plazo tres semanas más, hasta el 5 de abril, fecha donde se espera llegar a la meta del desmonte del 100 por ciento de estos reportes en el SIMIT", dijo Idárraga a Consonante.
A Carlos Acosta Sierra, residente en Valledupar, le preocupa la gran deuda que sigue activa en el SIMIT por una serie de infracciones que detectó el sistema de fotomultas en la vía hacia Barrancas. “Después de esperar más de un mes, mi deuda por más de 4 millones de pesos sigue apareciendo en el sistema. Esto me ha perjudicado, yo iba a vender mi carro y por tener estos reportes el negocio no se pudo realizar”, lamenta Acosta.
Edwin Ramírez, del norte del Valle del Cauca, es otro de los afectados por la cámara de fotomultas, con nueve comparendos por un valor de $7.622.760. “Lo que más me llama la atención es que nunca he viajado a la costa, no conozco La Guajira, para que me aparezcan estos comparendos", advierte.
"Lo que más me llama la atención es que nunca he viajado a la costa, no conozco La Guajira, para que me aparezcan estos comparendos".
Edwin Ramírez
Ante esta situación, Ramírez cuenta que envió derechos petición al SIMIT y al Instituto de Tránsito de Fonseca, e interpuso una denuncia ante la Fiscalía, pero “aún no me bajan estos reportes que afectan mi trabajo, mi buen nombre y mi tranquilidad, ya que diariamente me llaman con la amenaza de que si no pago esos comparendos me van a reportar ante las centrales de riesgo financieras sin yo haber incurrido en ninguna falta".
Sobre ese caso en particular, Luis Emiro Idárraga, director del Instituto de Tránsito, asegura que “habría que analizar, porque puede que el carro esté enrollado con otro que esté por la costa, que su propietario no sepa y por esto aparezca reportado en el sistema”.
Carlos Rodríguez, residente en Fonseca, cuenta que aunque ha esperado pacientemente, “hoy siguen apareciendo cinco comparendos que ascienden a una suma de $5.128.000”. “Me he acercado a la oficina y lo que manifiestan los funcionarios es que espere un poco más, que pronto los van a desmontar. Esta situación es algo desconcertante porque uno no sabe con qué pueden salir y si realmente van a cumplir con lo consignado en el acta”, asegura Rodríguez.
El viernes 22 de marzo se realizó una reunión de seguimiento al desmonte de las multas interpuestas por el sistema en la vía Fonseca-Barrancas. Al encuentro asistió el alcalde Micher Pérez, el secretario de Gobierno Misael Velázquez y los representantes de los gremios de transporte, comercio y líderes sociales, quienes solicitaron al Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca y a Millenium System SAS un balance del proceso, teniendo en cuenta que son muchas las personas que todavía tienen reportes en el SIMIT.
Fidel Pitre, presidente de la Asociación de Cooperativas de Transportadores del Sur de La Guajira (Asocoopsur), manifesta su preocupación porque “llegó el 19 de marzo y la dirección de Tránsito y Transporte de Fonseca no cumplió con el objetivo de bajar las fotomultas en un 100 por ciento, tal como se había pactado en los acuerdos del 19 de febrero”.
"Llegó el 19 de marzo y la dirección de Tránsito y Transporte de Fonseca no cumplió con el objetivo de bajar las fotomultas en un 100 por ciento, tal como se había pactado en los acuerdos del 19 de febrero".
Fidel Pitre, presidente de la Asociación de Cooperativas de Transportadores del Sur de La Guajira
“Estos retrasos están generando inconformidad en muchos conductores que hoy exponen sus quejas al no ver reflejado el desmonte de estos comparendos en el SIMIT”, añade Pitre, quien espera que sí se cumpla con lo acordado para el 5 de abril.
Entre esos acuerdos, destaca Pitre, “dejamos claro que no se debe realizar ningún cobro por bajar las fotomultas, porque tenemos quejas de algunos usuarios que han llegado hasta las oficinas a resolver su problema y les han cobrado. No queremos que eso sea una causa para empañar el proceso, queremos que se cumpla con exactitud el acta que se firmó”, asegura.
Sobre los retrasos en la anulación de los comparendos, Luis Emiro Idárraga, director del Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca, explica que “no ha sido fácil para nuestro equipo resolver miles de trámites”. “A penas llevaba 13 días en el cargo y me tocó estudiar el problema para resolver todas las peticiones y quejas. Hemos hecho un gran esfuerzo por cumplir con lo pactado en el acta. Estamos garantizando el proceso, ya solo nos falta desmontar alrededor de tres mil comparendos”, dice Idárraga.
