Tras una semana de protestas en la vía a Risaralda por la falta de pago a las y los docentes indígenas, el martes un grupo de líderes de comunidades indígenas del Alto San Juan finalmente se reunió con el alcalde Cristian Copete y su equipo de gobierno para acordar el cumplimiento de una serie de obras para las comunidades como la vía boca Bochoromá hasta Farallones; los puentes de Bochoromá y sobre el río San Juan; la construcción de aulas en la comunidad de Cañaveral; los comedores escolares en Farallones y alto Bochoromá; y la construcción de un centro de salud y la contratación del personal médico.
El alcalde Copete reconoció que hay una deuda histórica con las comunidades indígenas, y aseguró que “la administración municipal viene realizando esfuerzos para poder dar cumplimiento a los puntos acordados”. Yirson Ledezma, personero municipal, afirmó que le preocupan los constantes bloqueos en la vía, y dijo que “muchas de las causas de los bloqueos se originan por incumplimientos de actividades o compromisos que son realizables sin esfuerzos exorbitantes”. El personero afirmó que estará “muy pendiente del cumplimiento de los acuerdos pactados y el celoso seguimiento a los mismos”.
Esta semana, el equipo de fútbol Club Nueva Generación de Tadó empezó el proceso de inscripción ante la Liga Departamental de fútbol de Chocó para participar en el torneo de la categoría Primera C. Este equipo, que tiene varios años de proceso deportivo, decidió abrir el espacio para que los jóvenes de 18 años que hacen parte del Club jueguen y se hagan ver en las canchas. Jackson Perea Murillo, representante legal del grupo, dijo que “es una oportunidad que se les puede dar a los jóvenes, porque el fútbol puede ser una salida para mejorar sus condiciones de vida”.
El equipo está entrenando actualmente en Istmina, pues en Tadó no hay escenarios adecuados: las canchas tienen terrenos disparejos, charcos de lodo y maleza. Por este motivo, esperan que más personas y empresas puedan apoyarlos económicamente. “Con eso podemos abrigar muchos pelaos y ayudarles en la parte económica”, dice Perea. El Club Nueva Generación está a la espera de que anuncien las fechas en las que se jugará el torneo.
Este lunes 28 de marzo amanecieron cinco casas con pintadas o grafitis que decían “Agc presentes”. Tres de estas fueron en el barrio San Pedro y dos en el barrio Reinaldo, que son los extremos del municipio. Los y las habitantes de Tadó pusieron algunas fotos en redes sociales y alertaron a las autoridades. La Policía acudió a los sitios e incluso ayudó a borrar algunos de los grafitis. Sin embargo, en el ambiente ya había mucha zozobra, pues alerta sobre la posible presencia del grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia, que tienen fuerte presencia en otras zonas del Chocó, como el medio San Juan y el medio y bajo Atrato.
Yirson Ledezma, personero de Tadó, hizo un llamado a las autoridades nacionales. “Necesitamos mayor atención, no solo desde lo militar, sino desde lo institucional. Nosotros a través de la asociación de personeros nos hemos pronunciado enfáticamente ante el gobierno nacional, pidiendo que se le preste atención de debida forma porque pueden escalar los conflictos”, dice. Este hecho se suma a un desplazamiento que hubo en la vereda Betania tras el secuestro de una mujer por supuestos disidentes del frente 34 de las antiguas Farc.
Este viernes 1 de abril la empresa de servicios públicos Dispac se comprometió a revisar, junto a la administración municipal, los cobros del alumbrado público que llegaron en las facturas de Villas de Remolino II. Este acuerdo se dio tras una reunión en la que participó la administración municipal y la personería, pues hace una semana la comunidad alertó sobre un posible cobro excesivo en el alumbrado público. Este servicio, que en el resto de Tadó se presta por 2.500 pesos al mes, estaba siendo cobrado por 25.000 pesos aproximadamente en este barrio de interés social. Según el presidente de la Junta de Acción Comunal de la urbanización, Wilfrido Bermúdez, les estaban cobrando un año de alumbrado público cuando ellos solo han habitado en el lugar durante tres meses.
La representante de Dispac revisó varios recibos de energía y encontró que hay un costo elevado en el alumbrado público y un consumo de energía de dos o tres meses, que oscila entre 70 y 120 mil pesos. Invitó a los habitantes a pagar el consumo realizado en el tiempo que llevan ocupando las torres y les recomendó no pagar el alumbrado público hasta tanto la administración municipal revise el caso con Dispac y se subsane el error. De igual forma, envió varios funcionarios a realizar visitas en algunos apartamentos que presentaron quejas. La administración municipal, además, se comprometió a entregar la resolución de transferencia de cada apartamento a su beneficiario para que los recibos queden a nombre de cada dueño.
El desfile del carnaval, que se realizó el 26 de marzo, contó con gran participación del pueblo sanjuanero. Al evento, que contó con una inversión de 28 millones de pesos sin los descuentos de ley, asistieron cerca de 700 personas. Según Luis Hernández, vicepresidente de la Junta Central, este número estuvo muy por encima de la cifra registrada en años anteriores. “Se había estimado que habría una participación de 300 personas, al final hubo más de eso. Solamente en las comparsas, participaron unas 200 personas y los asistentes a los eventos fueron casi 700”, dice.
El evento también le dio un impulso a la economía del municipio. Edilberto Vivanco, presidente de la Junta Central organizadora, destacó que después de dos años de pandemia, “la gente se reactivó económicamente, sobre todo los negocios, las tabernas, los restaurantes. Hubo un balance positivo en la parte económica”.
La compañía minera canadiense Max Resource Corp está a la espera del permiso de prospección de la Agencia Nacional de Minería (ANM) para realizar estudios en busca de cobre y plata en Corralejas, explicó María Bernarda Bolívar, ingenieria y gerente del área de Sostenibilidad de la empresa durante un encuentro con la comunidad el 28 de marzo. El anuncio generó expectativa entre los habitantes del corregimiento. “Se puede reactivar la economía local ya que, según la profesional, la mano de obra que necesitan será del corregimiento. Eso pondrá a circular el dinero y todos los negocios se beneficiarán, entre ellos los restaurantes o puestos de comidas", dice José Gregorio Orozco, poblador y representante legal de JJJrestaurante.
Bolívar explicó durante la reunión que una vez se confirme la existencia de los minerales, procederán a la exploración para ubicar un yacimiento de cobre en el territorio. La compañía tiene como proyecto para 2022 realizar el primer programa de perforación en la cuenca Cesar, que es la parte norte del cinturón de producción de cobre más grande del mundo, según publicaron en su página web. Hasta la fecha, “los contratos de concesión minera de propiedad total (de Max Resource Corp) cubren más de 170 kilómetros cuadrados”, afirma la empresa.
En el marco de la celebración de la semana internacional del agua, un grupo de 60 personas se reunió para limpiar la cuenca del río Cesar, el afluente más importante del departamento. La actividad, que se realizó a orillas del barrio Loma Fresca, fue convocada por la Fundación Salvemos al Río Cesar, conformada por más de 30 habitantes de San Juan del Cesar, y contó con la participación de la Corporación Autónoma Regional de La Guajira (Corpoguajira), la Defensa Civil, líderes barriales y estudiantes de algunos colegios del municipio.
Además de la jornada de limpieza, se hicieron charlas de pedagogía sobre el cuidado de la cuenca que está cada vez más contaminada. “En el barrio Loma Fresca, Bethel y Manzanillo hay una afectación grande por el manejo de basuras. No entran las compactadoras de Interaseo porque es un barrio subnormal. Como no pasa la empresa, la gente deposita la basura a la orilla del río”, dice José Banquet, integrante de la Fundación. Según Banquet, la fundación está trabajando en esas comunidades para mejorar la disposición de residuos.
Además:
Las fuertes lluvias de los últimos días ocasionaron un derrumbe que taponó la vía que conduce a Urrao (Antioquia) y a la mina de Miner SA. El deslizamiento, que ocurrió en la madrugada del 31 de marzo, se dio en la zona donde está ubicada la báscula donde se pesan los vehículos que entran y salen de la mina y cerca de la presa de relave número cinco, que está en construcción. Según un comunicado de la Alcaldía municipal, el derrumbe generó “algunos daños en la infraestructura eléctrica y física de la empresa”. Este hecho no dejó víctimas ni afectó el caudal del río Atrato, que bordea la vía. La administración municipal, en articulación con la empresa, sigue trabajando para remover la tierra, aunque no han dado una fecha estimada para abrir el paso.
Para el martes 5 de abril estaba programada una sesión del Comité de Seguimiento Ambiental para revisar los avances en las obligaciones ambientales de las empresas presentes en el municipio, pero Codechocó decidió aplazar la reunión argumentando que tenía otros compromisos para esa fecha. Esta decisión generó molestias entre varios líderes locales que consideran que la autoridad ambiental está dilatando el cumplimiento de los compromisos que hizo durante una audiencia pública ambiental realizada hace tres años para revisar su rol frente al accionar de Miner SA.
Esta reunión estaba programada inicialmente para el 17 de enero, pero fue aplazada por falta de comunicación entre las organizaciones y Codechocó. “Cómo vamos a hacer posibles las propuestas de todas nuestras organizaciones con Latinco y Codechocó. Como siempre, en nuestro pueblo, no pasa nada”, dice Luz Estela Buitrago, delegada ante el Comité por todas las juntas de acción comunal.
El Comité, creado por Codechocó y por la Fundación Mesa Social y Ambiental, cumple una función importante en el municipio pues es el ente encargado de hacer seguimiento al Plan de Manejo de la Cuenca Alta del río Atrato. En el marco de este plan, empresas como el consorcio Latinco, encargado de pavimentar un tramo de la Transversal Medellín-Quibdó, deben financiar obras propuestas por la comunidad como una manera de compensar ambientalmente al territorio. Para Luz Estela Buitrago, es necesario acudir a los entes de control para poder dar continuidad al comité de seguimiento.
En entrevista con Consonante, el alcalde Jaiberth Ríos Oquendo habló sobre las acciones que ha adelantado desde la administración municipal para impulsar su plan de desarrollo “Unidos por un desarrollo sostenible”, que plantea fomentar el turismo ecológico en El Carmen de Atrato y proteger el agua y el medioambiente. Sin embargo, al revisar las acciones planteadas en el documento presentado en 2020, el mandatario reconoció que, a dos años de gobierno, no van a la par con los indicadores que se plantearon. “A la hora de la práctica ha sido difícil ejecutar lo que hemos programado”, le dijo a este medio.
Lea la entrevista completa aquí: Entrevista a Jaiberth Ríos
Este semana un grupo de jóvenes que hace parte de la Escuela de Arte Urbano y Liderazgo visitó el estudio de grabación de la Institución Educativa Corazón de María para retomar el espacio y convertirlo en un lugar de encuentro con el fin de aprovechar su tiempo libre y narrar su territorio en audio y video. La Corporación IFT, que funciona en el municipio con recursos de la Alcaldía y de Miner S.A., proporcionó equipos nuevos para dotar el estudio.
Juan Guillermo Ochoa, fotógrafo e integrante del colectivo Sin Estratos de Medellín, explica que esto lo hicieron “para ayudarlos a rescatar la misma colectividad, sacándolos de las actividades cotidianas que algunas veces son nocivas”. Los jóvenes, algunos del colegio y otros de la Plataforma de Juventudes, se mostraron muy interesados en esta nueva posibilidad.
Desde el 1 hasta el 3 de abril, la Fundación Mesa Social y Ambiental participará en el Festival del Agua, la Montaña y la Vida en Mocoa, Putumayo. A esta actividad, en la que se compartirán experiencias relacionadas con la protección y promoción del medio ambiente, fue invitada la organización por su trayectoria en la defensa del ecosistema. Ramón Cartagena, presidente de la Mesa y asistente al evento, explica que estará haciendo “incidencia política, buscando informar a las comunidades y autoridades de la zona sobre las afectaciones sociales y ambientales producto de la presencia de multinacionales”. La consigna principal de este festival es: “el agua, la montaña y la vida valen más que el cobre”. En el evento se desarrollarán espacios formativos, intercambios de saberes y muestras culturales de las comunidades presentes en el territorio.
Este lunes, los habitantes de las veredas Quebrachal, El Toco, Sabana del Medio y San Agustín volvieron a tener agua en sus casas tras dos años desde que un fuerte aguacero afectó los caños de agua e interrumpió el servicio. Las comunidades celebraron la finalización de las obras, pues desde que se interrumpió el servicio tenían dificultades para sacar adelante las labores del hogar, los cultivos de hortalizas y el cuidado de los animales. Para Alexis Janeth García, representante de las veredas Sabana del Medio y San Agustín, el acueducto está “trayendo progreso a la comunidad que se encuentra retornando a sus territorios”.
El Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario N⁰ 4 del Ejército Nacional realizó la obra que implicó adecuar las conexiones de la bocatoma y reemplazar algunos tramos de la tubería que estaban dañados. El teniente coronel Juan Carlos Martínez Vera, comandante del Batallón, aseguró que con estas obras esperan reducir “la brecha histórica que el conflicto armado ha dejado en el país”.
Seis madres comunitarias, vinculadas al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), están atendiendo a los niños y niñas en sus casas por el mal estado del centro comunitario de Conejo. El lugar, ubicado en el barrio Manzanillo, tiene serios problemas de infraestructura: las paredes tienen humedad y están agrietadas, el patio está enmontado, el techo de algunos salones está caído, no hay servicio de agua y hacen falta varios lavamanos, inodoros y bombillas.
Las madres comunitarias aseguran que solo pueden recibir a doce niños y niñas, y muchos han quedado sin cupo. “Me gustaría ir a limpiar pero es un riesgo meterme allá. Ese lugar necesita arreglo pero no hay doliente que se presente”, cuenta Mirian Lubo, una de las madres comunitarias. Lubo comenta que al inicio de la pandemia se acercaron a la Alcaldía de Fonseca para pedir ayuda, pero no obtuvieron respuesta. “Queremos que arreglen eso, que se pongan la mano en el corazón y nos ayuden”, agrega.
Además: El 4 de abril se posesionarán 39 presidentes de las Juntas de Acción Comunal (JAC) de la zona urbana y rural de Fonseca, escogidos el 28 de noviembre de 2021 para un periodo de cuatro años. El evento se realizará en la iglesia del barrio 12 de octubre. Los habitantes esperan que los nuevos líderes barriales y corregimentales gestionen más proyectos y visibilicen los problemas en sus comunidades. “En mi barrio no están haciendo nada. Tenemos muchas necesidades: el agua, alumbrado público, la inseguridad, y lo poco que hay, un polideportivo, lo están desvalijando”, dice Jairo Blanchar.
Una libra de queso costeño ha llegado a costar casi el doble de lo que valía a finales del año pasado. Mientras que antes una libra se conseguía a cinco mil pesos en las principales tiendas del municipio, hoy la misma cantidad cuesta entre nueve mil y diez mil pesos. Esta situación tiene en jaque a la gran mayoría de habitantes pues el queso es el ingrediente principal de al menos veinte platos típicos y comidas rápidas. Ante esta situación, tanto consumidores como productores han optado por reducir su consumo, limitar las porciones o reemplazarlo por otros alimentos. “Ha subido demasiado. Hoy en día es un plato para los ricos”, dice Jesica Valeria Guzmán, comerciante.
La crisis del queso costeño es consecuencia de la inflación, el paro nacional, la época de sequía, las limitaciones a las importaciones y exportaciones, y la pandemia. Consultamos a varios expertos que coincidieron en que, al menos en el corto plazo, el precio no disminuirá. Si te interesa saber más sobre este tema, te recomendamos leer un artículo que publicamos esta semana haciendo clic aquí.
Al alcalde de El Carmen de Atrato le quedan 21 meses de gobierno. Desde mitad de 2018, cuando empezó su campaña política, habló sobre el desarrollo sostenible y el trabajo social y comunitario “como base fundamental para llegar y mejorar todos los procesos”, como él mismo lo dice. Por eso su plan de gobierno “Unidos por un desarrollo sostenible” incluye dos líneas específicas sobre sostenibilidad. Una referente al municipio como “destino turístico y agrícola” y otra sobre “agua y ambiente sano”.
Sin embargo, no son muchos los avances que presenta frente a estos temas. En esta entrevista con Consonante explica qué ha hecho su administración y cuáles son sus prioridades para el tiempo que le resta en el poder.
Consonante: El plan de gobierno que ustedes formularon tiene dos líneas enfocadas en el desarrollo sostenible: una sobre turismo y otra sobre medio ambiente. Respecto al tema del turismo, ¿cómo han avanzado?
Jaiberth Ríos Oquendo: En el tema del turismo siempre nos dicen que ojalá podamos promocionar al municipio con las diferentes actividades que se vienen adelantando. Ejemplo, la caminería ecológica, el avistamiento de aves, Agroecotur Guaduas, el Club de Caminantes, que ya son organizaciones que han estado solas. Es decir, desde la Alcaldía escasamente se ha conformado el Comité de Cultura Municipal y pare de contar. Puede sonar a disculpa, pero una secretaría como es la Educación Cultura y Deporte y Turismo, son secretarías que que mantienen supremamente cargada de funciones y muchas veces se hace énfasis en otras actividades y una de tantas queda como sola, como huérfana.
Pero, por ejemplo, ahorita tenemos el Comité de Turismo, que está activo, pero se nos ha dificultado decir que tenemos un cronograma desde la administración, porque, como lo dije, las diferentes organizaciones que hay en el municipio han trabajado solas y siguen haciendo su trabajo. Fuera de eso hay otras instituciones como es Proaves, que tienen su actividad económica donde traen los diferentes turistas. Tenemos el tema de la hostelería, que solamente tenemos un hotel que cumple con toda la normatividad reglamentaria, que es Hotel Casa Lily, y la idea es que podamos entre todos seguir y que haya más hoteles que cumplan con la normalidad, pero básicamente eso es lo que lo que desde el administración se visualizó, pero en este momento todavía no tenemos un panorama claro.
C: ¿El consejo de turismo ha sesionado?
J.R.O: Este año no ha sesionado, pero sí se hicieron las diferentes convocatorias para ir mirando ese tema. Y como también tuve el cambio de secretario de Educación, Cultura y Deporte, eso nos ha dificultado un poco ir retomando.
C: Entendiendo que ya queda poco menos de dos años para usted termine y salga de la Alcaldía, ¿cuáles son los avances que usted destacaría que se han hecho desde su alcaldía para promover el turismo?
J.R.O: En ese momento el único avance es que pudimos retomar el tema de los mercados campesinos al parque, que nos ha facilitado poder llegar a diferentes departamentos y municipios hermanos con la promoción de los productos propios. Por ejemplo, en el 2020, antes de que iniciara la pandemia, tuvimos la oportunidad de participar en Anato (Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo) con una comisión del municipio. Hemos participado en varias ferias en Quibdó con el ánimo de mover todo lo que tiene que ver con la identidad carmeleña en sus productos, como el chorizo carmeleño. También en el fortalecimiento a los diferentes emprendimientos que hay en el municipio y en los diferentes mercados campesinos que hacemos cada mes.
A los emprendimientos más organizados nosotros los hemos apoyado con la logística cuando hay convocatorias, más que todo para ir a Quibdó. Pero si usted me dice que si hemos ido al Ministerio, no, en ese tema no hemos realizado ningún avance.
Jaiberth ríos, alcalde de El carmen de Atrato
C: En el Plan de Desarrollo contemplaron apoyo a unidades productivas de grupos étnicos y posadas rurales. ¿Ha habido algún tipo de avance en ese aspecto?
J.R.O: No.
C: ¿Por qué se planteó el turismo como una línea central del plan de gobierno y no se le ha dado prioridad en estos años?
J.R.O: Porque básicamente el plan de desarrollo municipal debe ir a la par con el plan de desarrollo nacional y departamental, y hay unas líneas que deben estar regidas. Como el señor Presidente en su momento hablaba de la famosa economía naranja, se tuvo en cuenta para tener un renglón en el municipio, pero básicamente a la hora de la práctica ha sido difícil ejecutar lo que hemos programado.
C: ¿Después de estos años usted diría que el turismo realmente no es un eje tan central en el desarrollo de un municipio como El Carmen de Atrato?
J.R.O: Sí es central, pero tras de que no ha habido convocatorias para colocar los diferentes emprendimientos turísticos, no vamos a la par con indicadores en esta línea.
C: ¿Cómo han apoyado ustedes desde la Alcaldía la implementación del Plan de Manejo de la cuenca alta del río Atrato y en general el cumplimiento de la sentencia T-622?
J.R.O: Bueno, primero que todo, hay que tener en cuenta que el municipio no es la autoridad ambiental, que no tiene la competencia de la autoridad ambiental en el municipio. Sabemos que a nivel departamental está Codechocó, que es la competente para todo el tema de seguimiento en lo que tiene que ver con las cuencas hídricas. Nosotros somos acompañantes y vigilantes de que sí verdaderamente se cumpla lo que está estipulado. Nosotros no podemos sancionar.
C: O sea, ¿frente a ese tipo de decisiones o acciones ambientales, la Alcaldía no tiene dientes para controlar y proteger el ecosistema en el municipio?
J.R.O: La competencia toda la tiene Codechocó. Acá tenemos el tema de los guardianes del río Atrato, tenemos la Mesa Ambiental, que son las diferentes organizaciones, que siempre han tenido en sus banderas luchar porque se respeten todos los protocolos y el ambiente. No es que no tengamos dientes, sino que no es nuestra competencia. Pero si hay un corte de madera ilegal o si hay quema indiscriminada de bosques o donde estén talando para hacer pastoreo, nosotros vamos, a través de la Umata, hacemos la visita y de una vez reportamos a Codechocó para que haga lo que le corresponde.
C: Uno de los reclamos de la Mesa Social y Ambiental y también de las comunidades indígenas río abajo es que la Minera El Roble ha hecho vertimientos que han tenido impacto en la calidad del agua. Usted ha sido insistente en que la mina ha sido un aliado estratégico del municipio en el desarrollo de diferentes actividades. Aunque no sea su competencia, ¿cómo gestionan ustedes la veeduría sobre la mina sabiendo que es su aliada?
J.R.O: La empresa minera para poder operar tiene un plan de manejo ambiental. Está autorizado por la misma corporación ambiental y las veces que han sucedido los derrames, pues la misma población ha informado, y como hoy contamos con diferentes medios de información, a través de redes sociales, nos hemos dado cuenta y nosotros, después de verificar, también nos toca remitirnos a Codechocó y poner en conocimiento lo que viene adelantando. Pueden ser muy aliados estratégicos, pero en el momento en que hay fallas nos toca hacer lo competente como municipio. Es aliado estratégico, pero eso tampoco quiere decir que ambientalmente ellos van a pasar aquí, como dicen los viejos, como Pedro por su casa y nosotros nos hacemos los de la vista gorda.
Si nosotros como municipio vemos que hay un problema, aún después de conocer todo el tema de los diferentes planes de manejo, que están violando lo ambiental, es nuestra competencia y nuestra obligación elevar la queja a la corporación ambiental. No podemos dejar que eso pase.
Jaiberth Ríos, Alcalde de El Carmen de Atrato
C: ¿Eso ha pasado en los últimos años?
J.R.O: Las veces que ha pasado, en horas de la noche, la población ha avisado o ellos mismos (la mina) han puesto en conocimiento de la población y de la Corporación los diferentes derrames que han pasado. Hasta donde yo tengo conocimiento, durante este periodo no hemos tenido ese tipo de inconvenientes.
C: La Alcaldía ha participado de la construcción de los planes que han hecho con Codechocó, ¿cuál ha sido su participación ahí?
J.R.O: Nosotros tenemos nuestros representantes en las diferentes actividades que se realizan, nosotros tenemos que enviar al Ministerio de Ambiente los informes correspondientes a las diferentes actividades que realizamos. Desde la administración tenemos el tema de reactivación ambiental con siembra de árboles y otras actividades que tiene detalladas la Umata.
C: ¿Cómo se aterriza el desarrollo sostenible en las acciones que ha hecho la Alcaldía? ¿Cómo se ve reflejado?
J.R.O: Ha sido un periodo atípico. Nosotros llegamos al gobierno en primero de enero del 2020 y en el primer trimestre se viene el tema de la pandemia, pero finalmente ya cuando se inicia la nueva normalidad, apenas estamos cogiéndole el son al baile. Ya hay diferentes proyectos que están aprobados por el DPS, como es un kilómetro y medio de placa huella para la vereda La Argelia. Ya fue aprobado por el Ministerio de Deporte un polideportivo para la comunión indígena de Sabaleta. También está en revisión el proyecto de la problemática de la vía El Siete-El Carmen. Ese proyecto fue presentado por la Alcaldía, y fue devuelto porque no cumplió con ciertos requisitos, pero nosotros lo estamos revisando para enviarlo. El señor gobernador ha mostrado toda la intención de ayudarnos con ese tema. Posiblemente a finales de este mes podamos entregar nuevamente a la Gobernación.
C: ¿Cuáles son sus prioridades para estos 22 meses de gobierno?
J.R.O: Primero, ese tema de la vía. Segundo, que podamos ejecutar lo que finalmente está programado porque en este momento, por ley de garantías, a nivel de gobierno central todo está suspendido, no podemos hacer convenios, solamente tenemos lo que hay en el presupuesto municipal. Entonces estamos a la espera para acudir a las diferentes convocatorias de los ministerios y postularnos en lo que apliquemos para cerrar el gobierno con buenos proyectos para nuestro municipio, tanto lo que podamos ejecutar como lo que quede para el siguiente mandatario.
C: ¿Tiene algunas líneas definidas con las que quiere presentar esos proyectos?
J.R.O: No.
Los padres y madres de familia de la sede del barrio San Pedro de la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza presentaron esta semana una queja ante la Veeduría Ciudadana de Tadó porque a pesar de que la institución tiene capacidad para albergar 350 estudiantes, este año 408 alumnos fueron matriculados. “Este hacinamiento puede afectar el aprendizaje, además como hay tantos estudiantes puede haber mucho desorden y los profesores no van a tener control de ellos", dijo Leidy Yulisa Mosquera, madre de familia.
Para resolver esta situación, Michael Mosquera, coordinador de Educación Municipal, les sugirió a los padres y madres de familia que matricularan a sus hijos en la Institución Técnica Agroambiental (ITA), donde hacen faltan alumnos. Sin embargo, estos insistieron en que mantendrían a sus hijos e hijas en la I.E. Nuestra Señora de la Pobreza. Gabriel Copete, rector de la institución, reconoció que la escuela es muy pequeña para atender 400 estudiantes, por lo que para resolver temporalmente el hacinamiento alquiló tres casas con el fin de acondicionarlas.
Como solución definitiva, la Alcaldía entregará la institución el presupuesto y el estudio de la obra para que el colegio, con los recursos transferidos por la administración, haga la obra. Según Deiner Mosquera, secretario de Planeación, llevarán a cabo estas obras en Semana Santa. Adicionalmente, la comunidad educativa hará “una marcha de ladrillos para recoger materiales para la obra”, dijo el rector Copete.
A pesar de que el 23 de marzo se cumplió el plazo para pagar las facturas de la energía en Villas de Remolino II, las familias que viven en esta urbanización se negaron a cancelarlas porque llegaron a nombre de la Alcaldía Municipal de Tadó, y por valores que consideraron elevados. “Tengo dos meses de estar habitando esta casa y no es justo que el alumbrado público me llegue en 25 mil o 28 mil pesos. Yo tengo entendido que un mes vale 2.500 pesos. Tengo entendido también que el señor alcalde era quien iba a pagar dicho recibo”, dijo Libia Rodríguez, habitante del barrio.
En respuesta a las quejas de los habitantes del barrio, Deiner Mosquera, secretario de Planeación, explicó que los recibos llegan a nombre de la administración porque cuando se entregaron las viviendas, no tenían la resolución de transferencia. “Ya cada propietario está en su apartamento y a cada uno se les explicó la importancia de pagar los servicios. Que la factura llegue a nombre de la Alcaldía no quiere decir que ellos no estén consumiendo la energía. Una causal de perder los subsidios de vivienda es dejar de pagar los servicios, eso también se les explicó”, aclaró. Además, aseguró que el alcalde dijo que asumiría la deuda hasta diciembre del año pasado, pero este año cada usuario debía pagar su factura. “No pueden pretender que la Alcaldía les pague los servicios básicos. Únicamente falta matricularlos”.
Por lo pronto, en Villas de Remolino tendrán una reunión la próxima semana con las autoridades para aclarar el tema.
Esta semana dos comunidades indígenas bloquearon la vía que conduce de El Carmen de Atrato a Quibdó para llamar la atención de las autoridades, y exigir el cumplimiento de acuerdos que realizaron con el fin de mejorar su calidad de vida.
El 22 de marzo la comunidad Nuevo Río Playa instauró una minga pacífica para exigir la legalización de los predios que habitan desde que se desplazaron hace algunos años, la instalación de energía y la construcción de un colegio. Al tiempo, en el sector de El Diecisiete, otra comunidad que habita en jurisdicción del municipio de Lloró también bloqueó la vía. En este segundo caso, la comunidad exigía el cumplimiento de unos acuerdos con la empresa Latinco, contratista del Instituto Nacional de Vías, como la construcción de dos aulas escolares y el mejoramiento de un tambo comunitario. Los bloqueos se mantuvieron durante dos días y algunos transportadores resultaron afectados. Uno de ellos fue Jorge Benítez, quien tuvo que pasar la noche en la vía.
Natalia Mazo, secretaria de Salud del municipio, fue la encargada de hablar con la comunidad de Nuevo Río Playa y explicó que la Alcaldía llegó a un acuerdo con el Ministerio del Interior para organizar una mesa de trabajo el 5 de abril y atender las solicitudes de los manifestantes. Además van a convocar a la Agencia Nacional de Tierras, pues es la institución encargada de legalizar o comprar predios; a Dispac, la empresa de servicios públicos, y a la Gobernación del Chocó. “Desde la Alcaldía no tenemos alcance para darles lo que piden, nosotros ejercemos el papel de garante”, sostuvo la funcionaria. La Mesa Municipal Indígena de El Carmen de Atrato llamó a las comunidades a mantener la calma y esperar la reunión del 2 de abril, en la que habrá una asamblea de autoridades indígenas.
Este 24 de marzo se dio el primer Consejo Municipal de Paz, Reconciliación, Convivencia y Derechos Humanos en El Carmen de Atrato. La conformación de este organismo, que tiene como objetivo asesorar al gobierno local para mantener la paz y promover la buena convivencia, fue una petición de la Mesa de Víctimas del municipio, pues en los últimos meses se han presentado varios asesinatos. Además, las víctimas han alertado sobre el riesgo de reclutamiento forzado. La Alcaldía y el Concejo apoyaron la solicitud.
En esta primera sesión, en la que estuvo presente la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se conformó un comité de impulso para el Consejo de Paz, se ajustó el Plan de Acción para este año, basado en las necesidades del territorio, y la oficina del Alto Comisionado entregó el Parque Infantil por la Paz en la vereda El Siete. Según Diana Mosquera, enlace para el Chocó del Alto Comisionado para la Paz, este consejo buscará abordar “no solo la conflictividad desde los grupos al margen de la ley, sino también las acciones que no permiten que en el territorio no haya una paz duradera. Nosotros ayudamos a las Alcaldías para que puedan generar acciones de paz. Les ayudamos a atraer nuevas empresas u organizaciones que puedan apostarle al proceso de la paz cotidiana del territorio”, explicó.
Hasta el 10 de abril habitantes del casco urbano y la zona rural podrán inscribirse en el torneo masculino de fútbol que se iniciará el próximo 24 de abril en el Estadio municipal “La 70”. Los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte o llamar al 3146358010.
Esta semana, madres, padres y estudiantes de las instituciones educativas María Inmaculada y Roig Villalba se manifestaron por los múltiples problemas que enfrentan actualmente para cumplir con la orden del Gobierno nacional de volver a las clases presenciales.
Por un lado, el 23 de marzo, un grupo de la Institución Educativa María Inmaculada protestó frente a la sede de la alcaldía por los retrasos en la contratación de personal de aseo y seguridad, y los deterioros en la infraestructura de la institución que llevaron a que las directivas suspendieran las clases presenciales por no poder cumplir con las condiciones mínimas de bioseguridad. Un día después, el 24 de marzo, los alumnos de décimo y undécimo grado del colegio Roig Villaba se declararon en paro, porque no les están entregando la comida del Programa de Alimentación Escolar (PAE). Según los estudiantes, a pesar de que están en clase desde las 7 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde no les entregan alimentos por estar en alternancia. Además, se quejaron de los daños en la planta física de los salones.
"No es justo ponerlos detrás de un computador cuando necesitan de la interacción con sus compañeros y docentes para avanzar en su educación", dijo Claudeth Gomez, madre de dos estudiantes de la IE Maria Inmaculada. Para Gómez la virtualidad está atrasando el proceso de formación de sus hijos.
El 18 de marzo, Emilio Archila, Consejero presidencial para la Estabilización, y Hamilton García, alcalde de Fonseca, inauguraron una nueva vía en Fonseca que conectará este corregimiento con el casco urbano. La obra, que tiene una extensión de cinco kilómetros, se financió con 12 mil millones de pesos provenientes del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) de la región Sierra Nevada - Serranía del Perijá, que abarca La Guajira, Cesar y Magdalena.
“Con esta obra podemos comercializar nuestros productos y vamos cerrando la brecha histórica que tiene nuestro país con las víctimas", señaló Janer Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del corregimiento. El líder destacó que esta nueva vía, que beneficia directamente a unas 580 personas e indirectamente otras 1.000, disminuye significativamente los tiempos de desplazamiento para la comunidad: "antes gastábamos a veces 40 minutos hasta Fonseca por los charcos, ahora son cinco minutos”.
Después de cinco años de trabajo, los diez integrantes de la Fundación Luis Enrique Martínez finalmente abrirán las puertas de la casa museo destinada a resaltar la vida y obra del acordeonero Luis Enrique Martínez “el Pollo Vallenato” en un evento que tendrá lugar a las 4 de la tarde este viernes 25 de marzo en el aniversario número 27 del fallecimiento del artista. Martínez nació en El Hatico y fue uno de los grandes exponentes de la música vallenata.
Los visitantes del museo -ubicado en el predio donde vivió el juglar- encontrarán murales, un acordeón y algunas fotografías del Pollo Vallenato. La casa fue construida en barro y techo en zinc para mantener la tradición de las viviendas de esa época. “Queremos mantener vivo su legado porque las nuevas generaciones conocen muy poco de él”, dijo Dalis Bolívar, una de las promotoras de la iniciativa que fue financiada por el Fondo Mixto para la cultura de La Guajira.
La Alcaldía de San Juan del Cesar dio inicio a la ejecución del proyecto para fortalecer los cultivos de fique, una materia prima utilizada en la elaboración de artesanías como telas, bolsos y artículos de decoración. El valor es de $ 8.089.472.082 y será ejecutado con recursos de OCAD Paz por la AGROIN - AGROFIQUE, una asociación de productores y artesanos con sede en el municipio. Este proyecto permitirá a 300 familias de la zona rural mejorar las condiciones de la siembra, la cosecha y la comercialización del fique. Además, este cultivo tradicional le ha permitido a los y las artesanas de corregimientos como La Junta, La Peña, El Placer y La Sierrita elaborar diversos productos y vivir de esta actividad.
A partir de este momento, el ejecutor cuenta con 12 meses para implementar este proyecto, el cual debe incluir la capacitación en buenas prácticas de cultivo, la siembra, la cosecha y la posterior comercialización de la fibra. Paralelamente, el proyecto contempla el desarrollo de cultivos de pancoger, como fríjol y maíz, para fortalecer la economía campesina y garantizar la seguridad alimentaria. Además, la Alcaldía está gestionando el acta de inicio y están a la espera de que le entreguen la póliza al contratista para empezar a hacer la socialización a los beneficiarios.
Adicionalmente, la administración asegura que ya se le asignaron recursos a través de PDET a otro proyecto para la realización de una planta procesadora de fique. “De esta manera las familias beneficiarias podrán garantizar la compra del producto, puesto que con esta planta se necesitarán bastantes cultivos de fique”, dice María Auxiliadora Amaya, Secretaria de Desarrollo Económico.
Los padres y madres de familia de los alumnos de transición, primero y segundo de la Institución Rural Ana Joaquina Rodríguez decidieron interrumpir las clases virtuales hasta que la institución asigne un nuevo docente que pueda asistir de manera presencial. Esto sucede dos meses después de que la profesora que trabajaba en la escuela recibiera llamadas amenazantes y decidiera dejar de ir al corregimiento. Desde entonces los 22 estudiantes estaban recibiendo clases de manera virtual.
Dayangela Gutiérrez, madre de familia, explica que la razón principal que los motivó a tomar esta decisión es que algunas madres no podían trabajar al tener que estar pendiente de las clases virtuales de sus hijos e hijas. “Los niños no aprenden porque vienen de dos años de virtualidad. El gobierno exigió presencialidad pero aquí no nos solucionan”, dice. Bajo la modalidad virtual, los y las estudiantes recibían el contenido a través de WhatsApp y los viernes debían mandar sus cuadernos a la docente para que revisara los ejercicios de la semana.
La situación en Los Tunales no da espera: tres familias ya decidieron retirar a sus estudiantes del colegio de manera definitiva. Por su parte, la docente amenazada espera un traslado de sede que aún no se ha oficializado.
Durante marzo y abril, el Ministerio del Interior realizará capacitaciones sobre el mecanismo de consulta previa dirigidas a líderes, lideresas, consejos comunitarios afro y comunidades indígenas del municipio en el auditorio del Instituto Técnico Profesional (INFOTEP). El primer encuentro será el 29 de marzo y se abordarán las etapas de apertura, preconsulta, consulta previa y cierre o protocolizacion. Hernosto Molina, líder del Comité del Paro que se realizó en febrero en el sur de La Guajira, explica que esta jornada de capacitaciones se desarrollará como respuesta a las peticiones sobre la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades étnicas. “Esperamos que haya una asistencia masiva y un resultado muy positivo para la defensa del territorio”, dice Molina.
En San Juan del Cesar, ya se han realizado ocho consultas previas en el marco del proyecto minero que la empresa turca Best Coal Company (BCC) pretende desarrollar en Cañaverales. El consejo comunitario de este corregimiento se encuentra en etapa de preconsulta.
Acceda al video de esta charla en vivo realizada en Facebook este jueves 24 de marzo haciendo clic en la siguiente imagen:
La jornada electoral del 13 de marzo estuvo marcada por los movimientos de los partidos políticos tradicionales: Liberal y La U. El 52 por ciento de la población salió a votar, mayoritariamente por la Cámara de Representantes. Para estas curules la votación mayoritaria se la llevó el Partido Liberal, con 2.381 votos. Luego, el Partido de la U, con 1.804. Y, de tercero, Cambio Radical, con 1.432 votos. En el Senado la cosa fue parecida. Los liberales sacaron 2.449 votos; los conservadores, 1.152; y la U tuvo apenas 659.
Los liberales, aunque fueron los más votados, no alcanzaron a llevar al Congreso a Nilton Córdoba. En cambio, el segundo más votado, el antioqueño Jhon Jairo Roldán, sí llegó al Senado.
En la Cámara no hubo sorpresas. “Domingo”, por el Partido Liberal, y Astrid Sánchez, por el Partido de la U, resultaron elegidos, tal como se esperaba que pasara. Estas votaciones revelaron el panorama de la maquinaria electoral en el municipio, pues los candidatos más votados no fueron los apoyados por los dos políticos más visibles de los últimos dos años. Espere el análisis completo este domingo en Consonante.org.
Ha pasado un mes desde que empezó el contrato que mantiene la Asociación Mutual Avanzar con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para operar cinco Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que atienden a 209 niños y niñas de Tadó, pero todavía 11 de ellos que viven en Corcovado no han recibido los alimentos ni las actividades pedagógicas y de cuidado. Esto, porque el lugar donde funcionaba el CDI en este corregimiento se deterioró durante la pandemia y actualmente no es seguro.
“No se puede esperar más para atender a los niños de la comunidad de Corcovado. El comité de control social debe convocar una comisión para hablar con el alcalde en miras de solucionar pronto”, dice Yénifer Perea, representante de ICBF.
Según el secretario de Planeación, Deiner Mosquera, un arquitecto ya visitó el sitio, de propiedad de la administración municipal, para hacer los arreglos pertinentes. Las familias esperan que esto suceda pronto, para que los niños y niñas puedan recibir los alimentos y la educación que les brindan en el centro.
Esta semana, el 15 y 16 de marzo, alrededor de 55 hombres y mujeres tadoseñas que se dedican a la pequeña minería se reunieron con funcionarios de la Agencia Nacional de Minería y del Ministerio de Minas y Energía para resolver sus dudas sobre el proceso de formalización. Esta actividad fue organizada por las instituciones y el Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan) y tenía como objetivo acercar a los mineros informales a las instituciones para que conocieran los trámites necesarios para ejercer su actividad formalmente.
Heiler Moreno, representante legal de Asocasan, asegura que esperan seguir haciendo estos encuentros, pero sostiene que todavía hay un problema: aunque los trámites los han simplificado, siguen siendo costosos, “porque como se trata a los grandes mineros, así se trata a los pequeños”, dice. “Si tú vas a Codechocó a pedir un licenciamiento temporal, y tienes un equipamiento que es un motorcito, te vale seis millones de pesos. Si tienes una retro, vale 12. Es complicado cuando la persona no produce tanto”, asegura el líder.
Esta fue una de las peticiones del paro minero que se desarrolló en Chocó entre el 18 y el 29 de octubre del año pasado.
En el municipio aumentó el número de votantes en comparación con las elecciones de 2018: este año participó el 59 por ciento de los habitantes habilitados. Aunque las campañas se movieron de manera silenciosa, Alfredo Deluque consiguió 3.881 votos para llegar al Senado. Los más votados para la Cámara de Representantes fueron: Carlos “Cosa” Daza del Partido de La U con 6.567 votos; el liberal Pedro Solano Saltaren “Pello Pello” con 4.207 y el conservador Juan Loreto Gómez con 2.160, que le permitirán heredar la curul de su mamá María Cristina Soto.
En la Circunscripción Territorial Especial de Paz (Citrep) número 12, que comprende La Guajira, Magdalena y Cesar, resultó ganador Jorge Tovar quien recibió el apoyo de 1.971 personas en San Juan del Cesar. La segunda mayor votación la obtuvo William Romero con 1.175 votantes. Tovar representará en la Cámara de Representantes a las víctimas del conflicto armado de los tres departamentos.
Todo está listo para la gran apertura de las fiestas que hacen honor a los Reyes Momo, Baco y Arlequín. La apertura el próximo 26 de marzo estará a cargo de la reina central del carnaval Vanesa Araujo y la reina de la comunidad LGBTI Quenibeth Vázquez Loperena, quienes darán la orden a toda la comunidad de gozar estas fiestas populares que estaban en pausa por los contagios de Covid-19.
“La programación la vamos a hacer nada más el 26. Es el desfile municipal y de las entidades. Empieza en la gallera de Enrique Urbina y termina en la plaza Santander con la competencia de comparsas, de capitanas y de disfraces de la comunidad LGBTI. Hay un show sorpresa a cargo del Alcalde”, dijo Edilberto Vivanco Gómez, presidente de la junta central del carnaval.
Por su parte, Quenibeth Vázquez Loperena dijo que esta es su oportunidad para “demostrar qué significa ser gay, lo que somos, lo colorido, lo loco. Quiero dejar en alto a San Juan y a mi comunidad”.
Después de la reunión del pasado 5 de marzo, en la que la comunidad de Pondorito expresó sus problemas para acceder al agua, ya está listo el proyecto con el que la Alcaldía de San Juan del Cesar y la empresa Veolia adecuarán la infraestructura para garantizar el servicio de agua en este corregimiento que no está conectado al acueducto municipal.
Esteban Rodríguez, gerente de Veolia, explicó que la empresa aportará la mano de obra y la ingeniería. El Alcalde va a aportar los recursos para lo demás. “Hicimos un diagnóstico del estado actual del sistema, y encontramos que deben surtirse varias acciones. Empezando con los mantenimientos al sistema de impulsión del agua, reposición de redes tapadas por raíces y otros objetos. Mi equipo de ingenieros se encuentra trabajando para establecer costos asociados”.
Aunque aún no hay una fecha de inicio de las obras. Algunos líderes de la comunidad wiwa como Francisco Nieves esperan que se ejecuten pronto. “Somos nueve familias, unos 50 habitantes wiwas, la petición que le hacemos a la administración es que ojalá no se olvide de nosotros y nos ayude dándonos pronta solución. Recordarles además que de la madre Tierra dependemos todos y que la naturaleza nos brinda todo, por ello nos permite vivir en comunidad", añadió Nieves.
Un grupo de 50 personas del corregimiento Los Pondores protestó frente a la electrificadora que administra Air-e en San Juan del Cesar. Los habitantes denuncian que los apagones que han ocurrido sin previo aviso en las últimas dos semanas han afectado sus electrodomésticos y les impiden desarrollar sus labores.
“La comunidad se cansó y la gente está desesperada porque se dañan los electrodomésticos. El que tiene su pedazo de pollo o carne se le daña por las altas temperaturas de marzo”, dice Amado Sanabria, concejal y uno de los habitantes de Los Pondores. “Estas denuncias se hacen ante la Superintendencia (de Servicios) y nunca hacen nada”, agregó.
La comunidad urge a la gerente de Air-e para La Guajira, Martha Iguarán Daza, más información sobre los cortes y una pronta solución para evitar que las afectaciones sean mayores.
En la jornada electoral del 13 de marzo participaron 17.738 personas de las 30.834 que estaban habilitadas para votar. Es decir, 57,5 por ciento del padrón electoral. Al final, los ganadores de los comicios fueron quienes más hicieron campaña en Fonseca: Alfredo Deluque, quien con 2.953 votos fue elegido senador por el Partido de La U; y Juan Loreto Gómez Soto, quien obtuvo el apoyo de 4.616 votantes para heredar la curul de su mamá en la Cámara de Representantes por el Partido Conservador. Asimismo, Jorge Cerchar de Colombia Renaciente (2.328 votos) y el liberal Pedro José Solano “Pello Pello” (2.536 votos) estarán en la Cámara representando a La Guajira.
La consulta interpartidista más votada fue la del Pacto Histórico, en la que la pre-candidata nacida en Fonseca, Arelis Uriana, obtuvo 2.781 votos. Uriana fue quien más votos obtuvo en el municipio después de Gustavo Petro. En la elección de las curules para la paz, que por primera vez se realizó a nivel nacional, ganó Jorge Tovar con el apoyo de 1.290 fonsequeros y fonsequeras. Él representará a las víctimas del conflicto armado de La Guajira, Magdalena y Cesar.
Los tradicionales carnavales de Fonseca no se realizarán a finales de marzo como estaban previstos. El presidente de estas festividades, Julio César Pérez, aseguró que la administración municipal se enfocará en la producción del Festival del Retorno 2022.
“Al Alcalde le gusta realizar eventos buenos, bien planeados y con la mejor logística y programación, pero ya eso está aquí y no hay tiempo para algo en grande. Lo que yo veo es dejar las cosas así y guardar las ganas para el Festival del Retorno que sería el primero en plaza pública de esta administración”, dijo Pérez.
Muchos habitantes del municipio, afectados por la pandemia, esperaban esta festividad para reactivar su economía. “Nosotros fuimos los más golpeados por la pandemia y con el bajo número de contagios creíamos que iba a haber carnavales. Ya ni se escucha decir que alguien está contagiado. Ese era el tiro para recuperarnos un poco, pero qué se va hacer”, afirmó Yeferson Herrera Montes, propietario de un centro de recreación.
La directora Territorial Norte de la Superintendencia de Servicios Públicos, Keydi Díaz, anunció que realizará una jornada de “Superservicios al barrio” durante los primeros días de abril para resolver las dudas de los usuarios sobre la facturación y el servicio que presta Air-e en el municipio. El aviso se dio durante el Facebook Live ¿Cómo mejorar el servicio de energía en Fonseca?, realizado por Consonante para evidenciar las afectaciones que los cortes de la electricidad tiene en los habitantes.
Según Díaz, el objetivo también es “llegar a los dos barrios más difíciles por las suspensiones o con facturación, para revisar cuál es el cableado o cuáles son los temas en que la empresa es responsable para revisarles las facturas, asesorarlos y que aprendan el por qué subió la factura”.
“Con esta visita se espera que de verdad puedan dar soluciones y no solamente sea para que nos quedemos tranquilos y no nos quejemos. Si van a salir hacer pedagogías y visitas que de verdad sea para dar soluciones a la problemática de la luz”, opinó Nailin Molina, una habitante del corregimiento de El Hatico.
Además: El rector del colegio Juan Jacobo Aragón, Alexander Ibarra, y la coordinadora de la institución Ernesto Parodi Medina, Betty Ruth Blanchar, están preocupados por las peleas de estudiantes que se presentan dentro de las instituciones. El 14 de marzo, hubo una riña de dos niñas a las afueras del Ernesto Parodi. Asimismo, denuncian que varios jóvenes han entrado a ambas instituciones educativas a sabotear las clases, la última vez fue el 25 de febrero cuando entraron al Ernesto Parodi. Los directivos esperan articular con la Policía de Infancia y Adolescencia y el ICBF para generar estrategias de prevención y atención.
Recomendado: Estudiantes, profesores y directivos del Colegio Roig Villalba, quienes narraron cómo ha sido su regreso a clases presenciales, a pesar de los graves problemas de infraestructura que tiene la institución. Te invitamos a ver este video especial:
Al igual que hace cuatro años, pocas personas votaron en las elecciones legislativas. Según los resultados del preconteo, solo el 38 por ciento de los ciudadanos habilitados votó. La mayor votación en Cámara la tuvo el Partido Liberal. Esto era de esperarse, pues fueron los que invirtieron en publicidad, y ofrecieron transporte e incluso alimentos a algunos votantes, como lo reportó Consonante. La representación del Chocó en la Cámara de Representantes se la llevó Jhoany Palacios del Partido Liberal, conocido como “Domingo”, y nuevamente, Astrid Sánchez Montes de Oca del Partido de la U. Palacios consiguió 457 votos en El Carmen, y, en total, 708 personas del municipio votaron por su partido. La misma cantidad de votos logró el Partido de la U en El Carmen, mientras Sánchez Montes de Oca obtuvo 482 votos.
Para el Senado , al candidato liberal Nilton Córdoba no le alcanzaron los votos y “se quemó”. En El Carmen obtuvo 399 votos. Le siguió el Partido Centro Democrático, con 332 votos, y luego el Partido de La U, con 240 votos.
En las elecciones del pasado domingo varios indígenas embera katío y embera chamí tuvieron problemas para ejercer su derecho al voto. ¿Su principal barrera? El idioma: no hablan español. A pesar de que muchos votan en el casco urbano, porque en sus comunidades no hay mesas de votación, en el puesto de votación no había traductores para ayudarles a llenar los tarjetones.
“En ninguna de las 17 mesas de la zona urbana había jurados indígenas y mucho menos traductores o tarjetones en lengua nativa. Nos tocó ver varios casos de jurados embalados tratando de explicarles a los indígenas cuál de los tres tarjetones a Cámara o los dos del Senado debían escoger”, dijo una testigo electoral.
Pero los inconvenientes para leer e interpretar el tarjetón no fueron exclusivos de la población indígena. Fuentes locales nos contaron que en el reconteo de votos se encontraron varios tarjetones con errores. Para Kiara Isabel Agudelo, testigo electoral por el Pacto Histórico, los campesinos mayores “no se desenvuelven muy bien a la hora de votar”, algunos porque no saben leer ni escribir. Piden que haya más pedagogía para la elección presidencial.
Esta semana la Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) ordenó liquidar la Cooperativa de Caficultores de Andes, que tenía una sede en El Carmen de Atrato, por considerarla económicamente inviable. La decisión fue tomada tras dos años del inicio de la intervención de Cooperan por supuestos malos manejos.
En un comunicado con fecha del 14 de marzo, la entidad estatal dio a conocer que posesionó a José William Valencia como liquidador, quien tiene un año para cerrar definitivamente la cooperativa. “Las ventas de café bajaron de 28 millones de kilos en 2020 a 11 millones en 2021, es decir una disminución de más del 50 por ciento, lo que desarmó todas las proyecciones y los principios de acuerdo que habíamos elaborado con los acreedores”, le dijo el interventor Alejandro Revollo al periódico El Colombiano. Esto tiene consecuencias sobre los más de cien cultivadores de café de El Carmen, pues la cooperativa compraba la producción y, además, les vendía abonos y otros insumos a precios asequibles. El Comité de Cafeteros se comprometió a comprar la producción de los afiliados, aunque en El Carmen siguen yendo hasta Ciudad Bolívar a comprar lo que antes encontraban en la cooperativa, lo que eleva los costos de producción.
Durante la jornada electoral en estos municipios chocoanos, se repitieron escenas de años anteriores: los partidos tradicionales movieron su maquinaria a favor de los candidatos liberales Nilton Córdoba y Yoani Carlos Alberto Palacios, “Domingo”, y Astrid Sánchez, a la Cámara por el Partido de la U. Estos candidatos visitaron los municipios hace algunas semanas y este domingo sus líderes políticos territoriales movieron la elección.
En Tadó pagaron los votos en efectivo y dieron refrigerios. Para la Cámara el costo del voto comenzó en 40.000 pesos en la mañana y al transcurrir el día bajó hasta llegar a 10.000 pesos. El de Senado lo pagaron a 30.000. En el caso del Partido Liberal, el paquete de Senado y Cámara por los candidatos “Domingo” y Córdoba valía hasta 80.000 pesos. También hubo mototaxis pagados para movilizar electores.
Algunos electores le dijeron a Consonante que los votos que compraron fueron para Omar Vidal, Astrid Sánchez, Domingo y Gilder Palacios. Aseguran que en varias de estas campañas quienes pagan por el voto son personas adineradas del municipio que les deben favores a los políticos.
Sin embargo, esta vez la compra de votos se dio la noche antes de la elección. “Yo salí a buscar que comer alrededor de las 11, cuando en varios puntos vi personas reunidas bebiendo sin importarles la ley seca, estuvo más movido que el viernes... Eso es la maquinaria política moviéndose", dijo un ciudadano.
Tal vez por ese motivo, este domingo las transacciones no fueron tan públicas como en otras ocasiones. La Policía, por su parte, hizo rondas por diferentes zonas del municipio constantemente.
En la zona rural, al parecer, no hubo compra masiva de votos. En la vereda El Tabor, a 40 minutos del casco urbano en moto, se presentaron pocos votantes en comparación con elecciones anteriores. Algunas personas manifestaron que esto se debió a que los partidos políticos no pagaron por los votos como tradicionalmente lo hacían. Varios de los votantes de esta población afro explicaron que no tenían “compromisos” con ningún partido.
En las tres mesas habilitadas en esta comunidad la participación mayoritaria fue de población indígena de las comunidades Mondó, Tarena y Selenio. Según una fuente del territorio, los candidatos se concentraron más en los jurados, pagándoles o “amarrándolos” con promesas para los futuros meses y años.
En El Carmen de Atrato la maquinaria se movió con transporte. Los mismos partidos políticos movilizaron alrededor de 1.200 personas desde la zona rural para ir a votar al casco urbano. Una votante de la vereda El Porvenir le contó a Consonante que, en su caso, el partido Liberal le pagó el transporte. Además, le dieron como refrigerio un pan con gaseosa. Durante la jornada, los dos partidos políticos repartieron fichos para reclamar almuerzos, pero solo para las personas que llegaron en la mañana.
Esto, según los habitantes del municipio, pasa en todas las elecciones. De hecho, muchas personas no salen a votar si algún partido no les garantiza el transporte, como le explicó a este medio un representante legal de una comunidad indígena. Sin embargo, algunos carmeleños y carmeleñas aseguraron que salieron a votar “para ver si algún día hay un cambio”.
La seguridad estuvo garantizada por unos quince oficiales de la Policía Nacionalque estuvieron distribuidos en tres puestos de control en la zona urbana. En la zona rural, hubo mesas en las veredas Guaduas y Piñón, en el corregimiento de La Mansa y en el sector El Dieciocho.
“A mí me entregaron tres tarjetones al llegar al puesto de votación. Yo no supe quienes eran los que aparecían en la Citrep (curules de paz) y me tocó votar al azar”, dijo Gricelda Bacca, una de las votantes. Al igual que Bacca, en este puesto de votación, la mayoría de los votantes coincidieron en que desconocían a las y los candidatos que buscan ocupar alguna de las curules de paz.
Aún así, algunos habitantes no pierden la esperanza de que estas curules se conviertan en una ventana para que las víctimas tengan una representación en el Congreso. “Esperamos que con este espacio los derechos y las voces de las víctimas sean escuchados y tengamos un representante que haga saber las necesidades de los municipios que fueron víctimas del conflicto armado”, afirmó Lisbeth Sanchéz, una de las personas que votó en la escuela y aseguró que sí conocía las funciones de las Citrep.
En la Citrep 12, que abarca el corregimiento de San José de Oriente y las demás zonas rurales de los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, ocho candidatos y candidatas presentaron su renuncia el 12 de marzo. Las y los candidatos denunciaron falta de garantías de seguridad para recorrer los territorios e incluso, la mayoría no recibió el dinero para hacer campaña en el tiempo habilitado por el Consejo Nacional Electoral.
“Estábamos solicitando que se aplazaran las elecciones a las curules de paz. Si no en todo el país, por lo menos en la circunscripción número 12. Acá se presentaron incumplimientos y eventualidades que hasta el momento el Consejo Nacional Electoral, ni la Registraduría, ni la Corte Constitucional nos han dado respuesta. Una de esas fue la pedagogía. El Ministerio del Interior tenía la instrucción de hacerla en las zonas rurales. No nos respondía a nosotros como candidatos”, dice Luz Yaruro, excandidata por la Citrep 12 quien vive en San José de Oriente.
La jornada electoral en Manaure, municipio del Cesar ubicado en la Serranía del Perijá, se inició con poca participación debido a fuertes lluvias. A medida que avanzó la mañana, más votantes se acercaron a los puestos de votación ubicados en el casco urbano. Aún así, el movimiento de personas fue menor en comparación con elecciones anteriores. “Tenemos alrededor de ocho mil personas aptas a votar pero sabemos que [la asistencia] a las votaciones a Cámara, Senado y Presidencia nunca son iguales que una elección a nivel municipal de Concejo y Alcaldía. Entonces votaría un 50 o 60 por ciento”, dijo el concejal Wilfrido Sánchez, quien señaló que acudieron más votantes de los que esperaban.
Las autoridades locales confirmaron que la jornada transcurrió con normalidad. “Todo estuvo normal. Yo ya la tenía clara. Sabía por quién iba a votar”, le dijo a Consonante una mujer que se acercó a votar al mediodía.
Según comentó una fuente local, la venta de votos se dio antes del día de las elecciones. Un habitante señaló que de parte de la campaña del aspirante al Senado por el Partido Verde Antonio Sanguino les ofrecieron 40 mil pesos. “La plata la estaban dando de una vez y estaban explicando por la persona que se debía votar. También, que iban a tener personas dentro que estarían pendientes de cuando estuviera en el punto de votación”.
La jornada electoral terminó sin novedades. La Policía no registró capturas por delitos electorales ni encontró órdenes de captura vigentes a ningún elector. La asistencia, aunque no se tienen datos totales todavía, fue menor a la que esperaban las autoridades. El único problema se registró en Puerto Nariño, zona rural de Saravena, donde había propaganda política instalada muy cerca de un puesto de votación.
Ariel Pedraza, líder y docente de Puerto Nariño, explicó que los hechos violentos que se presentaron desde el principio del año generaron temor en la población, pero esta jornada evidenció que sigue habiendo democracia. “Esperamos que lo que ocurrió se vea reflejado en las urnas y que la comunidad entienda que tenemos la oportunidad de expresar lo que queremos para el futuro de Colombia. Hay que darle una oportunidad a la paz”.
La jornada electoral arrancó puntual y sin alteraciones en el casco urbano de Saravena. A pesar de las alertas por factores de violencia, los habitantes del municipio se han acercado a las urnas “sin miedo”. Desde temprano, varias personas llegaron a depositar sus votos en el coliseo Simón Bolívar y en casi todos los puestos de votación se formaron filas. En el coliseo, que es el puesto principal del municipio, hicieron presencia los comandantes de Policía y Ejército del municipio, el alcalde Wilfredo Gómez Granados, el registrador municipal, la secretaria de gobierno municipal, el personero, y delegado de la unidad de salud de Arauca.
Según el mapa de riesgos electorales de la Misión de Observación Electoral, Saravena se encuentra en riesgo extremo por factores de violencia. Los municipios vecinos (Tame, Fortul, Arauquita y Arauca) tienen el mismo riesgo por el accionar de las guerrillas del Eln y de las disidencias de las Farc. Además, el panorama de la elección de las Circunscripciones Especiales Transitorias de Paz también está afectado, pues “al haber disputa de territorio por estos actores, quienes aspiren a ocupar las distintas curules deben tener su beneplácito para el ejercicio de sus campañas electorales”, explica la MOE.
En San José de Oriente, corregimiento de La Paz (Cesar), ocho personas fueron retiradas del puesto de votación por funcionarios de la Registraduría pues se estaban haciendo pasar por testigos electorales con identificaciones falsas. Según Oscar Muñoz, representante de la Registraduría, estas personas habían clonado las escarapelas que se le entregan a estos delegados.
Los falsos testigos fueron identificados porque, en la revisión de las escarapelas, se hallaron datos incorrectos, duplicados o que no correspondían a la información del puesto de votación. Por ejemplo, las escarapelas originales decían “Mesa 1” y en las falsas aparecía “Mesa principal”, explicó el delegado de la Registraduría.
En el corregimiento San José de Oriente, la jornada electoral empezó con normalidad: con poca afluencia de votantes y fuertes lluvias. Funcionarios de la Registraduría habilitaron un puesto de votación e instalaron nueve mesas en la Escuela Básica Primaria ubicada en la cabecera corregimental. Este punto de la zona rural de La Paz (Cesar), donde hay 3.092 personas habilitadas para votar, hace parte de las zonas elegidas para elecciones de las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (Citrep). Precisamente, hace tres días 18 candidatos de los departamentos del Cesar, Guajira y Magdalena a las CITREP presentaron su renuncia.
