Las actividades: Durante los seis días, cerca de 700 y 800 jóvenes participaron en actividades como “Jóven conoce tu ley”, una charla de divulgación de la Ley Estatutaria de Ciudadanía Juvenil 1622 de 2013 que fue liderada por María Díaz, quien representa la curul especial de víctimas del conflicto armado. También, se realizó una capacitación en temas de salud sexual y reproductiva con el apoyo de la Secretaría de Salud municipal; una rumbaterapia; una jornada de recolección de residuos sólidos en puntos críticos como las orillas del río San Juan y el parque principal, y se pintaron murales en el Coliseo municipal.

¿Qué piden los jóvenes? Las actividades buscaban dar respuesta a dos temas críticos para los jóvenes: el empleo y la salud sexual. Según Marceli Vega, enlace de juventud ante la Alcaldía, han identificado que a los jóvenes de San Juan les falta educación sexual. “A pesar de que los colegios y demás instituciones brindan información sobre estos temas, aún para muchos sigue siendo un tema aislado. Además por no tener buen aprovechamiento del tiempo libre tienen relaciones sexuales a temprana edad”, dice Vega. Según cifras entregadas por la Secretaría de Salud durante la Semana Andina, en el municipio van 144 embarazos adolescentes en lo que va del año. Acá les contamos tres problemas de la educación sexual en San Juan del Cesar.

Vega cuenta, además, que las oportunidades de empleo para los jóvenes son pocas. A pesar de los beneficios legales que tiene las empresas que contraten esta población, la experiencia laboral que exigen en muchos casos es imposible de cumplir: “Si a uno no le brindan la oportunidad de empezar no podemos adquirir esa experiencia que tanto exigen” agrega.

Las reacciones: “Estoy llena de satisfacción, quienes tuvieron la iniciativa de acercarse se pudieron conocer sobre el estatuto de ciudadanía juvenil, y supieron qué es un consejo de juventud, qué es una plataforma juvenil, qué es una asamblea juvenil, además de conocer las ofertas educativas. Fue un éxito. Esperamos que el año entrante tenga más cobertura en cuanto al presupuesto”, dice Izamar Cujia Diaz, integrante del Consejo de Juventudes.

Las propuestas: Los asistentes trabajaron en mesas de trabajo alrededor de varios temas, en especial la necesidad de la formalización en los trabajadores del campo para dignificar su labor en materia legal, riesgos laborales, seguridad social y salario digno. “La formalización del trabajo rural está contenida en el primer punto del Acuerdo de Paz. El gobierno ha dicho que su primera apuesta es el tema campesino y rural, por lo tanto ya está en el compromiso del Estado formalizar la actividad rural de hombres y mujeres que producen alimentos”, indica Benedicto González, firmante de paz de Pondores.

También hablaron de la necesidad de que el Plan Nacional de Desarrollo fortalezca la soberanía alimentaria y de que se priorice la vocación agrícola del suelo en los territorios como forma de frenar la explotación minera en sus territorios. Para eso sería pertinente crear una Jurisdicción Especial Agraria donde haya jueces, comisarios e inspectores especializados en temas agrarios para resolver los conflictos que se presentan en esos territorios. 

Los y las asistentes proyectaron, además, propuestas en educación y capacitación como acceso a becas, priorizar a los trabajadores con mano de obra calificada y no calificada en el desarrollo de los proyectos en el área rural, aumentar la oferta de empleo directamente a las comunidades rurales para brindarles la oportunidad de un empleo digno. También, fueron enfáticos en que se deben entregar tierras a los campesinos y mejorar la infraestructura vial para impedir que se dañen los productos por las vías en mal estado.

¿Qué dicen los campesinos? “El taller fue muy productivo porque a través de estos encuentros podemos unir distancias y exponer nuestras problemáticas, necesidades, dudas. Conocer la dificultad de una zona y exponer propuestas”, comenta Pilar Álvarez, lideresa y campesina desplazada. “Estamos buscando llevar las propuestas para el Plan Nacional de Desarrollo. Esperamos que aquellos que van a ir a las mesas técnicas lleven esas propuestas y más que todo en municipios PDET, donde no se está viendo el fortalecimiento”, dice Yesica Fragoso, lideresa del corregimiento El  Totumo de San Juan del Cesar y delegada del grupo motor.

Pero, ¿qué son los Diálogos Regionales Vinculantes? El presidente Gustavo Petro nombró Diálogos Regionales Vinculantes a los espacios de escucha que generará el Gobierno nacional en distintos departamentos del país. En esos diálogos las comunidades podrán plantear sus necesidades, peticiones y propuestas, que serán evaluadas para construir el Plan Nacional de Desarrollo que determinará el rumbo del país en los próximos cuatro años. En Valledupar y Riohacha han planteado dos fechas para escuchar a los habitantes de La Guajira y Cesar: el 11 y 21 de octubre. 

¿Entonces? Los campesinos llevarán sus propuestas y buscarán recuperar la incidencia y participación de las comunidades por medio de los grupos motor en la construcción de iniciativas, la formulación de los proyectos, la contratación y veeduría de las obras con recursos del Ocad Paz y obras PDET.

¿Qué dicen los comerciantes? Mónica Cortez, administradora de uno de los supermercados más populares del municipio, es una de las afectadas. “Aquí está faltando arroz, aceite y papas. Ojalá que esto tenga solución y llegue a buen término porque los carniceros también están afectados”, dice.

“En este momento no he podido entregar unos pedidos y están todavía en Medellín porque no los han podido mandar. No tengo tinta para las impresoras, ni algunos insumos de unos proveedores”, cuenta Nerlin Patricia Rivera, dueña de la papelería Detalles. “El tema del transporte es muy complicado porque se puede perder la mercancía”, afirma. 

Otras afectaciones: Además de la escasez de alimentos, varias personas han perdido citas médicas que tenían programadas estos días en Quibdó, y los dueños de las droguerías están preocupados porque tienen varios pedidos de medicamentos represados. Los habitantes que debían viajar a la capital del Chocó para hacer trámites y diligencias relacionadas con documentos públicos también se han quedado a la espera.  

¿Qué se sabe de los bloqueos? Varias comunidades indígenas están protestando de manera pacífica en varios sectores de la vías del Chocó. Entre ellas se encuentran las comunidades de Tutunendo, Ichó, Guadalupe y el resguardo indígena Emberá Katio de El Dieciocho. Los bloqueos se han dado en los sectores de La Troje, Tutunendo, El Noventa, El Dieciocho y El Doce en la vía que conduce de El Carmen de Atrato a Quibdó. Las razones por las que se manifiestan las comunidades son variadas, pero tienen en común la inconformidad hacia la atención que han recibido por parte de distintas instituciones del Estado. 

La situación es tan grave que el lunes un grupo de camioneros decidió bloquear la vía en el corregimiento de la Mansa en respuesta a la falta de solución de los cierres. “Estamos parados porque no nos quieren solucionar la problemática que hay en la vía de El Siete hasta Tutunendo. Llevamos ocho días con este problema. El alcalde de Quibdó va de fiesta en fiesta, y el de El Carmen no nos quiere escuchar. Llevamos ocho días aquí parados. No tenemos viáticos y hemos perdido viajes”, dice Jaime Andrés Taborda, camionero y vocero del paro.

¿Qué dice la Alcaldía? El alcalde Jaiberth de Jesús Ríos Oquendo viajó a Quibdó para participar en los espacios de diálogo y concertación que organizó la Gobernación del Chocó el 5 y 6 de octubre. En la mesa de diálogo participaron representantes de los municipios afectados y líderes de las comunidades indígenas. Sin embargo, no llegaron a un acuerdo. “Que sea en las mesas de concertación donde se les dé solución a todo lo que se viene adelantando antes de que nuestras comunidades salgan a hacer una vía de hecho. Ese es el objetivo principal donde todos estuvimos hoy de acuerdo y con ánimo conciliatorio”, dice el alcalde. Además, a través de un video hizo un llamado al gobierno nacional para que intervengan en los diálogos.

Lo que sigue: Los camioneros dijeron que no levantarán el paro hasta que se logre dar “una solución real” a los bloqueos de las comunidades indígenas. Aseguran que siempre hacen acuerdos y no se cumplen, por lo que las comunidades vuelven a bloquear las vías. 

Mira el especial completo aquí: Yo soy Wayúu, no migrante

Entre Medellín y Quibdó, en el municipio de El Carmen de Atrato, hay un pueblo que nació para ser un territorio libre de guerra. Hoy, un conjunto de casas de ladrillo y de madera, una iglesia, un viejo edificio y un convento se erigen en una finca de cinco hectáreas. El Pueblo de la Memoria Histórica, como fue llamado por sus fundadores, es el resultado de la oposición de un grupo de carmeleños, entre 1999 y 2008, lideró un grupo de familias campesinas contra los grupos armados que insistían en tomarse el territorio.

Hasta finales de los años 80 allí funcionó el Hospital Sanatorio Antituberculoso de El Carmen de Atrato: un lugar al que la gente llevaba a los enfermos de tuberculosis de Antioquia y de otras partes del país. Sin embargo, el sanatorio fue abandonado entre finales de los 80 y principios de los 90. Entonces, la estructura antes moderna empezó a decaer y fue saqueada. 

Desde 1996, y durante un periodo de tres años, el sanatorio fue utilizado por varios de los grupos armados que accionaron en El Carmen de Atrato. Durante esos años, la población carmeleña fue víctima de asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos forzados y reclutamiento de menores de edad. Casi todos los habitantes del municipio fueron víctimas de algún tipo de hecho violento. 

Según la Unidad para las Víctimas (Uariv), en el municipio 9 460 personas son víctimas de desplazamiento forzado, 155 fueron asesinadas y 381 perdieron sus bienes. Esto quiere decir que casi la totalidad de la población es víctima. Este año, según las cifras del DANE, en El Carmen hay 8.343 personas, y según la Uariv hay 6 038 víctimas que siguen viviendo en el municipio.

Los grupos armados utilizaron el lugar para reclutar hombres y mujeres a sus filas, pues la ubicación del sanatorio era estratégica. El edificio estaba cerca del casco urbano de El Carmen, pero estaba rodeado de vegetación virgen. Y subiendo algunas montañas se podía llegar al cañón de Guaduas, la vereda donde se originó el ERG y donde también incursionaron los demás grupos. 

Antes de la llegada de los grupos armados, el edificio también era utilizado por parejas jóvenes que aprovechaban la soledad del lugar para encontrarse. “Era el lugar de los encuentros extramatrimoniales”, recuerda Froilán Zapata, un líder campesino que dirigió la Organización de Campesinos Caficulturores de El Carmen de Atrato (OCCCA).

La resistencia

En 1996, el predio donde funcionaba el sanatorio pasó a pertenecer precisamente a la OCCCA, a quien el Estado colombiano le entregó el edificio en préstamo para que lo utilizara como base. Sin embargo, los campesinos tuvieron problemas para apropiarse del lugar. “No hacía muchos días desde que nos habían entregado eso y ya el señor José, comandante del ERG, estaba haciendo reuniones allá. Reunió a los choferes de la localidad y les dijo que tenían que colaborar, y que si alguien se le torcía, pues lo mataba. Incluso dijo: si mi mamá se me tuerce, la mato”, dice Froilán.

Las presiones de los guerrilleros llevaron a que al poco tiempo la OCCCA se declarara como una comunidad campesina no dispuesta a cooperar con la guerra. Para resistir, la comunidad implementó varias estrategias que les mostraran a los armados que no se enfrentaban a pocos, y que si iban por uno, debían enfrentarse a todos. Hicieron almuerzos comunitarios en El Siete, reuniones con el ERG, las AUC, las Farc, el ELN y el Ejército para explicarles que eran neutrales y no colaboraban con ningún grupo, y crearon una granja escuela en las tierras que rodeaban el edificio, de modo que el predio casi siempre estaba ocupado. 

Mientras estuvieron allí, la entrada de las armadas estuvo prohibida. Cuando escuchaban que algún grupo estaba cerca, formaban una comitiva y subían a trabajar. Los grupos, poco a poco, fueron cediendo el territorio, pues veían que efectivamente la gente estaba trabajando. Además, tantas personas en un mismo predio atraía mucha atención. “La resistencia fue una dinámica importante en el momento más oscuro y triste de El Carmen de Atrato, que fue el desplazamiento y la toma guerrillera”, dice Froilán.

El 5 de agosto de 2000, la guerrilla de las Farc se tomó el pueblo usando cilindros bomba y fusiles. El terror se apoderó del pueblo. Ese y el año siguiente hubo, en total, 4 252 víctimas.

Las 200 familias que para ese entonces integraban la organización sembraron cultivos de pancoger así como caña de azúcar y café. También empezaron a procesar la panela en trapiches comunitarios y a secar y moler el café. Además, crearon un sistema para emplear a otros campesinos a cambio de capacitaciones, entrega de semillas, abonos y otro tipo de alimentos y tuvieron el acompañamiento de Naciones Unidas bajo el programa Alimentos por Trabajo. 

A pesar de la estrategia que implementaron para mantener la violencia alejada, los campesinos enfrentaron serias dificultades para mantener su presencia en el lugar. Durante varios años fueron víctimas de amenazas, asesinatos y desplazamientos forzados y asesinatos. Algunos de estos hechos ocurrieron a menos de medio kilómetro del terreno. Como el de Elizabeth Posada Vargas, de 12 años, una muerte que recuerda Lina Muñoz, que para ese momento pasaba por el sector de la Vuelta del Mosco en la vereda El Porvenir. “Un día que mi mamá me traía para la escuela me tocó ver el cuerpo de ella cubierto con una sábana blanca en el piso”, dice. 

En 2008 se desmovilizaron los paramilitares y el ERG. Para ese momento la organización campesina ya se había debilitado por el desplazamiento de varios de sus miembros y las amenazas a sus líderes. Además, algunos asociados habían perdido contacto con la organización. A este panorama se sumó un cambio de dirigencia y el éxodo de la mayoría de sus miembros. El ocaso de la OCCCA también generó un conflicto por las tierras de la organización que al día de hoy se encuentra en manos de la Unidad de Restitución de Tierras. 

Para ese momento, Froilán Zapata pensó en que era el momento para responderles a las víctimas. En 2009, con la certeza de que ya había pasado lo peor, un grupo de antiguos miembros de la OCCCA creó la Organización de Víctimas de la Violencia con el fin de que el Estado los reconociera como sobrevivientes de la guerra, e iniciara un proceso de reparación. Ese mismo año, decidieron asentarse en las tierras del antiguo sanatorio, con la esperanza de construir su futuro en la tierra que habían cuidado y cultivado durante una década.

La creación del pueblo

Remigio Zapata y su hija Margarita fueron los primeros en mudarse al sanatorio. Luego llegaron más y más personas, y el edificio se les quedó pequeño. Intentaron gestionar un proyecto de vivienda de interés social con la Alcaldía, pero no fue posible. “Nos tocó aplicar la ingeniería cabuya: entregar lotes”, cuenta Froilán. Parcelaron las cinco hectáreas y crearon 170 lotes, el máximo número que les dio, de modo que las familias que había y las que fueran llegando tuvieran tierra para construir viviendas dignas. La entrega se hizo de manera formal, pero sin escrituras, pues en ese momento el Estado aún figuraba como dueño del terreno. 

En una asamblea, acordaron que el nuevo asentamiento se llamaría el Pueblo de la Memoria Histórica. Un nombre que resultó fácil de elegir pues consideraron que esas dos palabras eran lo que mejor definía su relación en común: las víctimas eran un pueblo que tenía una memoria y una historia compartidas. 

Una de las familias que llegó fue la del matrimonio Balvin Jaramillo. Juan de Dios y Marleny  ingresaron al asentamiento después de haber sido desplazados de la vereda La Argelia y de su casa en El Seis. Durante varios años vivieron en casas arrendadas, y cuando recibieron un lote pensaron en que, por fin, había llegado la hora de volver a establecerse. 

Su hija Vivianey, que hasta entonces había estado con familiares y estudiando afuera, también llegó a vivir ahí. Vivianey era apenas una niña de escasos 11 años, pero recuerda bien que, mientras ella jugaba con los otros niños del pueblo, los vecinos les ayudaron a sus papás a construir su casa. A los 13 años ya hacía parte del movimiento social. 

“Desde muy pequeña Froilán ya me llevaba a las reuniones y me ponía a estudiar. Me acuerdo que una vez subimos a hacer una protesta con megáfono y gritábamos: ¿Quiénes somos? La Organización de Víctimas de la Violencia. ¿Una raza? La campesina. ¿Una religión? El trabajo. ¿Un mandamiento? El respeto”, dice como si todavía estuviera ahí.

Para ella, esa fue la semilla para que en 2017 decidiera capacitarse como gestora de archivo para crear el Museo de la Memoria de las víctimas de El Carmen. En ese año, Froilán le presentó un proyecto al Centro Nacional de Memoria Histórica, pues quería que la entidad les ayudara a recuperar y organizar los cientos de papeles y fotos que recogían su historia de resistencia.

Una lucha por la memoria

En total, cinco personas del Pueblo de la Memoria Histórica se formaron como gestores de archivo y se encargaron del proceso de reconstrucción de memoria: se encargaron de seleccionar los archivos, organizarlos por fechas e imprimir los archivos más deteriorados. Pero también se encargaron de limpiar, acondicionar y pintar las paredes del antiguo convento para convertirlo en un museo. 

Vivianey Balvin explica lo que buscaban: “que la gente sepa que se vivió la guerra y que fue muy duro, y que eso marcó muchas vidas. Hay que plasmarlo en algo para que la gente vea el sufrimiento y que no se puede repetir el conflicto”. El museo está allá, pero pocas personas en El Carmen lo conocen. 

Así como el museo, la gente del Pueblo de la Memoria Histórica resiste. Aún hoy, más de diez años después de vivir ahí, nadie tiene escrituras. Según Froilán Zapata, el predio es un baldío de la nación y se lo deberían adjudicar a la gente. Mientras eso sucede, la vida diaria en el pueblo se hace cada día más difícil. Jhon Mejía, un sociólogo que ha acompañado el proceso, explica que varias familias han vendido los predios, aunque sin papeles, y otras tantas todavía no viven ahí por falta de condiciones dignas. Durante estos años la gente se ha organizado para tener acueducto y luz, pero hace falta una buena vía, una guardería y una cancha para que los niños, niñas y jóvenes se diviertan. Además, a veces parece que la guerra se cuela. Hace apenas seis meses, la Policía capturó a tres personas armadas que se habían asentado allí y que estaban ya interactuando con jóvenes.

Lo que persiguen las familias que viven en el Pueblo de la Memoria Histórica es lo mismo que buscaban hace más de 20 años. Antes le exigieron a los grupos armados que no los metieran en su guerra, y lo que siguen queriendo hasta hoy es que el Estado cumpla con sus obligaciones. Lo que desean es vivir dignamente como campesinos.

Fonseca tiene su himno oficial, uno que suena en los actos cívicos. Pero en la cultura popular el himno es “El cantor de Fonseca”, la canción que escribió el guajiro Carlos Huertas. Esta y otras canciones se escuchan hace 50 años y han forjado a varias generaciones de artistas fonsequeros que ven en la tradición musical de su tierra un referente para el folclor de La Guajira y de todo el país. En las calles y corregimientos de la zona rural surgieron y se forjaron cantautores e intérpretes vallenatos como Carlos Huertas, Luis Enrique Martínez “el pollo vallenato”, Silvio Brito, Hugues Peñaranda, Chema Gómez y José Hilario Gómez. Esta generación de músicos que hoy tiene entre 70 y 75 años, si no fallecieron ya, sigue siendo el orgullo de miles de fonsequeros. 

Pero el panorama ha cambiado. Las generaciones de juglares, acordeoneros y guitarristas que contribuyeron a su fama como la “tierra de cantores” a veces parecen cosa del pasado. Hoy, con la influencia del internet y la televisión, otros son los géneros musicales que se escuchan, especialmente, entre los jóvenes: la nueva ola, la champeta, el trap y el reggaetón predominan en las calles y discotecas.

Para Patricia Gómez, gestora cultural, hay un problema de fondo: “en Fonseca todo el mundo es rey menos el fonsequero, entonces (las personas) prefieren otros muchachos de otra parte. Ahí sí son el bum y a los nuestros no les damos la importancia que realmente se merecen”.

En ese contexto, los jóvenes que insisten en cantarle al amor y al territorio como lo hacían los juglares resaltan. Aquellos que crecieron escuchando a los maestros y hoy quieren mantener vivo el folclor. Tienen entre 47 y 16 años, pero lo que los convierte en integrantes de “la nueva generación” no es tanto su edad, sino un interés común por preservar la tradición en una época en la que prima lo nuevo. Ellos y ellas son los nuevos cantores de Fonseca. 

Jane Fernández

Jane Fernández comenzó su carrera como artista del género vallenato a los 8 años. Recuerda que estaba en una parranda familiar celebrando un cumpleaños cuando todos empezaron a cantar.  Ella también cantó y, al escuchar su voz, el público presente exclamó ¡guao! ¡Jane canta lindo!. “En medio de eso me pidieron otra canción y a partir de ahí fue cuando se dieron cuenta que yo tenía el don de cantar”, dice. Desde entonces sueña con dedicarse a la música.

Jane tiene 25 años. Es maestra, cantora y amante de “las yuquitas”, como dice entre risas para referirse a los vallenatos viejos. Solamente podría ser así, pues siendo adolescente empezó a estudiar en la academia Luis Enrique Soler Martínez, donde su profesor “Yayo” Soler fue quien la empezó a formar. Fue él quien la llevó por primera vez al escenario. “Me hizo la invitación a cantar en un festival en homenaje a la difunda Katiuska Mendoza” (en 2012), una promesa del vallenato fallecida. En esos comienzos también la apoyó el profesor Wilson Chiquillo, por quien siente mucha gratitud.

Desde entonces está empeñada en cumplir su sueño. “Uno de los principales motivos por los cuales canto es porque me gusta, porque creo que los sueños se pueden cumplir y desde niña siempre he soñado con ser artista, más que otra cosa”, dice. 

Sin embargo, en ese camino ha enfrentado varios obstáculos que la han llevado a pensar en renunciar. El principal: la plata. “Yo sola he tenido que llegar a donde estoy, pues vengo de una familia en la que no contamos con suficiente factor monetario para suplir los gastos”, cuenta. Desde sus 20 años trabaja como docente, y gracias a este trabajo no ha renunciado a la música. Actualmente dicta clases personalizadas en casa a estudiantes de primaria, al tiempo en que se desempeña como vocalista del también cantante fonsequero Jhon Daza.

Aunque su trayectoria va creciendo, cada vez que se sube al escenario siente muchos nervios. “Como ser humano es algo inevitable”, reflexiona. Pero la cosa cambia cuando empieza a cantar. “Ya entro en mi zona de confort”, dice. 

Jane reivindica su sangre. “Soy de acá, parida y nacida. Llevo sangre fonsequera, cardonalera y me considero una exponente, cantora y compositora de Fonseca. Donde quiera que vaya trato siempre de dejar a Fonseca en alto, con mi comportamiento y con mi cultura”, sentencia.

Arturo Rincones

Arturo Rincones tiene 24 años y entró en la “brincadera” (un tipo de vallenato mucho más rápido que, en palabras de Jorge Oñate, “no tiene poesía” y está pensado para la fiesta) durante un tiempo, pero su corazón sigue estando cerca del vallenato de antes. ¿Por qué? “Son las ganas de estar en la cúspide de los artistas, de enamorar a las mujeres con serenatas… eso sigue siendo bacano”, dice.

Desde que comenzó a cantar, cuando apenas tenía 11 años, ha tenido esas imágenes en la cabeza. Su familia siempre ha sido parrandera, especialmente su papá, que se considera “zuletista”. Y también él, que mostró su talento desde temprano. Arturo comenzó tocando guitarra con su profesora de sociales, Sonia Rodriguez, quien le pagó un curso de guitarra en el Centro de Recursos Educativos Municipales (CREM). Luego, gracias al gestor cultural Jorge Luis Daza Pacheco y al profesor Johnny Solano descubrió que también sabía cantar. De hecho, fue por cuenta de la escuela de este último que Arturo cantó por primera vez en el Festival del Retorno y luego por cuenta de la escuela del profesor Nacho Mendoza. Aunque aún no ha cantado ni participado como solista.

Teniendo como referente a Poncho Zuleta y a otros cantores de La Guajira, como Javier Elias, Jossy Lodman y Jose Oñate, siguió en el camino de la música. En el colegio lo molestaban. Recuerda, entre risas, que le llamaban Kaleth Morales y Carlos Vives, pues siempre tenía su guitarra o estaba dando serenatas. Durante su adolescencia hizo varias presentaciones en distintos lugares del departamento, pero al ver que no despegaba, y motivado por “las ganas de ser alguien en la vida”, decidió irse. En enero de 2017, tras graduarse del colegio, se fue a vivir a Bogotá. "Hay un dicho que dice que nadie es profeta en su tierra, entonces hay que seguir dándola toda y luchando por el sueño que uno se plasmó", dice con la voz un poco apagada.

Arturo es crítico de la forma en la que se maneja la música en Fonseca. “La tradición musical… yo siento que eso se ha perdido. Le han quitado el apoyo a los barrios para hacer sus fiestas y lo más cultural que se ve es el festival de Fonseca”, asegura. “El gobierno y Fonseca deben apostarle a la cultura. Es bueno que hagan parques y carreteras, pero la Casa de la cultura está vuelta nada”, agrega. En parte, por eso se fue. 

Dos años después, en diciembre de 2018 regresó, pero no a Fonseca. Llegó a Riohacha a hacer coros en la agrupación La Tropa del Swing, con la que ganó un premio en el Festival Francisco El Hombre. A partir de ahí empezó a abrirse su camino como corista. Pasó a hacer los coros de Orlando Liñán, del valduparense Wilman Fiallo, del samario Rafael Roncallo y luego con Yader Romero, exintegrante del grupo Kvrass. Estando ahí lo llamó Oscar Gamarra para ser corista primera voz de su agrupación. 

Hoy, sigue trabajando con Gamarra, aunque su objetivo es hacerse conocido para que más personas vean su talento. El año pasado lanzó su sencillo “La Química”, escrito por el compositor José Oñate Junior, al lado del acordeonero fonsequero Luis David Solano. Luego hizo un remix de esta misma canción con Iván Ballesteros, un cantante venezolano radicado en Medellín.

Al mismo tiempo, Arturo Rincones sigue estudiando licenciatura en Música en la Universidad de La Guajira, aprendiendo a tocar el piano y explorando su faceta como compositor, de la mano de José Oñate Junior. Todavía le sudan las manos cuando se sube al escenario y siente que el estómago le da vueltas. Arturo piensa que estas señales de su cuerpo son la confirmación de que la música es su camino.

Sara Acosta

Sara Acosta es conocida como “La princesa guajira”, porque está orgullosa de su ascendencia wayuu y en sus presentaciones usa manta, waireñas y, a veces, sombrero típico de este pueblo indígena. Nació en Barranquilla en 2006, pero se siente 100 por ciento fonsequera, por allí creció. Le gusta la lírica y el vallenato: dos géneros que usualmente no conversan entre sí, pero que para ella son igual de importantes.

Sara se dio cuenta de que tenía aptitudes para la lírica cuando era muy pequeña, en el cumpleaños de uno de sus compañeros de colegio, hace 10 años. En esa ocasión, mientras sus compañeros cantaban el ‘cumpleaños feliz’, ella se percató de que su voz sonaba diferente. Luego se dio cuenta de que era más afinada y a partir de entonces, sus padres comenzaron a fomentar su talento y su madre la impulsó a cantar alabanzas. “Me decía: “guao, cantas como lindo”, recuerda. Luego, aprendió otras canciones y empezó a interpretarlas en público. A sus 9 años logró ingresar a la Orquesta Sinfónica de Cerrejón, donde continúa hasta hoy en el grupo de armonía. 

En 2019, cuando Sara tenía 13 años, fue seleccionada como participante del programa La Voz Kids. En su primera audición, recibió el “sí” de los tres jurados después de cantar  “Por ti volaré” de Andrea Bocelli, sin embargo, en la segunda ronda salió del programa. 

En materia de vallenato, género en el admira a cantores como Rosemberg Peñaranda, Fawell Solano, John Daza, Elver Arregocés, Carlos Solano, Johnny Solano y Yizza Peñaranda, también se ha destacado. En 2020, durante la versión online del Festival del Retorno, cantó “Fonseca luna de amor”, una canción inédita del compositor Jorge Camargo, con la que se coronó ganadora.

A Sara le encanta escuchar a Shakira y a Marcela Gándara, intérprete de música cristiana. Pero también escucha sus vallenatos, pues dice que “son muchos los artistas que le han contribuido más a nuestro pueblo a través de su gran arte y sus canciones”.

Ella es una de las cantoras más jóvenes, y por eso sabe de primera mano que cada vez son menos los amantes del vallenato “Puedo decirte que de parte de los jóvenes sí se está perdiendo un poco la tradición”, asegura. Aún así, rescata que hay una parte a la que aún “les gusta mucho el vallenato puro, las raíces de donde venimos y que lo autóctono es lo que realmente, y algún día la sociedad lo va a entender, es lo que vale”.

En medio de ese panorama, recalca que su principal motivación al momento de cantar es su familia, ya que ellos han sido un apoyo esencial para ella. También dice que piensa en su público “porque ellos son los que cada día me impulsan a mejorar y a poder brindarles más de este bello arte que puedo realizar con el talento que Dios me dio”.

El dolor de estómago que a veces siente cuando está a punto de subir al escenario se disipa cuando recuerda el que ella considera que es su propósito. “Dios me regaló este don para alumbrar muchas vidas, para sanar personas, y la música es como esa medicina que nos ayuda a todos a salirnos de la zona de confort y sobre todo de estar en un ambiente en paz”. 

José Oñate Junior

José Oñate lleva la música en la sangre. Se la heredó su papá, José Manuel Oñate Córdoba, un artista fonsequero al que se le conoce como “el MP3”, pues tocó su guitarra y cantó vallenatos nuevos y viejos durante 12 horas consecutivas en la emisora Olímpica Stereo, obteniendo un récord Guinness. Desde chiquito la gente le decía: tú papá canta, tú debes cantar. Y sí. José Oñate Junior canta, más o menos desde los 12 años. Ahora, a sus 33 años, es compositor y parrandero.

Poco tiempo después de descubrir su talento, a los 16 años, dio sus primeros pininos en la música en el coro que funcionaba en el Centro de Recursos Educativos Municipales (CREM) en 2006, donde se formaron varios de los artistas del municipio. 

Hizo varios procesos con los acordeoneros Mauro Milian, Deiner Florez, y Jose Móvil. También grabó un sencillo de cuatro canciones, que fueron escritas por Jesus Medina, Eduardo "Cachurra" Fonseca, una de Carlos Oswaldo Figueroa y otra de su papá. Jose Oñate también es el compositor de la canción La Química de Arturo Rincones, y de Todo de mí, de Rafa Pérez, ambos artistas fonsequeros.

Para él su ejemplo siempre ha sido su papá, pero lo que lo inspira a cantar es la propia música. Lo dice sin titubear: “la música es todo para mí. La música está en cada parte de mi corazón… yo respiro música”. Por eso cada vez que se sube al escenario lo que siente es paz. “Transmitirle un sentimiento a una persona para mí es mucho”, aclara. E insiste en hacerlo, aunque cantar sea una labor paralela a su trabajo.

José reconoce que, como él, en Fonseca muchos otros jóvenes también están intentando mantener viva la tradición, pero señala que hace falta que los apoyen. El pasado 28 de agosto se celebró el Festival del Retorno en el municipio y, según Oñate, los artistas fonsequeros casi tienen que rogar un espacio para cantar. “Yo no estoy pendiente de que me den espacio, pero hay personas que tienen sus grupos y deberían ser las primeras personas en ser contratadas. Eso no se está viviendo. Los artistas tienen que rogar para que le den un espacio. Si ellos no tocan en su pueblo, ¿dónde más van a tocar?”, dice, dejando abierta la pregunta.  

A pesar de esa barrera, en su trayectoria ha tenido la oportunidad de cantarle varias veces al territorio, y de hecho tiene algunas canciones alusivas a él, aunque siguen sin ver la luz pública. José Oñate no es tanto de subirse a las tarimas. A él le gusta la parranda. “Prefiero cantar la música raizal de aquí de Fonseca”, dice. Pero no solo eso. “Estoy componiendo. No solo cantar hace parte de la música, transmitir a través de la música es mi vida”, dice. 

Actualmente está trabajando en un sencillo de tres canciones donde hay una composición de él, otra de Rosemberg Peñaranda y una escrita por ambos. El proyecto lo está sacando adelante con sus ingresos, una vez más, movido por el arte. Aspira a que salga en octubre y confía en que caerá bien en el público, pues sabe que mucha gente cree en él y confía en su trabajo.

Fawell Solano

Fawell Solano recuerda que se enamoró de la música vallenata cuando era pelao, a los nueve años. Fue gracias a sus papás, ya que a ambos les gustaba el género. Su mamá era seguidora de Jorge Onate, es más, se consideraba Oñatista, y su papá, un fanatico de la música de Rafael Orozco. Cada álbum que sacaban los cantantes sonaba en la casa de Fawell hasta el cansancio.

Así se fue metiendo en el vallenato, pero fue su madre quien lo inscribió a los nueve años en un curso de guitarra con el juglar Julio Vasquez. Esos fueron sus primeros pasos. Desde entonces admira a artistas como Jorge Oñate, Poncho Zuleta, Beto Zabaleta, Diomedes Díaz “El Cacique”, Rafael Orozco y al maestro Silvio Brito. Pero se define, sobre todo, como “oñatista”.

En parte, fueron esos referentes los que lo inspiraron a cantarle al territorio a través de las composiciones de algunos fonsequeros, como las que ha cantado en dos ocasiones en el Festival del Retorno, compuestas por Henri Perez y Joel Molina. En ambas ocasiones ganó.

“Lo que más me motiva es dejar en alto el nombre de Fonseca y ayudar a mantener el vallenato vivo, a pesar de que ha habido crisis y han llegado géneros que han desplazado la música vallenata”, reflexiona el cantor, que a sus 44 años se ha consolidado como un exponente del vallenato en su pueblo.

Para que otros jóvenes puedan aportar a este fin, a Fawell Solano le gustaría que los alcaldes de turno le dieran más importancia al sector cultural. Sueña con que Fonseca tenga una escuela de música integral, donde se enseñen a tocar diferentes instrumentos, a cantar y se le de un apoyo psicológico a los artistas: “la experiencia nos ha enseñado que cuando muchos logran alcanzar la fama vienen las indisciplinas, los derroches y eso acarrea el fracaso, entonces sería bueno construir una escuela integral en mi pueblo, que sé que sería de mucha utilidad para los artistas locales”, le dijo a Consonante.

Por su lado, sigue en la búsqueda de mantener el folclor. De hecho, en su último álbum, El Quinto, tiene canciones que suenan al vallenato del más viejo, aunque acepta que también está cantando “otras cosas”, como “brincaderas”. Solano se considera un cantor de Fonseca, pues para él la música se trata “de amor. Uno se enamora de la música, del vallenato, y también de otros géneros. Pero los fonsequeros llevamos la música en la sangre… y tantas parrandas, festivales, concursando con canciones inéditas, eso ha hecho que sea más grande el amor por la música vallenata”, explica. 

Gracias a su talento, y con mucha persistencia, ha podido representar al municipio a nivel nacional e internacional, “con mucho orgullo y amor a su tierra de cantores”, dice. Eso sí, sabe que no está solo en el camino.

Orlando Acosta

Orlando Acosta tiene conciencia de que empezó a cantar de forma natural y afinada, desde los 7 años, hace 40 años. El que durante más de cuatro años fue la voz del Binomio de Oro, recuerda que desde chiquito asistía a la iglesia y le sorprendía el canto de las mujeres del coro. “Son muy afinadas”, señala. Más adelante, empezó a hacerles los coros y voces que sonaban muy distintas a las de ellas. Desde ahí supo que su voz es un regalo de Dios. Pero no fue solo la iglesia. Cuando echa memoria, recuerda que el canto de Rafael Orozco lo marcó y quiso aprender a tocar acordeón.

No se pudo, pues sus padres no tenían cómo comprarlo. Se acercó a la guitarra a los 13 años y el maestro Julio Vásquez le enseñó a tocarla. A sus 19 años, en 1993, se fue a vivir a Bogotá, donde mientras estudiaba ingeniería electrónica aprendió a tocar el bajo eléctrico, instrumentó que tocó mientras hizo parte del grupo “Las estrella Vallenatas”. Por eso hoy Orlando, u Orlandito, como le dicen sus amigos, toca guitarra, bajo, canta y compone. La lejanía, en vez de acercarlo a otras culturas, lo llevó a apegarse a su vallenato del alma.

“Tú sabes que cuando uno se va es que uno empieza a sentir la falta de su tierra, se llena de nostalgia, de sentimientos y por supuesto empecé a aprenderme todas esas canciones que le cantan al pueblo, a mi tierra, que hicieron Julio Vázquez, Carlos Huertas y por ahí”, rememora el que es, quizás, el mayor de los nuevos cantores, con 47 años.

Por eso en su larga trayectoria musical, de más de 25 años, Fonseca siempre ha sido motivo de inspiración. Orlando Acosta le ha compuesto varias canciones a Fonseca, una de ellas fue “Tú y mi pueblo” con la que ganó el primer lugar en el Festival del Retorno de 2016. 

De su amor por su pueblo es de donde viene su apodo: El nuevo cantor de Fonseca. Esta referencia nació en Bogotá hace poco más de 15 años, gracias a la ocurrencia inicial de un amigo. De hecho, ese es el título de su último álbum. Otras personas empezaron a llamarlo así y siempre lo hace sentir muy orgulloso. “Nací aquí en Fonseca, me alimenté de las aguas del río Ranchería, comí bastante mango, jugué aquí, me bañé cuando llovía en las calles, corriendo, y yo en las tardes no salía del río. Entonces tú te puedes imaginar toda la conexión que hay entre mi alma y mi espíritu con esta tierra”, afirma. Tanto es así que en los conciertos, las parrandas o a donde quiera que va cuando canta, dice que es de Fonseca y canta la canción de Carlos Huertas “El cantor de Fonseca”.  

Los paramilitares llegaron a la región del San Juan a mediados de los años 90 por petición de mineros y comerciantes antioqueños, quienes estaban preocupados porque las guerrillas del ELN, el ERG y las Farc estaban afectando sus intereses en la región. Por esa época, más de 150 comerciantes se reunieron con los paramilitares, quienes ofrecieron “custodiar” las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín a cambio de que los empresarios y mineros los financiaran. Y así fue como la población del San Juan, del Atrato y del Baudó, que ya sufría por cuenta de la presencia de las guerrillas, quedó en medio del conflicto. La Fuerza Pública, que era la encargada de protegerlos, también se alió con los ‘paras’. 

Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) revela esta dinámica. En el libro, titulado "La guerra vino de afuera El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que no cierra”, es una valiosa pieza de memoria histórica pues por primera vez una institución oficial no judicial identifica de manera clara a los grupos paramilitares que operaron en la región, recoge su surgimiento, el detalle de su accionar y su desmovilización. El texto fue presentado el 6 y 7 de septiembre en Istmina y en Quibdó. 

El CNMH explica que los paramilitares que, entre 1996 y 2005, cometieron asesinatos selectivos, violencia sexual, y desapariciones forzadas buscaban desplazara la población para controlar el territorio y explotar la minería sin tratar con las familias afros que ancestralmente trabajaban esta actividad. Además, revela cuáles fueron las estrategias que usaron.

El documento es el resultado de 64 entrevistas que el equipo del Centro realizó a exmiembros de las autodefensas en esta región que hacen parte del Mecanismo no judicial de contribución a la verdad que no cometieron graves violaciones a los derechos humanos; otras 69 entrevistas a víctimas y organizaciones territoriales y la revisión de documentos como sentencias de Justicia y Paz y el archivo de prensa local y nacional.

Tal vez una de las conclusiones más importantes del informe es que a pesar de que la guerra que se vivió durante esos años en el San Juan fue atroz, no despertó la preocupación del resto del país. La violencia en la zona era mucho menor en comparación con la que se registraba en otras partes del país donde ocurrieron grandes masacres como la que tuvo lugar en el corregimiento El Salado, en El Carmen de Bolívar, donde 63 personas fueron asesinadas y 23 más, desaparecidas. Esta guerra silenciosa fue una estrategia paramilitar. 

¿Por qué llegaron los paramilitares?

El informe retoma una sentencia del Tribunal Superior de Medellín que detalla cómo fue la llegada de los paramilitares a la región. Laura Bibiana Escobar, coordinadora del informe, explica que esta incursión tuvo motivaciones económicas claras. “En 1995 mineros y comerciantes antioqueños van a ver el accionar de las guerrillas como una amenaza para sus intereses en el departamento, y estas personas también eran muy cercanas a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Entonces lo que va a pasar es que a través de “Rodrigo Doble Cero” van a solicitarle a los hermanos Castaño (específicamente a Vicente) que envíen un grupo paramilitar para que contrarreste el accionar de la guerrilla y ellos puedan continuar con sus actividades económicas en el departamento”. 

Los mineros y grandes comerciantes se reunieron con Doble Cero en el restaurante “Asados El Camino”, en Quibdó, “con el fin de crear un grupo paramilitar en las zonas de Quibdó, Istmina, Tadó y Condoto, el centro económico y político del centro y sur de Chocó”. 

Según el testimonio del exjefe paramilitar Jorge Iván Laverde, conocido como el “Iguano”, entre los mineros y grandes empresarios presentes en esta reunión estaban Guillermo Álvarez, minero y comerciante de una casa de chance en Istmina; Albeiro Jiménez y Jorge Herrera, mineros que luego serían hombres de confianza de un jefe paramilitar; Dámaso Peralta, encargado de reunir a los mineros; Epifanio Álvarez, comerciante de queso y zinc; William Soto, minero; Darío Pérez, dueño de una pesquera de Bahía Solano y de hangares en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín; Jorge Raigoza, empresario de chance en Quibdó; Nabor Tadeo Giraldo Aristizábal, empresario de Quibdó; y José Alfredo Álvarez, de quien el informe no menciona información adicional.

Y con esa luz verde, los paramilitares comenzaron a organizarse. “Quedamos con las mismas tropas que había, y empezamos a crecer el grupo. Nosotros llevábamos fusilería y eso, pa’ crecer el grupo, pa’ fortalecer la gente que estaba en El 20, que eran los que controlaban la vía de Quibdó a Carmen de Atrato, la vía de Tadó-Istmina allí por el lado de Risaralda, y empezamos a controlar todos los municipios de Tadó, Istmina, Condoto y parte de Pizarro, y todos esos lados del Baudó”, explicó Laverde al CNMH.

Según Escobar, “Vicente Castaño vio la oportunidad que había de consolidar, a través de la minería y del narcotráfico, una buena fuente de financiación para su proyecto político”. 

¿Cómo fue la estrategia paramilitar?

El grupo paramilitar logró entrar al territorio utilizando dos estrategias. La primera, pasar desapercibido ante el resto del país y las entidades judiciales. Por esta razón no llegó a tener tantos integrantes como otros bloques paramilitares. Mientras que el Élmer Cárdenas, que operaba en otras partes del Chocó y en el Urabá, llegó a tener 1 500 hombres, el Bloque Pacífico solo tuvo entre 200 y 250. Sin embargo, Laura Bibiana Escobar, coordinadora del informe, explica que “estaban distribuidos en puntos estratégicos a través de retenes, lo que les permitía tener un control de lo que pasaba tanto con la población civil como con otros grupos armados, y poder asegurar con esos aliados económicos, políticos y con la fuerza pública un control de lo que se movía en estas regiones del país”.

La segunda estrategia consistió en controlar y vaciar el territorio. El grupo cometió crímenes atroces que recuerdan en Tadó. “Por los años 95 y 96 fue una cosa terrible. En el 96 yo era secretario General y de Gobierno de Tadó y a los jueces y fiscales les daban miedo la situación y me mandaban a mí a levantar a los muertos. Vi varias masacres. En el 97 me tocó levantar en la vía de Pueblo Viejo a Manungarrá me tocó levantar siete cadáveres, todos muertos a bala con tiros de gracia. Y como a la semana me tocó por aquí en una finca cercana al casco urbano el levantamiento de tres cadáveres. Por la misma época me tocó levantar tres cabezas de una baranda del puente de Playa de Oro”, recuerda Hermes Sinisterra, exfuncionario e historiador local.

Precisamente ese hecho en Playa de Oro fue uno de los más comentados por un grupo de mujeres tadoseñas en un encuentro organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica para construir el informe. Ellas recordaron el terror que sintió la población, y que por ese miedo mucha gente se desplazó.

Según la Unidad para las Víctimas, en 1996 unas 565 personas se desplazaron en Tadó, 505 más que el año anterior. Pero el pico de la violencia fue en 2002, cuando hubo 4 128 desplazados. Ese año hubo desplazamientos en Tadocito y Mungarrá al igual que en Angostura, Brubatá, Playa de Oro, Carmelo, El Tabor, Guarato y Mumbú, por cuenta de una incursión del frente Héroes del Chocó y el Bloque Metro. Durante estos años, las comunidades indígenas también sufrieron el despojo.

Los paramilitares utilizaron, además del asesinato, la violencia sexual y las desapariciones forzadas para obligar a la gente a desplazarse. ¿Y qué buscaban? “El manejo de la minería”, explica Laura Escobar. “Las comunidades afrodescendientes manejaban el tema de la minería por familias y cada familia tenía la capacidad de extracción de ciertas partes del río. Entonces el despojo lo que aseguraba era que otras personas ajenas al departamento pudieran llegar y ocupar esos lugares para extraer el oro sin esa esa mediación que había que hacer con las familias”. 

El resultado fue el despoblamiento del campo, que también se tradujo en cambios significativos en la cultura: muchas personas dejaron de cultivar y, todavía, muchas temen cazar o sembrar por miedo a que explote una mina antipersonal. Es el caso de la finca de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima en Playa de Oro, donde los estudiantes no hacen prácticas agrícolas porque se dice que aún hoy hay minas sembradas en el terreno.

La Policía y el Ejército estaban aliados con los ‘paras’

“A mí me tocaba ver cómo los paramilitares se transportaban o transportaban las armas en los carros de la Policía y nadie decía nada. Aparecían los muertos y nadie decía nada”, recuerda Hermes Sinisterra.

El informe confirma la complicidad que, al igual que Hermes, vieron los ciudadanos. En la región se presentaron acciones coordinadas o para el beneficio del grupo paramilitar, el Ejército les dio información a los ilegales para indicar a quién debían asesinar y la Fuerza Pública no los persiguió. “Adicionalmente, habitantes del departamento del Chocó manifestaron que paramilitares del BP-HCH ingresaron a los territorios de Istmina y la región del San Juan en vehículos oficiales del Ejército nacional”.

Pero esto no es todo. El Bloque Pacífico también “se vio favorecido por insumos, dineros y contratos, así como por la coordinación de acciones militares conjuntas y la permisividad de la violencia ejercida en contra de los pueblos chocoanos”. Incluso, retoma un testimonio de el “Iguano” en el que afirma que había relación entre las alcaldías de Tadó, Condoto e Istmina con los paramilitares. 

¿Por qué no se supo lo que estaba pasando?

El grupo se concentró en cometer crímenes como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y violaciones para generar terror y lograr que la gente se desplazara, cuidando no atraer mucha atención. Además, los paramilitares ya se habían asegurado de imponer normas en las poblaciones. Algunas de estas eran, por ejemplo, no buscar o recoger los cadáveres para enterrarlos y no denunciar los hechos ante las autoridades. De lo contrario, las personas eran amenazadas y asesinadas. Esto lo hicieron, por ejemplo, con líderes e inspectores de Policía. De esta manera se impuso una “ley del silencio''.

Quedarse callado y desplazarse fue una estrategia de la población para conservar la vida, pues la población tampoco confiaba en las autoridades. De hecho, el grupo había suplantado algunas funciones del Estado, como la resolución de conflictos sociales y económicos entre la población. En medio de este panorama, entidades como las Diócesis de Quibdó e Istmina-Tadó fueron de gran apoyo para las comunidades, pues pusieron la cara para defender los derechos humanos. Por estas acciones también recibieron ataques. 

Además, el Bloque Pacífico en ocasiones actuó en alianza con el Bloque Élmer Cárdenas, que sí figuraba en la opinión pública nacional. Según el informe “esto sirvió para que las relaciones políticas desarrolladas por el BP pasaran desapercibidas y fueran vinculadas con el BEC, incluso si se desarrollaron de forma conjunta”. Es decir, el Bloque Pacífico se camufló.

Por último, las acciones de este grupo también se vieron “opacadas” por otros hechos violentos que tuvieron gran impacto en la opinión pública nacional. Por ejemplo, a principios de mayo de 2002 hubo un combate entre los ‘paras’ y un grupo guerrillero. Hubo bombas, disparos y hasta se cayó un puente. Sin embargo, por esos mismos días la guerrilla de las Farc y el Bloque Élmer Cárdenas se enfrentaban en el Atrato y las Farc lanzaba el cilindro bomba que mató a más de 70 civiles en la iglesia de Bellavista, en el hecho que se conoce como la masacre de Bojayá.

Lo que aún falta por esclarecer

Si bien es claro que el Bloque Pacífico tuvo relaciones con políticos, el Centro Nacional de Memoria Histórica afirma que es necesario esclarecer con quiénes, pues hay “vínculos de los que se tienen algunos indicios por las versiones libres de los postulados de Justicia y Paz, pero en los que se debe continuar avanzando”. Además, la justicia no ha avanzado contra ellos.

Laura Escobar cuenta que el magistrado Rubén Darío Zapata, quien hizo la sentencia contra el Bloque Pacífico, se refería a los “terceros” responsables como “los primeros”, pues fueron quienes llevaron a los paramilitares a la región. “Acá hay nombres de los que hablaron con las ACCU, pero los procesos judiciales que se llevaron no prosperaron o no han terminado”, dice la investigadora. “Sobre la responsabilidad de la Fuerza Pública tampoco hay suficiente avance como para que se logre hacer un reconocimiento”, agrega.

Hermes Sinisterra considera que en Tadó todavía faltan muchas verdades. “No ha habido una investigación seria. Aquí había un señor que señalaba y le mostraba la frente a la persona que iban a matar ese día y al rato está por ahí muerto y nadie investigaba nada”. 

A esto se suma el miedo. En Tadó hubo calma tras la desmovilización, pero la gente sigue con temor. La guerrilla del ELN permanece en la región y desde hace un par de años hay alertas sobre la presencia paramilitar. Por ejemplo, en 2018 la Defensoría del Pueblo hizo una alerta temprana de inminencia sobre el territorio por los combates entre el ELN y el Ejército. 

En Tadó muy pocas personas hablan sobre el conflicto. La memoria de la guerra sigue enterrada, así como las verdades que faltan.

En San Juan del Cesar (La Guajira) ocurrieron con frecuencia durante más de 15 años  desapariciones por cuenta del conflicto armado, pero siempre fueron un secreto, un dolor privado de las familias. Como en la familia Córdoba, que desde el 29 de agosto de 1998  esperan que “los elenos” digan algo sobre su padre, Antonio Alejandro. Royma, el hijo que se encontraba con él cuando se lo llevaron, intentó buscarlo muchas veces, y también trató que la justicia lo buscara. “Dejamos de cavar porque el Ejército y la guerrilla estaban poniendo bombas por ahí y no queríamos morirnos”, dice. Hace ocho años dejó de buscar. La justicia lo declaró muerto, aunque ellos todavía no tienen certeza de nada, porque no han visto su cuerpo.

En Potrerito, cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 19 de marzo de 2007 la comunidad wiwa vio salir a Víctor Julio Mendoza a plena luz del día. Iba a buscar un animal, convencido de que, como la Policía estaba cerca, podía andar sin problemas. La comunidad, hasta hoy, no lo ha visto volver. 

Y así pasó en la comunidad indígena de Marokazo, en El Totumo y en varias vías rurales. La gente salió o la sacaron de su casa y no regresó. 

Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), una entidad que se creó con el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, hay 111 personas desaparecidas en San Juan del Cesar. Esta cifra es el resultado “de un cruce de más de 30 fuentes de información” e incluye personas desaparecidas forzadamente y desaparecidas tras un secuestro o un reclutamiento forzado.

Sin embargo, es evidente que existe un subregistro. En parte, porque la violencia impidió que muchas víctimas denunciaran las desapariciones de sus seres queridos. Además, la persistencia de los actores armados en el territorio mantiene con miedo a muchas familias que no se sienten seguras de levantar su voz, pues no saben quiénes pueden estar escuchándolas. Esto, en parte, también explica que en San Juan las víctimas de desaparición forzada no estén organizadas y que ni la Alcaldía ni la Mesa de Víctimas tengan una base de datos de los desaparecidos y sus familiares.

Por otro lado, pocas personas en el municipio conocen la Unidad de Búsqueda. La UBPD no ha llegado al territorio a socializar su mandato ni su Plan Regional de Búsqueda, en el que está incluido San Juan y apenas tiene 23 solicitudes de búsqueda. La UBPD no es la única entidad que tiene como mandato buscar a los desaparecidos del conflicto armado. La Fiscalía tiene esta obligación pero, según las víctimas y organizaciones, hizo acciones de recuperaciones de cuerpos hace algunos años, pero tampoco está buscando activamente a sus familiares. Varios líderes de víctimas de San Juan consultados por Consonante coincidieron en esto: la búsqueda está quieta.

El miedo persiste

En 2002 se desplazó la vereda El Limón y el corregimiento de Caracolí, a principios de septiembre. Primero fue El Limón. Pedro Loperena recuerda la razón: una masacre de 16 personas que por estos días cumple 20 años. Esa es la misma cantidad de tiempo que lleva desaparecido Luis Antonio Mendoza, su abuelo. Mendoza tenía 76 años cuando los paramilitares, en complicidad con el Ejército, lo desaparecieron entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, fecha en la que terminó la masacre y el desplazamiento del resto de la comunidad. Así lo reconoció una sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira en 2019. Por este hecho el Ministerio de Defensa, en representación del Estado, tuvo que pedirles perdón a las víctimas. Pero aún no han encontrado el cuerpo de Luis Antonio.

El 4 de septiembre, cuando la comunidad de Caracolí escuchó sobre la avanzada de los paramilitares, salió de su territorio para impedir la barbarie. “Después, cuando ellos (los paramilitares) vinieron no encontraron a la población. Saquearon todo lo que había en los negocios. Se llevaron muchas cosas”, recuerda Marcelino Camargo.

Pasó que, mientras las autoridades atendían a los desplazados y los registraban, no preguntaban si habían dejado atrás a un familiar, o si había algún desaparecido. Y las víctimas estaban en una total desprotección y llenas de miedo.

María Cedeño, secretaria general del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), una organización que acompaña a víctimas del territorio, afirma que ese estado persiste en muchas familias. “La gente todavía teme que hablen de sus casos y a esos casos estén vinculados personas que puedan atacarlos. Les hemos dicho que hay que vencer el miedo. Si se rodea a las víctimas, se les acompaña y no se les deja solas, yo creo que se puede avanzar”. 

Para Cedeño es clave que se implemente una política seria por los desaparecidos en la que las instituciones protejan a quienes decidan solicitar la búsqueda de sus seres queridos.

La verdad que hace falta

El pueblo wiwa, que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene un registro de 40 personas desaparecidas. Según Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos de este pueblo indígena, el 70 por ciento de los casos ocurrió en San Juan del Cesar. El resto está repartido entre la zona rural de Riohacha, Distracción, la Jagua del Pilar y otros municipios.

Los indígenas han construido esta base de datos durante los últimos quince años, y no incluyeron los nombres de las víctimas, sino también las circunstancias de las desapariciones e incluso el actor armado que, presumiblemente, cometió el hecho. Loperena cuenta que entre estos actores figuran las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl, las Autodefensas Unidas de Colombia y la Fuerza Pública. Pero aclara que aún “toca esclarecer quiénes son los autores intelectuales, políticos y económicos de estos hechos”.

Las víctimas del pueblo wiwa no son las únicas que piden que se esclarezcan los autores de los hechos victimizantes. Marcelino Camargo, líder de víctimas del corregimiento de Caracolí, dice que los habitantes de la zona rural se preguntan por qué ingresaron los paramilitares a sus tierras. “Con la construcción de la represa (del río Ranchería que se inició en 2001) vienen las desapariciones de muchas personas. Hace presencia el Ejército con la construcción de la represa. ¿Qué pasa ahí? Pienso que el Ejército viene como a mirar qué personas colaboran, qué personas están con la guerrilla, y luego vienen los paramilitares que van seleccionando y desapareciendo a las personas”. 

Esto mismo lo han dicho representantes de pueblos indígenas como el kankuamo e investigadores del Cinep, pues el momento más álgido del conflicto en San Juan del Cesar coincide con la realización de los estudios técnicos de la represa. En 2002 se presentaron varios desplazamientos forzados masivos y en total, según la Unidad para las Víctimas, se desplazaron 8 697 personas, una cifra trece veces mayor a la del año anterior. Este fue el pico más alto de desplazamientos que se ha registrado en el municipio. 

La necesidad de proteger los lugares donde podría haber cuerpos

Pedro Loperena afirma que ellos hicieron diligencias de exhumaciones con la Fiscalía hace algunos años. “Hemos levantado con Justicia y Paz más de 22 cuerpos en dos fosas comunes. Esos cuerpos no son de personas de la comunidad, posiblemente fueron combatientes o personas que sepultaron en nuestro territorio”, sin embargo, no tienen certeza de que estos cuerpos hayan sido identificados y entregados a sus familias.

Estas exhumaciones ocurrieron cerca de la cuenca del río Marokazo y de las comunidades de Sabanas de Joaquina y Marokazo. Sin embargo, hay otros puntos en los que, según las comunidades, podría haber más cuerpos.

“En Tembladera, en las estribaciones de la Sierra, cerca del río Ranchería, se habla de un lugar en el que tanto paramilitares como insurgencias enterraban cuerpos cuando el conflicto se encontraba más fuerte en la zona. Ahí documentamos casos, nos dicen “aquí desaparecían indígenas wiwa, desaparecían wayuu, desaparecían gente de la comunidad y ahí están enterrados”, cuenta Cedeño, y agrega que también se comenta que arrojaban cuerpos al río Ranchería. Por esta razón, ella no se explica por qué estos lugares no tienen medidas cautelares u otro tipo de protección.

La Unidad de Búsqueda le confirmó a Consonante que “se encuentra en realización la caracterización del Cementerio de San Juan en la medida en que es un lugar de interés para la búsqueda”. Allí se presume que también hay cuerpos de personas desaparecidas.

A pesar de que la UBPD afirma que “se han realizado jornadas de toma de solicitudes, diálogos de ampliación, entrevistas de contexto en clave de desaparición”, desde la Mesa de Víctimas, el Enlace de Víctimas y el propio Comité de Solidaridad afirman que no han visto las acciones de esta entidad en el territorio.

Para Joaquín Córdoba “ha sido un poco floja la búsqueda de personas desaparecidas entre el Cesar y La Guajira. Se necesita que la Unidad de Búsqueda tenga más responsabilidad con las víctimas y que la búsqueda sea más activa. Muchas veces las personas no quieren denunciar por miedo. Hay que tocar la puerta para que las personas puedan dar más información”. 

Parte de ese proceso, para María Cedeño, debe incluir la socialización del Plan Regional Sur de La Guajira - Norte del Cesar, el acompañamiento institucional y apoyo psicosocial a las familias.  “Debe haber una sensibilización sobre por qué las familias deben relatar el hecho, también se debe transmitir confianza a las familias y mostrarles que vamos a estar en el trabajo articulado de encontrar a su familiar. Aquí llega la gente que documenta el caso y luego no se les vuelve a dar información”, afirma Cedeño.

Para los familiares esta sería la única manera de tramitar un duelo que tienen en pausa o de encontrar a sus seres queridos si siguen con vida. Para el pueblo wiwa tiene un significado más: “al territorio hay que hacerle una limpieza espiritual y cultural. Si no se sacan esos cuerpos que no pertenecen al territorio, eso nos va a traer a nosotros una desarmonización cultural”, dice Pedro Loperena.

Las calles de El Carmen de Atrato siempre están llenas de trabajadores mineros y de comercio, pero en las montañas de las veredas lo que se ven son cultivos: café, fríjol, plátano, maíz, papa, aguacates, cebolla y hasta caña de azúcar. Eso sí, para los campesinos carmeleños el campo actual poco se parece al campo de hace treinta años. “Antes de aquí salía una escalera (chiva o jeep) llena de productos para Quibdó. Aquí hay productos buenos pero la gente prefiere traer de afuera por los precios más bajos”, dice Darío Henao, campesino de la vereda Habita.

Por ejemplo, un productor de papa criolla del municipio, por estos días, debe vender el kilo del producto a 3.000 pesos para poder recuperar parte de su inversión. Sin embargo, los tenderos casi siempre prefieren comprar la papa en Medellín, donde, según los precios de la Central Mayorista, el kilo cuesta 2.000 pesos. Al por mayor, y aún con el costo del transporte, para los tenderos muchas veces resulta mejor negocio vender la papa que viene de Medellín. La ofrecen al público a un costo por kilo de 4.500 pesos y le ganan un poco más. Lo mismo pasa con productos como la cebolla, el plátano y algunas frutas.

Para Darío Henao son varias las explicaciones detrás de ese cambio. “El campesino no tiene apoyo de nada. Mire pues los insumos como están de caros y vaya usted venda lo que quiere y verá… Mi papá a veces cogía esos racimos de banano y los vendía y le daban muy poco. Por eso a veces es preferible comer, regalar y darle a los pájaros”. Eso sí, para él la riqueza está en el campo. “La realidad es que el despertarse con los pájaros es espectacular, yo aquí me siento rico, así sea pobre, yo en este lugar soy rico, así no tenga plata pa comer, así me toque comerme un plátano machacao, yo prefiero eso”.

Consonante habló con diez campesinos de El Carmen de Atrato para conocer sus reflexiones sobre su oficio, las dificultades que enfrentan y qué necesitan para continuar produciendo alimentos.

Acceso a la tierra

Este es uno de los mayores problemas de los campesinos colombianos. Así lo constató la Corte Constitucional mediante la sentencia SU-288-22 de este mes. La Corte señala que hay un grave incumplimiento del régimen especial de baldíos y del deber del Estado de promover el acceso progresivo a la propiedad de la tierra de los campesinos”. Para el Tribunal, la Agencia Nacional de Tierras ha tratado de forma desigual las solicitudes para adjudicar baldíos y esto ha hecho más profunda la desigualdad en la tenencia de la tierra. 

De hecho, la sentencia cita una cifra de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria que explica que, aunque los pequeños y medianos campesinos son mayoría en el sector rural, tienen en su poder la menor cantidad de tierra. “El 18% de la tierra de propiedad privada inscrita en el catastro es del 75% de propietarios que tienen en su poder microfundios, minifundios y pequeña propiedad”.

Vías para sacar los productos y apoyo para comercializar

Ramon Ángel Tobón, agricultor del sector El Tonusco, trabaja en el campo desde que tenía 8 años. Aprendió con su padre, y de eso han pasado ya 55 años. Para el trabajar la tierra es su vida, pero explica que nunca ha tenido con qué trabajar, nada más con su impulso. Por eso es claro en decir qué necesitan los campesinos carmeleños.

“Necesitamos ayudas del Gobierno, que tenga uno subsidios pa trabajar, abonos, herramientas y otros insumos. Además de apoyo para mejorar la comercialización de los productos, pues ahora es muy mala, muy maluca. Lo que uno cultiva el mismo pueblo no se lo compra, le compran más fácil a otros municipios que a los productores del mismo pueblo”, dice. Él cultiva legumbres, cebolla y otros productos de pancoger.  

Esas ayudas, para Ángela María Galeano, podrían venir en varias formas: “la Umata siempre ha dado un apoyo para los campesinos, pero esto no se ha vuelto a ver. A nosotros nos gustaría mejorar el café y contar con semillas para la siembra de plátanos y otros productos, además de materiales e insumos para mejorar los corrales de las gallinas y los cultivos”.

A eso se suma el estado de las vías. En El Carmen los derrumbes son el pan de cada día y afectan las labores de los agricultores. Por ejemplo, en la vereda Guaduas, una de las que tiene peor acceso, un derrumbe tuvo confinada a la comunidad durante una semana completa, como lo contó Consonante. Los campesinos dejaron de sacar leche, queso y otros cultivos, o se les hizo mucho más complicado, lo que aumenta los costos de la producción. En Colombia el panorama no es distinto. Según dijo Juan Estaban Gil, director de Invías, en 2019, solo el 6% de las vías terciarias estaban en buen estado. 

Los campesinos esperan que con el nuevo gobierno haya cambios. Además, la Corte Constitucional en su fallo exhorta al Congreso para que “fortalezca la Agencia Nacional de Tierras, cree la jurisdicción agraria y adecúe la legislación agraria con la finalidad de superar la inseguridad jurídica, la informalidad en el campo y la excesiva concentración de la propiedad rural”. La ministra de Agricultura, Cecilia López, dijo que acatará la orden.

Policarpo Vargas, conocido como Polo, piensa que solo así puede avanzar el país.

“Pienso que si yo fuera un presidente, lo primero a lo que yo le metía la mano es a los campesinos. La comida que cae a los pueblos, a todas las capitales… ¿de donde viene? De estas cañadas que trabajamos los campesinos y somos los que menos ayudas tenemos. No le ayudan al que más necesita del país, que es el campesino”. 

Las organizaciones sociales carmeleñas, como la Fundación Mesa Social y Ambiental, Agroecotur Guaduas, los Caminantes del Cerro Plateado, entre otras, llevan varios meses en un proceso de concertación con la Corporación de Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó) para diseñar el modelo de compensación ambiental que debe implementar el Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 en el departamento. Como lo ha contado Consonante, establecieron tres proyectos con los que buscan impactar el territorio: educación ambiental, producción sostenible y ecoturismo y avistamiento de aves. Las comunidades presentaron los proyectos, Codechocó los revisó y está en proceso de aprobarlos y destinar unos recursos específicos para ellos.

Sin embargo, este proceso se ha demorado más de la cuenta. ¿La razón?: el aumento del precio del dólar. Harry Escobar, subdirector de Calidad y Control Ambiental de Codechocó, explica que la ejecución de los proyectos requiere la compra de equipos para la producción sostenible o el avistamiento de aves, pero debido al aumento del precio de la moneda extranjera los insumos se encarecieron. “Estamos esperando que se normalice un poco el dólar para que puedan hacer la cotizaciones, porque en este momento no nos están dando para lo que esperamos porque hay unos compromisos con las comunidades”.

Esta “acción piloto”, como la llama Codechocó, ha revivido un debate sobre la importancia de las compensaciones ambientales y su eficacia a la hora de mitigar los daños causados por los megaproyectos en la región, especialmente,  por cuenta de la compensación de Miner S.A. al municipio. 

En 2001 Codechocó aprobó un Plan de Manejo Ambiental de la empresa Minera El Roble, que explota cobre, oro y plata en El Carmen de Atrato, y para entonces la legislación era distinta. Este plan obliga a la empresa, entre varias cosas, a sembrar mínimo cinco hectáreas de árboles por año y a monitorear las fuentes hídricas, además de reportar los vertimientos a Codechocó. En adelante, los distintos consorcios que han pasado por el territorio también han tenido obligaciones de este tipo. Sin embargo, es poco el conocimiento que las comunidades tienen frente a este tema y muchas las inquietudes manifestadas por los miembros de la Fundación Mesa Social y Ambiental. Las dudas se enfocan, sobre todo, en el efecto de las compensaciones.

¿Qué son las compensaciones ambientales?

Las compensaciones ambientales, según el decreto 1076 de 2015, son todas las acciones desarrolladas en el territorio que buscan resarcir y retribuir tanto a las comunidades como a las regiones y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por una obra, proyecto o actividad. Por ejemplo, hay compensaciones para licencias ambientales (como la de Miner S.A.) y compensaciones para permisos de aprovechamiento forestal (como el del Consorcio Vías y Equipos). 

Omar Velandia, líder técnico del grupo de compensaciones ambientales de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), aclara que una empresa debe compensar un territorio únicamente cuando el impacto ambiental no se corrige o se mitiga en la fase de diseño del proyecto. “Ahí es donde nace la compensación. Nosotros decimos: no, no es posible desarrollar ninguna medida y por ende tenemos que llegar a establecer una obligación de compensación”, explica.

“En estas compensaciones casi siempre la obligación es de reforestar, pero puede haber otras actividades, como saneamiento predial y restauración ecológica”, explica Velandia.

¿Cuáles son los proyectos por los que El Carmen debe ser compensado?

En primer lugar, el municipio debe ser compensado por el impacto causado por Miner S.A. Esta empresa, que lleva 35 años extrayendo cobre, oro y plata en El Carmen de Atrato, está  a la espera de que la Agencia Nacional de Minería autorice un nuevo contrato para extracción, pues el actual se venció el 23 de enero de 2022. Aún así, la empresa sigue operando con la licencia ambiental otorgada para el antiguo contrato que le impone unas obligaciones ambientales relacionadas con procesos de reforestación. Además, la minera cuenta con permisos de ocupación del cauce del río Atrato para zona de disposición de materiales y concesión de aguas. Ahora, para el nuevo contrato, la empresa deberá compensar al territorio bajo los estándares de la normativa actual, que ha cambiado significativamente desde 2001, el año en que Codechocó estableció la compensación de la empresa.

En segundo lugar, la vía Medellín-Quibdó, que está en proceso de pavimentación hace más de 15 años, está siendo intervenida en varios tramos de la jurisdicción de El Carmen a cargo del Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021 y Latinco. Para el desarrollo de sus objetos contractuales estos consorcios obtienen permisos de aprovechamiento forestal, concesiones de aguas superficiales, entre otros permisos otorgados por las autoridades ambientales. Por cuenta del aprovechamiento forestal, los consorcios deben compensar al municipio y, casi siempre, esta obligación se trata de sembrar más hectáreas que las que aprovecharon. 

Y, por último, la entrada de micro centrales hidroeléctricas al territorio también han incrementado las preocupaciones. Para su operación estas empresas deben contar con licenciamiento otorgado por la autoridad ambiental, concesión de aguas para el uso del agua del río Atrato y el río Grande, permisos de ocupación del cauce, entre otros. Además, si en los estudios de impacto ambiental se evidencian daños o impactos negativos, la autoridad ambiental debe imponer a la empresa compensaciones ambientales acordes con dichos impactos, especialmente relacionadas con los ríos.

¿Cómo se establecen las compensaciones?

Para establecer una compensación ambiental se tienen en cuenta varios factores, como las hectáreas impactadas por la intervención del proyecto y el tipo de bosque o ecosistema. Por ejemplo, en ecosistemas estratégicos (alta montaña y páramos, ecosistemas marinos costeros, humedales, manglares entre otros) por una hectárea intervenida en el proyecto deben compensarse diez. En otros ecosistemas, la fórmula varía. La compensación está regulada por el manual de compensaciones, que también establece las acciones que se relacionan con preservación, restauración y proyectos de uso sostenible del territorio.

Para las licencias ambientales otorgadas a los proyectos extractivos u otras obras, la forma de establecer la compensación es más extensa y parte, precisamente, de evaluar cómo se pueden prevenir, mitigar o corregir los impactos del proyecto, antes de entrar a compensar. Esa evaluación, además, es la que define si el proyecto es ambientalmente viable. Para los permisos de aprovechamiento forestal, según Escobar, el subdirector de Codechoco, “el usuario tiene que reponer los árboles que aprovechó en el marco de este proyecto”.

¿Cuáles son los problemas de la reforestación?

1. Conseguir la tierra para sembrar los árboles. Una de las obligaciones de las empresas que deben reforestar es conseguir los terrenos en los que sembrarán los árboles. Esto lo pueden hacer mediante acuerdos con dueños de los terrenos o comprando predios. Sin embargo, en El Carmen esto ha sido un problema, especialmente por cuenta de los ganaderos. Según Harry Escobar, “ha sido complejo que el ganadero entienda que permitir espacios para reforestaciones no es hacerle un favor a la autoridad ambiental. Se están haciendo un favor ellos mismos porque ellos deberían estar recuperando las zonas que afectaron”, asegura. Esa falta de acuerdos ha impedido o dificultado que las empresas reforesten. 
   
   En el mismo sentido, el ingeniero Darney Ceballos, de Miner S.A, manifestó, que una de las principales dificultades que la empresa ha tenido para la reforestación es la imposibilidad de llegar a acuerdos con los ganaderos de la zona, pues no acceden a disponer zonas en sus predios para la conservación o para el desarrollo de procesos silvopastoriles por considerarla una cesión poco rentable.

2. Los árboles sembrados no prosperan. En algunos predios donde se ha podido reforestar surge un problema adicional y es la dificultad de que las plántulas crezcan. Escobar explica: “a pesar de que se ven muchas zonas de pastos, hay muchos predios privados que se usan para ganadería y hay una necesidad de estabilizar taludes, pero hay riesgo porque el ganado se come las especies que se sembraron”, dice el funcionario.
   
   Dora Agudelo, miembro de la Fundación Mesa Social y Ambiental, contó que su familia accedió a reforestar en sus predios, pero el proceso falló porque el material vegetal que aportó la minera no era de óptima calidad y no hubo una propuesta clara de seguimiento y control de la siembra por parte de la empresa, lo que se tradujo en la muerte de muchas de las especies.
   
   La Mesa Social y Ambiental y líderes del Pueblo de la Memoria Histórica visitaron los predios en donde Miner había reforestado y encontraron el mismo patrón: las plántulas fueron sembradas, pero ya no estaban. Para Ramón Cartagena, presidente de la Mesa, “es prioritario el seguimiento y control en los procesos de reforestación, si las empresas son responsables de la siembra de un número determinado de árboles, estos árboles deben existir y debería haber árboles de más de 20 años, que incluso ya podrían aprovecharse. Sin embargo, no están”.

¿Quién controla y hace seguimiento?

La responsabilidad depende de los tipos de zonas y de los impactos, explica Omar Velandia, de la ANLA. Por ejemplo: en áreas de reserva forestal declarada, por la Ley Segunda de 1959 el responsable es el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. En aprovechamientos forestales, el responsable es la corporación autónoma ambiental. En compensaciones por vedas, el responsable es la ANLA, así como en proyectos mineros que superen las 800 000 toneladas por año. 

En el caso de El Carmen, Codechocó es la autoridad encargada de velar por las compensaciones de los consorcios, pues los permisos que otorgaron son de aprovechamiento forestal. Además, la producción de Miner S.A. no alcanza el mínimo que establece la ANLA. En 2021, cuando la empresa sacó su mayor producción, alcanzó las 286 000 toneladas de material, por lo que la compensación está a cargo de Codechocó.

¿Hay alternativas a la reforestación?

Como respuesta a los problemas de reforestación, Codechocó está en proceso de “reorientar la compensación ambiental” del Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021. Esta obligación consistía en sembrar siete hectáreas de árboles como compensación a las dos dos hectáreas que utilizaron para su trabajo de pavimentación de un tramo de la vía Medellín-Quibdó. Según el permiso que les otorgó Codechocó en septiembre de 2021, debían “mantener una densidad de siembra de 500 individuos forestales por hectárea, para un total de 3500 individuos a establecer”. Pero esto no fue posible. 

La alternativa que planteó Codechocó es una “acción piloto” en la que esos recursos que antes eran para sembrar árboles “los estamos reorientando para implementar acciones que van en favorecimiento de la conservación ambiental del territorio”, explica Escobar. Como lo ha explicado a Consonante, esa reorientación significa tomar la plata que iba a la reforestación y utilizarla en las acciones contenidas en el Plan de Acción del Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) del río Atrato y el Plan de Manejo del río Habita. Hasta ahora, las acciones priorizadas tienen que ver con la promoción del ecoturismo, la educación ambiental y la producción sostenible, dirigidas de forma directa a organizaciones comunitarias del territorio legalmente constituidas.

¿Cuál es la participación de las comunidades?

En El Carmen la participación de las organizaciones territoriales ha sido poca. A pesar de que hay un movimiento ambiental fuerte, las autoridades ambientales no le consultan qué necesita el territorio. 

De hecho, según Omar Velandia, de la ANLA, “si bien la norma no prevé que tenga que ser de obligatorio cumplimiento (la participación de la comunidad), nosotros establecemos requerimientos con miras de socializar los planes de compensación con la comunidad, las autoridades municipales, departamentales y ambientales”.  El funcionario explica que, además, las empresas tienen la posibilidad de contratar personal de la zona que conozca el territorio si lo desean.

En esta acción piloto que está desarrollando Codechocó, por primera vez, están participando las comunidades, y esperan que así sea al momento de imponer la compensación a Miner S.A. 

¿Qué sigue?

El gobierno de Gustavo Petro se ha comprometido con el cuidado del medio ambiente y con la transición energética. En esta línea, la ministra de Medio Ambiente, Susana Mohamad, ya radicó un proyecto de ley para prohibir el fracking. “No es lógico que si queremos iniciar una transición energética, vayamos a profundizar la dependencia de combustibles fósiles con técnicas de altísima incertidumbre e impacto social y ambiental”, dijo la funcionaria.

Para avanzar en esta transición energética es clave el cobre, por lo que los líderes ambientales de El Carmen no creen que se le niegue el contrato a Miner S.A., que es la única mina de cobre de Colombia. Sin embargo, este nuevo gobierno también ha dicho que trabajará más con las comunidades y por la protección “a toda costa de la biodiversidad”. Queda entonces la pregunta de hacia dónde se moverá la balanza cuando se trate de impulsar la transición energética y, a la vez, cuidar la biodiversidad. O de impulsar la transformación del campo y compensar los impactos en los ecosistemas.

Todos los días, faltando 15 minutos para las 8 de la mañana, Blanca Nury Soto sale de su casa en una montaña de la vereda Guaduas para llevar a “la mona”, su hija de 9 años, a la escuela. Irene y su mamá se suben a una yegua y empiezan a encontrar obstáculos: una quebrada pequeña, el río Guaduas, la quebrada La Babosa y La Cristalina. El camino siempre es difícil, pero desde mayo, cuando comenzó el invierno, la cosa se puso peor.

La quebrada La Babosa lleva más de seis meses sin puente y con tantas lluvias se creció.  “Si amanece cayendo agua, no bajo”, dice Blanca, pues tiene miedo de que haya derrumbes o de que la quebrada se crezca aún más y ponga en riesgo su vida y la de su hija. “En tiempo de invierno esa mona me pierde cantidad de estudio. Si no me atajan las cañadas, me ataja el río cuando crece”, cuenta. Pero no solo eso. Los carros que movilizan a la comunidad también se han negado a ir por el peligro que representa este tramo y, en general, toda la vía. 

Como solución provisional, la comunidad hacía puentes peatonales con guaduas nativas, y en ese punto hacían “trasbordo”, es decir, cruzaban el puente y se montaban en el carro, “pero hace más de seis meses que ya no. En este momento la comunidad ha querido hacer esto porque hay cansancio”, explica Marcela Sánchez, líder de la comunidad.

Teniendo en cuenta el peligro que representa este cruce y buscando una solución un poco más duradera, la comunidad le pidió a la Alcaldía un puente provisional hace dos meses. La administración accedió y le cedió a Guaduas el puente que estaba en la vereda La Arboleda, donde hicieron un puente definitivo. En ese momento, recuerda Ángel Rentería, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda, los habitantes hicieron una colecta y recogieron un millón cuarenta mil pesos que utilizaron para desmontar y trasladar el puente hasta Guaduas.

Rentería explica que él asumió la instalación: “como yo trabajo la construcción, la Alcaldía a través de mi persona se valió, pero no lo hemos podido terminar”. Se refiere a que la comunidad intervino en la construcción y pidió que la reevaluaran, pues los muros que estaban construyendo eran muy delgados. “Se convino dar una pequeña espera para que la Alcaldía pudiera modificar unas cosas y que entregue los materiales para terminarlo”, dice el presidente de la JAC.

Pero el problema en Guaduas no es solo La Babosa. La quebrada La Cristalina, que está a pocos metros, también está crecida y dificulta el paso de los vehículos. Además de eso, el martes 26 de julio, tras una fuerte lluvia, hubo un derrumbe que mantuvo confinada a la comunidad por ocho días. Marcela Sánchez, líder de la comunidad, dice que este problema afecta gravemente su economía. “Por deslizamientos hemos estado casi un mes aislados, haciendo transbordo y pasando por sitios arriesgados.  A la gente le toca subir a pie o pagar, van hasta el derrumbe, mandan los productos o los pasajeros, pero con altísimo riesgo”. 

La comunidad se manifestó para exigir respuestas

Como nadie iba a remover la tierra y a habilitar la vía, el 2 de agosto la comunidad hizo paro pacífico en el puente La Sánchez, una ruta que utiliza el Consorcio Vías y Equipos Pacífico 2021, encargado de pavimentar un tramo de la Transversal Medellín-Quibdó. Los guadueños cerraron la vía para exigirle a la Alcaldía y la Gobernación una solución definitiva y para pedirle al consorcio que verifique el estado del tramo de la vía que utilice y le haga mantenimiento, pues vieron que se estaba deteriorando.

De ese paro salieron varios acuerdos. En primer lugar, la Alcaldía gestionó una máquina con la empresa Miner S.A. y el Consorcio facilitó una camabaja para remover el derrumbe y habilitar los pasos de la “leona”  y la “vuelta del diablo”. En segundo lugar, el Consorcio se comprometió a hacer una visita de diagnóstico en la vía, para evaluar cómo su actividad estaba afectando, además de hacerle mantenimiento al puente La Sánchez. Y, finalmente, la Alcaldía hará una visita de diagnóstico para presentarle a Invías una evaluación de sitios críticos. Yesid Chamat, director de la territorial de Invías en el Chocó, le dijo a Consonante que “en lo posible, vamos a utilizar la maquinaria para atender sitios de emergencia”. 

El funcionario también explicó que “en la territorial vamos a programar otro recorrido a la carretera para establecer cuáles son las condiciones ahora y hacer nuevamente la solicitud a la subdirección de vías regionales (para que invierta en la vía), que es la que aporta los recursos para estas vías a nivel nacional en el Instituto, porque en la territorial pues no tenemos rubro para eso”, explica Yesid Chamat. 

La comunidad sigue esperando que la Alcaldía entregue los materiales para continuar la obra del puente de La Babosa y que avancen en los otros compromisos que suscribieron. Para Blanca Bury Soto y su hija Irene esto sería clave, pues de esa forma podría llevar a la niña hasta un punto del camino y de ahí ella podría llegar a la escuela sola y volver a la casa. Mientras esto no suceda, la mona, seguramente va a seguir perdiendo clases. “Si allá me cuadran los puentes, estaría uno muy feliz. ¿Pero acá para arriba qué? Si hay tres cañadas más”, dice Blanca Nury.

Además de eso, para la comunidad es clave que el Estado reconozca la deuda con esta comunidad que ha pasado por un proceso de reparación colectiva tras el desplazamiento forzado. “En Guaduas fuimos afectados por el actuar del Ejército REvolucionario Guevarista (ERG) y en una sentencia de Justicia y Paz dice que el MinTransporte y el Invías deben hacer lo correspondiente para que las comunidad que quieran retornar deben contar con vías”, expone Marcela Sánchez, sin embargo, “pero no vemos proyectos concretos, hasta el momento no los hay”, agrega.

En otras ocasiones Invías y la Alcaldía se han comprometido a cosas similares, por lo que la comunidad no tiene certeza de que estas promesas traigan las soluciones que necesitan para este problema que sigue afectando su economía y su cotidianidad. 

Hace once años que los niños, niñas y jóvenes de la comunidad indígena de Sabaleta pueden estudiar su bachillerato sin salir de su territorio. La Institución Educativa Indígena Katío Chamí les brindó esa y otras posibilidades, como la de aprender sobre su cosmovisión, sus prácticas agropecuarias y la organización comunitaria. Además, les evitó a las familias y a los estudiantes otros problemas: pagar arriendo, comida y pasajes hasta El Carmen de Atrato. Y si la institución hubiera existido desde hace 15 o 20 años, les hubiera evitado el complicado trayecto hasta El Carmen, pues Sabaleta actualmente queda a una hora en jeep del pueblo, pero para entonces, cuando no habían hecho inversiones en la Transversal Medellín-Quibdó, quedaba a dos días de camino, con riesgo de quedarse atrapados en un derrumbe.

El colegio es el resultado de la lucha de las comunidades, que a punta de paros y mingas lograron que el Estado lo construyera. Pero en adelante han tenido que hacer gestiones y dar discusiones para enseñar en buenas condiciones. Rodríguez es consciente de que estas limitaciones afectan la calidad de la educación y de que, de hecho, afectaron gravemente el aprendizaje de los estudiantes durante la pandemia. En la comunidad intentaron trabajar con guías, pero no funcionó.

Por eso, como lo dice la profesora Jessica Rivas Cuesta, “muchos estudiantes están con ese vacío de la pandemia y nos tocó transferirlos de grado, así que tenemos estudiantes a los que ese vacío les quedó”. Y aún así, todos presentaron las Pruebas Saber 11, también llamadas Pruebas ICFES. 

El resultado del colegio: 155 puntos sobre los 500 puntos máximos que se pueden alcanzar en el examen. Sabaleta quedó en el puesto 146 de 150 del Chocó, que es el departamento que ocupa el último lugar a nivel nacional. De hecho, Sabaleta también quedó entre los últimos 20 lugares del ranking nacional. Para la comunidad, sin embargo, esto no significa que la calidad del colegio sea mala. 

En primer lugar, la prueba se hace en español, mientras que los estudiantes indígenas aprenden los primeros años de su vida en chamí. Dalila Muñoz Wourabe, estudiante grado octavo, explica el problema. Ella es de madre indígena y padre “paisa”, entonces aprendió el español desde muy niña. “Yo estudié en el colegio de paisas, estuve con ellos estudiando y ahí aprendí mucho el español y lo hablo así como lo entiendo, pero para los que aprendieron primero el embera… las pruebas icfes vinieron en español. A ellos se les hizo complicado porque algunas palabras no las entendían y respondieron mal”, explica. De hecho, durante las entrevistas que Consonante hizo con algunos estudiantes, ella sirvió como traductora de algunas palabras.

La rectora Fainory pone un ejemplo: “pongamos a un niño de una institución educativa de afuera a que lea, piense y escriba en inglés. ¿Cuánto tiempo se demora? Llega a 11 y no lo logra”. 

Para esto, el Icfes está evaluando la posibilidad de hacer traducciones, pero Natalia González, directora técnica de evaluación, dice que no es tan sencillo. “Hay que hacer un análisis riguroso sobre qué tantas barreras puedo estar incluyendo en la prueba cuando tiene diferentes versiones idiomáticas”, dice la directora. Sin embargo, también asegura que tienen la promesa de ”comenzar a investigar, porque tenemos que tener cuidado con cualquier cambio que se le haga a la prueba, porque con algo tan sencillo como una traducción se pierda parte de la esencia de la prueba”. 

Pero no es solo eso. Para las comunidades indígenas también sería clave que el examen evalúe sus conocimientos sobre su comunidad, su territorio y sus saberes ancestrales, porque su visión de la educación es distinta: hace parte de la colectividad y busca el bienestar del pueblo y su pervivencia. El pedido de la comunidad de Sabaleta es que el Estado apoye su visión educativa y la tenga en cuenta a la hora de evaluarlos. 

Hace casi seis años que la Corte Constitucional les notificó a las organizaciones chocoanas que su río, el Atrato, estaba reconocido como sujeto de derechos a “la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas”. Lo hizo tras fallar una demanda que buscaba parar la explotación indiscriminada del afluente, y en ese momento la reacción fue de celebración. “Si yo por el solo hecho de estar viva tengo derechos, el río que está vivo y nos da la vida, ¿cómo no va a tener derechos?”, dijo entonces una lideresa del Bajo Atrato, según recuerda Viviana González, abogada de la organización Siembra representante de las organizaciones accionantes de la demanda. Y lo cierto es que, a pesar de que la sentencia T-622 de 2016 dio órdenes que debían cumplirse en plazos de entre un mes y dos años, esto resultó imposible. La sentencia ha avanzado, pero a paso lento.

La decisión jurídica tuvo un impacto enorme, pues el río Atrato es uno de los tres más importantes del Chocó. A él está atada la vida de decenas de comunidades de los 15 municipios que atraviesa su cuenca y de quienes consumen alimentos que se hallan en sus aguas. Pero los daños en el río causados por la minería, las basuras y la tala de árboles afectan significativamente la vida de estas personas. La sentencia T-622 de 2016, sin embargo, es el instrumento clave de los líderes ambientales. “Estamos luchando por la recuperación de nuestros ríos, por la recuperación de los recursos naturales y por su defensa”, dice Ramón Cartagena, guardián del río Atrato en El Carmen.

La Corte reconoció “la existencia de una grave vulneración de los derechos fundamentales a la vida, a la salud, al agua, a la seguridad alimentaria, al medio ambiente sano, a la cultura y al territorio de las comunidades étnicas que habitan la cuenca del río Atrato y sus afluentes”, y por esto dio varias órdenes. Entre esas: formular y ejecutar un plan para descontaminar el río y sus afluentes; erradicar la minería ilegal; diseñar e implementar un plan para recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación y realizar estudios toxicológicos y epidemiológicos del río Atrato, sus afluentes y comunidades. Quedaron vinculados los ministerios de Medio Ambiente, como guardián del río a nivel estatal, de Defensa y de Agricultura. Además, las comunidades conformaron un cuerpo colegiado de 14 guardianes que participan de cada acción.

En El Carmen de Atrato, donde nace el río, hay dos guardianes: Ramón Cartagena, coordinador de la Mesa Social y Ambiental, y Claudia Domicó, líder de la comunidad indígena El Abejero. Ellos se han capacitado en prácticas para no contaminar. De otro lado, la comunidad ya recibió y validó el plan para recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación, presentado por el Ministerio de Agricultura, y está en proceso de continuar con la Audiencia Pública Ambiental a la empresa minera Miner S.A. Pero sanar el río, que es el objetivo central, todavía está muy lejos. “Si yo comparo el río ahora con como era cinco años atrás, veo que las afectaciones que se le están haciendo son iguales o peores”, dice Cartagena.

Veinte años para descontaminar el río 

En el quinto punto de la parte resolutiva, la sentencia ordenó la descontaminación del río en tres aspectos: restablecer el cauce del río Atrato, eliminar los bancos de área formados por las actividades mineras y reforestar de zonas afectadas por minería legal e ilegal. Para esto el Ministerio de Medio Ambiente, junto a las comunidades, efectivamente formularon el plan. 

Fabián Caicedo, director de Gestión Integral del Recurso Hídrico del Minambiente, explica que el documento se firmó en diciembre de 2019 y contempla acciones a 20 años. “Eso parece mucho, pero cuando hablas de saneamiento básico de una cuenca y de la recuperación de ecosistemas degradados con ese alto impacto, no es mucho. Eso lo entendieron las comunidades”. Las acciones se planearon en tres plazos: corto, mediano y largo.

Viviana González, abogada de Siembra, asegura que este plan fue amplio, pero faltó mayor participación de las comunidades indígenas. “Se requiere profundizar hacia adelante en temas de proporción como en los límites que hay por idioma, distancia y otros factores”. 

En criterio de Caicedo, en esta primera fase, hay “unos resultados interesantes en Río Quito, donde está la mayor extracción ilícita de mineral, ese ecocidio que se hace allá lo tenemos identificado, ya tenemos 1200 muestras tanto en agua como en sedimento. Tenemos un protocolo de intervención, porque tenemos que tener conocimiento de lo que había, dónde había y cómo manejarlo”. El funcionario dice que esa primera fase que es de diagnóstico y planeación debía durar seis años, pero la van a reducir a cuatro. Es decir, el próximo año ya debe finalizar. 

La abogada González explica que el plan contempla acciones de intervención ambiental, pero también de educación ambiental, gobernanza y gestión de la información. En El Carmen se ha avanzado más en estas últimas acciones. Precisamente en abril de este año los guardianes se capacitaron en temas relacionados con la descontaminación del agua, como la producción de abonos orgánicos, la producción agropecuaria sostenible, la restauración del territorio y la medición y el monitoreo de aguas. 

La guardiana Claudia Domicó le dijo a Consonante que era clave trabajar en la autosostenibilidad, pues “ahora dependemos de las empresas de minería y otras donde se presentan contaminaciones y se ha descuidado la protección de la naturaleza”. Entre las prioridades del territorio está el monitoreo de las cuencas de los ríos Habita y Atrato para medir factores de contaminación por mercurio y otros metales. 

Además, el municipio de El Carmen de Atrato es, según el noveno Informe del Comité de Seguimiento a la implementación de la sentencia, uno de los pocos que rinden cuentas sobre lo que han hecho. El informe de junio reportó acciones como limpieza y saneamiento de ríos y quebradas, reforestación en algunos puntos, monitoreo de “sitios críticos que amenazan con generar riesgo” y limpieza de drenajes del camino que comunica desde la comunidad indígena la Puria hasta la vereda Guaduas. Para los líderes estas acciones son insuficientes. Ramón Cartagena señala que hay tres problemas que siguen afectando al río: la ganadería, la deforestación y el accionar de la Minera El Roble.

Erradicar la minería ilegal: más que intervenciones militares

En el sexto punto de la parte resolutiva, la sentencia ordena erradicar la minería ilegal. El encargado de cumplir esta orden es el Ministerio de Defensa, que se encarga de hacer operativos para desmantelar la maquinaria minera. Según este ministerio, durante el segundo semestre de 2022, intervino 28 minas, para un total de 255 intervenidas desde 2019. Además, el MinDefensa asegura “a la fecha el consolidado de 1.372.300 hectáreas libres de minería en los siguientes municipios: Bojayá, Carmen de Atrato, Murindó,Turbo, Uramita, Cañasgordas, Frontino, Abriaquí y, Urrao”. 

Sin embargo, estas actividades han sido duramente cuestionadas por las organizaciones, pues consideran que no atacan el problema de fondo de la minería ilegal. Por un lado, las organizaciones territoriales afirman que cuando el ministerio dinamita una draga, simplemente los mineros la reponen, y, por el otro, las acciones para desmantelar los grupos armados relacionados con esta actividad son insuficientes, además de que las causas del fenómeno, como la pobreza y la falta de empleo, persisten. Para organizaciones como la Federación de Mineros del Chocó, las acciones deberían estar enfocadas a la legalización de la minería existente y la formación en buenas prácticas para no contaminar.

La Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, que le ha hecho seguimiento a esta sentencia, señala la importancia de que el Mindefensa se “distancie de la idea de la militarización como única acción o acción de mayor importancia”. Es decir, se requiere de acciones de intervención social. El ministerio, por su parte, dice que para eliminar “el factor tensionante” que ha causado la intervención militar, se ha reunido con diferentes actores y desarrolló un protocolo de intervenciones. Los avances, sin embargo, son insuficientes. En El Carmen se tiene conocimiento de minas ilegales en el sector conocido como La Trocha sobre las que no ha habido ningún tipo de acción. Al respecto, Ramón Cartagena indica que “ellos (los mineros) están con la tarea de formalizarse, de buscar apoyo de esa misma institucionalidad para volverse ya una empresa legalmente constituida”. Mientras tanto, las minas siguen operando sin permiso.

El plan para recuperar formas de subsistencia… desfinanciado 

La sentencia reconoce que también se han afectado las formas tradicionales de subsistencia y la alimentación de las comunidades. Por esto, el Ministerio de Agricultura tenía la tarea de formular e implementar un plan para recuperar lo perdido “en el marco del concepto de etnodesarrollo que aseguren mínimos de seguridad alimentaria en la zona, que han dejado de realizarse por la contaminación de las aguas del río Atrato y por el desarrollo intensivo de la actividad minera ilegal”.

En El Carmen de Atrato este plan fue presentado apenas en septiembre del año pasado y suscitó una discusión importante: ¿cuáles comunidades étnicas deben tenerse en cuenta en un territorio tan diverso? En esa ocasión los líderes expresaron la necesidad de enfocar el plan a las comunidades indígenas y afros, como estaba contemplado por el Ministerio, pero también a la población mestiza o campesina, que es la mayoría en este territorio considerado “triétnico”. 

Finalmente, el Ministerio y la comunidad llegaron a un acuerdo y definieron las sublíneas de acción aplicables al municipio. Estas son diez, e incluyen temas como infraestructura de apoyo a la producción, aprovechamiento de especies y otros productos no maderables del bosque, turismo científico, cultural y de naturaleza, acuicultura y pesca artesanal, minería social y ambientalmente responsable, ganadería responsable, entre otras.

Sin embargo, la implementación de este plan requiere plata y, según el noveno informe de la Comisión de Seguimiento, estos recursos no están asegurados y, por el lado del Ministerio, son pocos y no se han priorizado. Para Ramón Cartagena, ahí está la clave: “lo que necesitamos es que aparezcan los recursos, que aparezcan los hechos, para que podamos decir: hombre, esta sentencia es seria y ahora sí nos están cumpliendo”.

Estudios toxicológicos, aún sin resultados

La sentencia también ordenó la realización de estudios toxicológicos y epidemiológicos, en cabeza del MinAmbiente, MinSalud y del Instituto Nacional de Salud (INS), los cuáles no debían tardar más de nueve meses. Esto no pasó. Estas entidades hicieron un convenio con la Universidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica del Chocó que, inicialmente, debía terminar en agosto de 2021, pero fue extendido hasta agosto de 2022. Así que aún no hay resultados. Es decir, si los resultados llegan este mes, los responsables ya tienen más de cuatro años de tardanza.

Por otro lado, en 2019 Corpourabá y Codechocó tomaron muestras de 75 estaciones de agua superficial y 40 estaciones de sedimentos, pero, como lo concluye el Comité de seguimiento de la sentencia, “se está en mora de contar con un diagnóstico integral de los tóxicos que se encuentran en la cuenca del río Atrato (...) y permita evaluar, a futuro, el impacto de las acciones que se emprendan en la descontaminación y remoción de los bancos de arena”.

¿Qué hace falta?

Según todas las fuentes consultadas por Consonante para este artículo, la implementación de esta sentencia presenta, apenas, unos avances parciales que ni siquiera se pueden medir en porcentajes. Precisamente establecer indicadores fue una recomendación del comité de seguimiento.

Pero más allá de eso, hay factores que han impedido que la sentencia se cumpla. El primero es la plata: hacen falta recursos. Fabián Caicedo, director de Recurso Hídrico del Minambiente, lo dice claramente. “Somos unos de los ministerios con menores recursos por parte del Estado y ningún ministerio estaba preparado para afrontar esta sentencia”, dice.

Por esto, todas las entidades han hecho convenios y alianzas para financiar las acciones. “Cada quien tiene que poner lo suyo. Sabemos que hay municipios de quinta y sexta categoría, pero tienen que buscar otros fondos de inversión”, agrega Caicedo.

En El Carmen de Atrato, aunque la Alcaldía presenta regularmente los informes de acciones de cumplimiento de la sentencia, estos se limitan a acciones muy pequeñas. Consonante revisó el Plan de Acción de 2022 del municipio y solo encontró dos actividades relacionadas con el medioambiente, pero enfocadas a la sentencia: "Desarrollar jornada de educación en salud ambiental, separación de residuos para el cuidado de las fuentes hídricas, disposición de residuos  comunes y reciclaje", así como la realización de programas radiales sobre estos temas.

A esto se suman otros factores. Desde la Clínica de Medio Ambiente y Salud Pública (MASP) indican que hay al menos tres problemas: 1) “la violencia sistemática que sigue existiendo en el territorio además de la extracción ilícita de recursos naturales en el sector, algo que ha complicado el cumplimiento de lo ordenado por la Corte”; 2) “problemas en la articulación entre las entidades y organizaciones” y 3) “existen grandes vacíos y barreras en el acceso a la información sobre todo en lo relativo a la transparencia y rendición de cuentas y se ha percibido una falta de voluntad política”.

Una luz en el horizonte

Este siete de agosto comienza el mandato presidencial de Gustavo Petro quien tendrá en la cartera de Medio Ambiente a  Susana Muhamad. Ella se ha opuesto públicamente a prácticas como el fracking y las aspersiones con glifosato. Además, el presidente electo y la vicepresidenta Francia Márquez incluyeron en su programa de gobierno acciones para impactar la justicia ambiental, el cambio climático y el cuidado del medio ambiente de la mano de las comunidades. Esto ha despertado esperanza en los líderes. “Tenemos una fe muy grande en este nuevo gobierno”, dice Cartagena. 

Sin embargo, los retos son grandes: financiación, el trabajo con las comunidades y un plan que reconozca los derechos bioculturales. “Si una sentencia no tiene recursos, básicamente es imposible marchar, se requiere que el gobierno le inyecte más recursos a esto porque sin plata, olvidémonos, aquí no va a pasar nada”, dice Cartagena.

Además, el gobierno debe estar muy presente. El director Caicedo sostiene que “el gran reto es que se asuma la representación legal. Con el nuevo gobierno parece que se trabajará más con las comunidades, así que es posible que el relacionamiento sea más profundo. Hay que involucrar más a las comunidades, más allá de los guardianes”.

La MASP destaca uno más: “realizar un enfoque dentro del Plan de Desarrollo que le dé relevancia a los derechos bioculturales y de la naturaleza, ambos aspectos de vital importancia dentro del cumplimiento de la sentencia”, es decir, planear en concordancia con el espíritu de la sentencia.

La implementación de esta sentencia es una oportunidad para que el gobierno entrante demuestre su compromiso con las comunidades más afectadas por la explotación de minerales y la contaminación. Lo que pase con el río Atrato será un buen termómetro de su responsabilidad con el cuidado de los territorios y su defensa de los derechos bioculturales. 

Cada semana la Veeduría Ciudadana de Tadó recibe quejas de ciudadanos porque su calle o barrio está a oscuras. Cuando llegan donde el veedor Francisco Asprilla usualmente ya han ido a la oficina de la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) para poner en conocimiento de la empresa su situación. Sin embargo, la respuesta que reciben es que la queja deben hacerla ante la Alcaldía, pues aunque Dispac cobra por el alumbrado, el mantenimiento de las luminarias no es su responsabilidad. Al final, en la entidad territorial nadie responde, porque no hay una oficina destinada para recibir quejas por este servicio, y la gente tiene que ir a la Veeduría. “En las quejas nos dicen que las calles están a oscuras mientras Dispac viene cobrando el servicio puntualmente, pero no se ve reflejado ese recaudo”, explica el veedor.

Esta situación ejemplifica la confusión que reina en Tadó sobre a quién le corresponde qué en el alumbrado público. Lo cierto es que Dispac tiene razón cuando dice que no es su responsabilidad. El 23 de enero de 2020, el municipio de Tadó firmó un contrato de suministro y recaudo de alumbrado público con la empresa Dispac. La empresa únicamente quedó obligada a proveer energía a los edificios públicos y zonas de libre circulación y a recaudar el monto del impuesto del alumbrado público. La responsabilidad de administrar, operar y mantener el alumbrado (conocida como el componente AOM) es de la Alcaldía de Tadó, pero esta institución no tiene ningún contrato para cumplir con esta obligación. Por eso en Tadó no hay una oficina que recepcione las quejas específicas sobre alumbrado y nadie se encarga de arreglar las luminarias cuando dejan de funcionar.

Consonante consultó a Karen Castañeda, asesora de alumbrado público y ex subdirectora de alumbrado público de la Alcaldía de Bogotá, quien dice que esta actividad es clave para prestar un buen servicio a los ciudadanos. “Para las comunidades es una bendición (tener iluminación en la noche). La gente empieza a tener sensación de seguridad, a ver formas y colores de mejor manera, a querer utilizar más espacios que antes no se utilizaban en las noches y se genera una mayor actividad en cuanto al comercio y a la vida social que los municipios no veían antes”.

Sin embargo, aclara que esta falta de contrato de AOM sucede en muchos municipios pequeños y que hay un punto clave que las alcaldías deberían analizar: su modelo financiero. “Se debe revisar cómo está en este momento el modelo financiero que proyectaron en el municipio, porque es es muy injusto que no se puedan cubrir estas actividades con el recaudo del impuesto”, dice.

La situación es grave. Los tadoseños y tadoseñas llevan muchos años quejándose por la falta de alumbrado público en los diferentes barrios del municipio, pues, en las noches, la mayoría de los espacios públicos por los que transitan están oscuros o poco iluminados. En algunos sectores de los barrios ‒como los sectores Bajo mundo y Los Reyes del barrio San Pedro‒ solo funciona una de las cuatro luminarias que están instaladas en los postes. Los barrios que están peor iluminados son Villas de Remolino, Reinaldo y San José. Una parte del puente y del parque Rey Barule permanecen completamente a oscuras por las noches. Además, prácticamente, toda la zona rural está a oscuras.

El secretario de Planeación Mosquera reconoce este problema: “La administración municipal de Cristian Copete Mosquera, asumió este período administrativo con el alumbrado público en déficit, debido a que la mayoría de las lámparas están en mal estado”. Esto se debe, en parte, a que en la administración pasada tampoco hubo un contrato de mantenimiento, aunque Dispac hizo donaciones de luminarias y otros elementos para mejorar la red de alumbrado y a que se hicieron contratos pequeños para cambiar luminarias. A esto se suma una millonaria deuda de años atrás.

En esta alcaldía solo se ha hecho una mejora. En 2021, mediante un contrato por 22 millones de pesos, la alcaldía mandó a cambiar algunas luminarias y componentes del sistema y ahora, el 19 de julio, empezó un proceso de contratación por 280 millones de pesos para un nuevo arreglo general, aunque este sigue en borrador. Sin embargo, la inestabilidad política que reina en Tadó desde 2020 y la falta del operador que, de forma permanente, vele por el mantenimiento oportuno de la red de alumbrado público, preocupa a los ciudadanos. Esto, además de los riesgos de estar a oscuras.

Aumenta la percepción de inseguridad

Tadó es conocido como uno de los mejores “vivideros” del Chocó por sus niveles de seguridad. Sin embargo, sus habitantes ya han comenzado a quejarse del aumento de robos de celulares, dinero y electrodomésticos. Aunque no hay cifras oficiales de estos hechos, porque la gente no acostumbra a denunciar, la percepción de inseguridad es cada vez mayor.

El concejal Eduardo Moreno dice que la situación preocupa tanto a los habitantes de la zona urbana como a los de la zona rural. “Unas calles a oscuras dan la percepción de inseguridad. Hay muchos solares que están llenos de monte y son vivideros de culebras. Además, algunas personas están aprovechando la oscuridad de la noche para atracar”. El concejal dice que es necesario que, tanto la administración municipal como la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac,) le den información clara a los ciudadanos, pues nadie entiende qué está pasando con el alumbrado público. 

“Uno con el alumbrado público tiene confianza para sentarse en el andén de su casa a distraerse un poco, pero si está en la oscuridad uno tiene miedo de que alguien pueda llegar hacer le daño y uno no lo pueda ver”, dice José de los Santos Mosquera, habitante del barrio San Pedro.

¿Quién responde por el mantenimiento del alumbrado?

La inconformidad tiene su raíz en que la gente no sabe en qué se ha invertido el dinero que cada mes pagan por cuenta del impuesto de alumbrado público desde 2012, cuando el Concejo municipal estableció este cobro y los tadoseños comenzaron a pagarlo en su factura de energía del hogar. El cobro tiene un monto fijo de 2.580 pesos para las personas naturales, mientras que en los negocios el costo es variable. El impuesto, según lo definió el municipio, se implementó para pagar el suministro de energía que en este caso provee la Empresa Distribuidora del Pacífico (Dispac) a los edificios públicos, como la alcaldía, la empresa de acueducto y algunos colegios, así como otros espacios de libre circulación, como calles y parques en el área urbana y rural. 

Además, según la legislación colombiana, las alcaldías son las responsables de brindar este servicio en sus municipio y, en Tadó, según el Acuerdo No 11 de 2016, la administración municipal debe garantizar el “suministro de energía al sistema de alumbrado público y, la administración, operación, mantenimiento, expansión, renovación y reposición del sistema de alumbrado público”. Es decir, la plata que pagan las y los tadoseños debe cubrir el costo de la factura de energía del municipio (incluída la que va a las farolas de las calles) y a mantener y modernizar la red de alumbrado público, siempre velando porque la población reciba un buen servicio y porque tengan niveles adecuados de cobertura” buscando un gasto energético y financiero responsable, según la dirección de la Superintendencia de Servicios Públicos. 

Para cumplir con la parte del suministro, la alcaldía de Tadó contrató esta actividad, así como el recaudo del impuesto de alumbrado público, con Dispac, por lo que la empresa no tiene ninguna responsabilidad legal con el mantenimiento del sistema. Sin embargo, esto no es claro para los usuarios que se acercan a las oficinas de Dispac para interponer quejas por la oscuridad de las calles.

La falta de información y de respuesta ha llevado a la gente a unirse para resolver el problema por ellos mismos. Las soluciones van desde cosas sencillas como poner un bombillo afuera de sus viviendas, hasta recolectar recursos entre los mismos habitantes del sector para mandar a cambiar una lámpara dañada. Los habitantes del barrio San Pedro, sector Pantanito, pidieron recursos a los comerciantes del barrio con el objetivo de arreglar sus lámparas. “A mí como concejal me ha tocado meterme la mano al bolsillo para comprar lámparas”, dice el concejal Moreno.

Esto, según Castañeda, no debería pasar. “La idea es que las comunidades no hagan esto ellas mismas porque hay riesgos para las vidas de las personas y porque es responsabilidad del municipio. Además, hay que cumplir con unas normas técnicas que da el Reglamento Técnico de Alumbrado Público”. 

Historia de una deuda millonaria 

Con el cambio de administración, en enero de 2020 el alcalde Cristian Copete, como representante del municipio de Tadó, firmó un nuevo contrato con Dispac. En este las partes dejaron el recaudo como estaba: el dinero que la empresa recaudaría por el impuesto del alumbrado público se usaría para pagar la factura de energía del municipio. Entonces, Dispac cobra directamente el valor del suministro de electricidad de los edificios públicos, de la red de alumbrado de las calles y de los parques. Pero hicieron un cambio: establecieron que, en caso de que se recaude más dinero del que se gastó en energía, la empresa le debe transferir los recursos al municipio.

Pero la realidad es que una deuda millonaria ha impedido que eso efectivamente se haga como dice el papel. Según el secretario Mosquera “las administraciones municipales de muchos años atrás han venido aumentando unas deudas por el no pago de energía, no solamente del alumbrado público, sino de energía en los diferentes establecimientos institucionales que hay en el municipio”, por lo que se acumuló una deuda que alcanzó los 1300 millones de pesos.

De acuerdo con las cuentas del recaudo que le proporcionó Dispac a Consonante, desde marzo de 2019 hasta julio de 2020, la empresa no entregó un solo peso al municipio, sino que usó el recaudo del alumbrado público para cobrar la energía y, en los meses en los que sobró plata, la empresa la tomó para abonar a la cartera de la deuda. Luego, por directriz de la gerencia, durante nueve meses consecutivos, Dispac le giró al municipio tres millones de pesos, para un total de 27 millones de pesos por cuenta de este impuesto. Pero la deuda bajaba muy lentamente.

La historia de la deuda cambió el 25 de mayo de 2021, cuando la alcaldesa Yocira Lozano firmó un acuerdo de pago con Dispac. Establecieron que la empresa no cobraría los intereses de la deuda, que para entonces sumaban 645 millones de pesos. La empresa también se comprometió a descontar 172 millones de pesos que correspondían a la deuda que se había acumulado hacía más de 10 años. El municipio abonó 28 millones de pesos y, en total, le quedó debiendo 425 millones de pesos a Dispac, que debe pagar en 72 cuotas mensuales de casi seis millones de pesos que empezó a pagar en octubre de ese año. 

A partir de ese mes, la factura del municipio pasó de costar casi diez millones de pesos a casi 16 millones, por lo que solo ha habido dos ocasiones en las que el valor del recaudo superó el costo de la factura. Las dos devoluciones al municipio corresponden a una por casi siete millones de pesos en septiembre de 2021 y otra por dos millones y medio en diciembre del mismo año. 

Según el balance de pagos, el valor de la deuda, hasta junio de este año, era de 333 millones de pesos.

“Tadó no cuenta con un contrato de mantenimiento” 

De acuerdo con la contratación pública de la Alcaldía, la última vez que el municipio le hizo mantenimiento al alumbrado público fue en marzo de 2021, es decir, hace más de un año. En ese momento el municipio hizo un contrato por 22 millones de pesos cuyo objeto fue el “suministro, transporte e instalación de lámparas y postes del parque Rey Barule y mantenimiento e instalación de lámparas en diferentes barrios del municipio de Tadó”.

Se instalaron siete postes, 16 lámparas LED, tres reflectores, 50 bombillos de 70 vatios, 15 bombillos de 40 vatios y 10 de 250 vatios. Además de balastras, arrancadores y otros elementos propios del funcionamiento del sistema eléctrico. 

Sin embargo, como confirmó el secretario de Planeación, Deiner Mosquera, la Alcaldía no tiene ningún contrato de mantenimiento del alumbrado público o un operador encargado de esto. Es decir, el mantenimiento se hace únicamente a través de una contratación en momentos puntuales. 

Mosquera aseguró que la estrategia de la administración para solucionar este problema es hacer una nueva contratación, por valor de 280 millones de pesos para mejorar la red de alumbrado público en el casco urbano y en la zona rural. A finales de abril, la alcaldía ya había abierto una licitación para el mismo fin, pero por un valor de casi 150 millones de pesos. Sin embargo, el proceso se declaró desierto. “Se presentó una sola persona y esa persona no cumplía con los requisitos habilitantes”, explica el funcionario. Por esta razón, la Alcaldía destinó más recursos en el nuevo proceso. Mosquera asegura que 45 días después de abrir el proceso, que está en borrador, la administración tendrá al contratista y comenzará la remodelación del alumbrado público. 

Una solución incompleta

Karen Castañeda explica que para garantizar el gasto responsable de energía eléctrica, la legislación colombiana contempla el componente de inversión y de modernización, que es el que, en teoría, está utilizando la Alcaldía de Tadó con este nuevo contrato. El proceso requiere que antes se haga un estudio técnico de referencia. 

Sin embargo, el secretario de Planeación le dijo a Consonante que para este nuevo contrato “un técnico voluntario del mismo Dispac hizo el recorrido no solamente en la cabecera municipal, sino también en los corregimientos y realizó esa visita técnica, donde él nos dijo: ‘esta (luminaria) nos sirve, esta no nos sirve, a esta hay que hacerle un cambio de balastra’… Le contamos del déficit de recursos que hay y él nos hizo un diagnóstico real de cuántas luminarias necesitamos tanto la cabecera municipal como en los corregimientos, cuáles requerían el cambio para modernizar, cuáles no, de tal manera que funcionen a largo tiempo”. 

Este estudio, además, debe darles herramientas a los municipios para que determinen los costos reales de la prestación del servicio. “Este es el documento base con el que el Ejecutivo toma las decisiones estratégicas para su sistema de alumbrado público”, explica Castañeda. 

El siguiente paso debería ser la inclusión del componente de administración, operación y mantenimiento. Para la experta, si Tadó quiere modernizar su alumbrado público, debe “tener en cuenta el principio de planeación: si yo voy a modernizar también tengo que tener en cuenta cómo voy a operar, mantener, administrar mi sistema”. Para Castañeda es claro que el alcalde debe asesorarse “puede ser con este estudio técnico de referencia o a través de una consultoría que un experto genere un documento que le sirva al municipio para que sepan cuáles son las mejores modalidades para operar y que se genere un modelo financiero que nos muestre cómo serían, por ejemplo, los tiempos de modernización”. 

Según el secretario de Planeación, la nueva licitación procurará resolver el vacío que hay con la falta de mantenimiento permanente, a pesar de los cambios de gobierno. “La idea no es esperar que se nos dañen todas (las lámparas) para luego salir a hacer unos procesos”, dijo. 

Lo evidente, sin embargo, es que este contrato es una reacción coyuntural a un momento crítico del sistema. Se llegó a este punto porque no hay nadie encargado de hacerle mantenimiento permanente al alumbrado de las calles y los parques. La pregunta que sigue abierta es para cuándo la Alcaldía de Tadó tendrá una respuesta de fondo.

Mientras esto pasa, los tadoseños siguen esperando en la oscuridad.

Rosa Araújo creció con sus dos hermanos, y con ellos aprendió a patear el balón. El mayor le explicó cómo funcionaba el fútbol, cómo llevar la pelota y cómo defender. A partir de ahí, jugó en el colegio, fue a competir a todos los  intercolegiados que pudo y organizó un equipo de microfútbol con otras compañeras. Pero lo hizo sola. “Nos íbamos en chances (es decir, les pedían a conductores que las llevaran gratis) para jugar en Fonseca, Urumita, Villanueva, Barrancas… Hicieron campeonatos en la Alcaldía y nos regalaron uniformes”. Tenía 16 años, y en esas estuvo hasta que, en 2018, el profesor Osneyder Ariño organizó una convocatoria para conformar, de un día para otro, un equipo que pudiese enfrentar a la selección de La Guajira en el municipio.

El juego quedó empatado, y el profe Osneyder recuerda que le decían: “tienen buen nivel, ¿cuántos meses o años llevan entrenando? Y yo decía: un día. Desde ayer”. Después de ese partido, el profe y las doce jugadoras se propusieron conformar un equipo. Lo llamaron Cardenales Guajiros. Su meta era jugar tres meses y probar su compromiso para ver si las cosas funcionaban. Y funcionaron. 

El equipo llegó a tener 18 jugadoras “élite” de entre 15 y 24 años. Entrenaban los miércoles, viernes y sábados, en el estadio de San Juan, pero de día, porque de noche no había iluminación. Así, apenas con sus ganas y las de su entrenador, porque no tenían plata, empezaron a jugar con otros equipos de los municipios vecinos. En realidad, a ganar. 

“Nos tocó salir a jugar lejos porque ya nadie quería jugar contra nosotros”, recuerda Osneyder, quien estuvo en las ligas inferiores del Junior de Barranquilla y volvió a su natal San Juan para entrenar jóvenes. De 46 partidos, solo perdieron tres y empataron cuatro.

En 2019 viajaron hasta Santa Marta para jugar uno de esos partidos: un cuadrangular en el  que resultaron campeonas. “Se nos ocurrió llegar a la Alcaldía y entregarles el premio: esto es de ustedes, aunque nos tienen como menos, dijo la capitana, pero les queremos entregar esta camiseta”, recuerda el entrenador. Entonces, la Alcaldía les dio un uniforme y, en algunas competencias, les garantizó el transporte.

Las jugadoras hablan del deporte con pasión. “Uno está triste, pero juega fútbol y se le olvida todo”, dice Rosa. “Soy libre”, dice Elis Medina, una fonsequera de 21 años que ocupa la posición de delantera. “Cuando tú entras a una cancha, te reúnes con tus amigos, te olvidas de todo lo malo. El fútbol es una droga, pero no de las malas”, suelta entre risas María Alejandra Olivella, delantera de 23 años que ha jugado en Junior y en Valledupar Fútbol Club. Sin embargo, la alegría de las voces de las futbolistas cuando hablan de lo que sienten en la cancha contrasta con la tristeza que transmiten al mencionar el poco apoyo que han recibido. Con la pandemia, el apoyo de la administración municipal se diluyó. Para ellas, la falta de financiación es el mayor problema y fue la razón por la que tuvieron que parar de entrenar hace cuatro meses.

La falta de apoyo

En marzo el equipo de fútbol femenino Cardenales Guajiros jugó su último partido en Codazzi (Cesar). “Se fueron desmotivando. Yo les decía: vamos a jugar el sábado en tal parte, pero llegaba el viernes y les tenía que avisar que los recursos que esperábamos no llegaron y no podíamos ir”, recuerda el profe.

El equipo no tenía fuentes de financiación. El profesor no recibe ningún tipo de remuneración por parte de ellas, pues sabe que no pueden pagar y su meta es tener patrocinios, sino que se sostiene con lo que le produce una escuela de fútbol masculino que conformó poco tiempo después de comenzar con las jóvenes. Y ellas, por su parte, tampoco reciben algún apoyo para financiar el transporte, la alimentación o la dotación deportiva. “Cuando había torneos de varios días, pedíamos que nos pusieran dos partidos el mismo día porque nos quedaba más fácil que ir varias veces a la semana”, recuerda el profesor Osneyder. En dos ocasiones hicieron eso y aún así quedaron campeonas.

Por eso, cuando entrenaban, las jugadoras debían ingeniárselas. Como hacía Rosa en su equipo de microfútbol, algunas compañeras, como Elis y Yolmaris, se habían vuelto expertas en pedir “chances” para llegar a las prácticas en el estadio de San Juan. “Pero las cosas se fueron complicando con los chances porque una nunca sabe lo que le pueda pasar y a veces me daba miedo. Entonces iba un día y otro día no”, recuerda Yolmaris. A veces, el profe les cubría el costo de los pasajes.

También tenían problemas con los implementos. Antes, el equipo apenas contaba con dos balones y estaban en mal estado. Llegaron a asistir a competencias en otros municipios con un solo uniforme. Incluso les pasó alguna vez que, para hacer un cambio en medio del partido, la jugadora saliente tuvo que quitarse los tacos y dárselos a la que iba a entrar, porque la nueva jugadora no tenía. 

El año pasado el equipo jugó en Palmira (Valle) y dos jugadoras se destacaron. Otra de ellas está esperando mostrarse en Fortaleza y el profesor Osneyder está esperando respuestas desde el Real Santander para mostrar el juego de otras deportistas. Sin embargo, aunque el entrenador se mueve para buscar alianzas, esto no es suficiente. “Ahorita me pidieron jugadoras para mostrar en Cali, pero había que durar mínimo allá 10 días, que son las pruebas, y lo mismo en Bogotá. Entonces las chicas deben conseguir un pasaje de aquí a Cali y para sostenerse los 10 días, entonces como no tenemos apoyo en ninguna parte, pues nosotros tampoco estamos como que generando dinero y no podemos ayudarlas”, reconoce el entrenador.

Pero las dificultades económicas no son un problema exclusivo de las mujeres. En La Guajira, los jugadores también deben autofinanciarse y enfrentarse a la falta de alianzas y patrocinios. Por esto, buscando mejorar las condiciones, el equipo Cardenales Guajiros se constituyó legalmente y se afilió a la Liga de Fútbol de La Guajira, pero esto no ha significado acceso a patrocinadores o de la propia Liga. El profe dice que algunas personas a las que han buscando para que los apoyen piden recuperar su inversión, pero el club no lo puede garantizar.

Lo que sí es distinto es que no hay liga femenina y que los jugadores varones cuentan con algo que no tienen todas las mujeres: apoyo familiar.  “Los padres de los chicos son los que dicen: profe, aquí hay dos mil para esto, para lo otro. Y van a los partidos a verlos jugar, pero lastimosamente con ellas no es así”, dice el profesor Osneyder. Por lo general, las chicas van solas. “Hay papás que ni siquiera apoyan a sus hijas. Ellas pueden tener demasiado talento, pero les dicen: no, mejor ponte a hacer otra cosa”, agrega Rosa.

Esto se ve también a nivel económico. En el caso de Rosa Araújo, su mamá la sacó adelante a ella y a sus hermanos, pero para el fútbol no había dinero. “A mí siempre me ha gustado trabajar. Vendí cosas hasta en el colegio y así me financiaba”, cuenta. Sin embargo, las cosas para ella cambiaron cuando tuvo un accidente y se fracturó el fémur de la pierna derecha. “Si tienes una partidura de fémur, sabes que un equipo profesional no te va a llevar a jugar”, explica, y aunque aclara que después de eso juega mejor, su esperanza de ser futbolista profesional llegó hasta ahí. Rosa ahora vive en Bogotá y trabaja como operaria de producción en una empresa. La situación de Elis Medina es parecida. “Yo sola me apoyo”, dice para referirse a que la plata necesaria para entrenar viene de su trabajo en el taller de su papá.

Una de las pocas que sí cuenta con el apoyo de su familia es María Alejandra Olivella. “Nunca me ha gustado pedir, pero tengo el apoyo de ellos, que siempre están levantándome”, por eso puede dedicarse a jugar y mantiene su sueño intacto.

Para el profesor Osneyder, la falta de referentes locales evita que en las familias guajiras se tome el fútbol femenino en serio. “Algunas familias dirán “¿para qué una mujer en el fútbol?”, porque este departamento es muy machista y porque no tienen un ejemplo claro de una futbolista que salió del municipio y es profesional”. Es decir, faltan referentes para que las posibilidades de éxito de las jugadoras sean tomadas en serio. Esto es distinto para los varones, pues tienen la figura de Luis Díaz, que nació en Barrancas y está triunfando en el Liverpool de la Premier League de Inglaterra. 

El profe destaca el compromiso de las jugadoras. “Los pelaos acá cumplen 15 años y siempre están pensando en el ron, pero es diferente con las chicas. Es más fácil llevarlas a que lleguen al fútbol élite”. Para Patricia Vanegas, pionera del fútbol femenino en Colombia y quien está dedicada al marketing deportivo, el apoyo familiar es importante, pero también lo es hacerse visibles “para ver quién se quiere interesar en mejorar la condiciones en su territorio y para promoverlas a algo más”. Para ella el camino puede ser aplicar a recursos de escuelas y fundaciones. 

El machismo

Siendo apenas una niña de diez años, la calle de Yolmaris Narváez era una fiesta de niños y niñas jugando fútbol. Ninguno de sus vecinos o primos le decía que no podía jugar por ser niña o que ese juego no era para ella. Pero eso cambió cuando se hizo mayor, y empezó a escuchar comentarios dirigidos a su equipo: les dijeron que mejor jugaran un deporte para mujeres, que las mujeres deben estar en la casa. “Decían que éramos unas machorras, que ese deporte no era para mujeres, sino para hombres”, recuerda Elis Medina, quien también comenzó a jugar fútbol con los niños y niñas de su barrio. Rosa Araújo agrega que también han discriminado especialmente a las jóvenes que son lesbianas. 

Aunque Elis dice que ella no les hace caso a las críticas y a los comentarios machistas, sabe que estos sí han afectado a otras jugadoras. “Hay demasiado machismo, incluso de mujeres que lo discriminan a uno nada más por jugar fútbol”. “Hay niñas que han dejado el fútbol por la discriminación”, agrega. 

Para ellas, es evidente que el machismo es lo que está en el fondo de la falta de apoyo a nivel local y nacional para el fútbol femenino. “Los hombres acá tienen más oportunidades que nosotras. Jugar fútbol es común para ellos y los demás ven su talento, pero son menos las mujeres que eligen este deporte y siempre hay críticas hacia nosotras”, dice Jeannis Lizeth Puche, la portera del equipo. 

Patricia Vanegas coincide. “Para nadie es un secreto que el fútbol ha sido un bastión masculino, una forma de mostrar la masculinidad, pero a las niñas nos ha llegado el fútbol por televisión, radio y prensa, y era lógico que nos iba a gustar. Los niños no nos rechazan, el machismo viene de los adultos”. 

En Colombia, el fútbol femenino apenas se profesionalizó en 2017 y, aún así, los clubes no garantizan condiciones de igualdad para las jugadoras. “La Dimayor hace un esfuerzo por organizar un evento (torneo), pero los clubes esperan que les den todo”, dice Vanegas. Bajo el modelo actual, los clubes deben garantizar los sueldos de las jugadoras profesionales, sus uniformes y demás condiciones laborales. Pero, según las denuncias que han hecho futbolistas como Isabella Echeverri y Melissa Ortíz, eso no pasa ni siquiera en la selección colombiana. “No nos pagan, ya no nos dan vuelos internacionales, los uniformes son viejos, la Federación ha cortado jugadoras por hablar. Ya no tenemos miedo, estamos aquí para hablar", dijeron en 2019 a través de un video.

A esto se suman violencias basadas en género. “Todas las violencias se ven acá. El acoso sexual desde el kinesiólogo hasta el entrenador que te chantajea con que no juegas si no te acuestas con él, que a todas les ha pasado, así la gente no lo sepa”, dice Vanegas. “Juegan con la carrera deportiva de las jugadoras”, sentencia. Por esto muchas se retiran. 

El sueño sigue

A pesar de las barreras que se encuentran en el camino, el equipo está recobrando sus esperanzas. El 25 de junio empezó el primer torneo de microfútbol femenino en el corregimiento Corraleja, que va hasta octubre, y para el certamen acordaron distribuir a las jugadoras entre el equipo de San Juan y los de otros corregimientos que participan. Pero el espacio les sirvió para reencontrarse.

Los ánimos estaban mejor que la última vez. Las jóvenes insistieron en retomar las prácticas del equipo de fútbol y el profesor Osneyder estuvo de acuerdo, pero con otras ideas. “Estoy buscando tener dos o tres patrocinadores para que ellas puedan tener un apoyo”, dice. Además, como ya están afiliados a la Liga guajira, van a pedir un torneo femenino que “puede ser por categorías, como Sub 17 y una libre, porque hay chicas que ya tienen 22 o 24 años y juegan muy bien. Todavía les da para llegar al profesionalismo”.

Más allá de eso, la necesidad más grande es que tanto las autoridades locales como las empresas privadas que están en el territorio crean en ellas. “Como futbolista he visto muchos talentos que se quedan en equipitos. A mí me gustaría que lleguen y nos vean para que no se desperdicie el talento”, dice María Alejandra Olivella. Además, para Patricia Vanegas debe haber un cambio en la mentalidad de los dirigentes deportivos. “Los clubes deben cambiar el chip y hacer una conversación real y de compromisos. Tienen experiencia para sacar adelante el fútbol femenino”, dice Patricia Vanegas. Para ella es clave que se comprometan a hacer rentable el fútbol femenino bajo unas condiciones laborales dignas para las mujeres.

Jeannis Puche hace un llamado claro: “no solamente los hombres tienen derecho a jugar fútbol. Somos capaces, aunque muchos no lo crean. Tenemos derecho a la igualdad”. Y Patricia Vanegas coincide: “jugar fútbol es un derecho de las mujeres”.

1. ART inaugura un parque infantil en Mayalitas y salón comunal en El Hatico

Este viernes, se inauguró el parque infantil modular de la comunidad de Mayalitas en el resguardo indigena de Mayabangloma. Este espacio, en el que se podrán divertir los 213 niños y niñas de la comunidad, se construyó con recursos destinados para los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (Pdet) y se hizo en honor a Óscar Uriana, el cabildo gobernador que falleció hace un año. Al evento asistió Juan Carlos Zambrano, director de la Agencia de Renovación del Territorio, quien se comprometió a trabajar con la comunidad para instalar parques similares en Bangañitas, La Gloria y La Loma para beneficiar a  otros 540 niños y niñas del resguardo. También asistieron secretarios de la Alcaldía, las autoridades de Mayabangloma e integrantes del grupo motor.

¿Qué dice la gente? Varias madres de la comunidad están contentas con este espacio de recreación. Juanis Solano celebró la obra: “es la primera vez que llega esto por acá. Todos nos beneficiamos y los niños van a tener donde recrearse”. Por su parte, Eimer Ariño, integrante del grupo motor de los Pdet en Fonseca, dijo que “es muy bueno aportar esos espacios a la gente, cumpliéndole a las víctimas y a los niños. Hoy se están materializando las iniciativas que planteamos”.

El contexto: En Fonseca se han aprobado varios proyectos con recursos PDET, entre ellos siete de mejoramiento vial, uno de viviendas para víctimas y otro de energía fotovoltaica para la zona rural. Sin embargo, el alcalde Hamilton García está siendo investigado por la Contraloría y por la Procuraduría por posibles irregularidades en el manejo de estos proyectos. 

La ñapa: Al terminar la entrega del parque, los funcionarios fueron al corregimiento de El Hatico, donde entregaron a la Junta de Acción Comunal una sala dotada con videobeam, colchonetas, sillas, televisor, escritorio, sillas ergonómicas, un parlante, archivador y elementos de primeros auxilios.

2. Comunidad educativa de la escuela Cleotilde Poveda denuncia hacinamiento

Este viernes se hicieron evidentes los problemas de infraestructura que aún enfrentan los estudiantes de la escuela Cleotilde Poveda: 73 de los 86 estudiantes matriculados en quinto grado intentaron recibir clases en una sola aula. Sin embargo, fue casi imposible por lo que las directivas del colegio decidieron continuar con  un modelo de alternancia en el que unos estudiantes asisten dos días a la semana a clases presenciales y otros, tres días. 

¿Qué dice la gente? En un video grabado por las profesoras se ve cuando les preguntan a los niños y niñas si quieren ir al colegio todos los días y todos levantan la mano. “Se viola el derecho a la educación de los estudiantes de quinto. Se necesita que después de dos años de pandemia los niños y niñas vuelvan a las clases”, dice Nelvis Peralta, coordinadora de la escuela. A pesar de sus reclamos, apenas la semana pasada la Secretaría Departamental respondió que “por aumento de cobertura no pueden solucionar la falta de maestro de quinto”, dice Peralta.

Contexto: el año pasado, cuando todos los colegios volvieron a la presencialidad, la escuela primaria Cleotilde Poveda no pudo regresar por el pésimo estado en el que se encontraba la sede: no había agua ni luz, los maestros no tenían sala de reuniones ni baño y los techos estaban rotos. La coordinadora Nelvis Peralta explica que desde mayo la comunidad educativa ha enviado cartas a la Secretaría de Educación Departamental para que les manden otra maestra, incluso lo han hecho desde la rectoría del colegio, desde la misma alcaldía de Fonseca y hasta adjuntando las firmas de los padres y de los estudiantes. 

3. Niños y niñas de la vereda Los Altos reciben alimentos del PAE descompuestos

Este miércoles los padres y madres de familia de la vereda Los Altos alertaron sobre el mal estado de los alimentos que llegaron a la Unidad Comunitaria de Atención (UCA). Plátanos, ahuyamas y mangos fueron algunos de los alimentos que llegaron con moho o ya casi descompuestos para la minuta alimentaria de los niños y niñas del programa de Cero a Siempre, que recientemente empezó a operar la Fundación Mi Abuelo y yo. Esta situación la dio a conocer Arnol Brito, concejal y representante de la vereda: “es lamentable que esta situación se presente en la atención de los 160 niños que hacen parte de este programa porque la fundación apenas está comenzando y debe garantizar un servicio en óptima calidad", dijo.

El contexto: Las 59 Unidades UCA de Fonseca permanecieron dos semanas sin funcionar en junio. Apenas el 7 de julio volvieron a abrir sus puertas para atender a 1.913 niños y niñas de primera infancia. Los nuevos operadores son la Organización Alianza Comunitaria Alcom, Guajira Naciente y Mi abuelo y Yo.

¿Qué sigue? Brito le dijo a Consonante que ya fueron al ICBF, “tomamos los correctivos e interpusimos la denuncia para que los entes de control le hagan veeduría a la entrega de estos alimentos y su estado para que no se vuelva a presentar esta situación".

1. Por el paro en Santa Cecilia, escasea la gasolina en Tadó

Esta semana tres de las cuatro bombas de gasolina de Tadó tuvieron que cerrar durante cuatro días porque no pudieron abastecerse de combustible debido al cierre de la vía Chocó-Risaralda.  En la única estación que siguió funcionando, el combustible aumentó de precio: el galón pasó de costar 10.200 pesos a 11.100. Esto, pues el carrotanque que abasteció la estación  tuvo que hacer un largo viaje que tardó cerca de 10 horas desde Cartago por la vía La Pintada - Ciudad Bolívar - El Siete - Quibdó.  Por la ruta habitual, solo le habría tomado cuatro horas y media aproximadamente. Las cuatro estaciones pudieron volver a prestar el servicio el jueves. 

¿Qué dice la gente? Jhon Fredis Benites, mototaxista, no pudo trabajar durante un día por la escasez de combustible. “Uno tiene que hacer entrega (de una cuota diaria al dueño del vehículo), y rebuscarse para que le quede algo a uno, porque es muy caro”.

¿Qué ocasionó el paro? El paro triétnico en Santa Cecilia (Risaralda) duró una semana y se dio porque la comunidad exigía la renuncia de la gerente de la E.S.E. Hospital San Rafael porque, dicen, presta un mal servicio. 

2. Roban dos establecimientos comerciales 

El fin de semana se presentaron dos robos en dos establecimientos comerciales distintos, un almacén de ropa y una droguería. Los hechos quedaron grabados en video y circularon en redes sociales, lo que generó preocupación entre la población que se pregunta qué está pasando con la seguridad en el municipio. La Policía de Tadó recibió las dos denuncias por parte de las víctimas. “Estamos avanzando en las investigaciones y ya está identificada la persona que cometió los delitos. Esperamos poder darle respuesta a los tadoseños muy pronto para que sigan confiando en la Policía”, le dijo a Consonante el mayor Cristian Galindo, comandante del Distrito IV de la Policía. 

¿Qué opina la gente? A pesar de que el mayor Galindo asegura que Tadó goza de “un buen nivel de seguridad”, varias personas consultadas por Consonante, dicen que no se sienten seguras en el municipio. “Uno siente que las autoridades no hacen nada, le da miedo a uno salir de su casa, no puede dejar la puerta abierta, da miedo salir de noche… es complicado”, dijo una ciudadana. Aún así, el mayor Galindo invita a la comunidad a denunciar, pues no es usual que lo hagan. 

Contexto: Tadó se destaca como uno de los municipios más seguros de la región, pero, desde hace meses la gente dice que se han incrementado los robos, sobre todo en las calles. Sin embargo, casi nadie denuncia, por lo que no es claro si la inseguridad efectivamente va en aumento.

3. Después de dos años, vuelven los Juegos Intercolegiados 

Tras dos años de interrupción, este martes comenzó la primera fase de los Juegos Intercolegiados 2022, en los que participan estudiantes de entre 14 y 16 años de las instituciones Nuestra Señora de Fátima, ITA, Normal Demetrio Salazar Castillo y Nuestra Señora de la Pobreza. La competencia incluye tres deportes: fútbol, microfútbol y baloncesto. 

¿Qué dice la gente? Edwar Mosquera, docente de Educación Física, dice que estos encuentros deportivos son de mucho agrado para los jóvenes, pues “se distraen, comparten e intercambian habilidades y destrezas en el campo, hecho que es rescatable para incentivar la existencia de ellos en cada institución”.

¿Cómo es la programación? Este viernes se definen los equipos que clasifican a la segunda fase, que se jugará entre equipos de los municipios de Cértegui, Alto Baudó, Medio Baudó, Bajo Baudó, Cantón de San Pablo y Unión Panamericana. Luego, los mejores pasarán a la fase departamental y ésta guiará a la última fase, que se realiza a nivel nacional, donde los mejores equipos tendrán que viajar a diferentes lugares del país para competir. 

Además,

4. Estudiantes de Mumbú reciben dotación escolar, pero siguen pidiendo una escuela

Una semana después de que los nueve estudiantes del corregimiento regresaran a clases, la Alcaldía de Tadó les entregó pupitres, sillas, juegos didácticos y balones. La donación se dio el miércoles cuando el alcalde Cristian Copete junto a Michael Córdoba, coordinador de Educación, y Ana Yancy Rodríguez, enlace de Víctimas, llegaron hasta la caseta comunal donde los estudiantes reciben clases desde el año pasado. Durante la visita, los habitantes del corregimiento le agradecieron a Copete, y le hicieron un llamado para que reconstruya la escuela.  Michael Córdoba se comprometió en adelantar las gestiones necesarias en la Secretaría de Educación Departamental para habilitar la planta física de la escuela.

El 14 de junio Maritza Loperena fue asesinada en la puerta de su casa en la vereda Piñoncito. Sucedió casi a las cinco de la mañana, cuando iba a poner el café y a hacer el desayuno para mandar a sus hijos de 12 y 13 años al colegio. Un hombre encapuchado le disparó y Martiza murió de camino al hospital. Este crimen puso en alerta a la comunidad.  Nadie entiende qué pasó. Por eso, el martes 28 de junio alrededor de 70 personas marcharon e hicieron un plantón en la Fiscalía de San Juan del Cesar para reclamar justicia y celeridad en la investigación que no registraba ningún avance dos semanas después del asesinato.  

Edilma Loperena Plata, coordinadora de mujeres del pueblo wiwa en los departamentos del Cesar, La Guajira y Magdalena, ha intentado exigir justicia para Maritza. Desde hace 20 años Loperena ha defendido y acompañado a otras mujeres wiwa que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Hoy, trabaja con mujeres de las comunidades de Piñoncito, Marokazo, Siminke, La Peña de los Indios y de Gotenke en La Junta que se están capacitando para ser líderes. 

Consonante: ¿Qué significan las mujeres dentro de la comunidad wiwa?

Edilma Loperena: Las mujeres dentro del pueblo wiwa somos las dadoras de vida. Somos guías, espirituales, enfermeras, docentes, artesanas, cultivadoras, mejor dicho: somos transversales porque de nosotros depende la pervivencia de nuestro pueblo. Y no solamente somos importantes para el pueblo wiwa , sino que somos las únicas en la Sierra [Nevada de Santa Marta] que tenemos mujeres sabias a la altura de los mamos. Y también aportamos a través de nuestras sagas, nuestras guías espirituales.

C: ¿Cuál es la situación para las mujeres líderes en la comunidad? ¿Hay discrimación? ¿Se respeta su autoridad?

E.L.: A las mujeres del pueblo nos ha tocado rebelarnos para poder liderar procesos. A pesar de que nosotras tenemos las sagas, que son nuestras guías espirituales y también son autoridades, ha sido muy poco reconocido el rol de la mujer para liderar. Hemos sido muy pocas las que hemos tenido oportunidad, puesto que aquí impera mucho el patriarcado. A pesar de que nuestra organización es mixta. Uno debe ser persistente. Algunos líderes nos han apoyado, como el cabildo gobernador Víctor Loperena Mindiola. Hoy día estamos siendo más visibles junto a otras hermanas indígenas de la Sierra, como las compañeras kankuamas y las arhuacas. Nos faltan las kogui, que son las más tradicionales, y se les dificulta estar fuera de su territorio.

C: ¿Qué creen que pasa en San Juan del Cesar?

E.L.: Nosotras estamos muy preocupadas porque contra Maritza no había ningún tipo de amenaza y ella era una señora noble. Era un ama de casa, no tenía por qué pasarle esto. Era una mujer que únicamente se dedicaba a trabajar para su familia, a cultivar su patio, un patio hermoso y productivo con matas de piña, yuca, ñame, guineo y auyama. Hoy en día sus hijos están recogiendo esos frutos para poder subsistir, junto a su papá, que es discapacitado. Ellos no tenían ni con qué llevar a la mamá a darle cristiana sepultura, y les tocó endeudarse para poder darle el último adiós. Ni nosotros ni la familia encontramos ni pies ni cabeza de por qué la mataron. Eso se debe esclarecer, nosotros le pedimos a la justicia que investigue este asesinato, porque esa señora merecía estar viva. Ella merecía seguir su vida de mujer trabajadora. 

C: Maritza no recibió amenazas, pero varias de ustedes sí, ¿por qué?

E.L.: Nosotras estamos tocando temas muy sensibles, como lo es el tema de violación. No solamente por nuestros hombres, que no todos son iguales, sino también por violadores que están en las zonas cercanas, como campesinos. Hemos tenido violaciones también en la época del conflicto y estamos metidas de lleno defendiendo a esas mujeres que todavía no se les ha hecho justicia. Y trabajar esos temas no es fácil, porque nos van estigmatizando. En estos momentos nosotras estamos en un proceso de no permitir más violencia en contra de las mujeres y eso tiene un precio, porque antes nadie hablaba de esto, antes nadie defendía eso y se veía algo como cultural, pero eso no es cultural. Muchos hombres ya lo han entendido, y hoy tenemos el apoyo de nuestro Cabildo gobernador. La mujer se tiene que proteger, y la niñez se tiene que cuidar.

También hemos recibido amenazas por defender nuestro territorio. Las excavaciones y las exploraciones de minería en nuestros sitios sagrados nos afectan directamente a nosotras. También enfrentamos ese riesgo, porque hacemos énfasis en que la Sierra es el corazón del mundo y no puede ser explotada. Los mamos dicen que los minerales que hay ahí son como las vitaminas que el cuerpo necesita para funcionar. Lo mismo ocurre con nuestra madre tierra, con el oro, el coltán, el níquel, el cobre, el hierro… todos son minerales que la tierra necesita para mantener su equilibrio, para que haya buenos frutos, para que haya agua. 

C: ¿Han denunciado este tipo de amenazas? 

E.L.: Hemos hecho denuncias ante la Fiscalía. Muchos casos están en investigación. Ahorita estamos en unos procesos de seguimiento a través de un espacio que tenemos como pueblo wiwa por la protección que nos dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en ese espacio hemos logrado dialogar con los entes nacionales. Uno espera un resultado. 

C: ¿Cree que la justicia toma en serio las denuncias de las mujeres wiwa?

E.L.: Últimamente nos ha tocado hacerles protestas para que nos escuchen, para que vean que necesitamos esclarecimiento. Yo creo que ahora que se dan cuenta de que hay unas mujeres que van allá: que se paran, que hacen protestas y caminatas, que convocan medios de comunicación. Por eso, están mucho más pendientes. Nos ha tocado utilizar la protesta como medio para hacernos escuchar, para que puedan se puedan surtir acciones y podamos ver resultados.

C: ¿Saben de dónde vienen las amenazas?

E.L.: Pues no, no tenemos respuesta. Nosotras presumimos… pero no tenemos claro de dónde vienen.

C: La comunidad tiene medidas cautelares de la CIDH, ¿el Estado ha cumplido? 

E.L.: Puedo contar con una mano, y me sobran dedos, cuáles han sido las instituciones que nos han correspondido por la medida cautelar. La acción de las gobernaciones ha sido prácticamente nula, y las alcaldías lo mismo. El pueblo wiwa es el pueblo que más gente desplazada y fuera de su territorio tiene. El grupo de mujeres desplazadas del pueblo wiwa es grandísimo. En San Juan del Cesar los wiwa viven en el margen, en las orillas del municipio de una manera precaria, sin acceso a ningún servicio. Lo que dice la Corte es que a los miembros del pueblo wiwa se le deben garantizar en los mínimos vitales, los servicios y si viven en los cascos urbanos, maneras de que puedan producir para que no vuelvan a atentar contra la contra la integridad de los miembros del pueblo wiwa. Eso no se ha dado.

También estamos dentro del Proceso de paz como indígenas y como componente de género, pero no se cumple nada de lo que quedó ahí. Todo ha ido quedando en el papel. 

C: ¿Qué otras violencias han registrado contra mujeres wiwa?

E.L.: La discriminación. En muchos casos, nuestras mujeres son muchachas del servicio y a veces son violadas en las casas de familia, pero se quedan calladas porque no pueden decir que son explotadas. Les pagan lo que quieran, y a veces no las liquidan. Muchas veces tienen que irse, porque las acusan de que han robado para poder deshacerse de ellas. Han abusado muchísimo de ellas en todo el sentido de la palabra: han sido explotadas y esclavizadas. 

También somos discriminadas a nivel institucional. Vemos que a veces reúnen a ciertos grupos y las mujeres wiwa no somos tenidas en cuenta en las políticas sociales. Hemos sido excluidas. En algunos espacios donde debe de estar la mujer indígena, nos representan otras mujeres, hay mujeres que hablan por nosotras, que nosotras no tenemos ni idea.

C: ¿Cuál es la razón de que siga habiendo violencia, especialmente contra las mujeres?

E.L.: Uno habla de no repetición, pero si no surte ningún efecto de parte de quienes tienen que proteger nuestra integridad, la violencia va a seguir. En estos momentos no hay garantías de que se pueda frenar esto. Y nos toca a nosotras seguir en la mitad.

C: ¿Qué debe pasar para que pare la violencia en su contra?

E.L.: Primero, necesitamos que haya apoyo, no solamente de las instituciones, sino dentro de nuestro territorio por parte de nuestras autoridades, de nuestros esposos, de nuestros hijos, y de otras mujeres. También que haya articulación con nosotras, que se nos tenga en cuenta en las instituciones. Y que se respete la integridad de la mujer, el trabajo de la mujer wiwa tiene que ser valorado. Yo quisiera ver una política pública donde una primera dama sea la que tenga que estar detrás de nosotras buscándonos, pero siempre nos toca a nosotras estar detrás de la encargada de política social. No es un favor que nos van a hacer, es un derecho que tenemos. También debe haber un compromiso de la sociedad. Necesitamos hacer más humano al hombre y a las personas que están alrededor de nuestros territorios. 

Esto que yo estoy hablando de se puede convertir hasta en un cuchillo para mi garganta, sí, pero estoy diciendo la verdad de lo que estamos viviendo.

Porque es importante

La escuela de fútbol ha llevado a los niños a competir en el Festival Baby Fútbol, antes llamado Pony Fútbol, durante cinco años, así como en partidos amistosos en Salgar, Concordia y Ciudad Bolívar, esto sin que las familias hayan tenido que utilizar su dinero para cubrir gastos de transporte, alimentación u hospedaje. Además, aunque la Alcaldía tiene monitores deportivos que entrenan en distintas áreas del municipio, esta es la única escuela que hay y en la que puedan tener otro tipo de aprendizajes, como disciplina, cumplimiento de responsabilidad y respeto.

Qué está pasando con la escuela

El pasado 11 de junio, 18 niños de entre 10 y 12 años participaron en el Festival Baby fútbol 2022, en el municipio de Andes (Antioquia), patrocinado por la empresa Colanta y la Corporación los Paisitas. Allí llegaron tras vencer a otros equipos antioqueños en las eliminatorias de enero. El equipo jugó cuatro partidos y, aunque no pasó a los cuartos de final, logró mostrar sus avances deportivos. Allí también compartieron con más de 300 deportistas de diversos municipios del suroeste de Antioquia, departamento al que llegaron a jugar porque, por gestión de Gabriel Ramírez, se asociaron a Asdesa (Asociación de Entes Deportivos del Suroeste de Antioquia).

El origen de la escuela

La escuela comenzó hace 12 años, cuando, a través de un proyecto educativo el profesor Johan Gandhi Palma Bonilla comenzó a transmitir su experiencia educativa con jóvenes de 10° y 11° de la institución Educativa Agropecuaria Liceo Marco Fidel Suarez. Allí se buscaba formar líderes para el deporte y líderes para la vida, basado en tres competencias: competencias básicas juveniles, competencias ciudadanas y competencias laborales. En este laboratorio se inició con los torneos y la selección de los participantes.

Pero para el profesor Johan, entrenador del equipo, licenciado en educación física y entrenador en la metodología de la agencia de cooperación alemana GIZ, la escuela comienza formando personas y con una consiga: “primero es la persona, antes que el deporte”. En esa búsqueda fue invitado por la agencia GIZ a un programa llamado Deportes para el Desarrollo, para formar instructores de fútbol en todo el país. “De allí vengo y digo: ¿por qué no hacerlo en El Carmen también? y le agrego al proyecto de Estilos de vida saludables la formación en la metodología”, cuenta. Tres años después, la empresa Miner S.A. se acercó a él para preguntarle sobre el proyecto. “Yo les muestro cuál es el valor agregado de la escuela: el fútbol es solo un enganche, a lo mejor todos no van a ser futbolistas, pero si van a ser buenas personas”, cuenta el profesor. A partir de allí 2017 la empresa comenzó a patrocinar la escuela con la donación de uniformes e implementos deportivos, y con la financiación del transporte y la alimentación cuando hay torneos o tienen partidos amistosos.

La metodología de la escuela se basa en cuatro aspectos: físico, técnico, táctico y volitivo (es decir, nivel psicológico, de familia, respeto, tolerancia y sociedad), cumpliendo con unos logros establecidos relacionados con las competencias, la toma de decisiones de manera autónoma y la resolución de problemas individuales y en equipo. Además, tiene alianzas con las instituciones educativas para fortalecer el proceso académico y deportivo.

El reto

En la escuela solo hay seis niños de las veredas: dos niños del pueblo de la memoria histórica, dos niños de la vereda Habita, uno de ellos del sector la Gaviota y dos niños de la vereda la Argelia.

Para los niños y jóvenes de veredas y centros poblados es más difícil acceder a estos espacios y esto es importante porque, según el último censo nacional, esta población es la mayoría de carmeleños de entre 10 y 15 años. El Dane indica que de los 528 carmeleños de esta edad que hay en el municipio, 420 viven en centros poblados y zonas rurales dispersas.

Jader Santiago Urán es uno de ellos. Tiene 13 años y entrena hace dos en la escuela. Vive en la vereda La Argelia, por lo que su rutina es un poco más larga que la de los niños que viven en la cabecera municipal o cerca. Los lunes y jueves, cuando hay entrenamiento, su día inicia a las 4:45 am. Junto a su compañero y vecino Wayro Emilio Echavarría Giraldo sale en bicicleta hasta el sector El Cinco, donde a las 6:00 am los recoge el bus escolar del Liceo. A las 7:00 de la mañana entran a clases, hasta las 3:00 de la tarde, cuando van donde un familiar en el barrio La Hélice, comen y antes de las 4:00 pm salen de nuevo hacia la cancha del Liceo para entrenar. El día termina a las 5:30 p.m., cuando uno de sus papás los recoge en moto para regresarlos nuevamente a casa, a donde llegan entre las 7:00 y las 8:00 pm, dependiendo del clima y el estado de la vía. 

La situación de Jader da cuenta de que, a pesar del gran avance y compromiso de la escuela, hacen falta estrategias que permitan la participación de muchos más niños y niñas rurales.

¿Qué dicen los niños?

• "En la escuela de fútbol entrenamos y los  profesores forman personas de bien, me gusta la escuela porque allí veo un futuro para mí y sé que puedo cumplir las metas que me proponga", dice Johan Estiven Vélez Montoya, quien tiene 14 años y lleva cuatro en la escuela, bajo un esquema de disciplina  y compañerismo.
  
• "Es un lugar donde uno aprende valores, donde uno se esfuerza y se esfuerza para lograr sus sueños, no importa si uno se cae o se aporrea, pero uno se levanta para seguir cumpliendo esos sueños y es un lugar donde uno siempre tiene que aprender a apoyar a los demás", dice Jader Santiago Urán Veléz. Destaca la disciplina. "He aprendido a trabajar en equipo, que uno tiene que ser responsable de sus cosas, con el horario, con las cosas personales y que uno puede y debe ser mejor".

¿Qué dicen los padres y madres de familia?

• Para Kelly Johana Saldarriaga, la madre del futbolista David Julián Londoño, la escuela de fútbol “es un proceso excelente, con el profesor Johan el niño ha adquirido destrezas, tiene una buena preparación y ha cambiado bastante en el tema de la disciplina, entonces ha sido un proceso muy bonito para su vida, porque la disciplina y el respeto son valores que se han venido inculcando en la escuela. Es un proceso de formar personas, prepararlos para enfrentarlos a un mundo complicado en el tema de la niñez y la adolescencia en cuanto al vicio y a la forma de vivir. Esta es una forma de enriquecer a los niños”.

• Liliana Loaiza Muñoz madre del futbolista Emanuel Cano Loaiza, cuenta que “durante este año Emanuel además de estar entretenido, socializa y aprende. Mi hijo quiere estar metido en todo y le encanta el entrenamiento. Ha ido a Tarso y ahora a Andes por su compromiso y esfuerzo”.

Lo que sigue

La escuela de fútbol busca sumar esfuerzos para continuar el proceso para poder llevar a los niños a Medellín y otros lugares, para que reconozcan otros escenarios deportivos e intercambien experiencias con otros tipos de escuelas.

Además, los padres de familia buscan crear una junta. Los padres de familia esperan que se pueda dar continuidad a la escuela y que además puedan ingresar muchos más niños y niñas de todas las zonas del municipio que cuenten con mayor apoyo para su participación o, en su defecto, se pueda llevar a las veredas.

1. Anny Katherine Yurgaky presenta su renuncia como gerente del Hospital

Hasta el 31 de julio Anny Katherine Yurgaky se desempeñará como gerente del Hospital San José de Tadó, tras poco más de dos años en el cargo. La funcionaria presentó su renuncia en los últimos días y la administración municipal ya la aceptó. Así lo confirmó Michael Córdoba, coordinador de Salud. 

Contexto: En mayo, la junta directiva del hospital calificó negativamente la gestión de Yurgaky. La funcionaria habló con Consonante sobre este tema y defendió que evaluaron su gestión sobre las metas que hay a cuatro años, cuando sólo lleva dos en el cargo. Además, la funcionaria también recibió una visita de la Superintendencia de Salud, que tiene puesta la lupa en el hospital por la crisis económica que llevó a que, en 2017, el Ministerio de Hacienda lo declarara como un hospital de alto riesgo financiero.

¿Qué sigue? A partir del 1 de agosto, la junta directiva tiene cinco días para encargar una o un nuevo gerente, hasta que el alcalde decida a quién va a nombrar en el cargo. 

2. Deportistas le piden a la Alcaldía que invierta en las canchas de fútbol

Este miércoles un grupo de líderes deportivos se reunió con el alcalde Cristian Copete y el secretario de Hacienda Elías Copete para reclamar inversión en las canchas de fútbol y pedir explicaciones sobre la promesa de campaña de construir una cancha sintética. Sobre la inversión, el secretario de Hacienda explicó que la administración municipal tiene pocos recursos destinados para invertir en el deporte. El funcionario dijo que a pesar de que el Concejo aprobó para este año un presupuesto de 285 millones de pesos para este rubro, la administración solo pudo recaudar 115 millones de pesos. Además, según Copete, gran parte de esos recursos ya se gastaron pues la alcaldía ha destinado 90 millones en otros procesos deportivos pasados. Es decir, solo hay 25 millones de pesos en el presupuesto deportivo. No obstante, tras la reunión, Copete le dijo a Consonante que están comprometidos con el deporte. “Se acaba el presupuesto, pero hay recursos de libre destinación y la voluntad de destinar lo necesario para el deporte”, dijo.

¿Y la nueva cancha? El alcalde Copete aseguró que “el proyecto está en su elaboración, solo faltan detalles para presentarlo ante el Ministerio del Deporte y al Gobernador, que está comprometido en dejarle esa cancha a Tadó”. Los líderes decidieron que, una vez que el alcalde radique el proyecto de la cancha sintética con graderías, se hará una causa común donde el gobernador para que se viabilice el proyecto. El 15 de agosto se reunirán para revisar avances.

¿Qué dice la gente? “La nueva cancha sería muy importante para combatir el consumo de sustancias psicoactivas y el sedentarismo”, dice el profesor Carlos Mario Mosquera de Mineritos F.C.

Contexto: Este martes el equipo de Mineritos jugó un partido con un equipo de Quibdó en la cancha Emiliano Chaverra. El encuentro motivó quejas entre los futbolistas que señalaron el deterioro del escenario deportivo: la cancha tiene desbalances, charcos, piedras y maleza.

3. Inundaciones en Carmelo dejan 33 familias damnificadas

En la madrugada del viernes 1 de julio, 33 familias del corregimiento del Carmelo resultaron damnificadas, y al menos otras 30 tuvieron alguna afectación por el desbordamiento de los ríos Pureto y Muerto, y la quebrada Piña. Las fuertes lluvias también ocasionaron el desprendimiento de un talud que afectó las viviendas de tres familias.  En total, al menos 30 edificaciones resultaron afectadas, entre estas dos establecimientos comunitarios, una iglesia cristiana y la escuela.

Contexto: Las inundaciones en tiempos de lluvia no son una novedad en Carmelo, pero  Gilmar Moreno Agualimpia, coordinador de la oficina de Gestión del Riesgo de Tadó, dice que ahora estos desastres son más frecuentes debido al cambio climático y a la sedimentación de los ríos. "En Carmelo el río no da tiempo de que la gente levante. Siempre toca estar cambiando el colchón, los electrodomésticos, porque todo se daña", dice Nelly Perea, quién perdió parte de su producción piscícola. Carlos Agualimpia, comandante de bomberos, dice que esto también se debe a que hay viviendas en lugares de alto riesgo. “Las personas no saben que existe una oficina de Planeación municipal donde deben sacar una licencia de construcción para que les digan si el sitio es apto para construir o no. También es negligencia de los funcionarios que no van a los sitios a pasar revista si la gente está construyendo en los sitios que corresponden”.

¿Qué sigue? Gilmar Agualimpia afirma que llegarán a las personas con kits de aseo, alimentos y cobijas, además de que planean visitar la comunidad junto a la Secretaria de Planeación. El funcionario dice que ya han pedido a Gestión del riesgo municipal y nacional la reubicación de la comunidad, pero no hay avances. 

4. Regreso a clases: sigue el hacinamiento en la IE Nuestra Señora de la Pobreza

Los alumnos de los grados cuarto y quinto de la Institución Educativa Nuestra Señora de la Pobreza sede San Pedro que regresaron a clases el 5 de julio siguen padeciendo por la falta de aulas para recibir sus clases. Los alumnos continúan recibiendo clases en los pasillos, a pesar de que desde antes del receso vacacional el rector Gabriel Copete había asegurado que se reuniría con el alcalde Cristian Copete para gestionar la construcción de, al menos, cuatro aulas de clases más.

¿Qué dice el rector? Según el rector Gabriel Copete, al alcalde “le cogió el tiempo para el proceso de establecer los convenios, con las instituciones educativas, de los recursos de calidad que manda el Ministerio de Educación Nacional” y por las elecciones no pudieron contratar. 

¿Entonces? La Alcaldía le aseguró a la institución que la próxima semana tendrán respuestas a este problema. Mientras tanto, las directivas, profesores y padres de familia del colegio acordaron que los grados donde hay hacinamiento estudiarán en las tardes. Además, prevén hacer una marcha de ladrillos cuando empiece la construcción.  

Además,

5. Después de seis meses, los niños de Mumbú retomaron las clases

Esta semana llegó a la comunidad de Mumbú la profesora Adalgiza Ibargüen, la primera docente que ven los nueve niños y niñas de esa comunidad desde hace seis meses. Los estudiantes y padres de familia están felices “porque nuestros hijos e hijas no estarán más en la calle”, dijo Martha Mosquera, líder de la comunidad. La profesora llegó a dictar clases en el salón comunal pues, como lo documentó Consonante, la escuela de Mumbú se está cayendo. La docente afirma que se reunió con la comunidad y hay mucho ánimo, sin embargo, hace un pedido urgente. “Pido la construcción y dotación de la escuela para dictar mis clases de manera digna”. Además, las familias piden que los niños y niñas reciban alimentos del PAE. 

6. Al menos 400 tadoseños acudieron a una jornada de medicina alternativa

Esta semana un grupo de promotores y médicos Naturistas de la Fundación Salud y Vida M.A hizo una jornada de salud en la que atendieron a al menos 400 personas. Muchos tadoseños y tadoseñas llegaron motivados por encontrar soluciones a problemas que la medicina tradicional no les ha resuelto. Andrea Mosquera, hipertensa, es una de ellas. “He sentido que los medicamentos suministrados no se han asimilado bien. Decidí probar los jarabes naturales”.