Eran las 6:29 p.m. del domingo 26 de marzo cuando se reportó una llamada de emergencia al celular del cuerpo de bomberos del municipio de Fonseca. Desde el otro lado de la línea, un hombre alertaba sobre un accidente de tránsito en la vía que conduce de la cabecera municipal de Fonseca al corregimiento de Conejo. El equipo de bomberos prendió las alarmas y se dispuso a atender la emergencia a bordo de la máquina extintora y cuatro unidades bomberiles.
Al llegar al sitio del siniestro en el kilómetro uno de la vía, los bomberos se encontraron con la colisión de dos motocicletas. Había cinco personas involucradas: una mujer, tres hombres y una menor de cuatro meses de nacida, a quienes les brindaron los primeros auxilios a los heridos.
El grupo de bomberos llamó al Hospital San Agustín de Fonseca para solicitar el apoyo de una ambulancia y de personal médico profesional. En este hecho fallecieron dos personas: José Aroca, conductor de una de las motocicletas y Luis David Nieves, de 15 años de edad, quien se transportaba como pasajero en un mototaxi. El conductor del mototaxi, Yoni Osorio, sigue en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos en un centro médico de segundo nivel en San Juan del Cesar.
Este es solo uno de los casos que atiende el cuerpo de bomberos, que ya cumple 13 años de presencia en el municipio. El grupo se encarga de apagar los incendios en zonas residenciales e incendios forestales, rescatar animales y apoyar a las víctimas de accidentes viales. En promedio, a la semana atienden cinco incidentes o emergencias.
El cuerpo de bomberos voluntarios de Fonseca está integrado por 17 personas (12 hombres y cinco mujeres) quienes trabajan en dos turnos: a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde. Su labor es acompañada por tres caninos de raza labrador, con sus respectivos rangos: la sargento Luzma, el cabo Red y la bombera Estela.
Ovier Mendoza, comandante de la estación de bomberos de Fonseca, cuenta que todos son voluntarios y reciben aportes mensuales de 700 mil pesos. “Nosotros trabajamos por la protección y defensa de las personas. Atendemos casos de desastres naturales, socorro y emergencias, de forma solidaria. Aunque es un trabajo voluntario y prima la voluntad de querer servir a la comunidad, nuestro equipo tiene gastos personales, hijos y una familia, por eso entregamos una ayuda económica mensual”, cuenta.
El trabajo de este grupo también incluye capacitar empleados de empresas y hacer recargas de extintores e inspecciones locativas, desde donde sale gran parte de los recursos y sostenimiento del equipo.
Falta de personal, insumos, y equipos óptimos
Pese a la labor que hace el grupo, hasta la fecha no cuentan con un edificio propio. Deben pagar un arriendo de 1’250.000 pesos por una casa que han adaptado a sus necesidades: una guardia, una oficina administrativa, un comedor, dos habitaciones, una cocina y un área de parqueo para los automotores. “Hemos crecido durante estos 13 años de presencia, pero hay muchas falencias y faltan muchas cosas por conseguir, por ejemplo: equipos óptimos para sofocar los incendios, la dotación adecuada en uniformes para enfrentar las emergencias, sobre todo los incendios y contar con una sede propia. Aquí en donde nos encontramos es una casa que adaptamos a las necesidades, pero no es lo más adecuado”, cuenta el comandante Mendoza.
El equipo ha buscado los recursos por su cuenta para atender las emergencias, pero reclaman que no han tenido el apoyo necesario de la división nacional y las administraciones municipales. “Necesitamos buenos convenios con entidades como Corpoguajira, por ejemplo. Hacer alianzas para lograr capacitaciones con la comunidad para que sepa qué hacer ante una emergencia”, agrega.
Una labor a la que se han unido más mujeres
En la estación de bomberos del municipio de Fonseca hay un total de cinco mujeres. Una de ellas es Luz Lenis Caballero, de 21 años, quien dice que es todo un orgullo su labor: “Ser bombera para mi tiene mucho significado, sobre todo brindarle todo el amor, respeto y cariño a la comunidad. Estar siempre dispuesta cuando la comunidad lo solicite”, cuenta Luz, quien lleva tres años en la institución.
Luz Lenis tiene una hija de 4 años y cuenta que cuando ella la ve con el uniforme le dice que también quiere ser bombera. Sin embargo, esta mujer señala que ha sido un trabajo difícil, sobre todo por el machismo que hay en el municipio: “Un día llegó un señor a la estación solicitando un servicio. Yo me presenté y me dijo que necesitaba hablar con un bombero, que yo era una mujer, una secretaria. Me sentí mal ese día, pero luego entendí que no debía prestarle atención porque conocía mis capacidades y por qué estaba allí”.
“Algunos suelen criticarnos, nos maltratan verbalmente, nos gritan que no podemos ni con la manguera, que no damos para apagar un incendio. Sobre todo lo dicen por mi aspecto físico, porque soy delgada y de baja estatura, pero hemos demostrado con mis cinco compañeras que sí podemos”, puntualiza.
Habitantes destacan el servicio
Hendris Brito Ortiz, profesor de la zona rural de Fonseca, destaca la pronta respuesta de los bomberos: “Para mí prestan un buen servicio. Es una ventaja cuando tienes quién te socorra. Yo recuerdo que antes, cuando se presentaban los incendios forestales, había que esperar y pedirle a dios que no se esparciera o esperar que quemara todo lo que encontrara a su paso. Hoy basta con una llamada y aparecen a brindarnos apoyo. Me gustaría que fueran muchos más”.
Lenio Arocha González, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Primero de Julio, expresa que los bomberos aportan un gran trabajo a la sociedad y siempre están listos al llamado. “Ellos brindan charlas a la comunidad para que sepan qué hacer en momentos en los que se registre cualquier emergencia, a los niños y niñas les gusta mucho verlos y les prestan mucha atención porque sueñan con ser bomberos. Nosotros siempre que tenemos actividades los invitamos y nunca se niegan. Ojalá aprendamos a valorar su esfuerzo y trabajo, eso les daría moral”.
¿Qué sigue para los bomberos?
Actualmente se construye una nueva sede entre los municipios de Fonseca y Distracción. Para ello se requieren recursos del gobierno departamental y la división central de bomberos, los cuales se esperan recibir entre junio y julio de este año. También se requiere más personal, más equipos y capacitación para poder lograr una sede completa y ponerla a funcionar. Los bomberos y bomberas de la villa de San Agustín esperan que se logren los recursos pronto para continuar cumpliendo con su labor y poder sortear los obstáculos que a menudo se presentan al atender las emergencias en la zona urbana y rural.
Casi todas las semanas hay un bloqueo en la vía Quibdó-Medellín, usualmente en el trayecto entre El Siete y Quibdó. En los últimos años han sido las comunidades indígenas de El Carmen de Atrato (y en ocasiones algunas de Quibdó) quienes han cerrado la vía para llamar la atención de las autoridades municipales, departamentales o nacionales. La minga pocas veces se mantiene más de dos días, pues usualmente se levanta cuando el alcalde Jaiberth Ríos o sus secretarios hacen presencia en el punto de cierre. Estos bloqueos afectan la movilidad de un departamento que solo tiene dos vías y han generado rechazo por parte de los transportadores, pasajeros y campesinos mestizos que son mayoría en El Carmen de Atrato. Sin embargo, poco se sabe sobre las razones detrás de los bloqueos.
Consonante habló con Julio César Queragama, cabildo mayor del resguardo indígena El Doce quebrada Borbollón y líder de la Mesa Indígena de El Carmen de Atrato, quien en esta entrevista explica el grave panorama de acceso de derechos a la salud y la educación para las comunidades, los incumplimientos a los acuerdos que ha hecho el gobierno nacional en materia de vías y tierra, y las posibilidades de parar los bloqueos en la medida en que haya diálogo.
¿Por qué la comunidad del resguardo La Piuria salió a protestar la semana del 20 de marzo?
Salieron a protestar por el incumplimiento de algunos acuerdos por parte del Ministerio de Transporte sobre la construcción de vías terciarias desde la carretera central hacia el resguardo La Puria. Es un compromiso que se viene debatiendo desde hace dos años. Vienen firmando acuerdos, pero hasta ahora no ha pasado nada.
¿Qué afectaciones ha traído no tener esa vía en buen estado?
El resguardo La Puria desde la vía Quibdó-Medellín está a una distancia de cuatro a cinco horas. Es un camino difícil. La afectación que genera es que, como está lloviendo mucho, hay derrumbes. A veces las quebradas están muy crecidas y ponen en riesgo a los niños, pues algunos puentes están en mal estado. La movilidad del territorio a El Carmen y a otras partes es muy difícil.
En el momento del cierre la comunidad también decía que no tienen acceso a salud. ¿Cómo acceden ustedes a los servicios de salud?
La situación en salud es crítica. Han muerto niños y mayores de edad porque toca sacarlos en bestia, si la hay. A veces mueren en el camino o llegando al hospital, o incluso allá mismo. Muchas veces mueren niños cuando los trasladan o cuando los atienden. Como algunas comunidades viven a tres, dos o una hora del casco urbano, llegan en la tarde al hospital y no los atienden. Lo que exigen es que los atiendan, no dejar citas para dentro de ocho días. Eso es lo que más les causa molestia a las comunidades indígenas.
¿Por qué mueren los niños?
Este último año, no solo en La Puria, estamos enfrentando que los jóvenes mueren por ahorcamiento, están muriendo por suicidio. Las comunidades lo están percibiendo como un maleficio… Hasta ahorita no lo han podido resolver. Por parte de instituciones y grupos de antropólogos que han llegado a la zona dicen que el suicidio se da por problemas familiares, económicos, por problemas en la zona, el desempleo, la pobreza, entonces eso está causando esa situación. Pero los indígenas, desde nuestro punto de vista, no lo entendemos de esa manera. La gente entiende que es un maleficio y se requiere acompañamiento del gobierno, de las organizaciones nacionales para esclarecer esa situación. El año pasado hubo siete muertos por ahorcamientos, más 15 intentos de suicidio, de jóvenes que se han salvado.
La situación que usted describe es muy grave, pero pareciera que para las autoridades los temas de las comunidades indígenas no son prioritarios. ¿Ustedes qué lectura tienen de por qué no les responden?
Desde años atrás venimos luchando y exigiendo nuestros derechos a través de la minga, pero no ha habido buena respuesta. Acá lo que nos falta es más acompañamiento por parte de las instituciones del orden departamental y de las organizaciones indígenas nacionales. Vemos que no hay acompañamiento, sino que están dejando que cada resguardo exija sus derechos. Para el caso de El Carmen de Atrato parece que no hay doliente. Y si por esto no se preocupan las instituciones departamentales y las organizaciones indígenas nacionales, pues la minga va cansando… para cualquier ciudadano y para nosotros también.
¿Qué es la minga y cómo funciona?
La minga se da cuando las comunidades o pueblos se convocan, analizan y de manera colectiva declaran una minga para exigir los derechos al Estado. La minga no se da sólo en las vías de hecho, sino, por ejemplo, cuando se realizan trabajos comunitarios en la comunidad, una limpieza, una instalación de una asamblea o un evento virtual. Son varias formas, pero para el caso del Estado, para exigir derechos, más bien se declaran mingas a través de vías de hecho.
Cuando la necesidad está planteada a nivel general, participamos todas las comunidades. Pero hay casos específicos en cada resguardo. En el municipio de El Carmen de Atrato hay siete resguardos indígenas y en cada resguardo hay ciertas comunidades que se aglutinan con una organización, y si el acuerdo es directamente con ellos, pues sale a minga ese resguardo. A veces coadyuvamos ahí. Pero a veces hay resguardos que tienen acuerdos con entidades y que no se han cumplido, entonces salen a la minga.
Al ser tantos resguardos que a veces protestan por su lado, la gente siente que no hay unidad sino que cada uno reclama lo suyo. ¿De qué manera se han articulado?
A pesar de que somos una organización indígena del municipio, El Carmen de Atrato cuenta con 28 comunidades indígenas en siete resguardos, que están distribuidos en cuatro organizaciones: Asorewa, Fedeorewa, Pueblo Katío y Unión Temporal. La verdad es que no hay una unidad como antes, un solo criterio, sino que cada uno busca en su organización y llegan a acuerdos. A veces entre las organizaciones no llegan a acuerdos para apoyar a todas las comunidades. En vista de esto conformamos una Mesa Municipal Indígena, a ver si podíamos organizarnos en medio de las opiniones que están divididas. Pero no siempre las organizaciones toman en cuenta la Mesa. Yo represento esta mesa, pero hace falta articulación.
La mesa municipal la conformamos hace unos tres años, y desde entonces se controlaron un poquito las protestas. Organizamos un pliego de peticiones generalizado y todo se alivió por un tiempo, pero luego no hubo buena coordinación por problemas internos, como los suicidios, temas de justicia y las organizaciones regionales empiezan a competir para recoger su gente.
La población indígena ha bloqueado en varias ocasiones la troncal. ¿Sienten que esta forma de protesta es efectiva? Porque nos dice que no hay suficientes avances
Lo cierto es que a través de la minga a duras penas hemos logrado el diálogo con las instituciones y en algunas ocasiones hemos llegado a soluciones, aunque algunos puntos están atrasados. Desde nuestro punto de vista no queda otra opción: la minga es nuestra única forma, aunque a veces no funcione. Debemos estar insistiendo.
La comunidad de El Carmen se pregunta si no hay otras formas de protesta. ¿Han utilizado otras maneras que no sean el cierre de las vías?
Los transportadores y comerciantes han manifestado esto. ¿Por qué en todo momento tiene que ser la vía? Nos dicen que afectamos a muchas personas, docentes, estudiantes, pasajeros. Nosotros entendemos eso. Nosotros hemos pensando en cambiar la estrategia por el diálogo con el ministerio y otras formas de presión. Esto lo hicimos en enero con el acompañamiento de la Mesa Departamental Indígena. A través del acompañamiento con las organizaciones, el alcalde y el personero hemos podido abrir el diálogo.
¿Por qué no se sostiene el diálogo y por qué no se cumplen los acuerdos?
Acuerdos ha habido. Hay más de cuatro acuerdos firmados en el marco de varias mingas que se han instalado en la zona, pero no hay avances porque, por ejemplo, el Ministerio de Transporte e Invías nacional han respondido que como es construcción de una vía terciaria no es cualquier recurso el que se necesita, teniendo en cuenta la situación geográfica. Al parecer los recursos no se han conseguido, no hay disponibilidad, pero dicen que están en gestiones. Con eso despachan a los indígenas, levantan el paro y cuando no hay comunicación ni información ni visitas en campo, a nivel municipal ni departamental tampoco hay competencia para responder, entonces no hay otra forma de llamar la atención. Por eso la gente toma las vías de hecho.
El alcalde Jaiberth Ríos nos dijo que hay comunidades indígenas que cambian las peticiones y acuerdos a los que se llegan. ¿A qué se deben estos cambios?
Pasó el año pasado con Invías. Ese problema se analizó y hasta ahora no he escuchado que la comunidad de El Fiera diga algo, no me han manifestado nada. El año pasado esa situación fue muy tensionante.
¿La Alcaldía los ha tenido en cuenta?
El alcalde sí nos ha acompañado para entablar comunicaciones con ministerios y mesa departamental.
¿Cuáles son los acuerdos que están más rezagados?
Hay acuerdos que están quedados, como la construcción de un colegio en la comunidad indígena de El Dieciocho y la construcción de una vía terciaria al resguardo La Puria. En el caso del resguardo El Doce Borbollón, El Fiera y el resguardo Río Playa se trata de ampliación y saneamiento del territorio. Son acuerdos que están muy lentos.
¿En cuáles sí ha habido avances?
En cuestiones regionales. Por ejemplo, se ha organizado la contratación de docentes indígenas para la primera infancia. También la creación del centro educativo en El Doce Borbollón y la construcción de aulas en el resguardo El Dieciocho. Son temas que se han venido cumpliendo. En los últimos días se llegó a un acuerdo para el fortalecimiento de la guardia indígena de la zona, que está aprobado.
¿Esperan algún día dejar de recurrir al bloqueo?
Como líderes y organizaciones soñamos con descansar de las vías de hecho. No renunciar, sino que no sea constante ni individual o por cada resguardo. Algún día esto debe estar organizado: si vamos a hacer minga, que sea departamental o municipal. Pero con las vías de hecho hemos logrado algunas necesidades, como la electrificación. Y ahora la trocha está electrificada, solo faltan cuatro comunidades. Es un avance que se logró a través de la minga. Contamos con dos colegios indígenas y dos centros educativos, y también son resultado de la minga. A través de la minga hemos logrado que instalen redes de Claro, porque nos hacía falta comunicación. Debemos seguir y más adelante trabajar de otra manera.
Si hubiera un gobierno que agilice los acuerdos, ¿tendrían la necesidad de bloquear las vías?
No habría necesidad de bloquear la vía, siempre y cuando haya voluntad y se demuestre el cumplimiento de los acuerdos.
En El Carmen hay un problema de tierras y los campesinos mestizos dicen que no hay tierra y que las exigencias que ustedes como indígenas hacen de ampliar el resguardo va en contravía con la necesidad que tienen de realizar sus proyectos productivos. ¿Cuál es el origen de este problema?
El tema de las tierras es uno de los más fuertes y el que más dificultades causa en la zona. Nosotros somos siete resguardos que antes estaban alejados de la carretera, algunos hasta a cuatro horas. Las solicitudes de tierras que hemos hecho son de hasta hace 25 años. En esa época pedimos territorios cercanos a la carretera, porque el conflicto armado era muy fuerte por la presencia de guerrilleros del Eln, las Farc, el Erg y los paramilitares. Nosotros como población indígena estábamos en confinamiento, desplazamiento y bajo amenazas. Algunas familias pensaron que una forma de proteger la vida de la población era estar a la orilla de la carretera, porque si nos quedábamos en la montaña los grupos no respetarían.
Queríamos que el gobierno comprara los predios cerca de la carretera, pero nunca hubo voluntad, la gente se cansó y finalmente decidieron venirse a la carretera, en diferentes lugares. Además, cuando los indígenas empezaron a ocupar áreas privadas, no había campesinos. Los campesinos también habían salido por temas de conflicto armado. La trocha estaba sola y pensaron que no había propietarios. También pasó que cuando los indígenas salieron a la carretera también empezaron a intervenir la carretera y fue cuando los campesinos empezaron a regresar y a reclamar, que esto era de mi papá, que esto era de mi familia. Algunos tienen razón y otros no. Ahí empiezan unos problemas de territorio.
Lo otro es que nosotros tenemos territorio, pero no todos son aptos para el cultivo. Como vivimos en la cabecera del río, aproximadamente el 50% del terreno no es cultivable, son peñas o tierras que no sirven para cultivo. Entonces lo que pretendemos es tener más tierra para buscar donde cultivar, tierras fértiles.
¿Cuál cree que es la solución?
En noviembre del año pasado nos reunimos con la Agencia Nacional de Tierras y la Unidad de Restitución de Tierras, y tuvimos la oportunidad de reunirnos con los propietarios, con los líderes de los resguardos, los afros y los presidentes de las Juntas de Acción Comunal. Cada uno expuso su situación. Ahí la ANT no dio solución, pero gracias a Dios se esclarecieron muchas dudas para todos sobre cuáles son los derechos relacionados con el territorio. Llegamos a unos acuerdos. Los propietarios están ofertando las áreas para que el Estado compre las tierras ocupadas por los indígenas. Solo los campesinos y los afro están peleando la tierra de la orilla de la carretera. Alegan que si van a constituir, ampliar o sanear territorios a los indígenas, al menos que dejen libres las carreteras y caminos, y que el Estado deje todo organizado para que haya una convivencia. Sin embargo, hay campesinos que tampoco tienen papeles, solo la posesión de algunas áreas desde hace años. Tras esa reunión, se dio un paso para ver cómo se le va a dar salida al problema. Con eso avanzamos un poco.
La planta física del hogar infantil de Tadó, centro que recibe a 135 niños desde los seis meses y hasta los cinco años de edad, está totalmente abandonada. Hay humedad, goteras, grietas en las paredes, láminas de hierro sueltas, los sanitarios y lavamanos en mal estado y la cubierta está a punto de caer.
El hogar es uno de los más importantes del municipio, con casi 50 años de servicio, y busca garantizar el acceso a la educación, el cuidado y la nutrición de los niños y niñas menores de 5 años de familias en situación de vulnerabilidad y víctimas de desplazamiento forzado. Hoy, los padres de familia y profesoras de la institución temen por la vida de los menores.
La directora de este hogar, Flor Perea García, indica que en varias ocasiones han informado al alcalde Cristian Copete, al Ministerio Público y a la gestora social Sandra Perea, sobre el deterioro de la planta física del hogar infantil y el riesgo para los niños, sin recibir una respuesta. “Le pido al alcalde que se ponga la mano en el corazón y venga y vea cómo estudian estos niños. Necesitamos que nos ayuden, nos da miedo porque está lloviendo mucho y un día vamos a tener una tragedia”, dice.
“Le pido al alcalde que se ponga la mano en el corazón y venga y vea cómo estudian estos niños. Necesitamos que nos ayuden, nos da miedo porque está lloviendo mucho y un día vamos a tener una tragedia”
Flor Perea García, directora del hogar infantil
“La planta física lleva cuatro años sin mejora, sabemos que las lluvias son constantes en nuestro departamento y eso causa que se deteriore cada vez más. Tenemos muchas goteras, grietas en las paredes, toda la planta física está en mal estado”, agrega Perea. “Esta es una institución muy grande y no se arregla con cualquier peso, pero al menos que vengan, que tengan la voluntad de actuar”, pide.
Flor Perea García puntualiza que hace unos años hubo una propuesta de demolición y construcción de un nuevo hogar, pero nunca se concretó: “Nos toca esperar directrices del operador para ver dónde nos albergamos. La idea no es suspender la atención porque sabemos que son papitos que necesitan de nuestro trabajo”.
Hay temor entre padres de familia y profesores
María Leidy Palacios Murillo es docente del hogar infantil Tadó, y cada día sufre por las condiciones en las que debe trabajar. “Tengo el salón más pequeño, que es sala cuna, y está en muy mal estado: las paredes están con grietas y en cualquier momento puede pasar algo que uno no quiere. Cuando pasan esos carros pesados siento que la pared se mueve. En verdad siento mucho miedo y temor de que a los niños les pase algo”, dice.
Palacios, junto a una auxiliar, está a cargo de 15 niños y niñas menores de un año, por lo que teme un accidente. “Si pasa algo, que Dios no lo quiera, no puedo salvar la vida de todos”, recalca.
"Tengo 15 niños menores de un año, si pasa algo, que Dios no lo quiera, no puedo salvar la vida de todos"
María Leidy Palacios Murillo, docente
Esta preocupación también la sienten los padres y madres de familia. Julissa Rivas Palacios, madre de una niña que asiste al hogar infantil Tadó, pide a las autoridades competentes una intervención urgente ante el notable deterioro de la planta. “Necesitamos que se invierta en la educación de nuestros hijos, hace mucho llevamos pidiendo mejoras, son nuestros hijos los perjudicados. Mi hija mayor estudio aquí y ahora tengo a mi hija menor, este hogar me gusta porque la enseñanza es integral y merece una inversión”, dice. Rivas invita a las autoridades “para que, en conjunto con nosotros, podamos restaurar o hacer las mejoras necesarias al hogar”, agrega.
De igual forma Leviston Mosquera, quien tiene un niño en este hogar, considera que hay ausencia de las autoridades: “Siento un poco de tristeza ya que uno observa que en las grandes ciudades se esmeran demasiado por tener un establecimiento adecuado para nuestros niños, pero lastimosamente en el municipio de Tadó no observa uno lo mismo, estamos prácticamente abandonados”.
Estefany Armijo, docente del hogar, insiste en que se debe proteger a la población infantil. “Sabemos que esta es una de las instituciones donde se forman los primeros pasos de los niños, que son los más importantes. En este momento está en unas condiciones no óptimas para prestar un buen servicio para los niños, no está en un ambiente adecuado. Aquí estamos en riesgo no solo los niños, sino también el talento humano y todas las personas que vienen a la institución”, puntualiza.
“No sabemos en qué momento caiga una lámina de hierro o una pared, porque tenemos paredes que están con grietas. Son niños pequeños y en caso tal de una emergencia sabemos que no van a salir corriendo”, reclama.
Qué dicen las autoridades
La situación también fue alertada por la veeduría ciudadana del municipio, que envió un derecho de petición el 16 de marzo a la alcaldía municipal y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
Por parte del Bienestar Familiar la respuesta fue que, como la infraestructura es propiedad del municipio, es a este quien corresponde el mejoramiento o mantenimiento de la misma. “Adelantaremos las acciones pertinentes a fin de requerir al señor alcalde para que se lleven a cabo labores de mejoramiento o mantenimiento de dicha infraestructura”, informa la institución.
La Alcaldía, por su parte, ya respondió reconociendo el problema y anunciando acciones. El 23 de marzo, el secretario de planeación Deiner Mosquera indicó que se “atenderá de manera inmediata el evidente deterioro que hay sobre todo de la cubierta, es un daño de la infraestructura. Lo que está allí se va a seguir deteriorando porque se sigue entrando el agua. Nosotros vamos hacer una intervención rápida, ya el alcalde conoció todo lo que está pasando”.
Mosquera también comentó que estaban esperando este año para un nuevo presupuesto y que el Concejo Municipal le diera la facultad al alcalde. Según contó, el proceso ya está listo y van a proceder con los arreglos del hogar.
“A más tardar en ocho días empezarían los trabajos en el hogar infantil Tadó, necesitamos mirar cómo vamos a trabajar con las mismas autoridades del hogar, vamos a estar cambiando cubiertas y no puede haber niños ni personal administrativo porque podemos incurrir en algún accidente”, dijo Mosquera.
Lo que sigue
Desde el viernes 24 de marzo los niños y niñas fueron trasladados a una casa que el operador del hogar infantil tomó en arriendo, donde pagan 850.000 pesos. Sin embargo, no se sabe las fechas de inicio de reparación del edificio ni cuando tardarán los arreglos.
Por su parte, los padres de familia esperan que se socialicen los trabajos pertinentes y se logre dar solución a las necesidades de sus hijos.
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A diario la Personería de Fonseca recibe un promedio de 20 quejas por la mala prestación de servicios públicos, el 90 por ciento de los reclamos son por el sobrecosto en tarifas de energía. Según denuncian, hay personas que enfrentan deudas de hasta 5 millones de pesos por un servicio ineficiente y con irregularidades en la facturación.
Estas quejas fueron escuchadas en el cabildo abierto, realizado el pasado 7 de marzo, en el que asistieron más de 200 personas. Entre los invitados estuvo el concejo municipal, presidido por Arnol Brito; el secretario de gobierno municipal, Heder Hugues Peñaranda; una comisión de la Superintendencia de Servicios Públicos, el convocante del cabildo Misael Arturo Velázquez Granadillo, presidentes de algunas JAC, líderes políticos, sindicalistas y miembros de la comunidad. Aunque fueron invitadas las empresas de servicios - la CRAP, la CREP, Gases de la Guajira y Air-e -, solo asistió la gerente de alumbrado público, Yajanis Pinto Rad, e Interaseo.
A través de este cabildo se buscó llamar la atención de los entes de control y de las entidades que tengan incidencia en la regulación tarifaria frente al actuar de las empresas prestadoras de servicios públicos.
Los reclamos de la gente
Kelly Liceth Mesa Brito, habitante del barrio Primero de Julio, indicó que desde septiembre Air-e le ha venido facturando altos costos en la factura. Por tres meses dejó su apartamento vacío y el cobro le llegó por 1 millón de pesos. “Vivo en un apartaestudio. Hay un contador y cuando fui a realizar el pago me doy cuenta que los supuestos cobros estimados son muy altos. Viajé en diciembre y regresé en febrero, dejé los tacos abajo y en esos tres meses me llegó un cobro por 1 millón de pesos, eso es un fraude que fácilmente lo pudieron hacer ellos porque son los únicos que tienen acceso al contador”. Kelly ha radicado dos derechos de petición ante la empresa Air-e, pero a la fecha no tiene respuesta. La empresa simplemente le dijo que tenía que pagar el servicio o le iban a cortar el servicio.
Alexander Rincones, habitante de Las Delicias, enfrenta una deuda por 4,9 millones de pesos y denuncia que hay varias inconsistencias en su barrio ya que “hasta ahora están instalando los postes y cobran por un alumbrado público que no funciona”. Alexander radicó el 2 de marzo un derecho de petición para que se ajuste el cobro.
“Obtuve mi casa hace 9 meses a través de un crédito hipotecario y una de las primeras condiciones es que los servicios básicos estén en óptimas condiciones y sin deuda alguna. El 15 de junio estuve en la empresa Air-e para manifestar que no me habían enviado factura. Me tomaban el número, la dirección y la factura nunca llegaba. En septiembre me enviaron un recibo por $ 2.930.000 y hasta hoy debo $ 4.971.000. Debo más de luz que lo que he pagado por las cuotas de mi crédito hipotecario de vivienda”, cuestiona Alexander.
Por su parte Alcides Antonio De Luque Pitre, habitante del sector Calle 10, comenta que, aunque tiene los soportes para demostrar que está al día, en la empresa le dicen que tiene una deuda y le han cortado varias veces la luz. “Me hubiera gustado que Air-e estuviera aquí, pero no está. Tengo una pelea desde agosto de 2021 y aun no tengo solución. Tengo todos mis recibos pagos y ellos dicen que tengo una deuda con ellos. El lunes me cortaron la luz y se dañaron las cosas de la nevera, quién me da solución, ya no sé qué hacer”, reclama.
Otro de los afectados es Rodrigo Vélez, propietario de una estación de servicio ubicada a la salida de Fonseca y hacía el municipio de Barrancas. Cuenta que desde el 2015 el impuesto de cobro por alumbrado público para la estación de servicio equivale a 2.5 salarios mínimos legales vigentes y eso es imposible de pagar. “Una E.D.S en un pueblo como Fonseca no dan los números y se vuelve inviable. Nos están cobrando por un servicio de alumbrado público que no tenemos, en mi caso a 300 metros a la redonda no tengo alumbrado público. Tengo una deuda por 30 millones de pesos y hay estaciones en las que el cobro de alumbrado público es hasta 10 veces el valor del cobro del servicio de energía”.
¿Qué dijo Superservicios?
Henry Díaz, asesor jurídico de la Superintendencia de Servicios Públicos, indicó que los cobros estimados solo están permitidos para un solo periodo de facturación siempre y cuando la empresa justifique la razón. El artículo 146 de la ley 142 de 1994 indica que “la falta de la falta de medición del consumo, por acción u omisión de la empresa, le hará perder el derecho a recibir el precio”. Es decir, no se puede seguir generando un cobro.
Díaz informó que la empresa podrá ser sancionada por la repetida vulneración de derechos. Y a beneficio del usuario se puede ordenar la reliquidación de la factura.
La Superservicios recuerda que ante un reporte de suspensión del servicio, se puede interponer un recurso de reposición ante la empresa y la apelación ante la Superintendencia dentro de los 5 días siguientes al recibo de esta factura. Y si en el inmueble hay personas en estado de vulnerabilidad y/o que para preservar su vida requieran de la energía, esas personas deben informarle a la empresa para que se abstengan de suspender el servicio.
Por su parte, la empresa Air-e envió un escueto mensaje, firmado por Martha Lucia Iguarán Daza, quien es la gerente territorial de La Guajira, diciendo que “por razones de orden público de conocimiento de todos no fue posible el desplazamiento del personal asignado para la representación de la compañía en el evento a desarrollarse en el municipio de Fonseca”. La empresa fue contactada por Consonante sin recibir respuesta.
Lo que sigue
El concejal Luis Manuel Campo propone que desde el Concejo municipal se haga un trabajo colectivo con la comunidad para acompañar los reclamos pertinentes y buscar los amparos legales en los casos en los que se pueda reclamar.
“La energía es un servicio público con muchas inconsistencias, nosotros hemos venido insistiendo y lo vamos a seguir en la idea de que el alcalde tiene que promover la modificación de esas concesiones y en los casos en donde haya que hacerlo también pedir la cancelación porque no están cumpliendo con unos objetivo primario que es prestar un buen servicio público a la ciudadanía. La empresa de alumbrado público es un claro ejemplo, la mayoría de las calles de Fonseca está a oscuras”, advierte Campo.
Los ciudadanos informaron que seguirán recurriendo a las entidades de control, la Personería, la Superintendencia de Servicios Públicos, el Concejo Municipal, entre otros, hasta que las empresas (en especial Air-e) atiendan sus reclamos.
San Juan del Cesar es conocida por ser tierra de compositores y de grandes cantantes, incluso de algunos acordeoneros. Todos hombres. Pero lo cierto es que, aunque no sean igualmente reconocidas, en este municipio han nacido y se han criado mujeres que han contribuido a la historia musical, literaria, política y educativa. Tres de ellas son Zebonia Orozco, primera alcaldesa de San Juan y fundadora de la Casa de la Mujer; Ana Cecilia Fuentes, maestra alfabetizadora de adultos; y Adina Ariza, escritora de cuatro libros, poeta y educadora.
Durante más de 30 años han enfocado sus labores en lograr que otras mujeres se capaciten y salgan adelante. Estas son sus historias.
María Zenobia Orozco se graduó como licenciada en Español y Literatura a sus 65 años. Su trayectoria es amplia: fundó una escuelita rural y la Casa de la Mujer, pasó a la historia como la primera alcaldesa y concejala del municipio y fue la primera dama de la alcaldía de uno de sus seis hijos.
Nació en Zambrano hace 88 años, en una familia campesina y en un caserío en el que únicamente podía estudiar hasta tercero de primaria, pero con apoyo de su padre pudo terminar el quinto grado en la cabecera municipal de San Juan del Cesar. Al volver a su pueblo, los padres y madres de familia, que estaban teniendo problemas con la profesora del pueblo, le pidieron que hiciera una escuelita, y la fundó. “Tenía 30 niños en una casita de bahareque, me pagaban un peso, sentados en unos cajoncitos de donde venía el jabón de pino y enseñando en un tablero que me hizo mi tío Bernardo”, recuerda.
Tres años después, fue nombrada como maestra en la escuela pública de Zambrano. Los sueños de Zenobia siempre estuvieron dentro del aula, aunque no pudo ser normalista por falta de recursos. Pensaba que desde la educación podría ayudar. “Mi papá cosechaba maíz, lo echaba en un caney, y al que llegaba le daba su poquito su mazorca y su mochila con maíz, con yuca. Y mi mamá al que llegaba le daba el plato de comida, es decir, veía que mis padres servían y eso fue naciendo en mí, pero para ayudar al más pobre, porque a mí me duele es la pobreza”, reflexiona.
Como era ese su objetivo, pensó siempre que no se quería casar, “pero me encontré al mejor hombre de mi vida”, dice todavía llena de amor, 61 años después del matrimonio. Y aunque para la época, los años sesenta, era raro que las mujeres de San Juan participaran en política, Zenobia se movía con los varones de ese mundo, como Enrique Brito, buscando mejoras para Zambrano. En eso estaba en 1966, cuando el gobernador del recién conformado departamento de La Guajira le pidió una terna a Enrique Brito para nombrar al alcalde de San Juan. Y aunque la primera terna no incluía su nombre, Brito agregó un renglón más sin consultarle. “Quiso Dios que para castigar bien sea al míster (Brito) o a Leo (su esposo) porque era conservador y yo sí era liberal, me escogieron”. La decisión no cayó bien entre los que esperaban el cargo, ni entre los hombres que sí tuvieron la oportunidad de profesionalizarse y que desdeñaban de la posibilidad de tener una alcaldesa mujer, maestra y que solo cursó la primaria. “Yo empuñé mi nombramiento y me quedé callada. Después me fui sola a la Alcaldía. Llegué donde Ernestico Parodi, que era el juez civil, a tomar posesión yo sola”, recuerda.
Como alcaldesa estuvo enfocada en fortalecer los procesos comunitarios. Legalizó el que hoy se conoce como el barrio Las Delicias, nombró juntas cívicas en todos los corregimientos y caseríos, antes de que existieran las Juntas de Acción Comunales en la ley, y nombró a varias mujeres en su equipo. “Anacarmen Cortés se hinchaba un revólver, se ponía un sombrero y se montaba en una mula y se traía cinco presos desde Caracolí. La respetaban como a nadie”, recuerda sobre una de las corregidoras de entonces. Aunque la Alcaldía solo duró tres meses, porque renunció cuando le pidieron negarle el apoyo a un compañero, Zenobia Orozco quedó en la historia como la primera alcaldesa de San Juan del Cesar.
30 años después, su hijo Jairo fue alcalde y, como era soltero, Zenobia fue su primera dama. Durante todos esos años había visto el sufrimiento de las mujeres. “Las mujeres sufren mucho en los hogares porque se enfrentan a los hijos. No diré que son todos los hombres, pero hay muchos irresponsables que dejan a las mujeres solas con seis y siete hijos. Quería que las mujeres nos pudiéramos educar y seguir adelante”, explica. Por eso, mientras su hijo estaba tramitando la inclusión de la zona de carretera a San Juan, antes de que fuera destituido del cargo, le pidió un pedazo. “Yo le dije que la casa donde vivía el ingeniero nos la dejara para la Casa de la Mujer”. Su sueño era ver que mujeres jóvenes y mayores se pudieran capacitar para el trabajo, de modo que no dependieran económicamente de nadie, y que si llegaran a quedar solas pudieran defenderse.
“Las mujeres sufren mucho en los hogares porque se enfrentan a los hijos. No diré que son todos los hombres, pero hay muchos irresponsables que dejan a las mujeres solas con seis y siete hijos”
Zenobia Orozco
Luz Elena Mendoza es una de esas mujeres que aprovechó las oportunidades de la Casa de la Mujer. Hace unos siete años hizo un curso de repostería que le permitió, hasta hace poco, cuando se le dañó su horno, producir dinero extra. “Me mandan a hacer tortas y me rebusco”, cuenta. Para ella, además, fue importante aprender completamente gratis y en un entorno de cuidado. “La señora Zenobia es una gran persona, sabe explicar y ayuda bastante cuando uno necesita. Recuerdo que una vez tuve una cita médica y ella me colaboró. Siempre ayuda”, dice. En la Casa, además, se han dictado cursos de modistería, manicure y pedicure, entre otros.
En el año 2000, a sus 65 años, Zenobia se hizo licenciada en Español y Literatura, a través de un programa que llegó al municipio. Ahí se acabaron las brechas personales que había cargado durante tantos años. “Y es que las mujeres tenemos las mismas actitudes de los hombres. Yo mando en una finca como manda mi marido. Está la idea de que las mujeres tenemos que estar relegadas, pero los mismos derechos nos asisten”, dice.
Hoy piensa que la sociedad sí se ha transformado, pero hace falta mucho “Después de mí ya fueron más alcaldesas, y todavía se postulan para representantes y diputadas. Nos tienen en cuenta, pero también nosotras aprendimos a reclamar”.
Cuando era una niña, Ana Cecilia Fuentes acompañó a su mamá a hacer una diligencia en Valledupar. Siempre que hacían ese recorrido usaban carros colectivos, por lo que su madre le decía al conductor que iba para el Valle, y allá la dejaban. Pero en esa ocasión, que está grabada en la memoria de Ana Cecilia, no había carritos para regresar a San Juan del Cesar, solo buses. Cada bus tenía adelante las tablillas que anunciaban su destino: Barranquilla, Valledupar, Santa Marta o Riohacha. De la mano de su madre, la niña subió a un bus. “Una señora sanjuanera que traía mercancía de Valledupar y vendía en su almacén alcanzó a ver a mi mamá por la ventanilla y le dijo ‘Ve, Mica, ¿tú pa dónde vas? Y mi mamá: pa San Juan. La señora le gritó: ¡Bájate, que ahí dice Barranquilla!”.
En ese momento, Ana Cecilia supo que su mamá no sabía leer, y que pudieron terminar perdidas en una ciudad extraña solo por no comprender qué significaban los garabatos plasmados en el bus. En la escuela, luego, también descubrió que le gustaba enseñar, y pensó: “A la primera a la que le tengo que enseñar es a mi mamá”.
Así lo hizo, pero a sus 20 años, cuando se graduó como normalista superior en la Escuela de San Juan y empezó a trabajar como maestra, se dio cuenta de que, además de enseñarle a los niños, tenía que hacerlo con las madres de familia. “Yo pensé: si las mamás saben leer, me van a ayudar con los alumnos en la casa. Y les dije que las que quisiera, que yo les enseñaba. Tenía un curso como de unas 19 mamás, sin ganarme un peso”, recuerda. “Era una satisfacción grande cuando me daba cuenta que las mamás ya aprendían a firmar su nombre o aprendían a leer su nombre”, agrega.
Su trabajo voluntario la llevó a que desde la Alcaldía le propusieran dirigir un programa de alfabetización, primero municipal, luego a nivel del sur de La Guajira y finalmente a nivel departamental.
Javier Díaz aprendió a leer de la mano de Ana Cecilia hace 25 años, cuando era un joven de 17 años que trabajaba en la albañilería de seis de la mañana a cinco de la tarde. Tenía ya un hijo, que era su principal preocupación. “Ya uno con hijos y hogar tiene un compromiso muy grande por delante”, recuerda. Por eso volver al colegio a terminar no era una opción para él. Su oportunidad para aprender a leer y a escribir vino con el programa de Ana Cecilia, a quien recuerda con cariño. “Es una excelente profesora, cariñosa, es quizás la mejor profesora que he tenido en la vida”, dice.
Fiel a su idea de que “enseñarle a leer y a escribir a una persona es como devolverle la vista a un ciego”, Ana Cecilia continúo con su labor, que incluso la llevó a ser Mujer Cafam de La Guajira en 2018, y aunque no ganó a nivel nacional, sí pudo capacitarse en liderazgo. Hoy, a sus 66 años, sigue convencida de que la fuerza de las mujeres puede cambiar el mundo. “Debemos empoderarnos, que nos llene de satisfacción el triunfo de las otras mujeres, que nos dé alegría. Yo les digo a las mujeres de San Juan que luchen, que nosotras podemos”.
“Debemos empoderarnos, que nos llene de satisfacción el triunfo de las otras mujeres, que nos dé alegría. Yo les digo a las mujeres de San Juan que luchen, que nosotras podemos”
Ana Cecilia Fuentes
Adina Ariza Cuello ha tenido por lo menos cuatro pasiones en la vida: escribir, enseñar, componer y, más recientemente, comerciar. Con el primero de sus oficios comenzó desde pequeña. En la primaria ya escribía, y a medida que fue creciendo, conoció los relatos y los versos, y siguió escribiendo. “Papá era un hombre que trabajó en el estudio y trabajo en el Liceo de Santa Marta. Él amaba la literatura y la historia, entonces desde pequeñita me hablaba de eso, y a mí me fue gustando el tema”, recuerda.
Comenzó con ese camino inquieto como maestra normalista, pero luego estudió y se graduó como licenciada en Filosofía e Historia, por eso en su trabajo como maestra de la sede primaria anexa de la Escuela Normal de San Juan del Cesar empezó a recopilar relatos sobre San Juan.
“En la escuela designaron un día a García Márquez, y yo era la que escribía, la que componía versos y relataba todo. Colaboré muchísimo con versos, con poesías, con lecturas alusivas a diferentes temas y uno va cogiéndole el gusto, y cuando viene a ver, está escribiendo y componiendo”, explica. “Eso te lleva a buscarle un título, a profundizar, a escudriñar, a leer más. Vas añadiendo datos y te resulta un texto que tú misma eres capaz de leerlo y criticarlo para corregirlo y darlo a conocer a las demás personas”, cuenta.
Mientras investigaba y enseñaba, se daba cuenta de que muchas de las cosas que aprendía no estaban recopiladas en ningún libro, sino sueltas, y ni los estudiantes ni los padres de familia podían acceder fácilmente a ellas. Así surgieron sus obras.
Aunque Adina acumuló un vasto conocimiento sobre la historia de San Juan del Cesar, aún dice con humildad que no sabe por qué los padres de familia y los alumnos creían que ella sabía mucho. “Venían a mi casa a buscar conceptos para tareas, entonces cuando ya pasaron unos años y yo ya había escrito bastante, un día dije: yo debo publicar todo esto”.
Así lanzó su primer libro “San Juan del Cesar. Pasado y presente”. En adelante, ha publicado tres libros más sobre la historia y la evolución del municipio, la Serranía del Perijá, la economía y la política de las comunidades.
Ahora, a sus 73 años, está dedicada al comercio de ropa, calzado y bolsos. “Me mantiene entretenida y feliz, ya que de ahí deriva mi sustento económico. Eso sí, a diario leo y escribo”, sentencia.
Los pueblos indígenas wiwa y kankuamo sufrieron desproporcionadamente por las acciones de los militares del batallón La Popa, quienes cometieron al menos 12 ejecuciones extrajudiciales contra miembros de estas comunidades en San Juan del Cesar y Valledupar. Las comunidades fueron estigmatizadas y sufrieron cambios en sus formas de vida, además de la desarmonización en su cultura y su territorio. Todo esto hace parte de los hallazgos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la resolución de conclusiones del Caso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por miembros de la Fuerza Pública.
Estas consideraciones fueron presentadas por la JEP a las familias y autoridades indígenas el pasado 25 de febrero en los dos municipios. En la reunión con los wiwa, las víctimas le hicieron varias peticiones al tribunal de justicia, la más importante: alejar a los militares de su territorio.
“Nombraremos las áreas para hacer acercamientos espirituales, pero nada más. No los queremos ver a ellos dentro del territorio porque, primeramente, se nos pueden despertar sentimientos de venganza y no queremos seguir promoviendo la guerra en nuestros territorios, y, segundo, tampoco sabemos de las intenciones que ellos traigan, ya que no tenemos confianza por lo que hicieron anteriormente”, explica Camilo Oñate, hermano de Luis Eduardo Oñate Nieves, un joven wiwa de 17 años de la comunidad de Potrerito, que fue asesinado por militares y presentado como paramilitar, aunque no lo era.
En la reunión con la JEP, el magistrado Óscar Parra, relator del caso, explicó a las víctimas los avances en la investigación a los responsables de las muertes de Nohemí Pacheco Zapata, una niña de 13 años en estado de embarazo que fue asesinada el 4 de febrero de 2005 en la vereda de Pontón, en Valledupar; y de los jóvenes Luis Eduardo Oñate, de Potrerito, y Carlos Mario Navarro, un joven de 17 años de la comunidad de La Peña de los Indios. Además, las víctimas y autoridades de los pueblos indígenas pudieron hacer preguntas sobre lo que sigue y plantear propuestas.
¿Por qué fue importante para las víctimas?
Los reclamos
El encuentro sirvió a las familias para hacer varios reclamos en materia de justicia y reparación. A pesar de que la JEP no repara a las víctimas, a través sus sanciones sí puede imponer trabajos con contenido reparador y restaurador, y sobre ellos las víctimas pudieron manifestarse.
Camilo Oñate, sin embargo, señala que al único militar que quieren dentro del territorio es al soldado que asesinó a su hermano. “Con el ejecutor del gatillo queremos hacer un trabajo espiritual bien fuerte, él mismo narra en su historia una versión que nos indica que tenemos que trabajar espiritualmente con él, en un acercamiento de perdón, pero con él nada más”, afirma.
Lo que sigue
La JEP no respondió todas las preguntas de las víctimas. Por el contrario, esta justicia se comprometió a generar más espacios en los que pudieran responder a las peticiones de las víctimas, con base en sus posibilidades como institución.
Ahora, este caso deberá pasar a manos de la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, que es el encargado de condenar y sancionar a los militares. En entrevista con Consonante, el magistrado que preside esta Sección, Camilo Suárez, afirmó que realizarán audiencias en La Guajira para determinar las sanciones para los responsables de este y otros delitos que son competencia de la JEP.
En Colombia la población afrocolombiana tiene titulada, de manera colectiva, poco más de seis millones de hectáreas de tierra. De ese total, solo el 0,08 por ciento está ubicado en el Caribe, es decir, unas seis mil hectáreas, pertenecientes a 22 comunidades. La razón detrás de esta baja titulación no tiene que ver con falta de solicitudes. De hecho, para octubre de 2021 había 164 comunidades que solicitaban los títulos , pero que cada año han visto cómo sus peticiones se mantienen estancadas. Las razones tienen que ver con las acciones institucionales. El informe Desafiando alambradas: análisis de las barreras que impiden el acceso a los derechos territoriales de las comunidades negras en la región Caribe, de la organización Ilex - Acción Jurídica, muestra cómo durante al menos cuatro años la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ha destinado un dinero para titular las tierras de las comunidad afro del Caribe y cómo este presupuesto no se ha ejecutado en su totalidad, de hecho, el año analizado en el que más se gastó (2021), llegó solo al 51 por ciento.
Esto se suma al poco acompañamiento a las comunidades, la falta de información disponible y el desorden administrativo que se generó cuando el Incoder, antes a cargo del tema, se acabó. María Fernanda Angulo Amórtegui, abogada de la línea de Derechos Territoriales y Justicia Ambiental e investigadora del informe, explica el problema y llama a la Agencia a avanzar en la titulación.
Consonante: ¿Cuál es el panorama de la titulación de tierras a comunidades afro en el Caribe?
María Angulo: Dentro de los temas jurídicos en el Caribe hay varios elementos de preocupación. Primero el número de solicitudes es muy grande, sin embargo, los avances año a año son muy pocos, es decir, seguimos viendo que la titulación se sigue dando en otras zonas del país, y en el Caribe siguen saliendo pocos casos. Esto pasa por varias razones, la primera es que la titulación colectiva en el Caribe tiene que tener una visión distinta a la del Pacífico, porque los casos son en diferentes términos de lo que los abogados llamamos, la naturaleza jurídica de la tierra. Podemos decir que hay ausencia de progresividad en la titulación y un aumento en las aspiraciones. Hablemos de cifras: en este momento más del 98 por ciento de la titulación colectiva afro está en el Pacífico. De casi seis millones de hectáreas, apenas 6 090 están en el Caribe y no es porque no se hayan hecho las solicitudes.
C: ¿Desde cuándo viene el problema?
M.A.: Después del 2008 empezaron a llegar las solicitudes de titulación al Incoder, que alcanzó a recibir algunas, y a partir del 2010 más y más, pero cuando empezó la Agencia (2015), recibió este mundo de titulaciones en las que no se había avanzado. Son casos en los que nunca se inició un trámite, no se hicieron las visitas ni tienen expedientes conformados. Al pasar del Incoder a la ANT se perdieron documentos, hay comunidades que van a buscar y les dicen: sus documentos no aparecen acá. Muchas comunidades llevan cinco, siete u ocho años esperando siquiera que se inicie el proceso de titulación, que se les emita un acto administrativo de inicio en el que se diga que se va a llevar a cabo la revisión del procedimiento de titulación colectiva. Incluso tenemos dos años, de los últimos diez, en los que nunca se decidió una solicitud, y el universo de solicitudes al 2021 era de 164. Si se deciden uno o dos casos al año, la pregunta es ¿cuánto tiempo nos va a tomar resolver esas solicitudes? De frente a esto se establecieron planes de choque, pero los resultados los seguimos esperando. Las solicitudes del Caribe son más del 40% del total nacional, y no hay un enfoque específico para resolver el problema.
C: ¿Cuáles son las causas de la poca titulación de tierras a los afro del Caribe?
M.A.: El Caribe tiene unas particularidades. Acá debemos salir de la idea de que para adjudicar la tierra tienen que ser baldíos adjudicables en los que estén las comunidades, porque en el Caribe hay pocos de estos. Hay baldíos inadjudicables y tierras privadas. En el Cesar hay comunidades que están sobre sectores que se consideran sabanas y playones, y no se ha resuelto cómo se va a titular esa zona o formalizar los derechos de la comunidad, porque el lugar al día de hoy es un baldío inadjudicable. También pasa que hay comunidades que tienen muy poca tierra, y en la normatividad existen los mecanismos para comprar tierra para comunidades negras. Esos recursos que existen hay que direccionarlos y ejecutarlos. Por otro lado, hay una tensión en los territorios por los proyectos económicos endógenos (al interior de las comunidades) y el conflicto armado interno. Las comunidades tienen una realidad que les exige poner todo su tiempo y esfuerzo en cuidar la vida, afrontar situaciones del conflicto armado, defenderse en contra de la minería, de proyectos portuarios, hoteleros o de hidrocarburos. Esas situaciones los ponen en vulnerabilidad adicional que necesita ser atendida por la institucionalidad.
C: La Guajira es el segundo departamento con más titulaciones, pero también el que tiene más solicitudes pendientes y el segundo con más rezagadas. ¿Qué pasa en el departamento?
M.A.: Desde las cifras, La Guajira es el segundo departamento con más casos de titulación (siete), detrás de Bolívar. Pero tiene una cantidad de comunidades que están todavía en el proceso de consolidarse como consejo comunitario y que tiene expectativas de titulación. Los datos que nos ha entregado la ANT y otras bases de datos, es que en La Guajira tenemos la mayor cantidad de solicitudes en rezago, eso quiere decir que las solicitudes del departamento no las recibió la ANT, sino el Incoder, entonces la Agencia tuvo que asumir la responsabilidad. Pero, además de recibir en rezago, ahora bajo un ejercicio de revisión de requisitos entonces empieza un carteo y es que “a usted le falta este documento”, “necesitamos que allegue este documento”, “necesitamos concretar la solicitud para iniciar el trámite hay casos”.
Por ejemplo, en el Consejo Comunitario Geovanny Vega, de San Juan del Cesar, son reconocidos como comunidad negra, son víctimas del conflicto y tienen un proceso que implica la compra de un predio que consiguieron y que estaba apto. Llevan más de cinco años esperando que la Agencia compre el predio. E incluso una persona de la comunidad decidió ceder un predio para toda la comunidad, pero pasan dos o tres años y no resuelve nada.
C: En el informe ustedes afirman que hay un problema de ejecución ineficiente de recursos. ¿A qué se refieren?
M.A.: Revisamos que existe un recurso estatal destinado a la titulación colectiva, un recurso que más o menos hace unos siete años tiene el mismo valor, el mismo número, para desarrollar estas titulaciones. Pero después de revisar lo que se ejecutó entre 2016 y 2020, fue muy bajo. Si este recurso no se invirtió en la titulación, volvió a una bolsa común y se invirtió en otras actividades. Vimos lo mismo con los recursos que se asignan para compra de tierras de comunidades étnicas. No es que no tuviéramos recursos, no vemos que esa sea la necesidad, a menos que se ocupen efectivamente del rezago. El problema es que los recursos no se ejecutan. Hacemos un llamado, con base en las cifras, a que se ejecuten correctamente los recursos. No nos puede pasar que tengamos ejecuciones menores al 40% de recursos ejecutados a titulaciones colectivas, y son años anteriores al Covid-19.
C: Ustedes también señalan que hay un problema con la información. ¿Qué pasa?
M.A.: Hemos observado que los datos cambian, pero no en el sentido en que avanza la titulación y empiezan a bajar las cifras de solicitudes y se van materializando derechos. En el 2021 se nos dijo que había 164 solicitudes en el Caribe, y para el año siguiente nos dijeron: hay menos, hay 87 casos. Pero solo se titularon tres casos. La diferencia de solicitudes entre un año y otro es que cambiaron la tipología de lo que antes llamaban solicitudes y ahora llaman peticiones, porque no cumplen con todos los requisitos de la solicitud de titulación, y hasta tanto no los cumplan, no los van a meter en la base de datos de solicitudes. Nosotros no compartimos la idea de las peticiones, porque no existe en la ley, pero lo que también decimos es que esas comunidades que no tienen los requisitos completos necesitan mayor acompañamiento. Nuestra preocupación incluye el manejo de datos, pero también cuáles son los casos que van avanzando, qué ha permitido el avances y qué es lo que no está dejando avanzar.
C: ¿Qué se necesita para resolver el problema en el Caribe?
M.A.: Para superar el rezago debe haber un compromiso de la ANT, pero en nuestro concepto también se necesita apoyo de la sociedad civil, del Ministerio del Interior y, en algunos casos, de la Unidad de Restitución de Tierras. Debe verificarse la atención por parte de la institucionalidad y el acompañamiento a las organizaciones, que están en un ejercicio de construir una estructura regional y necesitan ayuda para consolidar las acciones de reivindicación y los temas articulados a la tierra. Creemos que se debe poner en marcha una estrategia administrativa e institucional para descongestionar las solicitudes, y no las podemos poner en categorías. Debe haber indicadores y metas serias, no solo decir que hay un plan de acción y que se van a resolver 10 casos por año, cuando tenemos 300 solicitudes. Hay que incrementar la meta de titulación colectiva para superar el rezago. Y la ejecución de recursos. Si hay una plata asignada, hay que garantizar que si nos dan 100, ejecutemos 100. Si no, no hay lógica para pedir más recursos. También creemos que la compra y dotación de tierras es súper importante. Hay que comprar la tierra en las formas que la gente la necesita para armar su proyecto colectivo.
Una comisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) estuvo la semana pasada en el municipio de Fonseca (La Guajira). Durante su estancia, cuatro magistrados del Tribunal para la Paz, junto a funcionarios de la Misión de Verificación de la ONU, visitaron el antiguo espacio de reincorporación de Pondores, se reunieron con el alcalde Hamilton García y con víctimas del delito de secuestro, cometido por miembros de las antiguas Farc. El objetivo era verificar las condiciones en materia de seguridad, avances de la reincorporación, integración de los firmantes de paz con la comunidad, expectativas de las víctimas y disposición de las autoridades locales para apoyar las decisiones de la jurisdicción.
El balance de la visita, según el presidente de la Sección de Reconocimiento del Tribunal para la Paz, Camilo Suárez, es positivo. “Pudimos dialogar tanto las autoridades administrativas a nivel departamental y municipal como con los comparecientes, las víctimas y algunas comunidades, y encontramos en todos un reconocimiento a la labor que viene adelantando la JEP y una total disposición y compromiso de contribuir a estos procesos de implementación del Acuerdo de Paz, pero, fundamentalmente, cumplir con las decisiones que en su momento imponga el tribunal para la paz”, afirma el magistrado.
La Sección de Reconocimiento de Verdad es la encargada de dictar sentencia en el macrocaso 01 de la JEP, sobre retenciones ilegales cometidas por miembros de las antiguas Farc. En este caso, conocido como el de secuestro, una sala de la JEP imputó al antiguo secretariado de la guerrilla por crímenes de guerra y de lesa humanidad como toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y homicidios. En noviembre de 2022 el caso llegó al Tribunal para la Paz, que tiene la tarea de imponer la sentencia contra los responsables de estos delitos y determinar cómo deben reparar a las víctimas.
Precisamente para eso la JEP visitó Fonseca y ha llegado a otros espacios de reincorporación y municipios a lo largo y ancho del país. “Este es un modelo de justicia que no espera poner una sanción que de pronto no termina siendo realizable por temas presupuestales, de carácter burocrático o administrativo, que pueda afectar a las víctimas o la comunidad”, explica el magistrado Suárez.
Sin embargo, esta visita generó preguntas al interior del espacio de Pondores. Tanto así que los excombatientes entregaron una carta a la magistratura con sus dudas alrededor de los llamados “Toar” y las sanciones que les impondrá la justicia a los máximos responsables, siempre que hayan aportado verdad. Esto es lo que sabemos y lo que no sobre las sanciones de la JEP.
Lo que sabemos
“Toar” es la sigla que se refiere a los Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador y Reparador. Estos trabajos son los que deberán realizar las personas que sean halladas culpables y condenadas por la JEP, siempre que hayan aportado verdad plena ante esta justicia sobre los hechos que cometieron en la guerra. Otras personas sometidas a la JEP pueden hacer Toar de forma voluntaria, sin que hayan sido condenadas.
Las personas que estén sometidas a la JEP. Es decir, excombatientes de las Farc, integrantes o exintegrantes de la Fuerza Pública que cometieron delitos en el conflicto, agentes del Estado o civiles que participaron en hechos del conflicto.
La JEP es una justicia transicional, eso quiere decir que, más que castigar con cárcel, busca que las sanciones contra los responsables del conflicto puedan reparar los daños que causaron a las víctimas. Por eso los Toar deben ser restauradores y reparadores. Por ejemplo, el antiguo secretariado de las Farc propuso un proyecto para buscar a las personas desaparecidas, que consiste en recorrer con excombatientes las zonas de los antiguos bloques y hacer una cartografía nacional y regional sobre los sitios en los que posiblemente estén enterradas estas personas.
La decisión final sobre cuáles son los Toar que se deberán cumplir la tiene el Tribunal para la Paz de la JEP. Sin embargo, para determinarlo, los magistrados deben propiciar espacios en los que los que las víctimas puedan decir claramente qué necesitan y cómo se sentirían reparadas. También, los responsables pueden proponer proyectos de Toar y los magistrados, junto a las víctimas, deberán evaluar qué tan convenientes, realizables y reparadores son. En conclusión, para definir un Toar debe haber diálogo entre las víctimas, los responsables y las instituciones.
El panorama en Fonseca es complejo. La JEP se encontró con personas que no tienen el reconocimiento legal como víctimas porque no pudieron o no quisieron hacer el proceso, pero que ahora quieren participar de las decisiones de la justicia transicional. Para estas personas, la JEP empezó el proceso para acreditarlas como víctimas dentro del caso de secuestro. Además, el magistrado Suárez, explica que hay expectativas, sobre todo, para lograr la no repetición del conflicto.
La abogada Katy Sofía Nieto, quien acompaña a los firmantes desde el convenio OEI-JEP, explica que el trabajo en el espacio se ha desarrollado en “recuperación de vías a los corregimientos aledaños a Fonseca, también varias jornadas de reconciliación, reconocimiento de daños causados, y estamos adelantando actividades de memoria histórica. Pero, sobre todo, el trabajo ha sido de reincorporación comunitaria. En estos momentos están desarrollando unas actividades en concreto con las comunidades de Cañaverales y La Laguna”. Estas actividades las están documentando para presentarlas a la Sala Ejecutiva de la JEP para que sean certificadas como Toar.
Además de esto, Luz Marina Velásquez, firmante del acuerdo y líder en el antiguo espacio de reincorporación de Pondores, explica que, tienen varias propuestas, como la construcción del acueducto que beneficia a Conejo y un proyecto de energía fotovoltáica. “Esto impactaría a la comunidad, tendría contenido restaurador y reparador”, afirma.
Lo que no sabemos
Hasta ahora, la JEP ha establecido que los toar deben “contribuir a la reconstrucción de los lazos sociales de las comunidades y colectivos que fueron afectados por distintos actores o a una transformación de la sociedad que permita la superación del conflicto armado interno, por medio de la búsqueda de la igualdad material, el cumplimiento integral del Acuerdo Final de Paz y la realización de la cláusula social del Estado Social de Derecho”.
Sin embargo, esto no es sencillo de traducir a acciones puntuales. Por eso la JEP tiene la tarea de escuchar a las partes, concertar cuáles Toar podrían efectivamente ayudar a reparar los daños y luego tomar una decisión.
También está en tensión la valoración de la gravedad de los hechos. Para el profesor Andrés Tafur, director del Centro de Estudios Regionales de la Universidad del Tolima, es un riesgo que, por buscar la reconciliación no se les dé la dimensión adecuada a los hechos. “Aquí estamos hablando de crímenes graves. El asunto es cómo hacemos para resarcir el daño. No es abracémonos, esto tiene que apuntar a la restauración de los daños del conflicto, pero no es dejando de reconocer la gravedad en términos de responsabilidad algunos hechos prácticos”, dijo durante un panel de la Universidad Nacional.
La profesora de la Universidad del Rosario, Catalina Peralta, señaló también que la falta de criterios claros sobre las sanciones propias y los toar “generan unas incertidumbres enormes en los comparecientes”, sin embargo, sus ideas o proyectos “parecen responder de manera inmediata a las expectativas de las víctimas porque ellas sienten de alguna manera que hay un mejoramiento inmediato de sus condiciones materiales: arreglos de infraestructura, de alcantarillados, de acueductos municipales”. Pero no está claro si esto va a coincidir con las exigencias de la institución.
El magistrado Camilo Suárez explica que hay un presupuesto definido por la Ley Estaturaria de la JEP. “Las autoridades y los ministerios deben apropiar un rubro presupuestal un presupuesto para la imposición de sanciones. Lo que nosotros conocemos es que se ha incorporado en el Plan Nacional de Desarrollo un artículo donde se garantiza el presupuesto para el sostenimiento e implementación, ejecución, cumplimiento y sostenibilidad de las sanciones propias y del sistema restaurativo”, explica.
Para lograrlo, el Congreso debe aprobar una ley que permita a las instituciones apropiarse de los recursos. Otra posibilidad es la cooperación internacional y los recursos Pdet.
Este es uno de los puntos que más preocupa a los firmantes de paz. En la carta entregada a la JEP, afirman que les preocupa que se reviva “la figura de cárceles a cielo abierto o convertir a las AETCR en pabellones de reclusión. También hemos escuchado hablar de un dispositivo electrónico de geolocalización satelital como imposición a los eventualmente sancionados, lo que vendría a representar una restricción excesiva de locomoción y otras libertades, generando una obstaculización al proceso de reincorporación en su integralidad, porque nos lleva a una limitación amplia desde todos los aspectos, en lo político, social y económico”. Asimismo, los excombatientes se preguntan si cumplir con un toar es incompatible con participar políticamente.
Cómo se van a restringir esas libertades y cuáles tampoco está claro. “Cada caso se estudia de manera muy particular lo que establece nuestra normatividad. Lo que nos impuso la Corte Constitucional es que la compatibilidad o incompatibilidad (de la participación política) con el cumplimiento de la sanción debe analizarlo el Tribunal”, dice el magistrado.
Muchos excombatientes se establecieron en espacios de reincorporación en lugares en los que no operaron. También hay militares o exmilitares que residen en sitios distintos a las regiones en las que cometieron crímenes, o están en guarniciones militares. Por esto surge la pregunta de dónde van a cumplir las sanciones y a cuáles víctimas van a reparar, si deberán moverse o no. De igual forma, aún no está definido cómo se descontará el tiempo de las sanciones, si será por horas, jornadas o en tiempo calendario. La Jurisdicción debe definir esto claramente en la sentencia que emita.
Lo que sigue
La JEP continuará visitando espacios de reincorporación para verificar las condiciones que hay de cara a las sanciones del caso de secuestro. En Fonseca, además, planean hacer una audiencia para escuchar a las víctimas, que para entonces deberán estar acreditadas, y a los firmantes. En seis meses la Sección de Reconocimiento deberá emitir su primera sentencia.
La Minera El Roble —Miner S.A.— cumplió el pasado 23 de enero un año extrayendo cobre, oro y plata de las montañas de El Carmen de Atrato (Chocó) sin un contrato de explotación. Esta empresa, que es la única que extrae cobre en Colombia, solicitó la renovación del contrato desde el 28 de diciembre de 2021, hasta ahora la Agencia Nacional de Minería (ANM) no ha respondido. Viviana González, subdirectora del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra, afirma que este caso evidencia la laxitud de la normatividad colombiana a favor de las empresas extractivas. Según la abogada, que acompaña a la Mesa Social y Ambiental de El Carmen de Atrato, la operación de la empresa ha estado plagada de irregularidades que han pasado de largo ante la poca vigilancia por parte de las diferentes instituciones del Estado, desde la ANM hasta la Corporación de Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), la autoridad ambiental del departamento.
González advierte que la minera tiene saldos rojos en materia de obligaciones ambientales y hace un llamado a la ANM a hacer público el proceso de renovación del título minero.
Consonante: El 23 de enero la Minera El Roble cumplió un año operando con un título de concesión vencido. ¿Qué consecuencias tiene esto?
Viviana González: Nosotros vemos eso como una gran falencia de la normatividad minera a favor de las empresas extractivas, porque la ley contempla que el titular minero puede seguir operando después de hacer la solicitud de la renovación del contrato. Lo puede hacer incluso una vez esté vencido el título minero, mientras la ANM resuelve su solicitud. Eso nos parece un tanto perverso porque extiende la vida de un contrato de manera indeterminada mientras la ANM responde. Y vemos que la Agencia no tiene las capacidades técnicas suficientes para dar respuesta a todos los contratos que se manejan en el país.
En este caso, lo preocupante es que la empresa no ha cumplido con las obligaciones económicas que se derivan del contrato de concesión: tanto con el pago de las regalías como con el correspondiente al de participación nacional. La ANM incluso tenía demandada a la empresa ante el tribunal contencioso administrativo por estos incumplimientos. Es decir, es problemático que la normativa permita extender la vida de un contrato con una empresa que ha venido incumpliendo sus obligaciones, y que tiene un litigio abierto con el Estado. Es irregular que se dé esta prórroga a un titular minero que tenga este nivel de incumplimiento.
C: ¿Qué podría pasar con el proceso que tiene abierto?
V.G.: Tenemos entendido que se firmó un acuerdo de pago entre Minera El Roble y la Agencia Nacional de Minería para acordar un periodo en el que la empresa va a cumplir con los pagos que debe desde el 2014, una deuda que ya casi cumple diez años. Pero igual la empresa está a la espera de que un tribunal de arbitramento en la justicia privada resuelva si en verdad la empresa debe o no las obligaciones. La empresa afirma que es una mala interpretación de la Agencia, y que no tiene una deuda según el contrato. Entonces puede incluso pasar que la empresa pague y que luego el Estado esté obligado a devolver esos montos.
C: Además de la falta del título, no hay claridad sobre los pagos de la deuda de regalías y participación nacional. ¿Quién debería dar estas explicaciones?
V.G.: La Agencia. Nosotros consideramos que estos son temas de interés general, que deben ser abiertos al conocimiento de la sociedad civil. Sin embargo, (los acuerdos) están operando con reservas de ley, como un asunto que debe ser tratado únicamente entre el titular minero y el gobierno como firmante del contrato. Nosotros consideramos que tanto los detalles del acuerdo como el nivel de cumplimiento de ese pacto debería ser de público conocimiento, porque se está dando una laxitud excesiva a la normatividad minera con esta extensión irregular del contrato.
C: El Carmen de Atrato es un municipio de sexta categoría que recibe pocos recursos del gobierno nacional. ¿Se podría beneficiar el municipio con los pagos de la minera?
V.G.: El dinero se distribuye de acuerdo con el Sistema General de Regalías. En ese sistema no toda la plata llega al lugar de la explotación, sino a un fondo común al que diferentes municipios fuera de los lugares de explotación pueden aplicar. Nosotros consideramos que las alcaldías han sido un tanto negligentes al no presentar proyectos para poder acceder a estos recursos. Son los municipios en cabeza de las autoridades territoriales los que deben presentar estos proyectos que podrían de alguna manera atender diferentes problemáticas locales, porque podrían usar estos dineros para suplir necesidades básicas insatisfechas relacionadas con la salud, la educación, entre otros. Al municipio le corresponderían casi 8.000 millones de pesos, pero tiene que presentar proyectos para acceder a estos recursos. Es deber de las autoridades locales ponerse en esa tarea.
C: Recientemente hemos tenido noticias sobre procesos de exploración de Miner en otras áreas del municipio, y sabemos también que la Minera El Roble tiene licencias de exploración vigentes. ¿Qué saben sobre estos procesos?
V.G.: Sí hay un ánimo de expansión del proyecto El Roble, tanto con contratos que ya existen como con nuevas solicitudes. La empresa está haciendo actividades de exploración en diferentes partes del municipio y de la región, y para eso no se requiere una licencia ambiental. Esto también es una falla de la normatividad ambiental.
La Corte Constitucional ha dado unas reglas claras sobre deberes de concertación entre el Gobierno central y las autoridades territoriales sobre estos proyectos extractivos, y también unos derechos a la participación efectiva por parte de los habitantes de estos lugares donde se piensan o se contemplan explotaciones, y vemos que nada de esto ha pasado. Todos los trámites se están dando muy en las oficinas de la agencia y no ha habido mucha difusión en el pueblo del alcance de esta expansión: ¿hasta donde se quiere llevar? Si esa expansión se llega a dar, ¿cómo contempla la empresa manejarlo ambientalmente?
C: ¿Por qué se tiene que evaluar ese crecimiento?
V.G.: La empresa se ha expandido desde 2014, cuando fue comprada por la canadiense Atico Mining. Desde entonces han aumentado los volúmenes de extracción y con eso también los impactos, sobre todo en el manejo de las presas de cola. El municipio no cuenta con más área. De hecho, todo esto se está concentrando en las orillas en la ronda hídrica del río Atrato. Consideramos que esto es una irregularidad ambiental y está sucediendo así de facto sin que la autoridad ponga un “tate quieto”. Creemos que este proceso de expansión tiene que cumplir con esas reglas de concertación y de participación.
C: El movimiento ambiental de El Carmen de Atrato, con Siembra, hizo una audiencia pública ambiental en 2020. ¿Qué se ha cumplido y qué hace falta?
V.G: Como resultados de esa audiencia se conformó un comité de seguimiento tripartito, conformado por la empresa, la autoridad ambiental y la sociedad civil representada en un sinnúmero de organizaciones. Como parte de los compromisos adicionales se acordó hacer una segunda audiencia para darle continuidad por lo limitante que fue la primera, y se definió hacer una constatación in situ de ciertas obligaciones ambientales, es decir, unas visitas técnicas que tenían que ser acompañadas por Codechocó como autoridad ambiental encargada del seguimiento. Sin embargo, Codechocó no hizo presencia. Se hicieron estas visitas simplemente entre la sociedad civil y la empresa y quedaron muchas preguntas abiertas para la autoridad ambiental.
También se instauraron unas mesas técnicas temáticas por conjunto de obligaciones, para el tema de la deforestación, y para abordar las preocupaciones ciudadanas o hacer seguimiento a los compromisos que la empresa en diálogos bilaterales todo el tiempo asume. Al final del año pasado se tuvo la primera sesión, pero, nuevamente, la autoridad ambiental no ha sido rigurosa en su convocatoria permanente y periódica para abordar todos estas deficiencias ambientales.
C: Hace dos años Siembra afirmó que el cumplimiento de la obligación ambiental de la Minera El Roble de reforestar es “deplorable”. ¿Siguen considerándolo así?
V.G.: Sí, consideramos que hay un atraso muy grande en el cumplimiento de las obligaciones. La empresa dice que ellos tienen toda la voluntad, pero el problema es que no hay predios que reforestar y que han sido los dueños de los predios los que no quieren que se reforeste en sus predios porque tienen otra vocación productiva. La mirada de la Mesa Social y Ambiental de El Carmen de Atrato es que hay que involucrar a la ciudadanía dentro de los procesos de reforestación, porque ¿qué pasa si estos procesos se limitan a siembra de plántulas, pero no hay nadie que cuide de estas? Fácilmente pueden morir.Es importante abrir este diálogo con la ciudadanía para saber en cuáles predios es más importante y estratégico reforestar, definir unos incentivos (para los dueños de predios y cuidadores) para que se involucre a la gente.
Hay varias quebradas y zonas de uso público en las que no hay excusas para que la empresa no haya reforestado. La situación de la quebrada El Roble es deplorable. La quebrada La Calera también, y son lugares donde la empresa usa bastantes recursos naturales para la explotación. Incluso en todas las zonas pegadas a la carretera, donde hay derrumbes permanentes que se dan justamente por la erosión, y la reforestación puede ser una medida también para evitar estos impactos sociales que ponen en riesgo la vida de los habitantes. Claramente se puede hacer muchísimo.
C: La vía de acceso al municipio es una vía que está completamente rota. Miner la utiliza y la gente dice que deberían pavimentarla, pero entendemos que no están obligados a hacerlo. ¿De quién es la responsabilidad en este caso?
V.G.: Creemos que lo tendría que hacer Miner. El problema es que la autoridad ambiental se quedó muy corta al definir sus obligaciones. Codechocó solo obligó a la empresa a ocuparse del mantenimiento de una vía específica, que es la que va del municipio a la mina. Y la empresa ni siquiera cumple con esta obligación, porque tiene riesgo permanente de derrumbe. Además, para llegar hasta ahí la maquinaria pesada de la empresa tiene que pasar por la vía de acceso al pueblo, que va del corregimiento El Siete hasta el casco urbano de El Carmen.
La mina está operando con un régimen de ambiental previo a la Ley 99, que es de hace 30 años. Está funcionando con un esquema antiguo que no contempla de manera general y acumulada los impactos ambientales. La empresa debería pavimentar la vía por el tráfico excesivo de maquinaria pesada. Sin embargo, no está establecido explícitamente, así que la empresa se limita a hacer lo mínimo. Hay una clara persistencia del incumplimiento de esa obligación.
C: ¿Cómo evalúan el papel de Codechocó como guardián de las obligaciones ambientales de Miner?
V.G.: Ha sido bastante limitado. La empresa funciona amparada en un régimen de transición con un esquema que no cumple con los estándares del licenciamiento ambiental que en el país operan desde 1993, entonces partiendo de esta habilitación jurídica, Codechocó ha sido muy tímido, por decir lo menos, en la exigencia al cumplimiento de obligaciones. Y aún así, frente a las obligaciones que son muy limitadas, ha hecho un seguimiento también muy pobre. No hay una correspondencia entre los informes técnicos de las visitas que hace Codechocó a la mina en los que alerta de ciertos incumplimientos, y la falta de apertura de procesos sancionatorios. No investiga o no pone multas para exigir el cumplimiento de las normas. Hay una pasividad muy grande en ese seguimiento ambiental.
C: Si eventualmente se firma un nuevo contrato, en este aplicaría la normatividad vigente, que además de la licencia ambiental, exige un plan de gestión social. ¿Qué podría incluir ese plan?
V.G.: Para hacer ese plan tendrían que generarse espacios abiertos con los habitantes del municipio para evaluar cuáles son sus necesidades. En nuestro criterio, uno de los principales impactos de la actividad de la empresa es la afectación al sector agropecuario, el abandono de este sector productivo. Es claro que si la empresa tuviera que salir, no hay un plan de choque social. La salida de la empresa sería catastrófica para el municipio, porque la dinámica socioeconómica depende de la minera. La mina, de manera responsable, tendría que estimular otros sectores complementarios y elaborar planes de cierre para ponerlos en marcha cuanto antes.
C: El cobre será fundamental en la transición energética. ¿Qué esperan que debería suceder con esta nueva licencia de explotación en caso de que sea aprobada?
V.G.: El alcance del proyecto tiene que ser acordado con la autoridad local, la autoridad minera nacional y la gente del municipio. No puede seguir expandiéndose de manera irregular a explotar todos los yacimientos al máximo si la infraestructura y las condiciones geográficas y sociales del lugar no lo permiten, y si eso va es en detrimento de los habitantes y las autoridades locales.
También tienen que acordarse las condiciones bajo las que debe ejecutarse, tanto ambientalmente como en el cumplimiento de obligaciones. Hay un debate sobre el alcance de estos pagos de regalías o de participación nacional por la explotación, y esto también tiene que quedar muy claro. Debe haber mucha más transparencia con el Estado de los volúmenes reales que se están extrayendo, y de lo que se está extrayendo para establecer las contraprestaciones que da la empresa por esa explotación.
Confiamos en que este gobierno sea un poco más respetuoso, pero en todo caso nos preocupan las declaraciones que se hicieron desde el Ministerio de Minas sobre lo estratégico del cobre para la transición energética, siendo este el único proyecto de cobre en funcionamiento en el país. Creemos que no se puede dar tampoco a cualquier costa la explotación de recursos que se consideran estratégicos. Se tienen que abordar las problemáticas que en 30 años de operación ha generado este proyecto.
Hace casi cuatro años, en octubre de 2019, las mujeres de Tadó (Chocó) estaban a la expectativa: la Alcaldía del municipio la ganó el candidato que durante su campaña dijo en varias ocasiones que “se la jugaba toda” por ellas. Unos meses después, ya en 2020, con el alcalde Cristian Copete posesionado, se empezaba a hablar de la primera gran obra en pro de las 9.000 mujeres tadoseñas: una casa para que ellas pudieran capacitarse, encontrarse y emplearse.
Sin embargo, esa esperanza inicial se ha visto diluida con el paso de los años. A punto de terminar el mandato, la famosa casa de la mujer todavía no ha sido inaugurada y, más allá de este proyecto, las mujeres han visto que muy poco se ha hecho para ellas durante esta administración.
Las expectativas de las tadoseñas eran altas. Durante la construcción del Plan de Desarrollo del alcalde Copete, las mujeres que viven en áreas rurales tanto como en zonas urbanas pidieron que el trabajo se concentrara en mejorar sus condiciones de vida, primero, desde la generación de empleo, la capacitación para el trabajo y el apoyo para formalizar y fortalecer los emprendimientos existentes.
En Tadó las fuentes de empleo formal se limitan a las empresas estatales, la administración municipal y los colegios. Pero la mayoría de las aproximadamente 9 000 mujeres de este municipio, que representan al 53 por ciento del total de la población, viven de empleos informales: lavan y planchan ropa, trabajan la minería, tienen ventas informales de productos como mazamorra o jugos, son agricultoras o pequeñas cultivadoras, e incluso rapimoteras. Todo esto para llevar el sustento a sus hogares.
Y el problema del desempleo se complica con la poca educación formal y la capacitación a la que han podido acceder. Por eso, también pidieron al alcalde retomar el programa de alfabetización nocturna y allanar el camino para acceder a la educación superior. Además, las rurales pidieron apoyo en los procesos de restitución de tierras y ampliación de los programas de adulto mayor y familias en acción.
Lo cierto es que dentro del programa “empoderamiento de la mujer”, del Plan de Desarrollo, únicamente quedaron consignadas cuatro acciones que no responden integralmente a las necesidades y pedidos de las mujeres: construir la casa de la mujer, formular e implementar la política de la mujer, crear la coordinación de la mujer y establecer estrategias de prevención de violencia intrafamiliar. Sin embargo, en campaña sí se prometió más.
¿Qué cumplió Copete y qué no?
La primera promesa fue la construcción de la Casa Social de la Mujer. Ese fue el nombre con el que empezó a hablarse del proyecto. Sandra Perea Murillo, gestora social del municipio y esposa del mandatario, le dijo a Consonante que ella misma se encargó de hacer las gestiones para la construcción de la casa ante la organización Asodamas de Colombia desde 2019. “Ya en propiedad, en 2020, mi esposo se encargó de hacer las gestiones correspondientes: firmar documentos y empezar a proyectar el rubro para hacer la casa. En noviembre de ese año él sale del cargo, pero deja la disponibilidad presupuestal para eso”, afirmó. En septiembre de 2021, la entonces alcaldesa Yocira Lozano (elegida en unas elecciones atípicas y luego removida del cargo) firmó el convenio para comenzar a construir la casa, pero los trabajos empezaron en noviembre de 2021, con Copete nuevamente al mando de la Alcaldía.
Durante este tiempo, un grupo de aproximadamente 120 mujeres se vincularon al proceso de la Casa Social de la Mujer. En 2020 se hablaba de dos proyectos productivos: un restaurante y un proceso de cría de pollos. Mientras Copete no estuvo en el poder, este proceso estuvo pausado. En 2021, cuando el mandatario volvió, uno de los proyectos cambió: la cría de pollo se convirtió en un spa de belleza. Las mujeres que continuaron vinculadas a este proyecto recibieron capacitaciones en memoria histórica, economía solidaria, reciclaje, emprendimiento e innovación empresarial, todo esto con la ilusión de poder llegar a ser parte de la Casa Social de la Mujer Margaret Cristal, un nombre que empezó a utilizarse ese y que, a pesar de la férrea defensa de la gestora social (hace referencia al nombre de su hija fallecida), levantó polémica en el municipio por no tratarse de una mujer importante a nivel público.
Las participantes del proceso ya se constituyeron legalmente a través de dos asociaciones, sin embargo, desde septiembre de 2022, cuando se cumplía la fecha en la que debían entregar la casa, ellas todavía no han podido empezar a trabajar porque la edificación sigue cerrada. Según la gestora social, el atraso es culpa de Asodamas, por lo que no da una fecha para la entrega del edificio. “No sería irresponsable de mi parte decirte hoy, mañana o pasado. Ahí ya se están terminando los últimos detalles, la verdad es que la casa está terminada en un 90 y algo por ciento”, dijo.
“No sería irresponsable de mi parte decirte hoy, mañana o pasado. Ahí ya se están terminando los últimos detalles, la verdad es que la casa está terminada en un 90 y algo por ciento”
Sandra Perea Murillo, gestora social de Tadó
¿Y el empleo? Tanto la gestora social como la secretaria de Gobierno de Tadó, Yuccy Asprilla, afirman que los esfuerzos para avanzar en el empleo para las mujeres se concentran en las acciones que se han desarrollado en el proceso de la casa de la mujer. Es decir, cursos de pedicure, manicure, peinados, peluquería y maquillaje en los que, según la Alcaldía, participaron 200 mujeres, jóvenes y varones. Por otro lado, la empresa Organic Nails capacitó y certificó a un grupo de 20 mujeres en distintas técnicas de manicure y pedicure. Para Luz Daira Hinestroza esto ha sido clave. “Estos eran unos cursos que no teníamos cómo pagarlos; y con el apoyo que nos ha brindado la Administración tuvimos la oportunidad de realizarlos para poder tener un emprendimiento para nosotras mismas”.
Respecto a los demás compromisos que quedaron escritos, la secretaria de Gobierno afirmó en una respuesta a Consonante que, para cumplirles a las mujeres en materia de prevención de violencia de género, la Alcaldía también ha llevado a cabo “campañas de prevención, se dictaron charlas en los diferentes barrios de la municipalidad y se hizo entrega de volantes con las distintas rutas de atención”. También se constituyó la Coordinación de la Mujer, que lidera Tatiana Barrios. Sin embargo, no se actualizó la política pública de mujeres, como lo confirmó a este medio la gestora social.
¿Estas acciones son suficientes?
Más allá de estas capacitaciones de la Casa de la Mujer, las mujeres que no están interesadas en los temas de belleza no han encontrado espacio para ellas. Cleris Yasiris Perea, una ama de casa de Tadó que tiene un emprendimiento de bolsos y sombreros, es una de ellas. “Las madres cabeza de hogar no hemos sido tenidas en cuenta para nada: no somos incluidas en lo que tenga que ver con el municipio, cuando deberíamos ser priorizadas. El alcalde Cristina Copete dijo que se la iba a jugar toda por las mujeres tadoseñas, pero la verdad no veo qué tipo de juego fue el que jugó”, dice. Cleris, además de su emprendimiento, hace parte de un grupo de mujeres que se dedica a limpiar calles y puertos, pero dice que en esta administración tampoco han sido tenidas en cuenta.
“Las madres cabeza de hogar no hemos sido tenidas en cuenta para nada: no somos incluidas en lo que tenga que ver con el municipio, cuando deberíamos ser priorizadas"
Cleris Yasiris Perea
Incluso, Sandra Perea (homónima de la primera dama), quien lidera el emprendimiento de belleza dentro de la Casa de la Mujer, considera que las acciones de la Alcaldía no han sido suficientes. “El alcalde prometió muchas oportunidades laborales, muchos programas sociales, mucho emprendimiento, pero hoy por hoy no se ve reflejado”, expone.
Otra mujer, que pidió proteger su identidad por temor a que su opinión tenga consecuencias en su trabajo dentro de la administración pública, afirma que las mujeres que no participan de la Casa de la Mujer están “totalmente solas". Además, afirma que no han mejorado los problemas que le expusieron al alcalde al principio de su mandato. “Todos estamos en la misma. Veníamos en una situación difícil y como él decía: por Tadó me la juego toda, creímos, pero ‘me la juego toda’ no era por la comunidad ni por las mujeres, era por su bienestar”. Ella comenzó en el proyecto de la Casa de la Mujer, pero lo abandonó al no ver resultados.
Además, Cleris Yasiris Perea asegura que las necesidades en salud y educación de las mujeres, a pesar de que deberían ser priorizadas, no han sido siquiera atendidas. “En el hospital no atienden a las mujeres como debe ser. Por ejemplo, las citologías. Desde hace más de un año estoy buscando una citología en el hospital y no la he podido conseguir. Eso para nosotras es importante”, cuenta con decepción.
En cuanto a educación, considera que la oferta debería ser más amplia y sostenida. “Necesitamos capacitación, pero no charlitas de dos horas, sino de temas que queramos aprender para ejercer un trabajo digno. Estamos con las manos en la cabeza pensando en qué vamos a hacer el día de mañana para nuestros hijos”, explica. Sobre este tema las mujeres le pidieron al alcalde reabrir el programa de bachillerato para adultos, pero lo cierto es que este únicamente funcionó durante 2022.
Por otro lado, a las mujeres les preocupa la falta de impacto de las acciones de la Alcaldía en cuanto a prevención de violencias basadas en género. “Aquí hay muchos problemas, la última problemática que tuvimos fue una docente que se suicidó y luego extrajeron su cuerpo del cementerio y no veo que hubo nadie que hablara de ella o que alguien la reconociera o que uno hiciera un plantón por esa mujer”, explica Sandra Perea, sobre la falta de empatía tanto de las mujeres como de la administración. “Con tantos profesionales que tiene Tadó no he visto ninguna campaña para prevenir violencia”, sentencia. Sin embargo, Luz Daira Hinestroza afirma que sí se han hecho acciones, especialmente desde la Casa de la Justicia “que viene haciendo parte de la Alcaldía”, pero, por un lado, las personas poco participan y, por el otro, las mujeres continúan ocultando las violencias que sufren.
Las preguntas que quedan
Las tadoseñas esperan que la Casa de la Mujer Margaret Cristal abra sus puertas, por fin, en los próximos meses. Con este espacio en funcionamiento se verá si, efectivamente habrá oportunidades de empleo para las que persisten en el proyecto y de capacitación para las que no han podido acceder a ello. Según la respuesta de la secretaría de Gobierno, esta es la prioridad en materia de género en este último año de mandato, pero no está claro cómo van a lograr incluir a quienes no han participado, que son la mayoría. Tampoco se sabe si en este último año formularán la política pública en favor de los derechos de las mujeres.
Cerca de 69 mil mujeres que cuidan a medio millón de niños y niñas en todo el país decidieron parar sus actividades el 6 de febrero. Desde entonces, los Centros de Desarrollo Infantil, las Unidades Comunitarias y Atención y las viviendas en las que las mujeres, y una minoría de hombres, atienden a niños y niñas de entre siete meses y cinco años permanecieron cerradas durante seis días. Es decir, durante casi una semana, otras personas tuvieron que encargarse de lo que las madres comunitarias han hecho hace 36 años: desde preparar desayuno, almuerzo y merienda, hasta estimular a los niños mediante juegos o bañarlos. En pocas palabras, encargarse del cuidado de los menores de edad durante ocho horas consecutivas.
Las madres comunitarias entraron en paro bajo el argumento de que a pesar de que cuidan a más de 14 millones de niños y niñas no tienen condiciones laborales dignas. Reciben el salario mínimo, apenas desde hace 15 años pueden cotizar para una pensión, y ni siquiera son empleadas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
El sábado 11 de febrero las madres finalmente acordaron levantar la protesta tras llegar a varios acuerdos con el gobierno nacional que incluyen formalizar a las madres en la nómina del Estado en un plazo de 18 meses, mejorar el subsidio pensional y aumentar el dinero que reciben para garantizar la alimentación de los niños y niñas. Sin embargo, el paro puso en la agenda nacional la discusión sobre la falta de reconocimiento del trabajo de cuidado en el país. Y dejó varias preguntas en el aire. ¿Por qué lo siguen haciendo mayoritariamente las mujeres? ¿Cómo se debería pagar? ¿Qué hacer para redistribuirlo?
Estas preguntas también aplican para las trabajadoras del hogar, las cuidadoras de adultos mayores y las amas de casa. Tal vez por eso, hace unos años Mailín Molina, trabajadora del hogar del corregimiento El Hatico en Fonseca (La Guajira), pensaba que ser trabajadora del hogar o ama de casa sería su última opción. “Precisamente porque no es valorado ni bien pagado. Últimamente he visto que hay vacaciones y prestaciones, pero antes no. En mi familia había muchas mujeres que trabajaban en casa de familia, y yo las veía y decía: voy a estudiar una carrera porque ese es un trabajo que no deja nada, porque cuando terminas y no tienes fuerza para seguir trabajando, es como si no hubieras hecho nada”, explica. En su caso, durante varios años fue así. Ahora, en su trabajo actual en una casa de familia, tiene todas sus prestaciones, y no deja de sorprenderse. “Son muy pocas las personas que las dan (las prestaciones)”.
Además de la falta de remuneración o los bajos salarios, las trabajadoras del cuidado deben enfrentarse al menosprecio de sus labores. “Para muchas personas el trabajo doméstico o del hogar es denigrado. No se valora todavía”, afirma Mailín. En esto coincide Yomaira Rengifo Moreno, madre comunitaria de Tadó, ama de casa y cuidadora de su madre, a quien le amputaron ambas piernas. “En el trabajo de la casa uno hace y hace, y es como si no hiciera (no se reconoce). Pero sí se avanza. Es una labor que no muchos valoran, pero es muy importante”, dice.
Camila Esguerra Muelle, antropóloga, posdoctora en Género y Desarrollo y profesora de la Universidad Nacional de Colombia, explica que la percepción de que el trabajo de cuidado es poco importante se relaciona con varias ideas que están instaladas en la sociedad. Como que sean las mujeres las encargadas naturales de las tareas de cuidado. Para Esguerra, de ahí se deriva que no se les pague por hacerlo. “Es una idea misógina que las mujeres deben hacer gratuitamente este trabajo porque está en su naturaleza”. Además, esto dialoga con “la idea esclavista de que hay unas mujeres como las afro, negras o indígenas que deben seguir haciendo estas labores sin pago”. Estas dos ideas refuerzan la concepción de que para hacer trabajo de cuidado no es necesario cualificarse. “Esto es una absoluta mentira. Este trabajo exige una cualificación, aunque no sea formal, en muchas áreas”. Para la experta estas tres ideas juegan juntas y dan como resultado la falta valoración de este trabajo, a nivel simbólico y de remuneración.
Sin embargo, a nivel de comunidad internacional ha habido avances en acordar que las actividades como bañar, cambiar y alimentar a un bebé, dar de comer a un adulto mayor, cocinar o limpiar son trabajo. Hoy, estas son reconocidas por la Organización Internacional del Trabajo como trabajo de cuidado, y pueden ser remuneradas o no remuneradas a la persona que los ejecuta. Más allá de la remuneración directa, lo cierto es que estos trabajos son fundamentales para las economías de los países. Algo que es posible calcular. En Colombia, según el Dane, el valor económico del trabajo de cuidado no remunerado correspondió a 230 338 millones de pesos en 2021. Es decir, el equivalente al 19,6 por ciento del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que si las horas trabajadas se hubieran pagado, habrían sido el renglón más importante de la economía y del país, superando incluso al aporte que hizo el sector secundario de la economía (18 por ciento), que incluye actividades como producción de textiles, productos químicos, metalurgia, cemento, envases de cartón, resinas plásticas y bebidas, y el primario (14.1 por ciento), donde se encuentra la agricultura y la extracción de recursos minero.energéticos.
Por este motivo, ha habido algunos avances en el país para reconocer la importancia de este tipo de trabajo. Natalia Chávez Monroy, coordinadora del área de Mujeres, Paz y Seguridad de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), dice que uno de ellos ha sido la Ley 1413 de 2010, que obligó al Dane a medir cómo usan el tiempo las personas y cuánta plata representan las labores de cuidado no remuneradas en las cuentas nacionales. A partir de esta norma se empezó a hacer la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo y la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado. La segunda arrojó la cifra de que el 19,6 por ciento del PIB estaría representada por estos trabajos no remunerados, aunque no cuenta los que sí se pagan. “Los datos estadísticos nos dan más argumentos para seguir argumentando porque tenemos que poner los cuidados en el centro de la política pública”, dice.
Pero en otros frentes, los avances han sido más lentos. Como en el caso de las madres comunitarias del Icbf en el que ha tomado más de veinte años mejorar las condiciones en las que trabajan.
La iniciativa de contratar mujeres para cuidar niños y niñas surgió en 1986, durante la presidencia de Virgilio Barco. En ese entonces, el objetivo era bajar los altos índices de desnutrición y mortalidad infantil mediante el cuidado y la alimentación que proporcionarían las mujeres con ayuda económica del Estado. Olinda García fue una de las primeras mujeres que se unió a este programa en Ciudad Bolívar, una localidad de Bogotá. García, quien actualmente preside el Sindicato Nacional de Trabajadoras (Es) al Cuidado de la Infancia y Adolescentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi), recuerda que al comienzo su única tarea era garantizar la alimentación de los niños y niñas. “Se hacían ollas comunitarias solidarias por cuadras en distintos sectores”, recuerda Olinda.
Un año después, el gobierno decidió ampliar la estrategia y proponerles a las mujeres que empezaran a cuidar de los niños y niñas en sus viviendas. “Bienestar me pidió que le capacitara a varias compañeras y me gustó la propuesta que traía el programa, y me pasé a ser madre comunitaria en el 87”, dice Olinda. Pero desde el comienzo la propuesta de trabajo fue informal. “El Icbf no pagaba sueldo, trabajábamos a honoris causa. Después nos pagaban 2 mil pesos mensuales”, afirma la sindicalista quien recalca que ellas aceptaron estas condiciones a pesar de que ponían a disposición sus casas, los materiales de trabajo y sus conocimientos.
Con el paso de los años, las mujeres lograron que el Estado les pagara un sueldo y construyera las unidades de atención para niños y niñas. Aún así, muchas siguen trabajando en sus casas.
El problema de la redistribución
Más allá del reconocimiento del trabajo que hacen las mujeres, el problema es que los cuidados siguen asignados a ellas. El planteamiento que ha hecho el movimiento de mujeres es que es necesario redistribuir el trabajo de cuidado remunerado y no remunerado entre hombres y mujeres de forma equitativa. Una cosa que no pasa.
La Encuesta Nacional del Uso del Tiempo arrojó que entre 2020 y 2021, en promedio, las mujeres dedicaron 7 horas 44 minutos cada día a los trabajos de cuidado, y los hombres 3 horas 6 minutos, en promedio. Este es el problema de la distribución desigual del trabajo de cuidado no remunerado.
María Cristina Villadiego, quien es trabajadora del hogar a medio tiempo en San Juan del Cesar (La Guajira), afirma, antes de conocer las cifras de la encuesta, que las mujeres trabajan más que los hombres. “Si sale a trabajar fuera, uno hace su trabajo y cuando llega a la casa trabaja de nuevo. En cambio los hombres trabajan en la calle y vienen (a la casa) a descansar. Eso es así”, explica. En su caso, esto lo vive cada día. Desde hace unos cinco años, cada día se despierta a más tardar a las seis de la mañana, se organiza y sale a trabajar. A su regreso, al mediodía, a veces encuentra que alguno de los dos hijos que aún viven con ella ha cocinado el almuerzo. Pero a veces no. Entonces debe cocinar y luego dedicar la tarde a otros oficios: barrer, lavar ropa o limpiar la casa. Su marido, aunque a veces trabaja la albañilería, cuando está libre no ocupa su tiempo como ella en labores domésticas.
- “¿Por qué cree que eso es así?
- Así ha sido siempre”, responde Cristina.
Eso sí, afirma que puede cambiar. “Mis hijas se han casado y sus esposos las ayudan a lavar, hacer aseo y así. Mi hijo menor también sabe hacer”, cuenta.
La redistribución del trabajo de cuidado no remunerado y también de las labores remuneradas está en el centro del debate. La pregunta no es si debería hacerse, sino cómo lograrlo.
Los vacíos para una política de cuidado
Un postulado básico de la economía del cuidado es reconocer, reducir y redistribuir. Sin embargo, para las expertas hace falta llenar estas palabras de acciones materializables, y para lograrlo es necesario levantar información sobre las condiciones de las cuidadoras. Para Camila Esguerra Muelles un primer punto es que hay un vacío en la medición del trabajo de cuidado remunerado. “La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo no tiene en cuenta el trabajo remunerado de cuidado y eso es muy complejo porque el hecho de que sea remunerado no quiere decir que esté en buenas condiciones. Sino todo lo contrario, está en muy malas condiciones”, afirma.
Ese no es el único vacío en la información. En sus investigaciones, la antropóloga ha logrado evidenciar que muchas de las mujeres que realizan estos trabajos remunerados son mujeres afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, indígenas o campesinas. “Muchas de ellas son niñas campesinas llevadas a la ciudad por una especie de red de trata, un poco acordada con sus familias con buenas intenciones, para sacarlas de los territorios afectados por la guerra, y por personas en las ciudades que las recibían reproduciendo formas de esclavitud o con pago en especie”. Para ella esto es evidencia de que no se han atendido los problemas del trabajo de cuidado remunerado a nivel de legislación.
Esto pone de presente que las necesidades a nivel territorial también varían. “No es lo mismo el cuidado de las madres comunitarias en una zona determinada en Bogotá que el cuidado de las madres comunitarias del Cauca”, expone Natalia Chávez, de Limpal. Y por eso la respuesta del Estado tampoco puede ser la misma. A esto, aclara la experta, se debe sumar la discusión sobre “cómo conectamos cuidado con seguridad y protección para las mujeres, y entornos seguros para las mujeres más allá de las condiciones laborales”.
También hace falta definir cómo se podría empezar a pagar por el trabajo de cuidado que, hasta ahora no ha sido remunerado. ¿Quién lo debería pagar? Para Camila Esguerra Muelles la respuesta es el Estado. “El reconocimiento pasa también por unas políticas estatales de tipo económico, laboral y cultural que empiecen a mostrar que sin cuidado no hay vida”, afirma. La antropóloga da una idea. “Si en su mayoría las mujeres están trabajando tres horas diarias más en labores de cuidado, esas horas deberían ser contempladas como un tiempo libre que sea remunerado y que esté asumido por el empleador a través de, por ejemplo, un tipo de subsidio estatal”.
En cuanto al trabajo de cuidado remunerado, tanto Esguerra Muelles como Chávez piensan que es necesario establecer unas condiciones laborales mínimas posibles, como la afiliación a riesgos laborales.
Estas cuestiones, en mayor o menor medida, podrían definirlas algunas instituciones estatales, como el Ministerio del Trabajo o el recién creado Ministerio de la Igualdad, pero lo que está en el fondo es la necesidad de transformar profundamente la visión social sobre los roles de género. “Tanto los hombres como las mujeres estamos haciendo cosas que antes no se hacían. Ellos están haciendo cosas que supuestamente solo eran para nosotras. Antes se decía que solamente las mujeres tenían que estar en la cocina y que el hombre a trabajar, que ellos no pueden entrar a la cocina o lavar, pero hoy en día no”, afirma Mailín Molina, haciendo la salvedad de que este cambio no sucede en todos los hogares. Para ella es necesario que la transformación sea profunda. “En La Guajira todavía se maneja mucho el machismo, en el que el hombre nada más trabaja y no puede hacer nada (en la casa) porque va a bajar su ego, pero se debe buscar un equilibrio”.
Para Natalia Chávez la búsqueda debe ser “desnaturalizar el rol de cuidado hacia las mujeres solamente. Y lo tenemos que hacer como sociedad”.
Ahora, con la creación del Ministerio de la Igualdad, en cabeza de la vicepresidenta Francia Márquez, el panorama se ve favorable para las cuidadoras. Se sabe que esta cartera tendrá una línea específica para la economía del cuidado, así que podría encargarse de buscar respuestas o soluciones a los problemas que viven las cuidadoras, que podrían contemplar posibilidades de redistribución comunitaria de trabajo.
Desde esta semana más de 69 mil madres comunitarias asociadas en el Sindicato Nacional de Trabajadoras (Es) al Cuidado de la Infancia y Adolescentes del Sistema Nacional de Bienestar Familiar (Sintracihobi) decretaron un paro nacional para exigir derechos laborales básicos, como el derecho a la pensión, disponer de un lugar digno para realizar sus labores, contratación directa con el Estado y aumento de la minuta de alimentación para los niños y niñas que cuidan, pues a principio de año solo la aumentaron un 1.47 por ciento, frente a una inflación del 13.12 por ciento.
En Fonseca, 221 madres se unieron al paro. Las Unidades de Atención Comunitaria (UCA), los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y los hogares comunitarios que cada año reciben a más de 3.300 niños y niñas permanecen cerrados. Durante los últimos cuatros días alrededor de cien madres comunitarias se han reunido en el Parque de La Virgencita a exigir sus derechos laborales con pancartas desde las 7:00 de la mañana hasta las 12:30 del mediodía. Al llegar al lugar de encuentro las madres toman asistencia, hacen una oración, comparten meriendas, conversan y planean las actividades que realizarán cuando termine el paro y vuelvan a atender a los niños y niñas.
“Apoyo el paro para ver si se compone esto, lo que nosotros estamos exigiendo de la pensión, yo tengo 67 años y a mí todavía no me ha llegado nada y voy a cumplir 34 años de estar trabajando”, lamenta Cleotilde Frías Cataño, madre comunitaria de Centro de Desarrollo Infantil (CDI) San José - San Tropel.
Las madres de familia se han visto afectadas por el paro porque no tienen con quien dejar a sus hijos para realizar sus jornadas laborales. Examary Gómez, madre de familia, reconoce la importancia del trabajo de las madres comunitarias: “Cuando el niño esté en el CAI yo puedo hacer todas mis cosas con más calma y puedo trabajar también (...), ya no tengo con quién dejar al niño. El CAI ha sido una excelente ayuda en ese tema y ahora se me ha hecho difícil buscar quién me pueda cuidar del niño”.
Por su parte, Oscariana Marín, también madre de familia, explica que ha sentido las consecuencias del paro, pues aún no ha encontrado una persona que reemplace el cuidado de las madres comunitarias. Para ella el trabajo de las madres es clave porque “los niños van aprendiendo más, conociendo otros niños y cuando ya entran al colegio están más preparados”.
Después de dos días de paro, ha habido algunos avances en la negociación con el ICBF. A pesar de que la directora de esta entidad, Consuelo Baracaldo, renunció a su cargo en medio de los diálogos con las madres, el presidente Gustavo Petro anunció que ya se aumentó en 14% la minuta de alimentación para los niños y niñas, que ordenó incluir a las madres en la nómina y que el Icbf brindará apoyo para la profesionalización de las trabajadoras. Sin embargo, el paro continúa, pues hay otros puntos por discutir.
Entre esos, está el lugar de trabajo y la remuneración. Las labores de las madres van desde alimentar a los niños hasta cambiarles los pañales y bañarlos.
¿Qué exigen en Fonseca?
Las madres comunitarias exigen condiciones laborales dignas y que se les reconozca por su labor.
¿Cómo es el día de una madre comunitaria?
En Fonseca las madres comunitarias cuidan a niños entre sus primeros meses de vida hasta los cinco años de edad en las Unidades Comunitarias de Atención (UCA), Hogares Comunitarios y Centros de Desarrollo Infantil (CDI) durante ocho horas diarias. Además, otras acompañan a madres gestantes mediante dos programas: Afro y Famigestación.
Sus días laborales comienzan desde las 6 de la mañana, o antes, pues a las siete ya deben estar en el centro infantil o dispuestas en su casa para recibir a los niños y niñas. Entre esa hora y las 8:30 se encargan de organizarlos para que jueguen y de verificar que los más pequeños, de entre siete meses y dos años, tengan sus pañales limpios. A las 8:30 de la mañana la manipuladora de alimentos del centro infantil se encarga de servirles el desayuno, pero la madre comunitaria es quien está atenta a que los niños y niñas coman.
Lo que sigue es llevarlos al salón en donde realizan actividades de acuerdo a su edad, ya sea manualidades, rondas, dibujos, pinturas o canciones. Pero a las madres comunitarias se les dificulta realizar bien su trabajo debido a la falta de implementos como juguetería, materiales didácticos, colchonetas, utensilios de cocina nuevos, elementos para el aseo e incluso la misma infraestructura de los centros. Por ejemplo, Yohelis Medina Amaya dice que hay hogares que tienen el cielo raso a punto de colapsar. “Nos ha tocado tumbar unas partes para evitar un peligro o un riesgo o un accidente con un niño. Hay paredes que se están agrietando y se necesita hacerle mantenimiento a los salones porque hay humedades, se larga polvillo y eso le causa gripa a los niños”, afirma.
El almuerzo se sirve a las 12:00 del mediodía y está basado en el esquema diseñado por el ICBF, que es una minuta por proteína, que puede ser carne o pollo, carbohidratos, que varía entre arroz, yuca o plátano, y verduras. Sin embargo, esto se complica porque no tienen dotación adecuada. “Necesito que manden colchonetas, que redoten el CDI de todo, porque nosotros no tenemos nada ahí. Solo las mesas viejas, las sillas viejas, la cocina, que casi no tenemos chismes (utensilios de cocina)”, exige Cleotilde Povea, madre comunitaria.
Después del almuerzo las madres deben encargarse de que los niños y niñas reposen y duerman la siesta hasta la 1:30 de la tarde. Esta actividad también se ve afectada por la falta de implementos. “Hay veces que (a los niños) los encuentro dormidos en el suelo porque no hay una colchoneta donde dormir. Tengo que coger una de mis sábanas o una toalla y acostarlos en el piso limpio, porque me da dolor, son niños de dos años”, dice Josefina Lacoture Mejia, del Hogar Comunitario Mi Pequeñin.
Después, las madres continúan sus labores de enseñanza hasta las 2:15 de la tarde, cuando es hora de una merienda. “A esa hora se les está limpiando la carita, las manitos, el que lleve ropita se cambia y se espera a los padres a las 3:00 de la tarde”, explica Marlenis Solano, madre comunitaria de CDI San Jose.
En medio de su jornada deben hacer rendir el mercado que les envía el operador para que los niños y niñas coman suficiente. Además de esto, si los niños y niñas ensucian jugando, vomitan o se riegan comida en la ropa, las madres también los bañan y cambian, para esto tampoco hay garantías.
Algunas madres comunitarias les piden a las madres de familia dinero para comprar juguetes y adecuar el salón. “Doy 10 mil pesos mensuales para que les compren más juguetes y para arreglar el salón”, dice Ariannis Bracho, madre de familia. Otras madres comunitarias piden implementos en especie para el aseo personal de los niños. “En algunas ocasiones, más que todo cuando empieza otra vez la temporada del CAI, nos piden las cosas de uso personal, como papel higiénico, crema dental, cepillo dental, jabón, líquido antibacterial”, dice Examary Gómez.
“Ellos (operador e ICBF) quieren que un niño salga bien de peso, pero ¿cómo va a salir bien de peso con esa comidita que les están mandando? Es muy poquito y cuando los niños están bajando de peso, entonces vienen y se la montan a uno. Toca investigar qué pasa en las casas”, criticó Josefina Lacoutire Mejía. “Si hay un yogur, hay que compartirlo para dos niños. Eso es injusto, debe haber un yogur para cada niño”, añade Lacoutire.
“El operador no da un papel higiénico, lo que da son 50 mil pesos para el gas y el gas está carísimo, así que para lo demás uno tiene que meterse la mano al bolsillo a comprar un limpión o una toallita para que los niños se sequen las manos”, comenta Josefina Lacoture Mejía, madre comunitaria del Hogar Comunitario Mi Pequeñín.
¿Qué dice este paro sobre el trabajo del cuidado en Colombia?
El trabajo que realizan las madres comunitarias es trabajo de cuidado, es decir, un trabajo que implica cuidar a niños, niñas o adultos mayores. Estas labores históricamente se les han asignado a las mujeres y, casi nunca, son remuneradas. Además, se les resta importancia. Natalia Chávez Monroy, coordinadora del área de Mujeres, Paz y Seguridad de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad (Limpal), explica que el movimiento de mujeres ha promovido tres pilares fundamentales para mejorar las condiciones de las cuidadoras: reconocer, reducir y redistribuir. Para ella, el país ha avanzado en la materia, pero hay retos. Por ejemplo, pensar el cuidado como un derecho.
Iimplica una corresponsabilidad con otros actores por esa labor de reconocimiento, de reducción y de redistribución, que no puede recaer solamente en un proceso transformativo por parte de las mujeres, sino que implica otros actores también, como los hombres y las instituciones”, puntualiza Chávez. Este paro revela que hace falta un camino por recorrer, pues el trabajo de cuidado de las madres comunitarias no se ha dignificado desde el Estado. “Se trataría por supuesto de hacer un proceso de exigibilidad en términos de mejoramiento de las condiciones laborales de las mujeres cuidadoras, al mismo tiempo que se hace un trabajo de transformación cultural en clave también de desnaturalizar el rol del cuidado hacia las mujeres solamente”, agrega Chávez.
Lo que sigue
Van cuatro días de paro y, hasta ahora, el único acuerdo es el aumento de la minuta en un 14%. El presidente Petro dio la orden de incluir paulatinamente a las madres en la nómina del ICBF, pero en la mesa aún están discutiendo cómo se va a hacer.
Olinda García, presidenta del sindicato, afirma que no aceptarán que las madres sean sometidas a un concurso, pues muchas quedarían por fuera por no ser profesionales. “Continuaremos en paro hasta que no se firmen los compromisos con el gobierno”, le dijo García a Consonante.
El Sindicato está reunido en Bogotá con los entes estatales encargados para concertar un documento con los compromisos para los problemas de las trabajadoras. Las madres de Fonseca, por lo pronto, continúan en el Parque de la Virgencita a la espera del acuerdo.
El primer mes de 2023 en La Guajira reveló la gravedad de la presencia de actores armados y sus dinámicas en el territorio. El 13 de enero se conoció de una masacre perpetrada en Riohacha, cerca de la Troncal del Caribe, en la que tres personas fueron asesinadas e incineradas. Además, en municipios como Barrancas y Maicao se han cometido asesinatos. Y el último día de enero, la Policía incautó una tonelada de marihuana entre Palomino y Riohacha. A pesar de la alerta que generan estos hechos, no hay claridad sobre quién los perpetró o por qué.
Lerber Dimas, director de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Líderes y Activistas de la Sierra Nevada (Pdhal), una organización que trabaja en La Guajira, Magdalena y Cesar, afirma que la falta de información se debe a que todavía nadie está monitoreando el accionar de los grupos armados en la zona. Esto a pesar de que varios de estos acordaron cesar las hostilidades hasta junio de este año, mientras se desarrollan diálogos para acordar el sometimiento de las estructuras armadas.
Sin embargo, hasta hoy no hay claridad sobre cuáles son las reglas del cese al fuego bilateral ni se sabe quiénes lo van a monitorear. De hecho, las organizaciones de derechos humanos que están dispuestas a hacerlo dicen que no tienen garantías para moverse en territorios en los que hasta el Ejército se ha retirado. Este es el panorama de los grupos armados y la “paz total” en La Guajira.
Consonante: ¿Qué grupos están haciendo presencia en La Guajira?
Lerber Dimas: Hay presencia de las AGC, también de Los Pranes, de la segunda Marquetalia y del Eln en toda esa franja de la frontera que viene de la Serranía del Perijá hasta hasta La Guajira. En San Juan y Fonseca, sobre todo, hay una influencia muy grande que viene desde Valledupar. Esta ciudad el año pasado prácticamente duplicó su número de homicidios con relación al año 2021. Fue una crisis muy fuerte, en la que se movió la criminalidad y por supuesto esto vino afectando a San Juan, Fonseca y Maicao, en La Guajira. Maicao terminó el año en un empate técnico o le ganó por un homicidio a Riohacha y eso normalmente no pasaba.
C: ¿Quiénes son Los Pranes y cómo funcionan?
L.D.: Los Pranes son estructuras armadas que tercerizan la violencia en Venezuela, pero lo hacen a través de personas privadas de la libertad cuya criminalidad es altísima. Por ejemplo, gente que está en La Picota o La Tramacúa en Valledupar, pero que sigue tercerizando violencia a través de grupos armados que venden servicios criminales.
Pueden venderle al Eln, a la Segunda Marquetalia, e incluso algunos de ellos están asociados al Tren de Aragua, a Los Meleán o Yeico Masacre, megabandas importantes en Venezuela.
C: ¿Dónde están ubicados estos grupos?
L.D.: El Eln, la Segunda Marquetalia y Los Pranes están en toda la franja de la frontera, pero con mayor fortaleza en Maicao, donde convergen las tres estructuras y por eso el aumento de los homicidios. Las estructuras están en Venezuela, pero esa frontera es porosa, frágil y no tiene presencia del Estado. La cruzan sin ningún tipo de problema. Los Pranes también están en Venezuela, pero si necesitan un sicariato, ellos lo hacen; si necesitan una camioneta, la roban; si necesitan pasar algo en la frontera, ellos lo pasan. Las Agc han intentado entrar a Maicao, pero no han podido. Sí lo han hecho en otros sectores como en Riohacha, Dibulla, Pelechúa (Riohacha) y toda la troncal para salir a Cuestecita y voltear a Fonseca y en todo ese sector. Incluso en Manaure y Uribia. Desde ahí prácticamente se han tomado toda la Sierra Nevada e incluso el sector del sur del Cesar.
C: ¿Qué zonas preocupan más?
L.D.: Preocupa Palomino, Río Ancho, Dibulla, Pelechua, donde tenemos una masacre. Riohacha, Uribia y básicamente todo ese corredor desde Punta Gallinas hasta Palomino. Pero también preocupa el sector que va desde el peaje El Ebanal de Riohacha y toda la troncal que pasa por Cuestecitas y sale a Fonseca, para conectar con la troncal del carbón y el Cesar. Y, por supuesto, preocupa el control fronterizo.
C: ¿Cómo se relacionan estos grupos entre sí?
L.D.: Ahí está ocurriendo algo complejo. Evidentemente hay como una unión de fuerzas entre Los Pranes, la segunda Marquetalia y por supuesto el Eln, es decir, han llegado a algunos acuerdos, respetan algunas posiciones y respetan algunas zonas. Hasta ahí no están entrando las Autodefensa Gaitanistas de Colombia, pero sí están entrando para fortalecer todo el tema del narcotráfico.
C: ¿Cuál es el interés sobre esta región?
L.D.: El interés es fronterizo, pero también está mediado por una ruta del narcotráfico, que empieza en el Catatumbo y que se fortalece justamente en la Troncal del carbón, la que entra desde San Roque y va directamente hasta los diferentes puertos y salidas que tiene la Guajira en la en la media, la baja y la alta. Y en cuanto al tema fronterizo, recordemos que nada más en la Guajira hay unos 186 pasos fronterizos ilegales y en estos pues hay trata de personas, que que ha venido en aumento, narcotráfico y tráfico de armas. Bueno, también un tipo de comercio relacionado con ganadería, carnes y productos lácteos.
C: ¿Cómo se explica el aumento de los homicidios?
L.D.: Recordemos que en el año pasado se dio la captura de una persona muy importante que se llamó alias “5.7”, quien fue el comandante militar de Resistencia Tayrona. Pero además él tenía la la orden de reestructurar las Agc desde La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Sucre y Córdoba, es decir, su trabajo era justamente unificar la estructura. Empezó en el Magdalena, pero inmediatamente se trasladó a Valledupar y sus alrededores, y a partir de allí a La Guajira. La idea era emprender toda esa campaña de fortalecimiento de la estructura militar. Lo que ha venido quedando después de la captura es simplemente como una movilización y una acción de sostenerse en el territorio a partir de un brazo armado que tiene vínculos con el narcotráfico, por eso el aumento de los homicidios. Y hay una cosa importante, y es que han caído muchas armas en La Guajira. Todo esto hace parte de este panorama de acciones violentas y de intercambio de cosas relacionadas con drogas, armas y tráfico de personas.
C: Parece que hay delitos silenciados, como el reclutamiento de menores de edad y la violencia sexual contra niñas y mujeres. ¿Tienen reportes de que esto esté ocurriendo?
L.D.: Sí se están cometiendo. Desafortunadamente en las comunidades wayúu hay muchos jóvenes que están metidos dentro de las rancherías, en la Alta Guajira, y estos grupos llegan, los convencen y se los llevan, y también violan a las mujeres. Esta práctica ha sido bastante recurrente, pero sobre todo en la Alta Guajira, donde tenemos varios casos registrados. Hay personas que nos han llevado hasta el sitio: ‘mire: aquí se llevaron a mi sobrino, a estos jóvenes, ellos estaban pastoreando. Los convencieron de que se fueran y se fueron con ellos’ o ‘a esa muchacha que está allá la violaron’. Y uno dice ¿pero ustedes pusieron las denuncias?, y ellos no lo hacen. Pero que no haya denuncias no quiere decir que no existan los casos.
C: ¿Qué otros reportes tienen de las comunidades?
L.D.: Básicamente tres cosas: el reclutamiento forzado, la violencia sexual y la invasión de territorios sagrados. Los grupos se meten por donde les da la gana y no les pueden decir nada. Son amos y señores de los territorios.
C: Las autoridades no han reconocido la presencia de las Agc en el sur de La Guajira. Cuando ha habido panfletos, han dicho que es falso. ¿Cómo han visto la respuesta de las autoridades?
L.D.: La respuesta de las autoridades siempre ha sido de una negación absoluta a las dinámicas violentas en el territorio. Nosotros no solamente lo hemos visto en La Guajira, también lo hemos visto en el Cesar, en el Magdalena y por supuesto en el Atlántico, que está desbordado. Pero este es un tema que no se puede salir de las manos, ni tampoco simplemente decir ‘no pasa’ o ‘no sabemos’.
En la Guajira tenemos un hecho muy grave, que es el asesinato de un líder social, exdirigente de la USO (Unión Sindical Obrera) y de su sobrino en Mingueo por parte de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia por un tema claro de pago no extorsivo. Después tenemos la masacre de estas personas que fueron incineradas muy cerca de Riohacha, y también tenemos el incremento de algunos actos sicariales en La Guajira, particularmente en Maicao y Riohacha. Esto hace parte de toda una reestructuración de las Agc y negarlo es como una afrenta al territorio, porque claramente hay muchísimas denuncias de que estos actores armados están en el territorio y no están desde ahora o desde hace un mes, están desde hace por lo menos uno o dos años y se han venido fortaleciendo. La aniquilación de la banda de “Los Ochenta” y “Los corticos” entre la frontera de Venezuela con Paraguachón obedece a toda una reestructuración de estos actores armados.
C: Se están desarrollando diálogos con el Eln y se sabe que hay diálogos con las Agc, pero en estas semanas ha habido noticias de acciones de ambos grupos, como la bandera de las Agc en San Juan del Cesar. ¿Qué dicen estas acciones sobre lo que está pasando en los diálogos?
L.D.: Claramente las Agc al poner banderas y pintar algunos carros y paredes lo que están haciendo es, primero, presionando al gobierno para el tema de los diálogos, para que se inicien rápido. Y, segundo, mostrando una presencia que ellos tienen en cada uno de los territorios, para decir “aquí estamos, desde aquí nos queremos hacer sentir y desde aquí nos tienen que escuchar”. Buscan mostrar la grandeza y la capacidad de expansión hacia diversos territorios. En algunos lugares donde no pudieron poner las banderas no quiere decir que no existan. Esto también nos muestra que la Sierra Nevada, entendida a partir de los tres departamentos, tiene presencia de las Agc casi que sin ningún tipo de problema.
C: ¿Consideran que hay avances del Gobierno colombiano en las negociaciones con las bandas criminales?
L.D.: Como plataforma, nosotros trabajamos en Magdalena, Cesar y La Guajira, pero no tenemos acceso a los tres departamentos porque básicamente no se ha establecido cuáles son las reglas de juego y cuáles son las garantías para un sistema de monitoreo. Tenemos un cese de hostilidades hasta junio, pero es un cese que progresivamente las Agc han venido rompiendo en los territorios. Tenemos que decirlo y mostrarlo, pero necesitamos un gobierno más cercano para esto y no hemos podido acceder.
Ahora mismo tenemos un sector rural en Magdalena donde han matado dos personas y posiblemente hay otras dos muertas, pero no hemos podido llegar por falta de garantías. Tú le puedes preguntar a la Personería de Fonseca o a la Defensoría del Pueblo en La Guajira si tiene informes sobre el cese y te van a decir que no los tienen porque todavía no han iniciado como instituciones hacer control y monitoreo a esta afectación. Queremos mostrar que hay una fragilidad, pero que es necesario asumir ciertos compromisos tanto de las estructuras como del gobierno para que puedan avanzar.
C: Además de la verificación, ¿qué se necesita para proteger a las comunidades?
L.D.: En algunos sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta hemos visto que el Estado renunció a su deber constitucional de salvaguardar la vida y la honra de las personas, es decir, sacó al Ejército. Es un error sacar el ejército y disminuir las acciones de la Policía frente al cese bilateral porque no hay voluntariedad también por parte de las organizaciones ilegales. Entonces creo que el Estado tiene que volver nuevamente con su Fuerza Pública a restablecer el control en los territorios y por supuesto permitir que haya un cese bilateral y establecer unas reglas: ‘ustedes están allá, nosotros estamos acá. No se pueden aprovechar con la población civil. No nos vamos a meter con ustedes, no los vamos a perseguir, no nos vamos a capturar, pero ustedes tienen que cumplir’. Porque estamos viendo que los territorios están solos y a la gente la están matando, está aumentando el secuestro express, la extorsión. ¿Y entonces dónde queda la presencia del Estado?
C: ¿Es posible la paz total en esta región?
L.D.: Sí es posible y lo vemos con muy buen propósito. Con el ímpetu que traía la criminalidad el año pasado, esperábamos un 2023 muy cargado de violencia. Eso disminuyó en todos los territorios y se debe al cese bilateral de hostilidades, pero hay que monitorearlo. Necesitamos que las organizaciones sociales, la iglesia, los gremios, las universidades y los entes descentralizados se unan para hacerle seguimiento a estas estructuras y decir: estamos avanzando, no estamos avanzando, cumplen o no cumplen Tenemos que visibilizar lo que pasa día a día en el territorio.
C: ¿Cuál es su llamado?
L.D.: Necesitamos que el gobierno nos diga cómo nos van a garantizar que podemos ir a la Serranía del Perijá, a la Sierra Nevada, a la Alta Guajira. Cómo nos van a garantizar que un grupo de defensores, periodistas, académicos, gremios empresariales puedan ir a cualquier territorio sin que sean hostigados y amenazados. Cómo nos van garantizar que podamos revisar qué pasa en el terreno. No es lo mismo hablarte de qué pasa en Fonseca ahora que estoy en Alemania. Vamos a retomar el monitoreo, pero necesitamos garantías.
Los habitantes de los corregimientos de El Tablazo, Los Pozos, Corraleja y Cañaverales, en zona rural de San Juan del Cesar, llevan una semana sintiendo miedo. En Corraleja, incluso, un líder advierte que en las noches el lugar parece un pueblo fantasma. “Cuando son las ocho de la noche todo el mundo está encerrado”, afirma. La razón es que el lunes 23 de enero, a las afueras de El Tablazo, amaneció colgada una bandera con las siglas “Agc”, que hacen alusión al grupo paramilitar Autodefensas Gaitanistas de Colombia – también conocido como Clan del Golfo –. Las comunidades tomaron el hecho como una amenaza a los cuatro corregimientos.
A pesar de que el Ejército retiró la bandera e implementó su presencia en esta zona, la población no cree que esta sea una solución. “Esta es una zona muy olvidada. Todos sentimos temor”, recalca una habitante de Cañaverales.
Este hecho ha causado temor en otros corregimientos, como en La Junta, donde fue asesinado el líder social Javier Gámez, el 13 de diciembre de 2022. En este mismo lugar, en octubre, también asesinaron a los hermanos Jader y Francisco Romero. Además, el año pasado circularon por WhatsApp varios panfletos con información sobre supuestos paros armados decretados por las Agc y otro en el que se anunciaba una supuesta “limpieza social”. Aunque la Fuerza Pública puntualizó que eran falsos y que “no se ha podido identificar la existencia de las estructuras relacionadas en dicho documento”, la población tiene dudas y alerta sobre la presencia de las Agc.
¿Hay paramilitares en San Juan del Cesar?
La respuesta de los expertos es que sí los hay. Y no solo paramilitares. Lerber Dimas, director de la Plataforma de defensores de derechos humanos, activistas y líderes de la Sierra Nevada, afirma que han monitoreado la presencia de grupos armados en La Guajira y la conclusión es que “desafortunadamente sí hay presencia de las Agc en San Juan del Cesar. En San Juan y Fonseca vemos una influencia muy grande que viene desde Valledupar, una ciudad que duplicó sus homicidios en 2022 con relación al año 2021”.
El investigador afirma que en la zona que va desde la Serranía del Perijá hasta La Guajira además hay presencia de Los Pranes, la Segunda Marquetalia y el Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Y este no es un problema nuevo. En marzo de 2022 un equipo de InSight Crime, una fundación dedicada al estudio de las amenazas a la seguridad de América Latina y el Caribe, visitó La Guajira para recoger información sobre el movimiento de los grupos criminales. En ese momento pudieron confirmar la presencia de las Agc y del Eln en varios municipios, entre esos en San Juan.
Luisa Acosta, investigadora senior de InSight Crime, señala que pudieron confirmar “la expansión de las Agc en el sur de La Guajira. Este grupo, a principios de 2022 intentó ingresar a La Guajira por el lado de la Alta Guajira, pero allí se encontraron con Los Pachenca, el grupo dominante de la Sierra Nevada y les pusieron obstáculos para consolidar su presencia”. Hubo homicidios selectivos y ataques de ambos grupos, y según Acosta, “las Agc no tuvieron más remedio que retirarse e ingresar al departamento por el sur de La Guajira. Uno de los municipios más afectados es San Juan del Cesar”. Esta organización recibió testimonios de pobladores que vieron a grupos de hombres vestidos de negro en la zona rural del municipio.
¿Cuál es el interés de los grupos armados en este territorio?
San Juan del Cesar hace parte de dos rutas de narcotráfico. Según Lerber Dimas, un corredor comienza en el Catatumbo y finaliza en Venezuela. “Nada mas en La Guajira hay unos 186 pasos fronterizos ilegales y en estos hay trata de personas, narcotráfico y tráfico de armas”, explica. Otro corredor, según InSight Crime, comienza en el Sur de Bolívar y termina en los mismos puntos de la frontera.
Por esta razón los grupos están buscando expandir su presencia y consolidarse. Como lo explica la investigadora Luisa Acosta, lo que las Agc buscan es abrir nuevamente las puertas para expandirse en el norte y tener acceso a los puntos fronterizos para la salida de las drogas. “El Estado Zulia es una de las zonas más importantes para el tránsito de la cocaína y la salida a las islas del Caribe, y de ahí hacia Europa y hacia Estados Unidos. Ese es su interés”.
Por eso la vía en la que instalaron la bandera es importante. La vía conduce de San Juan del Cesar a El Molino, pero se bifurca y, tras atravesar los cuatro corregimientos, llega a Conejo, en Fonseca y muy cerca de Venezuela. “De noche y de madrugada van carros nuevos, tres o cuatro, en caravana. A veces pasa la Policía detrás de ellos, pero se devuelven. Se dice que llevan droga”, cuenta un habitante de esta zona.
¿Qué dice esto frente a las negociaciones con este grupo?
La semana pasada, además de la bandera en San Juan, aparecieron pasacalles y las pintadas de grafitis alusivos a las Agc en Antioquia, Cesar, Magdalena y Santander. Esto, para los investigadores, además de ser una demostración de su poder y expansión, es un mensaje para el gobierno Petro, que ha sostenido conversaciones con este grupo, y que incluso estaba entre los grupos armados que se acogerían al cese al fuego. Sin embargo, hasta ahora no se han conocido resultados de estas negociaciones.
“Lo que están haciendo es presionar al gobierno para que los diálogos se inicien rápido, además están diciendo 'aquí estamos, desde aquí nos tienen que escuchar'. Están mostrando su capacidad de expansión. En territorios en los que no pudieron poner las banderas no quiere decir que no estén”, destaca Lerber Dimas. Para él esto es preocupante, pues en La Guajira “hay una unión de fuerzas entre Los Pranes, la Segunda Marquetalia y el Eln. Ellos han llegado a algunos acuerdos. Pero las Auc están entrando a fortalecer su tema del narcotráfico”.
Para Luisa Acosta esta también es una prueba de que negociar con este grupo será complicado. “Podemos concluir que no hay un compromiso absoluto que se da porque no hay un líder fuerte que cohesione a las Agc y por su estructura, que funciona como una franquicia”. Este será uno de los mayores retos de la política de la “paz total”. Mientras tanto, en San Juan, las comunidades reclaman a las autoridades que los protejan.
Créditos
Reportería
Yurlis Mosquera
Francisco Mosquera
Redacción y narración
Beatriz Valdés
Yurlis Mosquera
Coordinación
Angy Alvarado
Carolina Arteta
Edición
Gabriel Linares
¿Qué pasó esta semana?
El excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, conocido como 'Jorge 40', participó este 26 y 27 de enero en una audiencia única de reconocimiento de la verdad ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pero no dio detalles sobre su accionar como miembro “de facto” de la Fuerza Pública. Es decir, no contó si puso al Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) a disposición de los militares, ni qué acciones realizó con ellos.
Tovar, que permanece recluido en la cárcel La Picaleña de Ibagué, se dedicó durante casi siete horas —tiempo que tardó el primer día de la audiencia ante la JEP— para contar pormenores de su infancia y su juventud en Valledupar. El excomandante paramilitar quiso mostrarse como una víctima más del conflicto y habló de cómo las guerrillas afectaron al municipio y a su familia. Sin embargo, los magistrados intervinieron para pedirle que no usara lenguaje revictimizante y exigieron que respondiera las preguntas de la sala.
Tovar Pupo, quien se desmovilizó en el 2006 junto a otros dos mil combatientes, negó haber integrado algún grupo paramilitar y menos uno llamado “Bloque Norte de las Auc”. Según su relato, solo financió a las guerrillas de las Farc y del Eln tras ser coaccionado por estos grupos. También afirmó que financió y colaboró voluntariamente con las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, antes de unirse a ellas como combatiente. Habló sobre algunas acciones de contribución a este grupo entre 1996 y 1997, como transportar combatientes, entre ellos al comandante Salvatore Mancuso, y apoyar la compra de armas en Estados Unidos. Sin embargo, no dio detalles sobre las empresas que transportaron ni recibieron las armas en Colombia.
En los relatos que hizo de forma pública tampoco contó ningún crimen violento cometido u ordenado por él. En un momento, cuando se le preguntó por las alianzas con la Fuerza Pública, Tovar afirmó que estaba cursando “innumerables procesos en la justicia ordinaria”, por lo que no estaba dispuesto a “correr el riesgo” de autoincriminarse. “Si no soy acogido ni siquiera por tercero, porque por combatiente sé que no lo puedo ser, no voy a entrar aquí a hablar en materia que pueden ser perjudiciales para el otro escenario jurídica que es el que estoy sujeto”, dijo.
La magistrada Sandra Jeanette Castro, le hizo un llamado. "Si usted está diciéndonos que sobre ese tema no va a hablar, prácticamente podemos terminar la audiencia". Después de esto, decidieron tratar este tema de forma privada. La transmisión pública se detuvo durante aproximadamente 25 minutos, y terminó finalmente a las 4:30 p.m., cuando fue suspendida por los magistrados.
¿Por qué se dio la audiencia ante la JEP?
¿Qué piden las víctimas?
Las víctimas de San Juan del Cesar (La Guajira) han esperado que Rodrigo Tovar Pupo cuente con el apoyo de quién y cómo llegaron los paramilitares de las Auc al municipio, por qué cometieron tantas masacres, cómo escogieron a las víctimas que asesinaron, por qué la Fuerza Pública no los combatía y cómo era que la información que las víctimas dejaban en manos de la Fiscalía llegaba a los oídos de los comandantes paramilitares de la región. Las víctimas piden la verdad
Muchas personas esperan que Tovar Pupo finalmente aporte la verdad, pero pocas se atreven a exigirla. A pesar de que las Auc se desmovilizaron hace más de diez años, el recuerdo de la violencia que sembraron en la región sigue vivo. “Aquí dicen el nombre de ese señor y nos tiemblan las piernas”, le dijo a Consonante una víctima.
En resumen, esperan esclarecer:
Desde los últimos años de la década de los 90 y los primeros cinco de los 2000, las comunidades indígenas wiwa de San Juan del Cesar presenciaron los asesinatos y desapariciones forzadas de sus familiares y amigos. Especialmente de sus jóvenes. Este pueblo tiene una base de datos de aproximadamente 40 desaparecidos, y más o menos el 70 por ciento de estos hechos ocurrieron en San Juan.
“Nosotros nos preguntamos por qué se encarnizaron con la juventud del pueblo wiwa. Tenemos niñas de 7 años que ejecutaron, jóvenes que no alcanzaron a sacar su cédula”
Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos de este pueblo
Estas alianzas dejaron hechos tan graves como las masacres de El Limón y de Marokazo. La primera ocurrió el 1 de septiembre de 2002. Ese día 200 paramilitares del Bloque Norte llegaron a la vereda El Limón, corregimiento de Caracolí Sabanas de Manuela, asesinaron a 16 indígenas wiwa, activaron rockets y cilindros contra el pueblo e incendiaron 15 casas.La gente de El Limón y de Caracolí se desplazó. El Estado tuvo que pedir perdón por este hecho, pues el Ejército hizo caso omiso a su deber de proteger a los civiles.
Al año siguiente, el 21 de abril de 2003, la masacre fue en Marokazo. Según la Corte Constitucional, en esta ocasión aparecieron primero los Batallones Rondón y Cartagena del Ejército. Bombardearon la población y generaron terror. Después entraron las autodefensas, que “asesinaron, torturaron y golpearon hombres y mujeres; destruyeron el centro de salud, llevándose medicinas e implementos; quemaron casas; mataron animales; y destruyeron una tienda comunitaria y una tienda particular”, narró la Corte. Hubo un nuevo desplazamiento.
Pedro Loperena afirma que hace falta conocer el detalle de estas alianzas. “Nosotros siempre hemos escuchado que las autodefensas tuvieron una alianza con los militares. Hemos tenido una aproximación de esta verdad con los postulados ante la JEP, pero no hemos escuchado el fondo de esa alianza macabra”.
Juya*, una mujer indígena wiwa, vivía en San Juan del Cesar, donde trabajaba vendiendo comidas rápidas con su marido, un hombre de 59 años que transportaba pasajeros en su carro particular. El 23 de enero de 2003 él salió en la tarde a hacer un viaje, pero no volvió. A las 5 de la tarde a Juya le avisaron que había sido asesinado. Como un procedimiento regular, acudió a la Fiscalía después de que la llamaran para dar su declaración. Ese día, el fiscal le insistió que dijera quién había matado a su marido. “Recuerdo que le dije que no sabía, pero me insistió tanto que le dije que si quería me dijera qué necesitaba que yo le dijera y yo se lo repetía, pero que yo no sabía nada”, cuenta.
Días después, “Kevin”, un mando de las Auc en el municipio, le dijo a uno de sus familiares que él tenía la declaración de Juya en la Fiscalía, y que estaban pendientes de qué iban a decir. “Yo no culpaba a nadie y creo que eso fue una de las cosas que me permitió resguardar mi vida. Como yo no sabía, entonces yo no tenía nada que decir”, afirma ahora, 20 años después y todavía con miedo. “Yo me pregunto cómo llegó hasta él esa información, si en esa oficina solo estaba un fiscal y un escribiente”.
Pedro Loperena lleva años preguntándose lo mismo. “La alianza no fue solo de la Fuerza Pública, sino también con los jueces, con operadores y administradores de justicia, con fiscales, directores de Medicina Legal y Policía”, afirma. “Ojalá este señor se sirva de contar detalladamente cómo fueron estas alianzas, de quiénes fueron las ideas, cuál era ese apoyo, en qué consistía, que lo describa detalladamente”.
Sin embargo, Juya no tiene tantas esperanzas. “Hace falta el 80 por ciento de la verdad. Él solo ha dicho cosas de su infancia y justificaciones. Hace falta que diga mucho”.
“Acá cuando uno veía a la Policía o al Ejército patrullar, ya uno sentía más miedo porque sabía que detrás de la patrulla venían los paramilitares e iban a matar. Uno decía: ¿a quién le toca hoy? ¿A quién van a matar?”
Juya*, una mujer indígena wiwa
¿Qué sigue para 'Jorge 40'?
Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP le dieron a Tovar Pupo y a su abogado 15 días hábiles para enviar a la sala cuáles de los temas del cuestionario que guía la audiencia deben ser respondidos de forma pública o reservada. El plazo se cumple el 20 de febrero.
Después, los magistrados tendrán que fijar una fecha para continuar con la audiencia. La magistrada Sandra Jeanette Castro sugirió que podría tener una duración de tres sesiones consecutivas.
Después de esto, la Sala tendrá que definir si las contribuciones de Tovar y sus propuestas de reparación son plenas. Si es así, podrá permitirle entrar a la jurisdicción, donde podría acceder a beneficios como la libertad condicionada. Si no, Tovar continuará su camino en la justicia ordinaria, donde, según su abogado, tiene más de 700 casos abiertos.
*El nombre de la víctima fue cambiado para proteger su identidad.
Osmaira Nieves por fin escuchó a los responsables de la muerte de su hermano reconocer sus mentiras. Después de casi 19 años de buscar la verdad, una ventana se abrió en la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado tras la firma del Acuerdo de Paz para investigar a los máximos responsables de los crímenes más graves cometidos en el conflicto armado. Esa justicia concluyó, en diciembre del año pasado, que 12 militares estuvieron detrás de 135 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate entre enero de 2002 y julio de 2005.
Como ella, otras decenas de familias lograron escuchar, de la voz de los militares, la verdad sobre sus casos. Sin embargo, no todas las víctimas han encontrado esta verdad que necesitan para continuar y ser reparadas. Además, sus abogados afirman que en varios casos los militares justificaron los asesinatos extrajudiciales porque las víctimas tenían alguna vinculación con grupos ilegales. Se preguntan si esto que hace falta se puede completar en la nueva fase del proceso en la Jurisdicción.
¿Qué encontró la JEP?
En el Batallón de Artillería N° 2, conocido como Batallón La Popa, algunos militares conformaron una organización criminal que desarrolló un plan para cometer asesinatos y desapariciones forzadas que presentaron como bajas en combate, cuando no lo eran. Así lo afirma la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en la resolución de conclusiones del subcaso de la costa caribe sobre ejecuciones extrajudiciales o “falsos positivos” cometidos por 12 miembros de esta unidad militar. “Presté mi grado, facilité mi jerarquía al interior del batallón, y desvié por completo las funciones de mi cargo para revestir con una falsa legalidad estos crímenes horrendos”, afirmó el coronel retirado Heber Hernán Gómez Naranjo, responsable de la sección de operaciones y segundo comandante del batallón La Popa.
La resolución, que emitió la Sala de Reconocimiento de la JEP, da cuenta de las explicaciones de los militares sobre cómo operaban para cometer los asesinatos y hacerlos pasar como muertos en combate. Además entregaron información que le permitió establecer a la JEP que los 12 sindicados son máximos responsables de un total de 135 asesinatos y desapariciones. Inicialmente eran 127.
“Veo esto con buena satisfacción porque nosotros, con tantos años, siempre tuvimos una información, que era por lo que a mi hermano lo habían matado y sabíamos que no era así. A él y hasta a nosotros nos estigmatizaron”, cuenta Osmaira Nieves, hermana de Luis Eduardo Oñate Nieves, un joven indígena wiwa de 17 años oriundo de San Juan del Cesar al que militares bajo el mando del sargento (r) José de Jesús Rueda, quien se desempeñaba como comandante de pelotón, bajaron de un bus en “la ye” de San Juan del Cesar, donde se dividen los caminos que van para Badillo, corregimiento de Valledupar; y Corral de Piedra, zona rural de San Juan, asesinaron y presentaron como miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) abatido en combate con el Ejército. “Durante 18 años yo siempre me apoyé de un periódico que yo compré donde ellos (los militares) relataron que a mi hermano lo mataron en un enfrentamiento. Pero ya ellos confesaron que sí fueron ellos”, explica. Y más importante, reconocieron que su hermano no era paramilitar, sino un joven civil e inocente. “Sin ese camino, a nosotros no nos hubieran dicho la verdad”, afirma.
Tras estos hallazgos, la Jurisdicción llegó a la conclusión de que la verdad que aportaron y la responsabilidad que aceptaron fue “completa, detallada y exhaustiva”. Los 12 militares podrían acceder a una sanción propia de la JEP, es decir, una pena de entre 5 y 8 años que tiene un componente de restricción de la libertad (no en la cárcel) y otro componente de sanción reparadora, que debe ser acordada con las víctimas.
Los cuestionamientos de las víctimas
No está claro cómo los militares van a reparar a las víctimas
Dentro del proceso judicial, la Sala de Reconocimiento de la JEP les pidió a los responsables de estos crímenes que construyeran y entregaran una propuesta para el componente restaurativo de la sanción que recibirán. O sea, que propusieran cómo pueden aportar a restaurar y transformar los daños que causaron con sus acciones.
En total, la Sala recibió cuatro propuestas: dos colectivas y dos individuales. Una tiene como objetivo “restablecer el buen nombre de las víctimas en la región” y contempla acciones como la realización de cápsulas radiales, un reportaje y la construcción de una “placa-monumento”. La otra propone adecuar un espacio museológico para la construcción de memoria, denominado «Resguardo de la Memoria Histórica”. De las dos individuales, una propuesta trata de realizar acciones de reforestación y de recuperación de cuencas hídricas y se llama «Del hombre a la tierra». La última, también individual, es la participación y contribución en escenarios ancestrales de memoria y armonización que estimen pertinentes las autoridades espirituales de los pueblos indígenas Wiwa y Kankuamo.
Sin embargo, tanto para las víctimas como para la Procuraduría, a los proyectos les hacen falta varias claridades para que sean viables. Por ejemplo, la familia Oñate Nieves considera que la realización de pagamentos o la participación en escenarios ancestrales no debería ser considerada como una forma de reparación. “Eso lo debimos haber hecho antes de la audiencia, como pueblos ancestrales primero teníamos que haber saneado los sitios y haber limpiado la sangre, después venía el perdón en la audiencia y ahora debemos ver cómo se va a tratar a sanción propia”. A esto se suma que debe evaluarse si es pertinente la presencia de los militares en el territorio, pues esto puede ponerlos en peligro o herir emocionalmente a las familias.
Además, la Procuraduría señaló que hacen falta claridades sobre el tiempo de ejecución de los proyectos, la vinculación de los militares a los mismos y la forma en la que se van a financiar.
Para los abogados de las víctimas el camino a seguir es que la JEP (la Sección de primera instancia del Tribunal de Paz) convoque un “encuentro con los comparecientes en el que las familias puedan expresar sus diferentes preocupaciones, dudas y observaciones”. Por ahora, la sala de la JEP remitió las propuestas y las observaciones de las víctimas al Tribunal.
¿Y la reparación del Estado?
Los 18 años que Osmaira Nieves lleva cargando el ejemplar del periódico El Pilón que reseña la muerte de su hermano le ha servido para defender que sí lo asesinó el Ejército, pero, a la vez, ha sido la prueba del Estado para no reconocerla como víctima: la prensa afirmó que Luis Eduardo Oñate era paramilitar y que murió en combate. Sin embargo, ahora, cuando el militar Rueda aceptó que todo fue una mentira, que Luis Eduardo no era paramilitar, ni estaba en combate, Osmaira espera que por fin el Estado reconozca que ella y su familia son víctimas.
Para Osmaira la principal reparación debería venir del Estado. Por ejemplo, con una indemnización que le permita mejorar su calidad de vida, o con una tierra que le permita cultivar, o con un proceso de acompañamiento psicológico que ayude a su madre a recuperar la sonrisa.
Franklin Navarro, padre de Carlos Mario Navarro, piensa igual. “Por acá me hicieron una propuesta de que podían (los responsables) construir carreteras y yo no estoy de acuerdo con eso, porque esas son cosas que le tocan al Estado. ¿Construir un colegio? Tampoco, eso le toca al ministerio. Lo que nosotros necesitamos es por lo menos estar reconocidos en la Unidad de Víctimas, pero no lo han hecho”, explica. Carlos Mario era el único hijo de Franklin, y era quien le ayudaba en las labores del campo. Cuando los militares se lo llevaron, se quedó solo. “A mi edad yo necesito un pedacito de tierra, porque somos demasiado pobres”, afirma.
Lo que sigue
La abogada Daniela Rodríguez espera que, en la siguiente fase del proceso, la JEP vincule a la Unidad para las Víctimas y a otras entidades del Estado al proceso, para que así los derechos de las familias a la reparación puedan materializarse.
Esta resolución de conclusiones es la tercera que emite la JEP, pero hasta ahora ningún caso tiene sentencia. Esto quiere decir que el panorama de qué sucederá en la Sección de primera instancia para casos de reconocimiento del Tribunal de Paz no está claro. Sin embargo, el magistrado Óscar Parra explica que la sección está recibiendo los expedientes y “en algún momento tendrán que convocar a una audiencia en la que valorarán el trabajo de la sala, así como estos proyectos de sanción propia”. Además, en el corto plazo, la sección organizará “una audiencia donde escuchará a varias instituciones sobre los que les compete en el marco del sistema restaurativo, que articulará a los diversos proyectos de sanción propia a lo largo del país”, explica.
El Consejo Territorial de Paz de Tadó comenzó otro año trabajando sin su presidente: el alcalde Cristian Copete. A pesar de que el 22 de octubre del 2022 la veeduría ciudadana le pidió al mandatario que convocara al consejo para conversar sobre la paz y la convivencia en el municipio, Copete no lo hizo.
El consejo le hizo esta petición al mandatario teniendo en cuenta que el año pasado ocurrieron varios hechos que alteraron el orden público: a inicios de año el grupo paramilitar Agc o Clan del Golfo decretó un paro armado que mantuvo a la ciudadanía encerrada en sus viviendas durante todo un fin de semana, y en menos de cinco meses se registraron dos asesinatos que sorprendieron a la población, algo que no ocurría hace al menos seis años.
Este año, el alcalde tampoco ha llamado al consejo para informar a sus miembros, consultarlos y, mucho menos, pedirles consejos para decidir qué acciones tomará en estos asuntos durante su último año de gobierno.
¿Qué tan grave es el problema?
Durante el último año, el Consejo Territorial de Paz de Tadó ha realizado al menos seis acciones en pro de la convivencia. Por ejemplo, un cine en el parque para los niños y niñas de Villas de Remolino y tres actividades recreativas para la población del barrio San José. En estas han participado representantes de la Policía Nacional, el personero municipal, concejales, miembros de organizaciones sociales y Yuccy Asprilla Mosquera, secretaria de Gobierno e Integración Social de Tadó, una funcionaria que destaca por su permanencia en este proceso. Pero en ninguna ha participado el alcalde Cristian Copete.
Para Slather Sinisterra, consejero de paz, es evidente que existe una desconexión. “La Alcaldía ha tomado sus decisiones independientes, que no han sido asesoradas por el Consejo Territorial de Paz. Hace falta esa relación, no hay conexión entre los dos”, dice.
¿Por qué debería el alcalde dialogar con el Consejo Territorial de Paz?
El Consejo de Paz (nacional, departamental o municipal) es un organismo de participación ciudadana en el que líderes sociales de diversos sectores y representantes de otras instituciones del Estado asesoran a los gobiernos para que ejecuten acciones de construcción de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización. Además, desde la firma del Acuerdo de Paz, también cumplen la función aconsejar a los mandatarios para implementar el Acuerdo.
Este consejo, además, puede ejecutar acciones conjuntas con otros sectores sociales organizados en pro de la paz. Sin embargo, según la ley, es el mandatario quien debe pedir que se reúnan. Según Paulo Tovar, coordinador de la línea de Participación y Diálogo de la Fundación Ideas para la Paz, para los gobernantes esta figura puede ser clave, pues “el mandatario puede tener a un conjunto de personas que conocen a profundidad las dinámicas relacionadas con paz y conflicto en el territorio, y a las cuales les puede pedir un consejo para tomar mejores decisiones”.
Es decir, si bien el alcalde de Tadó tiene autonomía para gobernar y no está obligado a consultar al Consejo Territorial de Paz, se podría beneficiar, y ganar legitimidad, acercándose a este grupo de ciudadanos. Para el investigador Paulo Tovar es clave que los mandatarios comprendan que, si bien los consejos son consultivos y no vinculantes (no es obligatorio implementar su consejo), son fundamentales para enriquecer el panorama de los problemas del territorio y luego decidir. “No es hacer lo que los consejeros le digan que hagan, sino que después de tener una conversación puede decir: listo, entonces hagamos esto que conversamos”.
La ciudadanía reclama transparencia: El distanciamiento entre el alcalde y el Consejo Territorial de Paz es un reflejo de la falta de apertura al diálogo y transparencia del gobierno Copete. Desde su regreso al poder, en noviembre de 2021, el mandatario no ha rendido cuentas.
Desde hace varios meses muchos habitantes del municipio reclaman mayor transparencia del gobierno local ya que solo se enteran del avance de construcciones de edificios públicos como la biblioteca digital o la casa de la mujer a través de rumores. El desespero de algunos ciudadanos es tal que en diciembre de 2022, después de que la Secretaría Departamental de Salud clausurara cuatro servicios esenciales del hospital San José de Tadó, protestaron en el puente para pedir más información sobre la crisis que atraviesa el centro médico. En ese momento, exigían que al menos les dijeran qué seguía funcionando en el hospital y qué iba a pasar en los meses siguientes.
El consejero Sinisterra afirma que las rencillas políticas impiden el buen funcionamiento del gobierno, especialmente a la hora de resolver conflictos. “Deberían ser más abiertos y no tener tantos tintes políticos a la hora de generar el apoyo a la comunidad. En el momento en el cual tú dices ‘este apoyó a esta administración en la elección y este no’, estás invalidando un derecho de una persona a acceder a un servicio por no estar alineado políticamente. Este es un inconveniente para la paz”.
Además, algunas personas comentan que el alcalde ha gobernado solo para quienes le hicieron campaña y estuvieron con él incluso durante su destitución. “Aquí no existe la política sino la politiquería, es decir, darle duro o rejo al que no me ayudó”, le dijo a Consonante un ciudadano que prefirió reservar su identidad.
La política de paz hace falta:
El concejal Luis Eduardo Moreno, también integrante del Consejo Territorial de Paz, comprende la paz como una cuestión fundamentada en las oportunidades: de estudio, de empleo, para las mujeres, para los jóvenes, para las víctimas, entre otros grupos. Para él hace falta una política de paz más completa que jalone proyectos productivos para las comunidades. “La gente reclama eso. Cuando estamos en las comunidades y en los barrios la gente si nos dice: bueno, listo, ustedes vienen acá como Consejo Territorial de Paz, pero mire esta gente aquí no tiene nada que hacer, los jóvenes de pronto están siendo foco de los grupos al margen de la ley, porque no tienen opciones, no tienen oportunidades”, afirma.
Para la concejal Ana Siris Mosquera, además, las víctimas del conflicto tienen necesidades apremiantes que no se están atendiendo. “La gente aquí es campesina y la mayoría está desplazada y necesitan llegar a sus territorios. Los gobiernos nacional, departamental y local deben ayudarles para que se sostengan, para que estén en sus parcelas nuevamente y sosteniendo al pueblo”, explica. La concejal tiene razón. En Tadó el conflicto armado dejó 16 916 víctimas. La gran mayoría (16 202) fueron desplazadas y, la mitad de estas continúan desplazadas por fuera del municipio. Otras tantas ahora viven en el casco urbano.
El problema a nivel nacional
Paulo Tovar explica que la desconexión entre el Consejo Territorial de Paz y la alcaldía no es un problema exclusivo de Tadó. A pesar de que los consejos de paz son una figura clave que nació en un contexto de violencia política y falta de participación, no han tenido un papel protagónico en la construcción de la paz territorial. “Históricamente han tenido un funcionamiento muy fluctuante. Hay momentos en los que la figura despierta un gran interés, se activa, las administraciones locales convocan el espacio, lo crean, pero luego tiende a bajar el entusiasmo y entra en un estado de inactividad”. Esto, según el experto, sucede porque muchas veces no logran conectarse con un propósito estratégico en una política pública de paz, a veces porque ni siquiera existe esta política.
Además, en ocasiones su labor como órgano consultivo empieza a competir con otras instancias que existen en los municipios. Y es que hay cerca de 25 de este tipo, entre las que está el comité de justicia transicional, el consejo de mujer, el de desarrollo rural, entre otros. Para Tovar el camino a seguir pasa por la optimización de estos espacios. Por ejemplo, que el próximo alcalde recoja las experiencias que ha acumulado este consejo y los otros que estén activos en el territorio para acordar una agenda que responda a las necesidades de la población y en la que pueda delegar algunas responsabilidades.
Lo que sigue en Tadó
A pesar de que a Copete solo le queda un año en el poder, el Consejo Territorial de Paz y la ciudadanía sigue reclamando un diálogo más abierto, tanto sobre su gestión como sobre las acciones que adelantará en estos meses. Entre esas, para los consejeros, debería priorizar la gestión de oportunidades para el campesinado, para los jóvenes y para las mujeres.
El consejero Sinisterra, por su parte, considera que aún están a tiempo de corregir la falta de diálogo con esta instancia. “Invito a que miren que los consejos son necesarios, más allá de ser un requisito, ayudan a tomar decisiones que son necesarias para el territorio”.
Así está conformado el Consejo Territorial de Paz
El presidente de este organismo es el alcalde Cristian Copete. También lo integra Yuccy Asprilla, secretaria de gobierno; Luis Eduardo Moreno y Ana Siris Mosquera, concejales; Yirson Ledezma, personero; Francisco Mosquera, representante de la veeduría ciudadana; Wilfrido Bermúdez, representante de las Juntas de Acción Comunal; Carlos Mario Mosquera, representante de las instituciones educativas; Slather Sinisterra, representante de la organización de jóvenes del municipio; Guido Gómez, representante de los medios de comunicación del municipio; Daniela Mosquera y Yésica Marcela Aragón, representantes de Asocasan; Leonardo Mosquera, representante de los campesinos; y representante de víctimas, organizaciones sociales, mujeres, jueces de paz, Policía comunitaria, fuerza militar y el sacerdote representante de la iglesia. Estos últimos miembros pueden variar. Además, este año están pendientes de reunirse para renovar el consejo.
