Las mujeres de ‘Pueblo Paz’: entre la reincorporación y el machismo

El primer combate de María Rosalba García, conocida en la guerra como ‘Eliana’, fue en julio de 1977. Rosalba pertenecía a las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) hacía 13 años, pero solo hasta ese momento la organización guerrillera permitió que las mujeres asumieran roles de guerra. Antes, solo podían cocinar y cuidar campamentos. Rosalba estaba emocionada, pero sentía temor. Ese día se enfrentó a cinco civiles armados junto a otros tres compañeros de las Farc. Nadie le había dicho qué debía hacer en una situación así. En medio del enfrentamiento, los fusiles de sus compañeros se atascaron, y ellos salieron huyendo de un momento a otro. Rosalba se quedó atrás. “Logré irme, pero me rompí la camisa en la espalda. Tenía unos brasieres rojos puestos y seguramente pensaron que me habían herido, por el color de los brasieres”, recuerda. Cuando Rosalba llegó al campamento les reclamó a sus compañeros. “Les dije: ¿Ustedes por qué no ayudaron? ¿Por qué me dejaron sola? ¿Por ser mujer? Si hubiese sido otro hombre, quizás lo hubiesen apoyado”, les dijo.

Hoy, Rosalba vive en el antiguo espacio de reincorporación de Pondores, donde desde hace seis años un grupo de 200 excombatientes de las Farc hace su tránsito a la vida civil. Allí se han instalado con sus familias, han construido sus casas y le han apostado a la consolidación de proyectos productivos en un esfuerzo por integrarse con las comunidades de la zona. El espacio de reincorporación ha pasado a ser una vereda llamada ‘Pueblo Paz’ donde viven 168 núcleos familiares integrados, en total, por más de 385 personas.

Sin embargo, la reincorporación ha sido un proceso agridulce para las mujeres que han visto cómo viejas costumbres que limitaban sus derechos y su participación dentro del grupo guerrillero se han mantenido en esta nueva etapa. En Pondores, los varones continúan ocupando los puestos de liderazgo, como la dirección de la cooperativa que coordina los proyectos económicos y productivos del espacio, y suelen tener la oportunidad de conseguir trabajos como cuidadores de fincas o jornaleros por fuera de la vereda.

Mientras tanto, ellas dividen su tiempo para cumplir con tareas relacionadas con la maternidad, el cuidado del hogar, el trabajo en el taller de confecciones, la siembra de plantas, el cuidado de los animales de la granja productiva. A veces participan en algunas reuniones. En la vida comunitaria, sus opiniones siguen siendo menos importantes que las de sus antiguos compañeros de batalla. Tanto así que pocas ejercen posiciones de liderazgo al interior de la vereda, y, mucho menos, hacia afuera.
Margarita Vásquez, firmante de paz, llegó a Pondores a pesar de que no operó en esta región. Cuenta que desde el comienzo sintió que tanto hombres como mujeres la estaban poniendo a prueba. “Hay demasiado machismo en Colombia. A las mujeres siempre nos ven como si no fuéramos capaces de sostener cualquier cargo. Incluso, una vez escuché a otra mujer decir: ‘es que ella no puede’”.

Para demostrar que sí pueden ejercer liderazgo, algunas mujeres optan por participar activamente en reuniones, asambleas y demás espacios comunitarios. Esto se complica en la medida en que muchas deben distribuir su tiempo entre la familia, el trabajo remunerado y la participación política. Luz Marina Velásquez es una de las mujeres que ha logrado abrirse espacio. Hoy es el enlace del convenio entre la Organización de Estados Iberoamericanos y la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, del proceso de defensa judicial de los firmantes de Pondores. Sin embargo, le preocupa lo difícil que ha sido formar nuevas lideresas. “No todas las firmantes de paz están en función de los proyectos de los liderazgos y nosotras, las que hemos decidido de cierta manera ejercer estas funciones, nos cargamos con muchas cosas porque no hemos encontrado esos relevos generacionales que nos permitan a nosotras descansar”.

Margarita Vásquez quedó embarazada durante la transición de las armas a la vida civil. Para ella, es claro que una de las razones detrás de esta falta de participación es la maternidad. “No es igual la reincorporación para las que somos madres, porque para salir a trabajar tenemos que buscar quien nos cuide nuestros hijos, mientras que el hombre pues se va a trabajar y no le importa más nada”.

En Pondores hay 135 menores de 17 años, la mayoría están entre 0 y los 5 años. Son hijos e hijas de los y las excombatientes, así como de los miembros de la comunidad que viven en el espacio. Se les ha llamado “hijos de la paz”. Es decir, niños y niñas que nacieron tras la salida de los y las excombatientes de la selva. Hace seis años a este fenómeno se le llamó el “baby boom” de las Farc. En Pondores, desde 2017, ha sido usual ver a cuatro o cinco mujeres embarazadas al mismo tiempo, un hecho que para muchas significó libertad, pues en la guerrilla estaban sujetas a un régimen de anticoncepción o planificación familiar.

La consecuencia no prevista del “baby boom” es que la mayoría de las nuevas madres se han dedicado al cuidado de los hijos y a las labores de cuidado no remuneradas, como cocinar, lavar y asear la casa. La llegada de los nuevos hijos e hijas profundizó las diferencias entre hombres y mujeres. Según la Encuesta de uso del tiempo del Dane, las mujeres en la ruralidad le dedican a labores de cuidado no remuneradas cerca de 8 horas y 33 minutos diarios. Es decir, una jornada laboral completa.

Para Luz Marina Velásquez muchas se han visto limitadas por la crianza de sus hijos. “Y, de cierta forma, al hacer uniones con personas de la comunidad han asumido el rol de cuidadoras, de madres de cabeza de hogar, de amas de casa”. Velásquez considera que esto ha sido un retroceso para las mujeres, ya que después de esta etapa se han desvinculado de procesos organizativos y ha disminuido su participación en espacios públicos.

Para hacerle frente a este problema, en Pondores las mujeres han gestionado una guardería que funciona de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía donde atienden niños y niñas de un año y medio hasta los cinco años. Esto les ha liberado tiempo a varias madres que lo han aprovechado para participar en proyectos productivos o en labores de liderazgo.

Sin embargo, no es suficiente. A pesar de tener 50 cupos para los menores, en la guardería solo caben unos 20. Ante esto, las madres han tomado la iniciativa de llevar a sus hijos e hijas hasta el centro poblado de Conejo, el corregimiento al que pertenece Pondores. Pero no siempre consiguen cupos, pues los hogares comunitarios funcionan en las casas de las madres comunitarias y solo tienen cupo para 12 niños y niñas.

Además, Luz Marina Velásquez afirma que al inicio del proceso hubo un cambio en la distribución de las labores de cuidado en detrimento de las mujeres. Cuando estaban en la guerrilla, cada persona era responsable de lavar su ropa, su vajilla y su uniforme. También se turnaban para cocinar y cargar leña. Esta distribución igualitaria de labores hacía que las mujeres sintieran que estaban en condiciones de igualdad. Al regresar a la vida civil muchas continuaron realizando sus labores, pero sus compañeros dejaron de hacerlo. Es decir, en el espacio territorial se impuso la distribución del trabajo en razón del género: mujeres cuidadoras y hombres proveedores.

Heiner Arrieta, enlace de reincorporación y presidente de la Junta Directiva de Coompazcol, reconoce esta situación. “Hemos involucionado. En la fila cuando le tocaba al esposo de una compañera cocinar, ella no podía ir a cocinar porque le tocaba era a él”. Sin embargo, sostiene que algunas mujeres han asumido una actitud pasiva y esto ha alimentado la desigualdad. “Yo digo que la compañera tiene que exigir que se compartan las actividades, porque si bien el esposo tiene una estabilidad laboral que le permite llevar el ingreso al hogar, ella también tiene que tener sus propios intereses frente a su capacitación, su formación educativa y su participación política”.

En la vereda Pueblo Paz se están replicando prácticas machistas comunes en la región. “No ha habido una inclusión de las mujeres, no podemos decir que ganamos igual que un hombre. Y para ellos es más fácil porque no tienen los pelaos, porque dicen ‘no, eso es responsabilidad de la mujer’, entonces cualquiera va y encuentra un empleo, y es más fácil porque es hombre”, dice Luz Marina Valásquez.

La situación que enfrentan las mujeres en Pondores deja en evidencia que en la mesa de negociación —en la solo participó una mujer con poder de decisión en representación de la antigua guerrilla— poco se discutió cómo se impulsaría la participación de las mujeres en la reincorporación. Solo se acordaron algunas medidas con enfoque de género como implementar “espacios de formación para las mujeres de la comunidad y las exintegrantes de las FARC–EP, con base en un plan de formaciones para el fortalecimiento de la ciudadanía activa”.

Alejandra Miller Restrepo, excomisionada de la verdad, economista e investigadora feminista se posesionó hace dos meses como directora de la Agencia de Reincorporación. Para la nueva directora, hay otro elemento que puede explicar la falta de implementación de medidas que impacten la vida de las mujeres: la larga tradición masculina en la institución encargada del proceso de reincorporación y en sus espacios de decisión. “Yo creo que sin duda los hombres no piensan en esto, es decir, este es un tema que se va poniendo en algunas agendas de la cooperación internacional y se ejercen ciertas presiones, pero no está en las agendas de los varones”. Según Miller, no se definió un equipo ni se destinó un presupuesto específico para cumplir con las medidas con enfoque de género.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos, La Agencia de Reincorporación y Normalización estuvo a cargo de Joshua Mitrotti, un politólogo e historiador con experiencia en el sector público y el empresarial. Luego, en el gobierno de Iván Duque, la institución fue dirigida por Andrés Stapper, abogado especialista en Derecho de la Empresa y Derecho Comercial. Durante todos esos años, el Consejo Nacional de Reincorporación siempre estuvo conformado por hombres. “A las mujeres les reincorporamos al patriarcado”, sostiene Miller.

La historia de una estructura machista

Durante los cincuenta y dos años en los que permanecieron activas las antiguas Farc, los hombres eran los encargados de dirigir las estructuras. En palabras de la exsenadora Victoria Sandino —quien fue la única mujer negociadora plenipotenciaria durante el proceso de paz— “en ese momento era natural que el hombre fuera comandante y que la mujer le costara sudor llegar al mando”. Tanto así que, para justificar la vocería siempre masculina, cuenta Sandino, “los comandantes se inventaron explicaciones muy particulares: ‘es que la mujer está hecha para administrar, ella puede ser la ecónoma, la que distribuía los alimentos, puede ser la radista (manejar los radios), puede ser la enfermera o la secretaria’, pero no la comandante”.

Rosalba García cuenta que, cuando ingresó a la guerrilla, las labores estaban definidas por los roles de género. “Antes, cuando no había preparación militar, la mujer solamente se quedaba cuidando el campamento, cuidando los equipos y las cosas que hubiera allí, haciendo la comida. Después se hacía esa tarea, pero ya era para hombres y mujeres: nosotras también íbamos al combate y a veces se quedaban hombres cuidando”.

Sandino recuerda también que fue apenas entre los 80 y los 90 cuando se empezaron a repartir algunas labores sin distinción de sexo. Esto fue lo que vio el país a finales de los 90, cuando empezaron los diálogos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y las Farc (1998-2002). Gloria Castrillón, periodista y directora de Colombia+20 de El Espectador, quien cubrió en ese momento los diálogos de San Vicente del Caguán, recuerda lo que le dijeron las mujeres a las que entrevistó. “Me pareció llamativo que ellas me dijeran que en la guerrilla ellas se sentían liberadas porque los hombres cocinaban y lavaban la loza. Para ellas era un símbolo de igualdad. Pero cuando tenía que hacer mis entrevistas para cubrir el proceso de paz, los únicos voceros eran hombres, entonces ahí empecé a ver que la igualdad que ellas pregonaban no era real”, afirma.

Si bien todas prestaban guardia e iban a combate, a la hora de tomar decisiones, no tenían voz. “Solo había hombres en el Secretariado de las FARC, que casi siempre estuvo compuesto por siete personas y dos reemplazantes. Y en el Estado Mayor Central, que estuvo conformado por 31 personas, jamás hubo mujeres, y nunca hubo posibilidades de que las mujeres estuvieran ahí”, completa Castrillón.

Bajo esas condiciones, solo una mujer logró llegar a ser comandante de Frente, que fue Elda Neyis Mosquera, conocida como ‘Karina’. “Ella se había entregado, y yo fui y la busqué a los calabozos del DAS y logré acceder a ella. Ahí me dijo que ella se había salido de la guerrilla por el machismo. Hubo dos situaciones: ella era la única mujer en el Estado Mayor de ese bloque (Bloque Noroccidental) y le hicieron la vida difícil, no le respetaban sus opiniones y los hombres de más alto rango tomaban decisiones militares que la afectaban. Y el DAS empezó a cercarla presionándola con su hija adolescente”, cuenta Gloria Castrillón. Karina, a pesar de ser una mujer temida y con mando, fue discriminada por ser mujer.

Incluso, estas diferencias se vieron en las negociaciones de paz de La Habana. “A La Habana llegó un grupo de mujeres en un papel como de apoyo técnico, que era imprimir, hacer la prensa, algunas llegaron con algún conocimiento a manejar la cámara y a integrar un nuevo medio de comunicación de las Farc, que era NC Noticias”, explica Gloria Castrillón.

Estos ejemplos dan cuenta de que el machismo que aparta a las mujeres de los espacios de decisión no es nuevo. Lorena María Aristizabal, subdirectora de la organización Artemisas, explica que esto ha sucedido en procesos de reincorporación anteriores. “El propio proceso de reincorporación significa casi que una “resocialización” de las mujeres en armas a las mujeres sociales, que es volver a esos arreglos tradicionales de género y a las expectativas sobre el rol que tenemos que desempeñar. Y hay que tener en cuenta que durante años se promovió desde la institucionalidad la despolitización de las mujeres”. Por lo que la vocería y la participación política no son bien vistas.

Según Aristizábal, a esto se suma que las mujeres excombatientes en muchos casos han tenido menos acceso a educación y capital cultural precisamente por los roles de cuidado que han desempeñado. Por lo mismo, muchas no tienen la información sobre los procesos de participación política a nivel de procesos electorales y de liderazgo. Para la experta esto es grave. “Se debe reconocer la agencia de ellas en lo que vivieron, no bajo la lógica de que son víctimas y hay que rescatarlas, sino pensando en lo que necesitaría una sociedad en construcción para funcionar y garantizar la paz. Es claro que las mujeres necesitan participar activamente en la toma de las decisiones. Es nuestro derecho”.

La seguridad: una barrera tangible

Además del machismo y de los roles heredados de la guerra, uno de los temas que más les preocupa a las mujeres, sobre todo a quienes son líderes, es que no se sienten seguras cuando salen del espacio de reincorporación. Incluso, varias han decidido salir poco por temor, aunque eso implique no participar en política.

En Pondores hay seis esquemas de seguridad individuales asignados, todos a hombres. También hay un esquema colectivo, que consiste en una asignación de tres camionetas y ocho escoltas, cinco hombres y tres mujeres. Este último busca proteger a toda la población del espacio, incluyendo a las mujeres. Sin embargo, las excombatientes en proceso de reincorporación no se sienten protegidas bajo el esquema colectivo, pues no les permite salir del espacio acompañadas a hacer incidencia política o a cumplir compromisos con instituciones. Lo que no se explican es que, a pesar de que han pedido los esquemas individuales, no han recibido respuestas positivas.

Marinelly Hernández, firmante de paz, líder del proyecto productivo Dama Verde y presidenta de la JAC de Pondores, afirma que lleva más de cuatro años pidiendo un esquema de seguridad. “Vengo de una zona difícil, tengo problemas de inseguridad porque mi familia fue violentada: mi papá fue asesinado y mi hermano desaparecido, y vengo con una cola política de izquierda desde la up. Desde 2018 llevo expresando todo esto, pero no ha sido posible que a mí se me reconozca un esquema de seguridad. Nunca me dan respuesta, simplemente me dicen que yo quedo en el esquema colectivo y es un esquema que no tiene las condiciones de garantizar la seguridad”, dice. Se refiere a que, para lograr moverse, tendría que privar a la comunidad de esta medida de protección, algo con lo que no está de acuerdo. Hernández explica que está a la espera de una nueva respuesta por parte de la Subdirección Especializada de Seguridad y Protección, pero no la ha obtenido.

El proyecto Dama Verde, que lidera Hernández, fue allanado hace ocho meses por integrantes del Ejército Nacional en medio de una investigación de la Fiscalía. “A nosotros nos preocupa muchísimo porque tratan de enlodar nuestro nombre relacionándonos con disidencias y con otros grupos armados que no tienen nada absolutamente que ver con nuestro proyecto de memoria histórica. Ese allanamiento ocasionó un problema de seguridad y la participación de las mujeres ha disminuido muchísimo”, explica la líder.

Luz Marina Velásquez también está esperando respuestas. “Yo pedí (un esquema), pero hasta el momento no ha habido una evaluación de riesgo. Hace dos meses me llamaron y me preguntaron si necesitaba un esquema individual, pero hace como un mes fue cuando la ONU tomó en cuenta mi caso”.

La falta de seguridad ha implicado que, por ejemplo, Hernández desistiera de su intención de lanzarse a un cargo de elección popular en las elecciones locales que se realizarán en octubre. No se siente segura yendo a hacer política sin estar acompañada por un esquema de seguridad.

Más allá de la falta de información, líderes como Victoria Sandino han denunciado que la subdirección encargada de la protección a los excombatientes “está secuestrada por el partido Comunes”, y que esto afecta a los firmantes que no están alineados con el partido. El espacio de Pondores es uno de los que no responde a esta colectividad. Según dijo Sandino, en entrevista con El Espectador, “esa subdirección la maneja Comunes: el subdirector lo pone Comunes, la mesa técnica está compuesta por mitad de Comunes y mitad del Gobierno que esté de turno. Eso viola varios principios constitucionales, como el principio de confianza y el de confidencialidad, que están en el Acuerdo: que las personas que vayan a prestar la seguridad a los firmantes que así lo requieran sean personas de absoluta confianza”.

Para Lorena Aristizábal, subdirectora de Artemisas, es necesario que se tenga en cuenta la violencia política a la que están expuestas las pocas mujeres que se atreven a alzar su voz. “Hay una debilidad institucional en la protección para las mujeres, empezando por el Cerrem (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendaciones de Medidas) de mujeres, que también ha tenido responsabilidad de resolver esa situación de protección de las mujeres víctimas y que ha funcionado terriblemente mal desde hace años”, explica la experta. Según Aristizábal, además de que este comité no ha tramitado oportunamente las solicitudes que se le han hecho, tampoco ha revisado cómo se define la seguridad para las mujeres.

“Algunas organizaciones nacionales han propuesto el concepto de seguridad humana feminista, que plantea que es necesario repensarse cómo actuar simultáneamente entre garantizar la seguridad de las mujeres que están recibiendo algún tipo de amenaza y avanzar en una concepción distinta de la seguridad que implique que la primera respuesta del Estado no sea la militarización en los contextos de conflicto, porque también la militarización ha supuesto muchas formas de victimización contra las mujeres”, explica Aristizábal.

La situación de inseguridad de los firmantes de paz trasciende los límites de Pondores. Hasta enero de este año, según la Misión de Verificación de la ONU, habían sido asesinados 355 firmantes de paz. Y este 15 de marzo el partido Comunes denunció el desplazamiento de 200 familias de excombatientes del antiguo espacio de reincorporación de Mesetas, en el Meta, tras amenazas del autodenominado “Estado Mayor Central de las Farc”, conocido también como las disidencias de ‘Iván Mordisco’. El hecho sucedió dos días después de que el gobierno de Gustavo Petro anunciara el inicio de una mesa de negociaciones con este grupo armado.

La posibilidad de un cambio

En los últimos seis meses las mujeres en proceso de reincorporación en Pondores se han acercado a la paridad en los cargos de representación. Sin embargo, la mayoría de estos sigue estando ocupada por hombres. Es el caso de la junta directiva de la Cooperativa Multiactiva Para la Paz de Colombia, que agrupa la parte productiva del antiguo espacio de reincorporación. El 4 de marzo la asamblea eligió a sus nuevos representantes. El mando quedó a cargo de Heiner Arrieta, quien también es el enlace de reincorporación, mientras que la vicepresidencia quedó a cargo de Marinelly Hernández. Como secretaria fue elegida Margarita Vásquez y como vocales fueron nombrados Marcos Martínez y Walter Hoyos. Dos mujeres y tres hombres. Sin embargo, en las suplencias se equilibraron las cargas, de modo que la junta quedó conformada por cinco hombres y cinco mujeres. Esto revirtió la tendencia de la junta anterior, en la que había siete hombres y solo tres mujeres.

Lo mismo pasó en la Junta de Acción Comunal. Hasta noviembre del año pasado, cuando hubo elecciones, la vocería la tenían los hombres. Sin embargo, en esta última elección resultó elegida como presidenta Marinelly Hernández.

Estos cargos implican relacionamiento comunitario y vocería frente a actores externos al espacio de reincorporación, como cooperación internacional y funcionarios del gobierno. Es decir, en los últimos cinco años quienes habían estado llevando, casi exclusivamente, la vocería del territorio eran los hombres. Fue solo después de que las mujeres empezaran a liderar proyectos productivos, como el de confecciones, Dama Verde o uno de gallinas ponedoras, que se hicieron más visibles y se atrevieron a participar políticamente.

A diferencia de cómo se sentían las mujeres hace un año, las mujeres se sienten esperanzadas con los nuevos nombramientos. Para muchas ha sido una confirmación de que sí pueden avanzar y llegar a cargos cada vez más altos.

En este contexto, la llegada de Alejandra Miller a la Agencia de Reincorporación en enero de este año fue una buena noticia para las excombatientes. Luego, se conoció el nombramiento de otra mujer feminista como primera directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz: Gloria Cuartas. Las mujeres esperan que esto signifique un cambio en la forma en que se ha visto el género dentro de la reincorporación. Por lo pronto, Alejandra Miller le dijo a Consonante que está terminando de definir su programa de trabajo para los próximos cuatro años. Este estará basado en cuatro puntos: impulso a los proyectos productivos, cambio en el “enfoque minimalista” del cumplimiento de las obligaciones con los firmantes de paz, reincorporación comunitaria y empoderamiento de las mujeres.

Para Miller, estos cambios no dan más espera. “Creemos que tenemos que avanzar en la redistribución de las cargas del cuidado y cómo facilitamos que las mujeres puedan potenciar otros aspectos. Necesitamos seguir fortaleciendo el liderazgo social y político de las mujeres firmantes, que son constructoras de paz, y necesitamos que estén liderando muchos escenarios de construcción de paz desde los lugares en donde se encuentran”, afirma. Para la funcionaria, el camino es darle a las mujeres herramientas para ejercer un liderazgo feminista “que tenga en el centro el cuidado de la vida, el empoderamiento de derechos y que las ponga en ese lugar de conocimiento del Estado”.

Para decidir cómo apoyar, la ARN está en proceso de recorrer los espacios de reincorporación para reunirse con los y las firmantes de paz. Según Miller, comenzaron por el sur del país y en pocas semanas estarán en el caribe.

Mientras tanto, esta agencia está diseñando la estrategia de empoderamiento a nivel general. “Deberá tener varios aspectos a revisar en la reincorporación económica, social y política de las mujeres. Necesitamos que se aborde, por un lado, cómo fortalecemos aquellos proyectos de mujeres firmantes que trabajan no solamente el tema productivo, sino también la integralidad de procesos relacionados con el cuidado, con el fortalecimiento de los derechos de las mujeres y del liderazgo. Hay quienes están haciendo esa tarea y la Agencia debe ayudar a impulsar”, puntualiza. Miller también dice que buscarán trabajar en la prevención de violencias de género, pues en el país dos mujeres excombatientes han sido víctimas de feminicidio.

Además del trabajo institucional, todavía hay cambios profundos que deben hacerse a nivel cultural. Heiner Arrieta, enlace de reincorporación de Pondores, reconoce que persiste la cultura machista. “La Guajira miramos que es de cultura patriarcal, y además para nosotros en la guerrilla el tema de la equidad de género se ligaba también a una disciplina que estaba contemplada en unos estatutos. Pero acá cada quien debe actuar de acuerdo a sus convicciones y a su propio criterio y salen a flote estos rasgos que se tenían de pronto reprimidos por el cumplimiento de las normas. Entonces sí, todavía falta mucho por trabajar en el tema de las nuevas masculinidades y sobre todo el machismo”, afirma.

Por último, el reto es la seguridad. El desplazamiento de las 200 familias de firmantes en Mesetas mantiene en alerta a todos y todas las excombatientes del país. En el caso de Pondores, por su cercanía con la Serranía del Perijá y la frontera con Venezuela, expertos han alertado sobre riesgos de seguridad por presencia de grupos armados como el Eln, la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo y bandas criminales. Lo que la población pide es que se les garantice la vida. “A nosotras nos da miedo andar a pie, pues no sabemos en qué momento podemos ser víctimas de una desaparición y todas esas cosas nos hacen temer por nuestras vidas. Hemos solicitado esquemas personales y también ampliación para esquema colectivo pero todavía no ha sido posible”, insiste Luz Marina Velásquez

*Para este trabajo consultamos a la Unidad Nacional de Protección para obtener información sobre los esquemas aprobados a hombres y mujeres del espacio de reincorporación de Pondores, así como sobre las medidas con enfoque de género que aplican. Sin embargo, la entidad negó la respuesta a un derecho de petición aduciendo motivos de seguridad nacional. Tampoco recibimos respuesta a una solicitud de entrevista.

Autoras

Betsabé Molero, habitante de 'Pueblo Paz' y periodista local de Consonante
Beatriz Valdés, periodista de Consonante

Este trabajo fue propuesto por Betsabé Molero en el marco del Gran Consejo de Redacción de Consonante realizado entre el 16 y 17 de noviembre de 2022 en Santa Marta, Magdalena.