Entre enero y junio de 2023, 75 adolescentes y una niña se hicieron madres en Fonseca. Esta cifra representa poco más de la mitad del total de niñas y adolescentes que parieron durante todo el año pasado: 150. “Es tan común. Yo tengo 27 años y no tengo hijos, y aquí todo el mundo se extraña”, dice una mujer al explicar que las maternidades tempranas están normalizadas en el municipio. 

En una visita al Hospital San Agustín se puede ver a al menos una adolescente embarazada con su carpeta de documentos debajo del brazo. El personal del hospital advierte que la situación en el municipio es complicada pues en lo que va del segundo semestre del año, se registraron cinco menores de 14 años que resultaron embarazadas luego de ser víctimas de violencia sexual. 

“El embarazo en niñas es el reflejo o la consecuencia de las violencias sexuales”, explica Pablo Andrés Rodríguez, médico especialista en Salud Sexual y Reproductiva y en Educación y Desarrollo Social. “Y en adolescentes, sobre todo cuando es no deseado y no planeado, significa una falla como sociedad. Son adolescentes que probablemente no tuvieron acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, a anticonceptivos, que han sido inmersas en uniones tempranas o matrimonios, que afectan su desarrollo integral y sus posibilidad de alcanzar su máximo potencial”, agrega.

Sin embargo, esta violencia no es reconocida por todos en Fonseca. A pesar de que en la ley cualquier relación sexual antes de los 14 años constituye violencia, las familias de las víctimas no siempre la reconocen como tal. 

“No hay denuncia cuando la vida sexual de la joven es activa de manera voluntaria”, afirma Patricia Carillo, trabajadora social del Hospital San Agustín. “Aquí han llegado niñas menores de 14 años que tienen vida sexual activa y dicen: vivo con mi pareja”, responde la funcionaria. En estas ocasiones, los padres también consienten la relación, que usualmente es con hombres mayores que ellas.

Para Lina Corredor, educadora en Sexualidad y asesora pedagógica en Derechos Sexuales y Reproductivos, el embarazo en la infancia y en la adolescencia es la punta del iceberg de las violencias a las que están sometidas las niñas y adolescentes. “En Colombia no hemos tenido educación en sexualidad, que es la herramienta para prevenir los embarazos y muchos otros problemas sociales, como la violencia basada en género, los estereotipos y roles de género”, explica. “Estos ciclos y círculos de violencia (pobreza, violencia, embarazo, pobreza…) se dan en el marco de la brecha desigualdad de género. La punta del iceberg es el embarazo adolescente”, agrega.

Corredor, además, explica que en familias empobrecidas sucede que cuando una niña va creciendo y es pretendida por un hombre, usualmente mayor, muchas familias consienten esas relaciones, aunque ante la ley sean un abuso. “En muchas partes todavía tenemos muy normalizadas y hasta deseadas las uniones tempranas, porque es una boca menos que alimentar. Pasa en la ruralidad que la mamá le dice a su hija de 12 años “vaya y le entrega esto al señor allá de la tienda, mire que le puede dar una estabilidad”. “Conozco muchos casos”, agrega Corredor.

Un estrategia desordenada

De acuerdo con el Informe de Gestión de 2022 de la Alcaldía de Fonseca, el año pasado se realizaron algunas actividades enfocadas a la prevención del embarazo adolescente. Por ejemplo, “asistencia a la primera mesa de Infancia Adolescencia y Familia municipal”, donde se abordó el tema. O la implementación del programa llamado “Hay que hablar”, donde se trataron temas como el bullying, el consumo de sustancias psicoactivas y el embarazo adolescente en las instituciones educativas, así como la conmemoración de la semana Andina. 

Sin embargo, estas acciones no son permanentes ni articulan el trabajo de actores de distintos sectores. En Fonseca, mientras en el hospital consideran que es responsabilidad de las escuelas, en las escuelas piensan que la orientación en sexualidad la deben impartir los padres. 

Por ejemplo, en el Hospital San Agustín existe el programa Servicios Amigables, en el que dictan charlas y ofrecen capacitación a adolescentes y padres sobre temas como la sexualidad y la construcción de proyectos de vida. Y también está el servicio de Planificación Familiar para Adolescentes, que atiende sobre todo a niñas de entre 12 y 18 años. 

Patricia Carrillo dice que en su labor intentan llenar vacíos. “Esto no quiere decir que la niña viene y se le pone un implante, sino que es una orientación que le hace el médico. Es más amplio, porque en los colegios es poca la orientación que se les está dando a estos jóvenes, porque los hemos visitado”, afirma Carrillo. 

Por su parte, Laura Gómez, psicorientadora de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Fonseca, dice que los colegios tienen grandes problemas para dictar educación sexual, y estos van desde la falta de la dificultad presupuestal y de tiempo para ejecutar el Proyecto de Educación Sexual, que es obligatorio, hasta la falta de articulación con otras entidades, pues los servicios que llegan son esporádicos. 

“En nuestra institución estuvo la Secretaría de Educación y Salud en esta semana Andina, y estuvieron dictando unos talleres. No quiero demeritar la labor, pero terminan siendo pañitos de agua tibia. Este tipo de actividades no son de una semana o un mes, deben ser permanentes. Si llegaran cada mes a dictar charlas, les abrimos las puertas. Es más, si me asignan una hora semanal para esta educación sexual, es mucho lo que podría lograr”, afirma. 

La necesidad de crear una estrategia en la que participen distintos actores de la comunidad se identificó desde hace varios años. En 2008, los presidentes de Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela para prevenir los embarazos en la niñez y en la adolescencia en la región Andina. En ese entonces, se reconoció el embarazo adolescente como un asunto que requiere un tratamiento multidimesional.

“El embarazo en la infancia y la adolescencia trascienden lo que el sector salud puede hacer y requieren del concurso de toda la sociedad”, dice Pablo Andrés Rodríguez. Se refiere, por ejemplo, a que es esencial que las instituciones del sector salud estén trabajando con las encargadas de la educación, del deporte, de la administración de justicia y de instituciones que protegen la infancia, como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

Pero en Colombia los resultados han sido inconsistentes y desiguales: quienes resultan más embarazadas son las niñas y adolescentes más pobres, con menor educación y que viven en lugares periféricos. Esto termina por perpetuar el círculo de la pobreza.

“En los últimos 20 años han habido tendencias a la disminución, particularmente desde el año 2015 en Colombia el embarazo en la adolescencia ha ido disminuyendo porcentualmente, pero el embarazo en la infancia infortunadamente se ha mantenido un poco estático”, afirma el médico Pablo Andrés Rodríguez.

En Fonseca, la cifra de embarazos en la infancia y en la adolescencia ha aumentado y disminuido en los últimos cinco años. Y aunque 150 es el número más bajo de nacimientos reportado en este tiempo, esto no es igual a que los embarazos hayan disminuido, pues según funcionarias del Hospital San Agustín de Fonseca, en la institución se practican Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE) en niñas y adolescentes. “Aquí hay niñas que nos dicen: yo no quiero tenerlo, no sé criar un hijo”, explica Ana Yajaira Bula, psicóloga de la E.S.E. Hospital San Agustín.

Entonces, ¿qué se puede hacer?

Los especialistas coinciden en que mientras se ponga la culpa sobre las niñas, no se verán las causas reales del problema: desinformación, violencia, pobreza, dificultades para acceder a servicios de salud y entornos familiares complejos. Y, menos, las soluciones.

Ante esto, recomiendan hablar. En los colegios y en las familias, pero también ofrecer servicios que no impongan barreras. “Yo puedo tener espacios de educación espectaculares, pero si las peladas o los pelados están intentando acceder a servicios y el sistema de salud no les es corresponsable, pues no estamos haciendo nada” explica Lina Corredor. También puede suceder lo contrario, las niñas, niños y adolescentes acceden a métodos de planificación familiar sin tener adecuada formación en educación para la sexualidad y puede que no se embaracen, pero podrían sufrir otro tipo de violencias o estar expuestos a Infecciones de Transmisión Sexual.

Pablo Rodríguez, además, llama la atención sobre la responsabilidad de las autoridades locales y regionales. “Existe la Comisión Nacional intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que permite esa coordinación entre los diferentes sectores a nivel nacional para dar línea a los departamentos, distritos y municipios sobre estos temas. Uno esperaría que haya un reflejo de este mecanismo nacional a nivel territorial”.

Rodríguez considera que, si no es a través de esta comisión, los municipios pongan en marcha políticas públicas y planes con metas, indicadores y recursos. “La sociedad civil y los medios de comunicación deberían estar preguntando por esto. Ya estamos terminando el año y cerrando un gobierno, hay que preguntarse por cuáles son los resultados de la gestión que hizo la administración en cuanto a este tema”.

Las comunidades ubicadas en Dibulla y Riohacha, en La Guajira, llevan todo el año mirando el terror: en las vías, en las calles, en las casas. En tres ocasiones han aparecido cuerpos calcinados, desmembrados, torturados y dispuestos en sacos y bolsas. Los últimos tres fueron hallados en Tigreras, un corregimiento del centro poblado Pelechúa, en zona rural de Riohacha, el 21 de mayo. 

Estos hechos, más el cobro sostenido de extorsiones, citaciones a líderes para imponer “normas de conducta” y la circulación de panfletos amenazantes llevó a que la Defensoría del Pueblo emitiera una Alerta Temprana de Inminencia en junio. El motivo de la violencia es, según la entidad, la disputa territorial, establecida entre las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada -. ACSN, y el Frente Francisco José Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia -AGC por el control territorial de la Troncal del Caribe, y de áreas circundantes a esta”. De hecho, tres miembros de la Defensoría han sido asesinados en La Guajira entre julio de 2022 y septiembre de 2023: Raúl Rosales Blanquicet, Néstor Enrique Martínez Brito y Freddy Enrique Rhenals Coronado.

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn) se ha expandido en el departamento y ha disputado el control de varias zonas al Clan del Golfo o Agc dejando asesinatos, masacres y amenazas a líderes del territorio guajiro, pero, según afirman defensores de derechos humanos y líderes sociales esto no ha sido suficiente para que el Estado atienda a la población. A esto se suma que las Agc han hecho lo mismo. Denuncias de la Plataforma de Defensores de la Sierra Nevada dan cuenta de combates entre este grupo y las Acsn entre Aracataca y Fundación. 

Hace dos semanas, el 11 y 12 de septiembre, el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, estuvo en la Sierra Nevada de Santa Marta instalando un diálogo comunitario llamado “Misión Paz” en el territorio, según informaron en un comunicado, para “escuchar a la población y fortalecer las iniciativas de construcción de paz de las comunidades”.  El encuentro, que sonó en los medios del Magdalena, pasó inadvertido en La Guajira, pues ningún líder u organización de este departamento fue invitado.

En ese mismo espacio, al que asistieron líderes comunales, la iglesia, la Onu y abogados de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (Acsn, antes conocidas como los “pachenca”), Rueda anunció que dialogará con las Acsn, aunque no hay ninguna ley o decreto que establezca qué se puede negociar y qué no. “El proceso va a iniciar de forma privada, sin marco jurídico por ahora, pero con testigos”, dijo. Esto porque la Fiscalía no puede levantar órdenes de captura mientras no haya marco legal para el diálogo.

La violencia se extiende a San Juan del Cesar

La acción de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada no solo es en la Troncal del Caribe. En San Juan del Cesar la población lleva más de un año recibiendo panfletos amenazantes y se han registrado seis asesinatos selectivos. Además, en corregimientos como Zambrano y Villa del Río se han presentado hombres, vestidos de civil, que se acercan a las personas que antes han aparecido en los panfletos para reiterar las amenazas. Varios jóvenes y al menos dos familias enteras se han desplazado.

“El avance que ellos (Acsn) habían tenido para llegar a San Juan del Cesar, a Urumita y al sur de La Guajira no les fue posible y tuvieron que retroceder y fortalecerse en Guachaca, Cuestecitas y Riohacha. En el corredor del carbón tienen una base en Pelechúa y todo un dominio hasta el puente del doctor en Santa Marta, en límites con Ciénaga, donde ya están las Agc”, explica Lerber Dimas. Ahora, los pobladores han informado que estos grupos se han encontrado en la región entre Aracataca y Fundación, al suroeste de la Sierra Nevada.

Ahora mismo, según la información de la Plataforma, la configuración territorial está así: Maicao sigue siendo controlado por guerrillas (Eln y disidencias de las Farc), mientras que desde Uribia hacia el sur de La Guajira y hasta el Cesar hay presencia del Clan del Golfo o Agc. En la troncal del Caribe y Riohacha están las Autodefensas Conquistadores. 

La arremetida de estos grupos dejó graves consecuencias para los liderazgos sociales. La Pdhal tiene registros de una líder amenazada en Mariangola (Valledupar), dos en San Juan del Cesar y dos más en Fonseca. Esto ha sido a través de panfletos, mensajes de texto y llamadas. "Tenemos una preocupación grande, pero no hemos hecho mucho eco porque ellos no han querido que lo denunciemos, porque los líderes dicen: lo resolvemos nosotros mismos. Han tenido que quedarse callados y prácticamente ponerse de rodillas", explica Dimas.

Los reparos a la Misión Paz

La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (Oacp) llegó a la región un año después de que se puso en marcha la política de paz total, aunque líderes de la Sierra habían pedido ser escuchados. 

Epimelio Bolívar, dirigente de la organización social del pueblo indígena wiwa, participó del encuentro porque desde el pueblo querían conocer la propuesta del gobierno. “Pudimos dialogar y vemos el tema positivo. Queremos lograr una paz dentro del territorio, y qué bueno sentarnos a conversar entre nosotros mismos para un beneficio real de la población”, explica. Bolívar, sin embargo, aclara que lo ven como “un primer paso”, pues el comisionado Danilo Rueda no se refirió a cómo participará la gente en los diálogos, si es que es posible. “Esperamos ser parte de esto”, afirma.

El vacío en la participación de las comunidades revela lo que falta en el proceso: no está claro cómo van a participar, pues no hay una figura jurídica para sostener el proceso con las autodefensas, ya sean Agc o Acsn. 

• Sin ley de sometimiento ni reglas claras

El 31 de diciembre de 2022 el presidente Gustavo Petro anunció ceses al fuego con cinco grupos armados, entre esos el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadores. Para estos ceses, sin embargo, no se establecieron protocolos para definir, por ejemplo, cuáles acciones estaban permitidas y cuáles no, o quiénes y cómo se verificaría el cumplimiento. El cese con el primer grupo se rompió tras un ataque a la Fuerza Pública en medio de un paro minero en Antioquia, y, en teoría, el cese sigue vigente con las Acsn. Sin embargo, el proceso de acercamientos y diálogo no ha tenido avances con ninguno de los dos.

Por un lado, estos grupos paramilitares han pedido al gobierno que les reconozca un estatus político, lo que les daría la posibilidad de establecer una negociación de paz. Pero el gobierno no los reconoce de esa manera, sino como estructuras organizadas de crimen de alto impacto. “La ley 2272 divide los caminos por los cuales se puede incluir a un grupo para llegar a su eventual desarme. El primero es la negociación de paz, que solo se le ofrece a los grupos que cuentan con el estatus político, que en los términos del gobierno son los grupos que tienen como objetivo alterar o derrocar el orden institucional”, explica Paula Tobo, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. Luego, están las estructuras que no tienen ese objetivo, pero pueden controlar territorio y hacer daño. “Para estas estructuras el camino es el sometimiento a la justicia”, aclara.

Como la negociación no parece ser un camino, el gobierno debería presentar una ley de sometimiento en la que se detalle, por ejemplo, cuáles serán las penas que pagarán los miembros de los grupos, cómo repararán a las víctimas o si conservarán algunos de sus bienes. El gobierno radicó esta ley el 15 de marzo, pero el Congreso no la discutió en la legislatura que estaba vigente. Para la legislatura actual, el presidente ha hablado de una “ley de reconciliación”, pero esta no se conoce. Además, los grupos han insistido en que no se someterán a una ley que no se haya conversado con ellos.

Para Mauricio Valencia, investigador de la Fundación Paz y Reconciliación, es grave que el Estado empiece conversaciones con un grupo armado, en este caso con las Autodefensas Conquistadores, sin tener un piso jurídico porque “da pie para que de alguna manera los acuerdos a los que se lleguen sean muy etéreos, que no se puedan materializar en acciones concretas, y a su vez eso genere falsas expectativas, sobre todo cuando se está empezando un acercamiento con las comunidades campesinas e indígenas que han depositado sus expectativas de alivios en el territorio en estos acercamientos con los grupos armados”. 

Además, según Valencia, esto puede minar la legitimidad de los procesos en la medida en que los diálogos no se materialicen en acciones de sometimiento o desarme. Pero no solo eso. Hay riesgos de que aumente la violencia, especialmente con el Clan del Golfo. "Cuando un grupo armado va a negociar con el Estado lo hace sobre la base de que se encuentra disminuido en su capacidad logística y militar. Sin embargo, en este momento (el Clan) se encuentra muy fuerte. Si yo estoy fuerte, ¿por qué tengo que negociar si tengo el mayor control territorial del país? Lo que hacen muchas veces, por no decir siempre, es demostrar su fuerza a partir del incremento de acciones armadas de cara a estos acercamientos".

• Participación a medias y sin garantías

"Se han venido ejerciendo presiones de las Acsn sobre la gente en varias zonas de la Sierra para, a su vez, presionar al gobierno frente a lo que consideran ellos que debe plantearse en el acuerdo", afirma María Cedeño, secretaria general del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, una organización que trabaja con líderes y organizaciones de la región. “Ellos han venido creando organizaciones como para demostrar que hay un escenario en el que tienen el apoyo de la población civil, e incluso han generado recursos para las juntas de acción comunal. Incluso nos han hablado de que están obligando a apoyar a ciertos candidatos”, agrega. 

Lerber Dimas confirma la coacción de los grupos armados. “Es importante que las organizaciones sociales estén dentro de estos procesos, pero las organizaciones no son las juntas de acciones comunales de las veredas donde están los actores armados. En los territorios paramilitarizados no es posible que existan los liderazgos que no estén comprometidos. Las decisiones que tomen los líderes allí de una u otra manera van a pasar por manos de los grupos paramilitares”, afirma. “Esto tiene que entenderlo el alto comisionado”, agrega.

Líderes campesinos de La Guajira e indígenas del pueblo kankuamo consultados por Consonante no supieron sobre este encuentro, pero sí quieren participar. Sobre todo, porque insisten en la necesidad de que los grupos salgan de sus territorios. 

Sin embargo, aún no es claro cómo funcionará la Misión Paz. Un comunicado de la Oacp afirma que habrá presencia permanente en el territorio para escuchar a la población y fortalecer las iniciativas de construcción de paz, pero no dice cómo ni cuáles acciones adelantarán.

A esto se suma que hay miedo entre los líderes que han quedado en la disputa entre las Agc y las Acsn, y no existe ningún monitoreo sobre estas acciones. En municipios como San Juan del Cesar o Fonseca, donde están las Agc, la población sigue esperando que pase algo en el proceso con este grupo. Pero la información es nula. Aún así, la población no desiste en su anhelo de paz.

Elsi María Valencia Rengifo empezó a cocinar para vivir desde que tenía 19 años. Antes ya lo hacía, pero solo en su casa en Mosquera (Nariño, un municipio enclavado en el Parque Natural Sanquianga, entre el mar, el manglar y el río). “Tuve unos padres que nos dejaron sus mejores regalos, que fue su sabiduría, el conocimiento de lo que hacían”, dice cuando piensa en sus años de niñez y juventud. Como muchas personas de su comunidad, migró a Cali para estudiar, pero no fue posible. Ahí apareció la cocina. “Descubrí que era lo mejor que sabía hacer”. 

Hoy, a sus 60 años, continúa siendo cocinera. Pero, además, es docente de las universidades San Buenaventura y Javeriana de Cali, e investigadora de cocina tradicional del Pacífico. Desde este último oficio se ha dedicado a viajar y a conocer las comunidades desde el Chocó hasta Nariño para dejar escritas sus formas de alimentación. “Quiero entregar a las nuevas generaciones lo que a lo largo de mi vida he aprendido”, dice convencida. En esta entrevista se refiere a las tradiciones de esta región del país, los que las amenaza y cómo las propias comunidades pueden hacer resistencia desde las cocinas y los patios.

Consonante: ¿Cómo comenzó el camino en la cocina?

Elsi Valencia: Empecé vendiendo empanadas en la puerta de una clínica, caminando todos los días a llevar mi producto y ya con las empanadas fueron ingresando otros productos que están en el mundo negro. Tuve una cafetería y fui expandiéndome. En 2009 llegué al Sena en la búsqueda de mejorar procesos de costos y allí descubrí que la cocina era más que cocinar algo. Me hice muy intensa con la cocina tradicional y renegaba mucho de que nos enseñaban era a cocinar de otros lugares. Luego, junto a otra persona, conformé un grupo de investigación y al año siguiente, en 2010, me hicieron instructora. 

C: ¿Cómo ha sido el proceso de investigar?

E.V.: Hemos trabajado en muchos procesos, especialmente investigando en el Pacífico, que está al ladito de la ciudad. Estamos todos en la región, pero nuestras casas profundas están al ladito de Cali, que son nuestros pueblos. Empezamos a viajar y a conocer más y esto es tan inmenso que ni siquiera uno que es de los territorios a veces conoce toda la grandeza que tiene alrededor de la comida, de la cocina y de los productos de la gente. Hablamos tanto  de la soberanía, de la seguridad, pero vemos que de eso ya tenemos poco. De ese trabajo hemos publicado tres libros: Sabor a Pacífico, Sabor a memoria y El festín de las mujeres del Pacífico.

C: ¿Cuáles son los hallazgos más importantes de ese trabajo?

E.V.: Empezamos a encontrarnos con todas esas hermanas de territorio aquí en la ciudad de Cali, trabajamos con mujeres en el Chocó, nos vinimos luego al Cauca, trabajamos con otros pueblos caucanos, como Guapi y corregimientos más pequeñitos, pero también los ríos Yurumanguí, Anchicayá…hay una riqueza inmensa, nosotros no hemos llegado ni al 0.01 (por ciento) de lo que hay en estas regiones en la alimentación. Encontramos que hay mucho en la memoria, pero estamos cortos. Yo hablo del racismo en la alimentación y cómo por ser esta cocina de gente negra no ha sido puesta en valor como se merece.

C: También está la diáspora… ¿El desplazamiento ha influido en esa pérdida de memoria gastronómica?

E.V.: Sí, hay un problema grande por el desplazamiento que vivimos por los grupos armados. La gente está desplazada en Buenaventura, otros en Cali, pero esto algún día tendrá que parar y la gente tendrá que volver a la vida, que son nuestros propios espacios. Poder disfrutar de lo que tenemos de manera tranquila. Cuando no va a los territorios comunitarios ve que ahí está realmente la vida. 

C: Ese racismo en la alimentación parece que también es desconocimiento de las diferencias de las cocinas del Pacífico. ¿Por qué hay tanto desconocimiento?

E.V.: Creo que lo único que nos atraviesa al Pacífico litoral, son las azoteas, nuestras hierbas. De norte a sur, desde el Chocó, que cocina con queso y el Chocó que cocina con coco, hasta el sur de donde yo soy. Las hierbas son la albahaca negra, el sirará, el cimarrón o chillangua, el orégano grueso, el poleo, la cebollita de hojas finas, y para dar ese color, el ají dulce. En eso somos igualitos.

Y de allí la gran diferencia está en los encuentros, qué comemos, los métodos de conservación, que los hemos perdido. Las neveras han hecho un trabajo (risas)... Son buenas, pero hoy no tenemos variedad en nuestros sabores. Todo es fresco o congelado, cuando antes teníamos métodos de conservación a la mano: salazones, ahumados, secados al sol,  al presos, escabechado. Todo eso lo hemos perdido. En cuanto a la cocina con coco, la tiene el Chocó de mar, Cauca, Valle, Nariño. Pero la cocina chocoana de río es con queso, que se introduce del norte. No le pongo más de 150 años a esa cocina.

C: Usted insiste mucho en la tradición. ¿Por qué?

E.V.: Soy fiel defensora del origen, de lo que somos. Cuando me dicen que por qué soy tan testaruda en eso, digo: Si todos nos dedicamos a la innovación o a la creación, ¿quién va a sostener la memoria? ¿Quién va a cuidar esa riqueza que ustedes dicen que tenemos que cambiarla? Cuando vamos cambiando, vamos disminuyendo. Cada uno va poniendo su pedacito y cuando vamos a ver, no hay nada. Entonces creo que tiene que haber alguien que salvaguarde, que cuide para que las nuevas generaciones puedan seguir trabajando desde allí. De lo contrario, se pierde la memoria y con el tiempo olvidaremos quiénes somos y qué hemos puesto en la mesa.

C: Además de la investigación, ¿cómo trabaja para salvaguardar esa memoria?

E.V.: Con mis estudiantes. Yo siempre le digo a mis alumnos: cuando tenga el plato en su cara hágase la pregunta, no coma sin sentido, coma preguntándose ¿esto qué significa para mí? ¿Quién soy yo aquí en este plato? No podemos ir únicamente comiendo y llenándonos sin saber este plato cómo llegó a mi mesa, por qué este sabor me importa, por qué siento esta alegría cuando lo como. Sí, comer es un hecho biológico, pero detrás de eso hay una cantidad de cosas tan importantes que las damos como si no existieran. 

C: ¿Cómo se relaciona ese olvido con el racismo?

E.V.: Hay alimentos nuestros que están en vía de extinción. Del pacó quedan son pocos palitos, a pesar de que es un alimento tan bueno. Lo hemos pasado a un segundo plano porque hay un racismo en eso, entonces dicen que únicamente es comida de negro, entonces los negros verán cómo se la arreglan y buscan por allá su producto, como lo cultivan. Pasa con el naidí. Yo les presenté un video a mis estudiantes sobre el naidí, que es el asaí en Brasil, porque en el Pacífico somos cultivadores de naidí. Y me decían: profesora, ¿uno por qué conoce el asái y no el naidí? Y les decía: porque hay racismo en la alimentación, porque es cocina de negros. Hoy nos aceptan un poco aquí porque la comida se metió en el festival y hemos llenando a Cali de tantas caras lindas negras y movimiento, pelos rizados y narices chatas, que paso a paso nos han ido entendiendo y otros rechazando. Pero la mayoría entienden que este es el retorno, es volver de esas haciendas a las que nos mandaron en el Pacífico, pero volvemos a la ciudad.

C: A pesar de esto, en el centro del país hay chefs de restaurantes costosos que incorporan alimentos del Pacífico, ¿cuál es su lectura de esa situación?

E.V.: En ese desprecio por nuestro mundo a veces me pregunto cómo sería si el mundo supiera lo que hay aquí. A veces digo que es mejor tenerlo en secreto, pero no, esto hay que contarlo porque es la vida de la gente. Pero a veces no entendemos la magia que tiene eso tan bonito, no sabemos entregarlo, y también a veces cuando llegan los actores a buscarnos, pues lo que hacen es como desnudarnos. Nosotros entregamos todo, pero ellos nos desnudan y en esa desnudez, nos van quitando el poder de ser nosotros. Cuando van a las comunidades y hacen cosas, pero no son capaces de reconocernos que eso lo supieron por nosotros, que eso lo aprendieron de nosotros. Entonces lo empiezan a cubrir, a ponerles un velo y en ese velo nos quitan la memoria. En el mundo puede pasar de todo, pero lo que menos puede suceder es que no tengamos gratitud ante esos espacios, ante esas personas que te pusieron en conocimiento, que piensen: venga, usted me dio el conocimiento camine, salga de esta selva y muestre, hable. Pero no y nos dejan en la selva, nos dejan en lo profundo y se olvidan de quiénes somos.

C: ¿Esto es otra forma de racismo y colonialismo?

E.V.: Hoy tenemos otro tipo de colonización y es mucho más vergonzante que la otra. En la otra nos dominaban con el arma y nos metían a la mina, a las plantaciones, nos quitaban el orgullo, pero hoy es mucho más abrumadora, porque es sin fusil, sin el látigo, simplemente con la palabra. Y nosotros no logramos entender porque de alguna manera tenemos grilletes en la cabeza.

C: ¿Cómo se puede trabajar para garantizar la soberanía de los pueblos negros desde la cocina?

E.V.: Es resistencia. Soberano es para mí es eso que es propio, lo que produce mi ambiente, lo que es fácil que mi tierra lo dé, pero nosotros hoy no hoy entramos y salimos en motores, en lancha y usted ve que la gente ya lleva a los territorios lechuga, tomates cuando eso jamás se ha dado en nuestros territorios. Yo tengo mis hierbas de azotea. Una vez en Guapi hablamos con una nutricionista y le decía: hágale pruebas a las hierbas de azotea y verá lo que tiene cada una. Nuestros padres las incluían en la alimentación para sanar el cuerpo y para hacer la conexión divina. La gente no cree en eso, pero toca cuidarlo.

Nosotros tenemos que resistir con lo propio, no podemos depender de lo que está afuera. Los paros armados, de camiones y de la misma gente cuando cierran las vías nos lo han dicho. Usted ve que ya hay doñas que se olvidan de las hierbas, pero no del caldo rico. Las pérdidas que hemos tenido nos han abrumado demasiado, pero no podemos perder el camino. 

“Yo cambio cualquier carne por esa fruta, oyó”, asegura José de los Santos Mosquera, un agricultor tadoseño que transita por los ríos de la zona rural del municipio atento a las orillas y a las islas, en busca de un árbol de pacó o baga que tenga frutos. Si los ve, no duda un segundo en ir a buscarlos. Pero muchas veces no son sus ojos los que le advierten la presencia del pacó, sino su nariz. José de los Santos Mosquera puede distinguir a metros de distancia el hedor del pacó, su fruta preferida, cuando se pudre. Y sabe que si hay una podrida, tal vez haya otra madura a su lado. O una fruta que esté “hecha”, es decir, en proceso de maduración.

De conseguir un pacó –verde, de redondez irregular y pulpa anaranjada y crocante–, José de los Santos lo utilizaría en un sancocho con carne o pollo, si tiene. Sino, prepararía la sopa solo con la fruta. “Me encanta, me siento sabroso, me siento con fuerza, como que se me aumenta la visibilidad de los ojos”, dice emocionado al imaginarse esta posibilidad. 

Martha Liliana Mosquera, habitante del corregimiento del Carmelo, en Tadó, lo preferiría de otra manera. Ella tiene su propia receta: “Uno lo pone a cocinar con su ciento de sal y su agua. Después lo muele y se le va echando su verdura: es como hacer un huevo revuelto. Yo lo que más le echo es la cebolla, porque tomate muy poco, su ajo, su pedacito de cilantro, si hay albahaca, se le echa su poquito, si hay orégano también”. Esta preparación puede ser un desayuno, el acompañante de un almuerzo o una cena.

Pero otras personas elegirían cocinar el pacó en una “zamba”. “Es cocinarla y hacer un sudadito, sola o con carne, según la economía de cada vivienda”, explica Sandra Perea, una líder y emprendedora de Tadó.

El pacó ha sido utilizado tradicionalmente en las cocinas de Tadó y otros municipios del Chocó en reemplazo de la carne de res, cerdo o pollo. “Es una proteína vegetal”, asegura Elsi María Valencia, cocinera tradicional del Pacífico quien trabaja como docente de las universidades San Buenaventura y Javeriana, en Cali. De forma empírica las comunidades lo saben. José de los Santos Mosquera no conoce cuáles son las vitaminas o propiedades de la fruta, pero sabe que cuando almuerza pacó se siente fuerte. 

Elsi Valencia ha usado el pacó para preparar recetas en sus clases de universidad. Con esta fruta les ha enseñado a sus estudiantes a hacer dulces, frescos y hasta envueltos en los que combina el pacó con maíz añejo o prepara arroz de maíz. Valencia explica que en el Pacífico colombiano se ha consumido esta fruta no solo por sus valores nutricionales y su versatilidad sino, sobre todo, por tradición. “Es que la mamá le puso a uno la teta en la boca después de que durante todo su embarazo ella comió eso. Es lo mío, es de donde yo soy, eso es lo que me hace bien. Así sea la papachina o el pacó. Eso es lo que mi cuerpo y mi memoria reconocen”, explica.

"Es lo mío, es de donde yo soy, eso es lo que me hace bien. Así sea la papachina o el pacó. Eso es lo que mi cuerpo y mi memoria reconocen”.

Elsi Valencia, cocinera tradicional del Pacífico

Pero a diferencia de las hierbas de azotea como el poleo o el cilantro cimarrón, el pacó es un ingrediente poco conocido en otras regiones del país. Además, esta fruta –que se cultiva exclusivamente en el Chocó y en las riberas de algunos ríos del Pacífico, como el Yurumanguí y el Anchicayá, en el Valle del Cauca– hoy es cada vez más difícil de conseguir. 

En la región del San Juan el pacó ha empezado a escasear. Por ejemplo, a pesar de que el mes de julio es temporada de pacó, en el mercado de Tadó apenas se consiguen unos cuantos. Y esto no sucede solo en el Chocó. Elsi Valencia ha tenido que mandar a buscar pacó del Chocó para llevarlo a Cali y usarlo en sus clases, pues en el Valle del Cauca a veces no lo consigue.

Minería y desplazamiento: lo que amenaza la tradición

El pacó no crece silvestre ni de cualquiera de las varias semillas que tiene adentro. El árbol, que crece erguido, con hojas largas y ramas altas, se planta en los patios de las casas y en las riberas o islas de los ríos. Álvaro Minota, técnico de Codechocó, explica que las parcelas chocoanas son agroforestales, es decir, “ellos (los chocoanos) meten en su parcela un palo de pacó, un palo de caimito, un palo de zapote, y así. No hay cultivos aislados de este producto”.

Además, según José de los Santos Mosquera, el árbol que asegura frutos solo nace de una semilla sana: “cuando está sanito las semillas son negritas como este ser con el que usted está hablando”, afirma.  

El método utilizado tradicionalmente para cultivar esta fruta lleva a que su disponibilidad esté sujeta, prácticamente, a que quienes la cultivan quieran venderla. Por ejemplo, Martha Liliana Mosquera tiene en su patio un árbol de pacó y José de los Santos Mosquera tiene tres que le dan frutas de vez en cuando. 

Las fuentes consultadas por Consonante para este artículo coincidieron en que hay otra razón que ha llevado a que el pacó esté desapareciendo: la minería con maquinaria, como dragas y retroexcavadoras, y el uso de mercurio. “La minería ha afectado la producción de los cultivos nativos donde ella llega, es indudable. Sumado a eso, la erosión, o sea, no solamente está el mercurio con el que se lava el oro”, explica Minota.

El técnico afirma que las prácticas de remoción de terreno y desvío de ríos generan aún más daño. “Si yo cojo una hectárea de terreno con un bulldozer, arruino la capa vegetal, lavo el oro que está ahí y después relleno ese terreno con la misma capa vegetal que yo moví, el daño no es significativo, pero aquí lo que hacen son unos pozos”.

A este panorama se suma que en muchas zonas rurales el conflicto armado desplazó a las familias campesinas que tuvieron que irse a las ciudades o cascos urbanos y abandonaron sus cultivos tradicionales. Con esto, también se han ido perdiendo las preparaciones. José de los Santos Mosquera cuenta que no ha probado un envuelto de pacó con maíz añejo y arroz de maíz en al menos 20 años. “Uno cogía el pacó, la cocinaba y la molía, hacía su salsa y se la echaba al maíz que tenemos acá, que no es de grano grueso, sino una semilla diferente. De ese maíz se coge una buena cantidad que esté bien seco, se muele pero no demasiado fino y se cocina. Se le pone su salsa y se acompaña con pescado o lo que uno tenga”, recuerda. “Eso ha desaparecido. Solo quienes tienen más de 60 años guardan ese recuerdo”, agrega.

Un llamado a revalorar la tradición

El pacó no ha tenido el mismo destino de otros ingredientes o preparaciones de la región, que han empezado a popularizarse en ciudades del interior del país, como  Bogotá o Medellín. En estos lugares varios restaurantes han incorporado ingredientes del Pacífico a sus platos. 

Por ejemplo, el uso del chontaduro (que también es una fruta amazónica) en platos salados. O la adición de hierbas de azotea a las preparaciones. El restaurante bogotano El Chato, uno de los 50 mejores del mundo, tiene en su menú de entradas una arepa de yuca con mantequilla de diosme y pipilongo, que es un condimento típico del pacífico. Minimal, otro restaurante en Bogotá, tiene un plato llamado “Tumaco”, que describen como “buñuelos de plátano maduro rellenos de carne de jaiba guisada en leche de coco y curry rojo suave”. Además, hay restaurantes dedicados a la cocina del Pacífico, como Petronio. Pero ninguno utiliza pacó.

Para Elsi Valencia, el hecho de que el pacó no se haya popularizado incide en que hoy esté desapareciendo. “Como únicamente es comida de negro, entonces se piensa que los negros ellos verán cómo se las arreglan y buscan por allá su producto, miran como lo cultivan”, afirma. Y es que para ella esto demuestra que aún hoy existe  una visión racista sobre la gastronomía de la región. “Esta cocina de gente negra no ha sido puesta en valor como se merece. Apenas estamos empezando a sacudirnos y a decir: ‘oye, somos súper valiosos, tenemos todo lo que cualquier país del mundo quisiera tener’”, dice.

Para Elsi Valencia ese es el peligro de no reconocer el valor de los productos tradicionales sino hasta que foráneos lleguen, conozcan, se lo lleven y no reconozcan ni honren la memoria de las comunidades. “Aún podemos hacer resistencia y para eso no necesitamos ser dueños de toda clase de tierra, simplemente con lo que está ahí, en la pampa, como le llamamos nosotros al espacio que está alrededor de la casa. Mi mamá bajaba, cogía su plátano, subía a su cocina y hacía su tapao, y nosotros también podemos hacerlo. En los ríos usted ve las canoas llenas de comida hacia arriba, porque hoy nos parece más fácil ir a comprar que sembrar”, afirma.

Para la docente y cocinera, rescatar las prácticas de siembra blindaría a las comunidades de sufrir hambre durante paros armados y cierres de vías. Además, podría incluso resolver problemas de acceso a ciertos nutrientes. “Si podemos sembrar pacó, no habría tanto ganado. Una porción de pacó es una porción de carne”. 

Jhon Edward Muñoz Gallo se entregó a la Policía de El Carmen de Atrato el 4 de julio, casi tres meses después del feminicidio de su prima, Leidy Yojana Restrepo Muñoz, de 32 años. El hombre tenía vigente una orden de captura por este delito, pero desde el 23 de abril, cuando presuntamente asesinó a Leidy Yojana, no se le había vuelto a ver. La Fiscalía regional le imputó el delito de feminicidio agravado, pero Muñoz Gallo no aceptó los cargos. La familia de Leidy Yojana se enteró de los avances del caso por las redes sociales. La madre, hermanas y primas de la víctima supieron que Muñoz Gallo se había entregado porque vieron un video de José Ferney Ardila Vargas, director de la Fiscalía seccional Chocó, en Twitter. 

“Nadie nos llamó a decirnos nada. Con lo del informe de Medicina Legal (que buscaba determinar la causa de la muerte) tampoco. Supimos porque mi nieta fue a Quibdó a preguntar y se lo entregaron”, dice Flor Elisa Muñoz, madre de Yojana, como se refiere siempre a su hija. El informe de Medicina Legal en el que se concluyó que la causa de la muerte de Leidy Yojana fue estrangulamiento llegó a manos de la familia más de dos meses después de que ocurriera el feminicidio. Durante ese tiempo la respuesta que recibieron en la oficina de la Fiscalía en el municipio siempre fue la misma: hay que esperar.

Las autoridades solo contactaron a las familiares de Leidy Yojana en los días inmediatamente siguientes al feminicidio. Miembros de la Fiscalía se acercaron a la vivienda de la madre y hermanas para indagar más sobre la vida de Leidy Yojana, preguntar por las sospechas que tenían sobre el presunto asesino y conocer qué sabían sobre la madrugada del 23 de abril, cuando Yojana estuvo departiendo y tomando en una discoteca del pueblo en la que también estaba presente Jhon Edward Muñoz. La familia contó lo que sabía: varias semanas antes, Muñoz Gallo discutió con un hermano de Yojana y ella intervino, entonces se insultaron y él la amenazó de muerte. 

“Ella había denunciado eso. Un día cualquiera fue con la hija mía, con la menor. Salieron en la noche y en la mañana ella fue a mi casa y me dejó el niño (su hijo de cuatro años). Yo no les pregunté, pero cuando volvieron mi hija menor me dijo: estábamos denunciando que este tipo la había amenazado. Ella había puesto una denuncia”, afirma Flor Elisa. Por eso, no se explica la razón por la que Yojana se sentó a tomar con Jhon Edward. 

En la madrugada en la que ella fue asesinada, el primo se fue caminando con ella y otro hombre hacia la vereda La Sierra, donde vivía Yojana. Según el boletín de la Fiscalía, “al parecer, al llegar el procesado (Jhon Edward) le habría dicho a la otra persona que se fuera y la amenazó”. Después, según la hipótesis de esta institución, la asesinó y lanzó su cuerpo al río. 

Sandra Milena Restrepo, hermana mayor de Yojana, fue quien reconoció el cuerpo en la morgue. “Cómo me dejaron a la niña… prácticamente lo que le puede reconocer fueron los labios”, dice con profunda tristeza. Por eso ha insistido en que les digan qué va a pasar de ahora en adelante, pero nadie lo ha hecho. La última vez que se acercaron a la Fiscalía de El Carmen de Atrato lo único que obtuvieron fue la dirección de la institución en Quibdó.

Los derechos de las víctimas de feminicidio

Yamile Roncancio, directora de la Fundación Justicia para Todas (antes Feminicidios Colombia), explica que las víctimas (sobrevivientes y familiares) tienen varios derechos que deben respetarse: acceder al expediente desde el primer momento, aportar pruebas y recibir explicaciones sobre el proceso. 

Sin embargo, estos no siempre se cumplen. “La Fiscalía muchas veces las embolata (a las familias), entonces les dice: no, usted no puede acceder al expediente porque eso es reservado, pero en realidad es reservado para la persona sospechosa”, por ejemplo. Según la abogada, la Fiscalía tampoco le explica el procedimiento a las familias. “Nunca lo hacen y generalmente las víctimas de este delito son familias empobrecidas. Y pasa que van, preguntan y les dicen: no moleste, déjenos hacer nuestro trabajo. Pero las víctimas tienen derecho a saber las etapas del proceso, cuáles son los términos, cuándo se vence, cuándo pueden meter recursos, qué hace un juez, un fiscal, y que tienen derecho a ser representadas gratuitamente”, explica la abogada. 

Quien asume esta representación es la Defensoría del Pueblo, pero según Roncancio esto no es efectivo porque muchos funcionarios no están capacitados en la representación en casos de feminicidio o no les prestan suficiente atención a las familias. “Hemos encontrado que las familias no conocen sus derechos y solo participan porque se encuentran con un buen funcionario que les ayuda a conseguir la representación como víctimas, o porque ellas mismas se empiezan a educar. Muchas, cuando se dan cuenta que el proceso va avanzado y mal, consiguen representación de víctimas pero ya han perdido oportunidades procesales”, cuenta la representante de esta organización especializada que representa a más de 80 familias de víctimas de feminicidio y sobrevivientes de este delito.

Ante esto, el director de la seccional Chocó de la Fiscalía, José Ferney Ardila Vargas, afirma que en su dependencia se aseguran de que las víctimas estén representadas. “Generalmente para estos casos la prioridad es hacer las audiencias porque tenemos un término perentorio de 36 horas. En adelante, igualmente van a estar representados, la Defensoría Pública les asigna un defensor de víctimas o ellas pueden designar un representante. En todas las audiencias las víctimas estarán representadas y podrán asistir”, dice. Además, afirma que “se les explicará para la audiencia de acusación, la preparatoria y la audiencia de juicio oral. Igualmente, la Fiscalía está de la mano con las víctimas, se les informará previo a las exigencias para que estén atentos”.

Más allá de este compromiso del director, la falta de información y de involucramiento de las familias es preocupante, pues puede tener consecuencias graves, como imputar mal al acusado. Por ejemplo, que se le impute homicidio en vez de feminicidio, que el acusado acepte los cargos y se pierda la oportunidad de corregirlo. Pero también puede pasar que se venzan los términos por no proceder a tiempo o que la familia no aporte las pruebas que tenga en los tiempos establecidos por la ley (60 días desde la imputación) como informes o testigos. 

Esto es especialmente preocupante en el Chocó, donde los feminicidios han aumentado. Las cifras de la Fiscalía muestran que mientras desde el 1 de enero al 9 de julio de 2022 hubo un feminicidio, en el mismo periodo de 2023 se registraron cuatro. Ardila afirma que en todos los casos se ha logrado imputar al presunto responsable. Sin embargo, aún no hay ninguna condena. 

Además, a la fecha en el Chocó han asesinado a seis mujeres más, pero sus casos no han sido tipificados como feminicidio. Ese mismo número se presentó el año pasado en el mismo periodo. Los delitos sexuales también aumentaron (de 64 a 77 casos) y solo la violencia física y psicológica (catalogada como violencia intrafamiliar) ha disminuido (de 153 denuncias a 131).

El pueblo pasó la página

Tres días después del feminicidio de Leidy Yojana, un grupo de mujeres de El Carmen de Atrato decidió organizar una velatón para honrar su memoria y para exigir que cese la violencia contra ellas. En ese momento, Marisbey Correa, prima de Yojana, agradeció la solidaridad del pueblo y llamó a tejer redes de cuidado y apoyo entre ellas para protegerse. En esos mismas días, la Alcaldía municipal, a través de un comunicado, se comprometió a “seguir trabajando incansablemente en la implementación de la Política Pública para la Equidad de Género” y afirmó: “se tomarán las medidas necesarias para prevenir que este tipo de hechos violentos vuelvan a suceder en nuestros municipio”.

Pero la realidad es que desde entonces poco ha pasado. "Acá no se ha hecho absolutamente nada. La Alcaldía es lo más ajeno a todo. Nosotros acá en El Carmen de Atrato no tenemos apoyos para nadie, ni para la familia ni para el resto de mujeres. Estamos totalmente solas”, dice Marisbey Correa con impotencia. Su prima Sandra Milena y su tía Flor Elisa sienten lo mismo. "No he visto ningún movimiento por ninguna parte. La verdad vi un comunicado donde decían que ‘total apoyo’, pero la verdad no ha pasado nada”, dice Sandra.

Rosa Ortega, una de las líderes que se manifestó en la velatón, opina lo mismo. “Además, se tiene que cambiar toda una estructura, no es es no es solo emitir la política pública, es todo lo que trae implementarla y ponerla en marcha”. Ortega, además, dice que el propio pueblo ha guardado silencio. “El Carmen de Atrato es un pueblo con una capacidad de olvido sorprendente. De pronto se volvió a encender el comentario por la entrega del asesino, pero la verdad yo estaba muy desanimada, pensaba: es otro crimen que quedó impune”.

A principios de 2023, la Alcaldía de El Carmen creó la coordinación de mujer y según la información disponible en las redes sociales de la entidad, esta dependencia comenzó a emitir programas de radio este 13 de julio sobre “los desafíos que enfrentan las mujeres en esta problemática y cómo podemos trabajar juntos para prevenir y abordar la violencia de género”, así como sobre “consentimiento y relaciones saludables". 

Para Carol Torres, analista del Observatorio Colombiano de Feminicidios, de la Red Feminista Antimilitarista, es clave que todas las instituciones, incluyendo a las administraciones municipales, cumplan la ley. “Sabemos que la Alcaldía no tiene injerencia sobre la Policía, ni tampoco es encargada de hacer justicia, pero sí hace seguimiento, puede hacer presión, puede hacer veeduría, puede poner funcionarios y funcionarias al frente que arrojen resultados. Es decir, movilizar todo lo que ya está escrito en términos de la ley y hacer que funcione, que cada cual haga su trabajo”.

Tras la entrevista con Consonante, la Fundación Justicia para Todas decidió tomar la representación judicial de la familia de Leidy Yojana, por lo que en las próximas semanas la madre y hermanas esperan empezar a participar del proceso. Su esperanza es que se haga justicia y que, sobre todo, no ocurran más feminicidios. “Yo sí quisiera que se hiciera justicia por mi hermana y que eso no volviera a ocurrir en mi municipio, porque la verdad esto fue algo muy horrible. Tenemos que luchar por el derecho de las mujeres a ser libres, a que no se nos trate como si no fuéramos nada. La idea es que todas las mujeres estemos unidas y también los hombres porque todos merecemos respeto”, dice Sandra Milena.

*Consonante intentó comunicarse con la coordinación de mujer de la Alcaldía, pero al cierre de este artículo no había recibido respuesta.

En la subregión del San Juan, sur del Chocó, hay 41 comunidades afro y 11 indígenas confinadas por las acciones violentas del Ejército de Liberación Nacional y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En total, según la Defensoría del Pueblo, son alrededor de 8.300 personas. Además, hay seis comunidades que están desplazadas. De acuerdo con el Consejo Comunitario General del San Juan (Acadesan), algunos de estos grupos de personas desplazadas llegaron a comunidades que hoy tampoco pueden moverse libremente en sus territorios por cuenta del paro armado que el Eln decretó el 4 de julio.

Este anuncio circuló a través de un audio en el que el comandante “Gerson”, del Frente de Guerra Oriental, ordenaba cesar la movilidad en ríos y carreteras del San Juan. Esto sucedió apenas dos días antes de la fecha en la que tanto la guerrilla como la Fuerza Pública acordaron cesar todas las acciones ofensivas entre ellos, como una preparación al cese al fuego con el Ejército que comenzará el 9 de agosto.

El paro agrava la situación en la que se encuentran las comunidades: los alimentos empiezan a escasear y las personas que necesitan salir, por situaciones de salud, no lo hacen. Ante esto, la Mesa Humanitaria y Construcción de Paz del Chocó, a través de un comunicado, llamó a acatar el Derecho Internacional Humanitario para que “las partes en conflicto faciliten el paso rápido y sin trabas de la asistencia humanitaria”. Esto, sobre todo, en los municipios de Sipí, Nóvita e Istmina. Como respuesta, este 7 de julio el Eln anunció que abrirá un corredor humanitario diurno el 9 y 10 de julio para que la población “pueda abastecerse”. 

En otros territorios, donde el Eln mantiene el control, la situación es distinta. Por ejemplo, en Tadó la población urbana no siente el paro aún, pero algunas personas saben que en los próximos días, si se prolonga, habrá consecuencias. “Por los paros nos sentimos correteados. Cuando hay un paro todas las cosas suben, pero no bajan”, dice Gregorio Palacios, un tadoseño dedicado a la minería. Mientras tanto, el tránsito de vehículos en la vía Tadó - Pereira fluye con normalidad.

En la zona rural del municipio, los pueblos indígenas llevan varias semanas sin poder entrar libremente a sus territorios por temor a pisar una mina antipersonal o encontrarse con la guerrilla. Una situación que ya acumula varios meses. Además, ha habido reclutamiento forzado de menores indígenas. Según una fuente del territorio, en días pasados la guerrilla del Eln se llevó a dos jóvenes y aunque la guardia intentó buscarlos, no pudieron recuperarlos. Las autoridades evalúan qué acciones tomarán para proteger a los jóvenes.

Todo esto encarna la alerta que desde hace varios meses lanzaron las organizaciones sociales: para aliviar la situación de las comunidades es necesario un cese multilateral de hostilidades.

La técnica de guerra del Eln

La semana del 26 de junio en la revista Insurrección, el Frente de Guerra Occidental del Eln afirmó que había connivencia entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares, un hecho que “incrementa la violencia y el desplazamiento forzado”. Un día después, el primer comandante de esta guerrilla, Antonio García, afirmó en Twitter que la Fuerza Pública, a través de las alianzas con estos grupos, lanzarían “acciones con el propósito de desalojar al Eln de los territorios y quedarse con ellos”. Luego, decretaron el paro armado.

Para Ángela Olaya, cofundadora e investigadora de la organización Conflict Responses (Core), una explicación para esta decisión es que el Eln cree que el Clan del Golfo puede aprovechar el cese para ampliar y mejorar su posición de combate frente a ellos. “Yo creo que ellos están evaluando ese riesgo y con el paro armado buscan evitar que eso pase”, dice.

Olaya explica que, en la lógica del conflicto, esta es una consecuencia de que no se haya acordado un cese multilateral. “El otro actor (las Agc) está con un movimiento bastante alto, y ese es uno de los efectos para mí de hacer un cese al fuego bilateral y no multilateral. Cuando tú involucras a todos en un cese es mucho más fácil disminuir el impacto humanitario claro, y eso no está pasando”.

Esta movida del Eln pone en duda la voluntad de paz de una guerrilla que se encuentra en negociaciones de paz con el gobierno. “Cuando se anuncia un cese de algún tipo, unilateral o bilateral, uno espera una especie de gradualidad para llegar al cese, que previo al inicio empiecen a disminuir las acciones, pero en la lógica militar es todo lo contrario”, explica Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz. 

“Lo que vemos es que el tipo de acciones que han estado ocurriendo son acciones tradicionales del repertorio del Eln: secuestro, ataque a fuerza pública y paro armado en la región donde además más paros armados han anunciado en el tiempo reciente”, agrega. En parte, esta escalada de violencia tiene como fin demostrar que su poder y control territorial sigue vigente: “si ellos cumplen el cese al fuego es más evidente cuando contrasta con un periodo de muchas acciones, pero también es importante mostrar que ellos cesan al fuego porque así lo acordaron pero no porque estén obligados o disminuidos”, dice la investigadora.

Protocolos y acciones defensivas: lo que falta por definir

Para el 9 de agosto, fecha en que está previsto que se inicie el cese al fuego, ya deberían estar definidos varios puntos, como las acciones prohibidas dentro del cese, el protocolo de verificación de la iglesia y la participación de la sociedad civil, y cuáles son las acciones defensivas permitidas. 

Para Ángela Olaya es clave que este último tema avance en los próximos días, pues será lo que pueda evitar confrontaciones. “En el cese anterior, que duró 101 días, el protocolo era muy ambiguo. Acá la clave va a ser que el mecanismo sea lo suficientemente robusto para que no se preste a ningún tipo de interpretación. Además, va a ser clave la capacidad que tenga la fuerza pública y el Eln de hacerle entender a cada una de sus fuerzas cuáles van a ser los elementos defensivos”. Olaya considera que el reto en este momento lo encarna el secuestro. 

“Para la Fuerza Pública dentro del cese y dentro de las acciones ofensivas está el tema de DIH, pero Antonio García dijo en Twitter que las acciones defensivas no necesariamente excluían al secuestro. Entonces creo que si logran definir y hacerle caer en cuenta al Eln que el secuestro sí o sí entra en los prohibidos, pues no es acción defensiva, se puede avanzar. El secuestro como acción defensiva no tiene sentido”. 

Mientras los protocolos avanzan, la población sigue esperando que llegue ayuda humanitaria, es decir, comida, medicamentos y elementos de aseo. Pero, sobre todo, que el paro se levante y los diálogos avancen, ojalá con todos. “Para que haya paz y más tranquilidad la idea es que pueda negociarse con todos los grupos, porque uno deja de generar violencia, pero el otro no”, dice una ama de casa de esta región.

De manera puntual, Acadesan le pidió al gobierno nacional que destine el dinero para la gasolina que necesitan las lanchas que entregó la Unidad Nacional de Protección al Consejo Comunitario, pues ahora mismo no tienen cómo ir a verificar información en las veredas, transportar enfermos ni alimentos. Además, desde las comunidades indígena

Todas las interacciones sociales pueden generar conflictos, pero solo algunos de ellos terminan en los tribunales de la justicia formal del Estado. Esto pasa porque, a través de los años, las comunidades han definido y establecido maneras de resolver los problemas para que no quiebren el tejido social ni escalen al punto de quizás convertirse en delitos. Es decir, para vivir mejor. Desde hace 15 años Arturo Suárez Acero ha estudiado los conflictos comunitarios y las formas en las que las poblaciones los resuelven. 

Suárez es subdirector de la Escuela de Justicia Comunitaria de la Universidad Nacional de Colombia, donde también es profesor, y además es juez de paz. Desde su experiencia ha encontrado que la mayoría de los conflictos se resuelven antes de llegar a instancias formales, y que muchas veces, aunque el Estado intervenga y tome decisiones, los problemas siguen ahí. En esta entrevista ahonda en las formas de resolución de conflictos, los elementos a tener en cuenta a la hora de hacerlo y cuáles son formas de justicia. 

Consonante: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de conflictos comunitarios?

Arturo Suárez: Nosotros lo comprendemos principalmente como un tipo de relación social y es esencialmente una forma de interactuar con otros y por lo tanto está presente en todas las dimensiones de la vida: individual, familiar, comunitaria, social, etcétera. Lo que sucede es que cuando uno tiene un conflicto principalmente lo que tiene es un conjunto de necesidades que deben ser resueltas, porque los conflictos expresan, por ejemplo, la necesidad de acceder a bienes, de modificar la relación que tienes con otras personas o con otro grupo de personas, en los conflictos se produce una contradicción a nivel de intereses, y lo que lo que expresa son una serie de necesidades que deben gestionarse. La manera en la que se expresan los conflictos depende de cómo la gente entiende sus conflictos, cómo los representa y cómo actúa frente a esas necesidades.

En conflictos cotidianos en los que, por ejemplo, una persona le ha prestado plata a otra, o dos se asocian para un negocio y uno de los dos le queda mal al otro, inmediatamente la lectura que se hace del conflicto por parte de una de las partes es: esa persona me robó. Pero cuando estamos frente a un hurto hay una connotación penal con características delictivas, pero no necesariamente sucede que cuando alguien deje de pagarte te esté robando. Depende de la reflexión que las partes en conflicto hacen. 

Consonante: ¿Cuáles suelen ser las conductas que se toman en lo comunitario frente a un conflicto?

A.S.: Pueden ser de tres tipos: de carácter pasivo o evasivo, de carácter agresivo y conductas asertivas.

En la primera, desde lo cotidiano es el “deje así”. Hay una situación, pero no tengo interés en profundizar eso, dejé así. Pero en la segunda es lo contrario, es “¡Cómo así!”, se actúa con agresividad, amenazas o recurriendo a la violencia, buscando que se cumplan las necesidades que uno tiene. El otro tipo de conductas, las asertivas, tienen que ver con el diálogo, con la posibilidad de construir acuerdos, de gestionar de fondo lo importante.

Según el tipo de conductas que las partes ejecuten para cumplir sus objetivos y satisfacer sus necesidades, uno podría empezar a identificar que hay agresividades, violencias y escaladas violentas de los conflictos. Algunas de esas conductas que son agresivas configuran delitos de acuerdo con la ley penal.

C: Muchas comunidades, especialmente las rurales, no tienen acceso a fiscalías o formas de justicia formales. ¿Qué pasa en esos casos?

A.S.: Lo que sucede en esas zonas rurales dispersas o en esos corregimientos es que probablemente es la comunidad la que cuenta con mayores recursos sociales para hacer esa intervención que en la mayor parte de los casos es consensual y se da a través de asambleas, o sea, a través de mediaciones. Sin embargo, en Colombia tenemos una experiencia sumamente amplia de que en esos contextos realmente los que administran justicia son actores armados, es decir, las Farc, el Eln, los paramilitares basaron su estrategia no solamente en la confrontación bélica, sino en el ejercicio de control territorial que tenía que ver con que ejercían funciones de administración de justicia. Hay casos que están documentados a lo largo y ancho del país.  Por ejemplo, de herencias, fijaciones de cuotas, separaciones, en las que la decisión la tomaban las Farc y luego las personas iban a una Comisaría de Familia o a un juzgado y eso se formalizaba.

C: Eso entonces no sería justicia comunitaria, en la medida en que no es pacífica ni democrática. ¿Lo mismo pasaría con la llamada justicia por mano propia? 

A.S.: Exacto. O los linchamientos, que de plano no son justicia comunitaria. Esas formas de agresión desde ningún punto de vista se puede ver como justicia comunitaria, lo que pasa es que en el argot popular la gente asume que como hay indignación de algún grupo de vecinos, por ejemplo, cuando hay hurtos, entonces cogen a la persona. Pero es un ejercicio de violencia, que no tiene ningún tipo de procedimiento, ni legitimidad en las autoridades. La justicia guerrillera o la justicia paramilitar tampoco es justicia comunitaria porque se basa en la misma lógica de que aquí lo que hay es una coactividad y alguien decide si una persona vive o muere. También se usa la expresión de “ajusticiamientos”, pero aunque lo haga una comunidad, no es justicia comunitaria. 

C: Si no es únicamente la justicia del Estado, ¿cuáles podrían ser los canales para resolver conflictos que no son delitos?

A.S.: La justicia no es un dominio exclusivo del Estado, es decir, la justicia es una función social. Y se produce en cualquier sociedad, sea que la provea el Estado o las comunidades o actores privados. La justicia como procedimiento regulado de gestión del conflicto es una función social y en todas las sociedades la gente va encontrando quien les ayude a resolver los conflictos. El elemento organizador de esta idea de justicia y de conflictos lo vemos como una pirámide. En la base de la interacción social encontramos la cultura: la manera en la que nos relacionamos, cómo se expresan los roles de género, y ahí hay una serie de necesidades, conductas y situaciones comunitarias en todos los ámbitos de socialización: la iglesia, el colegio, la familia, los negocios.

En el segundo nivel, está a lo que la gente recurre, que es la autogestión del conflicto. Cuando uno tiene una situación cotidiana con el grupo de amigos, busca al amigo que genere más confianza entre las personas de ese grupo y habla: mira me está pasando esto, ayúdame, hablemos. O el pastor o la abuelita. En este nivel se resuelve la mayor parte de las situaciones.

En un tercer nivel hay situaciones que no se resuelven con la persona de buenos oficios, sino a través de alguien que media el conflicto. Uno siempre recurre al referente organizacional o comunitario que le corresponde: es alguien que puede tomar una decisión a través de acuerdos o avalar consensos previos. Es una instancia más formal, no autogestionada. Sucede en las familias cuando se hacen mediaciones, establecimiento de cuotas, que son referentes comunitarios, pero formales, como los mediadores, componedores, árbitros o jueces de paz.

En el cuarto y último nivel de esa pirámide están los procedimientos obligatorios basados en la capacidad coactiva del Estado: una demanda o una denuncia porque no logramos satisfacer nuestras necesidades a través del consenso. Esto que está en la punta es lo menos recurrente.

C: ¿Las formas de justicia que están antes del nivel cuatro están reconocidas por el Estado?

A.S.: Sí, hoy por hoy en Colombia tenemos un marco constitucional que avala ambas formas de justicia: la justicia del Estado que llamaremos justicia formal y justicias que no se producen en el Estado, como las justicias comunitarias. La conciliación, la mediación, los jueces de paz son formas que la Constitución colombiana y algunas leyes que lo han reglamentado permiten que se reconozca que eso es justicia, con esa palabra.

C: ¿Por qué persiste la idea de que la justicia es solo la que sucede en el cuarto nivel?

A.S.: Lo que sucede es que en el diseño de las políticas públicas casi siempre se asume que cuando se habla de política de acceso a la justicia, solamente hay que pensar en ese cuarto nivel, que es muy reducido. Pensar que una política de acceso a la justicia es sólo una política de denuncia es desconocer que en los otros tres niveles hay un montón de oportunidades y de capacidades. Yo creo que garantizar una sociedad pacífica en la que la gente tiene condiciones de seguridad para convivir con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, en el transporte público, pasa porque las formas de gestión de conflictos se pueden modelar desde prácticas democráticas. En el primer nivel está la cultura, pero en la cultura está el machismo, la discriminación, el recurso de la violencia y de la agresividad, por eso mucha gente resuelve sus conflictos a plomo, pero eso no significa que esa forma de gestionar el conflicto sea pacífica y sea democrática.

C: Entonces, ¿qué elementos hacen que la gestión del conflicto se pueda llamar justicia?

A.S.: Para que hablemos de administración de Justicia tendríamos que hablar de tres elementos que son la autoridad que toma o facilita la construcción de la decisión, el procedimiento y las normas con las cuales se trabaja. La justicia comunitaria es pacífica y democrática.

C: ¿Qué pasa cuando la persona no hace uso del segundo y el tercer nivel y pasa directamente al cuarto?

A.S.: En términos de lo que implica mover al Estado, escala el conflicto, lo complejiza y no lo resuelve. Puede que obtengas una sentencia o un acto administrativo, pero no resuelve el conflicto de fondo. Porque el conflicto se resuelve cuando las necesidades de las partes se ven satisfechas, pero lo que suele hacer el Estado es que actúa sobre litigios, o sea, sobre una de las dimensiones del conflicto. Como en el cuarto nivel está la obligatoriedad, las partes entienden que si yo te demando lo que estoy haciendo es tratando de llevarte a un escenario de poder que seguramente me beneficia a mí como demandante para ir en contra tuyo. Es casi una declaración de guerra.

C: Pero en muchas ocasiones es necesario…

A.S.: Sí, y no está mal de por sí, porque si la situación pone en riesgo mi integridad o me amenaza, necesito protección. En las situaciones que implican, por ejemplo, violencias basadas en género, no te vas a poner a conversar, lo que necesitas es ampararte porque te van a matar o te van a lastimar. Pero sociológicamente ir al Estado no necesariamente es algo que ayude a que el conflicto se desescale.

C: Usted habla de necesidades de justicia, ¿a qué se refiere?

A.S.: Tienen que ver con aquello que uno necesita que sea resuelto en un conflicto, es decir, hay unos intereses y unos propósitos cuando uno tiene un conflicto. Esas  necesidades que deben ser satisfechas pueden ser materiales, simbólicas, morales, de reconocimiento, etcétera, y tienen que resolverse porque las conductas pueden volverse agresivas. Entonces, una primera categoría es la contención de daños y agresiones. Por ejemplo, tú me debes una plata y yo necesito que me pagues, es mi interés porque tengo que llevar comida a mi casa, pero de pronto tú tuviste una necesidad de salud y no me pagaste en la fecha acordada. Para resolver esto yo puedo llamar a “los de la moto” para que te amenacen o ir a tu trabajo y decir que no eres una persona confiable. Entonces la primera necesidad es no desconocer la deuda, pero establecer que no se va a agredir o a dañar el buen nombre. O establecer medidas de amparo y protección, que lo hace el Estado. La segunda es abordar los intereses, o sea, las necesidades que tienen las partes. Pero además es necesario que tú, yo y las personas o comunidades que nos rodean entiendan las pautas de relacionamiento, de modo que nos permitan que a futuro sepamos cómo se resuelve la situación, a esto le llamamos empoderamiento de referentes regulatorios. En cada caso hay que caracterizar qué significa cada una de estas tres categorías.

C: ¿Quién debe encargarse de resolver estas necesidades?

A.S.: En una política de acceso a la justicia uno lo que tendría que hacer es poder observar quién entrega los satisfactores a esas necesidades. ¿La comunidad puede contener agresiones? Con seguridad que sí. ¿La comunidad puede aprender socialmente de lo que sucedió? Claro que sí. ¿La comunidad puede gestionar los intereses de fondo? Puede que parcialmente. La comunidad puede ir haciendo unos acuerdos para resolver el asunto, pero igual necesitamos que el Estado haga otra parte. Ahí uno empieza a ver en qué consiste la articulación Estado-comunidad para ese acceso a la justicia.

C: ¿Cómo se pueden impulsar estas posibilidades de justicia comunitaria? ¿A quién le corresponde?

A.S.: Primero, a las propias comunidades. Una comunidad que tiene suficientes y eficaces canales para gestionar sus conflictos, es una comunidad en la que se vive mejor y esa es una conciencia que es necesario que las comunidades adquieran. El conflicto bien manejado tiene la potencialidad de fortalecer los lazos comunitarios y por eso para las comunidades es tan importante tener mecanismos, canales, autoridades y procedimientos, porque eso fortalece el tejido social.

Pero es muy importante entender que estas formas de justicia comunitaria están en la Constitución y el Estado tiene un lugar ahí. El Estado debe promover y debe apalancar esas apuestas comunitarias. Administrar justicia es un trabajo, y

“Aunque lo nieguen, yo podría decir que las mujeres indígenas históricamente han abortado”, dice Ediana Montiel, cofundadora del Colectivo Mujeres del Desierto, en Uribia. La respuesta viene de las vivencias de la Alta Guajira, donde el desierto y el viento son abundantes y el agua, escasa. “En épocas de sequía o de hambruna no era una buena fecha para dar a luz o para estar embarazada, porque no había soberanía alimentaria”, continúa. 

En contraste, Edilma Loperena, comisionada de mujer del pueblo wiwa; y Norelis Uriana, consejera de mujer y juventud del resguardo wayúu de Mayabangloma, dicen “no se me ha presentado ningún caso”, a una pregunta sobre la interrupción voluntaria del embarazo en sus comunidades. Hablan de casos porque, en sus pueblos, son ellas quienes conocen y aconsejan sobre las situaciones que atraviesan las otras mujeres, y también quienes pueden ayudarlas si necesitan llevar un caso a la justicia propia o ante la occidental. Pero el aborto, al menos en el sur de La Guajira, no es un tema del que se hable mucho. Si sucede o no, ellas no lo saben. Al menos creen que no en sus comunidades.

Tradicionalmente, las comunidades indígenas del departamento han situado a las mujeres como las dadoras de vida, como las responsables de la pervivencia de los pueblos. Además, la religión cristiana ha influenciado la forma en la que se ve a las mujeres. Sin embargo, desde hace algunos años líderes y feministas wayúu han ampliado la visión sobre el papel fundamental de las mujeres en los pueblos a una que no pone en tensión el ser dadoras de vida con tener la posibilidad de decidir sobre continuar o no con un embarazo. 

En 2020, el Movimiento Feminista de Niñas y Mujeres Wayúu pidió despenalizar el aborto. Jazmín Romero, fundadora de la organización, planteó la necesidad de que las wayúu conocieran los derechos que tienen para evitar las barreras en los servicios médicos y de que el Estado borrara del código penal el delito de aborto, pues el proceso penal podría asustar a las mujeres. Esta líder ha planteado también que la autonomía sexual y reproductiva no debe reñir con el pensamiento y la cultura de su pueblo. Pero no hay una sola forma de ver el tema.

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Tanto en el pueblo wayúu como en el pueblo wiwa la petición formal de un aborto tendría que llevarse a las autoridades indígenas, en caso de que sea necesario un aborto por métodos médicos. Sobre esto, la Corte Constitucional falló recientemente una sentencia de tutela sobre el caso de una mujer indígena del Cauca a la que su resguardo le negó el aborto sin considerar todas las causales existentes. 

Esta sentencia pone límites a las decisiones de las autoridades indígenas, y el límite es la ley ordinaria. Las autoridades deben valorar “de manera completa, cierta y exhaustiva las razones que justificarían su realización, en atención a las particularidades de la situación, y, de ser el caso, con el consentimiento previo e informado de la solicitante, exploren alternativas a la IVE dirigidas a garantizar la protección de la vida en gestación como finalidad constitucional imperiosa y valor trascendental para la armonía de los pueblos indígenas afiliados a la AIC, sin afectar intensamente el derecho a la salud y los derechos reproductivos de sus comuneras”.

Es decir, a las mujeres no se les puede imponer que continúen con su embarazo.

Parir: el primer acto que asegura la pervivencia

Para los pueblos indígenas de La Guajira la vida es lo más importante. La vida indígena que puede crecer en medio de la cultura, aprenderla, practicarla y enseñarla. “Para nosotros la vida es lo más sagrado. Traer más niños al mundo significa mantener nuestra pervivencia, mantenernos como wiwa y sostenernos en el tiempo. Traer a un niño al mundo significa garantizar nuestro linaje, nuestro pueblo y nuestra cultura”, dice Edilma Loperena, para quien el aborto no es una posibilidad. “No se da”, asegura, a menos de que ocurran accidentes o haya pérdidas espontáneas.

Desde la visión wayúu, la vida de los niños indígenas también es la pervivencia de los clanes, pero no se trata de parir por parir, aclara Evelyn Acosta, integrante de la Fuerza de Mujeres Wayúu y defensora de los derechos humanos de las mujeres desde hace más de 20 años. Acosta explica que desde la espiritualidad las mujeres son dadoras de vida, transmisoras de conocimientos y guardianas de la naturaleza. Pero, además, son las responsables de ampliar su clan, pues este pueblo es matrilineal. Es decir, una persona es wayúu porque su madre lo es y el clan aumenta solo en la medida en que las mujeres tengan hijos. “Uno dice: tengo que contribuir a mi clan porque quiero que mi clan permanezca en la historia. Pero no es solo tener hijos. Se trata de lo que implica ser wayúu, la esencia. Yo tuve una niña wayúu porque lo quise, porque sé lo que significa, pero otra cosa es que una mujer diga ‘ya no quiero tener más hijos’ y no se le garantice”.

Acosta habla de garantías haciendo referencia al derecho a interrumpir el embarazo que tienen todas las mujeres y niñas colombianas de forma libre hasta la semana 24 de gestación, o bajo tres causales (malformaciones del feto, abuso sexual y afectación a la vida o salud de la mujer) sin límite de tiempo. Pero una cosa es la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y otra es abortar. La primera es el derecho y el procedimiento médico. La segunda, es algo que, según Ediana Montiel, han hecho las mujeres indígenas toda la vida.

Sin embargo, el aborto siempre ha sido una decisión privada porque hay un estigma sobre la mujer que lo practica. Evelyn Acosta y Ediana Montiel coinciden en que gran parte de la vergüenza y los señalamientos hacia esta tiene que ver con la influencia religiosa en las comunidades indígenas, en las que el aborto es un pecado. Con ese peso encima, las mujeres que deciden abortar lo hacen con la ayuda de una familiar que conozca sobre medicina tradicional y sea capaz de desarrollar el procedimiento. O sola y con poca información. Eso sí, no se hace con los métodos que ha dispuesto la medicina occidental para lograrlo: pastillas y procedimiento quirúrgico.

La autonomía: sin información para decidir

¿Cómo ejercer un derecho que no sabes que tienes?

Las mujeres colombianas tienen derechos sexuales y reproductivos. Uno de ellos es el derecho a decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos, cuántos y cuándo. Estos derechos los debería garantizar el Estado a través de programas de planificación familiar, acceso a métodos anticonceptivos y pedagogía. En La Guajira no es así. Las propias mujeres se garantizan sus derechos, cuando pueden. 

“Hay plantas medicinales que se usaban para no gestar. Por ejemplo, cuando mi mamá no quería tener más hijas le dijo a mi abuelita y ella le dio una mezcla de plantas. Mi hermana menor tiene 24 años. Siempre se ha usado la sabiduría de las plantas”, explica Ediana Montiel. En el pueblo wiwa también es así. “Desde nuestra cultura tenemos la manera de tener hijos cuando haya la necesidad o cuando la mujer y la pareja deciden. Si no lo deciden, ellos se cuidan desde lo interno, y hoy día muchas mujeres planifican con medicina occidental”, explica Edilma Loperena. Las mujeres wiwa de San Juan del Cesar acceden con mayor facilidad a los servicios médicos, pero esto no incide en que tengan menos hijos. “Aquí se tienen los hijos seguidos, no es como que vamos a esperar. Si van a parir cinco, son cinco. Y luego empiezan a cuidarse”.

Evelyn Acosta agrega que también las hay para abortar. "En algunos talleres nos decían que había plantas medicinales que las mujeres usaban para producirse un aborto, solo que estos son temas muy secretos entre familias y decisiones muy privadas y casi escondidas de las mujeres. Ese conocimiento se ha perdido. Yo no las conozco”.

Pero estas prácticas siempre se han mantenido en el ámbito más privado, es decir, solo compartidas por la madre o la abuela para la hija o nieta que las necesite. “Y si yo voy y le pregunto a mi mamá, me va a preguntar que yo para qué quiero saber eso”, explica. Es una decisión que genera vergüenza. 

Las wayúu consideran que esto podría cambiar si las mujeres empiezan a conocer sus derechos. Por ejemplo, Norelis Uriana, en el resguardo de Mayabangloma, no ha recibido ningún caso de una mujer que quiera practicarse un aborto porque no quiere ser madre. Pero sí ha conocido de mujeres cuyos fetos vienen con malformaciones, pero continúan con el embarazo pensando que son errores médicos y porque desconocen que la ley ampara interrumpir un embarazo en esas condiciones. “Hemos tenido casos acá de niños que nos dijeron que iban a tener mala formación, y tienen el hijo, pero si el niño nace, sufre o en ocasiones han fallecido”, dice. 

Para ella, además, falta información sobre otras causales. “Cuando hay un abuso, es algo que está en contra de la voluntad de la mujer y le crea secuelas. El embarazo así es muy difícil. Sé que como mujeres indígenas nos ayudamos con nuestras plantas medicinales, nuestra abuela, pero se afecta lo físico y psicológico de la mujer. Si es en contra de uno, si ve que no va a aceptar ese ser, uno está en todo su derecho (de interrumpir el embarazo)”, afirma.

A pesar de la legislación alrededor del aborto, la realidad es que muchas mujeres wayúu no van al hospital porque está lejos, porque no conocen el sistema de salud o incluso porque no tienen cédula. Además, quienes van no se sienten bien tratadas. Ediana Montiel explica que esto va desde actos de racismo hasta la falta de enfoque étnico, en la medida en que el personal médico no habla wayuunaiki ni explica claramente los procedimientos que llevarán a cabo. Además, según Evelyn Acosta, los ejercicios pedagógicos son casi nulos. “Yo me pongo a hacer un ejercicio con la EPS y las IPS indígenas y no indígenas, que tengan folleto, que tengan campañas informativas, interculturales, diciendo: ustedes tienen estos derechos, existe esta ley… y te puedo garantizar que si una los tiene, es mucho. El sistema de salud no se ha preparado o no quiere prepararse para esto”. 

El reto: pedagogía y diálogo de saberes

Al igual que en la sociedad no indígena colombiana, el primer reto es la despenalización social del aborto, es decir, levantar el tabú sobre el tema y la estigmatización sobre la mujer que por una u otra razón accede a la interrupción del embarazo de forma voluntaria. Para Evelyn Acosta el primer paso es diseñar e implementar una estrategia intercultural para llevarles a las mujeres la información. “Tiene que haber una mirada étnica, tiene que haber profesionales que no tengan objeción de conciencia frente a estos casos, debe hacer adecuaciones interculturales y avanzar en la promoción de salud y prevención de riesgos”, dice.

A nivel comunitario, el reto es el diagnóstico y el diálogo. Así como desde las organizaciones occidentales se ha investigado las consecuencias del embarazo no deseado en las mujeres no indígenas, Acosta considera que debe hacerse lo mismo con la mirada wayúu. “La información es la herramienta para saber lo que sienten las mujeres frente a esto. Hay que hacer una investigación que será la herramienta para decirles a los machos en las instituciones: mira, esto es lo que sienten las mujeres cuando tienen que tomar una decisión así”, afirma. 

Pero también tienen que romperse barreras relacionadas con la atención en salud. Hace unos meses, al resguardo Waimpletu en Uribia llegó una jornada médica de una IPS con la que trabajaba el pueblo. Una enfermera afirmó que iba a hacer una jornada ginecológica. Montó la camilla y esperó a las mujeres, pero ninguna pasó. Al rato, en wayuunaiki, la mujer enojada empezó a regañarlas: ¿por qué no pasan? Son unas ignorantes. Así como abren las piernas para tener hijos, las tienen que tener para planificar. El regaño iba escalando hasta que la madre de Ediana Montiel la paró: usted no va a venir a mi territorio a tratar mal a las mujeres, ¿usted les explicó qué es una cita ginecológica? La jornada acabó ahí. 

Para Ediana esta experiencia ejemplifica lo que está mal con el sistema de salud. En sus palabras, es la superioridad desde la que se sitúan las instituciones occidentales y los profesionales para atender a las mujeres indígenas, sin tener en cuenta sus costumbres y, en muchas ocasiones, su idioma. A partir de ahí se creó un protocolo para las brigadas de salud, que comienza por acordar los servicios con las líderes, explicar los procedimientos en wayuunaiki y tener en cuenta las peticiones y miedos de las mujeres. 

Norelis Uriana plantea otra idea. En Mayabangloma, por su cercanía a Fonseca y a San Juan del Cesar, y cuando los embarazos tienen complicaciones, muchas mujeres van a parir a los hospitales. Pero en estos centros de salud los tratamientos tradicionales no están permitidos. Y a las mujeres, incluso a quienes por alguna razón tuvieron que salir de su resguardo y viven afuera, les hace falta. Las mujeres wayúu, tradicionalmente, deben tomar un remedio que prepara su abuela para sanarse por dentro y mantenerse joven. Si no se hace, se viene la vejez y la enfermedad. 

“Nosotras insistimos en que en los hospitales haya un médico tradicional, para que la cultura no se pueda perder. El Estado puede posibilitar que eso se dé, no importa la etnia del médico. En estos momentos hay indígenas que no hablan el español, entonces ¿cómo se comunican? ¿Cómo les dicen qué se siente y qué pueden tomar? A veces uno va a llevar una planta y dicen que no se puede”, explica. 

Lo que las líderes y feministas indígenas guajiras piden es que la visión sobre el aborto no se imponga, sino que se escuche y se construya.

El 18 de junio, el Proceso de Comunidades Negras (PCN) informó a través de un comunicado que 357 personas de las comunidades de Buenas Brisas, Barranconcito y San Agustín, en el municipio de Sipí, se tuvieron que desplazar por cuenta de un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), también llamadas Clan del Golfo. La guerrilla del Eln mantiene el control sobre casi toda la región del San Juan, en el sur del Chocó, pero en municipios como Sipí, Nóvita e Istmina, de la cuenca del río San Juan, las Agc han entrado a disputarse el poder de la guerrilla. Enfrentamientos como este demuestran que el cese al fuego bilateral y temporal que el gobierno de Colombia acordó con el Eln no representan un alivio para la gente de esta región, pues la guerra entre la guerrilla y otros grupos armados continúa, y los civiles siguen quedando en el medio. 

El cese aún no es una realidad. En La Habana, donde ocurrió el tercer ciclo de negociaciones con la guerrilla, se definió que el 6 de julio cesarán las operaciones ofensivas (no defensivas) de la Fuerza Pública contra el Eln, y viceversa, y que el 3 de agosto se iniciaría formalmente el cese al fuego, que se extendería durante 180 días. Esto quiere decir que durante ese periodo se deben detener las acciones militares entre los dos bandos, como enfrentamientos, emboscadas y bombardeos. Lo que no garantiza que el Eln no ingrese a comunidades, amenace líderes, cobre extorsiones o secuestre personas, pues los ceses al fuego contemplan únicamente acciones militares. Además, tampoco incluye las acciones que se puedan generar contra otros grupos armados, como las Agc.

Por esta razón las organizaciones chocoanas habían insistido en que se avanzara en un cese multilateral, pero desde el principio de año las conversaciones con grupos como las Agc, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central se han ido rompiendo. El pedido partía de que mientras no pare la violencia entre todos los grupos que hacen presencia en el territorio, la población seguirá viviendo en guerra. Ante la imposibilidad de materializar esta propuesta, las organizaciones insistieron en un cese de hostilidades, que se diferencia del cese al fuego en que también se detienen las acciones que afectan a los civiles, como el secuestro, las extorsiones y las amenazas. En esta propuesta tampoco hubo avances.

El padre Albeiro Parra, vocero de la Coordinación Regional de Pacífico, que es una alianza de organizaciones étnico-territoriales con la Iglesia Católica, dice que las comunidades han acogido con esperanza el cese al fuego pactado pero, para él, la situación se define en una frase: “del ahogado, el sombrero”. Se refiere a que si bien no se logró un pacto en el que todos los grupos detuvieran las acciones ofensivas entre ellos y en contra de la población civil, pero al menos se acordó que entre el Ejército y el Eln no se atacaran. 

Según Tatiana Prada, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, el Eln no cedió en el punto de las hostilidades argumentando razones económicas. “El Eln tiene una serie de argumentos, que no creo que sean los que queremos oír, en torno a su financiación como grupo y al relacionamiento con las comunidades. La única manera en que esto se podría pactar es en la propia mesa, y ya sería una competencia de otro de los ciclos de diálogo, pero pareciera que la postura del Eln, para arrancar, es que no están dispuestos”, afirma.

A pesar de esto, las comunidades esperan que este mes y medio que falta para implementar el cese haya avances, por ejemplo, en definir cuáles son otros actos prohibidos dentro del cese o cómo garantizar la seguridad de los líderes que participarán del Comité Nacional de Participación que fue pactado. 

“Entendemos que primero va lo militar, pero es que ellos están combatiendo en los territorios de nuestras comunidades, por eso pedimos un cese al fuego que beneficie realmente a las comunidades, no a los armados”, afirma el representante de la Iglesia. En esa medida, las peticiones de las organizaciones son parar la siembra de minas antipersonal y de artefactos explosivos, así como garantizar los mecanismos de auxilio para las comunidades de territorios en los que se están dando confrontaciones y aprovechar el cese para llevar servicios y presencia institucional donde no la hay.

La violencia no da tregua en el San Juan

El desplazamiento en Sipí encarna el mayor miedo de las comunidades: que los enfrentamientos entre grupos los desplacen, confinen o pongan en riesgo su vida. Tatiana Prada afirma que en el sur del Chocó, especialmente en la región del San Juan, hay un gran riesgo de confrontación con las Agc. “Esa es la región que el Clan del Golfo no ha podido cooptar del todo ni establecer su control territorial. En ese escenario particular del Chocó las zonas que todavía no son del Clan del Golfo son zonas de disputa”, explica. El riesgo es que mientras esa disputa continúe, las comunidades seguirán siendo afectadas. 

Pero la violencia persiste aún en lugares en los que está únicamente el Eln. Los indígenas del resguardo Mondó Mondocito, en Tadó, han estado confinados durante casi dos meses. Según el gobernador Álvaro Valencia, la población no puede ir al monte a buscar alimentos, y ha optado por hacer pequeños sembrados cerca de las casas para tener qué comer. Además, los líderes están amenazados. “El cese al fuego es importante para los indígenas, pero les pedimos que nos dejen tranquilos. El territorio tiene minas antipersonales. Necesitamos que ese cese se vea acá. Si negocian allá, que en nuestro Chocó hagan caso”, dice. 

El gobernador hace este pedido porque desde la explosión de una mina antipersonal el 7 de mayo y de otra que hirió a cuatro soldados, la comunidad teme que su territorio esté infestado de explosivos, por lo que la gente solo se atreve a andar por la vía principal o cerca de sus casas. En esta parte del Chocó, según la Fuerza Pública, el único grupo que hace presencia es el Eln, por eso su pedido es hacia ellos. A este actor también se atribuye la quema de tres buses en la vía Quibdó-Pereira, hecho que paralizó el transporte público durante varios días.

La instalación de artefactos explosivos es uno de los pedidos a los que se suman otras voces, como las organizaciones que integran la Coordinadora Humanitaria. Lina Mejía, coordinadora de derechos humanos de la Corporación Vivamos Humanos, explica que en esta instancia han conversado sobre la necesidad de definir cuáles serán otros actos prohibidos dentro del cese. “Hasta el momento tenemos lo mínimo: el Derecho Internacional Humanitario es el marco de referencia, y este tiene como prelación proteger a la población civil. De ahí esperamos que se desprendan los actos prohibidos”, afirma. “Situaciones tan mínimas como que no se sigan sembrando minas, que haya mecanismos para evitar los confinamientos, para que el Eln no ingrese a los resguardos o a los consejos comunitarios, que se minimicen las amenazas, que no haya presencia en rutas principales y secundarias… mínimos para la protección de la población civil”, agrega.

A esto se suma que la mayoría de las comunidades en las que ocurren las confrontaciones son lejanas, solo se puede acceder por vía fluvial y no tienen señal de celular. Esto pone sobre la mesa la necesidad de establecer mecanismos de monitoreo y verificación que las incluyan, así como el compromiso por parte del Eln de no amenazar o estigmatizar a los líderes que hagan denuncias sobre violaciones al cese o actos hostiles.

En este cese la verificación y el monitoreo estará a cargo de la ONU y de la Conferencia Episcopal, dos entidades que han hecho acompañamiento a las comunidades. El padre Albeiro Parra afirma que durante el cese, la Iglesia permanecerá cercana a las comunidades, pero hace un llamado al Eln para respetar la verificación. “Las autoridades étnicas, es decir delegados y delegadas de los consejos comunitarios y los cabildos, deberían comunicar lo que sucede en sus territorios, pero el miedo es que los grupos armados e incluso la Fuerza Pública las señale o estigmatice. Debe quedar acordado quién va a garantizar la protección”.

Desde la Coordinadora Humanitaria, que hará parte del Comité Nacional de Participación de la Sociedad Civil durante el cese, resaltan que debería tenerse en cuenta los elementos establecidos por las comunidades, como los acuerdos humanitarios y las alertas comunitarias tempranas.

La esperanza: ampliar el cese

Aunque el anuncio del cese al fuego ha significado una esperanza, la gente es prudente a la hora de hablar de las expectativas. Yirson Ledezma, personero de Tadó, ha seguido de cerca las consecuencias de la quema de buses y de la instalación de minas en el municipio, por eso afirma claramente: “el solo discurso del cese y el diálogo que se está explorando con el Eln ya es una forma de generar menos violencia, eso es lo que se pensaría, pero hemos notado que actualmente el Eln se aparta de ese propósito, que es el cese de hostilidades”.

Por eso lo que la gente espera es que las conversaciones avancen y el cese al fuego se amplíe a un cese de hostilidades. Eso con el Eln. Sin embargo, la política de paz total plantea avanzar en negociaciones o sometimiento con otros grupos armados. La población espera que las conversaciones con las Agc y con el Estado Mayor Central se retomen para lograr un cese multilateral.

Mientras eso pasa, el pedido es uno solo: que el gobierno llegue a las zonas de conflicto con servicios: desminado, salud, educación y seguridad alimentaria. “Que nos limpien el territorio”, dice Álvaro Valencia. “Las minas están en el San Juan, en Bojayá y en todos lados. El Eln sabe do

En la mañana del sábado 27 de mayo la comunidad afrocolombiana del sector El Dieciocho en El Carmen de Atrato hizo un llamado de ayuda. Dos miembros de la comunidad encontraron a Emérita Gómez Rivas en el suelo, al lado de su casa. Tenía sangre en la cabeza y se quejaba de dolor. La comunidad afro pidió ayuda para la mujer de 63 años, pero nadie acudió. Un par de horas después, una ambulancia del corregimiento de Tutunendo llegó y la llevó al Hospital Ismael Roldán, en Quibdó para que fuera atendida. En la zona hubo peleas. Los afro afirmaron que Emérita fue atacada por un joven indígena del resguardo que colinda con el territorio afro, y los indígenas afirman que la mujer perdió el equilibrio y se cayó. Lo cierto es que Emérita quedó con heridas graves que afectaron su oído izquierdo.

El episodio volvió a encender el conflicto que estas dos etnias han sostenido por nueve años, y que tiene como explicación material la tenencia de 24 hectáreas y 2.555 metros cuadrados de tierra: hace nueve años las comunidades acordaron que esa cantidad de terreno sería para la comunidad afro, y que otras 1.051 hectáreas serían para el resguardo indígena.

Sin embargo, los líderes del resguardo desconocen que esa decisión haya sido producto de un acuerdo, y piden que les den la tierra. Mientras tanto, los afro insisten en que la tierra es suya. El lío ha trascendido a las relaciones y diferencias entre estos grupos étnicos que tienen más cosas en común que las que han conocido. Por ejemplo, sus historias de desplazamiento forzado y exigencia de derechos.

Las raíces del conflicto: el desplazamiento y las diferencias culturales

A principios de los años 90, el sector de El Dieciocho era el lugar predilecto para que camioneros y viajeros en general recargaran energías: a orillas de la “trocha” se compraban y consumían los pasteles de arroz y cerdo más famosos de esa región. Los vendían las mujeres de la comunidad afro que se asentó ahí desde los años 50 y fue testigo de los cambios de la región, desde la pavimentación de varios tramos de la vía Quibdó-Medellín (en la que participaron muchas personas de la comunidad) hasta el avance de distintos grupos armados que en 1996 los llevaron a desplazarse masivamente.

Por esos mismos años, un grupo de indígenas desplazados del Alto Andágueda, en Bagadó, llegó a la zona de la mano del antiguo Incoder. Las familias habían salido de su río por cuenta de la violencia ejercida por mineros y grupos armados, y lograron que el Estado les diera una finca en la que se conformó el Resguardo La Playa, a una hora y media de camino a pie de la vía principal. En esa finca cultivaron, hasta que una parte del resguardo se separó y conformó la comunidad que denominaron El Dieciocho, en 1999, en dos predios más cercanos a la carretera. Luego, a todos los alcanzó la violencia.

Las situaciones que vivieron unos y otros fueron distintas, pero llevaron a lo mismo: comunidades heridas por el conflicto que tuvieron que dejar su territorio. En 2003, por ejemplo, la comunidad indígena vivió un enfrentamiento entre los paramilitares del Bloque Élmer Cárdenas y el Ejército, y también entre el Eln y el Ejército. Este último duró una semana. La comunidad se desplazó, una parte hacia la comunidad de El Veintiuno y otra, a Medellín. Al regresar, por su cuenta, encontraron las viviendas completamente destruidas. En esos primeros años del 2000, cuando los indígenas de la comunidad de El Dieciocho buscaron conformar su resguardo, la mayoría de la comunidad afro se había visto obligada a irse por la violencia.

Fue el 25 de enero de 1996 en la noche. En el kilómetro 20, a las 7 de la noche, paramilitares entraron al restaurante de Ligia Vera, una de las líderes más queridas de la comunidad afro de El Dieciocho. La amenaza la extendieron a toda la comunidad, especialmente a las mujeres, a quienes señalaban de auxiliar a la guerrilla. Esa misma noche un conductor de un bus de Rápido Ochoa que cubría la ruta Quibdó-Medellín les avisó a las líderes, que esperaron al bus que cubría la ruta contraria, se embarcaron en el vehículo y llegaron a Quibdó a medianoche, asustadas y descalzas. Durante ese y el año siguiente la gente se siguió desplazando, porque el conflicto no daba tregua para vivir ni para retornar. Pero algunos se quedaron.

En los años siguientes, mientras gran parte de la comunidad afro estaba en Quibdó, primero en el coliseo y luego en casas de algunos familiares, la comunidad indígena se asentó  en terrenos baldíos vecinos. Según Humberto Tequia, líder del resguardo indígena El Dieciocho, la convivencia con los afro no fue la mejor. “Mataban los perros de los indígenas con veneno, amenazaban a los líderes… en la borrachera peleaban”, afirma. “No hubo entendimiento”, agrega. 

Sandra Patricia Valencia, líder de la comunidad de El Dieciocho, cuenta que para la comunidad afro fue complicado que los indígenas empezaran a poblar el territorio que dejó la población desplazada. “El territorio no quedó solo, porque algunos compañeros se devolvieron después del desplazamiento, pero fueron amenazados por los indígenas y no tuvieron la fuerza para defender el territorio por el miedo”, dice.

Además de las amenazas que denuncian unos y otros, lo cierto es que las formas en las que cada comunidad viven son distintas. A los indígenas les ha molestado que los afros hablan duro o griten, o escuchen cierta música. Y a los afros les molesta que los indígenas beban con frecuencia o entre semana. Para Nohra Álvarez, directora de la Fundación Círculo de Estudios, que lleva 13 años trabajando en el Chocó, esto tiene que ver con que las comunidades tienen formas distintas de concebir el mundo y la vida comunitaria. “Debido a los conflictos armados, los desplazamientos y la presencia histórica y persistente de los grupos armados, se han visto obligadas a compartir pequeños territorios y a hacerse una vida comunitaria entre afros e indígenas. Esto ha marcado profundas distancias, diferencias y actos de discriminación que terminan impactando las posibilidades que tienen tanto afros como indígenas de ejercer sus derechos tal como están establecidos en la ley”, explica Álvarez. Uno de estos, el del acceso a la tierra.

El lío de la tierra

En abril de 2002 la comunidad embera que se había ubicado en el sector El Dieciocho de El Carmen de Atrato inició los trámites para constituirse como resguardo indígena. El proceso fue largo, tanto que en 2013 la comunidad afrocolombiana a través de la Asociación de Desplazados del Chocó (Adacho) que históricamente habitó una parte de la zona presentó un derecho de petición exigiendo la protección del territorio de esta comunidad.

Según consta en el Acuerdo 214 de 2021, en abril de 2013 “se adelantaron reuniones y recorridos de verificación con las comunidades afro e indígenas y se llegó a un acuerdo interétnico”. El acuerdo consistió en desenglobar 24 hectáreas y 2.555 metros cuadrados del área que pretendía el Resguardo que se le titulara. Esa tierra sería titulada a nombre de la comunidad afro, reconociendo que ellos la habitaban. Así, el antiguo Incoder finalizó la conformación del Resguardo Indígena El Dieciocho, con un área total de 1.052 hectáreas y 2.146 metros cuadrados de tierra.

Sin embargo, ni los indígenas ni los afro quedaron satisfechos con el acuerdo. En septiembre de 2014, a través de un recurso de reposición, Adacho argumentó que la tierra que les entregaron no era suficiente y que, además, el procedimiento para la titulación de las tierras fue “indebido e inconsulto”, pues no tuvieron en cuenta las peticiones de la comunidad, como dejar un terreno de fondo en el que pudieran cultivar, sembrar peces y criar animales. Solo hasta mayo de 2019 la ANT respondió a este recurso y visitó el terreno, pero sin dar respuestas a la comunidad. Ese mismo año, en junio, el Resguardo Indígena El Dieciocho pidió la ampliación del territorio colectivo pidiendo que se incluyeran las 24 hectáreas de la comunidad afro. En octubre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) negó esa solicitud.

Entre idas y vueltas, en diciembre de 2021 la ANT resolvió el recurso de reposición y confirmó la decisión de 2014: el territorio del resguardo indígena es de 1.052 hectáreas y 2.146 metros cuadrados, y la comunidad afro tiene un territorio de 24 hectáreas y 2.555 metros cuadrados. Además, le dijo a la comunidad afro que si quieren ampliar su territorio deben constituirse como Consejo Comunitario. 

Carlos Iván Lopera, director territorial de la Agencia Nacional de Tierras para Antioquia, Chocó y el Eje Cafetero, mantiene la posición de la agencia: la decisión de 2014 fue concertada. “El acuerdo que hubo en la comunidad y que nosotros avalamos plantean titular esta gran cantidad de tierra para el resguardo indígena y se sustraen estas 24 hectáreas de tierra para la comunidad afro. Eso se pactó, se firmó por parte del gobernador indígena anterior, por parte de las comunidades negras y fue recogido por el documento oficial de la ANT”.

A pesar de que hay una decisión en firme, esta no ha detenido el conflicto. La comunidad indígena rechaza el acuerdo de 2013 y pide la propiedad de las 24 hectáreas, además, Humberto Tequia afirma que algunas familias afro vendieron su tierra a indígenas antes de desplazarse. “Eso no fue un acuerdo. Claro que reconocemos dónde vivían los afro, pero cuando sale la resolución, dice que los indígenas hicieron un acuerdo por las 24 hectáreas. En eso cogieron tierra de los indígenas”, afirma. “La Agencia nos dejó un problema serio a nosotros, ellos quedaron tranquilos y nosotros quedamos con problemas con los afro”, dice.

Sin embargo, la comunidad afro insiste en que esa tierra les pertenece, y que lo de la venta de predios es falso. “Cuando fuimos allá dijeron que mi mamá les había vendido, y es mentira. Mi mamá está viva y tuvo que mostrarles los documentos de pago de impuestos en El Carmen para que nos pudieran respetar nuestra construcción ahí. A mi tía le construyeron (los indígenas) una casa en su predio y le tocó irse a vivir a Tuluá”, dice Sandra Patricia Valencia. Varias familias de esta comunidad empezaron a retornar al territorio por cuenta propia desde 2019, pero únicamente yendo y viniendo, pues no se atreven a vivir en la comunidad precisamente por la mala convivencia. 

Pero más allá de las tierras, la preocupación de las lideresas afro que llevan el proceso es que han sido amenazadas y agredidas por miembros de la comunidad indígena, sobre todo por jóvenes. Solamente Sandra Valencia ha interpuesto tres denuncias en la Fiscalía por intimidaciones, amenazas y daños en su propiedad: el 26 de mayo de 2021, el 23 de febrero de 2023 y el 22 de mayo de 2023. Y luego, la agresión a Emérita Gómez, que los indígenas niegan. “Ellos están haciendo una guerra basada en género, porque la problemática que tenemos ahora es que ellos nos están agrediendo a nosotros las mujeres, ellos no están agrediendo a ningún hombre”. 

Una posible solución

En algunas ocasiones autoridades como la Defensoría del Pueblo, la Personería de El Carmen de Atrato, la Alcaldía y hasta la Diócesis de Quibdó han acompañado reuniones para tratar el conflicto. “El año pasado hicimos una reunión con el representante de Adacho y de la Asociación Orewa y hubo unos compromisos. El representante de comunidades negras iba a hacer su trabajo ante su comunidad y lo mismo el representante indígena. Pero se han seguido presentando las agresiones”, afirma Adanies Palacios, personero de El Carmen. Hace poco,  el primero de junio organizaron una reunión con todas las instituciones, pero tuvieron que suspenderse porque “se presentó el rechazo de la comunidad indígena a los afro porque estaba un líder que ellos rechazan. La reunión se tuvo que levantar porque como ministerio público no podemos aceptar el veto de una persona”. 

Pero lo cierto es que en el día a día ninguna institución hace presencia en la zona, ni siquiera la Policía. Esto incrementa el temor de que, por ejemplo, los jóvenes afro respondan a las agresiones y todo termine peor.

Para Arturo Suárez, abogado, magíster en Educación y en Políticas Públicas y profesor de la Universidad Nacional experto en acceso a la justicia, la falta de presencia institucional y las decisiones administrativas del Estado están en la raíz del problema. “El Estado no resuelve conflictos, sino que gestiona litigios. Eso tiene que ver con quién es una parte procesal, quién puede reclamar un derecho o quién es el acusado. Para el Estado la importancia jurídica está en la titulación, pero no si se caen bien o sus referentes culturales son compatibles o no”, afirma. “Cuando el Estado interviene la situación de litigio por tierras lo hace por una dimensión, y eso escala la situación porque no está dirigido a resolver el conflicto complejo, sino que el Estado se metió con una cosa particular que no resolvió”.

Ante esta realidad, Suárez plantea la propuesta que ha construido la Escuela de Justicia Comunitaria, un grupo de la Universidad Nacional del que es subdirector. “Lo primero que puede hacer el Estado es ser facilitador para que las comunidades definan el escenario de los procedimientos, no el de las normas que se están aplicando. Si la ANT va a resolver el conflicto, eso no es participativo. Lo es que las partes tengan autónomamente la participación de construir su decisión”.

Para Suárez, tras reconocer la autonomía de los pueblos y definir las autoridades que tienen legitimidad en las comunidades, deben establecerse varios asuntos. En la Escuela de Justicia Comunitaria le llaman necesidades de justicia: “la primera es la de contención de daños y agresiones. Cuando hay un conflicto hay conductas agresivas es necesario acordar no dañarse ni agredirse y prevenir que haya una escalada violenta”. Luego viene el segundo punto, que es abordar los intereses de cada parte, donde empieza la negociación y se pueden construir los acuerdos o soluciones. “Como sabemos que un acuerdo no es un papel sino que los compromisos se cumplan, el tercer referente es el empoderamiento frente a referentes normativos: esto significa que un acuerdo es ley para las partes, pero las partes necesitan garantías de cumplimiento. O sea, que quien facilita la conversación haga seguimiento, que llame o que tengas a quien llamar si no se cumple”. 

En este caso, por ejemplo, podría haber actores comunitarios que faciliten mantener la paz y tramitar los conflictos diarios, y que las instituciones estén presentes como garantes de los acuerdos. Para Nohra Álvarez, además, es importante que las comunidades puedan encontrar sus puntos en común, de modo que puedan tener ideas distintas de los otros, más allá de los estereotipos. “Las técnicas de conciliación y el acompañamiento psicosocial son claves, y que sean acompañantes que no tengan intereses, o sea, personas objetivas y neutrales que puedan ayudar a que los unos y los otros vean los beneficios de hablar de sus dificultades”. Para Álvarez la conversación también debe ser más profunda que el tema legal. Sin embargo, afirma que en los casos en los que ha habido agresiones y denuncias, es necesario que la justicia avance. 

La tensión sigue latente

Tras la suspensión de la última reunión el 1 de junio, las instituciones habían programado una más para el 8 de junio, pero se tuvo que cancelar porque el resguardo indígena El Dieciocho cerró la vía en medio de una minga. Ahora, según el personero Adanies Palacios, están reprogramando.

Más allá de esta posibilidad, todavía no es claro cómo se va a abordar el conflicto. Carlos Iván Lopera, director regional de la ANT, dice que el equipo de diálogo social de esta entidad va a acompañar el proceso, por lo que espera que haya avances. 

Además de esto, el Estado sigue teniendo deudas con las comunidades. En el 2021, la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín exhortó a la Unidad para las Víctimas a implementar un plan de retorno y reubicación concertado con la comunidad afro, así como a reconocerlos como sujetos de reparación colectiva. Asimismo, exhortó al Ministerio de Educación y de las TIC a garantizar la educación y la conectividad del Resguardo Indígena El Dieciocho, así como al Ministerio de Agricultura a desarrollar proyectos productivos con la comunidad. 

Sin embargo, esto no ha sucedido. Mientras tanto, ambas comunidades continúan sin presencia institucional y viviendo en tensión.

Las víctimas de explosiones de minas antipersonal se han multiplicado en los últimos seis años. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, en 2017 hubo 57 víctimas de artefactos explosivos, mientras que en 2022 las víctimas fueron 515. El Cicr, una organización neutral y humanitaria, ha seguido los impactos de esta y otras violencias del conflicto armado desde hace 50 años, y ha evidenciado las consecuencias que tiene la instalación de minas antipersonal, artefactos de detonación controlada y la presencia de municiones sin explosionar, trampas explosivas o incluso de artefactos lanzados. Ante estas acciones, el Comité ha documentado que parte de la población queda confinada, y teme por su vida. 

Esto está pasando en Tadó. Han pasado tres semanas desde que un soldado pisó una mina en el corregimiento del Tabor y desde entonces la tensión solo ha crecido. El 16 de mayo un grupo de soldados que se movía por el paraje de Moindó fueron impactados por una explosión, al parecer controlada a distancia, y días después el tránsito por la vía ha sido inestable y peligroso: el Ejército de Liberación Nacional (Eln), a quien se le atribuyen todas estas acciones porque, según la Fuerza Pública, es el único actor armado ilegal presente en el municipio, quemó tres buses en la vía Quibdó - Pereira. Los habitantes del corregimiento y del resguardo indígena Mondó Mondocito tienen miedo de caminar por la selva para cortar plátano o primitivo, o de remover la tierra para sembrar. También de que los animales pisen una mina o de que los niños y niñas encuentren artefactos explosivos con los que quieran jugar. 

Uver Albeiro Atehórtúa Zapata, oficial de la Unidad de Contaminación por Armas del CICR en la subdelegación de Medellín, que cubre lo que sucede en el Chocó, explica que este problema afecta fuertemente a la población chocoana, y de forma diferencial a las comunidades indígenas del departamento. Según las cifras de este organismo, las víctimas de minas antipersonal y otras armas explosivas han crecido de forma alarmante en los últimos cinco años. Atehortúa, quien está encargado de evaluar la información que recibe, el uso de las armas e incluso la educación sobre el riesgo con las comunidades afectadas, no se refiere a los actores armados para mantener la neutralidad, pero sí explica la situación en la que se encuentran las comunidades del Chocó, los impactos humanitarios y los retos para lograr devolver la tranquilidad a quienes sufren por la instalación de minas en un conflicto que no debería involucrarlos. 

Consonante: ¿Qué está pasando en Colombia en materia de minas antipersonal?

Uver Atehortúa.: En Colombia se vienen generando graves afectaciones por contaminación por armas como consecuencia de la violencia armada. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, hasta el año pasado el país ocupaba el sexto puesto a nivel mundial por más víctimas de minas antipersonal y artefactos explosivos. Esto da cuenta de la magnitud de la problemática.

Un dato preocupante es que desde el 2017 el número de víctimas por la contaminación por armas viene en aumento significativo. Ese año se tenía un registro de 57 víctimas por parte de Cicr, el cual cada año va aumentando. En 2022 fueron 515 víctimas. Es importante mencionar que la mayoría de víctimas desde 2017 son población civil. Habría que revisar las cifras exactas, pero podríamos estar hablando de que nos devolvimos tal vez unos seis o siete años atrás.

C: Este aumento se dio posterior a la firma del Acuerdo de Paz. ¿Por qué?

U.A.: Los territorios que eran controlados por las Farc empezaron a ser cooptados por otros actores que no estaban ahí presentes o que no fueron firmantes de esos diálogos. Esos actores entran en disputa por el control de esas zonas estratégicas, y nuevamente se intensifica la violencia. Como consecuencia se da la contaminación por armas y esto hace que se generen más víctimas en los territorios. 

En algunos municipios solo hay un actor armado presente, ¿cómo se explica la presencia de minas antipersonal en esos lugares?

U.A.: Los actores instalan estos artefactos explosivos en zonas que consideran estratégicas, de manera que les sirvan de protección frente a la avanzada de otro actor con el que se estén disputando. 

Bajo esta lógica, los municipios donde hace presencia más de un actor armado tendrían más riesgo de contaminación por armas…

U.A.: No podríamos decirlo, porque es evidente que incluso en aquellos lugares donde hay un solo actor también se han registrado accidentes por artefactos explosivos. Dependiendo del momento, un actor controla un territorio donde instala minas antipersonal u otros artefactos explosivos, pero cuando este actor deja de tener control sobre ese territorio, obviamente no desinstala los artefactos explosivos: estos quedan ahí. Luego, llega otro actor, y también instala artefactos. Y puede que tiempo después llegue otro actor a disputarse el territorio y tenga que retirarse y así… 

La verdad es que la mayoría (de actores) hace uso de los artefactos explosivos. Ninguno de ellos hace un mapeo del lugar donde los instalan, y esto generalmente conlleva a que los artefactos permanezcan en los territorios durante muchísimos años y sigan activos. No podemos pensar que si un artefacto explosivo fue instalado hace dos, tres o diez años, ya no tiene capacidad de hacer daño. Todo lo contrario. 

¿Dónde se suelen instalar estos artefactos? ¿Han podido identificar algún patrón?

U.A.: En términos generales, los artefactos son instalados en sitios estratégicos para el actor, pero desafortunadamente esos sitios a veces son los que utilizan los habitantes de estas zonas. Hace poco, de hecho, se presentó un incidente donde se encontraron varios artefactos explosivos almacenados muy cerca a una institución educativa. El Cicr mediante el diálogo confidencial con los actores hace incidencia para que sean respetados los sitios importantes para la comunidad, como son las escuelas, los caminos principales, las iglesias y los lugares donde las personas van a buscar agua. Pero más allá de esa incidencia, finalmente el actor, dependiendo de su conveniencia y de sus intereses, instala los artefactos.

¿Cómo está siendo afectada la población del Chocó por los artefactos explosivos?

U.A.: Al revisar los casos históricos, vemos que los municipios más afectados han sido Riosucio, Istmina, El Carmen de Atrato, Tadó y Unguía. De los 31 municipios que conforman el Chocó, en 27 se han presentado afectaciones por contaminación por armas, en mayor o menor medida. Esto nos da cuenta de la magnitud de la problemática que tiene el departamento. 

En 2022 la Oficina del Alto Comisionado para la Paz a través de su dirección Descontamina registró 18 personas afectadas por las minas antipersonal y municiones sin explosionar en el Chocó. De esas, 13 fueron civiles y cinco pertenecían a la Fuerza Pública. En lo que va del 2023, según las cifras del Estado, van seis víctimas: un civil y cinco integrantes de la Fuerza Pública. Los accidentes se han presentado en Istmina, con cinco víctimas, y en Nóvita, con una víctima. 

Nuestras cifras (Cicr también incluye a los combatientes de grupos armados) nos arrojan que en 2022 hubo 22 personas afectadas por la contaminación por armas en el departamento. Estos accidentes se presentaron en Alto Baudó, Bajo Baudó, Litoral del San Juan, Unguía, Nóvita, Bojayá, Istmina, Medio San Juan y en la parte rural de Quibdó. Este año, hasta el 15 de mayo, hemos registrado ocho víctimas: un civil y el resto pertenecientes a la Fuerza Pública. 

Además de las víctimas directas de las minas antipersonal o las municiones sin explotar, ¿cuáles son las principales consecuencias humanitarias que dejan estos artefactos?

U.A.: Los impactos humanitarios son a nivel individual, familiar, grupal, comunitario, a nivel social, y económico. A nivel individual, cuando una persona tiene un accidente, quedan unas afectaciones físicas, pero deja también unas afectaciones psicológicas que afectan el núcleo familiar del sobreviviente. En la ruralidad muchas veces son los hombres quienes salen a buscar y llevar el sustento al hogar, de ahí que una parte importante de las víctimas resultan ser hombres. Podríamos hablar en una escala de uno a 10, 9 son hombres. Esta persona, al ya no poder llevar ese sustento y al estar en esta en esas condiciones físicas que deja el accidente, pues el núcleo familiar se desintegra y en ocasiones la persona queda por fuera de la familia.

Hablamos de que se presentan afectaciones también a nivel comunitario, en tanto que ya las comunidades tienen temor, tienen zozobra, no pueden desplazarse por su territorio como lo hacían antes. En el Chocó las comunidades indígenas se ven limitadas prácticamente porque se ven confinadas solamente a los sitios donde tienen sus viviendas, dado que esos resguardos a los cuales pertenecen ya no pueden ser frecuentados ni  transitados porque han sido instalados estos artefactos explosivos. A nivel económico, si en un territorio la economía dependía de la agricultura, pues la sospecha o certeza de que en un lugar exista presencia de minas antipersonales y otros artefactos explosivos hace que queden improductivos por el temor a que puedan presentarse otros accidentes.

Los pueblos indígenas del Chocó se han declarado en alerta humanitaria por el conflicto, además de estas afectaciones. ¿Existen afectaciones particulares en los pueblos indígenas?

U.A.: En el Chocó particularmente para la zona norte tenemos comunidades que han manifestado que se han visto confinadas, que no pueden ya hacer uso de su territorio, donde siembran o hacen sus ritos culturales, y que se han visto en la necesidad de quedarse donde estrictamente se encuentran sus viviendas. No en todos los casos se han presentado personas afectadas, pero sí han encontrado evidencias, por ejemplo, de animales que han resultado muertos por causa de la contaminación por armas. Sucedió un caso puntual, hace un tiempo, donde en la zona norte del Chocó las comunidades indígenas, nos mencionaban que un tigre, que de hecho es un animal sagrado para esta cultura, había activado un artefacto explosivo que le produjo la muerte.

Es decir, los impactos son generalizados…

U.A.: La población civil está siendo tremendamente afectada por los accidentes e incidentes y por supuesto esto genera temor y zozobra entre las comunidades. Ese temor lleva a que se generen riesgos de confinamiento y desplazamiento. 

Respecto al desminado, encontramos que a la fecha solo 1.081 metros cuadrados han sido despejados. Se han hecho estudios no técnicos, 81 para ser más puntuales, pero como tal las labores de desminado humanitario en el Chocó van lentas.

¿A qué se debe que el desminado humanitario esté avanzado tan lento?

U.A.: La condición para avanzar en el desminado en esencia es una sola: que en la zona donde se pretende hacer el desminado humanitario no exista activación de la violencia armada. Mientras eso no ocurra, mientras en un territorio se sospeche que hay instalación de artefactos explosivos o se tenga conocimiento de que hay actores en confrontación, es imposible avanzar en el desminado. Si todavía hay actores que están haciendo control de ese territorio y que están instalando artefactos, no se puede desminar por seguridad de los mismos equipos y porque los costos entre instalar un artefacto y retirarlos, pues son abismales.

La instalación de una mina antipersonal puede hacerse en minutos y resulta relativamente barata. Teniendo en cuenta que en Colombia son artefactos de fabricación improvisada con materiales como madera, metal, vidrio o  plástico, la construcción de un artefacto de estos puede costar alrededor de 100 mil pesos, por poner un ejemplo, y se hace con relativa rapidez. En cambio, la desinstalación de ese mismo artefacto puede costar millones de pesos y tomar días o hasta semanas.

Claudia Domicó es indígena embera eyabida, líder y gobernadora del resguardo indígena Abejero de El Carmen de Atrato e integrante de la Mesa Indígena Departamental Indígena del Chocó. Desde hace 9 años está de lleno en procesos sociales en su territorio para impulsar los derechos y el trabajo de las mujeres. Desde ahí ha logrado, por ejemplo, que en cada organización indígena haya una mujer coordinadora o consejera de mujeres. 

Su camino, sin embargo, no ha sido sencillo. A sus 17 años, Claudia fue reclutada por el Ejército Revolucionario Guevarista, donde fue abusada sexualmente. A los tres años logró escapar y hasta el 2012 volvió a su resguardo dispuesta a servir a la comunidad y comenzó su proceso de liderazgo comunitario con mujeres. 

En esta entrevista habla sobre las marcas que deja la violencia sexual en la vida de las mujeres, que son cuidadoras del medio ambiente, la flora, la faunas y los ríos. En el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual en el Marco del Conflicto Armado Interno, pide que se avance en justicia y reparación. 

Consonante: ¿Las mujeres indígenas han sufrido la violencia sexual en el marco del conflicto armado?

Claudia Domicó: Sí, ha sido bastante complejo porque las mujeres indígenas no comparten sus casos ni tampoco se visibilizan. Eso sucede porque siempre nos tildan de que nosotras las mujeres somos las que buscamos. También por desconocimiento de nuestros derechos. En el mundo indígena esto es un tabú, es algo de lo que no se puede hablar, porque miran a las mujeres como la más “rebuscona”, como lo peor del sentir propio. Se sufre en silencio.

(Indígenas, campesinos y afros se comprometen a promover la convivencia pacífica)

C: ¿Cuáles son los dolores que deja la violencia sexual en las mujeres indígenas?

C.D.: Es demasiado difícil describirlo. Cada mujer tiene una experiencia y un punto de sentir y de ver las cosas. Como siempre nos han hecho sentir que somos las culpables de todas las cosas malas que nos suceden, siempre nos estamos culpabilizando. Además, teniendo en cuenta el abandono estatal, el no poder pronunciar la palabra en español, uno se siente inferior, deteriorada, porque está uno en un abandono completo: sin apoyo de nadie, sin tener a alguien que le impulse a denunciar, que le diga que no fue su culpa y que hay unos culpables. Esto ha llevado a tomar decisiones desesperadas, mujeres que se van de la casa a buscar una mejor calidad de vida, sin mirar las consecuencias de la pérdida de la cultura, de la lengua ancestral, de su territorio, de su familia. Prácticamente es como si empezara de nuevo, como si recién hubiese nacido en otro mundo. 

C: ¿Cómo fue la violencia contra las mujeres indígenas en El Carmen de Atrato?

C.D.: Se presentó mucho reclutamiento de jóvenes por el abandono estatal. Aquí en cuanto a educación está visto que por ser afro, indígena, blanca, paisa, campesina o vivir en el área urbana se miden los derechos. En esa época la que tenía facilidad para terminar la primaria, no podía terminar el bachillerato. Eso, sumado a que en su entorno había presencia de los grupos armados, facilitó que reclutaran a un gran número de mujeres y de hombres, entre estos a muchos niños. Cuando la mujer que fue reclutada volvía al resguardo, era sancionada para poder descontaminar toda esa mentalidad asesina o negativa.
En mi caso, mi comunidad fue desplazada masivamente por el asesinato de un gran líder y médico tradicional, José Belrmino Domicó, mi abuelo materno, en el 2000. Y esta es la hora en la que no hemos tenido una reparación de ninguna índole, y fuera de eso fui reclutada y no fui reconocida en el grupo de las víctimas, sino como victimaria, y me negaron todos los derechos. Dentro de las filas muchas mujeres sufrieron violencia sexual, que una fiscal en su momento catalogó como un crimen de guerra. Hablaron de educación avanzada, salud, vivienda, seguridad y una vida digna, como medida de reparación y eso nunca se dio.

C: ¿Cómo ha sido impulsar el diálogo alrededor de la violencia sexual?

C.D.: Bastante complicado porque hay mujeres que desconocen a quién acudir. Hay tanta hipocresía, tanto dolor y tantos sentimientos encontrados. Es una cosa horrible porque uno no encuentra una respuesta clara en ningún lado a pesar de tantas leyes, tantos decretos, tantas palabras bonitas escritas en un papel y que en la práctica no hay mucho, porque si uno va a buscar apoyo empiezan a decir: vaya para allá, acá no es, llevela allá, de un lado a otro.
A veces me siento sola, me siento abandonada, como si no existiera, pero todo eso ya lo he ido superando y he sido ejemplo para muchas mujeres sobre el empoderamiento político y organizativo. Llego a esas comunidades y no solo hay indígenas sino también campesinas y afro y me dicen que no saben a dónde acudir y siguen permitiendo que las maltraten a pesar de ser quienes trabajan, las que cultivan y las que cuidan a los niños. Me dicen que no tienen quién les ayude y que hay un abandono estatal. 

C: ¿Las mujeres indígenas han denunciado?

C.D.: De 100 casos se resuelven cero (0). Cuando hay violencias sexuales no existe una respuesta activa porque empiezan a hablar de los protocolos, que ya vengan mañana y empiezan a dilatar. Al autor intelectual de los hechos no lo sancionan, se dejan enredar por pesos extra o se inventan una cantidad de cosas que no son. Todavía hay mucho vacío institucional y siento que la justicia ordinaria le tiene miedo a los indígenas, o no quieren o no es de su interés atender estos casos. Se hace lo posible por confiar, se decide ir a denunciar, pero no avanza. Sin embargo, todavía sigue la esperanza en la justicia. 

C: ¿A las víctimas de violencias sexuales en el conflicto armado se les ha reparado?

C.D.: Algunas mujeres han buscado el apoyo por sus propios medios. Pedimos que esto no se repita, nos dicen que van a indemnizar a ciertas mujeres indígenas y campesinas de El Carmen de Atrato, pero no tengo información sobre el tema porque mi resguardo no fue incluido en estos procesos porque se focalizaron en las zonas donde hubo más casos de menores. 

C: ¿Cómo se puede reparar a las mujeres indígenas que han sufrido este crimen?

C.D.: Necesitamos reparación, que incidan en el avance académico, en las capacidades propias, en la autonomía, en fortalecer la cultura y en visibilizar que las cosas que están sucediendo no son las más justas. Acá les prestan más atención a los hombres y no a lo que dicen las mujeres. Las mujeres no necesitamos ninguna clase de intermediarios sino que el diálogo sea con nosotras.
También se necesita un apoyo psicológico para que las mujeres no sigan sufriendo. Además, el apoyo en emprendimientos en los que puedan seguir pendiente de sus hijos. Acá se perdió el oficio de promotoras de salud al interior de la comunidad, ese es un tema muy bonito, uno puede enseñarles a las otras cómo se deben cuidar, cómo se deben respetar y cómo cuidar de los demás. 

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que no aceptaba el ingreso de Rodrigo Tovar Pupo, conocido en la guerra como “Jorge 40” al tribunal. El argumento central de los magistrados es que Tovar no demostró voluntad de aportar a la verdad que, como comandante del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), podía dar a sus víctimas. 

Esta decisión, tomada el 15 de mayo, sucede tres meses y medio después de la audiencia única de verdad a la que asistió Tovar en Ibagué, la ciudad en la que está ubicada la cárcel de Picaleña, donde cumple una condena de 40 años. Las víctimas y la JEP esperaban que durante los dos días que tardó la diligencia, el exjefe paramilitar explicara cómo fue su colaboración con las Auc antes de incorporarse a este grupo y cómo trabajó de la mano de la Fuerza Pública como jefe del Bloque Norte. Sin embargo, se limitó a narrar su infancia, su juventud y algunas colaboraciones con el grupo armado, sin mencionar nombres, alianzas ni hechos concretos.

La decisión de la JEP

Durante la audiencia, la magistrada Sandra Jeanette Castro llamó a “Jorge 40” a responder al cuestionario que planteó la Sala de Apelación, pero este no lo hizo. Después, le dio un plazo de 15 días hábiles para enviar a la JEP el orden en el cual abordaría las preguntas del cuestionario y cuáles serían los aportes que haría. Ese plazo venció el 20 de febrero, pero el documento nunca llegó al tribunal.

“Por haber incumplido el señor Rodrigo Tovar Pupo la obligación de aportar verdad plena, lo que evidencia su falta de voluntad ante esta justicia transicional de resarcir los daños causados a las víctimas y a la sociedad, y siendo evidente la ausencia o deficiente presentación de su CCCP (...) la Subsala (...) rechazará su sometimiento y ordenará su exclusión de la JEP”, dice la Resolución 1508 del 15 de mayo de 2023.

Aunque esta decisión se puede apelar, el escenario judicial con el que por el momento queda Tovar es la justicia ordinaria, pues antes ya había sido expulsado de Justicia y Paz por no aportar verdad. Para las víctimas de San Juan del cesar, esta decisión significa perder la última esperanza de responder a decenas de preguntas que tienen desde hace 20 años. Sin embargo, respaldan a la JEP, pues consideran que la actuación del exparamilitar fue una burla.

¿Qué opinan las víctimas?

Juya, una mujer wiwa que contó su historia a Consonante y pidió cambiar su nombre por motivos de seguridad, se enteró de la decisión de la JEP en la tarde del 15 de mayo, y sintió alivio. “Yo sentí que Dios miró a las víctimas, porque él (Jorge 40) en ningún momento contó nada sobre su actuar como comandante de las autodefensas. Habló de sus ideales, de cuando empezó, pero no sobre la participación directa que tuvo en las masacres, en los muertos, en el dolor en San Juan del Cesar”, afirma. Ella fue una de las víctimas que vio la audiencia y, desde ese mismo momento, perdió la esperanza de conocer por qué el Bloque Norte cometió tantos asesinatos, como el de su esposo. "Yo nunca he tenido esa fe en que va a llegar la verdad, pero él sí perdió los escenarios propicios para obtener un perdón de nosotros como víctimas. Se pierde la esperanza de escuchar esa verdad, el por qué dio las órdenes de ejecución”. 

Eso mismo piensa un líder de la zona rural de San Juan, quien también prefiere resguardar su nombre porque en el municipio hay presencia de grupos paramilitares y teme “que lo señalen a uno de estar removiendo cosas en contra de ellos”. “Él no tiene voluntad de verdad, esa es la gran realidad. En nuestra región hizo tantas masacres que todavía nos sentimos dolidos, pero de pronto quiere una rebaja de penas mientras nosotros seguimos con el mismo dolor”, dice con impotencia. “Es preocupante que se quede callado, porque las víctimas lo que quieren es una aclaración, que él asuma la responsabilidad, que diga la verdad”, agrega.

El pueblo wiwa, uno de los más afectados por la violencia con la que actuó el Bloque Norte, también esperaba conocer el detalle de por qué ese grupo se ensañó con ellos. Pedro Loperena, autoridad tradicional y consejero de derechos humanos, califica la situación en la que se encuentran como “impunidad total”, pues aunque Tovar esté preso, no ha contado los vínculos que hicieron posible la violencia. “Ese señor conoce muchas verdades. Conoce por qué fueron asesinados muchos miembros del pueblo wiwa sin razón, por qué hicieron la represa del río Ranchería cuando los paras hacían sus retenes ahí mismo, sabe quienes fueron los autores intelectuales y políticos que estaban interesados en sacarnos del territorio”, explica.

La lectura que Loperena hace es que Tovar sigue teniendo poder. “Da la impresión de que con el silencio domina más, dice más que hablando, tiene más poder. Parece que con el silencio reina y domina a quienes lo financiaron”. 

Lo que sigue

Rodrigo Tovar puede apelar la decisión de la JEP, sin embargo, durante la audiencia de enero dijo que en este tribunal tampoco tenía garantías y que sabía que ese no era su lugar.

Si lo hace, y mientras la JEP revise su decisión, seguirá los procesos en la justicia ordinaria. Pero las víctimas no confían en este tribunal, pues durante el conflicto vieron cómo la información que entregaban a la Fiscalía llegaba a manos de los paramilitares. Por esto, muchas decidieron no continuar la exigencia de justicia y desvincularse de los procesos. Ahora, cuando en el municipio circulan panfletos a nombre de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (un grupo paramilitar que nació con la desmovilización de las Auc) y hombres armados han visitado varios corregimientos, prefieren continuar al margen.Las oportunidades de obtener la verdad parecen nulas. Aún así, Loperena cree que con las contribuciones que hizo el excomandante de las Auc Salvatore Mancuso y que involucran a Tovar y a políticos de la región, tal vez haya una ventana para conocer algunas alianzas criminales. De igual forma, espera que los militares involucrados en las ejecuciones extrajudiciales cometidas contra indígenas wiwa cuenten cómo estuvieron aliados con los paramilitares.

Los habitantes de El Carmen de Atrato empezaron a escuchar sobre un plan de gestión social de la Minera El Roble o Miner S.A. hace un año y medio, poco antes de que se venciera la licencia minera que le permitía a la empresa explotar cobre, oro y plata desde hacía 35 años. Desde entonces, ha circulado información según la cual la construcción de este plan sería obligatoria si Miner obtiene una nueva concesión minera, algo que todavía no ha ocurrido. Entre las y los carmeleños hay muchas preguntas sobre el plan: ¿Cómo se debe construir? ¿Es obligatorio? ¿Cómo participar?

En este Explicador, Consonante resuelve las más relevantes frente a los alcances de esta figura y sus vacíos con relación a este y otros casos.

Primero, ¿qué es un plan de gestión social?

Es un instrumento obligatorio que deben adoptar los proyectos mineros para prevenir, mitigar y atender los riesgos sociales. que generan. Es decir, es una manera de compensar e impulsar a las comunidades que viven en las áreas de influencia de proyectos mineros.

Este plan debería servir para gestionar de manera sostenida programas y actividades que beneficien y generen oportunidades para la gente. Entre los compromisos incluidos pueden estar, por ejemplo, contratar trabajadores y trabajadoras que vivan en los municipios impactados o realizar actividades de capacitación dirigidas a la comunidad en manejo de emergencias y desastres. Según la Agencia Nacional de Minería (ANM), los planes también buscan “apoyar y/o complementar la inversión social del Estado”. Es decir, las empresas pueden hacer aportes económicos voluntarios a administraciones locales y departamentales para mejorar la cobertura de servicios públicos o la oferta de vivienda, entre otros. 

El documento debe incluir la información general del proyecto, como la descripción del proyecto minero y del área de influencia, así como datos más específicos, como la caracterización socioeconómica del lugar de ejecución del proyecto y las líneas estratégicas de trabajo. Las actividades y proyectos contemplados dependen de la magnitud del proyecto a realizar y las capacidades del titular minero. Es decir, las empresas más pequeñas tienen menos obligaciones que las empresas más grandes. 

¿Por qué es necesario un plan de gestión social?

La Agencia Nacional de Minería ha reconocido que la minería puede causar daños e impactos en los lugares en los que se desarrolla. Por ejemplo, en “la salud y seguridad de la población; los conflictos por el acceso y uso de la tierra; la reubicación o reasentamiento involuntario de poblaciones, el trabajo informal e ilegal asociado con la minería, incluyendo la explotación sexual comercial de adultos y niños; la migración poblacional; la afectación a comunidades indígenas y los efectos ambientales; entre otros”, según la Guía para planes de gestión social. 

Pero los planes de gestión social son relativamente nuevos en Colombia. Antes de que se estableciera la figura, en 2015, las mineras no estaban obligadas a mitigar los impactos sociales. Por el contrario, las empresas podían hacer inversión social voluntaria dentro de la figura de la Responsabilidad Social Empresarial o podían colaborar con las administraciones locales.

Rosa María Mateus, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y acompañante de organizaciones en territorios impactos por la minería, explica que esto empezó a cambiar porque a nivel mundial se han dado discusiones sobre la responsabilidad de las empresas en conflictos sociales, por lo que los países han avanzado en sus legislaciones para cumplir el marco internacional. “Lo cierto es que en Colombia han incrementado los conflictos socioambientales y las demandas alrededor de esas responsabilidades y los enormes daños, afectaciones e impactos que se generan”, afirma. 

Esas demandas se hicieron más visibles cuando, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en 2010, se estableció la minería como una de las cinco “locomotoras” que harían crecer económicamente al país. En 2013, la ANM planteó la posibilidad de establecer los planes de gestión social, como una respuesta a los cuestionamientos de distintas comunidades y organizaciones sobre la permisividad del Estado a las empresas. En 2015, tras la reelección del presidente, los planes quedaron establecidos.

Para Rosa María Mateus esto no se hizo correctamente, pues las comunidades (excepto las étnicas) no tienen poder de decisión sobre los proyectos mineros, sino que es enteramente responsabilidad del Estado.

¿Es obligatorio que las empresas mineras tengan un plan de gestión social?

Sí. Todas las empresas mineras deben construir el plan y presentarlo a la ANM máximo 60 días hábiles después de perfeccionar el contrato de su título de exploración o explotación minera. Antes de presentar el plan, el titular minero debe socializarlo con las comunidades impactadas. Sin embargo, no tiene la obligación de modificar el plan por las observaciones que pueda hacer la población. Lo cierto es que solo las empresas que obtuvieron su título después de 2015 funcionan con un plan de gestión social. 

¿Cómo se determina lo que debe ser incluido en el plan?

La responsabilidad de crear este plan recae en las empresas y no en las comunidades impactadas o autoridades nacionales. Esto, para la abogada Mateus, sitúa a las mineras en posición de juez y parte. “Se da por hecho que priman los intereses empresariales sobre los de las comunidades. Prácticamente ponen a los pueblos en una posición de inferioridad y no debería ser así”, afirma, pues son las empresas las que definen cuáles son sus impactos y cómo van a mitigarlos.

La ley contempla seis líneas de acción: fortalecimiento al sector productivo y de generación de empleo; fortalecimiento institucional; fortalecimiento a la educación; cuidado, prevención y promoción de la salud; desarrollo en temas cultura, recreación y deportes; e inclusión social y mejoramiento de condiciones de bienestar. Sin embargo, la empresa es libre de elegir cuáles y cuántas líneas desarrollar. Algunas de las medidas deben ser concertadas con las autoridades locales. 

Para Manuel Castro, abogado del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial Siembra y acompañante de la Mesa Social y Ambiental de El Carmen de Atrato, “hay un conflicto de interés, porque a la empresa no les va a interesar hacer una evaluación certera que implique mayores compromisos”. 

¿Y las comunidades? ¿Tienen alguna participación en el proceso de creación del plan?

Antes de otorgar una licencia, la ANM debe organizar una audiencia de participación de terceros, que es una reunión en la que debe estar la comunidad, las organizaciones sociales y la alcaldía del municipio impactado. Según la normativa, en esta audiencia la gente debe enterarse de “quiénes van a llegar a desarrollar proyectos mineros, qué actividades van a desarrollar, así como los posibles impactos de los proyectos exploratorios”. Las personas pueden manifestar su desacuerdo o sus peticiones, que quedan consignadas en un acta  necesaria para la aprobación del plan de gestión social, en caso de que el proyecto sea aprobado. Pero en la audiencia no está en cuestión si el proyecto se hace o no. Esta es una decisión del Estado.

Después de otorgada la licencia, las comunidades deben participar en la construcción del plan de gestión social a través una serie de reuniones en las que deben estar también las administraciones locales y la empresa. En la etapa de exploración, que es el primer paso de un proyecto, la empresa debe citar a una reunión para dar información a la comunidad sobre los alcances del proyecto. Tras este encuentro, la compañía debe abrir otros espacios para escuchar los pedidos de la gente. 

A pesar de que la ley establece  estas reuniones, las empresas no están obligadas a acoger las opiniones de la población. “Hay muchos ejemplos de “participación” en los que solo ha habido reuniones a las que la gente va a firmar o legitimar algo, pero no se atiende a la voluntad real del pueblo”, afirma Rosa Mateus.

¿Cuál es la consecuencia de que no sea obligatorio tener en cuenta las opiniones de las comunidades?

Manuel Castro afirma que este vacío legal se traduce en una falta de participación efectiva de las comunidades. “Una sentencia de la Corte Constitucional, que hace una evaluación tanto del proceso de titulación minera como el proceso de otorgamiento de permisos y licencias ambientales, dice que aquí no hay un mecanismo de participación que cumpla con el estándar constitucional”, explica, y agrega que “la Corte parte de la lógica de que no se puede solo socializar, sino que tienen que haber un diálogo constante, tiene que haber una deliberación y, en lo posible, una concertación de los proyectos y de las obligaciones”.

La Corte, a través la sentencia SU 095-18 exhortó al Congreso a que “en el menor tiempo posible defina uno o varios mecanismos de participación ciudadana”, pero esto no ha pasado. 

Además, Castro considera problemático que las empresas tengan tanta libertad para definir su gestión social, por ejemplo, al elegir las líneas a abordar e identificar los impactos de su accionar. “En la práctica de estos planes de gestión social tienen unas evaluaciones demasiado superficiales y han sido usados en la lógica de la responsabilidad social empresarial, pero no necesariamente responden a los impactos que ha tenido la minería en la sociedad”.

Para Rosa Mateus el problema es a largo plazo: “muchísimos de los daños y afectaciones que hay no se analizan y nos van a dejar al país sumido en muchas problemáticas , los  tendrá que resolver el Estado después”. 

Pero, ¿por qué es importante que participen las comunidades?

Cada territorio tiene particularidades en materia de población, servicios básicos o acceso a salud o educación. La participación de las comunidades es la garantía de que las empresas puedan apoyar las necesidades reales de la gente, así como identificar dónde puede haber mayores riesgos. 

Para Marcela Sánchez, lideresa de la Mesa Social y Ambiental de El Carmen de Atrato, la participación no puede limitarse a reuniones protocolarias. Ella, junto a otros ambientalistas del municipio, ha insistido en la participación de la comunidad en la definición de las líneas del plan de gestión social de Miner S.A., una vez la ANM le otorgue un nuevo título minero. Su argumento es sencillo: “no es justo que tanto la construcción como la ejecución se haga sin tener en cuenta a las comunidades, las organizaciones y los liderazgos, que es el conocimiento del territorio. Sin eso, se hace un plan desde el escritorio”.

El abogado Manuel Castro considera que debe haber “en lo posible, una concertación de los proyectos y de las obligaciones”, pero que esta no ocurrirá si el Congreso no legisla.

La ñapa: ¿Qué sigue con el plan de gestión social Miner S.A.?

La Agencia Nacional de Minería aún no le ha otorgado a Miner S.A. un nuevo título de concesión, por lo que el plan de gestión social todavía está lejos de ser una realidad. 

Sánchez espera que la Agencia programe pronto la audiencia de participación a terceros y que este espacio sea en verdad participativo. “Estamos esperando que pase a ser importante el tema ambiental y social, y no que se reduzca la gestión social a los salarios de los empleados y algunas inversiones que hace la empresa en algunos emprendimientos. Queremos ver un carácter más humanitario en el que la gestión social de la empresa tenga mayor horizontalidad”.

Un día después de que un soldado sufriera un accidente con una mina antipersonal en el corregimiento del Tabor, a 35 minutos del casco urbano de Tadó, se presentó un combate entre miembros de la Fuerza Pública y presuntos guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en cercanías a la población de Bochoromá. Hacia las ocho de la noche de ese 8 de mayo, un grupo de ocho indígenas del resguardo de Mondó Mondocito se dirigía a su territorio en carro y quedó en medio de las balas. Los ciudadanos se bajaron del carro como pudieron y se lanzaron al río San Juan. Desde entonces la comunidad tiene miedo, pues intuye que tras los combates y el accidente, la tierra tiene que estar sembrada con minas antipersonal y munición sin explotar.

El pasado viernes 12 de mayo un grupo de funcionarios, entre los que estaba el personero municipal Yirson Ledezma, se dirigió al Tabor para reunir información. "La gente desea seguir en el territorio porque ahí se siente cómoda, pero muchos dicen que si se siguen presentando hechos como este, tendrían que recurrir a otros mecanismos”, afirma el personero refiriéndose a que se tendrían que desplazar.

De hecho, este martes 16 de mayo miembros del Ejército que transitaban por el parada de Moindó, cerca del Tabor, fueron impactados por una explosión que lesionó levemente a cuatro de ellos, y aturdió a uno más. El coronel Diego Molina afirma que, una vez despejan la zona, investigarán de qué tipo de artefacto se trató y qué sustancia fue utilizada. Sin embargo, confirma que "es el ELN, estructura 'Cacique Calarcá' quien está haciendo esas cosas".

El riesgo de pisar una mina antipersonal es latente

El accidente que se registró la semana pasada es el primero en seis años, pero el riesgo de la presencia de estos artefactos explosivos en la zona rural se ha agravado con las acciones del Eln en la zona del San Juan. Luis Enrique Murillo, defensor regional del pueblo, advirtió que Tadó es uno de los diez municipios que está en alerta por la instalación de minas antipersonal y la presencia de municiones sin explotar.

Álvaro Jiménez, director de la Campaña Colombiana contra las Minas Antipersonal, afirma que en el Chocó confluyen dos situaciones: “una persistente exclusión económica en la región y una presencia de grupos armados, desde el Eln, el Clan del Golfo, disidencias y bandas de diversos tipos”. Esto, explica, genera riesgos para la vida de la población, que van desde el desplazamiento y el confinamiento hasta la violencia de género y las minas antipersonal. 

“En Tadó ha habido confrontaciones armadas entre grupos, igual que en el San Juan y en otras zonas, y está el hecho de que algunos caminos están minados y es posible que algún actor armado sea víctima de las minas, pero también los campesinos y los animales de la región”, afirma Jiménez.

Es decir, el riesgo existe en otras zonas del departamento. En el Chocó, hubo 12 accidentes con minas que dejaron 15 víctimas en nueve municipios durante el 2022, según el Servicio de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (Unmas, por sus siglas en inglés). Este año, según el reporte trimestral del Comité Internacional de la Cruz Roja, ha habido seis víctimas. 

Las preocupaciones de la gente

“Aquí estamos en riesgo, sentimos mucho miedo porque están armando minas antipersonal y la comunidad está preocupada porque los indígenas hemos pasado por ahí (por el lugar del accidente con minas)”, dice Álvaro Valencia, líder del resguardo. Valencia, además, advierte que además de la afectación emocional, también han cambiado sus prácticas. “Nosotros cargamos primitivo (una variedad de plátano) y ya no podemos ir a buscarlo. No vamos al monte con tranquilidad, no podemos ir solos, a todas partes hay que ir con la guardia”, afirma con preocupación.

Otro habitante del Tabor afirma que en este momento la situación en la comunidad afro se puede resumir en tres palabras: dolor, miedo y preocupación. "Estos hechos confinan a una parte de la población, porque si en la vía hay una mina, ¿cómo será en otras más partes más adentro? ¿Cómo será donde está ubicada la Fuerza Pública?”, se pregunta. En esta zona la mayoría de la población es campesina, por lo que tiene que moverse todos los días a zonas enmontadas con el riesgo de pisar una mina.  “Aquí no somos empleados del Estado, cada uno tiene que rebuscarse y la mayoría hace oficios del campo”, dice el hombre.

Además, esta situación ha revivido los recuerdos de los habitantes del Tabor y del resguardo de Mondó sobre los desplazamientos de años anteriores. “El Tabor ha sufrido cantidades de situaciones como esta. Una que tuvimos fue el 13 de marzo de 2003, cuando estaba acantonada una ropa del Ejército y como a las tres de la mañana, pum, un guerrillero mató a un soldado. Luego vinieron unos mandos y nos hicieron desplazar a Playa de Oro. A mí me tocó cargar con mi abuelita, 11 kilómetros, y allá estuvimos ocho días desplazados”, recuerda un habitante que prefiere no incluir su nombre por temor a represalias. “Queda uno con miedo tanto de los subversivos como de la Fuerza Pública, porque mientras no aparezca un responsable, todos somos sospechosos”, agrega. 

En Mondó temen volver a vivir un desplazamiento como el de 2012, que los tuvo por más de cinco años fuera de su territorio, perdiendo su cultura y malviviendo. “Estamos muy complicados, no sabemos cómo seguir”, dice ahora el gobernador del pueblo. Para evitarlo han pedido que se realicen acciones de desminado militar y humanitario.

Entonces, ¿qué debe hacer la población?

Para Álvaro Jiménez la clave, mientras siga habiendo minas, será capacitar a las comunidad en el riesgo de minas. Estas son algunas de las recomendaciones que hace para prevenir un accidente:

• Alejarse los sitios en los que ha habido combates
  
• No tocar lo que encuentre en los caminos
  
• Utilizar únicamente los caminos que utiliza la comunidad a diario
  
• No hacer travesías ni meterse por sitios desconocidos
  
• No mezclarse con grupos armados
  
• No transitar por sitios en horas nocturnas
  

Lo que sigue

La población ha pedido desminado militar y humanitario, pero hasta ahora esto no ha sucedido. Álvaro Jiménez explica que mientras los grupos armados continúen en el territorio será imposible desminar. La opción que plantea es hacer acuerdos humanitarios que permitan a los profesionales realizar su trabajo sin poner en riesgo su vida. “Hemos intentado impulsar esos acuerdos humanitarios en las negociaciones con el Eln, pero también habrá que impulsarlos en las conversaciones con los demás actores”. 

Por lo pronto, la Alcaldía de Tadó se comprometió a hacer una brigada de salud para atender los riesgos psicosociales en la población. Además, la gobernación del Chocó anunció que “junto con la Alcaldía de Tadó, OACP y la ONG Descontamina, se realizará un despliegue de la oferta institucional en el municipio en atención a la Alerta Temprana 073-2018”. La población espera que, además de enseñarles cómo prevenir un accidente, empiecen el desminado militar pronto para que no tengan que desplazarse. 

Leidy Yojana Restrepo disfrutaba montar a caballo. Para quienes la conocieron y la amaron era un disfrute verla recorrer las calles de El Carmen de Atrato (Chocó) o de su vereda, La Sierra, montando uno de estos animales. Lo hacía con gracia y riéndose. Esa era otra característica por la que la recuerdan sus amistades y familiares. “Ella irradiaba alegría”, cuenta Marisbey Correa Muñoz, su prima. “Era una mujer muy trabajadora, llena de virtudes y de deseos de sacar adelante a sus dos hijos”, añade.

El recuerdo de la vida de Leidy Yohana, de 31 años, estuvo presente en la velatón que cuatro lideresas de El Carmen de Atrato convocaron el 26 de abril a las siete de la noche para protestar por su muerte, ofrecer apoyo a su familia y exigir que cese la violencia contra las mujeres en el pueblo. 

Leidy Yojana trabajó desde muy joven en lo que pudo: recogió café, trabajó en una fábrica de arepas y, durante los últimos ocho años, se desempeñó en servicios generales de la Minera El Roble. Su búsqueda siempre fue ser independiente y proveer de lo necesario a sus hijos de 10 y 4 años, pues soñaba con que ellos fueran a la universidad.

El cuerpo de Leidy apareció el domingo 23 de abril hacia las 10 y media de la mañana en el río Atrato, a la altura de la vereda La Mariela parte baja, en un sector conocido como el “Arenero”. Ese día, el río estaba caudaloso, y la Policía municipal recibió un reporte ciudadano sobre la presencia de un cuerpo en ese sector. El cuerpo de bomberos voluntario lo rescató y lo trasladó a la morgue.

Un día antes, el sábado 22 de abril, Leidy Yojana Restrepo había decidido ir a bailar a la discoteca La Palma después del trabajo, pues el domingo descansaba. Ahí estuvo con algunas primas y amigos hasta la madrugada del domingo. Según Marisbey Correa, hacia las 3 am algunas primas que debían trabajar al día siguiente decidieron irse, pero Leidy quiso quedarse otro rato. “Decidieron que ella se iba a quedar con unos amigos y (las primas) se fueron porque ya no querían estar más y alrededor de las cuatro de la mañana fue que pasó lo sucedido”, dice. 

Lo que sucedió después no está claro. Leidy Yojana desapareció y su familia no supo nada más de ella esa noche. Al siguiente día, el padre del hijo menor de Leidy fue quien alertó a su familia sobre su desaparición. Después del mediodía, el hombre fue a buscarla a su casa pues se le hizo raro que Leidy no hubiera pasado por el bebé. Como no la encontró, lanzó la alerta. 

Solo después de varias horas de incertidumbre y búsqueda, la hermana de Leidy constató que el cuerpo encontrado por la policía era el de su hermana. Inclusive ese día alcanzó a circular una publicación de Facebook de Publinoticias, basada en información preliminar entregada por la policía, en la que se decía que el cuerpo encontrado correspondía al de una mujer indígena. Un rumor que fue desmentido por su propia familia poco después de que funcionarios del hospital la contactaron para que una persona se acercara a la morgue a revisar si el cuerpo que había llegado esa mañana era el de Leidy. Aunque fue difícil hacerlo, la hermana de Leidy que acudió a la morgue no tuvo dudas de que lo era pues vio un tatuaje y una tobillera que portaba siempre.

Seis días después de su muerte en El Carmen todavía no hay certezas sobre la causa o los hechos que llevaron a su muerte. Su familia todavía no ha recibido el informe de Medicina Legal y la investigación de la Fiscalía tampoco ha arrojado ninguna orden de captura. Tal vez por este motivo han rondado rumores sobre lo que sucedió en las últimas horas de Leidy y sobre la persona responsable de su muerte. Pero lo cierto es que las autoridades aún no han confirmado si se trató de un asesinato o un feminicidio. Aún así, la familia de Leidy afirma que sí se trata de un feminicidio. “Fue una muerte violenta, demasiado violenta. A la niña le desfiguraron la carita”, afirma Marisbey. En medio del dolor, la familia Muñoz continuó el proceso con Medicina Legal y luego le dio cristiana sepultura a Leidy Yojana. Ahora esperan conocer la verdad y que se haga justicia.

El grito en contra de la violencia machista

“Por nuestras mujeres asesinadas, ni un minuto más de silencio”, gritaron alrededor de 100 personas que acudieron al llamado de encender velas en el parque principal de El Carmen de Atrato por la memoria de Leidy Yojana. 

Antes de las siete de la noche, algunas personas empezaron a acercarse al punto de encuentro, donde había una tela blanca y pintura roja. Decenas de mujeres y niñas decidieron dejar pintada su mano ahí, como una forma de sumarse al rechazo de la muerte de Leidy. Algunas más llevaron sus propios carteles. A las siete, con velas encendidas, la gente le dio la vuelta, en silencio, al parque de el Carmen, y luego algunas amigas, familiares y líderes carmeleñas tomaron la palabra.

Una de ellas fue Rosa Ortega, una ama de casa carmeleña que exigió justicia y protección para las mujeres, pues considera que nunca se ha tratado con seriedad la violencia contra las mujeres. “Aquí dejamos crecer esta bola de nieve a tal punto que nos está comenzando a aplastar. Es muy lamentable que solo nos convoque y nos pellizque la tragedia, porque lo demás se va a ir en pañitos de agua tibia, en un evento con bombas y rosas, poesía y música, pero nadie toma acciones de fondo que impacten y se queden en el tiempo”, le dijo a Consonante. Rosa recordó en ese espacio a Luisa Zapata, a Luz Bertha y a Lidia Marín, tres mujeres asesinadas a quienes pocos recuerdan.

Para Ortega, además, esto se junta con el crecimiento de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, y con que todo permanece oculto. “Todo eso se ha maquillado en un municipio donde ha sido la doble moral la que ha predominado, un municipio que se dice de costumbres religiosas, cristianas, católicas y conservadoras, pero que si usted levanta la tapa, es un sepulcro blanqueado. Una cantidad de cosas que están pasando a puerta cerrada dentro de los hogares de El Carmen, pero que nadie denuncia para que no hablen”. dice. 

Carol Rojas, analista del Observatorio Colombiano de Feminicidios, de la Red Feminista Antimilitarista, afirma que si bien no tienen registro de feminicidios (su base de datos comenzó en 2018), la muerte de Leidy evidencia que es un tema que las instituciones deben afrontar. “Nosotras pensamos que la violencia feminicida crece porque no hay institucionalidad que la enfrente. Hay un Estado, unos funcionarios, unas municipalidades que o no tienen las herramientas para enfrentarla o también hay prácticas patriarcales que la invisibilizan”, dice. 

Además, Rojas afirma que la falta de denuncia no evidencia que las mujeres deseen quedarse calladas, sino que puede hablar de un problema estructural, “de cómo una sociedad ha invisibilizado estas violencias y las justifican y eso cómo ha calado en los sentidos comunes en el mundo cultural. Además, el componente paisa es importante, porque culturalmente se encubre bastante desde este lugar ciertas violencias”. 

Un primer paso para romper ese pacto de silencio, para Rojas, es la unión de las mujeres y el rechazo de la violencia. Es decir, la velatón, que significó un grito colectivo: no vamos a permitir que muera ninguna más. 

Un llamado al cuidado y a la justicia

La familia de Leidy Yojana no pierde la esperanza de que en los próximos días se empiece a hacer justicia para Leidy. Para ellas se podría hablar de justicia en la medida en que se sepa qué pasó y quién lo hizo.

“Mi familia no pierde la esperanza de que den con el presunto responsable, de que verdaderamente nosotros sepamos que este crimen no va a quedar impune, que por lo menos nosotros como familia perdimos a mi prima, a una hija, a una madre, a una sobrina, a una nieta, pero que hubo justicia y esa persona no va a volver a cometer un crimen así”, afirma Marisbey Correa.

Además, hace un llamado a que las carmeleñas se unan. “Tenemos que implementar muchos métodos de seguridad para las mujeres para que nos cuidemos una a la otra. Puede que sea una familiar o una amiga la que esté viviendo violencias, podemos ser todas las mujeres y nos debemos apoyar mutuamente”. Para Carol Rojas, un primer camino es tumbar la idea de la violencia es privada. “Esto es un asunto estructural, es un asunto profundamente político y debemos movernos desde la exigencia al Estado por la protección de las mujeres y las niñas”.

Desde el año pasado el Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia) ha recibido noticias de asesinatos en las comunidades aledañas al río Atrato. “Están bajando muertos por el Atrato. En el 97 fueron muchos y luego bajó la tensión. Pero ahora las comunidades nos manifiestan otra vez que la gente está bajando muerta y no los pueden coger (los cuerpos)”, dice un líder que pidió no mencionar su nombre porque está en Quibdó, donde en los últimos meses se ha instalado un toque de queda no oficial desde las seis de la tarde. A partir de esa hora, la mayoría de la población se encierra en su casa por temor. Así lo confirma otro habitante de Quibdó. Según él, la zozobra que se siente en la capital del departamento ha aumentado en los últimos dos meses. “¿Que si esto está peor que el año pasado? ¡Uy, claro que sí!”, afirma.

En lo que va del año, la veeduría ciudadana ha registrado un número mayor de asesinatos en Quibdó, en comparación con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, no han revelado estas cifras por temor a las represalias de los grupos. De acuerdo con Higinio Mosquera Lozano, director de la Veeduría Ciudadana del Chocó, el aumento supera el 50 por ciento.

Esta situación contradice las señales que ha intentado enviar la oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre el avance de la “paz total”, la política del gobierno del presidente Gustavo Petro que busca, además de implementar el Acuerdo de Paz con las Farc, negociar con los grupos armados ilegales buscando su desarme, ya sea a través de un acuerdo de paz o del sometimiento de las estructuras. En medio de esta estrategia, el alto comisionado Danilo Rueda lleva cinco meses de negociaciones con el Eln y todavía no hay un cese al fuego. También puso fecha para instalar la negociación con el Estado Mayor Central, del que hace parte el Comando Coordinador de Occidente, y, por otro lado, en febrero, esta oficina anunció “acercamientos de paz urbana” con tres grupos criminales de la ciudad de Quibdó (Los Mexicanos, Los Locos y RPS). Por esos mismos días, la negociación con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y los diálogos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia o Clan del Golfo, los dos grupos armados que controlan el departamento, estaban en firme. 

Y aunque lo que la gente esperaba era que los hechos violentos disminuyeran, en Quibdó esto no ha pasado. 

Líderes consultados por Consonante coinciden en que la situación de conflicto entre grupos armados y la inseguridad urbana en Quibdó se siente en los municipios cercanos, y en otros más persiste el control del Eln o de las Agc. Yirson Ledezma, personero de Tadó, confirma que en el municipio se han incrementado las extorsiones a través de mensajes de texto o de WhatsApp de forma indiscriminada. “Se identifican como ‘elenos’, pero no sabemos quiénes son. Pueden ser los mismos de Quibdó que mandan mensajes aleatorios, aunque no hagan parte de una estructura criminal, o puede ser que hayan mutado esas alianzas”, explica. Los casos los ha tomado el Gaula y, hasta ahora, no han pasado a otros crímenes.

El conflicto también sigue vivo para otros municipios. "La situación de todos estos actores pone en riesgo a las comunidades. Ha sido público que los pueblos están confinados, tienen miedo de que haya enfrentamientos”, agrega el líder de Cocomacia sobre la situación en la región del medio Atrato. Lo peor, para él, es que las comunidades no se atreven a denunciar lo que están viviendo. 

El riesgo también persiste en el San Juan. Este 14 de abril la Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana sobre el riesgo en el que se encuentra la población de Bagadó por el accionar del Eln. “Han aumentado las amenazas e intimidaciones contra líderes indígenas, comunidades afro y población civil, además de extorsiones a funcionarios, empresarios o comerciantes, y la siembra de artefactos explosivos. Esto aumenta el riesgo de desplazamientos forzados colectivos e individuales, y de confinamientos”, advirtió en un comunicado el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo. La situación es similar bajando por el río San Juan. 

Nuevos grupos y alianzas

El 17 de abril, militares del Ejército Nacional reportaron que hallaron tres cuerpos en zona rural del municipio chocoano Río Quito. El reporte entregado por los militares indicaba que las tres personas antes integraban la subestructura Carretera las Agc y  “pretendían formar un grupo delictivo llamado Organización Nuevo Renacer (Onr)”. Un día antes se había reportado el asesinato del firmante de paz Suil Bejarano Robledo, cuyo cadáver fue encontrado en el río Quito. Luego se supo que los cuatro asesinatos hicieron parte de una misma masacre. "Hay masacres y no las muestran. Cada día empiezan a botar uno al río, para que no los encuentren juntos”, dice Mosquera Lozano, doctor en Estudios Políticos. 

El nombre de Nuevo Renacer empezó a escucharse desde mediados de febrero. Hacia finales de ese mismo mes, circuló la noticia de que un joven había sido asesinado y, junto a su cuerpo, había aparecido un papel con un mensaje escrito: “Nuevo Renacer”. Luego, tan solo quince días después, apareció un panfleto en las redes sociales en el que aparecía el escudo de la “Organización Nuevo Renacer (Onr)”: la imagen muestra un círculo con los colores de la bandera de Colombia. Arriba, en la franja amarilla, se ven dos armas largas cruzadas en forma de  “x”; en el medio, sobre la franja azul, hay dos manos apretándose y abajo, sobre el rojo, la frase “De la mano con el pueblo”. El documento, en el que amenazaban a los integrantes de otros grupos armados y hacían un llamado a los padres y madres de familia para restringir la circulación de sus hijos, fue el preludio de dos capturas de menores de edad realizadas el 17 de marzo por el Ejército bajo la presunción de que pertenecían a este grupo. En los primeros días de abril, algunos líderes sociales de Istmina, Tadó y Río Quito recibieron en sus celulares, a través de WhatsApp, la imagen del escudo de la organización.

Según ha podido documentar la Defensoría del Pueblo, la entrada de Nuevo Renacer "ha generado el confinamiento y desplazamiento forzado de jóvenes y familiares de la zona norte de Quibdó, principalmente de los barrios Kennedy, Los Álamos, Reposo, Obrero, Samper, entre otros, porque los están buscando para asesinarlos, debido a que no han accedido a cambiar de grupo".

Además de este grupo, el 18 de abril circuló a través de WhatsApp un panfleto de otra supuesta organización llamada “La Oficina de Quibdó (Ofq)”, en el que amenazaba a la empresa Super Giros y le prohibía a la ciudadanía de Quibdó acercarse a los puntos de atención. 

Estos grupos están entrando en un conflicto en el que ya hacían presencia al menos otras cuatro bandas criminales: Los Palmeños, Los Locos, Los Rapados y Los Mexicanos. Son estos quienes, además, han hecho alianzas con las Agc y con el Eln, cometiendo actos violentos en zona rural de Quibdó y de municipios aledaños. 

Pero el reacomodamiento de los grupos no solo se ha sentido en la capital del departamento. En El Litoral del San Juan, por ejemplo, varias personas han alertado sobre la presencia del Comando Coordinador de Occidente, una disidencia de las Farc que hasta el año pasado había concentrado sus operaciones en Valle del Cauca, Cauca, Nariño, el sur del Tolima, Huila y algunos municipios del bajo Putumayo. Aunque poco se sabe de este movimiento, el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz, ha recibido reportes de la presencia de este grupo en los esteros del municipio chocoano, donde hay una ruta de tráfico de droga, armas y personas. 

La estrategia del Eln y las Agc

En el Chocó, el control territorial de los municipios se lo han disputado las Agc y el Eln. En la región del medio y el bajo Atrato están los primeros, mientras que en el San Juan, la hegemonía es del Eln. En Quibdó la dinámica del enfrentamiento de estos dos grupos es distinta: ambas estructuras sostienen alianzas con bandas delincuenciales locales para mantener control sobre economías ilícitas y territorio. “Hemos visto que lo hacen (Agc y Eln) a través de sus milicianos. Eso no lo sabe el Estado y lo conoce la Policía muy bien, pero permite que esto avance y los deja que se maten entre ellos”, afirma el veedor Higinio Mosquera.

Así lo ha evidenciado también la organización Indepaz. “Ha aumentado el control de las bandas, que están siendo utilizadas mediante alianzas por los otros grupos armados (Eln y Agc). Han aumentado las extorsiones, las amenazas, el sicariato y la movilización de distintos recursos”. Además, según la información de Indepaz, las bandas están controlando economías ilegales como la del oro en lugares en los que estas acciones las desarrollaba el Eln. “Se están desligando porque buscan no llamar la atención por la negociación de paz y el cese al fuego. Quieren mantener el control territorial y lo hacen por medio de otros actores”.

Por ejemplo, hace un año, la oenegé InSight Crime lanzó una alerta sobre la alianza entre la banda de Los Mexicanos y el Eln, después de que Los Mexicanos rompiera relaciones con Los Palmeños. En los meses siguientes aparecieron grafitis del Eln en lugares como El Noventa, una comunidad rural de Quibdó a siete kilómetros de El Dieciocho, donde antes habían pintado las siglas de la Agc. Según información de la Defensoría del Pueblo, "actualmente, el ELN ha constituido una nueva alianza con la estructura criminal ‘Los Z’, también denominada ‘Los Palmeños’ o ‘Sureños’".

Ángela Olaya, cofundadora y analista senior de la Fundación Conflict Responses (Core), explica que la estrategia del Eln y las Agc de establecer alianzas con grupos locales no es nueva. Según Olaya, tanto el Eln como las Agc llevan al menos tres años utilizándola en varias regiones. “En el caso del Chocó, se empieza a evidenciar con el reacomodo del frente de guerra del Eln, tras la muerte de “Fabián” (septiembre de 2021), las tensiones que ocurren con “Marta” o “La Vieja”, sumado a la disputa que tienen en el territorio con las Agc”. 

Para Olaya, el surgimiento de bandas como el Nuevo Renacer también es una consecuencia indirecta de las negociaciones de la Paz Total. “Cada vez que hay la posibilidad de que salga del territorio un actor tan estratégico y tan fuerte se da un reacomodo de estructuras y todo el mundo busca quedar lo mejor posicionado posible”, afirma la investigadora.

Es decir, la negociación y la posibilidad de desarme de estructuras con fuerte presencia en el departamento abre la posibilidad para que otros actores que quieran continuar en armas se reacomoden en el territorio. Según Indepaz esto es lo que podría estar detrás de la presencia del Comando Coordinador de Occidente en los esteros del municipio El Litoral del San Juan, en los límites de Chocó con el Valle del Cauca. A pesar de que este grupo empezó también un proceso de diálogo con el gobierno, su expansión no se ha detenido. Para Olaya también es claro que mientras unos mandos negocian con el Estado, los que están en el territorio no necesariamente se sienten representados y continúan sus operaciones.

En el medio queda la población civil. Para Ángela Olaya el miedo y silencio entre la gente del departamento se ha agravado con acciones como la caravana humanitaria que realizó la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, con el Eln. “Fue llevar a la gente del Eln a decirles: ¿Qué les hemos hecho? Y lo peor es que hicieron un recorrido sin ningún tipo de atención humanitaria: los registros de confinamiento y la prestación de servicios alrededor de los efectos del conflicto no se dieron”, afirma. 

Aún así, varios representantes de víctimas y organizaciones insisten en apoyar los incipientes procesos de paz. Lo que piden es ser tenidos en cuenta. Al final, son ellos y ellas quienes viven los resultados de las negociaciones en sus territorios. “Hemos visto que a los negros y a los indígienas se nos deja para lo último. Pero debemos ahí, contamos con un territorio de 800 mil hectáreas en dos departamentos y no estamos de acuerdo con que no estemos participando directamente en la negociación”, afirma el líder de Cocomacia. Ricardo Tequia, líder de la comunidad indígena de El Dieciocho en El Carmen de Atrato, y otros líderes del Bajo Atrato opinan lo mismo. 

La primera semana de abril la Alcaldía de San Juan del Cesar, el departamento de La Guajira y la Agencia de Desarrollo Rural dieron inicio a  los compromisos que adquirieron con la comunidad de Caracolí para mejorar y pavimentar su única vía de acceso, después de que, en octubre de 2022, más de 300 personas de este corregimiento bloquearan la principal vía del sur de La Guajira durante 46 horas.

Tras el paro, las instituciones se comprometieron a mejorar los puntos más críticos del tramo entre “la Ye” de Guayacanal hasta La Laguna, así como a agilizar la contratación de los estudios y diseños para lograr la pavimentación definitiva del camino. Sin embargo, en ese momento no se dio ninguna fecha para el inicio de las obras. 

La comunidad de Caracolí lleva 12 años esperando que les pavimenten la vía nueva, después de que en 2008, por cuenta de la construcción de la represa El Cercado, el Incoder (ahora Agencia de Desarrollo Rural) inundara la vía antigua. El camino que les dejó el proyecto es inestable: hay zanjas profundas, se genera gran cantidad de barro cuando llueve y caen piedras y derrumbes de tierra constantemente. 

¿Qué ha pasado desde entonces?

• Hace poco más de un mes la Agencia de Desarrollo Rural empezó trabajos de mejora de la vía a Caracolí en el tramo entre el puente de la represa El Cercado y la población indígena de La Laguna. 
  
  
• Por otro lado, este 3 de abril la Alcaldía de San Juan del Cesar inició trabajos con maquinaria pesada que comprenden la limpieza de alcantarillas, la realización de un box culvert, el relleno en afirmado de 27 puntos dispares del camino y la compactación de la calzada  entre “la Ye” de Guayacanal y el puente de la represa El Cercado. La obra está a cargo del Consorcio Caracolí y tiene un valor de 227.585 millones de pesos, un dinero que aportó la Gobernación de La Guajira. 
  
  
• El 4 de abril se firmó un contrato con el Consorcio Vial de La Guajira para que se encargue de hacer los estudios y diseños necesarios para plantear una obra de pavimentación total de la vía a Caracolí. El valor del contrato adjudicado es de 2.289 millones de pesos y tiene un plazo de ejecución de ocho meses. Es decir, en diciembre los caracoliceros deberán tener noticias sobre la viabilidad del proyecto, así como del valor que tendría y cómo se debería hacer.
  
  Diego Vega, encargado de la Secretaría de Planeación, afirma que es pronto para saber cuánto podría costar la pavimentación. “Muchos se han atrevido a decir que está por alrededor de unos 80.000 millones de pesos, pero tenemos que tener claro que necesitamos finalmente el diagnóstico que va a arrojar la firma consultora. Ellos se van a encargar de definir el monto o el costo total de este proyecto”, aclara.
  

¿Qué dice la gente?

• A Marcelino Camargo, líder de Caracolí, le preocupa que los trabajos tarden, pues mientras intervienen el tramo del puente de la represa hasta “la Ye” de Guayacanal, la población debe tomar la vía a Distracción. “Ese recorrido es casi el doble de distancia y los que pasan aquí son carros pequeños, automóviles, y por esas vías no pueden andar de la mejor condición”. Sin embargo, celebra que se estén limpiando las alcantarillas, pues estaban “impidiendo el libre de transporte porque las malezas tenían casi cubierta toda la vía”. El líder también señala que no hay claridad sobre si efectivamente se va a pavimentar la vía hasta el resguardo indígena de La Laguna. Pide que esto se aclare.
  
  
• “La mano de obra no calificada es de aquí de Caracolí, eso nos da tranquilidad porque se genera empleo. Esperamos que dentro de un mes o menos ya esté lista la intervención de la Alcaldía y la Gobernación”, dice Máximo Luna, líder comunal del corregimiento. Luna también explica que están esperando que la Agencia de Desarrollo Rural termine la intervención que está haciendo en el tramo que le corresponde. “Ellos (la ADR) están pendientes de continuar con los arreglos en el afirmado de la calzada y motoniveladora, están en la limpieza de las alcantarillas dándole así cumplimiento a los acuerdos que firmamos cuando suspendimos el bloqueo, de igual forma también contrataron la maquinaria amarilla, como buldócer, la pajarita y el tractor”, explica.
  

Lo que sigue 

Diego Vega, encargado de la secretaría de Planeación, afirma que la mejora que tienen a su cargo estará lista en menos de un mes. “La obra tiene unos niveles de ejecución bastante importantes y ya prácticamente están culminando esa intervención”, dice. 

En diciembre se cumple el plazo de ejecución del contrato para los estudios y diseños de la vía. Para entonces, la administración municipal, departamental y nacional deberán tener listo el proyecto para buscar los recursos necesarios para finalmente pavimentar la vía. 

Sin embargo, en octubre hay elecciones regionales. La población espera que los nuevos dirigentes continúen con el proyecto. Si no, la población de Caracolí está dispuesta a presionar nuevamente. “Nos falta salir a buscar quién es el que va a dar los recursos para el arreglo final. Si nos toca salir a protestar al puente de El Guanábano, lo haremos”, dice Máximo Luna. 

En Semana Santa el fríjol rojo criollo empieza a escasear en La Guajira. Las familias se abastecen rápidamente de varias libras de este producto para preparar el dulce tradicional de esta época en el departamento: el potaje.

Pero no es el único. En todo el país la Semana Santa es sinónimo de religiosidad, pero también de paseos y disfrute gastronómico. Además de las preparaciones con pescado, en las cocinas se preparan dulces con frutas, hortalizas, tubérculos y leche. Consonante consultó a seis mujeres que suelen preparar dulces en estos días y construyó tres recetas de dulces sencillos que puede preparar en su casa.

Potaje: el manjar de La Guajira 

Para construir esta receta hablamos con Dalgis Gutiérrez, desde San Juan del Cesar; y con Cenidia Pinto y Dolores Ochoa en Fonseca, sur de La Guajira. Las cantidades están pensadas para cinco porciones, pero estas mujeres advierten que siempre será mejor hacer de más “para repartirle a la vecindad”. 

Ingredientes (5 personas)

• Una libra y media de fríjol criollo rojo (si no encuentra, puede usar fríjol rosado)
• Tres plátanos maduros
• Dos panelas pequeñas
• Un litro de leche
• Canela en astillas
• Sal

Preparación

1. El primer paso es remojar el fríjol. Si se tiene tiempo, Cenidia Pinto recomienda ponerlo a remojar de un día para otro, al menos 12 horas. Si no, Dalgis Gutiérrez da la opción de verter el fríjol en agua hirviendo de modo que quede completamente sumergido y taparlo durante una hora.
   
   
2. Se pone el fríjol en agua nueva en una olla a presión durante media hora, hasta que esté blando y suave. 
   
   
3. Cuando los fríjoles están cocidos se licuan o se muelen. Luego se cuela. 
   
   
4. En este punto, hay dos formas de continuar el proceso.
   

Cenidia y Dolores ponen la crema resultante (sin grumos o afrecho de fríjol) en una olla y de regreso al fogón. Ahí agregan la leche, las astillas de canela, pedacitos de plátano maduro y un poco de sal. 

Dalgis, por su parte, toma el agua en la que se ablandó el fríjol y la pone al fogón. En esta echa los dos plátanos maduros pelados y cortados en trozos grandes. Aproximadamente salen tres a cuatro trozos por plátano, y los cocina con astillas de canela y panela. A la mezcla le agrega el litro de leche, sal al gusto y se revuelve hasta que espese. 

TIP: Dolores Ochoa recomienda “menearlo” constantemente para que no se pegue. Esto también evitará que se ahume y pierda su sabor original.

El potaje estará listo cuando el plátano esté blando y el líquido esté espeso, pero se pueda cucharear fácilmente. Se sirve en un plato hondo. Dalgis Gutiérrez asegura que el plato queda aún más rico al día siguiente de preparado.

Dulce de papaya: al estilo chocoano

En Tadó el dulce de papaya es el rey por estos días. En esta receta, Sory Jordan y María Benítez cuentan cómo hacen el dulce.

Ingredientes (5 personas)

• Tres papayas verdes grandes. Si están pequeñas, usar cuatro o cinco
• Un coco
• Dos panelas
• Dos clavos de olor (opcional)
• Nuez moscada al gusto
• Tres astillas de canela

Preparación

1. Se pela la papaya y se ralla por el lado más fino del rallador.
   
   
2. Se ralla el coco finamente.
   
   
3. En un caldero se pone la ralladura, la panela partida en trozos y tres dedos de agua. También se le ponen las astillas de canela y la nuez moscada rallada al gusto. Sory Jordán usa clavos de olor y los agrega en ese momento.
   
   
4. Cuando la panela esté derritiéndose, se agrega el coco y se tapa.
   
   
5. Cuando la mezcla se esté volviendo espesa como una miel se estaba y se revuelve constantemente para evitar que se pegue. 
   
   
6. El dulce estará listo cuando se mantenga sobre una superficie plana sin esparcirse rápidamente.
    

TIP: María Benítez recomienda sacar un poco, ponerlo sobre una tapa y hacer la prueba.

El dulce se sirve frío sobre una galleta de soda. 

*Si está en Tadó y no quiere o no puede preparar el dulce, puede comprarlo llamando a Sandra Perea a este número: 3126238819

Dulce de leche: en panelita o a cucharitas

El dulce de leche se consume mucho en Semana Santa, pero también a lo largo del año. Esta receta la hicimos con los consejos de Dalgis Gutiérrez, de San Juan del Cesar; y de Lucila Brito, una conocida dulcera de Fonseca, a quien todos conocen como “mamicha”. 

Ingredientes (5-7 porciones)

• 10 litros de leche
• 5 libras de azúcar
• Un coco (el coco solo se utiliza si el dulce se hará cuchareable) 

Preparación

1. En una olla grande agregar la leche y el azúcar.
   
   
2. Mientras la leche se calienta se debe revolver sin parar para disolver los granos de azúcar. Esta es la clave del éxito de este dulce.
   
   
3. Una vez se haya disuelto el azúcar se debe continuar revolviendo para que el dulce no se pegue a la olla. Estará listo cuando haya tomado un color caqui y esté espeso.
   
   
4. Dalgis y Lucila recomiendan verter la mezcla en moldes (puede ser de mayonesa o margarina ) solo cuando esté tibia.
   

TIP: El molde se engrasa con una servilleta untada con aceite. Esto asegura que desmoldar sea sencillo.

5. Cuando el dulce esté frío y duro dentro del molde, se saca de este y se corta en cuadritos o “panelitas”, como se conoce en la región.

Una variación… Si prefiere un dulce para untar en galletas o para comer a cucharadas, siga los pasos 1 y 2 y luego siga estas instrucciones:

3.  Ralle el coco finamente y agréguelo a la leche. Dalgis Gutiérrez afirma que si se agrega el coco cuando la leche aún está muy líquida, no se siente tanto su sabor. En cambio, si se agrega cuando la mezcla se está haciendo espesa, el sabor del coco queda más concentrado. 

4. Revuelva hasta que tenga la consistencia deseada y sirva frío.