Las ocho comunidades indígenas que componen el resguardo del Alto Río Bojayá, en Bojayá, Chocó, están confinados desde hace casi tres años. El 25 de julio de 2020, la Fuerza Pública se enfrentó con el Eln a solo 100 metros de las viviendas de la comunidad de Chanó, una de las que componen este resguardo. Las 268 familias que en ese momento estaban en la comunidad escucharon los tiros de fusil y algunas balas fueron a dar a sus viviendas. El miedo se apoderó del territorio.
Apenas seis meses después, el 23 de enero de 2021 Máximo Baquiaza, integrante de la misma comunidad murió después de que una munición sin explotar estallara en sus manos tras ir a buscar comida a su finca. La comunidad dejó de ir a los cultivos. Finalmente, el 30 de enero de 2022, miembros armados de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) —más conocidas como el Clan del Golfo— entraron a la comunidad y amenazaron de muerte a los maestros. Además, les prohibieron denunciar lo que estaba pasando. En el pueblo, se suspendieron las clases durante algunos meses, pero la zozobra continúa hasta hoy.
Decenas de comunidades indígenas en todo el país, especialmente en el Chocó, enfrentan una situación parecida. El 2022 fue el año más violento para los Pueblos Indígenas en Colombia desde la firma del Acuerdo Final de Paz en 2016, según el Observatorio de Derechos Humanos de la Onic. Durante el año pasado hubo 453.018 víctimas de acciones como desplazamiento forzado, hostigamiento y confinamiento, siendo esta última la acción violenta que dejó mayor número de víctimas. El confinamiento, según el informe, se concentró en los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba y Sucre. Este hecho dejó 192.174 víctimas en lo que la organización denomina la Macro Occidente, que comprende la zona que va desde el norte del Chocó hasta Nariño y desde la costa Pacífica hasta Risaralda
Durante el año pasado hubo 453.018 víctimas de acciones como desplazamiento forzado, hostigamiento y confinamiento, siendo esta última la acción violenta que dejó mayor número de víctimas.
En el Chocó las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, también conocidas como Clan del Golfo, tienen acorraladas a los indígenas. En el último año, según Alberto Achito, líder Embera Dóbida que apoya a las comunidades de Juradó, Riosucio y en el Alto Baudó en temas de derechos humanos, las víctimas han aumentado porque el narcotráfico cada vez gana más terreno en el departamento. “No hay un área en la que no haya ese negocio. En algunos puntos si bien no hay cultivos, sí son corredores de paso para traficar y sobre todo el Chocó que tiene frontera marítima, con los dos océanos, y también la frontera terrestre. Todos las rutas están encaminadas a llegar a Panamá y de Panamá irse hacia Centroamérica. Es una ruta en la que tienen permanentemente moviendo y vigilando gente”.
Pero no son solo los grupos paramilitares. Según la organización Indepaz, el Ejército de Liberación Nacional (Eln) está presente en prácticamente todos los municipios del Chocó, a excepción del Carmen del Darién y algunas zonas del Baudó y del Atrato, donde el control es exclusivo de las Agc. Además, en municipios como el Litoral del San Juan hay otros grupos armados que Indepaz califica como narcoparamilitares. Pero es la disputa del Eln y las Agc por el control del territorio la que genera la violencia contra los pueblos indígenas y afro del departamento.
La presencia de la Fuerza Pública tampoco les ha traído tranquilidad. Después de la explosión de la mina, el Ejército arrasó con los cultivos de plátano, banano y cacao en un intento de desminar la tierra, y la comida empezó a faltar.
Los combates entre los grupos, y de estos con la Fuerza Pública, la instalación de minas antipersonal y las amenazas a líderes son los principales hechos que han generado que las comunidades indígenas se mantengan confinadas. Pero la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) también ha registrado hechos de violencia contra mujeres y niñas y amenazas de reclutamiento forzado.
“Mientras más cultivo y más cocina, más producción, entonces necesitan más gente, tanto para que sirvan de mulas, raspachines, o para sembrar y hacer el mantenimiento. Pero están en todas las comunidades indígenas, más o menos en 520 comunidades indígenas, sin contar comunidades campesinas y afro”, explica Achito. Pero el interés no es únicamente el narcotráfico. En zonas como Río Quito y parte del río San Juan los grupos también están detrás de la minería. Según fuentes confidenciales que monitorean el conflicto en el departamento, los grupos también se financian a partir de la trata de personas, el comercio de armas, la venta de especies y la extracción de madera.
Violencia, silencio y hambre
En noviembre del año pasado, antes de que varios grupos anunciaran un cese al fuego durante las fiestas, la Ocha reportó cuatro situaciones de confinamiento en el resguardo Jurubira Chori del Alto Baudó, en la cuenca del río Trubandó en Riosucio, en el asentamiento La Bendición en Quibdó y en 25 comunidades afro e indígenas de Nóvita. En total, 6.670 personas estaban confinadas, según cifras oficiales. Sin embargo, existe un subregistro.
La Onic ha advertido que las autoridades indígenas no reportan muchos de los confinamientos “debido a las consecuencias que esto genera sobre la integridad individual o colectiva, las dificultades de acceso a los territorios ancestrales o la falta de medios de comunicación y acceso a internet”.
La mayoría de las comunidades indígenas afectadas por los grupos armados y la Fuerza Pública viven en lugares a los que solo es posible llegar navegando ríos o después de varias horas de caminata. A su tierra no llegan con frecuencia las autoridades. Las comunidades se sienten desprotegidas y, para cuidar su vida, dejan de ir a las zonas rurales, a pescar, sembrar o cazar sus alimentos.
En la comunidad de Mondó Mondocito, en Tadó, llevan varios meses sin ir a las fincas en las que tienen sus cultivos de pancoger. Recolectar comida implica moverse en la selva, en la que se mueven grupos armados y han sido asesinados varios líderes. “Vivimos asustados. Nos llegan amenazas a todos los líderes. Nos protegen los guardias cuando vamos a ir al río a bañarnos, a divertirnos y a pescar, pero al monte no vamos”, dice un líder de este resguardo que pidió proteger su identidad. La falta de alimento los ha llevado a crear grupos para ir a hacer mercado en Tadó, a poco más de una hora de camino. Pero no siempre tienen el dinero para hacerlo.
En otras comunidades, como la del resguardo Alto Río Bojayá, las personas tampoco van al monte. “Las fincas están a tres o cuatro horas, algunas a dos horitas, por el río. Nosotros no manejamos vehículos de motor, vamos a palanca (remando). Entonces esas fincas hoy prácticamente ya no se encuentran sino las casitas que tenemos construidas. Los cultivos se perdieron”, afirma el líder. Ir caminando tampoco es una opción. “En el camino están las instalaciones de las minas antipersonal”.
La pérdida cultural
El confinamiento ha traído otros problemas para la población indígena, como no poder visitar sus sitios sagrados. Sin embargo, la población resiste. Por ejemplo, en Mondó Mondocito llevan cinco años intentando recuperar la cultura que se debilitó por el desplazamiento que sufrieron en 2012.
En medio del confinamiento, algunas comunidades han buscado estrategias para continuar con sus prácticas culturales, como recoger plantas medicinales. “Al que sabe de las plantas lo lleva la guardia. Si no recogemos plantas, verdaderamente los niños se nos pueden morir. Con ellas hemos curado a muchos porque no todos tienen plata para comprar medicamentos”, cuenta el líder de esta comunidad.
Los líderes explican que los valores también se han perdido. La llegada de los grupos armados ha fraccionado las relaciones entre vecinos y hasta familias enteras. “Como hay personas dedicadas a trabajar con esta gente, entonces son entre las mismas familias que dan dedo (matan) a su primo, o a su tío porque no quieren someterse a ese tipo de negocios o porque no quieren irse a las filas de los paramilitares o del Eln. Ya no hay gestos de solidaridad, que es lo más elemental para la gente del campo”, comenta Achito
En medio de esta situación han decidido salir acompañados como forma de resistencia colectiva, al menos en grupos de 20 personas, y compartir el conocimiento sobre el riesgo de minas antipersonal que algunos líderes han adquirido, como no caminar por fuera del camino demarcado o evitar lugares en los que ha habido accidentes. “Lo que hemos hecho es cerrarnos y también decir nuestras leyes, nuestro gobierno propio y no aceptarles nada y discutir con ellos en asamblea, con toda la comunidad, porque ahí es donde hemos tenido fuerzas de no dejarnos someter”, explica Achito.
El riesgo sigue
A pesar de que la situación de violencia en el departamento no ha disminuido, las comunidades inician el 2023 con la esperanza que ha intentado dar el Gobierno Nacional ante el primer ciclo de diálogos con el Eln. El 18 de enero se desplazó una Caravana Humanitaria al Bajo Calima y Medio San Juan para establecer condiciones que le permitan a los indígenas y afro salir del confinamiento y, en el caso de desplazamiento forzado, retornar a sus territorios voluntariamente.
Sin embargo, los líderes indígenas advierten que hay otras acciones urgentes para que las comunidades puedan empezar a sentirse seguros: piden desminado militar, apoyo con alimentos, brigadas de salud, acompañamiento de organizaciones nacionales e internacionales en la verificación del cese al fuego y, sobre todo, que los dejen a ellos por fuera de la guerra.
