Varias familias en Fonseca que necesitan actualizar sus datos con el fin de acceder a los beneficios de los programas como renta ciudadana se han visto perjudicadas por las fallas en la plataforma del Sisbén. Según cuentan, desde junio no han podido adelantar los trámites porque les aparece otra dirección y una franja roja (que indica que está en verificación) y cuando se acercan a la Alcaldía les dicen que todavía no tienen sistema y que deben regresar después.

El Sisbén IV, el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, es el primer filtro que los hogares para postularse a los beneficios de los programas sociales del Estado y con este pueden acceder al régimen subsidiado en salud.

¿Qué dice la gente?

Luis Alfonso Mieles, mototaxista en Fonseca y quien vive con su esposa y dos hijos, cuenta que ha tenido inconvenientes al actualizar su Sisbén ya que presenta un error en la dirección de su casa: “Nunca había estado en programas del Gobierno y este año salí favorecido en renta ciudadana y me pidieron la documentación. Y ahora estoy suspendido. Me acerqué al Crem y me dicen que hay un problema en la dirección y que vaya a la Alcaldía para que el Sisbén se encargue de arreglar ese detalle y nada. Me informaron que no hay contratación en este momento para  hacer las visitas y que después me van a visitar“.

“Hoy en día el que no está en el Sisbén prácticamente no existe acá. Estoy a la espera de una ayuda de vivienda y el problema es que me tienen que visitar nuevamente para que me den una categoría”, agrega. 

Luis Alfonso Mieles lleva dos meses acercándose a la Alcaldía constantemente sin resultados. “Yo me acerqué nuevamente antes del pago y en varias ocasiones. Luego me comentaron que el sistema y los computadores se habían dañado y que no había plataforma. La última vez me dijeron que los computadores llegaron, pero que no hay quién arregle ese problema. Ya van por el segundo pago del programa y yo sigo en las mismas”, añade.

Ingrid Guerra es ama de casa y ha ido cuatro veces a la Alcaldía para que le programen una visita para acceder a la renta ciudadana. “Me llegó un carta a mi correo y me aparece que estoy suspendida y con código 42.  Fui al Sisbén y manifesté mi problemática el 11 de junio, pero desde mayo ya venía con el problema. Me dieron una certificación que decía que no tenía ningún problema ya, sin embargo, aparecía como suspendida”.

Guerra, al igual que Luis Alfonso Mieles, se ha acercado en varias ocasiones a la Alcaldía, pero sigue sin solucionar el inconveniente. “Esto ha sido tedioso, nos dicen que no hay sistema o que el sistema está dañado. Yo fui otra vez y en la puerta de la Alcaldía había muchas personas con problemas en la dirección y nos respondieron muy grosero. Yo pienso que eso es un error del encuestador porque él sabía que la nueva actualización de la aplicación de la encuesta venía por GPS”. 

Ingrid Guerra sostiene que muchos de los que ahora aparecen con la franja roja es porque no se actualizó la dirección, siendo un error de los funcionarios que realizaron las encuestas. “Nuevamente tienen que buscar a todas las personas casa por casa. Un error que no es de uno, un error que fue del momento de aplicar la encuesta. Ellos no van a reconocer que fue el momento de aplicar la encuesta que a ellos se les olvidó decir que era por GPS. Aquí para ahorrar tiempo y trabajo y no tener que buscar gente en casa por casa perifonearon y notificaron de unas brigadas en puntos específicos”, agrega.

Una de las quejas de la gente es que en esas brigadas, al realizarse la actualización de la dirección con GPS, todos quedaron con la misma dirección. La última jornada del Sisbén se realizó en el barrio Cristo Rey el 18 y 19 de julio.

Guerra cuenta que requiere del subsidio de renta ciudadana para comprar materiales estudiantiles para sus hijos. “Yo tengo mi niña en bachillerato que la estoy criando yo sola y el niño está bajo el amparo de su papá. No puedo trabajar porque tengo problemas del cuello de la matriz y tengo que guardar reposo y esperaba el dinero para comprar unos kits para el colegio y los libros que piden”.

“Sin el Sisbén nosotros no tenemos derecho a la salud, a un carnet subsidiado y es necesario prácticamente para todo”, concluye Ingrid Guerra.

Margarita Rosa Jiménez, ama de casa y madre de tres hijos, cuenta que ha ido cuatro veces a la Alcaldía a pedir soluciones para corregir una falla en el sistema que le muestra que está en franja roja. “A mí me quedó el Sisbén alto y me  acerqué a la Alcaldía. Fueron seis meses detrás del Sisbén porque además uno de los niños no aparecía en el sistema y luego estaba en rojo. Eso ha sido un proceso muy largo porque aún no hay sistema”.

“Ya el Sisbén (puntaje)  me lo bajaron y ahora aparezco en rojo.  Me aparece en mi núcleo mi hijo mayor y aparecí yo en rojo.  En  abril iba a recibir el primer pago de renta ciudadana y nunca  se dio porque aparecemos  en rojo”, cuenta Margarita

¿Qué dicen las autoridades?

El Sisbén ha dicho a los usuarios que el problema se debe a una falla técnica que no ha sido resuelta a la fecha. Sin embargo, en sus redes sociales se han ido publicando varias jornadas o brigadas de atención para que los usuarios puedan inscribirse. El inconveniente radica para aquellos que están inscritos pero requieren actualizar sus datos y no hay quién los atienda.

Aunque desde el Departamento Nacional de Planeación se solicitó una entrevista con los encargados de la oficina del Sisbén en Fonseca, no fue posible obtener una declaración.

Lo que sigue

El personero de Fonseca, Juan Jaime Peralta, recomienda a quienes estén a la espera de la actualización del Sisbén y no puedan hacerlo debido al cierre de la oficina, enviar derechos de petición ante el Departamento Nacional de Planeación y radicar una tutela.

"Pueden dirigirse al Departamento Nacional de Planeación para que se subsane desde allá el tema que hay con la plataforma. Si no le contestan en 15 días la petición, se  puede presentar una acción de tutela”, dice. Peralta informa que desde la Personería han estado asesorando a quienes tengan quejas. 

Por otra parte, los usuarios reclaman que se agilice con la actualización de sus datos para poder acceder a los programas del Estado. La mayoría de estos trámites son de forma presencial por lo que al estar cerrada la oficina no se pueden solucionar. 

Cerca de 50 familias del corregimiento de Conejo reclaman que no aparecen en los listados de la próxima entrega de subsidios de vivienda provenientes del OCAD paz del Sistema General de Regalías (SGR). En Conejo se han entregado 71 casas de las 212 que contempla el programa. 

Según cuentan los afectados, de la constructora les hicieron visitas el año pasado donde midieron el terreno y les dijeron cuáles eran las adecuaciones que debían hacer a sus casas y hoy no aparecen en las listas. Debido a estas quejas, 40 habitantes del corregimiento de Conejo bloquearon durante 13 días, hasta el martes, la entrada de las oficinas donde guardan los materiales de construcción en rechazo a las presuntas irregularidades de los listados de beneficiarios del proyecto de vivienda. 

El programa se denomina “Construcción en sitio propio de viviendas rurales en el municipio de Fonseca” para el que se asignaron recursos por 40.902 millones de pesos.  Son 563 viviendas rurales distribuidas así: Conejo (212), El Hatico (140), El Jawey (13), El Puy (7), Hatico Viejo (8), Los Altos (70), Los Toquitos (41), Mamonal (4) y Quebrachal (68). En Conejo se han realizado dos entregas: el 11 de enero, 41 viviendas; y el 24 de marzo, otras 30 casas. 

Las viviendas son de un nivel y tienen las siguientes características: una altura libre de 2,20 metros y un área de 56,23 metros cuadrados. Con espacios con terraza, sala - comedor, alcoba, cocina y baño. 

¿Qué dice la gente?

Nayade Rangel Ortiz, habitante de Conejo, advierte que la Alcaldía no está haciendo la gestión cómo debería: “Le han dado casas a jóvenes que no tienen ni marido ni hijos. Estamos frustrados, estamos ligados a perder ese beneficio, están cambiando los usuarios y dando las casas a otras personas que no aparecen en el listado, se han saltado a las personas”, comenta. Nayade vive con su mamá, su padrastro, su hijo y dos hermanos.

Nayade cuenta que hizo inversiones para sacar los escombros y los desechos de los árboles cortados. “A  mí me midieron el lote. El maestro de obra me dijo: de aquí allá va la casa, tienes que tumbar estos tres árboles y un baño que me costaba casi tres millones. Yo debo todavía plata al señor que me cortó los tres árboles”, puntualiza.

“El alcalde nos dice que hay que pasar unos filtros, que hay personas que no aparecen en el Sisbén y que están en el Agustín Codazzi con escritura de algún lote o casas”, agrega. 

Víctor Daza, de 41 años de edad, también reclama que su familia no aparece en los listados. “Venían construyendo las viviendas por el listado oficial que vino de Bogotá y las estaban ejecutando una por una y así con las dos primeras entregas. Han hecho unas casas, pero faltan varios de los beneficiarios que han salido en el listado y ahora están visitando a otra gente”. Víctor es campesino y vive con su esposa y sus dos hijos.

“El lote está listo, hay unos palos de árboles que hay que tumbar pero hay que esperar”, agrega. Víctor no quiere que le pase como a otras familias que han asumido costos en arreglos y luego han quedado sin los subsidios.

Javier Martínez, de 27 años y desplazado por la violencia, vive con su esposa y sus dos hijos en Conejo y cuenta que estuvo registrado en el listado después de intentar muchas veces. “Me vine a dar cuenta que un ente del proyecto me fue hacer la visita y me vi en el listado. El motivo de la protesta es que el señor alcalde no quiere cumplir con la entrega de las casas de las personas que salieron beneficiadas”, comenta.

“Nos quitan el derecho de tener vivienda digna y al no dar el proyecto de las casas lo que hacen es no beneficiar al pueblo y a los que han salido en el proyecto. Muchos necesitamos las viviendas”, agrega.

¿Qué dicen las autoridades?

Frente a las quejas por las listas de beneficiarios, la Alcaldía de Fonseca indicó en respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, en febrero de este año, que “existe desinformación respecto a la ejecución del proyecto y todo lo que este contemplaba”. La Alcaldía agrega que se han realizado reuniones con la veeduría, la comunidad y líderes para entregar claridad del proyecto. Los beneficiados, según informaron, son visitados por las Cajas de Compensación Familiar y sus contratistas. 

Consonante se comunicó con la Secretaría de Planeación para actualizar esta información, pero no se obtuvo respuesta.

Por su parte, el Departamento Nacional de Planeación, en un informe al Comité de Veeduría de la obra, señala que el proyecto está en un 49, 3 por ciento de avance físico y un 50 por ciento de avance financiero.

Lo que sigue

La Contraloría General de la República inició, en octubre de 2022, una auditoría a la construcción de viviendas rurales. Sin embargo, a la fecha no se tiene el resultado del informe.

Esta semana, la Alcaldía acordó con los habitantes de Conejo que hasta el 3 de julio se solucionarían las quejas. La comunidad informa que si para esa fecha no tienen solución, volverán a paralizar las obras y realizarán un nuevo plantón.  

Las obras de pavimentación en la vía que conecta al corregimiento Conejo con La Ye de Las Colonias están suspendidas desde hace 25 días. A pesar de que la comunidad de la vereda La Unión dio luz verde para que se construyera el alcantarillado, necesario para avanzar con la pavimentación, aún no hay obreros en la zona y, según advierten, la obra está a medias. Sin embargo, la Alcaldía sostiene que el avance del proyecto es del 65 por ciento. 

Esta vía es necesaria para el transporte de los cultivos de los campesinos de las veredas Las Colonias, Las Marimondas, La Unión y La Mana. Debía terminarse en abril de este año y se invirtieron más de 12 mil millones de pesos (12.797.129.135) del Sistema General de Regalías (SGR).

Sin embargo, el 28 de abril el Consorcio MBL 2.0. informó en un comunicado que las “actividades se encontraban suspendidas y sin fecha determinada para reanudar su ejecución”. Para esa misma fecha, la comunidad cuenta que la empresa se llevó la maquinaria y no hay obreros en la vía. “Ellos trabajaron hasta hace un mes. Se llevaron todas las maquinarias y sacaron a todo el personal que estaba trabajando”, dice Deiber Guerra, líder social de Conejo. En el lugar solo quedaron algunos tanques y accesorios de construcción.

Los reclamos de la gente

Las principales quejas de los habitantes frente a la construcción de las alcantarillas son que se ubicarían cerca de sus predios, destinados para la agricultura. Además, se realizarían zanjas que afectarían la movilidad y el paso del ganado.

Rosa Guerra, miembro del comité de veeduría de la obra y presidenta de la JAC de La Unión, cuenta que se diseñaron más alcantarillas de las necesarias.  "Cada 10 metros o 15 metros querían hacer una alcantarilla, para un total de 40. En esta zona, con predios agrícolas, no es necesaria esa cantidad", dice.

Además, Rosa Guerra cuestiona que para hacer las alcantarillas deben realizar unas zanjas profundas. “Las vacas pueden caer ahí y también erosiona mucho la tierra y puede que luego no sea apta para la agricultura", recalca.

A su vez, Jhon Aragón, campesino y vicepresidente de JAC de Conejo, expresa que uno de los conflictos para muchos es que la construcción alcanzaría parte de sus predios y el espacio que tienen destinado para la siembra. “De una u otra forma para pasar una zanja y hacer una alcantarilla perderían tierra (...) Hay compañeros que tienen solo una hectárea de tierra y si hacen una alcantarilla van a quedar sin tierra. Entonces, ¿dónde van a sembrar? Uno aquí vive de lo que siembra, del tomate, de la yuca”, cuestiona.

La interventoría y representante de la empresa argumentaron, durante una reunión el sábado 9 de mayo, que la obra estaba suspendida porque miembros de la comunidad no facilitaron unos permisos para la realización de unas alcantarillas. Sin embargo, los líderes de las veredas informan que las autorizaciones ya se dieron y que solo dos propietarios no han aceptado.

“Del kilómetro 0 hasta el kilómetro 3 se encuentran varias fincas que son pequeñas, son fincas de una o dos hectáreas y en el proyecto está planificado realizar unas alcantarillas. Se había propuesto realizar el recorrido para mirar cuáles se podían hacer y cuáles se podían reubicar”, comenta Rosa Guerra.

“La mayoría dio el permiso para la construcción de esas alcantarillas, en la mayoría se hizo el compromiso que ellos deben canalizar esas alcantarillas para que caigan a un arroyo que está cerca de la vía, cosa que el predio no se inunde o no vaya a causar erosionamiento en la tierra. Hubo un caso en el que no se pudo hablar con el dueño del predio porque no se encontraba y otra persona tampoco dio el permiso porque las afectaciones que le causan a su predio son grandes”, agrega.

Algunos habitantes además cuestionan que el consorcio MBL 2.0 no les ha informado ni socializado lo que ocurre con la vía. “La obra fue suspendida y ni la comunidad ni la veeduría tuvieron conocimiento en ningún momento de que la obra la iban a parar”, comenta Deiber Guerra.

Por el retraso de las obras, la comunidad está transitando por una vía alterna que se encuentra en malas condiciones afectando los vehículos, los productos y la movilidad. “Ahora está lloviendo y con los desvíos que ellos hicieron para transitar en esta temporada es imposible. Ningún carro entra por allá”,  argumenta Jhon Aragón.

(Contraloría alerta sobre cartel de paneles solares en Fonseca y otras noticias importantes de la semana)

¿Por qué es importante esa vía?

La vía comprende 5,18 kilómetros entre las veredas Las Colonias, Las Marimondas, La Unión y La Mana beneficiando a cerca de 400 habitantes. Del total de la obra, hay 3 kilómetros destapados y solo hay una alcantarilla, además hay placas con fisuras, bordillos rajados y con defectos. 

La vía facilitaría el acceso hacia la parte alta de la Serranía del Perijá, con el fin de que los campesinos puedan sacar los productos agrícolas más rápido y que lleguen de buena calidad. Actualmente toma una hora cruzar por la vereda Las Marimondas y con la vía, el trayecto se reduciría a la mitad.

“Esa obra es más importante para nosotros los campesinos que la carretera de Conejo a Fonseca, nosotros vivimos de la Serranía del Perijá y de allá sacamos todos los productos: sacamos el café, el plátano, la yuca, la maracuyá, el tomate; mejor dicho todos los cultivos tenemos que sacarlos por esa vía, en Conejo un 90 por ciento somos campesinos”, recalca Jhon Aragón.

Para la comunidad es muy difícil transitar por esta vía porque está destapada y cuando llueve, las corrientes dañan la vía y dejan zanjas, ocasionando riesgos de accidentes.

Para Jesús Cobo, integrante del Grupo Motor, del pilar de infraestructura, es una vía importante  para el municipio. “Esa vía terciaria es muy necesaria, está diseñada y planificada en el PDET. Lo que hay que entrar a revisar es si los recursos invertidos están en proporción a la ejecución de la obras. Por ejemplo, si la obra está en un 70 %, ¿cuánto se ha avanzado en recursos?”, dice. Cobo relata que la administración municipal no ha tenido el acercamiento al Grupo Motor al ejecutar los proyectos: “Cuando venimos a ver ya se han contratado las obras, ya se ha hecho veeduría y nos enteramos después”. 

¿Qué dicen las autoridades?

Marla Zúñiga, secretaria de Planeación, afirma que el proyecto está suspendido porque desde su diseño inicial contempla la construcción de muchas alcantarillas. “Los propietarios de los predios aledaños se oponen a la construcción de esas alcantarillas. Son casos particulares donde sus predios tienen una a dos hectáreas y dicen que se les van a afectar los cultivos por ese caudal que se proyecte por ahí”.

“El contratista e interventoría suspendieron las obras hasta tener alternativas de soluciones para conducir esas aguas y reducir la cantidad de alcantarillas. En los dos últimos kilómetros el perfil de topografía es muy plano y hay que ser muy responsable, es necesario proyectar y diseñar con el fin de minimizar ese caudal y que el agua que viene desde arriba no ingrese a Conejo”, recalca Zuñiga. 

Lo que sigue

La comunidad espera que les confirmen cuántas alcantarillas se requieren para el proyecto y en dónde estarán ubicadas. Por su parte, el Grupo Motor pedirá a la interventoría los avances y el estado de la obra.

Rosa Guerra agrega que si no tienen pronta respuesta irán a la Alcaldía y al Consorcio MBL 2.0. para exigir avances del proyecto. “Falta bastante, solo han hecho una alcantarilla y esto no se va a realizar en dos días”, cuestiona.

El transporte escolar en Fonseca sigue a medias. En algunas veredas del municipio no hay suficientes rutas o los estudiantes no cuentan con el servicio y, en Almapoque, son camionetas doble cabina con platón las que han reemplazado los buses que deberían transportar a los estudiantes. Estos vehículos van en sobrecupo, cuando la capacidad es para máximo 10 pasajeros, en estos suben hasta a 25 niños.

Los estudiantes que se desplazan en estas camionetas van apretados, uno encima de otro y arriesgando sus vidas, según se ha podido evidenciar en varias fotos que comparte la comunidad. En Almapoque hacen la ruta dos carros. El primero va a las veredas Los Altos y Potreritos; y el otro, para Los Altos, Quebrachal, Sabana del Medio, Los Toquitos y El Toco. Los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de Almapotoque piden a la empresa contratista que los carros sean reemplazados por un bus debido a la cantidad de alumnos existentes y por el peligro que representa que se movilicen así.

El 24 de abril, los estudiantes, líderes y padres de familia de Almapotoque- que comprende las veredas Los Altos, Mamonal, Potrerito, Los Toquitos y Quebrachal- bloquearon la vía Los Altos para exigir que llegara el transporte escolar a sus comunidades. Sin embargo, tras la protesta, el operador les asignó las camionetas doble cabina que no son aptas para el transporte. 

La situación no solo preocupa a Almapotoque, en la zona de Las Marimondas no han podido iniciar las clases. La Escuela Rural Mixta Las Marimondas está cerrada, no hay profesores ni mucho menos transporte escolar, afectando a cerca de 25 niños de las veredas cercanas que no han podido acceder a la educación. La presidenta de la JAC de Las Marimonadas, Margarita Rueda, señala que aunque ha hablado con la Alcaldía y la Secretaría de Educación no tiene ninguna respuesta. “Pienso que el alcalde debió tomar cartas en el asunto y haber puesto un transporte a los niños hasta a Conejo mientras tanto se abría la escuela, porque esos niños están creciendo sin educación. He venido haciendo esa diligencia con la Alcaldía, con la Secretaría de Educación, e interpuse un derecho de petición y no me han respondido”.

 Por su parte, en la zona de Mayabangloma solo hasta esta semana se reanudaron todas las rutas de los estudiantes que se dirigen a distintos colegios ubicados en El Hatico y en Fonseca.

¿Qué dicen los estudiantes y los líderes?

Una estudiante que reside en Los Altos y estudia en el Ernesto Parodi, en Fonseca, cuenta que el carro la recoge a las 5:10 de la mañana y luego el conductor hace la segunda parada en Potreritos, donde va por más alumnos. “Somos como 20 en total. Adelante van dos o tres, en la cabina ubican a otros 5 y en la carpa de atrás van como 12, y tenemos que alzar a los otros”, señala una estudiante, quien cursa el grado décimo en la institución Ernesto Parodi. 

Según cuenta, los estudiantes le echan seguro a la puerta porque les da miedo caer del vehículo y deben aguantar el calor durante los 30 minutos que dura su trayecto.

“En Quebrachal y Los Toquitos están turnando los alumnos por grupos. Un carro de esos es para máximo unos 10 alumnos y están metiendo a 20 y 25 alumnos en un carro”, recalca Yasir Amaya Benjumea, presidente de JAC de Los Altos. Y agrega:  “Aquí hay alumnos de la Institución Educativa Juan Jacobo Aragón, de la Institución Educativa Técnica Agropecuaria y del Roy Villalba, y solo quieren llevar a los del Ernesto Parodi. Supuestamente la contratista nos dijo que la operadora tenía que recogerlos a todos y llevar a cada quien a su sitio y la dueña del carro dice que a ella le toca nada más llevar a los del Ernesto”

Según Yasir Amaya, el vehículo que está asignado para Los Altos, Potreritos y Mamonal no tiene aún resolución por lo que la empresa envió otro.  “Al carro que tenía que cubrir la ruta de nosotros todavía no le han salido los papeles. Nos prestaron uno mientras salía la resolución. A nosotros no nos sirve que nos manden un carro que no está contratado porque si hay un accidente no van a cubrir nada”, dice.

“Nosotros estamos luchando para una buseta donde quepan todos los estudiantes de Almapotoque: de Quebrachal hasta Los Altos”, comenta Carlos García, presidente de JAC de Quebrachal.

El transporte desde Almapotoque hasta Fonseca puede costar 5.000 por trayecto, por lo que un padre de familia debe pagar entre unos 150 000 a 200 000 pesos mensuales si los envía en transporte particular.  

En Quebrachal hay 17 estudiantes de los cuales 16 van al Ernesto Parodi y uno a la Técnico Agropecuaria, en Fonseca. Según denuncian varios padres de familia, el chofer les comenta que quienes no quieran ir apretados y tengan la posibilidad de pagar un carro particular, lo pueden hacer. 

Por su parte, en Los Toquitos  y Quebrachal el servicio de transporte escolar inició para la tercera semana de abril, pero los niños también van apretados, subiendo hasta a 26 niños en una misma camioneta. “Siguen con el mismo cuento de que solo pueden transportar a los niños del Ernesto y que de los demás colegios no. La verdad no entendemos, aquí no puede haber preferencia, no importa el colegio”, comenta Sobeida Díaz, líder de Los Toquitos.

Hasta los mismos conductores reconocen que se están entregando vehículos que no son aptos. “Me habían dado un carro en malas condiciones y yo no lo quise recibir porque no tenía ni siquiera un llave para prenderlo sino que se prendía con unos cables y los cambios no le entraban. Me llaman el 2 de mayo, a las 8 de la noche, para entregarme ese carro modelo 2004, y luego me lo cambiaron por una camioneta que está en mejores condiciones”, comenta un conductor de la ruta de Mayabangloma. 

( Estudiantes pierden horas de clases por limpiar las aulas a falta de personal de aseo)

¿Qué dicen las autoridades?

El transporte escolar en los 12 municipios no certificados de La Guajira ha estado truncado todo el año y marcado por varios bloqueos. Desde el 8 de marzo el Ministerio de Transporte  expidió una resolución que permite que en las comunidades se autorice el uso de vehículos de modelo 1999 en adelante por dos años más, es decir, hasta el 2025. 

(En contexto: Tras un mes de negociaciones, el servicio de transporte escolar en La Guajira no arranca)

Nolberto José Larrada Mejía, director territorial del Ministerio de Transporte en La Guajira, indica que “el estado del vehículo se  debe verificar desde el municipio, con el alcalde o quien la administración delegue la responsabilidad”.

“Cada alumno debe ir con su puesto, no pueden ir de pie, pero nosotros no hacemos ese tipo de vigilancia. El estado del vehículo le corresponde a la autoridad municipal, ellos deben revisar su capacidad y las rutas. Nosotros revisamos que tengan la tecnomecánica, la licencia de conducción vigente, el Soat, el modelo necesario, plan de rodamiento y certificados, pero en cuánto a la comodidad del alumno no lo vimos en la norma porque estas facultades son de la administración municipal”, agregó Nolberto Larrada. 

El Ministerio de Transporte informa que ha expedido la resolución de 338 vehículos distribuidos en 14 municipios de La Guajira.  Para Fonseca son 5 vehículos con los operadores Empresa Unión Temporal Costa Caribe y Sensación S. A. S.

Por su parte, ni de la Alcaldía ni de la Secretaría de Educación en La Guajira respondieron al ser consultados por el tema.

Lo que sigue 

Los presidentes de JAC y padres de familia de las veredas de Almapoque insisten en la ampliación de las rutas y que envíen otros vehículos que sí cumplan las condiciones para el traslado de los estudiantes. Desde el 3 de mayo están a la espera de una reunión con el operador municipal para llegar a un acuerdo.

Belkis García trabaja limpiando casas para sostener económicamente a su familia, pero, sobre todo, para conseguir los 300 mil pesos que cuesta el transporte de su hija Katiuska Núñez, de 19 años, al colegio. Aunque vive en El Hatico, un corregimiento de Fonseca, su hija debe desplazarse todos los días hasta San Juan del Cesar, pues en su municipio no hay un colegio con intérprete de lenguaje de señas. Katiuska es sorda a causa de una meningitis que padeció en la infancia, y cursa el grado octavo en la Institución Educativa Normal Superior.

Belkis trabaja 10 horas diarias, de lunes a jueves para conseguir la plata necesaria para que Katiuska pueda recibir clases con un intérprete de lenguaje de señas. Cada mes, logra conseguir, en total, 500 mil pesos pero solo le sobran 200 mil después de pagar el servicio de transporte. Como el dinero sobrante no le alcanza para pagar la comida de su familia, el arriendo y los servicios públicos, entre otros gastos mensuales, Belkis se apoya en su hija mayor, Nailin, quien también es trabajadora del hogar. Belkis afirma que los gastos educativos de su hija en condición de discapacidad le impide cubrir otras necesidades. “Si no tuviera que pagar el transporte, yo le compraría ropa o comida, porque no me alcanza el sueldo para comprarle ropa en todo el año. Así me prive (límite) de muchas cosas, yo saco para su transporte”, dice.

En La Guajira hay 15.794 personas que registran tener alguna discapacidad, ya sea física, auditiva, psicosocial, sordoceguera, visual, intelectual o múltiple. Aunque en Fonseca no existe una cifra exacta, la Alcaldía de Fonseca calcula que esta cifra ronda los 1.200 a nivel local.

Una de las dificultades que esta población sufre desde temprana edad es el acceso a la educación: falta de infraestructura para acceder a los espacios, poco o ningún personal disponible para apoyarles, sin material para estudiar a través del braille y sin intérpretes de lenguaje de señas. Por esto algunos niños, niñas y jóvenes quedan por fuera del sistema educativo y otros, como Katiuska Núñez, deben ir a estudiar a San Juan del Cesar.

Además, cuando estudiantes con discapacidad intelectual logran entrar al sistema educativo, sus familias denuncian que no reciben el trato adecuado en las aulas de clase. “Hay docentes que ni siquiera les interesa que el niño tenga la mínima discapacidad y lo tratan como un niño normal, eso está bien, pero que no se les olvide el diagnóstico que tienen”, dice Yuleisy Fernandez, una líder de la población con discapacidad.

Lo ha vivido con su hija, quien estuvo a punto de perder el primer periodo académico porque no recibió apoyo diferencial. “Mi hija ha venido creciendo con retardos mentales desde los 7 años y la matriculé en el colegio Ernesto Parodi. Muy a pesar de tener un diagnóstico por varios especialistas, de recibir terapia y tener un certificado de discapacidad, no le es suficiente a la institución para darle un trato digno, pues ninguna institución está preparada para tener a ningún niño niña o adolescente con discapacidad dentro de sus aulas de clase”, reclama la madre. 

Se refiere a tener personal de apoyo que pueda dedicar tiempo y esfuerzo para acompañar el proceso educativo de estudiantes como su hija, que no pueden seguir el ritmo que la mayoría de profesores imparte en sus clases, y que los niños y niñas sin discapacidad intelectual pueden seguir. Consonante consultó a la secretaría de educación departamental de La Guajira sobre la razón de estas carencias, pero no recibió respuesta. 

El impacto de esta barrera para acceder a la educación en el municipio tiene como consecuencia que familias como la de Katiuska Núñez tengan que destinar grandes cantidades de dinero para desplazarse a San Juan del Cesar, dejando de atender necesidades básicas. A Katiuska y a su madre ahora se sumó que en el colegio en San Juan del Cesar se demoró más de dos meses en contratar a un intérprete de señas, por lo que Katiuska estuvo yendo al colegio, pero perdiendo clases. "Siempre se vive la experiencia de que los dos primeros meses vulneran nuestros derechos y no nos garantizan la llegada de los intérpretes, y este año es lo mismo", le dijo Katiuska a Consonante. 

Certificado de discapacidad: un obstáculo más

A la falta de acceso a la educación incluyente se suma la necesidad de obtener un certificado de discapacidad, que es la puerta de entrada para acceder a distintos servicios y derechos. Desde 2020, las personas con discapacidad tienen que contar con un documento que certifique su condición. Para Tatiana Rodríguez, comunicadora social, directora de la Fundación Sirius, quien tiene discapacidad visual, el mismo certificado es una vulneración.

“La emisión del certificado es una cosa completamente humillante. Hay que pasar por un proceso de junta médica donde se vulnera a la persona con discapacidad desde su trato, desde cómo se le habla, las preguntas que hacen son completamente salidas de contexto y afectan la intimidad de la persona”, dice, y agrega. “se ha convertido en otra barrera porque sacarlo es una seguidilla de trámites complejos y agotadores, y no tienen presupuesto suficiente para todos los certificados que hay que sacar”, afirma.

La responsabilidad de emitir los certificados es de las alcaldías, pero el proceso debe iniciarlo la persona con discapacidad o su cuidador. El primer paso es que la IPS de la EPS a la que está afiliada la persona le genere una historia clínica que describa su discapacidad. La persona debe allegar documento a la Alcaldía por medio de una página web o de forma física y en la entidad deben encargarse de completar el diagnóstico de patologías que dispuso el Ministerio de Salud para evidenciar cuál es la discapacidad de la persona y generar un código que debe ser enviado a la IPS que presta el servicio de emisión del certificado.

En muchas ocasiones, ni la persona con discapacidad ni sus familiares tienen el tiempo ni el dinero para transportarse a hacer los trámites necesarios. Incluso, hay quienes deciden no solicitar el certificado por privacidad de su condición médica. Además, como lo dice Tatiana Rodríguez, el Ministerio de Salud ni las entidades territoriales destinan los recursos suficientes para la emisión de los certificados. Consonante consultó a la Alcaldía de Fonseca sobre la destinación de recursos para este fin, pero no obtuvo respuesta. 

La cuestión es que sin certificado, la persona no puede acceder a atención prioritaria en salud o a programas de vivienda. Pero en Fonseca, aún con certificado en mano, las personas con discapacidad denuncian que no se les garantizan sus derechos.

Una prueba es que tanto Katiuska como la hija de Yuleisy tienen certificadas sus discapacidad, y aún así no logran acceder a una educación que las incluya. Para Elkin Sepúlveda, enlace de la población con discapacidad firmante de paz, el problema es estructural.

“Creo que la educación inclusiva no es tener centros de educación para personas con discapacidad, es adaptar los centros de educación que ya existen para que puedan atender las necesidades de las personas con discapacidad. Si no se hace, vamos a seguir segregando”, dice. 

Barreras para la vida

Para agosto de 2020 había en total un millón 319.049 personas con discapacidad identificadas y localizadas en el registro oficial del Ministerio de Salud y Protección Social en todo el país. Esta cifra equivale al 2,6 por ciento de la población total nacional. Sin embargo, el Dane reporta que, para ese mismo año, había 3 millones 134 mil personas “con dificultades para realizar actividades básicas diarias”, es decir, el 7,1 por ciento de la población. A las personas con discapacidad se les deben garantizar las condiciones para que el trato y al acceso a oportunidades sea igual para todos y todas. Desde la misma Constitución Política, a través del artículo 13, el Estado se compromete a proteger “especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.

Además, el país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2009 y se han emitido una decena de leyes y decretos para garantizar el acceso a la educación para niños sordos, por ejemplo, o para facilitar el acceso a vivienda. 

Sin embargo, Tatiana Rodríguez advierte que, más allá de las leyes, no hay evidencias de que los problemas los problemas que sufre esta población nunca han estado en un lugar importante dentro de las prioridades estatales. “Somos uno de los países que más tiene personas con discapacidad, por ejemplo, como consecuencia del conflicto armado. Si contamos a nuestras familias, podemos poner un presidente en Colombia, pero la falta de autonomía a la que nos hemos acostumbrado toda la vida no permite que tengamos posiciones políticas”, dice.

Para ella, es necesario que las autoridades presten atención a este tipo de barreras, que empiezan desde la educación, para poder mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad. “Son pocas las personas con discapacidad que tienen un trabajo, la mayoría deben levantarse y dedicarse al rebusque, a ver cómo pueden acceder a un alimento diario. Hoy las personas con discapacidad en Colombia no tenemos derecho a hacer proyecciones y a tener un proyecto de vida”, dice Tatiana Rodríguez.

Peticiones de cambio

Las personas con discapacidad y sus familias creen que es importante que los niños y niñas que ya tienen una discapacidad y van a crecer con ella puedan vivir una vida distinta a la que les ha tocado a cientos de adultos. Un primer paso es garantizarles el acceso a la educación. 

Elkin Sepúlveda afirma que debe destinarse dinero para lograrlo. “Los temas para población con discapacidad no cuentan presupuesto propio y dependen de otros presupuestos. Nunca llega dinero para certificar a todos. Es decir, si tenemos 50 personas con discapacidad esperando certificado, cuando llega el dinero para la certificación, llega presupuesto solamente para 15 o para 10, entonces toca priorizar o hacer una lista de espera y eso es lo que no podemos hacer”, dice. 

Pero no es sólo eso. Para Tatiana Rodríguez, el cambio también tiene que ver con el reconocimiento de la importancia que tienen las personas con discapacidad. “La discapacidad no es homogénea, hay una gran diversidad y a todos nos deberíamos interesar porque nadie está exento. Además, nosotros como personas con discapacidad tenemos también mucho que aportar al desarrollo del país: hemos descubierto por propia necesidad gran cantidad de cosas que se pueden hacer diferente. Esta es una riqueza que no está siendo valorada”.

Lelis Deluque, tiene 57 años, es soldador y tiene un desgaste en sus rodillas que le dificulta caminar. Desde hace ocho años lleva esperando a que lo operen. Durante cinco años estuvo afiliado a Coomeva y desde hace tres años está afiliado a la EPS Sanitas; en todo este tiempo ha solicitado una autorización para la intervención quirúrgica que requiere.

 “Vine a poner la queja por el bailoteo en que me tienen. Fui afiliado de Coomeva por cinco años  y tras una operación de rodilla me pasé a Sanitas y luego de tres años en esta EPS es la misma cuestión: no me autorizan la operación de mi rodilla. Me comenzó el dolor en una rodilla y ahora tengo las dos afectadas, e incluso eso me está afectando la columna también”, cuenta Lelis.

A Lelis lo han enviado dos veces a un ortopedista en San Juan del Cesar y tres veces a Barranquilla, a una clínica de tercer nivel porque en La Guajira no hacen ese procedimiento. “Ya estoy discapacitado, sentado en mi casa porque ya no puedo caminar. Me han mandado rayos x porque mis rodillas están desgastadas y me produce un intenso dolor”, añade.

Lelis fue uno de los 97 fonsequeros que participaron el pasado 12 de abril en la primera jornada de Supersalud y la Secretaría de Salud para recibir las quejas en atención de salud. Luego de exponer su caso, la EPS Sanitas le envió una orden a su correo electrónico y ahora está a la espera de que le realicen sus exámenes médicos para continuar con el proceso.

¿Qué pasó?

En la jornada estuvieron funcionarios de las EPS Cajacopi, Sanitas, Nueva EPS, Dusakawi, Salud Total,  Aic y Familiar de Colombia. Cada usuario dejó sus quejas frente al sistema de salud. Dependiendo del caso, unas iban a Supersalud si el caso era sobre la atención y prestación del servicio y otras a las EPS cuando se trataba de las demoras en los medicamentos o autorizaciones.

En la jornada se recibieron 57 quejas, de las cuales 53 fueron resueltas:  Cajacopi 22 quejas,  Sanitas 16  y 4 en gestión, Nueva EPS 7, Magisterio 3,  Dusakawi 2,  Salud Total 1 y a Supersalud 2.  

Desde el 4 marzo hay un delegado de Supersalud en Riohacha, La Guajira, para atender y resolver las quejas de los usuarios. 

“La Secretaría de Salud y la Defensoría del Pueblo reciben las quejas y hacen un recuento de cuántas quejas están recibiendo en el municipio por mes y qué EPS reciben más quejas. De acuerdo a esto, ellos vieron la necesidad de que Supersalud hiciera esta jornada para brindar un mejor servicio en salud”, comenta Miriam Díaz, referente y apoyo de la oficina de Servicios de Atención a la Comunidad.

Según informa, en el municipio las quejas más comunes son: demoras en autorizaciones, falta de entrega de medicamentos y negación de los viáticos para ir a otros lugares a citas. 

El 27 de febrero usuarios de la EPS Sanitas protestaron en las instalaciones del Centro Médico San Agustín para exigir un transporte para pacientes con patologías renales, hepáticos, con cáncer, entre otros diagnósticos. Reclamaban que los horarios con la empresa Brasilia no coincidían con las órdenes de los tratamientos y, a su vez, exigían la devolución de los viáticos. 

“Esa empresa suministraba buses a muchos de los pacientes adultos mayores, personas con dificultades de movilidad que no podían subirse a un bus. Los desembolsos de los viáticos quedaron en devolverlos a la mayor brevedad posible, que no han cumplido”, comenta Crispin Vergara, paciente renal. Luego de las protestas, la EPS Sanitas tercerizó la contratación a través de la empresa Cootrasan. Sin embargo, varios pacientes aún están esperando la devolución de los dineros. 

Los reclamos de la gente

Una de las quejas más comunes de los usuarios es la demora en la entrega de medicamentos especialmente a pacientes diabéticos y quienes deben ser medicados diariamente.

Paulina Penzo Garcia, una ama de casa de 68 años de edad, hipertensa y con afectaciones en la columna y la rodilla, cuenta que ha tenido varias dificultades para recibir sus medicamentos por parte de la EPS Cajacopi. "Voy donde el médico y me da una medicina por tres meses, me dan a Losartán para la presión, y cuando voy a reclamarlas a la farmacia nunca hay el medicamento o no están completas. No tengo cómo ir a un médico particular y no sé todavía qué tengo en mi rodilla y columna porque no me ha revisado un especialista”, cuenta.

Manuel Gamez es diabético e insulinodependiente desde hace 16 años. Cuenta que tiene dificultades para la entrega de medicamentos, citas médicas y procedimientos quirúrgicos. Ha interpuesto derechos de petición y tutelas ante la Secretaría de Salud y la Supersalud para que le entreguen sus medicamentos y gestionar las autorizaciones. “El 27 de marzo llame a Supersalud desesperado porque van a vencerse nuevamente los papeles para las autorizaciones y los procedimientos que tengo. Me dijeron que si en tres días no me responden volviera a llamar. El 30 volví y llamé a la Supersalud, el 3 o 4 de abril de nuevo sin obtener respuesta”.

“Ellos no son puntuales en la entrega de los medicamentos. Ahora tengo retinopatía diabética , cardiopatía diabética, nefropatía diabética, diagnósticos a causa de la diabetes”, agrega.

Luz María Peralta tiene 74 años de edad, es ama de casa y es paciente diabética desde hace 5 años. Cajacopi no le ha entregado todos sus medicamentos. “Me entregaron las pastillas de la presión, pero no las principales como la lanceta ni la  linagliptina. Se me sube la presión y me da taquicardia, por ahora me toca mantenerme con remedios caseros. Hace una semana estuve de nuevo en la farmacia para ver si habían llegado las pastillas y nada. Están esperando a que me muera”, reclama. 

Un sistema de salud colapsado

Para José Nicolás Brito, miembro de la Asociación Nacional de Sanitas, el problema con las EPS es que hay pocas instalaciones para la prestación del servicio comparado con la cantidad de usuarios existentes. "Las EPS acá en La Guajira no tienen instalaciones con infraestructuras que atiendan a la gente, se viene violando el derecho del afiliado a ser atendido cómoda y oportunamente. La gente va a buscar una remisión y no se la dan oportunamente, uno se debe levantar desde las tres de la mañana a buscar un turno”, agrega.

Sumado a esto, según cuenta Brito, también hay ausencia de medicamentos en las droguerías y algunos médicos tienen que cambiarlos porque no los cubre el copago. “La persona va con cinco medicamentos y nada más le entregan uno y eso no debe ser así”, puntualiza.

Sobre el reembolso de viáticos por trasladarse a otras ciudades, Brito reclama que “la norma no habla de reembolso sino que las EPS deben ir a buscarlos a su casa, llevarlo al médico y volver a traerlo a su casa. El problema no es solo que no les den la plata, es que no se garantiza el servicio”.

En la Asociación Nacional de Sanitas reciben un promedio de 200 quejas al mes por demoras en las citas, autorizaciones de procedimientos y entrega de medicamentos.

¿Qué dicen las EPS?

Emily de la Cruz, promotora en servicios de la Nueva EPS, comenta que las quejas más comunes son por la falta de atención, pero que están trabajando para solucionarlas. “Ya se le dieron respuesta, de pronto fueron mal direccionados pero es nuestro trabajo solucionarles sus requerimientos”, comenta.

“Los usuarios manifestaron dificultades en la atención de las oficinas. Nos solicitaron otra persona para que apoye a las personas y en estos momentos se está contratando. Estas quejas las llevamos a la empresa para trabajar”,  dice Paola Santamaría, asistente de participación Ciudadana de Cajacopi.

Lo que sigue

La Alcaldía organizará más jornadas de atención y la Supersalud invitó a los usuarios a reportar sus quejas. Además, trabajarán en la implementación del  Plan de Acción de la Política de Participación Social en Salud para inspeccionar si las EPS tienen buzón de sugerencias y qué procesos le dan a las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y soluciones). 

Si tiene una queja sobre el servicio que está recibiendo puede acercarse a la Secretaría de Salud Departamental o comunicarse con la Supersalud a nivel nacional 01 8000 513 700 o en Bogotá al 483 7000 o al 481700. La regional de Supersalud en Riohacha está ubicada en la carrera 15 # 14B-38 o contactarse al 3135782174.

Desde el 1 de marzo la comunidad del corregimiento de Sitio Nuevo alertó sobre la suspensión de las obras para el mejoramiento de la vía que busca conectar con el municipio de Fonseca. Durante estos 13 días, según cuentan, no se ha visto ninguna maquinaria- ni retroexcavadoras ni motoniveladoras, ni pavimentadoras- en la zona. La obra debía finalizar en diciembre del año pasado, sin embargo tuvo una prórroga de seis meses. 

A tres meses de cumplirse la fecha de entrega, los habitantes dicen que todavía falta mucho por hacer. No se ha terminado el puente José Luis Gámez y, en varios kilómetros, falta material de subbase y el asfalto, que le da el sellado a la vía. 

Sin embargo, la Alcaldía sostiene que la obra avanza con normalidad. “Están trabajando y haciendo obras de drenaje y extendido de asfalto. No he recibido notificación alguna de la interventoría de que están paradas. Están realizando el extendido de asfalto. No está parada, se ha generado una mala comunicación, no sé si entre la comunidad y los trabajadores”, dijo Marla Zuñiga, Secretaria de Planeación.

La funcionaria añadió que “se ha retirado cierta mano de obra no calificada y no se están desarrollando las mismas actividades que antes. Entonces se ha generado esa percepción de que está paralizada, pero no está suspendida”.

“No hemos recibido notificación de la interventoría que son nuestros ojos en campo y de manera inmediata. Hicimos un recorrido en la obra y había trabajadores adelantando las actividades de obras de drenaje y construcción de alcantarillas, estaban haciendo extendido de asfalto y retirando unos andamios en el puente. Encontramos tres frentes de trabajo”, aseguró. No obstante, la comunidad insiste en que eso no es así y que no hay trabajadores en la vía. Incluso, en el recorrido que hizo Consonante, el martes pasado, se evidenció que no había maquinaría y que los obreros estaban trabajando en el alcantarillado y no en la vía. 

Los cuestionamientos de la gente

José Orozco, presidente de veeduría de Trigo y Las Iguanas, destaca que los arreglos en la vía son prioridad para toda la comunidad. “En vista de que Distracción se convirtió en municipio y su límite llegó hasta La Duda, Sitio Nuevo quedó aislado y se hizo importante la  comunicación directa del casco urbano de Fonseca y Sitio Nuevo. Mientras el trayecto por Distracción toma 30 kilómetros por esta vía se disminuye a 12 kilómetros”, comenta.

Sin embargo, Orozco cuestiona que las obras van atrasadas: “Me preocupa el tema de los tiempos y el ritmo de trabajo que no van a ritmo adecuado".

Carmen Argüelles, expresidente de Sitio Nuevo, cuenta que “cuando el río crece tienen que coger por el cañito, dar una vuelta más larga y con el puente ya se iría por Palmeras”. Y advierte: “Los trabajadores me comentaron que hasta esta semana se van a continuar las obras, pero sí están suspendidas. Esas son las quejas más comunes que ha tenido la comunidad”

Otro de los cuestionamientos principales es que el puente de La Quebrada no fue tenido en cuenta en el proyecto inicial. La comunidad pide que sea reemplazado porque está deteriorado y es común la inseguridad. Se han registrado asaltos y robos de motos. 

El puente de La Quebrada está situado a 3 kilómetros saliendo de Fonseca a Sitio Nuevo y se hizo de forma artesanal. Tiene más de 40 años de construcción y en ocasiones ha colapsado cuando llueve.  “Cuando llueve, la quebrada se llena y sobrepasa el puente.  No se ve y es un peligro constante porque la gente no sabe cómo pasar ahí” , expresa José Orozco. 

Aunque la comunidad ha solicitado que se mejore el puente hasta ahora quedan dudas de las obras. “Ellos alegaban que el puente de La Quebrada también lo iban a hacer. En ese trayecto no habían echado ninguna clase de material. Pararon como 100 metros de cada lado que no le echaron material porque ellos alegaban que el puente iba a ser intervenido”, comenta un habitante que pidió no ser citado 

“No tiene el ancho de la vía. La vía tiene seis metros y el puente tiene cuatro, entonces se convertiría en un cuello de botella y preocupa que vaya a haber accidentes constantes”, dice José Orozco,  presidente de veeduría de Trigo y Las Iguanas.

Orozco agrega que la Alcaldía “todavía no ha dado respuesta de cómo van a hacer el puente. Lo ideal sería que se terminara la construcción de la vía y el puente a la vez para no dejar ese tramo sin operar porque será un punto crítico”.

A las quejas se suma que durante la ola invernal ingresaron varias volquetas sin autorización  y dañaron unas calles. A pesar de que los habitantes han pedido arreglos, no hay avances.  “Los perjudicados acá somos nosotros. La comunidad en general pidió que nos arreglen en esa calle”.

¿Por qué es importante la vía?

La obra, que comprende 12,7 kilómetros, pretende beneficiar a la comunidad de las veredas de Trigo, Las Iguanas, Cañaboba y Sabaneta. El contrato se efectuó con recursos del Sistema General de Regalías (SGR) por un total de 31.327.328.484 millones de pesos mediante licitación pública. El 1 de octubre de 2021 se otorgó la obra a la contratista Meg Obras de Valledupar a un plazo inicial de 12 meses, que se cumplió en diciembre del año pasado.

Sin embargo, ante el paro de los habitantes en marzo del año pasado por la contratación de personas no provenientes del corregimiento y las afectaciones por las lluvias, se adicionó una prórroga de seis meses. 

La obra es importante para reducir el tiempo de desplazamiento entre Sitio Nuevo y el municipio de Fonseca a aproximadamente 15 minutos, beneficiando a los campesinos que deben transportar sus cultivos, a empleados y a estudiantes. Actualmente se debe tomar una vía más larga- de 30 kilómetros- desde el resguardo Caicemapa, perteneciente a Distracción. 

En el encuentro Subregional Sierra Nevada.- Serranía del Perijá realizado el pasado 7 de marzo, el alcalde de Fonseca, Hamilton Garcia, dijo que la obra va en un avance de un 65 por ciento, pero que tuvieron que cambiar los diseños del puente de Sitio Nuevo.  “Se hicieron modificaciones en la construcción de los diseños del puente que llega hasta el corregimiento porque la terminación era el asfalto flexible que tenía una altura aproximada de dos metros. No podíamos entrar al corregimiento con dos metros de asfalto dejando las casas por debajo. Se le hizo un cambio a los diseños en donde se concertó con el DNP (Departamento Nacional de Planeación) para que la terminación fuera en concreto rígido mas bajito y quedará al nivel de todas las viviendas”, explicó el mandatario.    

Desde octubre del año pasado, la Contraloría tiene la lupa en este contrato por la demora en la pavimentación. En el último informe, de diciembre, la Contraloría reportó hallazgos administrativos por 37 millones de pesos. "Se observó que el contratista incluyó en el plan de inversión del anticipo del contrato de obra un ítem correspondiente al Gravamen a los Movimientos Financieros - GMF (4x1.000) por valor de $37.443.022, advirtiendo que es un gasto que debe asumir el propio contratista, toda vez que el anticipo es de uso exclusivo para la adquisición de elementos, insumos básicos y costos de personal", dice el documento.

Lo que sigue

La veeduría ciudadana "Sicatrigua" le envió al alcalde Hamilton García una carta el 2 de marzo dónde solicita a la administración, entidad contratante, y a la interventoría una reunión con la comunidad de Cañaboba, Las Iguanas, Trigo, Sabaneta y el corregimiento de Sitio Nuevo para socializar el avance y el estado actual de la obra y proyección de la misma.

Los habitantes esperan que esta semana se reanuden las obras como se lo argumentó vía telefónica la secretaria de Planeación, Marla Zuñiga, al Comité de Veeduría. "Supuestamente la Alcaldía ya les giró la plata a la empresa. Ellos (Alcaldía) no han recibido notificación de la empresa como tal de que la obra esté suspendida. Dicen que siguen las labores este miércoles", contó un ciudadano.

¿Por qué es importante?

Ninguna de las últimas administraciones locales ha cumplido con el proyecto y por el contrario el municipio se ha seguido endeudando hasta el punto en que existe una amenaza de embargo. Cuatro alcaldes han tenido la ejecución en sus manos desde que se aprobó la construcción de las viviendas de la Urbanización Cristo Rey: Pedro Manjarrez, quien diseñó el proyecto y estuvo en el cargo hasta 2011; José Manuel Moscote que estuvo hasta el año 2015; Misael Velásquez Granadillo, alcalde hasta 2019; y Hamilton García, actual mandatario. Hasta la fecha ninguno ha logrado terminar el proyecto, que fue declarado en incumplimiento por el Ministerio de Vivienda y tiene endeudado al municipio por 699.106.625 millones de pesos. 

Qué está pasando

La mayoría de las víctimas ―que llegaron desplazadas de los departamentos de Santander, Bolívar y La Guajira― viven situaciones precarias por no tener un techo donde vivir. Nadie les da una solución de fondo. Deimer Torres, actual secretario de Planeación, asegura que la administración ha volcado sus esfuerzos para sacar adelante el proyecto pero los beneficiarios y las beneficiarias denuncian que no ha habido movimiento de maquinaria en los lotes de la construcción.

Aunque cada una de las historias de las víctimas que debían ser beneficiadas por este proyecto son distintas, todas coinciden en que salieron huyendo de municipios como Altos del Rosario, Bolívar; Ayacucho, Santander; Villanueva y Fonseca, en La Guajira. En el marco de la reparación individual que les otorgó la Unidad para las Víctimas, se postularon en la Caja de Compensación de La Guajira (Comfaguajira) para acceder a una vivienda. Según cuentan algunos líderes, una funcionaria de esta entidad los convenció de invertir sus subsidios en el proyecto de urbanización Cristo Rey.

• Berna Jaraba, una de las lideresas de las 252 víctimas y presidenta de la JAC del barrio Cristo Rey, narra que ha recibido amenazas por su liderazgo. “Una vez recibí una llamada de un número raro. Me daban 24 horas para que me fuera. Fui al día siguiente y dije por la emisora que no me iba a ir, que si me tocaba morir pues moría aquí, porque yo no estaba peleando algo que no fuera mío. Yo estaba hablando por una comunidad que reclamaba sus derechos”.
  

• “Desde que comenzó el proyecto dijeron que lo iban hacer y eso a la hora de la verdad nada, no se ha cumplido nada. Uno está pidiendo su casita porque no tiene para donde más coger, el arriendo me viene por 200.000 pesos. Yo estoy viviendo en una casita que no tiene ni techo, nada más lo que tiene techito son los dos cuarticos donde vivo”, dice Dineris Cañezares Mora, una de las beneficiarias que no ha recibido la casa.

• “Son 10 años de vivir en casa ajena, pagando arriendo y seguir esperando, porque no se sabe todavía cuándo lo van a terminar o no. Uno se siente como arrimado. Aunque vivo en la casa de un hijo, no es mía. Eso es muy incómodo”, narra Silvana Rodríguez, otra de las 176 personas que no han recibido vivienda. Lamenta además que, “se han pasado los años en espera y de una excusa sacan otra. Hay personas que ya hasta se han muerto y no han podido recibir nada”.

• Para Jessica Martínez Viana, “lo más duro es pagar alquiler, porque cuando sabes que pagas un mes ahí está enseguida el otro. A veces uno no tiene trabajo ni nada. Hace 10 años que estoy esperando una casa y todavía nada. Nunca le dicen a uno una respuesta clara. Dicen que están en proceso, que van a empezar, que no van a empezar, que esto y lo otro”.

• “Imagínese tantos años y estamos en ese proceso para que uno diga, me desplazaron pero tengo a donde vivir”, manifiesta Glenis García Díaz. “He tenido cambios al no tener casa, porque todos los días uno no tiene para pagar arriendo, ni para la alimentación. A veces hasta nos humillan, nos dicen salgase porque usted no va a pagar el mes. Eso lo sufrimos”, detalla.

Invasiones en los predios le complican la situación a la Alcaldía

Desde 2018, aproximadamente 40 familias de migrantes y colombianos construyeron cambuches en uno de los predios del proyecto Cristo Rey que, según los planos de la obra, será utilizado para construir una zona verde de recreación. Cerca del predio donde construyeron sus cambuches, llegan las aguas negras del municipio. Aunque los han intentado desalojar, ningún alcalde les ha dado alternativa de reubicación y siempre regresan. 

Los migrantes niegan haber robado los predios a las víctimas o retrasado la construcción, como creen algunas personas en el municipio. 

• “Yo salí porque la situación en la que estamos en Venezuela es muy crítica, pasando muchas necesidades con mis hijos. Por eso me tocó migrar hasta Colombia y aquí estamos guerreando por el bienestar de nuestros hijos en esta invasión. Nosotros sabemos que no podemos estar aquí porque esto es ajeno y estamos esperando que nos reubiquen en el terreno que nos van ceder para hacer nuestras viviendas dignas, porque en verdad esto es muy fuerte”, dice María Quintero, migrante residente en la invasión de uno de los terrenos de la Urbanización Cristo Rey.

• Una situación similar vive Ayarit Aragón, una fonsequera que ocupa uno de los cambuches. “Yo estoy viviendo aquí hace tres años porque en realidad no tengo para pagar un servicio de arriendo, ni de luz ni de gas. He inventado con saco, con plástico y vinieron unas ayudas, por eso ya tengo un techo. Supuestamente el alcalde Hamilton de la mano de Pedro Manjarrez (el exalcalde que acompaña al actual mandatario) nos iban a dar la reubicación, que no nos desesperáramos”. 

• “Bueno yo tengo aproximadamente 7 años que salí por circunstancias que están pasando en Venezuela. Llegamos a Fonseca porque no había de otra. Siempre nos corrían y nos movían. Aquí se nos presentó esta oportunidad. El alcalde nos ha dicho que estuviéramos atentos, que él nos tenía en cuenta e incluso tenemos mesa de negociación. Nosotros hemos conformado un comité, hemos hablado con él y nos dice que, mientras él no tome la última decisión, nadie nos va a poder sacar”, asegura Jorge Monterrosa Cortes. 

¿Qué ha pasado con el proyecto?

El proyecto de la urbanización Cristo Rey se ha convertido en una “papa caliente” para los alcaldes de Fonseca. Hasta la fecha no hay un documento público que dé cuenta de cuánto dinero se giró a la Unión Temporal Urbanización Cristo Rey, cuántos recursos se han invertido y en qué. Tampoco es claro si Asoagua continúa en el convenio. Algunos funcionarios de la Unión Temporal aseguran que la Fundación Juventud Sol Naciente de La Guajira (Jusonagua), que desarrolla programas, obras y actividades para el mejoramiento de la calidad de vida de la población, asumió el contrato con la administración municipal.

Inicialmente, el proyecto contemplaba construir una urbanización completa. En 2011, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) destinó 1.006.713.540 pesos para la ejecución de obras de urbanismo y 252 subsidios familiares de vivienda por 3.813 millones de pesos, en la Urbanización Cristo Rey. Cada beneficiario debía recibir 16.068.000 pesos como parte del Subsidio Familiar de Vivienda (SFV) y 3.994.895 pesos de un subsidio perteneciente a una bolsa de recaudo de Fonvivienda para adquirir una casa. La Alcaldía de Fonseca debía aportar 1.772.616 pesos faltantes para completar 21.835.511, el valor total de cada vivienda.

Las viviendas debían tener 72 metros cuadrados, con un área de construcción de 42 metros cuadrados dividida en: una sala-comedor, una cocina, dos habitaciones y un baño. Según el proyecto original, la urbanización debía contar con servicio de alcantarillado, acueducto, luz y gas. Estos servicios fueron requisitos establecidos por el Ministerio de Vivienda para la aprobación del proyecto. 

De las 252 viviendas que comprende el proyecto, solamente se construyeron 74 de las cuales 69 tienen legalizada la documentación, está pendiente el proceso de otras tres y dos personas desistieron de recibir las casas. La administración debe adjudicarlas. La entrega de estas viviendas se dio en dos etapas. En 2013 se entregó la manzana nueve compuesta por 17 viviendas y la manzana diez con 16 casas. En 2014, se entregó la manzana once con 18 casas y en 2018, la seis con 21 viviendas. 

En cuentas de Fonvivienda, aún falta la construcción de 170 y la legalización de 175. De las 252 iniciales, cinco Subsidios Familiares de Vivienda fueron revocados y tres personas renunciaron al beneficio. Los beneficiarios totales que debe cubrir hoy la urbanización Cristo Rey son 244.

Actualmente, el proyecto está paralizado. El 29 de diciembre de 2020, Fonvivienda declaró la medida administrativa de incumplimiento sobre el proyecto. Según la resolución 1843 del 19 de julio de 2021 de la entidad, que ratifica la sanción contra el municipio, el proyecto “presenta parálisis total en la ejecución de las viviendas, lo cual hace inviable la aplicación del subsidio otorgado a los beneficiarios para ser aplicado en dicho proyecto, por cuanto se evidencia, que a la fecha, no se ha iniciado construcción de ninguna vivienda”.

Qué dice la Alcaldía

En 2020, el equipo de Hamilton García Peñaranda retomó el proceso de la obra, actualizó la documentación y logró que el Concejo Municipal aprobara 500 millones de pesos de un préstamo bancario para reanudar las obras. Sin embargo, García ha afirmado que este dinero no alcanza para completar las viviendas pendientes, y el Ministerio de Vivienda debe aportar más. En la rendición de cuentas de 2020, Peñaranda no relacionó ninguna casa en proceso de construcción, pero el 11 de octubre de 2021 publicó en redes sociales que retomaría la construcción de 175 casas.

El principal problema para el actual alcalde es que el municipio deberá devolver los recursos que se entregaron para finalizar el proyecto. Además de los recursos de la construcción, Fonvivienda desembolsó 252 Subsidios Familiares de Vivienda (SFV) a la Alcaldía de Fonseca en 2011. De estos 252, la entidad solo se encontró la legalización de 69 subsidios. En total, la administración municipal debe devolver 699.106.625 millones de pesos a Fonvivienda. De no reembolsar los recursos públicos, se podría enfrentar a un proceso de cobro judicial que llegaría a desencadenar en un embargo.

Ante esta deuda el Alcalde ha asegurado que el municipio no está en capacidad financiera para devolver los recursos para las obras de urbanismo, que, según él, fueron ejecutadas al 100 por ciento. Para terminar la urbanización Cristo Rey, el mandatario debe gestionar recursos de otros entes o acudir al proyecto con Mi Casa Ya del Ministerio de Vivienda, que le otorga los recursos directamente a las familias. 

Lo que sigue

• Ante la declaratoria de incumplimiento, Fonvivienda envió la documentación a la Procuraduría, la Fiscalía, la Contraloría, las Procuradurías Provinciales, a la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, al Consejo Profesional de Ingeniería, al Consejo Nacional de Arquitectos y profesionales auxiliares para que cada entidad lleve a cabo las investigaciones pertinentes sobre la urbanización Cristo Rey.

• Mientras tanto, las víctimas esperan ver avances antes del próximo año en la construcción de las viviendas, como lo prometió el alcalde Hamilton García Peñaranda. Berna Jaraba asegura que hasta la fecha no tienen certeza del inicio de las obras y que, según rumores en la Alcaldía, el 15 de noviembre es el día máximo para ver movimiento de maquinaria en los predios de la urbanización. Además, la administración municipal tiene advertidas a las personas que viven en los cambuches para que estén pendientes de la reubicación, que se daría próximamente.