Los paramilitares llegaron a la región del San Juan a mediados de los años 90 por petición de mineros y comerciantes antioqueños, quienes estaban preocupados porque las guerrillas del ELN, el ERG y las Farc estaban afectando sus intereses en la región. Por esa época, más de 150 comerciantes se reunieron con los paramilitares, quienes ofrecieron “custodiar” las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín a cambio de que los empresarios y mineros los financiaran. Y así fue como la población del San Juan, del Atrato y del Baudó, que ya sufría por cuenta de la presencia de las guerrillas, quedó en medio del conflicto. La Fuerza Pública, que era la encargada de protegerlos, también se alió con los ‘paras’.
Un informe del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH) revela esta dinámica. En el libro, titulado "La guerra vino de afuera El Bloque Pacífico en el sur del Chocó: una herida que no cierra”, es una valiosa pieza de memoria histórica pues por primera vez una institución oficial no judicial identifica de manera clara a los grupos paramilitares que operaron en la región, recoge su surgimiento, el detalle de su accionar y su desmovilización. El texto fue presentado el 6 y 7 de septiembre en Istmina y en Quibdó.
El CNMH explica que los paramilitares que, entre 1996 y 2005, cometieron asesinatos selectivos, violencia sexual, y desapariciones forzadas buscaban desplazara la población para controlar el territorio y explotar la minería sin tratar con las familias afros que ancestralmente trabajaban esta actividad. Además, revela cuáles fueron las estrategias que usaron.
El documento es el resultado de 64 entrevistas que el equipo del Centro realizó a exmiembros de las autodefensas en esta región que hacen parte del Mecanismo no judicial de contribución a la verdad que no cometieron graves violaciones a los derechos humanos; otras 69 entrevistas a víctimas y organizaciones territoriales y la revisión de documentos como sentencias de Justicia y Paz y el archivo de prensa local y nacional.
Tal vez una de las conclusiones más importantes del informe es que a pesar de que la guerra que se vivió durante esos años en el San Juan fue atroz, no despertó la preocupación del resto del país. La violencia en la zona era mucho menor en comparación con la que se registraba en otras partes del país donde ocurrieron grandes masacres como la que tuvo lugar en el corregimiento El Salado, en El Carmen de Bolívar, donde 63 personas fueron asesinadas y 23 más, desaparecidas. Esta guerra silenciosa fue una estrategia paramilitar.
¿Por qué llegaron los paramilitares?
El informe retoma una sentencia del Tribunal Superior de Medellín que detalla cómo fue la llegada de los paramilitares a la región. Laura Bibiana Escobar, coordinadora del informe, explica que esta incursión tuvo motivaciones económicas claras. “En 1995 mineros y comerciantes antioqueños van a ver el accionar de las guerrillas como una amenaza para sus intereses en el departamento, y estas personas también eran muy cercanas a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU). Entonces lo que va a pasar es que a través de “Rodrigo Doble Cero” van a solicitarle a los hermanos Castaño (específicamente a Vicente) que envíen un grupo paramilitar para que contrarreste el accionar de la guerrilla y ellos puedan continuar con sus actividades económicas en el departamento”.
Los mineros y grandes comerciantes se reunieron con Doble Cero en el restaurante “Asados El Camino”, en Quibdó, “con el fin de crear un grupo paramilitar en las zonas de Quibdó, Istmina, Tadó y Condoto, el centro económico y político del centro y sur de Chocó”.
Según el testimonio del exjefe paramilitar Jorge Iván Laverde, conocido como el “Iguano”, entre los mineros y grandes empresarios presentes en esta reunión estaban Guillermo Álvarez, minero y comerciante de una casa de chance en Istmina; Albeiro Jiménez y Jorge Herrera, mineros que luego serían hombres de confianza de un jefe paramilitar; Dámaso Peralta, encargado de reunir a los mineros; Epifanio Álvarez, comerciante de queso y zinc; William Soto, minero; Darío Pérez, dueño de una pesquera de Bahía Solano y de hangares en el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín; Jorge Raigoza, empresario de chance en Quibdó; Nabor Tadeo Giraldo Aristizábal, empresario de Quibdó; y José Alfredo Álvarez, de quien el informe no menciona información adicional.
Y con esa luz verde, los paramilitares comenzaron a organizarse. “Quedamos con las mismas tropas que había, y empezamos a crecer el grupo. Nosotros llevábamos fusilería y eso, pa’ crecer el grupo, pa’ fortalecer la gente que estaba en El 20, que eran los que controlaban la vía de Quibdó a Carmen de Atrato, la vía de Tadó-Istmina allí por el lado de Risaralda, y empezamos a controlar todos los municipios de Tadó, Istmina, Condoto y parte de Pizarro, y todos esos lados del Baudó”, explicó Laverde al CNMH.
Según Escobar, “Vicente Castaño vio la oportunidad que había de consolidar, a través de la minería y del narcotráfico, una buena fuente de financiación para su proyecto político”.
¿Cómo fue la estrategia paramilitar?
El grupo paramilitar logró entrar al territorio utilizando dos estrategias. La primera, pasar desapercibido ante el resto del país y las entidades judiciales. Por esta razón no llegó a tener tantos integrantes como otros bloques paramilitares. Mientras que el Élmer Cárdenas, que operaba en otras partes del Chocó y en el Urabá, llegó a tener 1 500 hombres, el Bloque Pacífico solo tuvo entre 200 y 250. Sin embargo, Laura Bibiana Escobar, coordinadora del informe, explica que “estaban distribuidos en puntos estratégicos a través de retenes, lo que les permitía tener un control de lo que pasaba tanto con la población civil como con otros grupos armados, y poder asegurar con esos aliados económicos, políticos y con la fuerza pública un control de lo que se movía en estas regiones del país”.
Los paramilitares "estaban distribuidos en puntos estratégicos a través de retenes, lo que les permitía tener un control de lo que pasaba tanto con la población civil como con otros grupos armados, y poder asegurar con esos aliados económicos, políticos y con la fuerza pública un control de lo que se movía en estas regiones del país”.
Laura Escobar, coordinadora del informe
La segunda estrategia consistió en controlar y vaciar el territorio. El grupo cometió crímenes atroces que recuerdan en Tadó. “Por los años 95 y 96 fue una cosa terrible. En el 96 yo era secretario General y de Gobierno de Tadó y a los jueces y fiscales les daban miedo la situación y me mandaban a mí a levantar a los muertos. Vi varias masacres. En el 97 me tocó levantar en la vía de Pueblo Viejo a Manungarrá me tocó levantar siete cadáveres, todos muertos a bala con tiros de gracia. Y como a la semana me tocó por aquí en una finca cercana al casco urbano el levantamiento de tres cadáveres. Por la misma época me tocó levantar tres cabezas de una baranda del puente de Playa de Oro”, recuerda Hermes Sinisterra, exfuncionario e historiador local.
Precisamente ese hecho en Playa de Oro fue uno de los más comentados por un grupo de mujeres tadoseñas en un encuentro organizado por el Centro Nacional de Memoria Histórica para construir el informe. Ellas recordaron el terror que sintió la población, y que por ese miedo mucha gente se desplazó.
Según la Unidad para las Víctimas, en 1996 unas 565 personas se desplazaron en Tadó, 505 más que el año anterior. Pero el pico de la violencia fue en 2002, cuando hubo 4 128 desplazados. Ese año hubo desplazamientos en Tadocito y Mungarrá al igual que en Angostura, Brubatá, Playa de Oro, Carmelo, El Tabor, Guarato y Mumbú, por cuenta de una incursión del frente Héroes del Chocó y el Bloque Metro. Durante estos años, las comunidades indígenas también sufrieron el despojo.
Los paramilitares utilizaron, además del asesinato, la violencia sexual y las desapariciones forzadas para obligar a la gente a desplazarse. ¿Y qué buscaban? “El manejo de la minería”, explica Laura Escobar. “Las comunidades afrodescendientes manejaban el tema de la minería por familias y cada familia tenía la capacidad de extracción de ciertas partes del río. Entonces el despojo lo que aseguraba era que otras personas ajenas al departamento pudieran llegar y ocupar esos lugares para extraer el oro sin esa esa mediación que había que hacer con las familias”.
"A los jueces y fiscales les daban miedo la situación y me mandaban a mí a levantar a los muertos. (...) Por la misma época me tocó levantar tres cabezas de una baranda del puente de Playa de Oro”.
Hermes Sinisterra, exfuncionario e historiador de Tadó
El resultado fue el despoblamiento del campo, que también se tradujo en cambios significativos en la cultura: muchas personas dejaron de cultivar y, todavía, muchas temen cazar o sembrar por miedo a que explote una mina antipersonal. Es el caso de la finca de la Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima en Playa de Oro, donde los estudiantes no hacen prácticas agrícolas porque se dice que aún hoy hay minas sembradas en el terreno.
La Policía y el Ejército estaban aliados con los ‘paras’
“A mí me tocaba ver cómo los paramilitares se transportaban o transportaban las armas en los carros de la Policía y nadie decía nada. Aparecían los muertos y nadie decía nada”, recuerda Hermes Sinisterra.
El informe confirma la complicidad que, al igual que Hermes, vieron los ciudadanos. En la región se presentaron acciones coordinadas o para el beneficio del grupo paramilitar, el Ejército les dio información a los ilegales para indicar a quién debían asesinar y la Fuerza Pública no los persiguió. “Adicionalmente, habitantes del departamento del Chocó manifestaron que paramilitares del BP-HCH ingresaron a los territorios de Istmina y la región del San Juan en vehículos oficiales del Ejército nacional”.
Pero esto no es todo. El Bloque Pacífico también “se vio favorecido por insumos, dineros y contratos, así como por la coordinación de acciones militares conjuntas y la permisividad de la violencia ejercida en contra de los pueblos chocoanos”. Incluso, retoma un testimonio de el “Iguano” en el que afirma que había relación entre las alcaldías de Tadó, Condoto e Istmina con los paramilitares.
¿Por qué no se supo lo que estaba pasando?
El grupo se concentró en cometer crímenes como asesinatos selectivos, desapariciones forzadas y violaciones para generar terror y lograr que la gente se desplazara, cuidando no atraer mucha atención. Además, los paramilitares ya se habían asegurado de imponer normas en las poblaciones. Algunas de estas eran, por ejemplo, no buscar o recoger los cadáveres para enterrarlos y no denunciar los hechos ante las autoridades. De lo contrario, las personas eran amenazadas y asesinadas. Esto lo hicieron, por ejemplo, con líderes e inspectores de Policía. De esta manera se impuso una “ley del silencio''.
Quedarse callado y desplazarse fue una estrategia de la población para conservar la vida, pues la población tampoco confiaba en las autoridades. De hecho, el grupo había suplantado algunas funciones del Estado, como la resolución de conflictos sociales y económicos entre la población. En medio de este panorama, entidades como las Diócesis de Quibdó e Istmina-Tadó fueron de gran apoyo para las comunidades, pues pusieron la cara para defender los derechos humanos. Por estas acciones también recibieron ataques.
Además, el Bloque Pacífico en ocasiones actuó en alianza con el Bloque Élmer Cárdenas, que sí figuraba en la opinión pública nacional. Según el informe “esto sirvió para que las relaciones políticas desarrolladas por el BP pasaran desapercibidas y fueran vinculadas con el BEC, incluso si se desarrollaron de forma conjunta”. Es decir, el Bloque Pacífico se camufló.
Por último, las acciones de este grupo también se vieron “opacadas” por otros hechos violentos que tuvieron gran impacto en la opinión pública nacional. Por ejemplo, a principios de mayo de 2002 hubo un combate entre los ‘paras’ y un grupo guerrillero. Hubo bombas, disparos y hasta se cayó un puente. Sin embargo, por esos mismos días la guerrilla de las Farc y el Bloque Élmer Cárdenas se enfrentaban en el Atrato y las Farc lanzaba el cilindro bomba que mató a más de 70 civiles en la iglesia de Bellavista, en el hecho que se conoce como la masacre de Bojayá.
Lo que aún falta por esclarecer
Si bien es claro que el Bloque Pacífico tuvo relaciones con políticos, el Centro Nacional de Memoria Histórica afirma que es necesario esclarecer con quiénes, pues hay “vínculos de los que se tienen algunos indicios por las versiones libres de los postulados de Justicia y Paz, pero en los que se debe continuar avanzando”. Además, la justicia no ha avanzado contra ellos.
Laura Escobar cuenta que el magistrado Rubén Darío Zapata, quien hizo la sentencia contra el Bloque Pacífico, se refería a los “terceros” responsables como “los primeros”, pues fueron quienes llevaron a los paramilitares a la región. “Acá hay nombres de los que hablaron con las ACCU, pero los procesos judiciales que se llevaron no prosperaron o no han terminado”, dice la investigadora. “Sobre la responsabilidad de la Fuerza Pública tampoco hay suficiente avance como para que se logre hacer un reconocimiento”, agrega.
Hermes Sinisterra considera que en Tadó todavía faltan muchas verdades. “No ha habido una investigación seria. Aquí había un señor que señalaba y le mostraba la frente a la persona que iban a matar ese día y al rato está por ahí muerto y nadie investigaba nada”.
A esto se suma el miedo. En Tadó hubo calma tras la desmovilización, pero la gente sigue con temor. La guerrilla del ELN permanece en la región y desde hace un par de años hay alertas sobre la presencia paramilitar. Por ejemplo, en 2018 la Defensoría del Pueblo hizo una alerta temprana de inminencia sobre el territorio por los combates entre el ELN y el Ejército.
En Tadó muy pocas personas hablan sobre el conflicto. La memoria de la guerra sigue enterrada, así como las verdades que faltan.
