1. Líderes de Conejo rechazan propuesta de exploración minera de la empresa Max Resource Corp.
Un grupo de líderes del corregimiento de Conejo, en Fonseca, publicó un video esta semana denunciando su rechazo a los estudios de exploración de minerales que está adelantando la empresa canadiense en el territorio. Los denunciantes aseguran que la empresa lleva a cabo un proceso de consulta previa con la comunidad afro, pero, deja por fuera a la mayoría de la población.
Qué está pasando: los habitantes de este corregimiento se enteraron hace seis meses que la minera canadiense Max Resource Corp. iba a iniciar un proceso de estudio, exploración y posible explotación de minerales como cobre y plata en la zona. Ahora, cuando los estudios de exploración se están adelantando, la comunidad asegura que la empresa no ha convocado a la gente y tampoco ha dejado claras las afectaciones que podría tener esta mina en el territorio, o si podría haber desplazamientos. “Ellos no han querido convocar al pueblo a una plaza pública para socializar el proyecto. No hemos tenido conocimiento en qué consiste, qué van a hacer y a qué acuerdos llegaron con el consejo comunitario afro”, dice el líder social Deiver Guerra.
La polémica: la compañía en este momento adelanta un proceso de consulta previa con el consejo comunitario afro del corregimiento, ya que este proceso sólo puede llevarse a cabo con comunidades étnicas (afro, indígenas, raizales, palenqueras y Rom) a las que un proyecto, en este caso minero-energético, afecte directamente su territorio o su forma de vida. Sin embargo, los y las líderes insisten en que todos los habitantes deben enterarse de lo que está pasando. “El hecho de que ellos tengan las facultades de hacer la consulta previa con las comunidades afro, no quiere decir que el pueblo no tenga derecho a saber. Los consejos comunitarios no están conformados por 5.000 habitantes que tiene el corregimiento”, puntualiza Guerra.
Un agravante: además de la exploración de la minera canadiense, el corregimiento podría verse afectado por otro proyecto minero de extracción de carbón dela compañía turca Best Coal Company (BCC) en Cañaverales, un corregimiento vecino, ubicado en San Juan del Cesar. “La explotación de carbón sucedería en Cañaverales, pero el botadero de todos esos materiales estériles quedaría en nuestro corregimiento, esto también nos afectaría directamente”, comenta Deiver Guerra.
Qué dice la gente: “La Guajira tiene la experiencia del Cerrejón, una mina que ha explotado como centro y sur en el departamento con consecuencias como el desplazamiento de poblaciones, la destrucción de ecosistemas, contaminación del ambiente, salud y habitantes; es suficiente experiencia para que no se repita en otros territorios”, indicó Benedicto González, Firmante del Acuerdo de paz del AETCR de Pondores.
El transporte escolar continúa suspendido en Fonseca
Más de 9.000 estudiantes de las instituciones educativas de 12 municipios no certificados de La Guajira estuvieron sin transporte toda la semana. La Gobernación decidió interrumpir la adjudicación del nuevo contrato hasta que la Fiscalía determine la veracidad de uno de los documentos presentados por una de las empresas oferentes, Transportes Relaturg.
El contexto: El lunes 5 de septiembre se dio por terminada la ampliación del contrato que tenía la Gobernación con el operador Unión temporal Elkajuluin, que desde 2019 proveía el transporte escolar a los estudiantes en los municipios no certificados. Para el proceso de licitación del nuevo operador se presentaron dos empresas, Transportes Relaturg y Transporte Sensación. Pero mientras se corrobora la veracidad de los documentos presentados por las empresas, los y las estudiantes están varados.
Qué dice la gente: Fonseca es uno de los municipios afectados, por lo que algunos estudiantes han tenido que caminar largas distancias o pagar otro tipo de transporte para llegar a los colegios. “Me ha traído dificultad. Yo trabajo y me toca esperar para mandar a mi hijo para poder irme a trabajar. Me toca esperar cola para mandarlo de La Laguna para El Hatico, o si no se va a pie con unos compañeros que son más grandes que él”, cuenta Ingris Vergara, madre de un estudiante de la Institución Educativa Agroambiental José Pérez.
Qué sigue: el jueves 8 de septiembre el gobernador encargado de La Guajira José Jaime Vega se reunió con la Asociación de Docentes de La Guajira (Asodegua) y la Asociación de Rectores de La Guajira para escuchar las solicitudes y tomar medidas temporales mientras se soluciona la adjudicación del contrato del nuevo operador. Una de las soluciones temporales planteadas incluye volver a las clases virtuales.
“Esperamos que el gobierno departamental le cumpla a los estudiantes de los doce municipios que requieren el transporte escolar, que este servicio sea oportuno, con vehículos seguros, donde su personal sea responsable”, manifestó Asodegua en un comunicado.
Indignación por aumento excesivo en las tarifas de la luz
Desde hace cuatro meses, los usuarios de Air-e han visto un aumento de entre el 15 por ciento y el 20 por ciento en las tarifas de la energía de los hogares y hasta un 50 por ciento en las de los locales comerciales. Este aumento afecta especialmente a las personas más vulnerables, que no pueden pagar.
El contexto: Esta semana, el Ministerio de Minas y Energía anunció el Pacto por la Justicia Tarifaria, con el fin de encontrar soluciones a corto y mediano plazo a los aumentos de las tarifas. Anunció que está llevando a cabo conversaciones con las dos empresas comercializadoras de energía, Air-e y Afinia, que operan en los departamentos de Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira. También indicó que se revisará la regulación de las tarifas de energía junto a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), la Superintendencia de Servicios Públicos y Domiciliarios y el Ministerio de Hacienda, con el fin de que sean estables y más asequibles.
Qué dice la gente: “Estoy aterrada por los altos costos que viene presentando la empresa Air-e. Tengo una casa arrendada en el barrio Las Flores, que habitamos unos 16 días en total. Tenemos una nevera y cuatro abanicos, que permanecen apagados durante el día. Iniciamos pagando $80.000 hace 5 meses y en estos momentos estamos pagando $ 290.000. Le pedimos explicación a la empresa y siempre dicen que ese es el costo de los vatios”, dice Maidelin Martínez.
Eliza Vizcaino, administradora de la Tienda La Estrella, ubicada en el centro de Fonseca cuenta que además los bajones de energía le han dañado varios electrodomésticos. “Se nos han dañado varias neveras por la inestabilidad del servicio. Hace 4 meses estábamos pagando de 800 a 900 mil pesos, lo que era manejable, pero en este momento estamos pagando de 3 a 4 millones de pesos y además nos cobran $ 300.000 y $400.000 por alumbrado público un servicio que no prestan, porque todo está oscuro por las noches en la calle”, comenta.
Qué va a pasar: “En el corto plazo, se está considerando la posibilidad de elegir un indicador económico más favorable que reduzca el impacto negativo en la tarifa. Para el mediano plazo, estamos construyendo un indicador específico para el sector eléctrico que nos permita lograr la justicia tarifaria en el país”, dijo la Viceministra de Energía, Belizza Janet Ruiz Mendoza.
Además,
Por falta de vigilantes, institución educativa fue saqueada
El sábado 3 de septiembre se llevaron material didáctico de la sede el Carmen de la institución educativa Ernesto Parodi Medina. El otro hecho se presentó el jueves 8 de septiembre en la sede Calixto Maestre, de la misma institución. Se robaron muebles, equipos y utensilios de cocina, afectando a más de 300 estudiantes que reciben los alimentos en el colegio.
¿Qué dice la institución? La coordinadora de la sede, Olga Olmedo Larrazabal, manifestó que nadie les da una solución efectiva. "Ya no sabemos a quién acudir para que nos puedan resguardar la seguridad de la institución, nos encontramos indefensos por los múltiples robos que mensualmente se realizan y no es una problemática sólo nuestra si no de todas las instituciones del municipio”.
Por su parte Katrin Bolaños, jefa de prensa de la Secretaría Departamental, asegura que la inestabilidad gubernamental había retrasado todos los procesos, pero que esta semana se logró la contratación de empresa de vigilancia y servicios generales. “La próxima semana se estarán asignando las demandas de cada institución", dijo la funcionaria.
