Las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en San Juan del Cesar

¿Por qué es importante?

El viernes 3 de diciembre se celebró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, una fecha relevante a nivel mundial teniendo en cuenta que garantizar la inclusión y participación de las personas con discapacidad es uno de los objetivos para el desarrollo sostenible hacia 2030. Además, las Naciones Unidas han alertado sobre la importancia de mejorar las condiciones de vida de esta parte de la población, enfatizando en que “son uno de los grupos más excluidos y más afectados por las crisis” del Covid-19. 

En Colombia se han reconocido siete tipo de discapacidades: visual, auditiva, física, psicosocial, intelectual o cognitiva, sordoceguera y discapacidad múltiple. Cifras del Ministerio de Salud de 2020 indican que en el país 1,3 millones de personas presentan alguna discapacidad. Sin embargo, para Maureen Aragón, enlace de Discapacidad en la Alcaldía de San Juan del César, aún existe mucho desconocimiento en la sociedad frente a las discapacidades y afirma que este vacío se ve reflejado en el mal uso del término “persona discapacitada”. “No somos discapacitados y discapacitadas, somos personas -porque todas somos personas- con alguna discapacidad”. 

¿Qué está pasando?

En San Juan del Cesar existen serios obstáculos que dificultan el acceso a los derechos de las personas con algún tipo de discapacidad. A esto se suma la falta de oportunidades laborales, la estigmatización y las barreras para el acceso a la salud. Jaime Rangel es un magdalenense que a sus siete años tuvo un accidente en un caballo que dañó su nervio óptico, y perdió totalmente la visión del ojo izquierdo y en un 30 por ciento de su ojo derecho. Para Rangel, la falta de adecuación del espacio público para el desplazamiento de personas con discapacidad deja en evidencia la situación que viven en el municipio. “Aquí hay una apatía de parte de la población y del entorno. Hemos intentado que nos miren diferente. Hay un potencial de desarrollo en las personas con discapacidad pero no nos brindan apoyo”, sostiene. 

Según los datos oficiales, en el municipio hay 1.083 personas registradas con algún tipo de discapacidad. Sin embargo, esta cifra está desactualizada y surge de la Unidad Generadora de Datos de San Juan del Cesar del 2019. Un número que, además, despierta dudas pues según las cifras del DANE de 2005, reseñadas en el documento de política pública municipal publicado en 2020, ya existían 706 personas con alguna discapacidad.

La dificultad para obtener el certificado de discapacidad

En San Juan del Cesar, los problemas para las personas con discapacidad comienzan con el proceso que deben realizar para lograr ser reconocidas. Para que una persona pueda acreditar su discapacidad y acceder a los servicios del Estado de manera diferencial y a ofertas laborales, es necesario que obtenga un certificado de discapacidad como lo establece la Resolución 113 de 2020. Según las directrices del Ministerio de Salud, todas las personas con discapacidad deben obtener su certificado y el proceso debe finalizar en 2022.

Pero obtener este certificado no suele ser sencillo para quienes lo necesitan. Algunas personas ignoran cómo pueden obtenerlo y otras no identifican que tienen una discapacidad. “Hay personas que desconocen que nacen con una discapacidad y nunca han asistido a un médico, no tienen una historia médica y sin esto no se pueden certificar”, explica Maureen Aragón. Carolyn Ramos, referente de Poblaciones Vulnerables de la Secretaría de Salud municipal, añade que han recibido “más historias clínicas de enfermedad que de discapacidad y eso también atrasó el proceso”.

En junio, la Alcaldía decidió emprender una prueba piloto para mejorar el proceso y realizar una caracterización con la que la administración municipal logre tener una imagen más acertada del tamaño de este grupo poblacional y sus necesidades. “Tuvimos dos (fuentes de) recursos, los del departamento fueron para 15 certificados que realizó la IPS Púrpura y 120 con recursos del municipio articulado con la IPS Reintegrar”, detalla Carolyn Ramos. En total, alcanzaron a caracterizar a unas 125 personas.

Este proceso generó quejas por parte de distintas personas que argumentan irregularidades en el certificado. “Estoy bastante preocupado por mi certificado de discapacidad porque contiene muchas irregularidades. No tenía el conocimiento que debería existir un intérprete garantizado para poder hacer mi certificado, y esa es una de las falencias”, asegura Victor Brito, un joven sordo de nacimiento. “Yo necesito que me repitan la certificación porque no estoy conforme  pero aun sigo en espera de la respuesta”, afirma. Manuela Daza, madre de un niño de dos años con síndrome de down, explica que “al niño nunca lo llamaron y de un momento a otro apareció la certificación. Deben ser cuidadosos para certificar que el niño tenga discapacidad. Tengo entendido que primero iban a recolectar los documentos, luego llamar a los familiares y luego iban a hacer un diagnóstico con el médico que estaba contratado y en ningún momento el niño fue valorado”.

Maureen Aragón agrega que ha recibido otras quejas relacionadas con  “algunos rangos exagerados” en el porcentaje global de discapacidad; la falta de intérpretes de señas para los jóvenes sordos pues sus cuidadores fueron quienes respondieron por ellos. Además, cuenta que seis personas aseguraron que recibieron certificados sin que los hubieran llamado para la valoración médica, y una persona sordociega fue certificada  como si tuviera una discapacidad múltiple. “La discapacidad múltiple es cuando una persona tiene de dos tipos en adelante pero él es solo sordociego”, dice Aragón. 

Carolyn Ramos explica que el certificado de discapacidad se expide luego de que el personal encargado sube la información al sistema del Ministerio de Salud. “Hicimos tres reuniones con usuarios e identificamos que no es lo que la persona diga ni el puntaje que les favorezca. La plataforma arroja el puntaje a través de una serie de preguntas: si asiste a reuniones solos, si come solo; con los menores de edad si son capaces de llevarse la comida a la boca. El cuidador o la persona que pueda responder va diciendo sí o no y eso arroja el puntaje”.

Por su parte, Rigoberto Vásquez, representante legal de la IPS Reintegrar, que fue contratada por 20 millones de pesos por la Alcaldía municipal, reconoce que hubo inconvenientes en el proceso.  “Hubo personas con inconvenientes y se corrigieron. Hubo inconvenientes con la virtualidad, por la pandemia algunas no se hicieron presencial”. Vásquez reitera que desde la entidad  todavía están dispuestos a resolver los problemas que existan. 

Organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad han cuestionado el proceso del certificado. Bubulina Moreno, una de las fundadoras de la Colectiva Polimorfas que defiende y promueve los derechos de las mujeres y niñas en diversidad funcional/discapacidad en Colombia, asegura que ya se está demandando el certificado porque hay preocupación que no esté respondiendo a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que ratificó Colombia en el año 2011. 

“Como lo están haciendo, está dejando de lado la reflexión sobre cuáles son esas necesidades que realmente tiene la población. Un certificado discapacidad no es para construir porcentajes y para incrementar las inhabilidades de las personas o lo que no puede hacer la persona. Se supone que un certificado de discapacidad lo que debe es visibilizar a la persona con discapacidad. Es decir, que diga discapacidad física y mi nombre y con solo eso me sirva para acceder a las respuestas afirmativas que debe hacer el Estado”, detalla Moreno.

¿Qué dice la gente?

• “Hay muchas barreras de tipo arquitectónico. Por ejemplo, en los supermercados, que son uno de los sitios que uno más frecuenta hay rampas pero con una pendiente demasiado exagerada, que no cumple con la norma. La norma establece que la persona usuaria de silla de ruedas debe acceder de manera autónoma, o sea, sin la ayuda de otra persona”, dice Leonardo Gámez, concejal del municipio e integrante de la Asociación de Personas con Discapacidad de San Juan del Cesar (Asodisan).
  
  Y agrega: “son situaciones que una persona con discapacidad usuaria de silla de ruedas se enfrenta y muchas veces las mismas personas se cohíben de salir porque van a encontrar las mismas barreras. Esto está limitando la participación de todas las personas con discapacidad”, lamenta. 

• “Afortunadamente yo tengo una profesión. Aprendí  desde los 20 años. Aquí el comercio me respaldó masivamente para hacer trabajos. Pero no ha habido apoyo de las empresas públicas y privadas del municipio. Estoy buscando para ver qué posibilidad hay en Cardenal Stereo”, dice Jaime Rangel. 

• “No hay palabras para expresar cómo es vivir con discapacidad en San Juan del Cesar. Es difícil. Nosotros queremos que poquito a poco las cosas vayan cambiando y vivir de una manera integrada. No está bien la desunión y que no nos tengan incluidos en ciertos proyectos. Muchas empresas no nos dan un empleo porque nos ven como un riesgo para la misma empresa, porque piensan que no podemos cumplir con un horario o las labores asignadas. Aun así somos personas estudiadas”, asegura Víctor Brito.

• “Uno con discapacidad no vive igual que tener sus órganos completos. Para vivir con discapacidad acá uno debe tener demasiado cuidado. A mí me hace falta el ojo izquierdo, no tengo reflejos. Toca tener cuidado de los carros, las motos, estar pendiente al cruzar la calle. Es muy difícil conseguir para uno un empleo con una discapacidad”, detalla Carlos García. 

• “El niño tiene dos años y la familia lo hemos rodeado mucho. No ha existido dificultad alguna hasta el momento por su discapacidad”, dice Manuela Daza. Sin embargo, para ella se debe garantizar el bienestar y la inclusión para las personas con discapacidad. “La rampa para las personas que tiene problemas de movilidad; en todas las empresas debe existir una persona que sirva de intérprete para las personas que sufren de discapacidad auditiva, el sistema braille y lenguaje de señas deben conocerlo los padres de familia y la comunidad en general y se deben implementar mejores recursos para que sean mejor atendidas cada día más porque de esto depende el progreso de su condición”, detalla.

Una política pública: ¿la solución?

En 2020 fue aprobada la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social en el municipio de San Juan del Cesar. Con esta se ha logrado la vinculación en la Alcaldía de un enlace de las personas con discapacidad y la presencia de un intérprete en lengua de señas para lograr la participación de las personas sordas. Sin embargo, de los 12 principios que rigen esta política gubernamental, entre las que se encuentran la corresponsabilidad social, la no discriminación, garantizar recursos financieros y acceso a la salud, una de las más rezagadas es la accesibilidad.

“Estamos iniciando un proceso de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad, donde estamos apoyándonos con la Universidad Autónoma de Manizales por medio de las que gestionamos unos cursos en particular de manipulación de alimentos”, detalla Leonardo Gamez, concejal e impulsor de la política pública. Pero “en el tema de la accesibilidad tenemos mucho por hacer y por eso vamos a citar al jefe de Planeación municipal para que nos vaya enviando un informe sobre qué tanto se ha logrado en el tema, principalmente”, afirma. 

Para Víctor Brito, el cambio de mentalidad debe ser impulsado por la administración municipal. “Es muy importante que la Alcaldía esté capacitada para saber en qué proyectos nos puede incluir, ya que somos conscientes de que no en todas las cosas podemos participar. Pero sí deben empezar a tenernos en cuenta en capacitaciones, charlas, para lograr generar que otras empresas y la población nos apoye”, dice.

Por su parte, la enlace de Discapacidad Aragón asegura que además se debe aumentar la gestión de los gobiernos a nivel municipal, departamental y nacional. “Todo lo que dicen es ‘no hay plata’. Así cómo puede avanzar uno, capacitar e instruir a las personas para que hagan bien las cosas. Necesitamos que nos escuchen, que nos presten atención pero no a cuenta gotas”, dice. 

Bubulina Moreno es crítica al respecto de las leyes y documentos que se han expedido para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. “El problema radica en que muchas veces las normas se quedan en el papel y no se materializan. En el caso de discapacidad no vemos voluntad política”, añade. Para ella es clave que se tenga como lineamiento principal la Convención ratificada en 2011 e intentar aterrizar en los territorios, como el municipio de San Juan del Cesar.

“Es decir, si la Convención dice qué la educación inclusiva es un derecho en Colombia, debe responder a ese derecho incluyendo a niños, niñas y adolescentes con discapacidad en sus aulas regulares. Así como brindarles los apoyos necesarios para que puedan estar y compartir con los demás compañeros y compañeras de aula. Independientemente de la discapacidad que tengan”.

Lo que sigue

Maureen Aragón presentará un documento ante el Ministerio de Salud recogiendo las quejas que hasta el momento se han presentado en el municipio con el certificado de discapacidad. En las próximas semanas además se realizará una jornada para obtener este documento, con un cupo para 350 personas, a cargo de la IPS Púrpura y el enlace Aragón, quien gestionó el proceso. 

Hasta el momento se desconocen las fechas de la segunda etapa en el municipio para obtener los certificados de discapacidad, pues hasta la fecha el alcalde Álvaro Díaz no ha realizado reuniones de planeación sobre el tema y se desconoce el presupuesto que va a aportar su administración. 

Mientras esto se da, las personas con discapacidad en el municipio esperan que las autoridades y las empresas se capaciten para que entiendan que “una persona a pesar de que tenga una discapacidad no deja de ser un ser humano y representar cosas positivas, y así poder sentirnos útil ante la sociedad”, puntualiza Jaime Rangel.