Cuando se encuentra estable, Leti Rengifo toma sus medicamentos, asiste a las citas médicas y puede encargarse de algunas actividades cotidianas. Su familia asegura que durante esos periodos no presenta alteraciones graves en su comportamiento y acepta con mayor facilidad la ayuda de quienes la rodean.
Sin embargo, cuando el tratamiento se interrumpe, la situación cambia. Leti puede volverse desconfiada, rechazar los medicamentos y creer que quienes intentan ayudarla buscan perseguirla o hacerle daño. Para su familia, estos periodos de crisis no solo reflejan la complejidad de su condición, sino también las dificultades que enfrentan para acceder a una atención continua que garantice la estabilidad de su tratamiento.
Leti fue diagnosticada con esquizofrenia durante su adolescencia; desde entonces, su familia ha tenido que transitar por procesos que desconocía y aprender a acompañarla en medio de las crisis. Durante uno de estos episodios, la Alcaldía de Tadó intervino y adelantó gestiones con su EPS para trasladarla a Bogotá. De acuerdo con la familia, permaneció internada en una institución especializada, pero regresó al municipio antes de lo que esperaban.
Una de sus familiares explicó que les informaron que la clínica sería remodelada y que, para los profesionales que la atendían, Leti ya había presentado una mejoría suficiente para recibir el alta. “Cuando regresó, estuvo aproximadamente una semana con una buena conducta, pero después todo el proceso se vino abajo otra vez”, contó Carla Ramírez, una de sus familiares.
La familia reconoce que la intervención de la Alcaldía para conseguir el traslado fue eficiente. El problema, asegura, apareció en la continuidad del tratamiento. Según su testimonio, Nueva EPS no entregó oportunamente algunos de los medicamentos y, durante la hospitalización en Bogotá, los familiares tuvieron que comprarlos con sus propios recursos.
La denuncia se presenta en medio de una dificultad que afecta a otros usuarios del municipio. En marzo de 2026, Consonante documentó que Nueva EPS había suspendido parcialmente la entrega de medicamentos en Tadó desde el 11 de octubre de 2025. La IPS encargada de dispensarlos afirmó entonces que los problemas contractuales y financieros le impedían mantener el servicio y que solo estaba atendiendo a algunos grupos priorizados.
Esta situación contrasta con las obligaciones establecidas en la legislación colombiana. La Ley 2460 de 2025 señala que las entidades responsables de la atención deben asegurar la continuidad de los tratamientos de salud mental y no pueden suspender la formulación o dispensación de medicamentos, salvo por decisión del paciente o del médico tratante, con el consentimiento correspondiente.
Un sistema que responde, pero con limitaciones
Desde el Hospital San José de Tadó, el psicólogo Jeffrey Rentería explicó que la institución brinda atención psicológica tanto a los usuarios remitidos por las EPS con convenio como a quienes ingresan por el servicio de urgencias: “Si una persona llega por urgencias y requiere acompañamiento emocional, inmediatamente se hace contacto con el área de psicología”, afirma.
El profesional indicó que diariamente atienden entre 10 y 15 pacientes en consulta psicológica. Además, cada mes ingresan por urgencias entre cinco y diez personas con afectaciones de salud mental.
El hospital también atiende casos de intento de suicidio y remite a psiquiatría. “Hemos tenido varios casos y, cuando requieren atención especializada, se realizan las remisiones al servicio de psiquiatría”, señala Rentería.
De acuerdo con el psicólogo, entre 2024 y 2026 entre 50 y 60 pacientes fueron remitidos para recibir valoración especializada. Actualmente, el hospital cuenta con un psicólogo general, una trabajadora social y el apoyo de los Equipos Básicos de Salud y del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC), que desarrollan actividades en las zonas urbana y rural. A pesar de estos esfuerzos, el municipio no dispone de atención psiquiátrica permanente.
Las limitaciones que enfrenta Tadó se repiten en otros municipios chocoanos. Una investigación publicada en 2023 por la Revista Panamericana de Salud Pública estimó que cerca del 20 por ciento de los municipios del departamento no contaba con servicios de salud mental habilitados. En el estudio, realizado con 41 profesionales asistenciales y administrativos, el 73,17 por ciento señaló la dispersión geográfica como una barrera para implementar la atención; el 48,78 por ciento mencionó el bajo acceso a internet y la misma proporción, el poco conocimiento de los programas por parte de quienes toman decisiones.
“Si tuviéramos un psiquiatra por parte de Comfachocó o de la Nueva EPS aquí en el municipio, los procesos serían más fáciles y la población tendría un acceso mucho más directo”, afirma Brenda Juliet Mosquera, secretaria general y coordinadora de Salud y Educación de Tadó.
Mosquera explicó que la prestación de la atención especializada no depende directamente del municipio, sino de las entidades promotoras de salud (EPS). No obstante, aseguró que la administración municipal intenta avanzar en las responsabilidades que le corresponden. Desde la Secretaría de Salud se desarrollan actividades de promoción de la salud mental, prevención y orientación a las familias, especialmente en comunidades afectadas por el conflicto armado.
“Hemos hecho mucha atención tanto en el Alto San Juan como en el casco urbano. En el Alto San Juan las intervenciones han sido prioritarias por el conflicto armado. Nosotros trabajamos la prevención, las rutas de atención y algunas orientaciones, porque no somos prestadores de servicios de salud”, explicó. Según la funcionaria, alrededor de seis personas han sido remitidas a Quibdó para recibir atención especializada este año.
También señaló que el departamento trabaja en la construcción de una política pública de salud mental que permita fortalecer la atención en todos los municipios del Chocó, incluido Tadó.
El conflicto armado profundiza esas brechas. En la encuesta del especial Dónde duele, realizada por Consonante a 1.297 personas de ocho municipios —entre ellos Quibdó y Bojayá—, el 48,5 por ciento consideró que la guerra había afectado la disponibilidad o la calidad de los servicios de salud mental en su territorio. Solo el 10,1 por ciento afirmó que había profesionales disponibles de manera permanente, mientras el 20,1 por ciento respondió que nunca los había y el 29,8 por ciento dijo desconocer si existían.
El personero municipal, Guillermo Andrés Panesso Córdoba, aseguró que existen rutas institucionales para atender estos casos y que la Personería interviene cuando se presentan vulneraciones de derechos: “Durante los últimos años hemos gestionado internamientos, medicamentos y citas especializadas para varias personas que presentan estas situaciones de manera recurrente”.
No obstante, señaló que la solución requiere el compromiso de todos los actores involucrados: “Tiene que existir corresponsabilidad. Las familias son los primeros respondientes y, en muchos casos, si los medicamentos se administraran oportunamente o se gestionaran a tiempo las citas, podrían evitarse varias de las crisis”.
El personero también reconoció que, en muchas ocasiones, las familias deben acudir a acciones de tutela para obtener medicamentos o conseguir que las EPS autoricen los tratamientos requeridos.
Este asunto no es menor, si se tiene en cuenta que Chocó es un departamento con una necesidad alta de atención de la salud mental. Uno de los síntomas más visibles se refleja en los intentos de suicidio. Según el Instituto Nacional de Salud, al 1 de noviembre de 2025, se habían notificado 139 casos de intento de suicidio, equivalentes a una tasa de 23,4 casos por cada 100.000 habitantes. Hace un par de años, en 2021, los casos conocidos fueron 77 y cada año han incrementado, hasta llegar al punto actual en el que se han duplicado.
La apuesta por la prevención
Para el profesor Gabriel Copete, docente del municipio, aunque Colombia cuenta con una política pública de salud mental, el reto continúa siendo implementarla de manera efectiva en los territorios.
Copete recordó que durante su labor educativa atendió numerosos casos relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas, los conflictos familiares, las dificultades económicas e intentos de suicidio. “Teníamos estudiantes con problemas de salud mental derivados del consumo de drogas, de las dificultades económicas, de problemas de alimentación e, incluso, conocimos casos de intento de suicidio”, relató.
El docente explicó que la estrategia consistía en realizar una valoración inicial, involucrar a las familias y activar las rutas con las EPS para garantizar la atención especializada: “Desde el colegio vinculábamos a la familia, la EPS, el Estado y la institución educativa. Ese trabajo conjunto permitió evitar que algunos estudiantes atentaran contra su vida”.
Sin embargo, considera que aún es necesario fortalecer la atención profesional dentro de las instituciones educativas. “Siempre hizo falta un psicólogo permanente que pudiera brindar atención especializada a los estudiantes. Nunca encontramos el respaldo suficiente para lograrlo”, recuerda.
Las cifras sobre conducta suicida también muestran la urgencia de fortalecer la prevención con enfoque territorial y étnico. En su capítulo sobre el Chocó del especial Donde Duele, Consonante evidenció, con base en datos del Ministerio de Salud, 174 suicidios en el departamento entre 2014 y 2024 y 905 intentos entre 2016 y 2024. Entre las muertes registradas, 34 correspondieron a menores de edad y 77 a personas de 18 a 30 años. El especial advierte, además, posibles problemas de subregistro: mientras las bases nacionales atribuían apenas tres suicidios a Bojayá en una década, la Dirección Local de Salud de la alcaldía de ese municipio conoció 17 casos entre 2018 y abril de 2024.
Aunque Tadó cuenta con rutas de atención y profesionales que trabajan en la promoción y el cuidado de la salud mental, las limitaciones del sistema siguen afectando la atención oportuna de quienes padecen este tipo de trastornos.
La ausencia de psiquiatras en el municipio, las demoras en la entrega de medicamentos, las dificultades para acceder a tratamientos especializados y la necesidad de fortalecer el acompañamiento familiar continúan siendo algunos de los principales desafíos.
La experiencia de Leti Rengifo muestra que la existencia de una ruta institucional no garantiza por sí sola una atención continua. Cuando el acceso a los medicamentos, las consultas especializadas o el seguimiento se interrumpe, las consecuencias recaen sobre las personas afectadas y sobre las familias que intentan acompañarlas con recursos y conocimientos limitados.
