Osmaira Nieves tardó casi 19 años en escuchar lo que siempre supo en silencio: que su hermano Luis Eduardo no era paramilitar, ni murió en un combate, como lo hicieron creer los uniformados, sino que fue asesinado por militares y presentado como miembro de las Auc. Ese día, frente a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), los responsables admitieron su mentira. “Durante 18 años yo siempre me apoyé en un periódico que compré, donde ellos relataron que lo mataron en un enfrentamiento. Pero ya confesaron que sí fueron ellos”, contó Osmaira.
Su historia es apenas una entre decenas de familias wiwa y campesinas que llevan casi dos décadas buscando la verdad ante una herida que no cierra: los asesinatos y desapariciones forzadas que, durante años, fueron presentados como bajas en combate por agentes del Estado. Esa verdad empezó a abrirse camino en el subcaso 03 de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que investiga lo ocurrido en el Batallón La Popa del Cesar.
Hoy, después de un largo recorrido dentro del modelo de justicia transicional, las familias de las víctimas y la comunidad Wiwa dan un paso más: impulsan la creación del Centro Integral Cultural y de Memoria Omonapa, un espacio pensado para preservar su cultura y, al mismo tiempo, reivindicar la dignidad de quienes fueron arrebatados por la violencia.
Ese anhelo de memoria y reparación encontró ayer un nuevo impulso. La JEP profirió sentencia contra 12 exintegrantes del Batallón de Artillería No. 2 ‘La Popa’, en Valledupar, al reconocerlos como máximos responsables de 135 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles presentados como ‘bajas en combate’ entre 2002 y 2005, en el norte del Cesar y el sur de La Guajira. Como parte de la sanción propia, los exmilitares deberán cumplir ocho años de restricción efectiva de la libertad y participar en seis proyectos restaurativos —conocidos como Toar, Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador o Restaurador—, concebidos para resarcir, en alguna medida, el dolor causado.
La sentencia precisa que uno de estos proyectos restaurativos será el Centro de Memoria Omonapa, sin embargo, las víctimas han manifestado su preocupación por uno de los posibles lotes donde el ente territorial ha propuesto su construcción. El terreno que la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar pretende donar se ubica en las viejas instalaciones del aeropuerto, a la salida del casco poblado del municipio vía a Villanueva.
Para Osmaira Nieves, el terreno ofrecido está lejos de representar una reparación. Por el contrario, teme que el proyecto termine convertido en un elefante blanco. “Es en una parte que no es segura, que no tiene las garantías para lo que nosotros queremos. Yo fui y eso está lleno de basura, desechos, es un lugar en el que se consumen sustancias psicoactivas”, relata. Y agrega con firmeza: “El alcalde tiene buena intención, que nos va a colaborar con el lote, pero esa mala fe de mandarnos para ese botadero del antiguo aeropuerto […] no lo merecemos”.
Nieves asegura que en el proceso de estructuración y elaboración del proyecto la JEP les preguntó cómo querían este Toar, dónde lo querían y para qué lo querían. “La respuesta fue: lo queremos en una vía visible, transitable. Lo queremos con todas sus adecuaciones, un espacio amplio, visible, donde la gente nos pueda ver, porque si nos van a esconder, como hemos estado durante 20 años escondidos, ¿para qué? No nos está haciendo nada”, expresó.
Por su parte Pedro Manuel Loperena, comisionado de derechos humanos del pueblo Wiwa, advirtió que el terreno ofrecido por la Alcaldía no es apto para levantar el centro de memoria, pues no se ajusta a las tradiciones de su comunidad. “Estuvimos con los mamos —líderes espirituales de las comunidades indígenas que habitan la Sierra Nevada de Santa Marta— consultando las condiciones del terreno y se concluyó que este no cumple con las condiciones porque han habido contaminaciones materiales y de otro tipo, por lo que habría que hacerle unas limpiezas espirituales”, expresó. Además, al pueblo Wiwa le preocupa que en esa misma zona se tienen proyectados planes para la escombrera municipal y, así, el centro de memoria quedaría opacado por las basuras.
Frente a esas dudas, las víctimas pusieron sobre la mesa una alternativa. Propusieron que el Centro de Memoria se construya en un terreno privado de 6,5 hectáreas a orillas del río Cesar, cerca de la troncal que une el sur de La Guajira con Valledupar. Allí, la comunidad indígena ya ha realizado encuentros y actividades colectivas, lo que refuerza el sentido comunitario del espacio. Para los Wiwa, levantar el Toar en ese lugar significaría cumplir también con el sueño de sus mamos: avanzar en la ampliación del resguardo Kogui y Malayo hacia la Línea Negra, el límite ancestral que resguarda la vida y el territorio de los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
“Está prácticamente en sentido contrario, hacia la Sierra Nevada de Santa Marta, llena todas las garantías y está adecuado para poder realizar este tipo de actividad, cuenta con los servicios básicos, mientras que el otro no tiene nada. El que estamos poniendo sobre la mesa cuenta con infraestructura, seguridad y arborización”, señala Loperena.
Omonapa, una propuesta de restauración Wiwa
El Centro Integral Cultural y de Memoria Omonapa nació como una petición directa del pueblo Wiwa a la JEP, en el marco del proceso sancionatorio contra los 12 exintegrantes del Batallón La Popa. La solicitud buscaba honrar la memoria de Carlos Mario Navarro Montaño, Luis Eduardo Oñate, Noemí Pacheco y Leovigildo Montero, cuatro personas indígenas que fueron asesinadas y presentadas como miembros de grupos ilegales.
El centro de armonización llevará el nombre de Omonapa de manera simbólica. Las letras que lo componen llevan consigo la historia de las cuatro víctimas del pueblo Wiwa: cada una representa las iniciales de los apellidos de los cuatro jóvenes asesinados (Oñate, Montero, Navarro y Pacheco).
“A estos jóvenes no los mataron por haber agarrado malos caminos. En este centro se pretende rendir homenaje a jóvenes inocentes, a quienes les truncaron sus sueños. Ellos no alcanzaron a tener una casa y dejaron unas familias que hoy aún sufren”, cuenta Osmaira Nieves.
Desde el comienzo, esta víctima cuestionó con firmeza la propuesta inicial de los comparecientes para reparar el daño. “La reparación que ellos querían hacer era una placa, un arreglo de vías. Mi hermano no era una carretera, nuestro familiar no era un parque, no era una casa y mucho menos un terreno”, recuerda.
Los responsables de esos crímenes son Guillermo Gutiérrez Riveros, Heber Hernán Gómez Naranjo, Efraín Andrade Perea, Manuel Valentín Padilla Espitia, Carlos Andrés Lora Cabrales, Eduart Gustavo Álvarez Mejía, José de Jesús Rueda Quintero, Elkin Leonardo Burgos Suárez, Elkin Rojas, Yeris Andrés Gómez Coronel, Alex José Mercado Sierra y Juan Carlos Soto Sepúlveda. Hoy, los 12 exmilitares tienen entre 47 y 60 años y deberán responder ante la justicia restaurativa de la JEP.
Inicialmente las víctimas de la región Caribe presentaron 117 solicitudes de reparación a la JEP, entre ellas el Pueblo Wiwa, el Pueblo Kankuamo, los Consejos Comunitarios José Prudencio Padilla y Kusuto Ma-Gende, así como otras víctimas individuales. Según le precisó la JEP a Consonante, durante meses, las propuestas se revisaron y ese trabajo dio como resultado la selección preliminar de 11 iniciativas que harían parte del proceso restaurativo para las víctimas.
En aras de seguir priorizando estas iniciativas, la JEP impulsó un proceso participativo que incluyó mesas interinstitucionales, audiencias restaurativas y diligencias participativas con las víctimas entre 2024 y 2025. “En este espacio se perfilaron ocho proyectos restaurativos, organizados en tres líneas priorizadas: infraestructura comunitaria, memoria y dignificación, y productividad y generación de ingresos”, señaló Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP. Finalmente, la sentencia ordenó realizar seis proyectos.
Dentro de este proceso, las víctimas y autoridades del pueblo Wiwa priorizaron el Centro Integral Cultural y de Memoria Omonapa, el cual se proyecta como un espacio multipropósito, destinado a la dignificación del pueblo Wiwa y a la preservación de su cultura, memoria y espiritualidad.
Más que una reparación simbólica
El comisionado Wiwa, precisó que la comunidad esperaba que la reparación no solo fuera simbólica, sino que también sirviera para atender la situación de vulnerabilidad económica de este pueblo. “El conflicto les había sumergido —a los familiares de las víctimas— en una crisis social, económica y los había empobrecido, les tocó abandonar muchas cosas que tenían en sus comunidades y más las estigmaciones que enfrentaron por el asesinato de sus familiares”, cuenta.
La JEP explicó que el proyecto busca contribuir a la recuperación y dignificación del buen nombre del pueblo Wiwa, superar la estigmatización histórica y rescatar su cultura ancestral. La meta es consolidar en San Juan del Cesar un espacio seguro, visible y abierto, “que sirva como punto de encuentro cultural, educativo, espiritual y turístico”.
Para alcanzar esto, el centro contará con tres enfoques: uno, cultural y de memoria —con áreas de encuentro comunitario, educativo y espiritual—; otro, para el fortalecimiento económico —con emprendimientos liderados por el pueblo Wiwa y huertas comunitarias—; y finalmente encuentros restaurativos —espacios de diálogo para vincular a los comparecientes—.
“De esta manera, la comunidad de San Juan del Cesar y el Pueblo Wiwa se encontrarán con un centro vivo, inclusivo y reparador, que no sólo preservará la memoria y la cultura, sino que también promoverá el desarrollo comunitario, la sostenibilidad del territorio y la reconciliación”, precisó la JEP.
El pueblo Wiwa también ha buscado que el espacio del lote les permita construir viviendas para las víctimas y oficinas para consolidar temas de derechos humanos y derechos de las mujeres. “Queremos que haya unas galerías donde se pondría la memoria del pueblo Wiwa por escrito a través de imágenes y haciendo una línea de tiempo porque eso hay que contárselo a los jóvenes”, agrega Loperena, quien espera que ese espacio también sirva como hogar para los mamos cuando bajen de la Sierra.
Por su parte, Osmaira Nieves considera que el centro de memoria representa un reconocimiento para todas las víctimas. “Para mí significa mucho. Es un reconocimiento no solo para mí y para mi familia, sino para las 6.402 víctimas. Porque todas fueron ejecutadas del mismo modo y todas lloramos con impotencia. Las recordamos todavía con impotencia”, señaló.
Sin embargo, reclama falta compromiso con las víctimas por parte del alcalde, Cubita Enrique Camilo Urbina Suárez. Según ella, el funcionario no ha asistido a las audiencias ni a las visitas previas a los terrenos propuestos para la construcción de este centro y en su lugar ha mandado a funcionarios del despacho. “No es lo mismo hablar con un delegado, que hablar con el alcalde directamente porque ellos no toman decisiones, ellos solo llevan el mensaje y no sabemos cómo llega ese mensaje”, insiste.
Consonante busco a Rafael Humberto Frías, secretario de Planeación municipal, para conocer la visión de la Alcaldía de San Juan sobre los reclamos de la comunidad Wiwa alrededor del predio para ser reparados. A pesar de insistir y compartirle las preguntas, no respondió.
Una tensión en estudio
Harvey Danilo Suárez, secretario ejecutivo de la JEP, le precisó a Consonante que el proceso de adquisición del predio no se encuentra definido ni cerrado, y se mantiene en fase de análisis e identificación. Según la JEP, este proyecto restaurativo se encuentra en la etapa de identificación y disposición de los predios, así como en la identificación y concreción de la oferta institucional que permitirá su implementación.
El pasado 15 de agosto se llevó a cabo una reunión en el municipio para identificar posibles terrenos, allí estuvo la JEP, la Alcaldía municipal, víctimas y representantes del Pueblo Wiwa. Como resultado, sobre la mesa quedaron los dos posibles lotes: de un lado, el propuesto por la Alcaldía y del otro lado, el que espera la comunidad indígena.
“En ambos casos, la JEP ha considerado que se trata de alternativas complementarias, cuyo avance requiere adelantar gestiones adicionales como avalúos, peritajes técnicos y articulación con entidades competentes, entre ellas la Gobernación de La Guajira”, respondió la entidad. También precisó que, para definir el predio definitivo, será necesario trazar una ruta de trabajo interinstitucional en la que participen la Gobernación, la Alcaldía y otras entidades, manteniendo siempre un diálogo con las víctimas y las autoridades étnicas.
Con la sentencia ya emitida, el principal avance que resalta este tribunal transicional es la definición de un listado detallado de las actividades en las que deberán participar los comparecientes para la construcción y dotación del centro. Estas incluyen desde la preparación y adecuación del terreno hasta la edificación de la infraestructura física, la creación de senderos y rutas ecológicas, y labores de jardinería.
En busca de recursos
Hoy, la comunidad Wiwa y los familiares de las víctimas siguen esperando una respuesta definitiva sobre el terreno y los recursos que permitirán levantar el Centro Omonapa. La incertidumbre sobre la financiación, advertida incluso por la Contraloría General, refleja las fragilidades de un sistema que necesita más de 500 mil millones de pesos para garantizar reparaciones, cumplir sentencias y materializar las sanciones propias.
En medio de esas dudas, lo que permanece intacto es la convicción de las víctimas de que la memoria debe construirse con dignidad y no con migajas. Para ellas, el Centro Omonapa no es solo un edificio: es la posibilidad de transformar el dolor en un legado colectivo. Y si el Estado no logra cumplir con ese compromiso, lo que fracasa no es únicamente un proyecto, sino la promesa de que la paz pueda tener, de verdad, un sentido restaurador.
"No tenemos la certeza, pero tenemos el entusiasmo y la ilusión. Quien debe de tener la certeza y la responsabilidad que eso se dé es la JEP. Son ellos los que deben estar un poco estresados, preocupados por esos temas porque si los Toar, no se dan el tema de proceso de paz con sentido restaurador para la víctima fracasa", concluyó Loperena.
