Desde el 2017 la concesión Millennium Sistems S.A.S se encarga del manejo y la administración del tránsito en Fonseca. Sin embargo, esta empresa lleva 8 años sin rendir informes de gestión, se desconoce cuánto ha recibido en concepto de multas y no responde a los derechos de petición. Todo esto se suma a que en el municipio no hay regulación del tráfico vehicular ni un plan de seguridad vial.
En debate de control político, el pasado 25 de febrero, los concejales discutieron por qué los ingresos siguen en manos de un privado y algunos plantearon desligarse de la concesión: “Quién responde por el parqueadero, se necesita un otrosí con las dos partes, la Alcaldía y el consorcio, pero acá hay mala fe”, dijo Jesús Cobo, líder social del municipio de Fonseca.
Lo mismo cuestionó Zunilda González, politóloga y docente del municipio: “Un problema grave de Fonseca es la movilidad, acá nos han atracado, tenemos un tránsito que hace y deshace y hay que denunciarlo. Van 9 años siendo incompetentes. Acá no hay regulación del tránsito y siguen los accidentes, no vamos a permitir más muertos ni heridos”.
Al contrato le restan otros 9 años (hasta 2034), pero con tantas quejas e incumplimiento de los acuerdos, algunos concejales y líderes proponen que la operación quede al 100 por ciento bajo el poder de la Alcaldía de Fonseca. En este momento, según el contrato, la concesión recibe el 60 por ciento de los ingresos.
Y aunque el alcalde Micher Pérez, en octubre de 2023, había prometido la salida de esta concesión, ha pasado más de un año sin que esto se cumpla. “Estamos viendo como le cumplimos al municipio esa petición, que esa concesión se vaya del municipio de Fonseca”, dijo en su momento.
Desde Consonante revisamos el contrato de creación del Instituto de Tránsito Municipal (Instrafon) y la concesión con Millennium Sistems, documento que se había solicitado por derecho de petición en varias oportunidades y nos habían negado. Además, consultamos con analistas las implicaciones de la falta de transparencia sobre dineros que son públicos, así como la importancia de que se exija a los municipios planes de seguridad vial y de velocidad. (Acá puede consultar el contrato completo)
¿Qué dice el contrato?
El 7 de junio de 2010 se creó el Instituto de Tránsito y Transporte del municipio de Fonseca (Instrafon) y desde ese momento se destinó una concesión “para escoger la compañía o entidad más efectiva para el proceso”. (Puede consultar la página 34).
Desde enero de 2014 y hasta enero de 2017 esa concesión estuvo a cargo de la Unión Temporal Tránsito de Fonseca Unitraf. Y para ese último año fue cedida a Millenium Sistems S.A.S con Nit 900442978-9 representada por Carlos Peñaloza Sarmiento, quien se presenta en Linkedin como actual presidente de la compañía.
Millenium fue constituida en el 2011, con domicilio en Bogotá. Dentro de su objeto social se encuentran todas las actividades de tránsito, tráfico y movilidad así como los sistemas de detección electrónica. Tiene un capital de $1.200.000.000, activos por $826.000.000 y un patrimonio de $748.000.000. Además, para la aceptación de esta concesión presentó experiencia en Tránsito con la Alcaldía Municipal de Turbo (Antioquia), Zulia (Norte de Santander), Planeta Rica (Córdoba), Codazzi (Cesar) y Bosconia (Cesar).
La concesión fue establecida por 20 años en la alcaldía de Pedro Segundo Manjarrez (2014), es decir que aún le quedarían 9 años de gestión a Millenium Sistems. El contrato indica que aunque la cuantía es indeterminada, para efectos fiscales se estableció un monto de 200.000.000 de pesos anuales. (página 94).
¿Cuál es la participación del consorcio? ¿Qué implicaciones tiene?
El Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca entregó a la concesión las siguientes rentas y conceptos: “Participación al concesionario sobre los ingresos brutos de los comparendos, multas y sanciones de infracciones de tránsito (60 por ciento) y por la participación al concesionario sobre los demás ingresos del instituto (50 por ciento)”. En el mismo, se exige una garantía (a favor de Instrafon) del 10 por ciento sobre el valor del contrato.
Desde ahí, según expertos consultados, se están excediendo los límites de la participación. “Un municipio o un distrito puede contratar a privados para la ubicación de cámaras, pero la ley limita que solo le pueden dejar el 10 por ciento del recaudo. Tiene que quedar la mayoría del recaudo o el 90 por ciento en la autoridad de tránsito municipal o distrital. Se están excediendo los límites”, puntualiza Dario Hidalgo, ingeniero industrial e investigador y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana.
"Un municipio o un distrito puede contratar a privados para la ubicación de cámaras, pero la ley limita que solo le pueden dejar el 10 por ciento del recaudo. Tiene que quedar la mayoría del recaudo o el 90 por ciento en la autoridad de tránsito municipal o distrital. Se están excediendo los límites"
Dario Hidalgo, ingeniero industrial e investigador y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana
Hidalgo agrega que el privado puede ayudar, apoyar y facilitar el proceso, pero quien expide una orden de comparendo tiene que ser la autoridad de tránsito, ya sea por un agente o por dispositivos electrónicos. “La responsabilidad sigue siendo del municipio, independientemente si hay un consorcio. El municipio o en ese caso las administraciones o las alcaldías son las que deben garantizar el cumplimiento y encargarse de los balances y el control de los recaudos por multas”, resalta el docente Hidalgo, quien ha sido asesor en movilidad sostenible y seguridad vial por más de 33 años en América Latina, Asia y África.
Por su parte, Óscar Pérez, concejal electo de Fonseca, cuestiona los montos de la participación de la concesión: “El hecho de que la concesión reciba el 60 por ciento de lo recaudado implica que el municipio no pueda hacer las inversiones necesarias y a tiempo. Al Instituto de Tránsito solo le llega el 40 por ciento, y estos nunca nos han brindado un informe que diga en qué se ha invertido ese dinero”.
¿Qué funciones tiene el Instituto de Tránsito y Transporte de Fonseca y Millennium Sistems?
Las funciones de Instrafon se dividen en diseñar programas y proyectos de conformidad con las políticas en materia de tránsito y transporte. Promover y adelantar campañas de educación. Expedir licencias de tránsito y placas a los vehículos registrados. (Página 4).
En el contrato se menciona que Instrafon debe velar por la seguridad de las personas en las vías públicas, así como dirigir y controlar todo lo relacionado con el transporte y el tránsito. “Dentro del patrimonio se encuentra todo lo producido por las multas, sanciones y comparendos por infracciones a las normas del Código Nacional de Tránsito. El Instrafon es una entidad pública descentralizada del orden municipal, con patrimonio propio y autonomía administrativa financiera”, indica el documento.
Por su parte, la concesión Millennium Sistems quedó a cargo de: la implementación, la operación y el mantenimiento del sistema integral de información, soporte técnico, agentes de tránsito, administración de patio, gruas, centro teórico- práctico, administración de recursos humanos, administrativos y de tránsito, recaudo ordinario de los recursos, cobro prejuridico y coactivo de todos los trámites de tránsito previstos en las normas legales y reglamentarias. (Página 34).
La concesión se encarga además de la administración del registro nacional de automotores, conductores, infractores, del sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito y el apoyo a los procesos de cobro prejurídico y coactivo.
¿Qué cláusulas penales y multas hay contra el consorcio por incumplimientos?
Por caducidad del contrato o por el incumplimiento del concesionario la pena pecuniaria será del 10% del contrato (Página 96). “Se considera hechos imputables al concesionario las acciones y omisiones de su personal, sus asesores, subcontratistas o proveedores, así como de personal de estos, que produzca deficiencia a incumplimiento en los diseños, materiales y servicios objetos del contrato”, dice el documento. Y agrega que Instrafon está libre de las demandas reclamaciones o acciones legales que sean responsabilidad del concesionario.
El acuerdo puntualiza que Millennium Sistems sí debe presentar informes bimensuales de su gestión y asistir a las reuniones que se convoquen con anticipación por el instituto o el interventor para verificar la ejecución del contrato. Esta última parte, según se ha denunciado desde el Concejo de Fonseca, nunca se ha cumplido.
El ingeniero e investigador Dario Hidalgo indica que de presentarse alguna irregularidad debe entrar en verificación de los organismos de control: “Entra en investigación de la Procuraduría en el tema disciplinario, de la Contraloría en el tema fiscal de recursos y, por su parte, la Superintendencia de Transporte hace la vigilancia de las autoridades de tránsito y sus agentes”.
“La comunidad puede presentar una queja ante la administración municipal fundamentando la falta de transparencia, de información y la autoridad municipal debería dar respuesta. Los concejales pueden elevar una queja ante las autoridades de control”, agrega.
"La comunidad puede presentar una queja ante la administración municipal fundamentando la falta de transparencia, de información y la autoridad municipal debería dar respuesta. Los concejales pueden elevar una queja ante las autoridades de control"
Dario Hidalgo, ingeniero industrial e investigador y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana
El concejal Eiman Guerra sostiene que en el pasado debate de control político se mencionó que se necesita la presencia de los organismos de control. “Se debe poner lupa sobre estos temas, y quién sea responsable debe responder y pagar. Desconozco de alguna sanción o multa contra la concesión. Hay mucha complacencia con los socios, quizá por intereses políticos”, denuncia.
“La solución no es acabar con el tránsito municipal, realmente lo que hay que hacer es exigirle que cumpla con las cláusulas consignadas en el contrato, y que la junta directiva sea responsable con lo que le corresponde. Hay un desorden administrativo y operativo, Fonseca merece la operatividad de un buen instituto de tránsito”, puntualiza.
¿Por qué en algunas ciudades hay un tránsito privado y otros público- privados?
El ingeniero y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana, Dario Hidalgo, indica que en Colombia es común que la delegación de trámites y gestión de tránsito se otorgue a agentes privados mediante procesos de concesión, pero advierte que el municipio debe mantener el control. “El tema clave son los procedimientos y trámites porque requiere de un contrato bien estructurado con información que le permita al municipio tener control sobre todos los procesos. Se delega es la realización de los trámites, pero la autoridad sigue siendo el municipio, debe ser solo un agente privado que contribuye a los objetivos del Estado”.
“Es decir, no se exime a la autoridad del conocimiento que corresponda a los trámites de tránsito como la expedición de licencias, el registro de la matrícula de los vehículos, el procedimiento e infracciones de tránsito. Esos temas pueden delegarse, pero es importante que el municipio mantenga el control sobre la información”, agrega Hidalgo.
"No se exime a la autoridad del conocimiento que corresponda a los trámites de tránsito como la expedición de licencias, el registro de la matrícula de los vehículos, el procedimiento e infracciones de tránsito"
Dario Hidalgo, ingeniero industrial e investigador y profesor de transporte y logística de la Universidad Javeriana
En estos trámites de tránsito estarían la expedición de licencias, el registro de la matrícula de los vehículos, el procesamiento de infracciones, que, según Hidalgo, deberían estar bajo el control del municipio con el fin de que cada administración local conozca el monto del recaudo, el número de trámites y cómo son los procesos.
“Las grandes ciudades como Bogotá y Medellín, que también tienen tercerización, presentan informes muy completos de cada uno de los trámites y del recaudo, la tipificación de las multas y quiénes son objeto de estas. En el caso de Bogotá está privatizado el trámite de las licencias de conducción y registro de los vehículos, pero las multas las maneja directamente la Secretaría de Movilidad”, agrega.
¿Qué implicaciones tiene que no haya claridad de los recursos y fondos?
Cristina Annear, abogada e investigadora de Dejusticia, señala que la falta de transparencia no permite a la ciudadanía participar y hacer veeduría sobre si la gestión de la administración. “Toda esa falta de información hace que haya menos legitimidad sobre su efectividad y posibilita que aumente el discurso de que esto es un negocio y que los municipios solo se llenan los bolsillos a costa de los ciudadanos”.
“Hay dos grandes implicaciones negativas que tiene esta falta de transparencia. La primera es que eso imposibilita que haya control ciudadano sobre las multas, conocer en qué tramos es donde hay más siniestralidad vial, entre otros. Y el segundo es que no permite la colaboración entre autoridades”, sostiene.
El concejal Óscar Pérez también pide que se dé claridad de los recursos: “Lo que necesitamos es que el Instituto de Tránsito funcione como debe ser, que se le diga la verdad a la comunidad, que haya agentes debidamente preparados y certificados para esta labor. El pueblo debe saber qué ha pasado con los dineros”.
¿Qué pasa en los municipios en los que no hay planes de seguridad vial ni de control de velocidad?
La ley 22 52 de 2022 (Julián Esteban) da un plazo de dos años para que los municipios presenten los planes de seguridad vial y de gestión de la velocidad. Esos dos años se cumplen en julio. Sin embargo, los expertos consultados consideran que las Secretarías de Movilidad no tienen las mismas capacidades para hacer estos planes y es posible que no todos cumplan. En el caso de Fonseca no hay todavía un plan.
Hidalgo sostiene que un municipio tiene dos posibilidades para el control del comportamiento en el tránsito. La primera, hacer un convenio con la Policía Nacional que tiene una dirección de Tránsito Nacional y, la segunda, la creación de un cuerpo de policía de tránsito civil, como funciona en Medellín y Bogotá donde hay agentes azules que son funcionarios de la administración.
“Las autoridades locales pueden hacer uso de dispositivos electrónicos de control de infracciones, pero para eso tienen que seguir un proceso normado y con autorización del gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, porque la ubicación de las cámaras debe obedecer a criterios de siniestralidad vial. No se pueden poner cámaras de cualquier manera”, agrega.
¿Por qué las sanciones, controles y medidas policivas son necesarias?
El profesor e investigador Dario Hidalgo sostiene que las campañas de divulgación deben estar acompañadas de actividades de control. “De nada sirve decirle a los conductores de Fonseca que usen el casco si después la autoridad no controla ese uso”, puntualiza.
Hidalgo además plantea seguir las recomendaciones del Plan Nacional de Seguridad Vial: una infraestructura segura, reductores en avenidas y calles donde hay alta circulación peatonal y buena señalización, entre otros. “Cuando se avanza en infraestructura con diseño seguro, se tienen vehículos de mejores condiciones para circular en las vías y se controla el comportamiento, disminuyen las muertes y los heridos en el tráfico”. El experto agrega que los recursos que provienen de multas deberían estar destinados para la señalización, semaforización y el mantenimiento: “Las multas no están para recaudar, no es su objetivo central, están para disuadir los comportamientos riesgosos”, puntualiza.
Por su parte Juan Pablo Bocarejo, ingeniero civil de la Universidad de los Andes y exsecretario de Movilidad de Bogotá, indica que la seguridad vial es un tema de salud pública. “La ley ordena una regulación porque estamos hablando de salud pública. Los siniestros viales son la principal causa de fatalidad de los jóvenes en Colombia, tanto en las ciudades como en municipios”.
“No es suficiente expedir las normas, necesitamos primero una mejor infraestructura, una mejor ingeniería, señalización, reductores de velocidad y una geometría de las vías adecuadas. También necesitamos una mejor educación y actitud de los conductores”. Por ello, Bocarejo plantea trabajar en formación y campañas de divulgación.
