El pasado 17 de septiembre el ELN ejecutó un atentado contra la base militar en Puerto Jordán, Arauca, que dejó 27 soldados heridos y dos personas muertas. Aun cuando la guerrilla no se había atribuido la responsabilidad del hecho, el presidente Gustavo Petro anunció que se levantaba la mesa de conversación instalada un año atrás.
Arauca, sin embargo, no fue el único departamento en el que se reportó un ataque de la guerrilla. Justo antes del anuncio del gobierno, en horas de la noche del domingo 15 de septiembre, la ciudadanía de El Carmen de Atrato escuchó un estallido en el comando de la policía de la vereda El 7.
Según comentaron los vecinos, fue un petardo arrojado por personas que huyeron después en una moto. Al día siguiente revisaron unos volantes presuntamente firmados por la guerrilla.
Desde junio de 2023 las partes llegaron a un acuerdo preliminar que planteaba el cese al fuego y la suspensión de acciones ofensivas de manera bilateral dentro del territorio nacional, buscando de manera temporal mejorar la situación de crisis humanitaria en poblaciones y territorios de confrontación.
Además, ese primer paso prometía propiciar la participación de la sociedad en el proceso, algo que no ocurrió.
Aprendizajes de los diálogos con las Farc-ep
“Necesitamos ‘despedetizar’ Colombia”, anticipa Marisol Sánchez de la plataforma del Campesinado de El Carmen de Atrato, una de las pocas organizaciones convocadas a los diálogos de paz entre el gobierno y el Eln.
Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial o PDET a los que se refiere la lideresa son el resultado de una selección de más de 170 municipios que, tras la firma del Acuerdo con las Farc-ep en 2016, quedaron priorizados para acceder a planes de desarrollo rural.
Pese a que El Carmen de Atrato es uno de los lugares del país con mayor número de víctimas, debido a la confrontación militar con la antigua guerrilla por control estratégico territorial e intereses extractivos, el municipio no ocupa un lugar en esa lista.
“Ahora, con el Eln, no queremos que vuelva a ocurrir lo mismo: los PDET abrieron una brecha aún más grande de inequidad y pobreza en el país”, dice Sánchez. “El Carmen de Atrato, a pesar de haber sido altamente afectado, no quedó incluido en esta calificación y las organizaciones sociales no podemos aspirar ahora a garantías. Por eso necesitamos una mayor participación en una mesa con el Eln”.
Hace más de un año que el Gobierno entabló la posibilidad de llegar a la paz con una guerrilla que, para la lideresa, desde los años 80 ha hecho una fuerte presencia. Todavía este territorio chocoano sigue en disputa activa entre actores armados legales e ilegales.
Según información de la defensoría del pueblo y de ACNUR, en la actualidad tienen una amplia presencia en El Carmen de Atrato y en la vía Quibdó-Medellín.
Desde años atrás la Comisión de la Verdad realizó encuentros con víctimas para hacer el ‘Reconocimiento a la dignidad del pueblo triétnico’. Varios espacios de reflexión y reivindicación histórica entre firmantes de paz y ciudadanía dejaron en evidencia los impactos en la población campesina, indígena y afrodescendiente, todavía notorios en las grietas del tejido social.
“La incidencia del Eln en El Carmen de Atrato ha sido súper, súper poderosa, por no llamarla de otra manera”, agrega Marisol Sánchez. “Este grupo ingresó al municipio desde el inicio de la década de los 80 y desde entonces empezaron a identificarse las primeras personas como guerrilla”, explica.
Tanto la zona urbana como rural fueron víctimas de enfrentamientos, homicidios, reclutamiento forzado y otros hechos victimizantes. Aunque muchos de estos se atribuyen al Ejército Revolucionario Guevarista (Erg), y así lo señala el informe ‘Jaūriperabu’ que refleja el miedo y daño causado por las violencias; para la ciudadanía carmeleña ese grupo no fue más que un ala disidente del Eln.
“Aparte del Erg, el Eln ha sido el grupo que más ha reclutado gente en las veredas de El Carmen de Atrato”, repara Sánchez. “Por eso fue aquí, yo creo, en donde más se fortalecieron. Los primeros desplazamientos en Guaduas fueron propiciados por el Eln: del sector La Trocha también se desplazaron muchas personas; hubo gente que no aguantó la presión y que cuando salía al pueblo la acusaban de ser informante. Mucha gente, incluso, fue detenida por el Ejército porque decían que esos campesinos informaban a la guerrilla”.
Por ese contexto es que las dos lideresas creen que, además de la participación civil en la mesa de diálogo, la voz del campesinado se tiene que escuchar. En palabras de Marisol Sánchez, el discurso en el departamento del Chocó se sigue centrando en temas étnicos, olvidando por completo la existencia de campesinos.
En esta guerra siempre quedamos los civiles en medio y por eso se requiere de un acuerdo humanitario ya, porque estamos cansados de no poder movilizarnos libremente, de vivir con miedo.
Líder campesina
Una mesa sin voces ciudadanas
Al incumplimiento del grupo armado ilegal con el cese al fuego, el secuestro extorsivo y los ataques, al fracaso de la mesa se sumó haber fallado a uno de sus compromisos: incluir voces ciudadanas. El gobierno tampoco obedeció a los líderes del Eln de retirarles de la lista de grupos armados organizados (GAO).
Desde que se fraguó la voluntad de las partes, la sociedad civil ha pedido un lugar para encontrar un fin a la guerra. Pero en las conversaciones que han tenido lugar en un año, solo dos tuvieron que ver con el Chocó, una en Quibdó y otra en Bogotá, y la ciudadanía no ha sido formalmente convocada.
Uno de esos espacios fue instalado por la Fundación Instituto para la Construcción de la Paz (FICONPAZ), un organismo de la Arquidiócesis de Bogotá, que ha sido garante del proceso a nivel nacional.
El segundo espacio de diálogo fue promovido por CONPAZ. En este fueron convocados consejeros y consejeras territoriales de paz de diversos municipios del Chocó. Pero no fue un espacio financiado por el gobierno sino por organizaciones religiosas. Allí participaron tres delegados municipales, dos de la Mesa de Víctimas y uno de ASOCOMUNAL.
En ambos, sin embargo, se escuchó una queja generalizada por la escasa convocatoria e inclusión de colectivos y otros sectores diversos.
“Me dejó muchos sinsabores porque no solo no invitaron a las organizaciones sino que mostró que tenemos un gran desconocimiento acerca del proceso de paz con el Eln. Nos presentaron avances importantes que hasta entonces eran desconocidos”, dice Marisol Sánchez.
En este espacio abordaron las violaciones de derechos y los hechos victimizantes ocurridos después del 3 de agosto del 2023, cuando se instaló la mesa. Fueron cuatro actores los que tuvieron protagonismo: el gobierno, la delegación del Eln, la iglesia y las personas de mecanismos internacionales de monitoreo y verificación. No las víctimas.
Dice Doris Elena Sánchez, integrante de la plataforma del Campesinado de El Carmen de Atrato, otra de las mujeres que participó del encuentro de socialización del tercer ciclo de la mesa de diálogos lo corrobora.
“La ciudadanía estaba preocupada por las garantías concretas que tienen las entidades gubernamentales para las comunidades étnicas y campesinas y para los mismos firmantes de paz de las Farc-ep, porque para nadie es un secreto que ellos corren un riesgo. Ya se ha visto la historia de Colombia”, cuenta la lideresa. “Los campesinos hemos sido resistentes y resilientes, hemos puesto muertos, nos tocó desplazarnos y pasar por situaciones muy dolorosas”.
Las otras peticiones de la gente
Para la lideresa ambiental Cristina Vélez, en la mesa nacional solo participa una compañera de la Red Departamental de Mujeres, “pero muchas de nuestras organizaciones no hacen parte de esa red y, de hecho, las mujeres campesinas del Carmen somos constantemente invisibilizadas en estos procesos”, cuenta a Consonante.
“Las mujeres y las comunidades sí o sí debemos estar en las mesas de diálogo, esta exigencia está relacionada en comparación con los diálogos con las Farc-ep, con los que la participación de las comunidades no fue como se esperaba y en el momento de la implementación, la ciudadanía no se ha visto reflejada en la toma de decisiones”, dice Vélez.
“Si los diálogos de paz continúan, las comunidades debemos estar en la mesa y eso no lo podemos ceder para nada, ahí debe estar la gente ahí para tomar decisiones”, agrega la lideresa ambiental.
Para ella, en los espacios de diálogo se ha evidenciado otra gran preocupación y es el control territorial con la salida del Eln en caso de que llegaran a un acuerdo con el gobierno. En el Chocó están las AGC y el Eln, además de otros actores armados. “Nos preguntamos si el ELN llegara realmente a un acuerdo de paz con el gobierno, ¿entonces seguirán mandando los paramilitares?”, añade otra lideresa.
“En esta guerra siempre quedamos los civiles en medio y por eso se requiere de un acuerdo humanitario ya, porque estamos cansados de no poder movilizarnos libremente, de vivir con miedo”, dice Vélez.
A nivel nacional se observa que las disidencias de las Farc-ep han tomado varias zonas del país, entre ellas el Cauca, un ejemplo recurrente de la ciudadanía para hablar del incumplimiento en la implementación del Acuerdo de 2016.
Para el caso del Carmen de Atrato, donde según las lideresas los intereses sobre el territorio como los de la minera el Roble que, además de generar graves afectaciones a nivel ambiental, han ingresado con la presencia de actores armados y delincuencia común, la participación de las empresas involucradas en el conflicto también es necesaria.
En otras zonas del Chocó es grave el tema de la minería ilegal y la presencia de cultivos ilícitos, “esta situación afecta tanto comunidades indígenas como afros; hay presencia constante de dragas con minería a gran escala; contaminación del agua y todo lo que está a su paso, que está protegido por actores armados junto con el Eln”, dicen a Consonante.
También se informó sobre la tala indiscriminada de madera, que además está prohibida en todo el departamento del Chocó, “entonces es claro que la presencia de este grupo armado en el territorio no afecta únicamente a la población sino a la naturaleza como sujeto de derechos. Además, las mujeres todavía no contamos con autonomía económica, ni política, ni social. Las desigualdades, la violencia y la discriminación están latentes”, concluye Cristina Vélez.
En El Carmen de Atrato es un gran reto posicionar la voz de líderes mujeres donde el campesinado chocoano esté represantado. “Que el campesinado sea realmente incluido en los nuevos acuerdos, no como un actor más del proceso, sino como un actor con derechos especiales y reconocidos por el Estado, ya que han sido menospreciados históricamente, es lo que necesitamos”, añade Marisol Sánchez.
