El municipio de El Carmen de Atrato en Chocó tiene una nueva área de protección ambiental: El Parque Natural Regional (PNR) Las Tangaras. Constituido por más de 2300 hectáreas que pertenecen a la Fundación Proaves, una organización que busca conservar y estudiar especies de aves y anfibios que tienen algún grado de amenaza de extinción. Esos predios son el refugio de más de mil especies de flora y fauna y de 1 de cada 20 especies de aves que hay en el mundo.
La noticia llegó a los principales medios del país por su importancia ambiental. Pero en el municipio ha levantado críticas y cuestionamientos frente al papel que ha tenido Proaves desde que llegó al territorio. A la vez, generó molestia porque la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó (Codechocó), que es la autoridad ambiental del departamento y la que hizo la declaratoria de área protegida, usó una imagen del Cañón de Guaduas para promocionar la declaratoria de Las Tangaras.
Aunque en la imagen dice que se trata de un ecosistema de montaña de la vereda Guaduas donde hicieron jornadas de avistamiento de aves, esta hace parte de una publicación relacionada con la inauguración del Parque Natural Regional. Además, fue replicada por medios y funcionarios del Gobierno Nacional como si se tratara de Las Tangaras.
“Para nosotros es doloroso que hagan uso de una imagen de nuestro territorio para promocionar una reserva que es privada. Nos podrán decir exagerados, pero uno no busca vender una casa promocionando la del lado”, dice Marcela Sánchez. Para María Fernanda Vélez, la publicación de esa imagen, como si fuera de Las Tangaras, fue como si borraran la lucha campesina de esta comunidad e invisibilizan la vereda Guaduas. “Estamos recogiendo firmas para que se retire la imagen que también fue movida en medios nacionales y para que aclaren de qué se trata. Pondremos la queja correspondiente”.
Por ahora, líderes de El Carmen dicen que, aunque aplauden el trabajo de conservación y la protección del ambiente, sienten que las comunidades han sido excluidas y no ven cómo pueden participar de la declaratoria que, aseguran, no fue socializada con gran parte de las comunidades.
Las Tangaras —el nombre de una familia de pájaros de colores brillantes que son nativas de las áreas tropicales de América — pasó a ser Parque Natural Regional en enero de este año y su inauguración se dio el 19 de julio. “Lo que esto significa es que hay un nivel de protección superior para esa área y que con Proaves, como administradores del lugar, tendremos más vigilancia, más comunicación y objetivos ambientales en común”, contó Arnold Rincón, director de Codechocó.
Rincón explicó que darle ese estatus a la zona es clave por tres aspectos: en el lugar hay un ecosistema de alta montaña que es poco común en el departamento; en una parte del parque está el nacimiento del Atrato, un río que está bajo protección especial como sujeto de derechos; y es una zona con amplia diversidad de flora y fauna. Por su parte, Proaves asegura que una de las ideas principales es que el territorio se pueda conservar, incluso si la fundación no hace presencia en el territorio. También creen que esto puede traer beneficios para las comunidades.
“Con la declaración puede haber una más posibilidad de que entidades nacionales y extranjeras inviertan en proyectos. Eso ayudaría a conseguir fondos para el uso sostenible del suelo o para la educación ambiental de las comunidades aledañas. También buscamos que con esto crezca el turismo de naturaleza que ha venido cogiendo impulso en el país”, dice Juan Lázaro, director de estrategias conservación de Proaves y uno de los que estuvo al frente del proceso de declaratoria.
Pero líderes ambientales, sociales, étnicos y representantes de organizaciones de El Carmen aún no ven ni proyectados esos beneficios a los que se refiere Proaves. Así lo dice Ramón Cartagena, representante de la Mesa Social y Ambiental del municipio:
“Creo que las comunidades no ganan nada. Infortunadamente siguen perdiendo. El día de la inauguración estuve allá y sólo habían unas personalidades, pero no estaban los campesinos, los indígenas, los habitantes del territorio. Si las comunidades no están ganando nada, entonces los únicos que ganan son los de Proaves”
Una relación que empezó desde la desconfianza
Proaves llegó a El Carmen alrededor de 2007 cuando empezó a formar la reserva Las Tangaras comprando predios. Marcela Sánchez, activista ambiental y miembro de la Plataforma Campesina del municipio, dijo que en ese momento no hubo socialización de la llegada o el objetivo de Proaves. Según cuenta, el nombre de la fundación empezó a sonar porque estaban comprando varios predios en el municipio justo cuando el conflicto armado estaba en su pico por la presencia del Ejército Revolucionario Guevarista, una disidencia del ELN que operó entre 1993 y 2008 en seis departamentos, incluyendo el Chocó.
Eso despertó dudas sobre quiénes estaban detrás de la fundación y cuál era el fin de la misma. Incluso hubo rumores sobre si lo que buscaban era explotar o vender recursos naturales, más en un municipio que ha sido declarado como una de las 50 zonas con mayor número de especies endémicas (que sólo se dan en la región) de Suramérica. “No entraron bien al municipio porque la gente quedó con desconfianza”, asegura Sánchez.
La desconfianza también se dio porque hubo un sinsabor entre algunos de los que le vendieron tierras a Proaves. Ese fue el caso de Luis Humberto González quien asegura que, junto con dos familiares, tenían unas mil hectáreas que vendieron a la fundación por unos 800 millones de pesos en 2011. Eso quiere decir que cada hectárea costó alrededor de 800 mil pesos de la época.
González dice que Proaves lo buscó para comprarle el predio. Asegura que inicialmente sólo quería vender una parte de la montaña para quedarse con unas 200 hectáreas que eran productivas. Pero cuenta que desde la fundación le dijeron que estaban interesados en la totalidad del predio y no en partes del mismo. Al final González decidió vender por las constantes amenazas y extorsiones de las que era víctima en ese momento y lo vio como una opción de dinero para poder salir del municipio.
Una de las familiares de González — que prefirió no ser nombrada porque ha sido víctima del conflicto y no quiere estar relacionada con estos temas — dijo que Proaves fue transparente en el proceso y desde el inicio aclaró el uso que le daría a los predios. A pesar de eso, ella siente que se aprovecharon de la situación que vivía el municipio por el conflicto.
“Ellos sabían que para uno era mucha plata y más sabiendo que debíamos desocupar la finca”, dice.
Casos como el de González y sus familiares se volvieron vox populi en el municipio y ahondaron la desconfianza que ya existía. Hubo otros casos como el de Héctor Cardona que ofreció sus terrenos, los vendió y considera que fue una venta transparente y a un precio justo. Pero historias como las de González pesaron más.
En 2013, Proaves intentó que Las Tángaras fuera declarada como una Reserva Natural de La Sociedad Civil, que es un área protegida privada que busca aportar a la conservación. Pero Parques Nacionales Naturales declaró el desistimiento de esta porque pasaron dos meses en los que no adjuntaron la documentación solicitada.
A Proaves le pedían: un plano digital con las coordenadas de los predios que componen la reserva, certificados de extensión de seis de los nueve inmuebles que iban a ser parte de este y aclarar la situación de dos predios que podrían figurar con la falsa tradición, un fenómeno en El Carmen que consiste en que propietarios no legítimos realizan transferencia de derechos de propiedad.
Hasta hoy, Proaves dice que tiene 3652 hectáreas en el municipio. Una cifra que sólo fue clara hasta 2016. Ese año, el Concejo Municipal de El Carmen invitó en mayo y en noviembre a la fundación para hablar sobre su labor en el territorio y para, según el Facebook de la corporación, despejar las inquietudes de la comunidad.
Las sesiones en el Concejo consistieron en aclarar el trabajo de la fundación, transparentar el número de hectáreas que tenían en el municipio, recibir críticas por la compra de tierras, insistirles en articularse con las comunidades y en el compromiso de Proaves de no sacar beneficios económicos, ni recursos naturales de El Carmen en ese momento ni a futuro.
Jesús Antonio Londoño fue uno de los concejales que estuvo en ambas sesiones. En la actualidad es el presidente de la corporación y dice que lleva unos 15 años haciéndole oposición a Proaves. Reconoce que la labor de conservación ambiental es importante y necesaria, pero cuestiona que se haga en tierras que, dice, son productivas. Londoño cuenta que hace unos 12 años hizo las cuentas del impacto que generaba la compra de tierras de la fundación. Su ejercicio consistió en recorrer varias comunidades y preguntar por los empleos que generaban los terrenos adquiridos por Proaves y por la cantidad de ganado que hubo en su momento.
Según los cálculos de Londoño, en El Carmen se dejaron de producir 1500 cabezas de ganado y entre 20 y 30 empleos que fueron reemplazados por 2 o 3 guardabosques. Además de esto, asegura que el otro problema es que siente que la empresa no ha sido clara con sus intenciones en el territorio.
“Por acá sospechamos que se puede tratar de un negocio de bonos de carbono, pero eso es lo que no dicen. No sabemos qué pretenden, no son abiertos y esa es la desconfianza”, afirma el concejal.
Los bonos de carbono son un modelo de negocio que se ha popularizado cada vez más en territorios del Sur Global con empresas del Norte. Este consiste en que industrias contaminantes que deben compensar los gases de efecto invernadero que emiten, firman contratos para pagar los trabajos ambientales que hacen las comunidades indígenas, afro o campesinas que conservan un bosque. Dentro de los múltiples problemas que tiene esta nueva forma de colonización de bosques y selvas, están los intermediarios entre las comunidades y las empresas que en ocasiones venden bonos de carbono sin la autorización de las comunidades que hacen la conservación.
Como sucedió en el caso de las comunidades indígenas de Pirá Paraná en el Amazonas. Hace un mes la Corte Constitucional falló a su favor diciendo que habían violado su gobierno propio y, entre otras directrices, ordenándole al Ministerio de Ambiente que formule un protocolo con perspectiva étnica para la implementación de proyectos de bonos de carbono. Esa es una muestra de lo poco regulado que está este negocio en el país.
Mientras que en el casco urbano de El Carmen hubo una socialización sobre la labor de Proaves, en zonas aledañas a sus predios, las comunidades dicen que esto no ha pasado. Es el caso del resguardo Sabaleta, de la etnia Embera Chamí, vecino de Las Tangaras. Efraín Velásquez, gobernador indígena, dice que se sienten incómodos con la fundación por considerar que sus acciones van en contra de la cosmovisión que tienen como pueblos indígenas.
“Somos el resguardo más antiguo del municipio y acá nunca nos dijeron que iban a vender esos predios ni por qué. Nosotros sólo escuchábamos: ‘Proaves’, pero no sabíamos su rol, no sabemos por qué están al lado”, relata Velásquez.
El gobernador dice que conocieron el rol de Proaves cuando tuvieron que reunirse con ellos porque uno de los territorios de la fundación se traslapa con los del resguardos, es decir, no es claro dónde empieza y dónde termina la propiedad de cada uno. Pero no es la única diferencia. Velásquez dice que para los pueblos indígenas la selva no es privada, como lo son los predios de Proaves, y el único permiso que deben pedir para entrar a esta es a su dios, no a una entidad.
“La selva virgen debe quedarse quieta. La finca, los potreros deben trabajarse. Pero acá no es así”, cuenta Velásquez y dice que siguen con la duda sobre la fundación: “¿van a estar aquí?, ¿se van a quedar siempre o cuánto tiempo? Queremos saber, pero no nos dicen”.
Los acercamientos tímidos
Juan Lázaro, director de estrategias conservación de Proaves, reconoció en entrevista con Consonante que quizá Proaves no llegó de la mejor forma a El Carmen de Atrato. “Eso tal vez generó cierta molestia en las comunidades que creían que comparábamos bosque para vender agua, oxígeno o traer minería, y no. También pesó el desconocimiento de la gente”, sostiene.
Lázaro cuenta que una de las críticas que han recibido por usar tierras productivas es equivocada porque la ganadería, en una tierra con tanta precipitación como El Carmen, tiene una productividad muy baja. “A veces nos achacan que se haya acabado la ganadería en esos predios, pero cuando los compramos, prácticamente no tenían ganadería y tampoco eran pequeños propietarios, eran terrenos extensos de personas que, en su mayoría, vivían en Medellín”, dice Lázaro.
El director de estrategias de conservación de Proaves también aseguró que han estado trabajando para abrirse más y acercarse a las comunidades. Asegura que uno de los limitantes es que no tienen el presupuesto suficiente para generar proyectos o trabajar de la mano porque casi todo el presupuesto se les va en conservación, pero que están tratando de apoyar a las comunidades, en especial a las vecinas.
Entre esos acercamientos, Lázaro asegura que están trabajando con comunidades indígenas para apoyarlas en la comercialización de artesanías, hacen talleres de sensibilización y educación ambiental, y campañas de esterilización para animales domésticos como perros y gatos.
Líderes sociales, ambientales e indígenas de El Carmen, reconoce que en los últimos años la entidad ha sido más abierta y han tenido acercamientos con las comunidades, pero consideran que estos se han quedado cortos, han sido insuficientes o incluso los ven como oportunistas. Por eso coinciden en decir que la declaratoria del Parque Natural Regional Las Tangaras sólo le traerá beneficios a Proaves, a la que ven como promotora de un turismo pensado para extranjeros que se desarrolla únicamente en los predios privados de la fundación.
Una mujer ambientalista, que prefirió no ser nombrada porque cree que podría perder posibilidades de empleo con Proaves, dice que de los 12 años que lleva en El Carmen, hace unos dos ha notado que la fundación ha abierto más las puertas al municipio. Lo dice porque recuerda que fue citada, junto con unas 10 o 15 personas, para socializar una propuesta de Proaves para agrandar una de las reservas.
“Fue para ver qué opinábamos de esto. Quedamos de socializar de nuevo, pero no volvieron. Quizá sólo necesitaban firmas y fotos con las comunidades para decir que estaban trabajando con nosotros. Su política de puertas abiertas es entre comillas porque es para lo que ellos necesitan que apruebe la comunidad”, dice. Resalta que Proaves piensa más en un turismo para las personas de afuera y no articula con las comunidades. También critica que no haya promoción de la fundación dentro del municipio, ni sobre el municipio.
En su página web, Proaves dice que para llegar a la reserva de Las Tangaras no es necesario llegar a El Carmen. Esto ha sido tomado como una muestra de desconexión con los habitantes. “ Es una institución que no viene, no trabaja, no coopera, no coordina, no articula las actividades con el resto de organizaciones. Preocupa mucho que después de tantos años en El Carmen mantengan esa postura tan alejada”, asegura Ramón Cartagena, representante de la Mesa Social y Ambiental.
Similar opina Marcela Sánchez de la Plataforma Campesina. Asegura que sí ha habido acercamiento y relacionamiento entre las comunidades y Proaves, pero muy pocos se han concretado o han sido constantes.
“Esta relación ha sido intermitente. Están por ratos. Se van y vuelven a aparecer cuando van a hacer un proyecto. Por ejemplo, en noviembre o diciembre del año pasado estuvieron por acá porque iban a hacer un proyecto de bonos de carbono, ahí nos buscaron, pero como no se dio, no los volvimos a ver”, dice Sánchez.
Frente a esto, Proaves dijo que sólo sirvieron de enlace entre las comunidades y los interesados en el proyecto. Resaltaron que ni les interesaba ni estaban en la capacidad de llevar a cabo un negocio de bonos de carbono.
Sánchez también critica que Proaves promocione Las Tangaras como un parque que están protegiendo de la deforestación o del riesgo de deforestación. “Eso significa que los vecinos del parque somos unos depredadores. Resultamos siendo los malos de la película”, dice. Ese es un estigma con el que el campesino ha tenido que cargar de forma histórica.
Carlos Duarte, docente de la Universidad Javeriana e investigador sobre el reconocimiento del campesinado como sujeto político y de derechos, explica que los campesinos han sido señalados como culpables de la deforestación cuando esta ha sido el resultado del accionar de empresas de alto nivel. “No es el campesino el que deforesta, en realidad cuida el agua y la naturaleza porque la agricultura misma depende de la conservación del medio ambiente”, dice.
Duarte también llama la atención sobre los avances que hay en relación con las comunidades campesinas, indígenas y afros frente a los temas de conservación. “En el Convenio sobre la Diversidad Biológica de Montreal en La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad (COP), vemos la evolución del ambientalismo. Ya no es cuestión sólo de preservar, es de preservar con la gente y de distribuir esos beneficios con la gente que está ahí”. Eso es algo que en el municipio aseguran que no ha pasado.
¿Y las comunidades?
Agroecotur es una muestra de la importancia que las comunidades de El Carmen le han dado a la conservación. Se trata de una asociación agropecuaria, ecológica y turística, que cuenta con 39 asociados de Guaduas, una vereda vecina de Las Tángaras. María Fernanda Vélez hace parte y a la vez es una de las coordinadoras de turismo. Aunque reconoce que Proaves les donó una báscula hace un tiempo, también resalta que no hay una articulación total con la entidad.
“En Guaduas tenemos un enfoque ambiental, de conservación y turismo comunitario, pero para lo de la declaratoria del Parque (Natural Regional Las Tangaras) no nos tuvieron en cuenta, no se invitó ni se socializó con las Juntas de Acción Comunal (JAC) ni a las organizaciones de acá”, dice Vélez.
Gertrudis Sánchez, vicepresidenta de la JAC de Guaduas también criticó que no les consultaron sobre la declaratoria: “Si no es el 100%, al menos el 98% de la comunidad está disgustada y estamos rechazando que no nos consultaron nada sobre el Parque Natural Regional. Nunca se habló sobre eso”.
Arnold Rincón, director de Codechocó, le dijo a Consonante que sí hubo socialización.
“Hubo talleres en los que participó la administración municipal y los colonos de la zona. Ellos conocieron el proceso y ayudaron a construir documentos bases. Lo de la socialización depende de a quién le pregunte, eso no es para socializar con todo el mundo”, aseguró.
A pesar de la molestia, Gertrudis Sánchez fue la única de las entrevistadas que vio un lado positivo para las comunidades. Según ella, esto podría ayudarlos en la formulación de proyectos y en buscar recursos económicos por fuera del municipio. Todos los demás entrevistados concuerdan en que, por ahora, no ven ningún beneficio porque dicen que los visitantes, el turismo y las cadenas de valor que este genera se quedan en los dueños de los predios de Las Tangaras.
Aseguran que eso pasa porque no hay articulación con las comunidades ni los comercios y los visitantes ni siquiera llegan a conocer el municipio. Lo cierto es que los predios del ahora Parque Natural Regional no son públicos, siguen siendo de Proaves y es la entidad la que decide sobre su administración.
Ante esta avalancha de críticas, desde Proaves dicen que aparte de los proyectos mencionados que están en marcha, han estado capacitando guías y formando personas en temas de avistamiento de aves para que puedan aprovechar las potencialidades del municipio. También resaltan que este año pasaron un borrador de proyecto de acuerdo al Concejo para proyectar a El Carmen como la capital ecológica del Chocó e impulsar el aviturismo.
El proyecto — que Consonante conoció — propone por ejemplo: el cambio del nombre de la carrera 4 a “carrera 4 Avenida Las Tangaras” en homenaje al parque y el de la carrera 3 se llame “carrera 3 Avenida Los Loros”, crear una oficina de turismo sostenible, vincular a las comunidades locales en la prestación de servicios de turismo y que sea la alcaldía la que evalúe y los monitoree, e incentivar la adquisición de productos y servicios locales.
También propone: “exoneraciones y descuentos tributarios en los impuestos prediales unificados y de impuestos por actividades turísticas en el municipio que favorezca los predios que se encuentren al interior del Parque Regional Natural Las Tangaras, de las Reservas Naturales de la Sociedad Civil, y de predios que acrediten su destinación a la conservación de la biodiversidad y la ejecución de actividades de turismo sostenible”.
El concejal y presidente de la corporación, Jesús Antonio Londoño, dijo que no estaba de acuerdo con la propuesta de exonerar a Proaves de impuestos. También aclaró que el borrador de proyecto está en estudio por parte del área jurídica. Para Juan Lázaro, director de estrategias de conservación de la fundación, las propuestas que pasaron al Concejo son una parte de esos beneficios que tendría la comunidad, de la importancia del aviturismo y del trabajo que ha realizado esta entidad.
“Creo que ha sido decisivo que Proaves esté en el municipio porque es la que ha generado todo el interés en el gremio de conocer las aves en El Carmen. Si no estuviera esta reserva de Proaves, el municipio estaría como olvidado en el mundo pajarero o en el imaginario de los que quieren avistar aves no sólo en Colombia sino en otras regiones del mundo”, comentó Lázaro.
Por su parte, la activista ambiental Marcela Sánchez, dice que declaratorias como la del PNR y el trabajo que ha realizado proaves le recuerdan a la relación extractivista con las comunidades. Lo dice porque siente que la entidad aprovecha los recursos, pero cree que los beneficios de estos no retornan a los habitantes del municipio.
“Sobre nuestro territorio hay muchos intereses extractivistas. El tema de conservación se ha vuelto así si lo vemos como los países ricos que extraen recursos de países pobres para su beneficio. En este caso vemos que Proaves, una fundación, está captando gran cantidad de recursos de cooperación internacional o empresas basándose en el ‘capitalismo verde’”, que consiste en que el capital viene de los recursos naturales, dice Sánchez.
