Hasta inicios de julio, el parque eólico Jepirachi estaba destinado a desaparecer. Después de 19 años de funcionamiento en la zona rural del municipio de Uribia, la infraestructura había cumplido su edad útil. Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) estaban alistando el desmonte de los 15 aerogeneradores. Sin embargo, el 5 de julio Irene Vélez, exministra de Minas, y Daniel Quintero, alcalde de Medellín, le dieron vida al proyecto nuevamente con un anuncio que tomó por sorpresa a los indígenas y a los funcionarios de EPM en la zona: el parque pasaría a manos de los wayuu y del Estado. Sería la primera alianza público-popular constituida por el gobierno Petro para avanzar hacia una transición energética justa.
Sobre la iniciativa de Vélez y Quintero todavía hay poca información. Desde el anuncio, ningún integrante del gabinete nacional ha dado más detalles del tiempo que podría continuar operando el parque bajo esta nueva figura o cómo funcionaría en la práctica la alianza público-popular, con la que se espera que las comunidades wayuu puedan coadministrar y recibir beneficios económicos de la producción energética. Lo único que se sabe es que actualmente el Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (Fenoge) está analizando la viabilidad de la propuesta que le daría, al menos, unos seis años más de vida al parque eólico que cumpliría sus 25 años de vida útil en el 2029.
Las dudas sobre el futuro de Jepirachi se suman a la noticia de la suspensión de otro parque eólicos en Uribia, Windepeshi de Enel Colombia. En mayo, la compañía dio a conocer que suspendía indefinidamente la construcción del parque eólico por los bloqueos constantes de las comunidades de la zona que llevaron a que las obras permanecieran detenidas durante cerca del 50 por ciento de las jornadas laborales durante 2021 y 2022.
Esta situación ha aumentado los cuestionamientos sobre cómo se deberían ejecutar los proyectos de infraestructura eólica en La Guajira, un departamento considerado el epicentro de la transición energética en el país. Actualmente, hay 55 iniciativas que se están desarrollando y otras están en espera de ejecutarse tanto en el mar (offshore) como en la Alta, Baja y Media Guajira.
Consonante conversó con líderes indígenas y expertos para analizar los aprendizajes que esta experiencia. Para algunos miembros de las comunidades wayuu y expertos en energías renovables el Gobierno nacional está a tiempo de revisar las lecciones de la experiencia de Jepirachi antes de avanzar en su política de transición energética y permitir la entrada de otras empresas a La Guajira para instalar aerogeneradores.
“Los parques eólicos son viables pero deben hacerse las concertaciones pertinentes con las comunidades y que las empresas no vengan a imponer. Lo que estamos viendo es que las compañías y el Gobierno están aliados para cumplir lo que tienen proyectado a toda costa, incluso vulnerando nuestros derechos como habitantes del territorio”, dice Nancy Gutiérrez, del clan Pushaina y habitante de la comunidad de Kasiwolin ubicada en el área de influencia de Jepirachi.
1. Un proceso de consulta previa construido con las comunidades
Al igual que para el desarrollo de proyectos minero - energéticos, los parques eólicos deben ser consultados con las comunidades en el territorio. Sin embargo, Gómez, Barney y José Vega, investigador del Instituto Ambiental de Estocolmo, alertan que durante las consultas previas con los indígenas wayuu en el marco de la transición energética en La Guajira se han visto los vicios históricos: el desconocimiento de las autoridades ancestrales o alaüla y el acceso limitado a la información.
José Vega explica que esto se ha dado especialmente por la manera en que está constituido el pueblo wayuu. “El pueblo wayuu no es como otros pueblos indígenas en los que hay un cacique que unifica el liderazgo y es la voz de su pueblo. Acá cada comunidad tiene su autoridad. Podemos hablar de que en La Guajira hay más de 4.000 autoridades tradicionales. Esta es una figura que creó el Gobierno nacional para entregarle programas sociales o negociar algún procedimiento legal con esa persona o representante legal de la comunidad”, explica Vega. “Pero también hay otra figura que es la autoridad ancestral, que muchas veces no se involucra porque el Ministerio del Interior le dice a las empresas que deben hablar con la autoridad tradicional”, agrega.
Barney detalla que este desconocimiento de la cultura, la organización y el territorio wayuu en medio de las consultas previas, ha repercutido en las divisiones de las comunidades e, incluso, ha generado enfrentamientos y muertes. “Hay muchas preguntas que hacerse sobre lo que realmente les enseñó (a EPM) sobre interrelacionamiento cultural, porque las otras empresas asumieron ese como el modelo a seguir. Continuaron con las certificaciones tradicionales aún sabiendo que habían autoridades ancestrales en los territorios ¿Por qué no se hicieron las adecuaciones necesarias con el Ministerio del Interior para afinar con quienes se debía realmente hacer la consulta?”, cuestiona.
Sobre el acceso a la información del proyecto, Vega y Barney aseguran que las comunidades, e inclusive miembros del sector público, desconocen los detalles de los proyectos eólicos a ejecutar por parte de empresas privadas. Durante las jornadas de socialización, las empresas no suelen dar detalles como la verdadera extensión de las áreas de intervención o los impactos ambientales. Incluso, cuentan que desde 2019 ya no es posible encontrar las actas de las consultas previas en el Ministerio del Interior y deben apelar a los derechos de petición para obtenerlas. Además, de la falta de información, Vega resalta que la poca que se encuentra está dispersa entre distintas entidades y resulta ser un obstáculo en el acceso para consultarla.
Ante las dificultades en la consulta previa, algunas comunidades han optado por construir su propio Protocolo Autonómico de Consulta y Consentimiento Libre, Previo e Informado, como una hoja de ruta de relacionamiento con no indígenas o arijunas en su territorio. Las autoridades de los e´irrukuu wayúu del sector del Resguardo Indígena de la Alta y Media Guajira son quienes han avanzado en este documento. Para su realización, tuvieron en cuenta las leyes que ordenan el mundo del pueblo wayúu y su territorio ancestral, así como la Constitución Política de Colombia y el Sistema Internacional de Derechos.
2. Los proyectos de parques eólicos deberían dejar beneficios a largo plazo para las comunidades
En el caso de Jepirachi, EPM, más allá de escuchar a los indígenas en la consulta previa, ofreció medidas de compensación. Hasta la fecha, la empresa ha entregado una planta desalinizadora para el agua a las tres comunidades en el territorio como compensación, ha apoyado el fortalecimiento de proyectos productivos y algunas actividades organizativas internas. Sin embargo, en Kasiwolin temen que al irse la empresa se queden sin la planta pues EPM la administra y la energía con la que funciona proviene del parque eólico. Al respecto, Joanna Barney, investigadora del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) y quien ha seguido de cerca el proceso de Jepirachi, se deben pensar en no generar mecanismos de dependencia entre las comunidades y las empresas, y no se debe perder de vista que las compañías no deben ser sustitutivas del Estado.
Nancy Gutiérrez cuenta que estos procesos consultivos han tenido problemas porque las iniciativas, que se conciertan allí y desarrollan las compañías, no se traducen en beneficios comunitarios en el largo plazo y en otras han visto que los acuerdos quedan sin acciones concretas y esto puede ser aprovechado para el aumento de los conflictos sociales. Está distribución diferencial de los beneficios y difusa dependiendo de la comunidad ha llevado a qué los paros de actividades se conviertan en la principal acción que asumen las comunidades para ser escuchados. Este fue el caso de Windepechi en Uribia.
“Alguien hace un paro y le dan recursos. El otro pelea porque los contratistas se están alimentando en una comunidad y la otra quiere que se alimenten ahí, entonces le hacen el paro al contratista. Me parece inconcebible que después de 20 años de Jepirachi sigan esas dificultades”, afirma Gutiérrez. “Las necesidades de este territorio son bastante evidentes. Deberían hacer una inversión que nos pueda mejorar la calidad de vida, que nos pueda dar desarrollo, por ejemplo, la formación de nuestros jóvenes para que sean mano de obra cualificada como ingenieros o administradores, y no que nos pongan a pelear”, agrega.
Sin embargo, algunos especialistas afirman que la participación de las comunidades indígenas debe ser más profunda. Algunos, inclusive, han planteado la posibilidad de que ellos y ella sean socias de los parques. Es decir, que reciban beneficios económicos y asuman los costos, de forma diferencial. Incluso, para Barney esto debe pensarse de forma tripartita con participación del Estado, la empresa y la comunidad.
“Hay unos modelos daneses donde la comunidad impactada tiene beneficios económicos por la cercanía de los parques. Recibe la misma factura de la luz pero en vez de que les cobren, les dan un pago por compensaciones. Es una de las posibilidades que aquí no se contempló nunca porque siempre pensaron que ellos (los wayuu) no saben manejar recursos. Debe haber un cambio de pensamiento de que las comunidades son menores de edad”, advierte Barney.
Otro punto a tener en cuenta en estos proyectos, especialmente por las condiciones de La Guajira, es cómo pueden beneficiarse los habitantes de la zona de influencia de la energía generada. En La Guajira, la cobertura de energía eléctrica es la más baja del país, según el Gobierno nacional. De las 78.371 viviendas que hay en el departamento, solo el 61,2 por ciento tiene acceso a la electricidad. El el decreto 1276 de 2023, con el que el gobierno Petro busca ampliar la cobertura de la energía eléctrica, se específica que Uribia y Manaure se requiere mayor inversión en soluciones de energía aislada. Es decir, proyecto que no estén conectados al SIN.
En este sentido, Andrés Gómez, investigador en extractivismos, energía y transición ambiental de Censat Agua Viva, advierte que el proyecto Jepirachi abre la discusión sobre el acceso a la energía para qué y para quiénes se da, teniendo en cuenta que la electricidad no queda en el territorio sino que es integrada al Sistema Interconectado Nacional (SIN), desde donde se distribuye a las zonas con redes de transmisión. Además, detalla que en el marco de la transición no debe perderse de la mirada las diferencias entre energías comunitarias y comunidades energéticas, pues de esto depende el horizonte político que se va a seguir en los próximos años.
En los últimos años han tomado fuerza las energías comunitarias y las comunidades energéticas como dos alternativas para romper con la centralización de la producción energética y poner en manos de la gente la transición energética. La primera se refiere a proyectos de energías renovables que son administrados por las personas para garantizar un mejor uso de la energía. Por otra parte, las comunidades están organizadas legalmente junto a entidades o empresas para llevar a cabo proyectos de energías limpias.
“En el decreto que publicó recientemente el Ministerio de Minas para comentarios, hay unas condiciones para poder hacerse comunidad energética. Una de estas es constituirse como una empresa de servicios públicos. Esto es un problema porque podría representar un obstáculo para las comunidades. Lo otro es que aquí se podrían generar negocios de terceros que quieran lucrarse de la electricidad. Por su parte, las energías comunitarias no piensan necesariamente en la formalización y no piensan necesariamente en que tiene que haber comercialización”, explica Gómez.
3. Los parques eólicos tienen una vida útil corta y se debe planear con anticipación
El desmantelamiento del parque Jepirachi, que debe cumplirse el 8 de octubre de este año, abrió el debate sobre qué debería hacerse con los aerogeneradores una vez se cierre el proyecto por orden de la Comisión de Regulación de Energías y Gas (CREG), a través de la Resolución 060 de 2019. En ese documento, la CREG estableció nuevas reglas para la operación de plantas solares y eólicas, determinó qué tecnologías debían salir del mercado porque quedaban obsoletas y abordó las falencias técnicas que en ese momento presentaba Jepirachi.
El parque de EPM estaba presentando fallas para realizar las mediciones meteorológicas y eléctricas por la obsolescencia tecnológica y la dependencia a Nordex, el fabricante de los sistemas de hardware y software. Además, ya se habían cumplido 16 años de los 20 que tenía de vida útil la planta eólica, como establece el documento. Al respecto, Edwin Moreno, ingeniero electricista de la Universidad Nacional, explica que: “las energías limpias son las que más rápido se quedan obsoletas por el avance que existe en la ciencia y tecnología de materiales. Por esa razón, a diferencia de las hidroeléctricas, su horizonte de vida útil no supera los 25 años”.
La vida útil corta de los proyectos eólicos genera una preocupación sobre qué se hará con estos equipos una vez se desechen. Hasta la fecha ya se tiene claridad de que las hélices de los aerogeneradores no son reciclables y no existe un acuerdo mundial o nacional sobre cómo disponer de estos materiales. “En la parte electrónica es muy poco lo que se puede recuperar por los elementos que se utilizan como semiconductores. El silicio, se obtiene de la arena y es muy difícil de recuperar, y el germanio, que es altamente tóxico hace que sea complicada la disposición de esos desechos”, agrega Moreno.
Para Joanna Barney el desenlace que tenga el parque Jepirachi seguirá marcando la pauta sobre lo que ocurra con otros proyectos. “Esperaría que el Gobierno permita seguir con el desmantelamiento porque esa es la vida que van a seguir los demás parques. Se solucionarían preguntas como qué va a ocurrir, cómo se desmantela y a dónde van a ir esas aspas. Todo eso hay que pensarlo aunque estemos a 30 años del desmantelamiento de los demás parques”, concluye Barney.
Por lo pronto, se sabe que si EPM recibe el visto bueno de Fenoge para ejecutar la entrega del parque Jepirachi al Gobierno nacional y, de esta manera, avanzar en la alianza público-popular, asegura la compañía, entregará en óptimas condiciones el parque. Por otro lado, el Gobierno nacional deberá definir las regulaciones y el modelo empresarial que regirá el proyecto. Mientras esto ocurre, las comunidades indígenas wayuu siguen a la expectativa y esperan que haya información clara sobre el proyecto, pues hasta la fecha solo le han dado charlas informativas sobre el desmantelamiento.
“Nunca nos han dicho nada. EPM se está haciendo como el que no sabe, es más acabamos de tener una reunión bastante regular con la empresa porque nos vino a mostrar unas diapositivas del desmantelamiento, como si no existiera el anuncio de Irene (Velez). Nunca nos han consultado ni nos han informado. Esperamos que nos den un borrador sobre el plan de desmantelamiento, que nos digan qué va a pasar con la planta desalinizadora o el anuncio del Presidente pero no sabemos qué pensar ni qué esperar”, lamenta Nancy Gutiérrez.
