Han pasado seis años desde que 225 exguerrilleros y exguerrilleras de las antiguas Farc llegaron a la vereda Pondores para hacer su proceso de reincorporación, después de firmar el acuerdo de paz. A pesar de que han desarrollado proyectos productivos y han buscado trabajar de la mano con las comunidades, los firmantes de paz aseguran que persisten estigmatizaciones en su contra y esto aumenta los riesgos de seguridad.
Karen Caballero, exguerrillera y habitante del AETCR de Pondores, recuerda que tan solo hace nueve meses el Ejército y el Gaula de la Policía allanaron las instalaciones de Dama Verde, un emprendimiento de vivero y plantas aromáticas. En ese entonces, la Fiscalía aseguró que el operativo se realizó porque “se tuvo conocimiento que en ese lugar se estaba confeccionando material de intendencia de uso exclusivo de las fuerzas militares”.
Desde que ocurrió ese allanamiento, en el que además se llevaron elementos del museo de la memoria (chalecos, radios de comunicación, botas, cantimploras, vajillas, un fusil de madera, entre otros), no han recibido mayor información ni una aclaración pública sobre el incidente, según Caballero. “Eso fue un falso positivo, se pretendió involucrarnos con disidencias de las FARC”, afirma Caballero y concluye que casos como estos genera estigmatización y agranda los riesgos de seguridad tanto física como jurídica en el territorio.
Benedicto González, líder exguerrillero y precandidato a la Alcaldía de Fonseca por la Colombia Humana, señaló durante el encuentro que la inseguridad en el municipio ha influido en la estigmatización sobre los exguerrilleros. En este municipio los homicidios y los robos aumentaron el doble en 2022 en comparación con el 2021. Algunos de los delitos son el robo de ganado, la incautación de droga en vehículos y delincuencia común. González advierte que muchos de estos han quedado sin un resultado de investigación, lo que provoca señalamientos indirectos hacia los firmantes. “No implica solo un riesgo de seguridad, sino también de nuestra imagen y buen nombre, porque más de uno dirá: ‘hasta ellos tendrán las manos metidas ahí’”, dice González.
Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, ha sido una de las funcionarias encargadas de recibir las denuncias, preocupaciones y dudas de los exguerrilleros y exguerrilleras del AETCR Amaury Rodríguez. La más reciente reunión se dio el 26 de abril en el poblado ubicado en la vereda Pondores del municipio de Fonseca. Durante el encuentro, en el que estuvo Carlos Camargo, defensor del Pueblo, los firmantes de paz denunciaron que se sienten en riesgo de seguridad por casos de estigmatización en su contra y advirtieron sobre irregularidades en el cumplimiento de los acuerdos de paz. Además, Camargo recorrió el AETCR para conocer los proyectos productivos: Confecciones Fariana y “Dtodos”, un minimercado impulsado por un grupo de firmantes de paz en condición de discapacidad.
Las preocupaciones de los exguerrilleros
- Alerta por asesinatos contra firmantes de paz
Este año han asesinado a once firmantes de paz y en 2022 se registraron 43 homicidios, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Esto se suma al desplazamiento forzado del centro poblado de paz Mariana Paez en el Meta. Este panorama de riesgo ha encendido las alarmas en el AETCR, quienes temen que estas situaciones se repitan en su territorio. Aunque no hay un riesgo de desplazamiento forzado en el AETCR Amaury Rodríguez, sí ha habido hostigamientos y persecución contra algunas personas. Situación que podría estar en riesgo de aumento por la presencia de actores armados en la zona de frontera, la estigmatización de la Fuerza Pública y la poca inversión y presencia estatal en el territorio, dice Emily Avendaño, abogada de la Fundación Lazos de Dignidad que acompaña a los excombatientes.
Milton de Jesús Toncel, excomandante guerrillero, cuenta que han sentido temor por la situación que se ha presentado contra los excombatientes a nivel nacional. Resalta que a pesar de que los integrantes del AETCR no hacen parte del Partido Comunes, los excombatientes asesinados de otros lugares del país son personas conocidas y cercanas y los agresores los pueden atacar por igual. “Aquí nadie sabe quién va a ser el próximo muerto. No preguntan quién es quién. Es plomo parejo por el solo hecho de habernos levantado en armas”, agrega Toncel.
“Aquí nadie sabe quién va a ser el próximo muerto"
Milton de Jesús Toncel, excomandante guerrillero
Estos riesgos latentes de seguridad llevaron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a ordenarle a la Unidad Nacional de Protección (UNP) que realizara estudios de riesgo para el AETCR y, en particular, a cinco líderes del centro poblado. Sobre este fallo de 2022, Emily Avendaño advierte que no ha habido mayores avances en el cumplimiento de esta sentencia e incluso el esquema de seguridad que fue designado no cumple con lo determinado. Incluso, los carros han tenido problemas mecánicos.
Durante el encuentro, los habitantes del AETCR Amaury Rodríguez recordaron además las propuestas de la articulación con las comunidades y atender los problemas de seguridad. La primera consiste en llevar el plano de la reincorporación a una escala más amplia. Es decir, que esta se lleve mediante la pedagogía y proyecto a las comunidades para que en estos territorios puedan conocer los beneficios y derechos de los municipios priorizados por el PDET.
- Sin implementación del acuerdo de paz no hay seguridad
Los firmantes de paz del AETCR sostienen que es necesario dejar de pensar en su seguridad a través de esquemas de seguridad, sino que es urgente ver la integralidad como personas y colectivo. Además, advirtieron que es fundamental que haya transparencia sobre los recursos que se han invertido en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) para no generar conflictos entre los habitantes, que deberían verse beneficiados teniendo en cuenta que viven en territorios afectados por el conflicto armado.
“Una preocupación y molestia de las comunidades del territorio es que dicen que el acuerdo de paz no ha significado seguridad en el territorio”, afirma Benedicto González. “El municipio de Fonseca tiene un presupuesto aproximado de 35.000 millones anuales y por concepto del PDET se multiplicó a cuatro veces más, aproximadamente 150,000 millones. Dicen los campesinos y lo decimos con autoridad, porque hemos recorrido los últimos tres meses palmo a palmo el territorio, ‘aquí el PDET ha llegado en rumores, no en obras’”, agrega.
“Una preocupación y molestia de las comunidades del territorio es que dicen que el acuerdo de paz no ha significado seguridad en el territorio”
Benedicto González.
Por su parte, Marcos Martínez, líder del AETCR, explica que las comunidades más cercanas al centro poblado sólo han visto instituciones y organizaciones llegar al espacio territorial, en los últimos seis años, y no interactúan con los habitantes fuera de este. En ocasiones, resalta Martínez, algunos pobladores han expresado su inconformidad. “Esto no aporta para una reconciliación efectiva, ya que se ve privilegiado solo una parte del territorio”, afirma.
“Pienso que esa palabra reincorporación debe aumentarse en una palabrita más que diga reincorporación comunitaria, para que la comunidad vea algo positivo en esa reincorporación. El desfile de chalecos a los AETCR no ha beneficiado a ninguno. En lugar de unirnos con las comunidades, lo que hace es que nos apartar porque la comunidad cree que estamos sobrados”, dice Martínez.
¿Qué dicen la Defensoría y la Directora de la Implementación del Acuerdo?
Gloria Cuartas destacó la importancia de ver la seguridad de forma integral y se comprometió a trabajar para que no haya corrupción en el manejo de los recursos de la paz. “Si la corrupción sigue, si los recursos de la paz se los siguen robando, la seguridad se pierde en este proceso. Como gobierno es proteger, cero corrupción y contribuir a que se reconozca el pasado y cumplir con el acuerdo de paz”, dijo la directora.
Durante la intervención, Gloria Cuartas resaltó la importancia de la participación de los firmantes en la incidencia política que han venido trabajando en el territorio, teniendo en cuenta que actualmente hay un precandidato a la Alcaldía municipal que hace parte del AETCR. “Ojalá tengan más interés de estar en la política, en los concejos, en las alcaldías, que tengan el espíritu de que esa lucha y esa visión que antes se quería hacer de una manera, lo puedan hacer de otra y que podamos juntos transformar esta realidad”, agregó Cuartas quien, además, se comprometió a instar a la Unidad de Protección y al Gobierno nacional a garantizar la seguridad de cara a las elecciones locales.
Sobre los proyectos mineros que podrían desarrollarse en la zona, Cuartas se comprometió a solicitar el apoyo del Ministerio de Minas para que orienten a las comunidades en temas de consulta previa.
Lo que sigue
El 2 de mayo, los firmantes de paz del AETCR enviaron un documento formal a la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz para formalizar algunas irregularidades que ha habido en el desarrollo de los proyectos PDET en Fonseca. Entre estos, la suspensión de las obras de construcción de la vía que conduce del corregimiento de Conejo a la Y de la vereda Las Colonias. Desde la Unidad aseguraron que harán seguimiento a los casos expuestos y tramitar las solicitudes.
