Inseguridad en Fonseca: homicidios y robos se duplicaron en el 2022

“No vayan a hacer ruido o las matamos”, le dijeron dos hombres armados a Dacith Carrillo el pasado 4 de febrero. Los ladrones intimidaron a Dacith y a otras siete mujeres mientras robaban el negocio Spa Mía, ubicado en la zona rosa de Fonseca. Los dueños del negocio  calculan que el valor de las pertenencias robadas durante el asalto, que duró una hora, es de 12 millones de pesos. Siete celulares; joyas de oro, plata y acero; un disco duro que almacenaba los videos de las cámaras de seguridad; el dinero de la caja registradora y poco más de 500 mil pesos que tenían las mujeres en sus bolsillos. 

Este nuevo caso de robo masivo vuelve a encender las alarmas entre diferentes grupos de ciudadanos quienes tienen la percepción de que Fonseca atraviesa por una grave situación de seguridad. “Acá uno no puede acostarse para tertuliar en la puerta. Por fuera no hay tanta gente porque estamos azotados. Hemos vivido en estos últimos tiempos una crisis, estamos más o menos como presos. Antes aquí uno respiraba una tranquilidad muy buena”, dice un líder del municipio que solicitó mantener la reserva de su nombre por miedo a amenazas. 

En la zona rural del municipio también se ha agudizado el problema. “Fui extorsionado. Una persona me llamó, primero se presentó como funcionaria del Ministerio del Interior y después como integrante de un grupo. Me dijo dónde vivía yo con pelos y señales, a qué organización hago parte, el número de mi personería jurídica y así”, recuerda. “Estuve denunciando ante las autoridades eso y me dijeron que no le prestara mucha atención, que eso era porque llamaban de las cárceles pa ver si uno caía. Pero sí hay que prestarle atención porque uno todo el tiempo no puede estar en esta zozobra”, afirma.

¿Se trata de percepción o efectivamente ha aumentado la seguridad? Consonante conoció todas las cifras de hechos delictivos del 2021 y el 2022, y en prácticamente todos los indicadores el aumento es entre el 80 y el 100 por ciento. Los robos a personas pasaron de ser 86 en 2021 a registrarse 117 en 2022. Lo mismo ocurrió con los homicidios, que aumentaron de ocho en 2021 a 16 en 2022, las lesiones personales fueron de 22 a 56, y los robos a carros de tres a doce. Tan solo se redujeron levemente los hurtos a establecimientos comerciales (ocho a siete) y a motos (23 a 22), según Eder Peñaranda, secretario de Gobierno municipal.

¿Por qué ha aumentado la inseguridad?

Eder Peñaranda, secretario de Gobierno de Fonseca, justifica el aumento de las cifras como uno de los efectos de la pandemia. Según Peñaranda, desde que se terminó el aislamiento entre septiembre de 2020 e inicios de 2021, se han presentado más robos, lesiones personales y hurtos. Sin embargo, al revisar el histórico de cifras del municipio es posible ver ese aumento progresivo desde 2019 a 2022. En el caso de los homicidios, por ejemplo, se registraron diez en 2019, dos en 2020, diez en 2021 y 16 en 2022, según el Sistema de Información de la Policía Nacional (Siedco). 

Diferentes expertos, que han hecho seguimiento a la situación de orden público en el sur de La Guajira, consideran que la pandemia no es la única causa que puede explicar el aumento de la inseguridad en el municipio y resaltan otras factores: la ruta del narcotráfico que cruza por Fonseca; la disputa de los actores armados; y la falta de articulación entre los gobiernos locales, departamentales y nacionales. 

• El avance de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia: En el último año, las AGC han buscado tomar control de La Guajira. Según explica Luisa Acosta, investigadora de Insight Crime, intentaron entrar por el norte de La Guajira pero hubo enfrentamientos con Los Pachenca y esto llevó a que se presentarán homicidios selectivos, ataques entre los grupos y fuertes olas de violencia. Ahora, cambiaron la estrategia y están ingresando por el sur del departamento.
  
  “El interés del grupo es expandir su presencia por detrás de la Sierra Nevada y tener puntos de salida de droga por la Alta Guajira y puntos de tránsito entre Colombia y Venezuela”, agrega Acosta.

• La ruta del narcotráfico: Fonseca al ser un municipio fronterizo se encuentra en una ruta de narcotráfico que conecta al Cesar, Catatumbo, el Perijá y el sur de Bolívar. Uno de los puntos de llegada de la droga es el estado Zulia, desde donde se pueden enviar cargamentos hacia las islas del Caribe, Europa o Estados Unidos, según Luisa Acosta. Este corredor es importante para el ELN, la Segunda Marquetalia, Los Pachenca y las AGC, entre otros que obtienen ingresos del narcotráfico. 

• Falta de articulación institucional: La seguridad en Fonseca debería ser atendida en conjunto por los gobiernos locales, departamentales y nacionales, teniendo en cuenta que no solo se presentan hurtos y abigeato, que se refiere al robo de ganado. Andrés Rodríguez, egresado de la Escuela Superior de Guerra, explica que la delincuencia común es responsabilidad del municipio y del departamento. Por su parte, el narcotráfico y la disputa de actores armados debe estar a cargo del gobierno departamental y nacional. “A un alcalde no le dan las capacidades de uso de la fuerza y en términos económicos para hacerle frente”, agrega.
  
  Rodríguez cuestiona, además, que la disparidad de cifras de inseguridad entre la Alcaldía y la Policía pueden dar cuenta de que no hay suficiente articulación. “Si no encuentras armonía entre lo que hace el gobierno local y la policía, cada uno está yendo por su lado en cosas tan simples como cifras o más puntuales como los planes para la atención de la vida y seguridad de las personas”, dice Rodríguez.

¿Y la migración?

Hasta la fecha no hay datos concretos en el municipio y a nivel nacional que demuestren una relación directa entre la migración y el aumento de la inseguridad. Sin embargo, para Julio Daly, coordinador del Barómetro de la Xenofobia, es importante reconocer que hay venezolanos que participan en el crimen pero que se debe tener claro que la inseguridad en el país es estructural y tiene su origen en otros fenómenos. “Un informe de Crisis Group de 2022, demuestra que los migrantes llegan y son absorbidos por bandas locales colombianas o mixtas, que los utilizan para crímenes más visibles o de más riesgo. Eso puede dar la impresión que los migrantes están causando el crimen pero no, participan de unas dinámicas criminales que ya existen”, agrega. 

Daly cuestiona el discurso que relaciona la migración como la única causa del aumento de la inseguridad, pues termina por justificar propuestas antimigratorias. “Si los migrantes vienen porque no tienen otra opción y se les dificulta integrarse porque no les dan trabajo, no les permite acceder a vivienda o que sus hijos estudien en el colegio, puede generar una trampa en que esas personas accedan a mercados ilegales”, dice.

¿La prohibición del parrillero hombre es exitosa?

Desde que Hamilton García Peñaranda asumió como alcalde municipal ha hecho 17 consejos de seguridad para diseñar estrategias con el fin de reducir la inseguridad. El portafolio de acciones ha sido variado: aumentar el número de policías; reforzar la seguridad con uniformados del Batallón Rondón y de los Grupos Operativos de Seguridad (GOES); prohibir el parrillero hombre; ubicar retenes en las vías de acceso al municipio; gestionar la dotación de motocicletas para la Policía e instalar cámaras de seguridad. Pero ninguna de estas estrategias ha generado algún cambio significativo en la percepción de inseguridad y en la reducción de los casos. 

Para Eder Peñaranda, quien se posesionó en octubre de 2022, las últimas iniciativas impulsadas desde la Alcaldía han reducido los robos y los homicidios. Pero no detalló cifras que den cuenta de eso, salvo que en los tres meses que ha estado en el cargo se presentaron solo dos asesinatos que señala como “crímenes pasionales”. La prohibición del parrillero hombre permanentemente fue hasta inicios de este año una de sus principales acciones para mejorar la seguridad.  

Al respecto, Michael Weintraub, director de la línea de Seguridad y Violencia del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de Los Andes, cuenta que en un estudio de seguimiento que realizó a esta medida en cinco ciudades del país, encontró que esta iniciativa no reduce sustancialmente los delitos. En su lugar, genera un incentivo para dejar de usar la motocicleta como medio de transporte, desplaza los crímenes hacia las zonas periféricas de las ciudades, genera costos económicos y sociales en las comunidades donde se realiza y obstaculiza el trabajo que deben priorizar los policías. 

“Hay costos asociados con este tipo de políticas. Es casi un impuesto regresivo para las personas de estratos más bajos que dependen de motos para movilizarse a sus trabajos y hacer sus labores”, cuenta Weintraub. “A la policía, además, le toca vigilar quién está con el acompañante hombre o si está solo y eso sí es un costo verdadero, porque implica que ahora el policía tiene que estar fijándose en eso y no en capturar el delincuente o hacer requisas o verificar los antecedentes judiciales”, agrega. 

Un panorama que no va a cambiar en el corto plazo

Los casos más recientes de robos se han presentado con personas que viajan en mototaxis para esquivar la prohibición del parrillero hombre. “Veníamos caminando de regreso de la casa de mis padres cuando de repente tres hombres, que se bajaron de una mototaxi vestidos de negro, agarran a mi hija, la amenazan con arma de fuego y le arrebatan el celular. Me dio mucho miedo, pensé de todo”, cuenta Rina Paola Fernández, una madre comunitaria del municipio quien fue víctima de robo junto a su hija de 14 años este mes. 

Fernández cuenta que es frecuente ver a personas que rondan las casas identificando potenciales víctimas. “Uno a veces se sentaba a la puerta de la casa pero a las ocho de la noche ya toca encerrarse. Incluso en algunos casos se han metido a las casas. Uno no sabe ni dónde está seguro”, afirma Rina Fernández. “Para coger el mototaxi, prefiero esperar que pase alguien de confianza, algún vecino mío o alguien, pero de resto no me monto en cualquier otro”, agrega. 

El alcalde Hamilton García Peñaranda y su secretario Eder Peñaranda están pensando en desarrollar otras iniciativas para mejorar la situación de seguridad, teniendo en cuenta que los robos ahora se realizan a bordo de mototaxis. Peñaranda explica que tienen tres acciones contempladas: poner placas de identificación de los mototaxis para que puedan ser identificados por las cámaras de seguridad instaladas en el municipio. Además, establecerán un horario para la circulación de estos vehículos y harán un proceso de registro para conductores, con el fin de que los usuarios puedan ver su identificación y la placa del vehículo. 

En esa misma medida, los conductores de mototaxistas han optado por organizarse para garantizar su trabajo y brindarle confianza a la comunidad. En julio del año pasado, 30 pioneros en este oficio en el municipio se organizaron en la cooperativa “los veteranos” y unificaron las tarifas de transporte, que era otra de las quejas de los usuarios. Además, a finales de enero hicieron una reunión para presentar una propuesta de formalización a la Alcaldía y mejorar su situación laboral para prestar un mejor servicio.

Por su parte, los diferentes expertos consultados recomiendan no continuar con la prohibición del parrillero hombre porque es costosa y no representa efectos significativos. El profesor Michael Weintraub asegura que para atender con mayor acierto la inseguridad, el alcalde García Peñaranda debe concentrarse en entender la dinámica de los delitos y atender los lugares donde más se concentra. Asimismo, debe fortalecer la relación entre la comunidad y la Policía, identificar factores de riesgo como el consumo de drogas y darle atención a las personas consumidoras. También, brindarle alternativas de subsistencia a quienes son reincidentes y ya han pasado por cárceles. 

Sin embargo, para que esto tenga mayor efecto, Weintraub afirma que será clave la política de paz total del presidente Gustavo Petro, pues marcará el rumbo de la integración entre las autoridades locales, departamentales y nacionales para el tratamiento judicial que tendrán los actores armados y las bandas delincuenciales.