Un video de hace una semana, en el que más de 10 estudiantes van amontonados en el platón de una camioneta blanca que transita por las calles de San Juan del Cesar, muestra las deficiencias en la prestación del servicio de transporte escolar. No es claro si la camioneta está habilitada para ese servicio o llevaba a los jóvenes como una alternativa de transporte, pero lo que sí muestra el video son los riesgos a los que los estudiantes están expuestos al transportarse de ida o regreso del colegio.
No se trata unicamente del video viral, el problema es más complejo. Los cuestionamientos al servicio de transporte escolar, que le prestan a casi 8 mil estudiantes de 12 municipios no certificados de La Guajira, son constantes y vienen desde inicios del año escolar: retrasos porque los vehículos no contaban con los requisitos técnicos, denuncias por sobrecupo e intermitencia en el servicio.
Detrás del contrato de 18,9 mil millones de pesos está la Unión Temporal Costa Caribe, conformada por Transporte Sensación y Lidertur (Líneas Escolares y Turismo). Aunque esta vez la responsabilidad recae en la unión temporal, las quejas en la prestación del servicio no son solo de este año y se mantienen a pesar del contratista de turno. Incluso, tener un mejor servicio de transporte escolar ha sido bandera de movilizaciones en La Guajira como un paro de docentes en 2017 y el paro cívico de 2019.
El reto de prestar el servicio de transporte escolar en La Guajira
“Hay unas circunstancias que dificultan la prestación del servicio como la topografía, lo inhóspito de la región y el tema particular de que las comunidades indígenas han pedido que el operador contrate los vehículos que ellos tienen para prestar el servicio en sus territorios”, dice Nolberto José Larrada, director territorial del Ministerio de Transporte en La Guajira. Las tres razones tienen su peso.
Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), más del 45% de la población de La Guajira es rural y está dispersa, pero según el Plan Departamental de Desarrollo, esa cifra podría ser superior al 60%. Esto, sumado a que no hay medios ni sistema de transporte público, hace que el transporte escolar que ofrece el Estado sea casi la única alternativa para que los estudiantes se movilicen.
Por eso mismo, la falta de rutas, las fallas en el servicio o la ineficiencia del mismo se siente con mucha más fuerza que en otras regiones. En especial si se tiene en cuenta que el 85% de las instituciones educativas oficiales en La Guajira están ubicadas en zona rural y que el 53,7% de las personas en el departamento viven en pobreza monetaria (no pueden cubrir las necesidades básicas), lo que hace que pagar alternativas de transporte no sea una opción viable. “O comemos y no van al colegio o van al colegio y no comemos. Cuando no hay transporte escolar toca bajarle a la cuchara”, dice Dora Machado, madre de dos niños y ama de casa del corregimiento Bocas del Monte de San Juan del Cesar.
Por esas dificultades, que vienen desde hace años, en 2017 La Guajira fue declarada como Zona Estratégica para el Transporte (ZET), es decir que tiene unas normas especiales y transitorias (que van hasta 2024) para prestar el servicio de transporte, incluyendo el escolar, por las particularidades del territorio. En la resolución del Ministerio de Transporte dice que las mismas comunidades indígenas, y como aparte de su autonomía, plantean que les asignen unos cupos para que ellos mismos presten el servicio de transporte escolar, así disminuyen el desempleo y ofrecen vehículos apropiados técnicamente para transitar por las zonas y conductores que conocen el territorio.
Larrada, del Ministerio de Transporte, dice que contratar con las comunidades indígenas es una exigencia porque estas no permiten que otros vehículos, ajenos a la comunidad, entren a sus territorios como parte de su autonomía. Pero esto tiene sus inconvenientes. “Nos dificulta tener un control sobre las condiciones técnicas de los vehículos. Lo que encontramos es el sometimiento que deben tener las autoridades tradicionales alrededor de la prestación del servicio por el convenio que tienen que hacer exclusivamente con las comunidades indígenas”, dice Larrada. Por temas técnicos, como el modelo de varios vehículos que ya no podía usarse para el transporte escolar, es que ese servicio estuvo quieto cuando inició el año.
Aún con las particularidades y los condicionantes de prestar el servicio de transporte escolar en La Guajira, la responsabilidad de lo que suceda con este servicio y con las actividades que se le asignen a subcontratistas, recae en la Unión Temporal Costa Caribe, quien figura como contratista.
Los incumplimientos al contrato
El millonario contrato firmado entre Costa Caribe y la Gobernación de La Guajira tiene un listado de obligaciones generales y específicas que debe cumplir la unión temporal, junto con algunas multas que pueden imponerse si llega a incumplir algunos puntos. Consonante revisó las obligaciones a las que se comprometió Costa Caribe y encontró que ha incumplido al menos cuatro veces.
Uno de los primeros incumplimientos fue a inicio de año cuando el servicio no pudo prestarse porque los vehículos no cumplían con los requisitos técnicos y las comunidades indígenas exigían que se contratara con ellos. Al final el ministerio prorrogó el plazo para que los conductores puedan cambiar los modelos de los vehículos. Entre las causales de multas en el contrato, una de las que nombran es que al no iniciar la ejecución en la fecha pactada, se multará con un salario diario legal vigente por cada día de atraso. Aunque en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop), donde reposan los contratos estatales, no figura el acta de inicio firmada por la empresa, el contrato fue adjudicado el 15 de diciembre del 2022, casi dos meses antes de que empezaran las clases y cuando debía empezar a prestarse el servicio.
Un segundo incumplimiento ocurrió cuando el servicio empezó a prestarse en forma. Las obligaciones específicas del contrato, en los puntos 8 y 9, indican que el contratista debe asignar un puesto para cada estudiante y mantener el cupo de pasajeros por cada vehículo. Pero hay registros de camionetas que fueron utilizadas para transportar hasta 25 estudiantes cuando tenían capacidad para 10, como pasó en Fonseca, o de un bus con capacidad para 42 estudiantes que terminó movilizando entre 80 y 100 en San Juan del Cesar. Otras dos personas de corregimientos de San Juan del Cesar y Fonseca, aseguraron que en los primeros meses de la prestación del servicio, entre abril y mayo, sí hubo sobrecupo en los vehículos, aunque los casos no se han vuelto a repetir.
El contrato también dice, en el punto 16 de las obligaciones específicas, que el vehículo debe tener un espacio en el que se identifique la ruta, la institución educativa a la cual presta el servicio y la imagen institucional del departamento de La Guajira. Un líder social de la zona rural de Fonseca aseguró que el vehículo que recoge a los estudiantes en el corregimiento de Pondorito no tiene ningún tipo de identificación. Dice que lo reconocen como transporte escolar porque llevan viéndolo meses y porque se parquea en el lugar donde siempre han recogido a los estudiantes. Por su parte, uno de los conductores de San Juan del Cesar dijo que sí contaba con gran parte de la identificación, excepto por el logo de la Gobernación.
Por último, el contrato dice que multarán por 0,01% del valor del contrato (1,8 millones de pesos) por atrasos o incumplimientos en el pago de salarios u honorarios de empleados o contratistas. Dos conductores de San Juan del Cesar aseguraron que les deben dos meses de salario. Uno de ellos, que prefirió no ser nombrado, dijo que hace 15 días dejaron de prestar el servicio de transporte escolar durante dos días por falta de pago.
En ese mismo sentido habló una de las personas que tiene su buseta subcontratada para el servicio en San Juan del Cesar y aseguró que apenas en agosto le pagaron el mes de mayo. “Toca estar pidiendo prestado, haciendo paro, diciendo en la bomba de gasolina que fíen. Eso genera más deudas”, dice que su contrato, aún con los meses que le adeudan, terminó en agosto y que está a la espera de que lo renueven. El retraso en los pagos a conductores y dueños de los vehículo lleva a que el servicio se vea interrumpido por no tener para la gasolina, los requerimientos técnicos o a modo de protesta para que paguen a tiempo. Al final, los directamente afectados son los estudiantes y sus familias.
Dora Machado, ama de casa en Bocas del Monte, San Juan, dice que desde hace tres semanas no hay servicio de transporte escolar para sus dos hijos que estudian en la institución Ana Joaquina Rodríguez de Cañaverales que queda a 25 minutos en moto. Según cuenta, el mismo conductor le dijo que no estaba prestando el transporte porque no le habían pagado. “Hay quienes han desistido de que sus hijos vayan al colegio porque no tienen cómo. Por fortuna, yo tengo una moto viejita, lo que me toca hacer es pedir pal azúcar, pa' las cositas o pa' la gasolina, porque no me da la plata”, cuenta.
Consonante intentó comunicarse con Nayrobis Alvarado, representante legal de la unión temporal, vía su asistente; con Angelica Maestre, secretaria de Educación de San Juan del Cesar, por llamadas y mensajes; y con Adaulfo Manjarrez, secretario de Educación de la Gobernación de La Guajira y supervisor del contrato, por llamadas, mensajes y vía la oficina de prensa de la entidad, pero hasta el momento de publicar esta historia no recibimos respuesta de ninguno.
