Entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre, Cali será sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, también llamada la "Conferencia de las Partes” (COP16). Se trata de un evento internacional que se realiza cada dos años y que convoca a más de 196 países.
Su fin es que los mandatarios y tomadores de decisión de diferentes países discutan y negocien cómo frenar la pérdida de la biodiversidad en las próximas décadas. Este año también revisarán cómo avanza la implementación de los compromisos adquiridos en la COP anterior, los cuales quedaron estipulados en el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal.
Esos acuerdos son claves en medio de la crisis climática por la que atraviesa el mundo, ya que en este contexto se han hecho múltiples llamados desde o la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para hacerle frente al cambio climático y porque, además, están pensados con metas a 2030, un año decisivo para frenar la pérdida de biodiversidad en el mundo.
Como parte de los eventos previos a la COP16, el ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, convocó una cumbre campesina con representantes de asociaciones y organizaciones de todo el país. El objetivo fue ratificar el compromiso del campesinado con el medio ambiente y la conservación de la biodiversidad.
La declaratoria es una muestra más del papel que tienen los campesinos en el cuidado ambiental y que resulta clave en un país donde el 30% de la población se identifica como campesina. Además, tiene un peso extra: el año pasado, el Congreso aprobó una ley que modificó el artículo 64 de la Constitución y reconoció a los campesinos como sujeto colectivos de derechos y de especial protección en Colombia.
Consonante habló con Carlos Quesada; director de la línea de investigación en tierras y campesinado de Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales de Colombia; sobre el papel del campesinado en el cuidado ambiental, el desarrollo sostenible y la COP16.
Consonante: El año pasado el campesinado fue declarado como sujeto de derechos y de especial protección, ¿qué significó esto para esta población?
Carlos Quesada: Es un hecho que genera justicia histórica para el campesinado en Colombia. A lo largo del siglo XX, en especial en la segunda mitad, el campesinado sufrió una serie de agresiones que Dejusticia y la Comisión de la Verdad llamaron ‘La guerra contra el campesinado’. Esa guerra se manifestó en un altísimo nivel de violaciones de derechos humanos que hicieron que las comunidades campesinas fueran las mayores víctimas del conflicto armado en el país.
Esa guerra también originó una disminución conceptual, y si se quiere simbólica, de los sujetos campesinos porque se desplegaron un montón de discursos anti campesinos. Discursos que mostraban al campesinado como un sujeto criminal, incapaz e improductivo. Esto fue calando en la sociedad colombiana a tal punto que se instalaron, incluso dentro del mismo derecho, una serie de dispositivos, de normas anti campesinas que llevaron a su desconocimiento como sujeto de derechos.
Cuando se da el reconocimiento constitucional con la modificación del artículo 64, lo que se está tratando de hacer es resarcir esa injusticia histórica y resarcir los efectos de esa exclusión y de esa guerra que sufrió el campesinado en el siglo XX.
C: ¿Por qué tardó tanto este reconocimiento y qué había pasado en el 91, cuando se creó la nueva constitución política de Colombia, para que no se tuviera en cuenta esta declaratoria para los campesinos y sí para las comunidades indígenas y afros?
C.Q: La Constitución del 91 pactaba las bases de una sociedad más justa, democrática, progresista y mandataba por que se superaran discriminaciones como las que sufría el campesinado. Sin embargo, en el texto constitucional y en el proceso constituyente los campesinos sufrieron un déficit de reconocimiento que llevó a una asimetría en el acceso a derechos que la Corte Constitucional admitió y fue subsanando de manera progresiva.
Frente a las demoras para corregir estas asimetrías, creo que la razón fundamental es que desde los años 80 hasta los 90 el campesinado era casi que equiparado a un agente criminal. En la segunda mitad del siglo XX, Colombia intentó hacer la reforma agraria y el campesinado, particularmente la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), jugó un rol determinante en impulsar estas agendas redistributivas. En los 70 esa agenda redistributiva empieza, no sólo a detenerse, sino a revertirse.
Ese proceso de reversión es clave en el desmonte de las políticas reformistas y en la victimización del sujeto campesino. El actor que propendiera por una agenda redistributiva entre los años 80 y 90 tenía un alto riesgo de ser criminalizado y eso le pasó al campesinado. Las organizaciones campesinas sufrían la criminalización, sufrían montajes judiciales, sufrían violencias de parte de todos los actores armados y, en ese proceso, reconstruir una representación simbólica y social del campesinado de forma justa y democrática, fue muy difícil. Más difícil aún volver a hablar de la necesidad de la redistribución de las tierras en Colombia
La Corte Constitucional intentó hacer este este ejercicio de reconocimiento del sujeto campesino a través de su jurisprudencia. Sin embargo, durante los años 90 es muy escasa la jurisprudencia favorable a los sujetos campesinos y la que podemos encontrar se concentra principalmente en un enfoque productivista, es decir, la valoración del sujeto campesino se da en torno a la capacidad que se tiene para producir alimentos.
Sobre el 2002 y hasta el 2004 se empieza a reconocer que el campesinado puede ser un sujeto especial de protección, sobre todo en contextos de alta victimización.
Esta transformación jurisprudencial llega a su punto más alto en el 2017 cuando la Corte Constitucional reconoce que el campesinado tiene un vínculo especial con la tierra y que, derivado de ese vínculo especial, existe todo un conjunto de derechos que le asisten para garantizar su dignidad humana. Con esta noción en la mano es que se llega a la reforma del artículo 64.
C: La declaratoria del campesinado como sujeto de derechos cuenta con varias dimensiones: económica, social, cultural, política y ambiental. En medio de la crisis climática y en el marco de la COP16 que empieza la próxima semana, hablemos de la dimensión ambiental, ¿por qué es importante?
C.Q: La dimensión ambiental es muy importante porque atiende una de las más recientes expresiones de esa disminución del sujeto campesino. La emergencia de las políticas ambientales creó otro sesgo que recayó sobre el sujeto campesino. Ya no solamente era improductivo y criminal sino que también era un agente contaminante. Ese prejuicio llevó a que las políticas ambientales que se hacían en sus territorios, muchas veces, vulneraran sus derechos fundamentales. Un ejemplo claro es la Operación Artemisa, donde el derecho penal y la fuerza punitiva del Estado deja de ser la última herramienta para controlar el daño ambiental y se convierte en la primera.
Reconocer la dimensión ambiental del campesinado es romper ese estigma y decir que el campesinado no solamente tiene la capacidad de participar de esas políticas de conservación ambiental, sino que tiene una relación que hemos llamado ‘de dependencia vulnerable con su entorno’. Eso quiere decir que, aunque todos los seres humanos dependemos del entorno natural en el que vivimos, las comunidades campesinas tienen un nivel de dependencia especial que las lleva a que cualquier daño en el entorno natural en el que viven sea profundamente lesivo para sus derechos.
Estos daños pueden estar enmarcados en procesos de contaminación, deforestación, degradación, pero también, como está documentado ampliamente con evidencia científica, en los procesos de conservación ambiental en los que se pueden dar formas de acaparamiento verde. Ya los acaparadores de tierra no son sólo los latifundistas, también se puede dar a través de políticas de conservación ambiental que expulsan al campesinado de su territorio.
En el marco de la discusión global en torno, por ejemplo, a la protección de la biodiversidad ahora con la COP16, este reconocimiento de la dimensión ambiental es clave porque pone al campesinado como un aliado en los procesos de conservación de la biodiversidad. Además, impone un deber al Estado y a los organismos multilaterales de reconocer ese vínculo del campesinado con su entorno y de hacer que las políticas de conservación no rompan esa relación con la tierra.
C: ¿Qué relación tiene y cómo se vincula esa dimensión ambiental y los conocimientos tradicionales de las y los campesinos con la COP16 que se realizará en Cali?
C.Q: Hay distintas formas de entender la biodiversidad. Una de las más integrales dice que la biodiversidad incluye la diversidad cultural de comunidades que han habitado en estos ecosistemas desde una perspectiva de coproducción del territorio. En ese sentido, las comunidades campesinas han desarrollado conocimientos que les permiten adaptarse o transformar los entornos y convertirse, de alguna manera, en guardianes de esa biodiversidad.
El conocimiento, por ejemplo, en materia de gestión, conservación y adaptación de las semillas que tienen las comunidades campesinas es clave para mantener niveles de agrobiodiversidad saludables para todo el planeta. Tienen un saber ligado a la producción alimentaria que debe recibir incentivos financieros, que debe evitar su desaparición progresiva desmontando los incentivos perversos de los paquetes tecnológicos de la ‘Revolución verde’ y que debe ser protegido y respaldado en el marco de la COP16.
La comunidad internacional tiene la oportunidad de apoyar estas formas diversas, biodiversas y agrobiodiversas del conocimiento.
C: Más allá de la declaratoria, y en el marco de la COP16, ¿cuál ha sido el aporte de las y los campesinos a la protección y conservación de la diversidad en Colombia?
C.Q: Hace poco, en un evento donde las comunidades campesinas de todo el país se reunieron a hablar sobre la importancia de reconocer esta dimensión ambiental, nos encontramos con varios ejemplos. La Asociación Campesina del valle del río Cimitarra (Magdalena Medio) tiene procesos de ordenamiento territorial alrededor de lo que ellos han llamado ‘La línea amarilla’. Consiste en que las comunidades se ponen de acuerdo para respetar o conservar zonas de bosque o rondas hídricas. A la vez, garantizan un mecanismo de apropiación territorial colectivo de esos bosques sin que ello implique su transformación. Esto es muy importante porque lo que siempre se le ha dicho al campesinado, desde la Colonia, es que la forma de apropiarse de la tierra es talando.
También estuvieron campesinos y campesinas de la montaña caucana, del municipio de Inzá, que nos mostraron cómo a través de ejercicios de educación ambiental han realizado actividades de monitoreo de la diversidad natural con ayuda de algunas universidades. Así, han logrado documentar especies endémicas, hacer monitoreo y documentar la presencia de otras que desde hace años no eran registradas. También contaban cómo han desarrollado actividades de siembra de frailejones en zonas del Páramo de Guanacas en Cauca y le han hecho seguimiento a estas para garantizar una repoblación de estas especies.
Otro ejemplo interesante es el del Festival del Jaguar. Las comunidades campesinas del Guaviare han desarrollado procesos de educación ambiental, generando conciencia en niños y niñas, en torno a la importancia de esta especie como un regulador ecosistémico y como un indicador de la salud del ecosistema. A la vez han realizado procesos de cercamiento para que el ganado no llegue a las zonas donde habitan los jaguares
Estas iniciativas campesinas han sido gestionadas con recursos y esfuerzos del campesinado y son un claro ejemplo de su dimensión ambiental.
C: El gobierno nacional ha insistido en que la COP es de la gente y en crear espacios para la discusión y participación ciudadana y popular. Teniendo en cuenta esto ¿Cómo ve la participación y representación de las y los campesinos en las charlas, eventos y discusiones de la COP16?
C.Q: La modificación del artículo 64 es un gran avance, genera un mandato de transformación y de adecuación institucional; pero tanto a nivel nacional como global persisten enfoques que disminuyen al campesinado y lo restringe en participación. Eso, lamentablemente, no excluye a la COP16.
Es cierto que el gobierno nacional ha hecho esfuerzos muy importantes. Las ministras Marta Carvajalino (de Agricultura) y Susana Muhammad (de Ambiente), hicieron un encuentro de comunidades campesinas donde hubo oportunidad para el diálogo y donde el gobierno mostró su compromiso. Pero a nivel internacional, el reconocimiento de las comunidades campesinas sigue siendo muy exiguo.
Sólo hasta 2018 tuvimos una declaración de derechos de las comunidades campesinas por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas. El Convenio Marco de Biodiversidad no reconoce explícitamente estas comunidades, habla únicamente de ‘comunidades locales’ y pueblos indígenas. Por eso urge que se creen rutas para fortalecer el reconocimiento, para visibilizar a las comunidades campesinas tanto en el plano nacional como internacional.
En lo nacional creo que es clave que las comunidades campesinas participen con mayor decisión en el monitoreo del Plan Nacional de Biodiversidad. Veo con mucha satisfacción cómo se han desarrollado amplios escenarios de consulta para este plan en pueblos y comunidades étnicas, pero siento que el gobierno pudo esforzarse más por permitir la participación activa y efectiva de las comunidades campesinas en la actualización del Plan Nacional de Biodiversidad.
C: ¿En qué avanzaron los compromisos que quedaron de la COP15 sobre el papel del campesinado en la protección de la biodiversidad y qué se espera de la COP16?
C.Q: Los compromisos explícitos en torno al campesinado son exiguos. El marco Kunming-Montreal (los compromisos resultantes de la Conferencia de Biodiversidad de la Organización de las Naciones Unidas de 2022) todavía no nombra al campesinado. Aún no lo reconoce con la suficiente fuerza. Uno podría decir que está reconocido dentro de la categoría de ‘comunidades locales’ y en ese sentido hay una serie de mandatos tanto para el fortalecimiento de rol de estas comunidades, como para el reconocimiento de sus conocimientos tradicionales.
En el marco de Kunming-Montreal queda claro que los objetivos de conservación de la biodiversidad no se lograrán únicamente a través del establecimiento de áreas protegidas. Si queremos que la protección de la biodiversidad sea una realidad no podemos hacerlo sólo a través de medidas restrictivas, tenemos que hacerlo también a través de la adecuación de las actividades productivas y en particular de la producción agroalimentaria. En eso, aunque no se nombra por su falta de reconocimiento, el campesinado es el actor llamado a hacer el protagonista del aumento de esa agrobiodiversidad.
Lo qué se espera de la COP16 es que se empiece a hablar de los campesinos, a llamarlos con nombre propio, que se les reconozca como sujetos de derechos ambientales en el marco de la Convención de Biodiversidad. También se espera que se trace una ruta para que los esfuerzos económicos que están haciendo los organismos multilaterales lleguen realmente a las comunidades campesinas que son las guardianas efectivas de la biodiversidad.
