Los 14.416 estudiantes de la universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba solamente recibieron clases un semestre este año. El 2024 inició con una asamblea permanente y terminará de la misma forma en medio de problemas financieros, administrativos y de calidad educativa. En el segundo semestre del año, la sede de Quibdó estuvo activa brindando clases durante un poco menos de un mes.
La crisis escaló hace dos semanas cuando un grupo de encapuchados incendió las oficinas de la vicerrectoría administrativa y financiera. Este hecho ocurrió luego de que Mosquera Valencia fuera capturado por estar presuntamente involucrado en un caso de corrupción y con una marcada opacidad del uso de los recursos en su administración.
El ataque causó daños significativos en equipos y documentos clave sobre la gestión económica de la institución, lo que profundiza la incertidumbre sobre el manejo de los recursos y la polarización en la comunidad educativa. Hoy la universidad se encuentra paralizada, y los estudiantes y docentes que integran la asamblea permanente denuncian amenazas e intimidaciones por parte de actores desconocidos.
La Utch es la única universidad pública del Chocó, la única con sede física en el departamento y la que recibe más del 93 por ciento de la población matriculada en educación superior del territorio. En medio de este panorama sigue siendo una de las cinco instituciones de educación superior con el menor promedio en las Pruebas Saber Pro 2023 de todo el país.
Aunque la comunidad universitaria le exige acciones contundentes al Ministerio de Educación en cabeza de Daniel Rojas, desde la cartera aseguran estar “maniatados”. Hoy las únicas acciones que están implementando son las “medidas de prevención” designadas desde el 6 de octubre de 2023. Mientras tanto, docentes, estudiantes y administrativos piden estudiar con dignidad.
La situación financiera y administrativa es crítica
La institución se enfrenta, entre otras cosas, a un presunto desfalco de cerca de 38.000 millones derivados del Proyecto de Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación Agropecuaria para el mejoramiento del Sector Maderero en el Departamento del Chocó “Proyecto Madera Chocó”. Las presuntas irregularidades en el proyecto, que fue financiado con 15.500 millones de pesos provenientes de regalías, son las que llevaron a la captura del exrector Mosquera el pasado 18 de noviembre.
A esto se suman varios hallazgos del Ministerio de Educación durante las visitas de seguimiento preventivo después de la medida dictada en 2023; entre ellos que no recibieron evidencia sobre el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de las obligaciones de varios contratos, “motivo por el cual no existe certeza de su ejecución”. Así como informes de actividades sin evidencia de su cumplimiento y pagos a contratistas como auxilios o bonificaciones por visitas de campo, sin su debida justificación.
Adicionalmente, no hay concordancia en las cifras financieras de la institución. “Se repite en el periodo de diciembre lo enunciado en la primera conclusión financiera de corte septiembre en el sentido que la universidad presenta cambios importantes en los reportes de información contable evidenciando variaciones significativas en el activo, pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos”, dice el informe de visita de seguimiento preventivo realizada por el Ministerio del 22 al 24 de abril de 2024.
Consonante consultó al rector (e) Asprilla sobre la situación financiera de la universidad, pero aseguró que no podía dar información al respecto: “Frente a ese tema no me quiero pronunciar porque precisamente es un tema que estamos hoy socializando con la asamblea triestamentaria, y uno de los acuerdos es que no habrá un pronunciamiento de esos procesos, sino de manera concertada”.
Mientras tanto, estudiantes y administrativos denuncian que los recursos de bienestar universitario no se ven reflejados dentro de la institución: “Los recursos para los estudiantes no existen. La universidad en diciembre del año pasado dijo que a los estudiantes se les entregó unos bonos navideños, unos morrales personalizados, lapiceros y agendas de la universidad, y la Contraloría dijo que cuando iniciaron a llamar a las personas que la universidad tenía en los listados, manifestaron no haber recibido nada. Eso da a entender que los recursos de bienestar universitario no están llegando a los estudiantes. Hay una presunta corrupción al interior de la universidad”, dice Wilmer Serna, líder estudiantil e integrante de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios –Aceu–.
La situación tiene a algunos funcionarios sin recibir sueldo desde agosto. “El pago de agosto lo hicieron a mediados de septiembre y solo a algunos funcionarios, otros tuvieron que hacer reclamaciones a través de derechos de petición para que les terminaran de pagar. En septiembre se presentó exactamente lo mismo. Tampoco se nos ha pagado el sueldo de octubre y noviembre. Hoy estamos llegando a mediados de diciembre y no se sabe nada sobre el pago del salario y tenemos hasta en duda el pago de la prima”, dice Raúl García Mosquera, empleado de carrera de la universidad y representante legal de la Asociación Sindical de Empleados y Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Chocó.
García cuenta que el problema con los pagos no es nuevo. En diciembre de 2023 la universidad entró en asamblea permanente por el mismo tema, con el agravante de que también había retrasos en el pago de la seguridad social y las EPS dejaron de prestar el servicio a muchos funcionarios.
En 2023, a través de la negociación colectiva, se había acordado que a los docentes de cátedra se les debía pagar cada dos meses, pero la universidad tampoco cumplió con eso y los profesores recibían su sueldo más de seis meses después. Además, la universidad no les pagó seguridad social argumentando que no eran empleados públicos ni trabajadores oficiales y su vinculación a la entidad se realizaba mediante contrato de prestación de servicios.
Con esto el Ministerio de Educación aseguró que la institución estaba “presuntamente infringiendo normatividad constitucional, legal e inclusive, el precedente jurisprudencial, al estipular en su Propuesta de Estatuto General, que la contratación de sus docentes catedráticos será mediante contratos de prestación de servicios”.
También se evidenció que la administración incumplió los acuerdos colectivos 2016 a 2019 y 2020 a 2023 y que desde el año 2018 no se han transferido recursos al Fondo de Bienestar Profesoral.
“No estamos pidiendo otra cosa sino dignidad para estudiar”
Estudiantes y administrativos se unieron en un solo pliego de peticiones para presentar ante el rector. Entre los puntos más importantes está la seguridad dentro de la universidad, pues aseguran que cualquier persona puede entrar y no tienen un carnet que los identifique. También denuncian que no tienen restaurante estudiantil, ni enfermería, a pesar de que fue un compromiso que había hecho el exrector Mosquera.
“Uno ingresa en el primer semestre y cuando usted va por el carnet le dicen “la máquina, está mala”, y por allá en octavo semestre, cuando la máquina está buena, le dicen “no hay material” y así lo llevan a uno todos los semestres. Y peor que no le entregan a uno tampoco el carnet de seguro estudiantil, no sabemos si tenemos seguro dentro de la universidad”, dice Serna.
Otra preocupación son las condiciones en las que reciben las clases los estudiantes de la subregión del San Juan, y solicitan la construcción de la sede. Así como un estudio socioeconómico de los estudiantes que permita crear mecanismos de prevención de la deserción escolar. Según el informe del Ministerio de Educación, la Utch certificó que en 2023-1 y 2023-2 se presentaron 2.705 deserciones.
“Muchos estudiantes no tienen cómo desayunar, tomarse un café o un patacón con queso. A muchos les toca salir de la universidad para poder trabajar, para poder vivir, la mayoría de los compañeros son de otras regiones y a veces les toca salir de la universidad por no tener para pagar un arriendo. Hoy estamos solicitando a la administración de la universidad que se haga un estudio donde podamos mirar cada una de las vicisitudes que tienen los estudiantes"
Wilmer Serna, líder estudiantil e integrante de Aceu
Desde el lado de los funcionarios, organizados en la Asociación Sindical de Empleados y Trabajadores de la Universidad Tecnológica del Chocó, piden garantías para la sostenibilidad y permanencia de la universidad.
“Estamos hablando de que se organice un plan para que la universidad se ponga al día con todas las deudas para que de una u otra forma pueda garantizarnos a futuro la estabilidad”, explica Raúl García. También proponen un estudio técnico que identifique cuál es la necesidad real de funcionarios y docentes “con ese tema de las cuotas burocráticas la universidad se desbordó, pasamos de tener 84 funcionarios de contrato hace siete años a tener hoy casi 300. Entonces lo que estamos diciendo es que revisemos las necesidades reales y con base en eso tomamos decisiones de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley”, agrega.
También solicitan el pago de los salarios y aportes a los profesores de cátedra, el cumplimiento a los compromisos pactados en enero durante la negociación colectiva para el período 2024-2026 con la Asociación Sindical de Profesores Universitarios, Sintraunicol Subdirectiva Quibdó, Sintrautch, Asemntra-Utch, Sintraunal Subdirectiva Chocó, y la administración de la universidad. Y el regreso a la normalidad académica.
El rector (e) Fabio Asprilla asegura que actualmente están en conversaciones para empezar una eventual negociación con la asamblea. “Yo no quiero tampoco entrar en esa tónica de del espejo retrovisor, yo creo que hoy los que nos toca es pararnos en el presente y proyectar el futuro sin desconocer, lógicamente, que si no tomamos las medidas necesarias en estos momentos, pues las consecuencias serían peor a futuro”, dice Asprilla.
El enredo para designar un nuevo rector
La Utch ha tenido tres rectores en seis meses. La exministra de Educación, Aurora Vergara, destituyó a David Mosquera el 6 de julio y nombró como rectora encargada a Vanessa Sánchez. Sin embargo, en un proceso que algunos estudiantes y administrativos llamaron “amañado”, Yeferson Romaña Tello, Juez Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó, ordenó el reintegro de Mosquera; quien terminó su periodo el 18 de noviembre.
“Este es un juez (Romaña) que en diversas ocasiones, bajo sus providencias judiciales, ha venido haciendo fallos cuestionables”, dice el estudiante Wilmer Serna. Hoy el juez Romaña está en un lío judicial con la Agencia Nacional de Minería (ANM) por, presuntamente, haber tomado una decisión contraria a la ley al pedir el embargo de más de $370.000 millones que, según la entidad, pertenecen al Sistema General de Regalías (SGR), que son dineros públicos que le llegan a la Nación y que son fondos constitucionalmente inembargables.
Hoy Fabio Asprilla, quien fungía como vicerrector académico, es el rector encargado. Y por ahora, aunque integrantes de la asamblea permanente piden un “verdadero cambio de administración”, por la situación de anormalidad académica el periodo de Asprilla es indefinido.
“El estatuto si contempla un mes (del periodo de rector encargado), tiempo que se le da al Consejo Superior para que pueda hacer el proceso de elección en tiempos normales, pero en estas condiciones, mi resolución dice a partir del 22 de noviembre y va hasta que se surta el proceso de elección de esos consejeros”, explica Asprilla.
Las elecciones se iban a realizar el 4 y 10 de noviembre, sin embargo, la comunidad universitaria alegó que no había garantías para realizar el proceso. Aunque no está definido, lo más probable es que las elecciones se hagan finalmente en 2025.
“Alrededor de 10 candidatos solicitaron la suspensión de las elecciones del Consejo Superior, eran unas elecciones virtuales que no ofrecían un mínimo de garantías, no había un software responsable y tampoco había una auditoría externa que pudiera de alguna manera garantizar la transparencia de las elecciones. Diversos peritos que fueron contratados por la triestamentaria y por los profesores, ratificaron que hubo manipulación en las elecciones pasadas virtuales en las que se escogió al consejo superior, no podía pasar lo mismo”, agrega Serna.
La administración de Mosquera amplió el período de los Consejeros de 3 años a 4 años, al igual que el período del Rector. Un tema que según el Ministerio “infringe la normatividad constitucional y el precedente jurisprudencial”. Hoy hay tres integrantes del Consejo Superior a los que se les venció el periodo.
Algunos estudiantes y administrativos presentes en la asamblea le solicitan al Ministerio de Educación que tome medidas “drásticas” y elija a un nuevo rector encargado. "Estamos pidiendo que ayude a un proceso de transición armónica porque está muy polarizada la Universidad y que pueda regresar Vanessa o el que sea, pero que el Ministerio lo designe”, comenta Raúl García Mosquera. Además, han alegado que la orden del juez Romaña Tello ya no tiene validez, pues en el fallo dice que la medida iba hasta que terminara el periodo de Mosquera.
“En consecuencia, el Ministerio de Educación Nacional, debe retirar de manera urgente e inmediata todas las barreras administrativas que pudieran impedir el regreso del demandante al cargo de Rector de la Universidad Tecnológica del Chocó, hasta cuando se adopte una decisión definitiva en este asunto, o hasta cuando termine el periodo para el que fue elegido el actor, lo que ocurra primero”
Sin embargo, desde el Ministerio aseguran que no pueden hacer nada hasta tener una respuesta del juzgado: “Las competencias de inspección y vigilancia son facultades regladas en la Ley 1740 de 2014, y como servidores públicos sólo se puede hacer aquello que les está permitido por la Constitución y las leyes respectivas, en ese sentido, y hasta tanto no se decida el recurso de apelación interpuesto por este Ministerio frente a la decisión del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Quibdó que dejó sin efectos la medida de reemplazo de directivos, debemos ser respetuosos de las órdenes judiciales y de las etapas de los procesos que deben surtirse, en ese sentido, de momento nombrar un rector encargado no es una alternativa jurídicamente viable”.
