En las últimas semanas, el sonido de ráfagas de fusil ha vuelto a perturbar la vida de las familias de El Carmen de Atrato. Con desespero, han alzado la voz para que la guerra no se vuelva a instalar entre las montañas de la región. Ese llamado ha sido escuchado por los religiosos del municipio que llamaron a la comunidad, ya no solo al púlpito, sino a las calles. La consigna es una: quieren vivir en paz.
El Consejo Comunitario El 18 San Cayetano, la Plataforma del Campesinado, el Concejo Municipal de Paz, la Diócesis de Quibdó y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen han venido advirtiendo y denunciando las repetidas amenazas a comunidades y lideresas y líderes sociales, así como la presencia y tránsito de tropas del Eln, las Egc—antes Agc— y las disidencias de las Farc, quienes están citando a las comunidades y sus voceros para que se dobleguen al control de los armados.
Por años, en el municipio persistía la presencia y control del Eln, pero con la llegada de otros actores, principalmente tropas paramilitares, el panorama se crispó por la disputa del territorio. Desde el pasado mes de septiembre, la situación se ha agravado con el anuncio de un toque de queda impuesto sobre la vía que conduce de El Carmen de Atrato al municipio de Urrao, acción atribuida a las disidencias.
A inicios de este mes, habitantes del sector de La Trocha denunciaron la puesta de nuevas banderas del Eln, al igual que letreros y grafitis alusivos al grupo guerrillero. Adicionalmente, en los últimos días, la Alcaldía de Medellín reportó la llegada de más de 600 personas de comunidades indígenas Embera Katío provenientes del municipio del Carmen de Atrato por amenazas y acciones bélicas en sus territorios.
El municipio y sus habitantes resistieron los embates más fuertes del conflicto armado interno durante la década de los noventa y principios de los años 2000. Con la arremetida del Bloque Élmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que buscaba disputarse el territorio con el ELN, la violencia se intensificó. La masacre paramilitar cometida en la comunidad de El Siete en 1996 marcó el inicio de esa oleada de violencia que, según el Informe Final de la Comisión de la Verdad, provocó el desplazamiento de al menos 657 personas solo entre 1997 y 1998.
Tras la desmovilización del Ejército Revolucionario Guevarista (Erg) y la firma del Acuerdo de Paz con las Farc, pasaron varios años en los que las comunidades lograron vivir sin la zozobra ni la angustia provocadas por la presencia permanente de actores armados.
Con la esperanza de no volver a vivir una situación similar, la parroquia Nuestra Señora de El Carmen, con el apoyo de organizaciones de base del municipio, hizo un llamado a la comunidad para marchar en favor de la vida y la paz el pasado 3 de octubre. El recorrido inició a las 9:00 a. m. en el barrio La Paz, en la vereda La Mariela, y finalizó en la iglesia, con la participación de más de 200 personas.
Consonante entrevistó al presbítero Rogelio Salazar Gómez, quien encabezó la marcha y lidera las acciones por la paz en el municipio. El religioso lleva en el ministerio sacerdotal 30 años y llegó a El Carmen de Atrato en 1994 a desempeñarse cómo rector del colegio Corazón de María del Carmen de Atrato. Después del cierre del seminario sacerdotal, continuó trabajando en el municipio de Bojayá, Chocó, durante los años más álgidos del conflicto, cuando se registraron las cifras más grandes de víctimas de comunidades afro e indígenas en esa región.
Durante 15 años, hasta 2015, fue coordinador de educación en Quibdó, combinando este cargo administrativo con funciones directivas en la Institución Educativa Antonio María Claret y, posteriormente, en la Institución Educativa Pedro Agrau, en el norte de la ciudad. A lo largo de su carrera eclesiástica, ha brindado acompañamiento a comunidades en la defensa de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario. Encomendado a esa labor, regresó al municipio de El Carmen en agosto de 2023.
Consonante (C.): ¿Cuál es la situación actual de las comunidades indígenas, afro y campesinas, frente a la seguridad y la paz en el municipio?
Rogelio Salazar Gómez (R.S.G.): Tengo un sentimiento especial por las comunidades de la carretera, sobre todo en las antiguas El Consuelo, La Puria, Sabaleta y El 18. Ahorita están muy afectados por el conflicto que está resintiendo en La Trocha. La situación es cada día más compleja para estas comunidades indígenas, afro y campesinas.
Adicionalmente también se han venido presentando múltiples situaciones en la zona urbana del municipio y en otras de las veredas. En la última reunión que tuvimos en donde la parroquia se reunió con líderes y lideresas de todo el municipio, se denunciaron situaciones de minería ilegal, presencia y tránsito de actores armados, confinamientos y otros hechos que dificultan la permanencia de las comunidades en sus territorios.
Para nadie es un secreto que esa situación de violencia se viene presentando en diferentes zonas del país y se ha incrementado en estos últimos meses, lastimosamente los grupos políticos utilizan la violencia como un mecanismo para regresar al poder sin tener en cuenta a las comunidades que habitan en los diferentes territorios.
C.: ¿Qué situaciones o hechos concretos motivaron la movilización social por la vida y la paz?
R.S.G.: La marcha se realizó en el marco de la Semana por la Paz, que se celebra en todo el país, pero también tuvo como propósito visibilizar la situación actual del municipio. Hay angustia y zozobra. Las personas que habitan este pueblo ya han sufrido múltiples violaciones de los derechos humanos en el pasado, y definitivamente no quieren que esa historia se repita.
Es por eso que, como Iglesia, acompañamos no solo desde el púlpito, sino también visitando las distintas veredas, corregimientos y comunidades indígenas y afrodescendientes, para que sientan nuestra presencia y nuestro compromiso. Por esta razón, con el apoyo de la plataforma del campesinado y el permiso de la Alcaldía municipal, decidimos marchar.
C.: ¿Cuál es el papel de la Iglesia en la construcción de paz en el municipio?
R.S.G.: Como parroquia estamos guiados por un plan de acción diocesano que construimos con las comunidades y organizaciones de base, que busca acercar los diferentes credos y formas de pensar para el cumplimiento de nuestra misionalidad como iglesia católica, que es la defensa y salvaguarda de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.
Nuestro papel es de acompañamiento a las comunidades, pero también muy fuertemente de denuncia.
Desde la Pastoral Social contamos con el acompañamiento de profesionales en las áreas social y jurídica, con el propósito de avanzar en diversas formas de diálogo y mantener una presencia activa, no solo frente a situaciones de confinamiento, presencia de minas antipersona, reclutamiento forzado de menores y de adultos, desplazamientos forzados, y el tránsito y presencia de actores armados, sino también ante la difícil situación de estrechamiento que enfrentan las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, debido a conflictos relacionados con la tierra.
C.: ¿Qué considera usted que debe hacer el estado a nivel nacional, departamental y local para superar esta situación?
R.S.G.: En todos los niveles, el Estado debe actuar de manera coherente: formular políticas públicas claras que permitan avanzar en la solución de las problemáticas que enfrentan las comunidades. No se trata solo de abordar temas relacionados con la seguridad, el orden público y la paz, sino también de enfrentar otras cuestiones fundamentales, como erradicar la corrupción e invertir los recursos necesarios. Y eso, lamentablemente, no se está viendo.
A nivel local, es indispensable contar con una política más clara de apoyo al campesinado y a la producción agropecuaria del municipio, además de implementar acciones concretas en favor de la juventud, especialmente frente a la problemática de la drogadicción. Esta Alcaldía debería cumplir con su plan de desarrollo y avanzar en lo que prometió durante la campaña, pero eso aún no se refleja en los hechos. A uno realmente le preocupa cuál será la reacción de la Alcaldía y las posibles consecuencias frente a acciones como la marcha.
C.: El departamento de Chocó ha experimentado una grave oleada de victimizaciones contra la población civil por la disputa entre actores armados, puntualmente por el aumento de minas antipersonal, el confinamiento, el reclutamiento forzado y el desplazamiento ¿En el caso de El Carmen, qué está pasando con este tipo de victimizaciones?
R.S.G.: Es muy importante mencionar que las comunidades que actualmente sufren condiciones o situaciones de confinamiento tienen fuertes dificultades para acceder a sus cultivos y a sus medios de vida y esto hace que sus posibilidades de continuar en el territorio sean mínimas.
También nos han comunicado del tema de minas y de cultivos ilícitos en las zonas más alejadas, además de reclutamiento de menores y mayores principalmente de comunidades indígenas.
C.: En materia medioambiental, ¿la Iglesia advierte riesgos por los intereses de los actores armados en la región?
R.S.G.: La minería ilegal es uno de los asuntos complicados, no solo por la contaminación que genera por el uso de mercurio y otros agentes químicos, sino también por que trae consigo la presencia de actores que ponen en peligro las comunidades y vienen acompañadas de otros factores de riesgo como la drogadicción, el alcoholismo y otros.
Además, está el tema de la sentencia del río Atrato y la falta de gobernabilidad local frente al asunto de la empresa minera El Roble —que explota cobre en la región—.
C.: ¿Qué mensaje le envía a las comunidades afectadas?
R.S.G.: A las comunidades les digo que no están solas, que cuentan con nuestro apoyo y acompañamiento de manera permanente, que allí seguiremos estando, desde el púlpito y nuestra misión evangelizadora y yendo hasta sus lugares, denunciando y haciendo visible la situación.
C.: ¿Qué llamado le haría desde la Iglesia a los actores armados que están actuando en el municipio?
R.S.G.: A los actores armados les digo que nuestras puertas siempre estarán abiertas a la búsqueda de la concertación y el diálogo. Muchos de ustedes son católicos o sus familias son católicas, acudo a sus valores para a la hora de buscar sus intereses, que pueden ser válidos, respeten los derechos de las comunidades.
El mensaje es el mismo de la Iglesia: estamos dispuestos a dialogar y a mirar rutas de salida. La Diócesis ha sido muy humanitaria y ha querido también tener parte con el gobierno a través de todas estas mesas de participación que se tienen en la nación. Esperamos que algún día esto sea posible y lleguemos a soluciones y a cambios significativos.
