Terminado el recorrido entre San Juan del Cesar, Hatonuevo, Barrancas, Albania, Distracción, Villanueva, Urumita, El Molino y La Jagua del Pilar, el camión de la basura del sur de La Guajira arrojó los desechos en Almapoque, Fonseca, cuando un pequeño bulto salió de la gran boca mecánica.
Era diciembre de 2024. Entre recicladores observaron que se trataba del cadáver de un recién nacido, en estado de descomposición, que había llegado hasta el relleno sanitario regional. El cuerpo fue levantado y lanzado al remolque en el camino junto con los otros desperdicios.
Cuando la prensa local reportó el caso, la ciudadanía lo rechazó y días después aseguró, extraoficialmente, que el menor habría muerto asfixiado con una toalla higiénica en el rostro.
Como este, aparece cada mes un caso de muerte infantil en La Guajira que no ocupa los titulares de la prensa nacional como sí lo hacen los casos de muerte por desnutrición. Con solo una vaga exposición de los hechos en redes sociales, sin embargo, la ciudadanía juzga que las circunstancias de estos eventos son confusas y los avances de investigación siempre son ineficientes.
Según cifras del Instituto Nacional de Salud (INS), La Guajira sigue liderando la cifra de muertes de niños y niñas por desnutrición. En 2024, el ICBF reportó más de 30 casos en el departamento al conteo de mortalidad solo por esta causa –una cifra que, según la dependencia, se redujo en un 40% respecto a 2023–.
Y aunque el Observatorio de Bienestar de la Niñez (OBN) de la misma organización informó que La Guajira nunca ha liderado las tasas de violencia interpersonal, intrafamiliar, sexual o la solicitud de restablecimiento de derechos infantiles en Colombia, la ciudadanía y los liderazgos comunitarios observan otro panorama.
“Es una crisis humanitaria que clama atención, puesto que es una realidad que se vive día a día. Se puede corroborar con las cifras de la Defensoría del Pueblo, que indican un panorama más amplio: cientos de niños muertos en La Guajira por desnutrición y violencia”, dice a Consonante Yaneiri Troches, al frente de la plataforma de juventudes de San Juan del Cesar.
El 21 de febrero de este año, un medio digital de la zona dio a conocer que un niño del pueblo Wiwa de nueve años fue encontrado sin vida en zona rural de San Juan del Cesar.
La información preliminar indicaba que el menor estaba jugando mientras acompañaba a su tío en labores del campo y, de repente, este último lo encontró muerto, colgando de un árbol.
Pero las versiones más actuales de este caso en la Loma del Potrero aseveran que el niño fue hallado muerto dentro de su casa. Ni la familia ni los vecinos quieren pronunciarse.
Consonante estableció comunicación con el ICBF para obtener respuestas sobre este hecho y sobre la sistematicidad de otros en el departamento. Nadie en la dependencia gubernamental tenía conocimiento de lo ocurrido. Radicamos entonces una solicitud de información que, un mes después, sigue sin respuesta.
Establecimos también contacto con la SIJÍN. Un funcionario comunicó que, al menos ese caso, no había llegado a loes escritorios de sus oficinas. Otro policía contestó que “no tenían autorización para dar declaraciones a la prensa”. Lo mismo hizo el intendente de la policía de infancia y adolescencia, quien aseguró que no podía atender a medios porque debía, justo, atender otro caso de la misma naturaleza.
La encargada de la Comisaría de Familia de San Juan del Cesar, a quien también buscamos, aseguró que no se sentía cómoda brindando información telefónicamente. Tampoco asignó un espacio de reunión.
El rebote en el acceso a la información es frecuente. No hay suficientes datos disponibles sobre el contexto y la ciudadanía se queja de la falta de celeridad de la justicia para actuar.
“Para nadie es un secreto que las investigaciones son casi siempre ineficaces sea por la falta de recursos; por la lejanía de las comunidades en donde ocurren muchos de estos hechos y hasta por la desconfianza que existe con las autoridades. Lo que pasa es que la impunidad ha generado en la comunidad una sensación de injusticia y desprotección”, dice Troches de la Plataforma de Juventudes.
Naturaleza muerta
El personero de San Juan del César, Billy Hamilton Daza, aseguró a Consonante que cuando se presenta un evento de estos, las autoridades locales como la Policía, la Comisaría de Familia, la Unidad de Protección y la misma Personería hacen la articulación para trabajar en los casos.
“Les hemos hecho seguimiento, también verificaciones a través de los comités que existen en el municipio. Tenemos comité de salud mental, comité de violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes, etc. Y estamos atendiendo cada caso que se presenta con la mayor brevedad posible y con la importancia que requieren”, dice Daza.
Esos comités, sin embargo, no logran contrarrestar el panorama en el sur del departamento. De hecho, para esta misma época del 2024, fueron encontrados en el camino entre Distracción y San Juan del Cesar dos menores de edad. Uno sin vida y otro con escasos signos vitales.
Su padre, después de infringir sobre ellos asfixia mecánica, se arrojó a un autobús y se provocó a sí mismo una lesión de cadera. Según la policía, la suya fue una intención suicida y por eso encontraron los cuerpos de los niños bajo un árbol, cerca a la autopista.
En enero de ese año, unos perros hallaron el cadáver desmembrado de un bebé. Estaba entre los matorrales crecidos detrás del colegio Monte Alvernia, en el municipio de Barrancas.
Aunque en ese momento las autoridades prometieron una exhaustiva investigación, ya que solo había parte del cuerpo de la menor, desde entonces hasta ahora no solo no hay responsables sino que la información brindada por el CTI se limitó a reportar que era 'una bolsa con un feto recién abortado'.
Omisión o negligencia
Como estos accidentes, otros demuestran que las infancias de la zona tienen experiencias de riesgo lejos de su familia o incluso porque están cerca de ésta.
Hace una semana, en zona rural del Valle, una bebé perteneciente a la etnia indígena Kogui sufrió quemaduras en casi el 30% de su cuerpo, aparentemente por un accidente con agua que hervía en un fogón.
Dos días después, en la vía Bosconia-Caracolí, murió otro niño de tres años que iba a un paseo de río con sus padrinos. Al parecer, uno de ellos conducía una moto y habría perdido el control cuando se produjo un accidente en el que la única víctima mortal fue el menor.
En Consonante también reportamos el feminicidio de una niña de cinco años herida a muerte por su padrastro en área rural de La Guajira, en 2024. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron después, a partir de la necropsia, que la menor sí presentaba hematomas por todo su cuerpo.
La Guardia Indígena del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco entregó al responsable a la justicia ordinaria que lo condenó a prisión. Pero no ocurre lo mismo con todos los casos. Según el personero, la mayoría de veces es la misma familia la que impide que la investigación se lleve a cabo, como ha ocurrido con el caso del niño Wiwa que murió ahorcado.
“Al menor no se le realizó la autopsia porque los familiares, según lo que se informó, no permitieron realizarla. La única declaración que hay es que el menor se quitó la vida, no hay otra información diferente”, cuenta Daza.
El personero manifiesta que es deber de la Fiscalía realizar las investigaciones para poder dar las causas de los hechos. Reconoce también que existen dificultades que no permiten dar celeridad. “Los despachos judiciales se encuentran colapsados en casos para atender, entonces creería que una de las causales es no tener el suficiente personal para dar una respuesta oportuna o asumir la suficiente responsabilidad”, dice el funcionario.
También la falta de recursos es para Troches, de la Plataforma de Juventudes, otro folio del problema. Para ella, que muchos de estos casos no se investiguen y terminen archivados, tiene que ver con que las instituciones encargadas no están fortalecidas y han sido, en sus palabras, corruptas. Asegura asimismo que no tienen una línea estratégica de atención en salud mental.
“Para que este panorama cambie se requiere además de la participación activa de la comunidad. No sé si por miedo o desconocimiento no contamos con esa participación y por eso son necesarios programas donde se aborde el tema e, incluso, se fomente la protección a las infancias”, agrega Troches. “Hace falta mucha información; inversión en salud, nutrición y educación y garantizar el acceso a servicios básicos de calidad para los niños y niñas de La Guajira”.
Para la Personería Municipal lo más mejor sería la creación de una política pública donde, como expresa Daza, “el Estado no sólo reconozca la problemática de salud mental encriptada en nuestra sociedad”, sino donde entienda que por muchas sanciones que haya o por más severas que sean, eso no va a resolver el la condición humana de agredir.
“La persona que realiza un vejamen contra un niño necesita ser abordado en su pensamiento, en su formación, en su relacionamiento. Todo eso le compete a otras ciencias de estudio, como la sociología, la psicología, y no solo a las autoridades”, concluye el personero.
