El celular de Anairis Loperena notificó varias llamadas perdidas cuando se acercó a una antena con señal en la noche del 26 de diciembre. El número registrado era de Edilma Loperena, la coordinadora de la Comisión de Mujeres Wiwa, a quien buscaba la Guardia Indígena del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco en El Barcino, a diez horas en mula desde el corregimiento La Junta de San Juan del Cesar hasta la Sierra Nevada de Santa Marta.
La integrante de la Comisión de Mujeres Wiwa, al comunicarse de vuelta desde El Encanto, Magdalena, escuchó a Edilma Loperena decir que subirían las dos al Resguardo. Llegaron la noche del 28 de diciembre, cuando la comunidad se disponía a sepultar el cuerpo de una niña vendada con una hamaca en una fosa natural.
La más conmocionada después de la población del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco pareció ser la de Atshintujkua, la capital indígena entre los departamentos del Magdalena, Cesar y Bolívar, donde se asienta el pueblo Wiwa.
“Él y su pareja llevaban aproximadamente tres meses de estar viviendo juntos y tenían problemas”, cuenta Anairis Loperena, quien llegó también junto a José Malo y Consuelo Carrascal, otra integrante de la Comisión que comprende trabajo articulado entre la Organización Wiwa Golkushe Tayrona (OWGT), la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT) y la Organización de Campo Alegre.
“Esa noche, cuando lo vieron llegar en semejante estado de alicoramiento, las mujeres escondieron a su pareja para que no la maltratara porque había indicios. Pero él se fue a buscarla a su casa”, complementa la líder.
Las hermanas de la niña fueron testigos del feminicidio. Por entre los matorrales vieron sigilosamente todo lo que más tarde contarían a las autoridades. “Lo comenzaron a seguir desde que la sacó de la vivienda por la fuerza, haciendo el recorrido por donde la arrastró”, dice Loperena.
Las comisionadas pidieron llevarse el cuerpo de la niña porque querían saber si también tenía rastros de violencia sexual. Por eso, hablaron con la autoridad espiritual y el comisionado de derechos humanos y acordaron bajarlo hasta Medicina Legal. “Pese a que el día anterior pedimos apoyo a la Fiscalía y a la Policía para que se ocuparan del levantamiento de cadáver”, agrega Loperena.
Desde la vocería de la Comisión hablaron con contundencia para que las autoridades entendieran que este caso no cabía en la justicia especial indígena, como asegura Loperena. Así, el primer interesado en cooperar fue el padre del joven, quien lo entregó a la justicia ordinaria por temor a las represalias de su pueblo.
La impunidad pende entre dos justicias
Yony Loperena está siendo procesado por feminicidio, una condena que, sin rebajas, sería aproximadamente de 20 años de cárcel.
Su padre lo entregó a la Guardia del Resguardo Kogui Malayo Arhuaco por temor a lo que hiciera la comunidad. La más conmocionada después de esta pareció ser Atshintujkua, la capital indígena entre los departamentos del Magdalena, Cesar y Bolívar, donde se asienta el pueblo Wiwa.
En Atshintujkua lo recibió la Fiscalía y la Policía, junto a la Comisión de Mujeres y junto al cuerpo inerte de la niña y de allí hasta el casco urbano del sur de la Guajira. En el descenso, Edilma se fracturó dos costillas; Ana se lesionó una pierna y a Consuelo casi la tira una mula por un abismo. Según Loperena, no se le dijo a nadie que el joven era el responsable del feminicidio porque había gente demasiado brava que, en sus palabras, quería matarlo.
“En la Ley de Origen no están estipulados asesinatos, feminicidios ni violaciones porque nosotros profesamos paz y somos pacíficos”.
Edilma Loperena Plata, coordinadora Comisión de Mujeres Wiwa
La misma sed de reprensión hubo en San Juan del Cesar, donde las mujeres querían hacerse cargo. “Ellas sí sabían que nosotros íbamos a traer al joven, entonces se puso pero bien caliente”, agrega la comisionada. “Cuando llegamos con el capturado a la estación de policía, hubo mujeres que trataron de quitarnos al muchacho para hacer justicia por sus propias manos”.
Este caso es excepcional, según Pedro Manuel Loperena, coordinador de la Comisión de Derechos Humanos Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT). En su criterio, debió quedarse en la jurisdicción especial indígena aunque reconoce que no cuentan con las estructuras de juzgamiento necesarias. “Se requiere revisar cómo se juzgan estos actos dentro del pueblo Wiwa, para entender cuándo las autoridades deciden que no se puede administrar su propia justicia, y qué se lleva a las autoridades no indígenas para que apliquen las respectivas acciones de ley”.
Lo que ocurre dentro de las comunidades son de resorte propio de las autoridades tradicionales indígenas, reitera Pedro Manuel Loperena, por eso, son estas las que deciden qué es lo que pasa a la justicia ordinaria. Pero según explica el comisionado de derechos humanos en este caso no hubo consenso. Hubo un reconocimiento de que existe el machismo y prevalece la violencia asociada al consumo de licor, algo que no han podido contener por su cuenta hasta ahora.
“Por ejemplo un caso como el enfrentamiento por tierra con un campesino o un colono, hay veces que se ha tomado cartas en el asunto y hemos puesto el conocimiento eso tanto de las autoridades indígenas como las autoridades no indígenas. Pero otras veces, no se hace ni de un lado ni del otro”, asegura Pedro Manuel Loperena.
Edilma Loperena, coordinadora de mujeres del pueblo Wiwa, explica que es importante que este delito haya salido de su comunidad porque, en sus palabras, marca un precedente y hace notar algo que no está en su ley de origen. “No están estipulados asesinatos, feminicidios ni violaciones porque nosotros profesamos paz y somos pacíficos”, anticipa.
Según ella, quien estuvo con Anairis en El Barcino, las autoridades tradicionales dijeron que no tenían cómo sostener al joven que asesinó a la niña, “porque este delito no estaba dentro de su poder de juzgamiento ni hay garantías para que esa persona pague dentro del territorio lo que tiene que pagar”, explica Edilma Loperena.
La coordinadora de la Comisión de Mujeres asegura que dentro del territorio esas leyes no están claras para poder hacer un tipo de juzgamiento especial. “Y lo que queda es mucha impunidad así como niñas y familias revictimizadas, porque se tienen que encontrar con el agresor y tienen que compartir espacios con ellos”. Para ella, sí hace falta fortalecer su justicia interna y aplicarla en todo el sentido de la palabra en actos de violencia contra la mujer. “Nosotros no estamos en contra de la justicia propia sino pidiendo que se cumpla”, concluye.
Tres habitaciones para el restablecimiento de derechos
Para tener una cifra exacta de casos de violencia contra la mujer y contra niños y niñas, la Comisión de Mujeres Wiwa necesita compilar el registro hecho por cada organización que, a su vez, atiende a diferentes comunidades.
El número de casos está diseminado. La Comisión atiende a 37 comunidades de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYVT); 12 comunidades de la Organización Golkushe Tayrona (OWGW) y nueve del lado de Campo Alegre. De esta manera, se requiere que cada una de las organizaciones tenga un juicioso registro en el tiempo de las casi 60 comunidades que se asientan entre los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena.
También se requiere trabajar de manera articulada con las instituciones que tienen incidencia en estos temas, como es el caso del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF que, según Anairis Loperena, presenta muchas falencias para prevenir y acompañar.
“Nosotras llevamos los casos de nuestras comunidades al ICBF y no prestan la atención necesaria a nuestras víctimas”. Además de ese racismo estructural, dice la comisionada, sus hogares se han vuelto centros de restablecimiento de derechos, incluso para recibir niñas y mujeres que han sido violadas. Por eso piden como mínimo tres salas del Instituto que se puedan adecuar para atención a población indígena.
Según un funcionario del ICBF consultado por Consonante, la poca atención prestada responde al cumplimiento de la Ley 2126 que dicta disposiciones a las Comisarías de Familia de facilitar, ampliar y garantizar el acceso a la justicia por medio de la atención especializada e interdisciplinaria, así como para prevenir, proteger, restablecer, reparar y garantizar los derechos de quienes estén en riesgo, sean o hayan sido víctimas de violencia por razones de género en el contexto familiar.
La comisaria de familia seccional Mildred Yulitza Manjarrés dijo a Consonante que no tenía conocimiento sobre este caso y que era más probable que la policía municipal estuviera al tanto.
Para las mujeres que descendieron con el cuerpo de la niña, el papel de la policía desde Atshintujkua hasta San Juan del Cesar fue salvaguardar la vida del asesino, “porque era obvio que lo iban a matar; él mató a una niña indefensa”, dice Edilma Loperena.
Hay unos valores, sin embargo, que el Estado no va a poder inculcar como el de volver a sentir amor, eso concluye Pedro Manuel desde la Comisión de DDHH. “Eso hace falta ahora y será competencia de las autoridades indígenas, de los abuelos, sabios y sabias: enseñar a querer, que ha sido algo natural”.
Pedro Manuel Loperena, comisionado de DDHH de la Organización Wiwa Yugumaiun Bunkuanarrua Tayrona (OWYBT).
Pese a que dentro de la adopción de medidas para la protección a mujeres está el auto 092 de 2008, emitido por la Corte Constitucional, y en este se apoyaron las del pueblo Wiwa para hacer pedagogía en contra de la violencia hacia las mujeres, la comisionada Anairis Loperena cree que es insuficiente para garantizar lo que las comunidades llaman ‘el buen vivir’.
Para las y los afrodescendientes del pacífico colombiano, así como para los pueblos indígenas, el concepto del ‘buen vivir’ implica imaginar otras formas de convivencia política que impliquen el respeto por los ecosistemas y los territorios ancestrales y que promuevan la dignidad de las comunidades para que un futuro plural tenga cabida.
La Comisión de Mujeres Wiwa viene trabajando en la instalación de una ruta de atención que funcione de la misma manera en todos los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. “Porque muchas veces cuando suceden estas cosas en el pueblo Arhuaco, esa persona que comete un delito viene para el pueblo Wiwa y viceversa. Lo mismo pasa con el pueblo Wiwa, que se va para el pueblo Kankuamo. Por eso estamos trabajando en una sola ruta en cabeza del Cabildo”, concluye Anairis Loperena.
Hoy admiten desde la Comisión que aun con la ausencia de cifras es posible decir que la violencia contra la niñez alcanzó los mismos índices de la violencia contra la mujer e insisten, Anairis y Edilma Loperena, en que el pueblo Wiwa necesita generar conversaciones importantes al interior.
Por su parte, el comisionado de derechos humanos reconoce la importancia de revisarse hacia dentro pero añade que hay unos valores que el Estado no va a poder inculcar como el de volver a sentir amor. “Eso hace falta ahora y será competencia de sabios y sabias: volver a enseñar a querer, que ha sido algo natural”.
