Los disparos comenzaron al caer la tarde y se extendieron hasta entrada la madrugada. Cerca al río Chato, en la cuenca alta del río San Juan, el eco de las ráfagas se mezclaba con el ruido de los helicópteros de la Fuerza Aérea que sobrevolaban buscando campamentos guerrilleros. Ese 20 de enero del 2002 el enfrentamiento entre el Ejército Nacional e integrantes del frente 47 de las Farc dejó más de 100 personas muertas, entre ellos el exalcalde de Tadó Marino Mosquera, y decenas de heridos. La zona de El Tapón, Manungará y Campo Alegre quedó envuelta en el miedo y la zozobra, y la comunidad no tuvo más opción que desplazarse.
“La gente empezó a salir como muy disfrazadamente, porque nadie comentó sobre eso”, recuerda Yamid Rueda, representante legal del Consejo Comunitario de Campo Alegre, una vereda ubicada a 10 minutos de Tadó. Campo alegre, una vereda de casas dispersas en la que hoy viven cerca de 23 familias, ha estado atravesada por tensiones históricas: la presencia de grupos armados como las Farc, el Eln y el Ejército Revolucionario Guevarista; y también la de la minería ilegal, que hoy tiene como consecuencia la presencia de bandas criminales.
Campo Alegre volvió a ser noticia después de que el primero de abril un juez fallara a favor de 120 estudiantes de su escuela rural y del Instituto Técnico Agroambiental por no recibir la alimentación escolar en las condiciones debidas. La sorpresa es que la escuela no funciona en su sede desde hace casi dos años, y las instituciones del municipio aseguran no saber nada de su traslado a la cabecera municipal. Hoy, líderes de la vereda reclaman desatención del Estado hacia sus niños y su comunidad, de la que casi nadie parece acordarse.
Sin escuela, sin salud y sin respuestas
“La única representación gubernamental que estaba en la zona era la escuela”, asegura Rueda. Hoy la sede, ubicada al margen del río y de la vía carreteable que va de Tadó a Santa Rita, está abandonada, corroída por la humedad y difícilmente se sostiene sobre un pequeño monte rodeado de pozos productos de la extracción de oro. No tiene docentes, ni estudiantes, a pesar de que en la comunidad dicen que hay por lo menos cinco niños en edad escolar que no tienen dónde estudiar.
Rueda y otra integrante del consejo comunitario que prefiere no ser identificada, asegura que en 2022 la profesora que había sido nombrada por el departamento para atender la zona tuvo que desplazarse, presuntamente, por extorsiones y amenazas de grupos armados. La docente empezó a dictar las clases en el garaje de su casa, en el casco urbano de Tadó.
“La escuela no se desplazó, yo me vine porque no tenía las condiciones para tener la escuela allá, vine y busqué a mis estudiantes acá en la cabecera municipal. Eso se hizo con conocimiento y autorización del personero y del rector de ese momento. Había 10 estudiantes: cinco de la comunidad y cinco que yo llevaba de Tadó”, asegura Manuela Orejuela, docente designada. Y es que además de la inseguridad, para llegar a la escuela los niños y niñas debían cruzar el río Mungarrá, y caminar hasta seis kilómetros.

El problema es que a la gente de Campo Alegre nadie le avisó. “Creemos que todo fue de buena fe, pero en la comunidad nunca recibimos una explicación de la profesora, ni de nadie, donde oficialmente nos explicara la razón de la bajada de la escuela a la cabecera municipal. Era una sede del Instituto Agrícola Ambiental (ITA) pero el rector nunca vino a visitarnos como comunidad”, asegura el líder.
Y aunque el traslado no se hizo de manera oficial y ya han pasado más de dos años, nadie parece dar razón: “A nosotros como ente territorial no nos ha llegado oficialmente ninguna situación de traslado. Nos dimos cuenta por el tema del PAE que estaba la sede aquí en el casco urbano. En la administración no obra ninguna solicitud de traslado, ninguna consulta sobre alguna situación. No se hizo el trámite debido porque incluso consultamos con la secretaría de Educación departamental y nos manifestaron que tampoco tienen conocimiento de ese traslado“, asegura Brenda Julieth Mosquera, coordinadora de educación y salud de Tadó.
Enoel Mosquera, actual rector del ITA, tampoco tiene una respuesta para la comunidad: “Cuando llegué a la rectoría los estudiantes de esa sede ya estaban en el casco urbano. No conozco los detalles y desconozco si se dio el proceso debido. Yo estuve recientemente en la comunidad y las dos casas a las que alcancé a llegar no tenían niños en edad escolar, no sé si muy distante existan”.
En contraste, una integrante del consejo comunitario dice que hay varios niños desescolarizados: “hay como tres arriba, en el medio hay cuatro, hay como siete niños allá que no están estudiando porque los papás no tienen cómo mandarlos al casco urbano. Hubo un tiempo en el que la profesora llevaba y traía a varios estudiantes, pero hay otros que no”, asegura.
Y aunque continuamente se presentan situaciones de riesgo y violencia por la presencia de bandas criminales, desde la Secretaría de Gobierno del municipio le dijeron a Consonante que no saben de la existencia de esta comunidad: “Yo no te sé decir, no conozco la zona ni un tema específico con esa comunidad, no tengo reporte de ninguna situación”, dijo Deiner Mosquera, secretario.
Mientras tanto, la profesora Manuela Orejuela sigue en espera de alguna resolución: “las autoridades tienen conocimiento de mi situación de seguridad y hasta el momento no he tenido ninguna respuesta”, comenta.
Al tema de seguridad se suma que en la comunidad no hay acceso a agua potable, y por la minería hay afectaciones a la calidad del agua del río. Tampoco hay presencia de un centro de salud rural, si alguien se enferma debe ir hasta el hospital de Tadó, un proceso difícil por la falta de frecuencia de medios de transporte. “Para ir al médico tiene que bajar al municipio de Tadó, y desde la parte más lejana hay unos 40 minutos. Pero no hay un tránsito fluido. Vos tenés que llamar a alguien y la comunicación es mala, porque no hay señal. Es muy difícil el traslado rápido”, agrega Rueda.
La maldición del oro
El líder Yamid rueda, que también es profesor, asegura que la violencia entró a Campo Alegre con la llegada de las máquinas de extracción minera. “Aquí el principal problema es la extracción de oro”, asegura el líder. Cuenta, además, que desde 1997 muchas personas de la comunidad dejaron de trabajar en la minería ancestral y empezaron a trabajar para “las máquinas”. Con la llegada de los grupos armados, la disputa por el oro aumentó y apareció el paramilitarismo.
“Nadie nadie podía decir nada, era peligroso andar solo. Había a veces que a la gente le daba miedo ir al monte a buscar el plátano, toda esa situación se volvió bien difícil para la misma gente de la zona”, recuerda.
La minería es, según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la segunda actividad económica más importante en el departamento. En 2020 aportó el 20 por ciento del PIB del Chocó, solo superado por la Administración pública y el sector defensa. Y en el territorio existe una disputa grande entre lo considerado minería legal e ilegal.
Varios años después del desplazamiento por la toma guerrillera de 2002, muchas familias decidieron volver a la vereda que se repobló hasta con 45 familias. Sin embargo, en el pasado reciente volvieron a salir por la presencia de bandas criminales. “Hace pocos años ya entraron bandas organizadas a secuestrar, a llevarse los mercaditos de los pobladores y también eso causó otro desplazamiento. En 2023 entró una banda que se hacía pasar por las disidencias de las Farc, se hacía pasar por el Eln, pero no sabemos quiénes eran”, cuenta el líder.
Hoy, en medio de la desatención del Estado, muchas personas tratan de retornar a sus tierras, pero se encuentran con estas situaciones que les impiden trabajar la agricultura como medio de sustento. Y quienes viven en la zona urbana, están pasando diversas necesidades.