¿Qué ha pasado en estos cinco años? Según los estudios de Siembra, aunque la sentencia hizo que el Estado reconociera la situación de riesgo ambiental, alimentaria y cultural de las comunidades ribereñas del Atrato, el conflicto armado, así como la falta de financiación y de voluntad política ha obstaculizado la implementación.
“Hay cosas que funcionan y otras que son muy críticas. Por ejemplo, el principal problema es que no hay claridad sobre el presupuesto. Tampoco hay medidas sancionatorias para que los responsables de las afectaciones al Atrato y a las comunidades cumplan”, dice Viviana González, abogada de Siembra que ha acompañado el proceso de implementación.
Otro de los obstáculos es la fragmentación institucional.“La cuenca del Atrato comprende 26 municipios en dos gobernaciones, varias corporaciones autónomas, y también están involucrados los ministerios de Vivienda, Hacienda, Defensa y Medioambiente. Es decir, la implementación de la sentencia involucra a más de 60 entidades lo que ha significado desniveles en el avance, incluso hay cosas completamente estancadas en términos de los planes de acción”, explica el abogado Rodrigo Rogelis.
Los guardianes están preocupados: A pesar de que combatir la minería ilegal hace parte del corazón de la Sentencia, la práctica ha aumentado. Según las últimas cifras de 2021, hay 33 000 hectáreas afectadas por esta clase de minería, 5 000 más que en el periodo 2016- 2017, momento en el que salió la sentencia. “Es una porción que equivale al área metropolitana Medellín solo en estos últimos cinco años”, explican los abogados de Siembra.
Además, en El Carmen de Atrato, los líderes aseguran que la sentencia no ha tenido avances en cuanto al reconocimiento del territorio: “eso es otra cosa que a nosotros también nos preocupa demasiado, porque hay mucho desconocimiento del territorio. Hay muchos conflictos. También en lo que es la delimitación de las zonas de páramo, que son los farallones del Citará, el Cerro Plateado, al propio distrito de manejo integrado”, dice Marcela Sánchez, guardiana del río Atrato.
Lo que sigue: El documento incluye recomendaciones para avanzar en la implementación de la sentencia. Por ejemplo, incluirla en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para avanzar en articulación y financiamiento. Así se lograrían sortear las diferencias presupuestales que hay entre las diferentes entidades que responden a voluntades políticas diferentes. Finalmente, advierte que es necesario que la Corte Constitucional asuma nuevamente la revisión del proceso, adopte ciertas órdenes y haga requerimientos a las entidades pertinentes para avanzar en el cumplimiento de la sentencia.
