El 10 de marzo, después de años de disputa, se decidió que la única mina que explota cobre en Colombia deberá pagar al país más de 119 mil millones de pesos. Miner SA perdió el arbitraje que sostenía con la Agencia Nacional de Minería, en el que se discutía la interpretación sobre los pagos que la compañía debía hacer por más de 30 años de explotación de cobre en El Carmen de Atrato.
Aunque la decisión es una ganancia para el país, la deuda de la empresa con el territorio va más allá de lo financiero. Desde hace varios años el proyecto opera bajo un régimen de evaluación y control ambiental desactualizado, por lo que funciona sin licencia ambiental y sin una evaluación seria de sus impactos, lo cual ha derivado en medidas de mitigación insuficientes.
Según un informe del Centro Sociojurídico Siembra, hay incumplimientos sistemáticos en las obligaciones ambientales de la empresa que han provocado mayores niveles de contaminación en el río Atrato y afectaciones a los ecosistemas de la zona. Ha sido especialmente nociva la infraestructura de operación, como las presas de cola y botaderos de estériles, que no tienen estudios adecuados ni medidas de contención ante eventuales desastres. A esto se suma la falta de sanciones por parte de Codechocó, que, según el Centro, ha sido negligente en el control y seguimiento de la actividad minera.
En Consonante hablamos con Viviana González, subdirectora de Siembra, sobre el verdadero uso de estos fondos, que dependerá de los proyectos que presenten la Gobernación del Chocó y la Alcaldía local, y sobre las otras deudas de la empresa con los carmeleños y su territorio.
Consonante: Miner S.A. tenía dos deudas con el Estado colombiano, regalías y participación de la nación, ¿el fallo resuelve las dos?
Viviana González: Sí, Miner tenía una deuda económica por dos conceptos: el no pago de las regalías por el cobre desde el inicio de la operación y el no pago de la contraprestación de participación nacional a partir del 2014, que fue cuando se superaron los volúmenes de extracción. No se sabe todavía los detalles del laudo, porque este no ha sido publicado, pero en principio la controversia sobre la que versaba este proceso son los dos pagos. Entendemos que la deuda correspondiente a las dos obligaciones son los 119.000 millones que la Cámara de Comercio entendió que sí eran responsabilidad de Miner.
C.: Se habla de que el beneficio será para todo el Chocó. ¿Cómo se tendría que manejar ese dinero? ¿Debe ir para alguna fuente en específico?
V.G.: La forma en que entra el pago al Estado está reglamentado en la Ley 2056 del 2020, es decir, debe ser a través del Sistema General de Regalías y allí ya está definido de qué forma se distribuye. Hay que tener eso claro porque pareciera, o se está dando a entender, que esta plata entra a solucionar los problemas del Chocó o del municipio.
Hay un porcentaje que sí entra a los municipios y departamentos donde se hace la extracción de los recursos naturales no renovables, se llaman asignaciones directas, y es más o menos el 34 por ciento.
Pero para acceder a eso se requiere la presentación de ciertos proyectos, cuyo requisito es que sean soluciones que estén contempladas en los planes de desarrollo, tanto municipales como el departamental. Tampoco es plata de bolsillo, o que se puede usar de cualquier manera. Hay unas reglas muy específicas sobre cómo se debería administrar esa plata y se quiere invitar a que haya mucha vigilancia respecto a estos recursos.
Otro porcentaje se designa a unas bolsas comunes, que por ejemplo tienen que ver con ciencia, tecnología e innovación, o al fondo de desarrollo regional, al fondo de compensación regional y a algunas asignaciones para la paz. Todos estos subfondos de esta gran bolsa de las regalías tienen un procedimiento y un organismo que define las asignaciones, en este caso son los Ocad. Así, los entes territoriales deben formular proyectos para aplicar a esos recursos, en competencia con otros municipios y departamentos, y tienen que ser aprobados por los Ocad. De ser así, les llega este dinero para la ejecución y resolución de problemas.
C.: El Carmen de Atrato es un municipio de sexta categoría que recibe pocos recursos del Gobierno nacional. ¿De qué forma se va a beneficiar el municipio de los pagos de la minera?
V.G.: Es importante tener en cuenta que El Carmen de Atrato no ha accedido a todos los recursos a los que hubiera podido acceder por la explotación de la mina El Roble, justamente por falta de iniciativa para presentar más proyectos y captar de esa manera los recursos. Ahora sí se va a requerir mucha iniciativa, tanto del municipio como del departamento, para poder acceder a este dinero. Toca ver de este porcentaje de asignación directa qué proyectos pueden presentar y qué priorizaciones hacen, tanto gobernación como alcaldía, dentro de los planes de desarrollo.
Y al resto de recursos que ya no son de asignación directa también podrían concursar, ahí está por ejemplo la asignación para la paz, que sería muy importante porque muchos de los municipios del Chocó son priorizados para Pdet, entonces pueden apelar a estos otros porcentajes. Se necesita mucha gestión y que realmente se presenten proyectos que requieren un avance en la prefactibilidad, un ejercicio de planificación interna importante.
C.: ¿Esta decisión del tribunal resuelve los conflictos que tiene la empresa con el Estado y el territorio?
V.G.: Este laudo, que es el equivalente a una sentencia pero del sistema de justicia privada, tenía una pregunta muy específica que atender, y era si las deudas que la Agencia Nacional de Minería le estaba cobrando a la empresa Miner SA eran legítimas.
Pero nosotros hemos dicho desde Siembra que igual el cobre tiene otras deudas pendientes en El Carmen de Atrato, que tienen que ver con los impactos ambientales y sociales del proyecto.
Frente a esto hay que señalar que el proyecto no cuenta con una licencia ambiental porque como el título fue otorgado en el 89, y en el país empiezan a hablar de licencias ambientales por la Ley 99 del 93, que es la norma madre ambiental, se establecieron unos regímenes de transición para aquellos proyectos que habían iniciado operaciones antes de la entrada en vigor de esta ley, y este proyecto quedó en ese régimen.
Esto ha traído toda una serie de falencias, porque los instrumentos que rigen a los proyectos en régimen de transición son muchísimo más débiles. No cuentan con un estudio de impacto ambiental, que es el estudio de evaluación ambiental fundamental sobre el que se define si se otorga o no una licencia ambiental, y donde se establecen todas las obligaciones.
Además, El Roble tiene una particularidad y es que empezó como una minería a pequeña escala que se ha ido ampliando y ampliando con el tiempo. Sin embargo, los instrumentos de control ambiental no se ajustaron a esa ampliación, sino que se han quedado un poco cortos y rígidos a la hora de comprender la magnitud de los impactos que la mina está generando.
También se suma todo un tema de la debilidad institucional de la autoridad ambiental que dirige el proyecto, que es la Corporación Autónoma Regional del Departamento del Chocó, que ha sido sumamente negligente en realizar su deber de seguimiento y control.
A lo largo de los años de operación se han presentado varios incidentes que nunca han terminado en la imposición de una sanción significativa para la empresa, por ejemplo, por vertimientos que se han dado al río Atrato en donde simplemente toman unas medidas muy temporales para calmar la opinión pública. Pero los instrumentos de control que tiene la empresa son muy débiles porque no tienen la magnitud de una licencia ambiental, sino que son unos permisos de concesión de aguas, o de ocupación de causas, que no tienen la virtud de evaluar en toda su magnitud las dimensiones de los impactos que se generan.
C.: ¿Qué otras deudas o compromisos tiene la minera con la población del Carmen de Atrato y el Chocó que aún no han sido resueltas?
V.G.: Que no haya la licencia también ha generado impactos sociales y ahí está el tercer bloque de deudas: la licencia ambiental comprende el ambiente de una manera más integral y amplia, y ahí hay un componente socioeconómico que todos los proyectos deben tener en cuenta.
En su momento, estos permisos con los que empezó el funcionamiento de la empresa no contemplaban ese componente socioeconómico, pero claro que la empresa ha generado impactos en el municipio, por ejemplo, de cambio de vocación productiva. Antes era la despensa agrícola del Chocó y ahora la vocación es mayoritariamente minera. También están los usos del suelo y la dependencia económica, porque todo en el municipio gira en torno a la empresa. Entonces se tiene que hacer también una evaluación de esto para generar una serie de compromisos sobre cómo mitigar esta intervención socioeconómica que hace la empresa y que eso también sea regulado.
Pero esto no está pasando así, nuevamente por la falta de la licencia ambiental, entonces las inversiones pasan a un componente “voluntario”, de responsabilidad social empresarial, que termina siendo como una caridad para los carmeleños.
Y eso es lo que también se quiere cambiar, las inversiones que hace la empresa en el municipio no son un regalo, sino que son compensaciones por los impactos que está generando.
C.: ¿Qué ha pasado con el objetivo de expansión de Miner?
V.G.: El Roble está en ampliación en dos dimensiones: temporal, que es con la renovación de estos títulos mineros que tiene vigentes en explotación, y espacial, porque la empresa solicitó que se le otorguen nuevos títulos para expandir la explotación a nuevas áreas en donde han realizado actividades de exploración.
Frente a la expansión temporal, el contrato 9313 se encuentra vencido desde enero del 2022, pero no podía darse una renovación del título a una empresa que tenga incumplidas sus obligaciones, entonces estaba esa traba. Miner y la Agencia Nacional de Minería celebraron un acuerdo de pago para la renovación del título minero y esto era lo que permitía mantener activa esa explotación.
El presidente de la Agencia Nacional de Minería informó que se llegó a un acuerdo sobre la renovación del título que estaba en negociaciones, también porque la Agencia quiere hacer aún más exigentes esas contraprestaciones que la empresa debe pagar al país por la explotación de un mineral estratégico ahora en el comercio internacional, como lo es el cobre.
En principio entendemos que fue aceptado ese acuerdo, entonces también estamos a la espera de que se conozcan los términos en los que se va a renovar ese título minero y el periodo, porque también es urgente operar en plena legalidad ya con los contratos vigentes.
C.: Sobre la expansión espacial tenemos entendido, por ejemplo, que la empresa realiza actividades de exploración minera en las inmediaciones de la quebrada El Carmelo y hay preocupación por el uso del agua. ¿Qué reportes tienen ustedes?
V.G.: Miner actualmente tiene siete títulos mineros en El Carmen de Atrato, uno de ellos activo, que es el 9319. Sobre los otros no tiene explotación, pero ha realizado labores de exploración, porque el objetivo de Miner es encontrar un yacimiento lo suficientemente rentable para mantener activa la explotación y hacer esa expansión.
Paralelo a la explotación sigue realizando muchas tareas de exploración sobre los otros títulos y ha hecho cuatro solicitudes más, incluso hacia municipios vecinos como Urrao y Quibdó. Y en El Carmen se han ido hacia otras veredas como La Argelia, por ejemplo, que tienen una vocación agrícola mucho más conservada y que podrían estar ahora bajo la influencia del proyecto.
Hay que tener en cuenta para esa expansión que el proyecto El Roble se encuentra en una zona estratégica y delicada a nivel ambiental. Está en el nacimiento del río Atrato, declarado sujeto de derechos. Está en zona de reserva forestal de la Ley Segunda, entonces debe operar la sustracción del título minero, un tema que también fue controversial. Y además está sobre otra figura ambiental que es el Distrito Regional de Manejo Integrado Alto Atrato, que está destinado a proteger este ecosistema especial de alta montaña, que colinda con sistemas de páramo, y que es el abastecimiento de varias fuentes hídricas que luego se convierten en grandes ríos importantes del departamento del Chocó.
C.: ¿Cree que el hecho de que este fallo haya sido favorable podría indicar que la empresa conseguirá la renovación del contrato y de la licencia ambiental?
V.G.: El director de la Agencia Nacional de Minería ya igual había avisado que sí se iba a dar la renovación del título, se había acordado esa negociación, entonces ya casi que es un hecho.
Lo que hay que mirar es en qué condiciones queda eso. Si entra a operar bajo un nuevo título minero, automáticamente tiene que empezar a entrar a funcionar una licencia ambiental. Ahora tiene que entrar bajo la normatividad vigente a 2025, que no hay que decir que es muy diferente que la vigente del 93, o sea, hace más de 30 años. Entonces tendría que tramitar la empresa licencia ambiental y yo creo que están retrasados en ese proceso.
