“La situación del hospital de Fonseca representa un altísimo riesgo en la atención de los usuarios”: Supersalud

Durante los primeros meses del año, y del mandato de Micher Pérez, el Hospital San Agustín estuvo bloqueado; la pelea entre Pérez y la junta directiva por quién sería el nuevo gerente de la institución, dejó en el limbo a los trabajadores del hospital y a los más de 40 mil fonsequeros que debe atender el centro de salud. 

En el momento más álgido de esta disputa, la Superintendencia de Salud visitó el hospital y encontró a los funcionarios en cese de actividades porque no habían recibido el pago de dos meses de salario. Además, estaba restringida la prestación de los servicios de hospitalización, imágenes diagnósticas, laboratorio clínico y consulta externa, y el servicio de urgencias era prestado únicamente para las que se consideraran urgencias vitales.

En medio del caos en el hospital, y de una auditoría atropellada en la que la entidad no entregó toda la información, la Supersalud evidenció lo que se venía denunciando desde hace tiempo: hay desorden a nivel administrativo, descuadres en la información financiera y presuntas irregularidades en algunos procesos de contratación.

Durante los días de auditoría, que fueron del 5 al 7 de marzo, la Supersalud registró 56 hallazgos en diferentes requisitos relacionados también con la opacidad en información pública, la conformación de la junta directiva, la infraestructura y sanidad, y la prestación de los servicios. La conclusión final es que el hospital no garantiza la prestación de los servicios de salud con las características del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud: accesibilidad, seguridad, pertinencia y oportunidad, situaciones que representan un alto riesgo en la atención de los usuarios.

Con este panorama la Superintendencia le solicitó al hospital San Agustín entregar un plan de mejoramiento, que ya fue tramitado el 22 de mayo. Ahora dependerá de la entidad definir si es aprobado o no. 

Los problemas del hospital se resumen en:

La Gerencia y la Junta Directiva

Lo primero que se confirmó es que el nombramiento por parte de la gerente Yelitza del Carmen Ayala, a Kaira Rosa Amaya como gerente encargada, y el apoyo de la junta directiva a esta decisión fue una falta porque la gerente debe ser elegida por el alcalde, según el informe: 

“La señora Yelitza del Carmen Ayala Redondo en su calidad de Gerente en propiedad de la ESE Hospital San Agustín de Fonseca no tiene competencia para la expedición de la Resolución 696 del 21 de diciembre de 2023, toda vez, que al verificar las funciones del cargo de Gerente de las Empresas Sociales del Estado, previstas en el artículo 4 del Decreto 139 de 199618 no establece la de nombrar o encargar al gerente, función que, de acuerdo con la ley, para el caso que nos ocupa le corresponde al alcalde municipal de Fonseca”, dice el documento. Que además asegura que la Junta Directiva también se extralimitó en sus funciones al ratificar el nombramiento. Por lo que la SuperSalud trasladará el caso a la Procuraduría Regional de Instrucción de la Guajira para que investigue el hecho.

La Supersalud también encontró que la Junta Directiva no cumple con la conformación del número de integrantes y su reglamento no se ajusta a la normativa vigente. Esto se evidencia porque, por ejemplo, la profesional Lelia Maritza Amaya, integrante de la junta, tiene el título profesional de bacterióloga, lo que incumple el Decreto 780 de 2016, que establece que los integrantes de la junta no pueden tener título profesional en un área del conocimiento de las ciencias de la salud.

Además, evidenciaron que los miembros no se reúnen ordinariamente con la periodicidad establecida en el mismo decreto, es decir, cada dos meses. Y que no actualizan los estatutos ni han aprobado la planta de personal y sus modificaciones

Hay irregularidades en la contratación

Según un derecho de petición contestado a Consonante, el hospital tiene 21 funcionarios de planta y 140 contratistas directos. Con este panorama, la Supersalud encontró que hay contratos que se están pagando, pero que no se están cumpliendo con las funciones. Por ejemplo, aunque hay contratada una persona para el apoyo a la gestión del área de archivo, en el hospital no existe organización y custodia de archivos y los documentos se encuentran dispersos en distintas áreas de la entidad.

También hay contratos que no están permitidos. La ESE está contratando a personal del área asistencial, aseo y vigilancia mediante la modalidad de contrato individual de trabajo, vinculación que no está permitida por la normatividad.

A esto se suma que el hospital no publica todos los contratos en el Secop. Esto es importante porque permite conocer con quién se está contratando y de qué forma se están invirtiendo los dineros públicos, así como garantizar que los requisitos profesionales o técnicos de las personas o empresas contratadas se estén cumpliendo. Además es una obligación de las instituciones públicas. 

Tampoco ha expedido, implementado, ni publicado el manual de contratación, que es el instrumento que dicta cómo se debe hacer la contratación al interior de la institución. "Eso puede facilitar que algunos procedimientos no sean adecuados, puede generar que no se contrate con una persona idónea para cumplir la labor que se está contratando, por ejemplo, o también la forma en la que se establecen los niveles salariales”, explica Mauricio Torres, docente de la Universidad Nacional del departamento de Salud Pública.

Tiene más gastos que ingresos y sus cuentas no coinciden

Respecto a los ingresos y a los gastos en la operación, la superintendencia encontró que los gastos operacionales del hospital superan a los ingresos en un 0,17 por ciento, es decir, por un valor de 21 millones de pesos. Esto evidencia, según el informe, que el hospital adquirió compromisos en 2023 “sin contar con una fuente cierta que respalde su pago”.

Durante 2023 el hospital recaudó 12.488 millones de pesos, pero gastó 12.509 millones. Esto, para la entidad, muestra que el hospital “presenta un desequilibrio”. Este desequilibrio puede causar, explica Torres, demoras en los pagos a los empleados o ausencia de insumos necesarios para la correcta prestación del servicio.

A esto se suma que durante 2022 y 2023, no utilizó el porcentaje mínimo de dinero legalmente establecido para el mantenimiento hospitalario, que debe ser del cinco por ciento del valor total del presupuesto de ingresos de la entidad. Es decir, el hospital tenía que invertir el año pasado 835 millones de pesos en el mantenimiento de la infraestructura y de la dotación hospitalaria, pero el presupuesto asignado para esta actividad fue solo 624 millones, del cual se ejecutaron al final 623 millones.

La Superintendencia encontró también que hay “falta de verificabilidad y comprensibilidad de la información suministrada” respecto a lo que reporta el hospital al Estado a través del Sistema de Gestión Hospitalaria (Siho), y lo que recibieron en la auditoría. Por ejemplo, se observa una diferencia de $1.134 millones en el activo corriente en cuentas por cobrar durante 2022. Esto significa que no hay claridad sobre el dinero que el hospital tenía disponible para gastar en el año siguiente (2023), producto de los servicios prestados durante 2022. 

También hay diferencias en el reporte cartera por deudor incorporado, una diferencia de siete millones para el 2022 y de 1.043 millones de pesos para el 2023. Además, el hospital no entregó la información de acuerdo con lo solicitado por el equipo auditor, “situación que no permite efectuar un análisis razonable frente a la situación financiera de la ESE”, concluye el informe. También existen 792 ingresos pendientes de facturar, pero el hospital no entregó la información completa para verificar el valor correspondiente.

Sin embargo, para Mauricio Torres, esa falta de transparencia podría ser indicio de un mal uso de los recursos: “Eso es preocupante porque podría haber un escape de recursos. Si la institución no reporta todo en las cuentas formales, pero cobró, el dinero se puede estar quedando en otra parte, y podría haber procesos de corrupción”, agrega.

Al desorden en las cuentas se suma otra deficiencia alertada por los entes de control y vigilancia: el hospital no cuenta con un sistema de costos que le permita contar con herramientas para analizar y ofertar sus servicios. En otras palabras, el tarifario que maneja podría estar mal. Esto implica que la institución puede estar cobrando más, o menos, de lo que debería por los servicios que presta, y en la práctica, se puede estar perdiendo dinero.

Además, la ESE no publicó oportunamente el plan anual de adquisiciones vigencia 2023. Esta es la herramienta que permite saber, y hacer control, sobre cómo se va a gastar el presupuesto.

Todo termina en un mal servicio al usuario

Al final, acuerdan los expertos, los problemas administrativos causan un precario servicio para los pacientes, y generan barreras de acceso en la prestación de los servicios de salud. “Ese desorden administrativo que puede estar llevando, entre otras, a pérdidas de dinero, finalmente se refleja en los procesos de atención. Entonces por ejemplo, para cubrir las pérdidas pueden terminar reduciendo el personal asistencial y entonces puede haber mayores demoras en la atención y disminución en la calidad de la misma”, comenta Torres.

La Supersalud evidenció, por ejemplo, que el hospital no presta servicios acorde a lo reportado como habilitado en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps). Entre ellos la prestación del servicio de diagnóstico vascular, en donde se utilizan métodos y procedimientos para el diagnóstico de enfermedades o disfunciones del sistema cardiovascular. 

Tampoco tiene un área para el cuidado básico Neonatal, que incluye la asistencia en el momento del parto, la atención de los recién nacidos con sus madres y la de los bebés enfermos que necesitan cuidados médicos. Esto a pesar que, según lo reportado a Consonante, se han atendido 13 partos en lo que va del año.

Además, lo que reportan al Ministerio de Salud es diferente a lo que realmente funciona: dicen que tienen cuatro ambulancias pero realmente solo tres funcionan. Dicen que tienen tres cunas para el cuidado básico neonatal, pero no hay ninguna. Reportaron que tienen cuatro camillas para la observación de adultos pero solo tienen dos. Tampoco se realiza el proceso del triage en urgencias y en esta área el único baño que hay está sellado.

La infraestructura del hospital es precaria: hay falta de control de temperatura y humedad en el almacenamiento de insumos y dispositivos médicos, deficiencias en la limpieza y desinfección en urgencias y hasta medicamentos vencidos. Además, la estación de enfermería está “en inadecuadas condiciones de higiene y mantenimiento”. Hay telarañas, insectos y alta humedad.

Según lo reportado a Consonante, en el hospital hacen falta medicamentos básicos para la atención de los pacientes: no hay acetaminofén, azitromicina, ácido acetilsalicílico, ampicilina, dipirona magnesica, entre otras. También hacen falta jeringas, catéteres o nylon.

Adicionalmente no hay atención con enfoque diferencial, para el caso de: grupos de edad (niños y niñas en desnutrición), género, grupos poblacionales prioritarios (gestantes), víctimas del conflicto armado o poblaciones indígenas que hacen parte del territorio. Ni hay instalaciones aptas para personas en condición de discapacidad.

Cuando un paciente llega al hospital, además, no queda un buen registro de su atención. No se registran los signos vitales completos, no indagan en los antecedentes completos y algunos registros no concuerdan. La conclusión más grande de la Superintendencia es que “La ESE Hospital San Agustín de Fonseca NO garantiza la seguridad del paciente”.