En el último año, el Gobierno nacional a través de la Agencia Nacional de Tierras, ha promovido la creación de los Comités Municipales de Reforma Agraria (Cmra) y el fortalecimiento de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural (Cmdr); espacios creados para que campesinos, comunidades afrodescendientes, indígenas, mujeres rurales y jóvenes participen directamente en la construcción de políticas públicas relacionadas con el desarrollo rural.
Esto se conecta de manera directa con la intención de promover la Reforma Rural Integral, que no solo aparece en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) del actual gobierno, sino que es el primer punto del Acuerdo de Paz firmado en 2016. Según se menciona en el PND, la base de la reforma es “la democratización de la tierra, sustentada en el acceso, la formalización y la regularización de la propiedad”.
Los Cmra hacen parte de las estrategias de la Reforma Rural, al ser espacios de concertación de las políticas, en los que participan de manera activa representantes de comunidades del sector rural de cada municipio. En este momento estos Comités se están organizando de manera simultánea en varios departamentos por gestión del Gobierno, pero la realidad es que desde 1994 existe la Ley 160, que obligaba a la creación de estos espacios.
En el municipio de Tadó, Chocó, este año se instaló el Cmra con la participación de líderes y lideresas del municipio. Sin embargo, en este territorio, como ocurre en otros municipios del país, surge una pregunta: ¿lograrán convertirse en herramientas reales de transformación de la ruralidad o terminarán siendo escenarios de diálogo sin resultados concretos para las comunidades?
La reforma agraria como fin último
En el Chocó gran parte del territorio se encuentra bajo figuras de propiedad colectiva como los resguardos de los pueblos indígenas y los consejos comunitarios reconocidos por la Ley 70 de 1993.
Por esta razón, en municipios como Tadó el debate de los Cmra no gira únicamente alrededor de la entrega de tierras, sino también sobre la manera en que esas formas de propiedad colectiva pueden coexistir con las necesidades productivas de los sectores rurales.
Jheiler Moreno, representante del Consejo Comunitario Mayor del Alto San Juan (Asocasan), considera que el principal desafío de la reforma rural en Tadó no es la titulación de tierras, sino la generación de oportunidades productivas para las comunidades:
“La reforma rural para Tadó requiere impulsar el desarrollo humano mediante iniciativas productivas. Nosotros ya contamos con títulos colectivos; ahora necesitamos proyectos que generen empleo, ingresos y bienestar para las comunidades”.
Desde la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), Nilson Liz, delegado nacional de la organización, considera que la discusión sobre la reforma agraria resulta fundamental para enfrentar las desigualdades que viven numerosos productores rurales.
Según señala, hay una deuda con las personas campesinas por “la tenencia de la tierra, titulación colectiva incompleta y secuelas del conflicto”. Discutir la reforma agraria es la clave para garantizar la seguridad alimentaria, la paz y el reconocimiento real de los territorios ancestrales”, dice.
Para Leicy Murillo Ampudia, representante de la Asociación de Jóvenes y Mujeres Agropecuarias del Municipio de Tadó, esta representa una oportunidad para que las mujeres rurales tengan una participación más activa en las decisiones sobre el desarrollo del campo: “Las campesinas necesitamos mecanismos que nos permitan desarrollar proyectos productivos con mayor autonomía. Es importante discutir la reforma agraria porque nos ayuda a conocer nuestros derechos y a fortalecer la articulación entre todos los actores del territorio”.
Murillo también destacó la importancia de garantizar apoyo financiero y comercial para iniciativas lideradas por mujeres. “Como mujeres rurales necesitamos respaldo para nuestros proyectos piscícolas, acceso a financiamiento y oportunidades de comercialización. Esperamos que la reforma agraria contribuya a hacer realidad esos sueños”, afirma.
¿Cuál es el objetivo de los Comités Municipales de Reforma Agraria (Cmra)?
El objetivo de los Comités Municipales de Reforma Agraria (Cmra) es conducir a hacer realidad la reforma del campo. Para este fin, están pensados como espacios de articulación de las comunidades rurales con el Estado, para que las decisiones sobre acceso a la tierra, formalización, producción agropecuaria y desarrollo rural respondan a las necesidades reales de cada territorio. Según la Agencia Nacional de Tierras (ANT), es una instancia de participación ciudadana y concertación que busca servir de puente entre el campesinado, las comunidades étnicas, las autoridades locales y las entidades estatales.
En el caso de Tadó, la ANT plantea que estos espacios buscan “garantizar el acceso y la formalización de tierras para el campesinado y las comunidades étnicas, gestionando además proyectos productivos y asistencia técnica con el Estado”. Es decir, no se limitan a discutir la propiedad de la tierra, sino que también buscan impulsar condiciones para que las comunidades puedan producir, permanecer en el territorio y mejorar sus condiciones de vida.
Desde la mirada de las organizaciones campesinas, los Cmra también tienen un sentido histórico y político. Nilson Liz, delegado nacional de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), afirma que su creación busca superar el abandono institucional y la desigualdad en la tenencia de la tierra. En sus palabras, estos comités permiten que “las comunidades afrodescendientes e indígenas locales tengan una voz directa y organizada para decidir sobre su territorio”.
En esa misma línea, Jorge Betín Pino, director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria (Umata), señala que “estos escenarios permiten escuchar las necesidades de las comunidades y promover iniciativas que contribuyan al bienestar rural, la productividad y la equidad social”. Por eso, los Cmra funcionan como espacios de participación comunitaria para fortalecer la inclusión de las comunidades rurales en temas como acceso a tierras, producción agropecuaria, seguridad alimentaria y desarrollo territorial.
Para los liderazgos comunitarios, su importancia está en que permiten planificar el campo desde las propias comunidades. Adonice Pete, presidente de Asojuntas de Tadó, sostiene que lo central es que en estos comités se discuta “la forma de cómo planificar el campo, la producción, a fin de que esto contribuya al desarrollo agropecuario, al desarrollo de los pueblos, al desarrollo de las comunidades”.
En síntesis, los Cmra tienen como objetivo principal descentralizar las decisiones sobre la Reforma Agraria, recoger las necesidades de las comunidades rurales, concertar soluciones con el Estado y orientar proyectos de acceso a la tierra, formalización, producción, asistencia técnica, seguridad alimentaria y desarrollo territorial. Como lo resume Liz, de la Anuc, estos espacios son importantes porque “descentralizan las decisiones, aseguran que los recursos públicos se inviertan en las verdaderas necesidades locales y evitan que los proyectos se definan desde un escritorio”.
¿Cómo funcionan los Cmra?
Como lo plantea la ANT, los Comités Municipales de Reforma Agraria (Cmra) funcionan como espacios territoriales de participación, concertación, planeación y seguimiento. Operan como escenarios en los que comunidades campesinas, étnicas, organizaciones rurales, autoridades locales y entidades del Estado identifican necesidades, priorizan acciones y hacen seguimiento a los compromisos relacionados con el acceso a la tierra, la formalización predial, la producción agropecuaria y el desarrollo rural integral. Estos Comités, según la Ley 160 de 1994, deben ser presididos por el alcalde de cada municipio, ya que las acciones se deben coordinar desde el nivel municipal.
En la práctica, la ANT señala que estos comités cumplen roles técnicos, políticos y de control social. Entre sus tareas están orientar las demandas territoriales, apoyar la formulación de planes de trabajo, hacer seguimiento a la implementación de la reforma en cada municipio, promover procesos de formación comunitaria y coordinar acciones con la institucionalidad. La entidad resume una de sus funciones centrales así: “Contribuir en el diseño, formulación, aprobación, implementación, control social y seguimiento del plan de implementación de la reforma agraria en el respectivo municipio”.
El funcionamiento de los Cmra suele iniciar con asambleas o sesiones de conformación en las que participan comunidades rurales, Juntas de Acción Comunal, organizaciones campesinas, comunidades étnicas, autoridades municipales y equipos de la ANT. En esas jornadas se eligen representantes, se explican los mecanismos de acceso y formalización de tierras, y se define el papel del comité como instancia de participación, seguimiento y construcción colectiva. Después de conformados, los comités sesionan para aprobar sus reglas internas, construir planes de trabajo y definir cronogramas de acciones.
Además, los Cmra ayudan a articular la política nacional de reforma agraria con las prioridades locales. El Decreto 1406 de 2023 establece que los municipios deben coordinar acciones y el uso de recursos en planes, programas y proyectos, en armonía con las prioridades definidas a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Rural. También plantea que estas acciones deben armonizarse con los planes de desarrollo municipal, instrumentos de ordenamiento territorial, planes de vida, planes de etnodesarrollo y planes de desarrollo sostenible de Zonas de Reserva Campesina, entre otros instrumentos territoriales.
Nilson Liz, delegado de la Anuc, señala que antes “las gestiones eran fragmentadas, lentas y burocráticas. Las comunidades dependían de líderes aislados, tutelas o viajes costosos a Bogotá, Quibdó o Istmina para rogar por atención, lo que resultaba en promesas incumplidas y falta de apoyo estatal”. Desde esa perspectiva, los Cmra buscan ordenar esa interlocución, permiten priorizar colectivamente y abren una ruta de diálogo más directa con las entidades del Estado desde cada municipio.
A nivel nacional, la ANT ha presentado los Cmra como una estrategia de fortalecimiento de la gobernanza comunitaria. Según la entidad, el proceso muestra un avance con la conformación de 676 Comités Municipales de Reforma Agraria. Además, dicen que se han realizado 1.117 sesiones.
¿Cómo se benefician las comunidades de una reforma agraria en zona de titulación colectiva, como es el caso del departamento de Chocó?
Para la ANT, la participación y la titulación (ya sea colectiva o individual) ofrecen seguridad jurídica y acceso preferencial a programas estatales, como créditos y proyectos productivos a gran escala. Además, fortalece la autonomía local en la toma de decisiones.
"La mayor ventaja de un título colectivo es que la tierra no se puede vender por partes, ni embargar, ni se pierden los derechos sobre ella por deudas individuales. Esto protege a los campesinos de ser desplazados por presiones del mercado, despojo o actores armados ", afirma la entidad.
Esta protección coincide con el marco legal colombiano, ya que la Constitución Política reconoce que las tierras de uso colectivo son inalienables, imprescriptibles e inembargables.
En esa medida, dice la ANT que la reforma agraria en zonas de titulación colectiva puede traducirse en beneficios concretos: priorización de créditos, proyectos productivos a gran escala, inversión en vías y servicios, fortalecimiento de la economía propia y la soberanía alimentaria, y gobernanza y autonomía local.
¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de los comités a largo plazo?
Las fuentes consultadas coinciden en que es necesario asegurar respaldo institucional, recursos, capacidades técnicas, participación comunitaria y resultados concretos para los territorios. De esta manera, se consigue la sostenibilidad de los Comités Municipales de Reforma Agraria, para que se conviertan en instancias permanentes de participación, planeación, seguimiento y articulación entre las comunidades rurales y el Estado.
Para la Agencia Nacional de Tierras, la sostenibilidad de los comités debe apoyarse en una estrategia integral desde cuatro pilares: institucionalización legal, autonomía financiera, fortalecimiento de capacidades y vinculación con el mercado. Según la entidad, “no basta con crear los comités por decreto transitorio; deben ser integrados formalmente en la estructura del Estado o de los gobiernos locales”. Esto significa que su permanencia no puede depender únicamente de la voluntad de una administración municipal o de una coyuntura política, sino de reglas claras, actos administrativos, presupuestos, responsabilidades definidas y mecanismos de seguimiento.
En esa misma línea, Jorge Betín Pino, director de la Umata, plantea que los municipios pueden fortalecer estos espacios mediante la expedición y actualización de actos administrativos, las convocatorias periódicas y transparentes, la asignación de apoyo técnico y logístico, la promoción de la participación de jóvenes, mujeres y productores rurales y la formulación de proyectos productivos y ambientales. “Estos mecanismos buscan evitar que dichos espacios se conviertan únicamente en figuras formales sin impacto real en las comunidades”, afirma Betín. Además, agrega que “la permanencia de estos consejos depende en gran medida del compromiso institucional y comunitario”.
Desde la perspectiva de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la sostenibilidad de los comités también beneficia a la administración municipal, porque permite ordenar la gestión pública rural y reducir tensiones sociales. La organización sostiene que un comité de desarrollo rural sostenible “le ahorra conflictos sociales a la Alcaldía, legitima la gestión pública ante la comunidad y asegura que las inversiones municipales no se pierdan al cambiar de gobierno”.
Por su parte, Jheiler Moreno, representante de Asocasan, pone el énfasis en la claridad de funciones y en la participación activa de quienes integran estos espacios. Según dice, “los comités se sostienen, primero que todo, cuando las personas que hacen parte tienen claro lo que van a hacer”. Además, señala que el ente responsable debe realizar las convocatorias a tiempo para que la gente pueda asistir, expresar sus puntos de vista y aportar al funcionamiento del espacio. Para Moreno si esa dinámica se mantiene: “los comités siempre van a estar allí y van a poder dar sus aportes necesarios”, dice
¿Cómo pasar del papel a la realidad?
Los documentos institucionales señalan que el éxito de estos comités depende de tres condiciones básicas: participación comunitaria, continuidad administrativa y coordinación entre entidades públicas. El Decreto 1406 de 2023 define el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural como un mecanismo obligatorio de planeación, coordinación, ejecución, evaluación y seguimiento de las acciones dirigidas a materializar la Reforma Agraria y la Reforma Rural Integral. Esto significa que la reforma debe contar con entidades responsables, presupuestos, cronogramas, metas y mecanismos de seguimiento.
En territorios como el Chocó, la implementación enfrenta un desafío adicional: las condiciones de seguridad. La Defensoría del Pueblo ha advertido riesgos de confrontación armada y confinamiento en zonas del departamento, así como la incidencia de actores armados ilegales, economías ilícitas y disputas por corredores estratégicos. Estas condiciones limitan la movilidad, afectan la organización comunitaria y dificultan la ejecución de proyectos productivos o programas estatales. Por eso, la reforma agraria en estos territorios requiere también garantías de seguridad, protección comunitaria y presencia integral del Estado.
Jheiler Moreno, representante de Asocasan, resalta la necesidad de que exista articulación institucional para que este espacio funcione, con la participación de todos los sectores: “Se necesita una articulación real para garantizar su fortalecimiento y sostenibilidad”, afirma.
En el mismo sentido, el delegado de la Anuc, Nilson Liz, dice que lo fundamental es que exista unión y compromiso entre sus miembros. Además de la importancia de que cada sector cumpla su rol, que la comunidad aporte su conocimiento ancestral y el diagnóstico de sus necesidades y la administración municipal trabaje desde la voluntad, aporte recursos y blindaje jurídico.
“Solo si el Comité se mantiene independiente de la politiquería y se enfoca en la productividad sostenible y la defensa de la tierra, se convertirá en la herramienta definitiva para transitar del abandono estatal hacia la paz y el desarrollo digno de Tadó”, señala.
