En la noche del 9 de enero una camioneta gris se detuvo en una esquina de Maicao. De su interior descendieron varios hombres con armas de largo alcance y dispararon 30 veces contra un grupo de personas que se encontraba en el lugar. Cinco jóvenes fueron asesinados en este hecho.
Varios días después, el 31 de enero, la escena se repitió, esta vez en Riohacha. Cuatro hombres que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta un lugar donde había varias personas reunidas y dispararon indiscriminadamente. Tres jóvenes murieron, dos de ellos eran menores de edad.
Estas masacres, que se cuentan como las primeras ocurridas en Colombia durante el año, no son hechos aislados, hacen parte de una serie de hechos violentos que se han registrado en el departamento de La Guajira cada vez con mayor recurrencia, y que configuran una intensificación de la violencia en un territorio sobre el que se han generado diferentes alertas desde hace varios años.
Los riesgos se han concretado. A las masacres registradas en enero de este año se suma la registración de un alto número de homicidios, muchos de ellos cometidos bajo la modalidad de sicariato. En enero se registraron 43 homicidios, una cifra considerablemente más alta que la del mismo mes de 2025 cuando, según el Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional del Ministerio de Defensa, se reportaron 23 casos. La tendencia —particularmente marcada durante el segundo semestre del año— ya anticipaba un deterioro en la situación de seguridad.
Estos hechos violentos son la manifestación de una situación que la Defensoría del Pueblo venía advirtiendo desde hace varios meses. En 2025, esta institución emitió dos Alertas Tempranas de carácter estructural en las que anticipaba los riesgos a los que se enfrentaba la población civil por cuenta de la intensificación de la disputa territorial entre dos estructuras paramilitares: el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn).
La primera Alerta, la 010-25 del mes de julio, generó advertencias de riesgo extremo para los municipios de San Juan del Cesar, Dibulla y Riohacha. Esto ha sido provocado por la disputa entre los dos grupos que buscan expandir su poder hacia más territorios de La Guajira, para controlar una zona que consideran estratégica por la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta.
Como se resalta en esta Alerta Temprana: “El interés del Egc por obtener el control territorial de la Troncal del Caribe y la Sierra Nevada de Santa Marta ha colisionado con el de las Autodefensas Conquistadores por mantener el control en estos mismos lugares, lo que configura una dinámica de disputas intermitentes y constituye el principal factor de violencia en estos territorios durante los últimos años”.
En el mes de diciembre se emitió la Alerta Temprana 020-25, que abarca municipios de La Guajira, Cesar y Magdalena, donde la población civil se encuentra en riesgo porque el control del territorio es un objetivo de ambos grupos paramilitares en su disputa por los corredores estratégicos.
Como señala el documento, esta zona tiene un alto valor estratégico para los actores armados. Por un lado, la Sierra Nevada y sus alrededores concentran sus rentas criminales debido a la intensa actividad económica. Por otro lado, la Troncal del Caribe —que bordea la Sierra y conecta con varios puertos marítimos— resulta clave para el narcotráfico, el tráfico de armas y el contrabando. En este territorio habitan múltiples poblaciones, entre ellas comunidades afrodescendientes y cuatro pueblos indígenas para los que la Sierra es un lugar sagrado.
Según Ángela Olaya, directora de la organización Conflict Responses, el interés sobre esta zona es porque nuevamente se están activando rutas antiguas de economías criminales en La Guajira, pero especialmente en el norte del departamento, por la zona de frontera.
La Alerta Temprana advierte sobre distintos riesgos derivados de las acciones de los grupos paramilitares en La Guajira y en municipios ubicados en su zona de frontera. Sin embargo, identifica como territorios en disputa a San Juan del Cesar, Riohacha y Albania, en La Guajira, y a Zona Bananera y Aracataca, en Magdalena.
Avance y consolidación del paramilitarismo en La Guajira
A inicios del mes de febrero los habitantes de San Juan del Cesar y Riohacha recibieron la noticia de que los carnavales que se celebrarían a mitad de mes fueron cancelados. Las administraciones municipales tomaron esta decisión como medida preventiva frente a la situación de orden público en el departamento.
Al mismo tiempo, en municipios como San Juan del Cesar la población adoptó medidas como el cierre temporal de locales comerciales y la suspensión nocturna del servicio de mototaxis, motivadas por el temor generado por una decena de panfletos que en las últimas semanas han circulado firmados tanto por el Egc como por las Acsn, en los que se hacen señalamientos y amenazas directas.
Que esta disputa se concentre en el sur del departamento no es fortuito. Así lo señalan investigadores del Cinep: “los municipios que se encuentran en el sur de la Guajira conectan con dos territorialidades que son absolutamente estratégicas”, dicen.
Por un lado, se encuentra la serranía del Perijá que permite tener poder sobre la frontera con Venezuela, pero, además, a través de esta se genera un corredor hacia el Cesar y el Catatumbo. Por el otro lado, aparece la Sierra Nevada que genera dominio sobre la Troncal: “ahí hay un interés muy fuerte de control político, militar y armado de los actores en esta zona”, afirman.
Según el Cinep, esta disputa no es nueva: es la materialización de intereses y tensiones que se arrastran desde hace años. En 2024 se conoció el ingreso del Egc a la Sierra, un territorio donde las Acsn eran el actor hegemónico. Luego, en febrero de 2025, se registró una primera incursión de las Acsn en municipios por fuera de su zona de dominio —como Maicao, Albania, Hatonuevo, Barrancas y San Juan del Cesar—. “El mensaje político era: estamos acá, este es nuestro corredor y lo controlamos”, afirman los investigadores.
Este conflicto se presenta en un momento en el que ambas estructuras tienen estrategias de expansión. Por un lado, el Egc —que en La Guajira hace presencia a través del Frente José Francisco Morelos Peñate del Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca— adelanta un proceso de fortalecimiento político-militar a nivel nacional. Así lo afirma Ángela Olaya, directora de Conflict Responses, quien señala que en 2022 tomaron la decisión de ejecutar una estrategia de expansión contundente. En el caso de La Guajira la ruta la han trazado desde el departamento de Cesar, a través de municipios del sur en los que no hay presencia de las Acsn, lo que ha hecho que sus intereses se concreten de manera más sencilla.
Por su parte, las Acsn operan a través del Frente Javier Cáceres e históricamente han funcionado como actores hegemónicos en las partes altas y bajas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tienen control en Dibulla y la Troncal del Caribe. No obstante, desde el año pasado se ha alertado de un movimiento de este grupo hacia el sur, en los municipios del mismo departamento, pero también se conoce que ahora tienen presencia en el Catatumbo, especialmente en el municipio de Ocaña, en donde también libran una disputa con el Egc.
Las acciones de estas estructuras paramilitares se dan en un contexto de fortalecimiento de los grupos armados ilegales en el país. A finales del mes de enero, la Fundación Ideas para la Paz advirtió que el año inició con un deterioro de la situación de seguridad, marcado además por el aumento del número de combatientes de estos grupos hasta en un 23 por ciento. Justamente, el Egc es el grupo que más ha reclutado últimamente, con 2.500 nuevas personas.
Impactos poco visibles y un futuro incierto
La presencia de los grupos paramilitares en La Guajira ha dejado huellas invisibilizadas tanto en el territorio como en la población civil. Ahora, con una disputa como la que se vive, los riesgos se incrementan por la posible ocurrencia de hechos violentos —como homicidios y amenazas—, pero también por desplazamientos forzados, confinamientos y otras acciones que hacen parte del repertorio de los grupos armados para ejercer control.
La zona que Egc y Acsn disputan actualmente es hogar de cuatro pueblos indígenas —Kogui, Wiwa, Arhuaco y Kankuamo—, población para la cual la Sierra es un sitio sagrado y que ahora enfrenta las desarmonías que deja la guerra: “los pueblos indígenas históricamente hemos buscado que se proteja el territorio”, afirma Camilo Niño, líder del pueblo Arhuaco.
Para él, la violencia en su territorio ha generado impactos directos, como la pérdida de gobernabilidad y de autonomía. “En la Sierra, por ejemplo, anteriormente quienes mandaban eran las autoridades, pero después llegaron los grupos y dijeron: ‘Bueno, aquí hay que organizarse y hay que hacer tal cosa y hay que arreglar los caminos, quien no vaya se entiende es con nosotros’”. Entonces, rompe un tema de tejido social, cultural, político, espiritual. Hay una afectación directa”, señala Niño.
A esta situación que se ha presentado durante años, se suma de manera reciente la anulación del Decreto 1500 de 2018 que establecía la Línea Negra, una área trazada alrededor de la Sierra Nevada que conecta un conjunto de sitios sagrados para los pueblos indígenas entre los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira. Este decreto daba mayor autonomía a los pueblos sobre su territorio y lo blindaba de intereses externos. Como señala Camilo Niño, aunque esto no significa que la Línea Negra desaparezca, se “crean nuevas amenazas al territorio, nuevas intervenciones y es mucho más compleja la exigencia. Esto lo que puede es exacerbar el conflicto”.
Los temores de los pueblos indígenas tienen sustento en los intereses económicos que existen sobre el territorio. Como lo señalan investigadores del Cinep, actualmente en La Guajira hay 127 solicitudes mineras, es decir, hay un alto interés de explotación minero-energética en un territorio con un conflicto armado activo, lo que genera alertas porque, afirman, en el pasado ambos factores se han juntado y la violencia termina siendo utilizada como estrategia de despojo territorial.
“En estos momentos tú encuentras comunidades que se encuentran sitiadas, confinadas, desplazadas, atemorizadas, pero a su vez encuentras intereses extractivos sobre transición energética. Cuando cruzas estas variables de ordenamiento territorial, identificas que hay un traslape entre los corredores donde se están moviendo los actores armados y estos intereses minero-energéticos”, afirma el Cinep.
Si bien los investigadores señalan que por ahora no puede demostrarse una relación directa, sí identifican un patrón de violencia que ya se ha presentado en otros momentos en La Guajira y que ahora, por ejemplo, se repite en el corregimiento de Cañaverales, en San Juan del Cesar. Allí sus habitantes han resistido la llegada de un proyecto de minería de carbón de la empresa turca Best Coal Company, pero —según el Cinep— desde septiembre de 2025 comenzaron los escenarios de riesgo con la aparición de panfletos.
“Los actores armados seguramente van a presionar la zona porque Cañaverales no solo tiene esta riqueza, si se quiere, en términos extractivos de carbón, sino que sus suelos son ricos en cobre y en minerales para la transición. Es un corredor estratégico importante”, señala el Cinep.
A este contexto se suma un factor de riesgo importante que es la presencia de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) en la zona de frontera con Venezuela, sobre la Serranía del Perijá. Después del 3 de enero de este año, con la captura de Nicolás Maduro, habitantes de esta zona afirman que han visto el paso de combatientes armados que se ubican especialmente en los lugares donde están los pasos fronterizos irregulares.
En una zona en disputa, este hecho genera alerta, especialmente después del paro armado de diciembre de 2025, en el que el ELN mostró capacidad para realizar al menos 12 acciones en La Guajira —entre hostigamientos, atentados y acciones intimidatorias en las vías del departamento—. Según el Cinep, es probable que a la disputa hoy abierta entre las dos estructuras paramilitares se sume esta guerrilla como un tercer actor. “Es muy probable que este actor entre en una disputa, además porque es innegable que el Eln ha venido creciendo y ha tomado una fuerza importante. Lo que vamos a tener es probablemente un nuevo escenario de confrontación”, afirman.
En las últimas semanas en municipios como San Juan del Cesar hay alta presencia de la fuerza pública para contrarrestar los hechos violentos de los últimos meses. Sin embargo, los habitantes continúan a la espera de acciones de fondo para mitigar una disputa álgida como la que están enfrentando y para prevenir los riesgos frente a los nuevos escenarios posibles. Consonante contactó al secretario de Gobierno de la Gobernación de La Guajira para conocer su análisis y las medidas adoptadas frente a esta situación, pero al cierre de este artículo no obtuvo respuesta.
