Según cifras de la Cámara de Comercio de La Guajira, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024 en las vías del departamento se realizaron 200 manifestaciones en medio de las que se generaron bloqueos. Esto significa un incremento del 119.8 % en comparación con el año 2023 cuando se registraron 91 casos. A pesar de la iniciativa de crear una mesa permanente de paro en la que se aborden las demandas que motivan las protestas de las comunidades esta idea no se ha concretado, y en lo que va del 2025 varias comunidades han optado por salir a las carreteras para exigir respuestas a problemas estructurales.
La mayoría de estas tienen lugar en la Troncal del Caribe y en la parte alta de La Guajira. La manifestación más reciente ocurrió el 11 de febrero, se trató de un paro del orden departamental convocado por diferentes organizaciones sociales campesinas, afrodescendientes, indígenas y de firmantes de paz, que tuvo una duración de dos días. Este bloqueo preveía una parálisis total en la región para lograr resultados satisfactorios frente a las solicitudes de las comunidades.
El paro estuvo motivado por temas entre los que aparecen la reforma rural integral, los conflictos ambientales y mineros, la crisis de la educación y la salud, seguridad y paz, educación a la primera infancia, y transporte informal. Después de 48 horas se llegó a un acuerdo con representantes del gobierno, se levantaron los bloqueos y se creó una mesa de concertación que actualmente continúa activa, con la que se busca que tanto el gobierno departamental cómo el nacional cumplan las demandas de organizaciones y comunidades.
Según Ariel López, secretario técnico de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, se acordó establecer mesas técnicas con entidades como el Ministerio de Ambiente, la Agencia de Desarrollo Rural y Ministerio de Salud, además de avanzar en la ejecución de proyectos productivos integrales y otras acciones que buscan mejorar las condiciones de vida de las comunidades. “Nosotros continuamos en asamblea permanente, pero trabajando por llevar a feliz término todos estos procesos”, afirma.
A pesar de la persistencia de las protestas y de los acuerdos a los que se llega en cada oportunidad, un común denominador es el cumplimiento parcial de los compromisos, lo que provoca que en cada manifestación se repitan los mismos temas en los pliegos de peticiones. Varios de ellos son asuntos de fondo que han marcado un contexto de desigualdad en el departamento, entre los que se encuentran los proyectos mineros, el acceso a la tierra y el acceso al agua.
Entre la minería y el derecho al territorio
En el departamento de La Guajira se ubica una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, se trata del Cerrejón, una mina que comenzó la explotación de manera activa desde 1984 y que al día de hoy continúa con una alta producción y exportación de este mineral.
Además de carbón en La Guajira se explota arcilla, yeso, cal, material para la construcción, entre otros minerales, con operaciones a gran y pequeña escala. Según la Agencia Nacional de Minería, en La Guajira se han otorgado 69 títulos mineros, que tienen actividad en el 86% del departamento.
De acuerdo con las demandas de las comunidades en las diferentes protestas, estos proyectos mineros han provocado situaciones como reasentamientos de comunidades enteras, afectaciones al medio ambiente, falta de inversión en las zonas de impacto y conflicto intercultural con comunidades indígenas. Esto a pesar de que el departamento recibe una cifra alta por concepto de regalías.
Solo la mina del Cerrejón, propiedad del grupo anglo-australiano BHP Billiton, en 2023 aportó $10,6 billones en regalías al país, según cifras de la misma empresa, pero estos recursos no se traducen en inversiones para el desarrollo del segundo departamento del país con mayores índices de pobreza monetaria, según la actualización metodológica del DANE sobre la pobreza en 2023.
Estas desigualdades históricas han generado resistencias frente a los proyectos de explotación. Es el caso del consejo comunitario Los Negros de Cañaverales en el municipio de San Juan del Cesar, que se oponen a la explotación de carbón en su territorio por parte de la empresa Best Coal Company (BCC), la cual está tratando de gestionar la licencia ambiental para comenzar la explotación a pesar de las opiniones de la comunidad.
Uno de los más recientes acuerdos frente a la minería de los líderes de las protestas con el Gobierno nacional ocurrió en el mes de febrero. Según Ariel López, secretario técnico de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, se contó con el compromiso de la Agencia Nacional de Tierras, la ANLA, Corpoguajira, Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Minería para mapear algunas áreas asignadas a títulos mineros, “la intención es reversar esas asignaciones para que estas tierras sean entregadas a los campesinos de La Guajira”, afirma. Además, dice que se plantea adquirir 10 mil hectáreas de tierra para asignarlas a comunidades campesinas, consejos comunitarios y resguardos indígenas.
La defensa por el derecho al agua
Otro de los temas que aqueja a La Guajira es la falta de agua potable, tanto en las zonas urbanas como en la rurales. Según el último Estudio Nacional del Agua del Ideam, el 100% de los municipios del departamento son susceptibles al desabastecimiento de agua en temporada seca, en un territorio en el que, según la misma entidad, es donde menos llueve en Colombia. Esto genera que muchas comunidades se enfrenten a la ausencia total del agua, mientras que otras deben comprarla de manera permanente, lo que genera afectación económica a las familias en uno de los departamentos más pobres del país.
El pasado 11 de marzo, con la visita al municipio de Fonseca del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, líderes del comité del paro departamental discutieron aspectos importantes para cerrar esta brecha social que ha afectado de manera histórica el derecho de la población de acceder al agua, un derecho fundamental como lo ha reconocido la Corte Constitucional en diferentes sentencias.
Producto de esta visita, estos ministerios pactaron compromisos como el de crear Proaguas, un instituto de aguas para La Guajira para gestionar a nivel territorial soluciones a problemáticas de las comunidades relacionadas con el agua. Además, se realizaron compromisos frente al acueducto del resguardo indígena de Mayabangloma, cuyo proyecto está en fase de asignación de recursos según el Gobierno nacional, y frente al acueducto del corregimiento Conejo, al cual antes de finalizar el año se le asignarán recursos para su reanudación.
Como lo señala Benedicto González, líder social de la Coordinadora Campesina del departamento de La Guajira, “el agua es un derecho fundamental y más de aquellas comunidades que en pleno siglo XXI no tienen agua”. Por esta razón, organizaciones sociales promotoras del paro departamental declararon una asamblea popular por el agua, lo que ellos mismos entienden como una “gobernanza hídrica” para hacer veeduría a los compromisos a los que hasta el momento se ha llegado con el Gobierno nacional y departamental.
Articulación entre entidades, la clave para concretar respuestas
La falta de articulación entre los actores institucionales del departamento de La Guajira ha marcado en gran medida la falta de respuestas estructurales y los incumplimientos a los acuerdos a los que se llega con las comunidades. Así lo reconoce Francisco Ceballos, obispo de Riohacha, “la conflictividad y carencia de planes de articulación, se traduce en atoramiento para dialogar y concertar proyectos”, dice.
En este contexto, después del último paro departamental, el Comité Cívico por la Dignidad de La Guajira y el Frente Amplio de Usuarios de los Servicios Públicos, convocaron un espacio de diálogo con el que se busca llegar a un “gran acuerdo para el desarrollo de La Guajira”. En estas conversaciones participarán instituciones como la Gobernación, la Universidad de La Guajira, la Cámara de Comercio departamental, el Sena, Juntas de Acción Comunal, asociaciones de arquitectos y ganaderos, representantes de la sociedad civil, entre otras. La iglesia católica, en cabeza de la Diócesis de Riohacha, actuará como facilitadora de los diálogos.
El objetivo de este espacio es “la construcción de un proyecto estratégico, que solo es posible mediante la unidad de las organizaciones sociales, sindicales, comunitarias, étnicas, iglesias, academia, partidos y fuerzas políticas, gremios de la producción, medios de comunicación y, obviamente, la institucionalidad, con el objetivo de construir democracia y ciudadanía”, afirma en un comunicado el obispo Ceballos.
Esta propuesta pretende resolver el problema reiterativo de la falta de respuestas institucionales, para resolver los problemas de fondo que aparecen siempre en cada paro, bloqueo o manifestación. A mediados de marzo se realizó el primer espacio de diálogo social, este avanza a la par de diferentes mesas de negociación con entidades de Gobierno para buscar salidas a demandas históricas.
