Un día cualquiera el helicóptero apareció en el aire. Era pequeño y de su barriga se desprendía un cable, como de 20 metros de largo, con un objeto extraño en su punta. Durante semanas se paseó sobre las montañas de Jericó, Antioquia.
Entre el asombro y el temor Víctor Ramírez lo veía atravesar el cielo de la vereda La Leona. Tenía 14 años y lo recuerda como todo un acontecimiento. Eran los primeros años de la década del 2000, y para ese momento no era usual ver helicópteros sobre las montañas de su municipio. El mismo asombro lo compartían los campesinos del corregimiento Palocabildo. Desde su casa, José Luis Bermudez lo veía llegar por el sector de El Chaquiro, mientras volaba bajo y barría el territorio hasta el sector de La Mancha, en el cañón del río Cauca. Se detenía por varios segundos en un punto, para después continuar y perderse en el horizonte.
Varios campesinos recuerdan que, semanas antes de la aparición del helicóptero, al territorio habían llegado unos desconocidos. Era un grupo de diez personas que aseguraban estar haciendo análisis del suelo para mejorar la caficultura de la zona. “Nos dijeron que eran estudiantes universitarios que estaban estudiando nuestras aguas y nuestras tierras para beneficio nuestro”, recuerda el campesino Porfirio Garcés.
Los habitantes de este lugar conocen sus tierras como la palma de su mano, pero aun así permitieron que los forasteros entraran y realizaran su trabajo; al fin y al cabo, nada se perdía. En varios puntos hicieron perforaciones de un metro de profundidad y se llevaron las muestras, prometiendo regresar pronto con recomendaciones técnicas para mejorar el rendimiento de los cultivos. Nunca volvieron.
En su lugar llegó el helicóptero, equipado —como descubrirían meses después— con un detector de metales destinado a identificar los yacimientos minerales ocultos en las montañas del municipio. Más tarde supieron que aquellos supuestos análisis del suelo habían sido solo una puesta en escena para abrirle camino a la minería. Corría el año 2007, y una concesión para la exploración y explotación del territorio ya había sido entregada, aunque nadie lo sabía.
Fueron meses de muchas preguntas. Porfirio Garcés decidió buscar respuestas. Fue hasta la Alcaldía para averiguar de qué se trataban los sobrevuelos y si tenían alguna relación con la minería. Los funcionarios aseguraron no saber de qué hablaba, pese a que los helicópteros habían sobrevolado todo el municipio, incluso el casco urbano. Regresó a Palocabildo con más dudas que certezas y con un profundo sinsabor. Él, como muchos campesinos de la zona, ya estaba inquieto, aunque en ese momento no alcanzaban a imaginar la dimensión de lo que enfrentarían en los años siguientes.
Una semilla extraña se planta en el suelo de Jericó
“Ese es el apego que nosotros tenemos a este territorio. Que lo tenemos todo”, José Luis Bermudez.
Una carretera serpenteante conecta al valle del río Cauca con Jericó. Los vehículos escalan en medio de un paisaje marcado principalmente por cultivos de café y plátano, para llegar hasta los 1.910 metros de altitud, en un pequeño valle lleno de casas coloridas de estilo colonial, anclado entre las montañas del suroeste de Antioquia. Con una tradición campesina fuerte, en Jericó la minería nunca ha sido una opción para sus habitantes.
Actualmente en el municipio hace presencia la Minera de Cobre Quebradona, un proyecto de la multinacional minera AngloGold Ashanti, a la cual se le hizo cesión de derechos desde el 20 de junio de 2008. El título minero que tienen se ubica en gran parte en Jericó, pero también se extiende hasta el municipio de Támesis.
Aunque la empresa se encuentra en etapa de exploración, el camino que el proyecto minero ha recorrido para llegar a este punto no ha sido nada claro de cara a las comunidades de Jericó.
La entrada de la minera, el paso de los títulos de unas manos a otras y la operación de la empresa, ha generado muchas dudas en los habitantes, preguntas que no han tenido respuesta y que han terminado, incluso, en acciones judiciales en contra de varios campesinos del municipio.
Según varios líderes sociales de Jericó todo inicia en el año 2001. En el mes de agosto el entonces presidente Andrés Pastrana sancionó el Código de Minas (Ley 685 de 2001), ley que tiene bastantes críticas porque es catalogada como laxa e, incluso, como lo señala monseñor Noel Londoño, obispo de la Diócesis de Jericó, es un código “prominero”. Varias personas coinciden en que su expedición fue un hecho que allanó el camino para que la empresa AngloGold Ashanti llegara al municipio.
En el año siguiente, una persona llamada Mónica María Uribe Pérez solicitó a la Gobernación de Antioquia permiso para exploración de minerales en un área de 5.000 hectáreas entre Jericó y Támesis. Esta solicitud fue aprobada y el contrato de concesión número 5881 se firmó en marzo del 2007, para exploración y explotación por 30 años.
Solo unos meses después, el 27 de diciembre de 2007, esta persona cedió la totalidad de los derechos a la Sociedad Kedhada, una empresa desconocida en el país que había llegado apenas en 2003 y operó algunos proyectos por pocos años. De manera sorpresiva, en enero de 2008, la compañía cambió su razón social a AngloGold Ashanti Colombia.
A partir de entonces, quedó mucho más claro quiénes estaban detrás del proyecto minero en Jericó. La empresa continuó transformando su nombre: primero Minera Quebradona Ashanti, luego Minera Quebradona Colombia, hasta adoptar en 2019 su denominación actual: Minera de Cobre Quebradona, bajo la cual sigue operando en el municipio.
La empresa se encuentra en etapa de exploración, fase necesaria para pedir la licencia ambiental. Una vez completado este requisito tienen la siguiente proyección: 4 años de construcción, 21 años de producción, 3 de cierre y 10 de post cierre. Casi 40 años en total, en los que se proyecta extraer 4.9 millones de toneladas de minerales, entre los que se encuentra el cobre y el oro, en un área de 500 hectáreas (veredas Cauca y Quebradona), de las 4.881 que hacen parte del título minero.
La llegada de esta minera al país generó muchas dudas, especialmente por el cambio repentino de nombre, que evidenció que esta multinacional de origen sudafricano llevaba varios años operando en el país.
En una respuesta de la minera enviada al Centro de Empresas y Derechos Humanos, como réplica a un informe publicado por Colombia Solidarity Campaign, esta reconoce que el cambio se dio por razones comerciales, que se hizo para “consolidar el nombre y la marca AngloGold Ashanti en Colombia”, además se afirma que Kedahda es la “sociedad extranjera controlante de la compañía colombiana”.
Aunque la empresa considera que este cambio es normal, para los campesinos y líderes de Jericó consultados es una muestra de la falta de transparencia, al ocultar su verdadero origen. A esta situación se suman interrogantes sobre el uso de la empresa de personas naturales para adquirir títulos mineros a nombre propio, que luego terminan en manos de la AngloGold.
Así lo denunció el congresista Iván Cepeda en 2013, durante un debate de control político sobre la actividad minera de empresas transnacionales en Colombia. En esa oportunidad mencionó a varias personas que hacen esta práctica en el país, entre las que se encuentra la señora Mónica Uribe, quien solicitó inicialmente el título que rápidamente terminó en manos de AngloGold Ashanti.
En una consulta enviada por Consonante a la Minera Quebradona sobre la relación de la empresa con la señora Mónica Uribe, se señala: “La señora Mónica Uribe ha sido empleada de AngloGold Ashanti Colombia desde hace más de 20 años. Reconocemos en ella el liderazgo de una mujer dedicada, preparada y con dedicación por la empresa”.
Mientras todo esto ocurría, a Jericó no llegaban las noticias sobre lo que se avecinaba. El único indicio era un helicóptero que volaba sobre sus cabezas y que dejaba una estela de preguntas que nadie se atrevía a responder.
Fuertes y persistentes, como el agua
“Hay que defender esto, hay que defender el agua”, Juan Carlos Salinas.
“Cuando se empieza mintiendo es doloroso, porque que le mientan a uno es duro”, dice con firmeza Porfirio Garcés, un campesino de 86 años que se ha opuesto a la presencia de la minera, con la convicción de que la palabra es sagrada y con la tristeza de pensar que se ha enfrentado a un proceso lleno de intrigas.
Garcés recuerda que después de que la minera inició la etapa de exploración, se realizó una socialización pública con presencia de los mismos funcionarios de la Alcaldía que meses antes negaron tener información sobre el helicóptero. Dice que trataron de convencerlos de que la minería era indispensable y un eje de progreso. Pero él, al igual que otros campesinos, quedaron con una gran angustia, “dijimos: esto es fatal, porque cualquier forma con la que vayan a hacer esto es horrorosa para nuestro territorio, nuestros cultivos y nuestra cultura”, recuerda.
Esta forma de presentarse ante la población fue solo una pequeña muestra de lo que ocurriría en años posteriores. El territorio ha cambiado de manera radical en casi 20 años de presencia de la empresa.
El 2007 marcó un punto crucial en la actividad minera de Jericó. Ese año, Corantioquia otorgó los permisos de vertimiento, aprovechamiento forestal y ocupación de cauce que dieron vía libre al inicio de la exploración. A pesar de la desaprobación de las comunidades, los trabajadores de la Minera de Cobre Quebradona comenzaron a entrar al territorio y a recorrerlo para realizar perforaciones. Hasta que, un día, en medio de esas labores, el temor de los campesinos se hizo realidad.
“La montaña comenzó a sangrar”, recuerda José Luis Bermudez al hablar de lo ocurrido en 2011, cuando la minera rompió un acuífero subterráneo a orillas de la quebrada La Fea.
Todo sucedió a inicios de mayo, cuando la empresa instaló una plataforma de exploración en el predio El Chaquiro, de la vereda Quebradona. En medio de los trabajos, el agua comenzó a escapar por el orificio de perforación. Campesinos que entonces trabajaban con la empresa cuentan que la reacción inmediata fue intentar taponar el hueco con cemento, pero fue inútil.
El daño fue visible durante muchos años. Los campesinos lo descubrieron y en 2016 se informó a Corantioquia. La entidad realizó varias visitas y encontró que la empresa había realizado una perforación a 650 metros de profundidad y a 15 metros del cauce de la quebrada, cuando se requiere que este tipo de intervenciones se realicen a más de 30 metros. Por esta razón en 2019 formuló cargos a la minera Quebradona por la “intervención en la zona de retiro o protección de la fuente”, e impuso una multa de $288.372.106 de pesos. Al ser consultados sobre este tema por Consonante, la minera afirma: “procedimos de inmediato a ubicar la plataforma a los 30 metros requeridos y pagamos la sanción”. Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, afirma que el daño fue permanente, al punto de que 14 años después el agua de esta fuente sigue fluyendo sin control.
Según José Luis Bermudez, después de este hecho, un nacimiento que surtía de agua el acueducto de la vereda La Soledad se secó. La comunidad se alertó; uno de los mayores miedos que tienen es que el agua desaparezca: “y entonces ya nosotros secos, sin agua, nos tenemos que desplazar, ¿y para dónde?”, afirma Bermudez, entre la tristeza y el desconcierto.
Esta no fue la única sanción de la autoridad ambiental a la empresa. Previamente, en 2013, Corantioquia encontró que Minera Quebradona fue responsable de talar árboles en el predio La Coqueta, vereda Quebradona Arriba, acción que no se puede realizar sin permisos de la autoridad ambiental. Por esto tuvo que pagar una multa económica de $112.600.000 de pesos.
En Palocabildo creció el miedo de que la minería dañe el territorio. Campesinos como José Luis Bermudez, que llevan décadas caminando y trabajando el campo a partir de los conocimientos de las generaciones pasadas, saben desde la experiencia que este territorio es rico en acuíferos. Conocen los cerros en los que hay nacimientos y de los que sale el agua que alimenta los acueductos comunitarios de las veredas e, incluso, de otras zonas como la “tierra caliente”, que son las veredas que se ubican en zonas bajas hacia el río Cauca. Solo en una finca de 100 cuadras de tierra, en la que en algún momento de su vida trabajó, Bermudez logró identificar 15 nacimientos de agua.
El agua está en el centro de la defensa de los campesinos de Palocabildo. De hecho, en noviembre de 2012, como lo registró el periódico Despierta Jericó, el laboratorio del Grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental de la Universidad de Antioquia, realizó un estudio sobre las aguas en una zona de exploración de la Minera Quebradona, en ese momento los resultados no fueron positivos.
Como señaló el informe: “El agua del acueducto veredal Quebradona no es apta para consumo humano, por lo tanto es deber del operador de dicho sistema encontrar una solución para disminuir los mesófilos, coliformes y cianuro libre presentes en estas aguas, así como verificar la correcta dosificación de cloro en las mismas durante el proceso de desinfección para evitar contaminación durante la distribución. Al mismo tiempo, prohibir el consumo de esta agua hasta no estar seguro de su completa potabilización”.
Aunque todavía no existe un estudio completo sobre los acuíferos en las veredas que están dentro del título minero y las afectaciones de la actividad de exploración, desde la llegada de la minera se han producido documentos por parte de diferentes entidades que funcionan como un diagnóstico parcial de los impactos al territorio.
Uno de los más importantes es un informe presentado por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama), la cual tenía un proyecto para construir un parque ecoturístico entre Jericó y Támesis, justo en la zona de incidencia de la Minera Quebradona. Después de revisar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la minera —que entregó a la Anla en 2020 y que fue archivado— y de realizar análisis propios, se evidenciaron afectaciones graves que podrían ocurrir en el territorio a medida que el proyecto minero avance. Esto llevó a que Comfama desistiera de su iniciativa mientras la minera esté en el territorio.
Uno de esos hallazgos menciona: “Los análisis realizados para Comfama por Emergente Energía Sostenible, muestran que se presentaría un abatimiento del nivel freático (es decir, que el agua subterránea estaría más abajo de donde hoy está) y que ese abatimiento sería notorio en el 99 por ciento del área de la cuenca de Quebradona, básicamente por la subsidencia y los túneles, y en el 51 por ciento del área de la cuenca de La Guamo (incluyendo un sector del municipio de Támesis) [...] El hecho de que el agua esté más profunda implica modificaciones en la disponibilidad hídrica superficial y subsuperficial, y con ello, se reduciría la posibilidad de que la flora y la fauna puedan acceder a ella y por tanto se afectaría la biodiversidad de la zona”.
A esto se le agrega la posibilidad de que el caudal de ambas quebradas disminuya en un 54,3 por ciento para Quebradona y en un 26,4 por ciento para El Guamo. Además, se evidencian posibles alteraciones al paisaje, afectaciones por relaves y pérdida de biodiversidad de las especies que habitan en este ecosistema y que son susceptibles a los cambios drásticos. Esto es importante, porque como señala Comfama: “de acuerdo con el EIA, en el Área de Influencia del proyecto se cuenta con la presencia de 15 especies amenazadas, endémicas, casi endémicas o con importancia económica para el país, y que por tanto requieren tratamiento especial”.
Por su parte, el Observatorio de Conflictos Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia, señala que el proyecto minero está en áreas que se pueden afectar de manera directa por todas las acciones que implica la actividad minera en la zona: “i) la zona de bosque seco tropical en territorio limítrofe con el río Cauca, y ii) la zona de montaña constituida por bosque muy húmedo montano bajo”. Además, aparte de las quebradas mencionadas por Comfama, agrega que el proyecto también impactaría la quebrada La Fea, La Vainillala, El Dique y el río Cauca, “en el caso de este último, el proyecto se propone la extracción de 250 l/s de agua para operar y la descarga de aguas residuales al mismo río”, indica el Observatorio.
En respuesta a Consonante, la Minera Quebradona señala: “las rocas que conforman el subsuelo del área del proyecto presentan características de porosidad y permeabilidad muy bajas, lo cual permite confirmar, con base en soportes científicos e información primaria, que no hay presencia de acuíferos en las inmediaciones del proyecto minero.”. Además, agregan: “Ninguno de los procesos del proyecto genera afectación en nacimientos de agua. El agua que se usará para la mina será captada directamente del río Cauca [...] Finalmente, el agua que no sea reutilizada será tratada y devuelta al río, en total cumplimiento de la legislación colombiana”.
Alerta tras alerta, los campesinos de Palocabildo decidieron hacer oposición directa a los trabajos de la minera. De esta manera, según se documenta en el informe “La colectividad territorial del Suroeste: un David Moderno”, en el 2013 la sociedad civil realizó varias acciones como encuentros, manifestaciones pacíficas y bloqueos a las actividades de exploración. En medio de las tensiones, en el corregimiento de Palocabildo se realizó un encuentro al que asistió la empresa minera, comunidad campesina, autoridades locales y la Iglesia católica.
Allí, en medio de decenas de personas, la minera comprometió su palabra. Afirmaron que frente a las inquietudes de la comunidad realizarían sus actividades solo en el depósito El Chaquiro, en la vereda Quebradona Arriba y, de esta manera, no explorarían en los demás sectores sobre los que existe preocupación por presencia de acuíferos como la vereda Vallecitos y La Soledad. “La gente se opuso a esto, porque lo que necesitaba la empresa era entrar a esa zona a hacer unos estudios para la creación de unos túneles que le harán mucho daño al territorio, porque allí están aguas subterráneas”, dice Juan Carlos Salinas, más conocido como Caliche, campesino que conoce muy bien la forma en la que funciona la minera, porque fue empleado de ese proyecto.
La promesa duró aproximadamente cinco años. Después intentaron iniciar trabajos en las zonas a las que los campesinos les pidieron no ingresar. Esta vez cambiaron la estrategia. Según mencionan varios habitantes, los trabajadores de la empresa llegaron a la zona en carros sin identificación y sin uniformes. “Los camuflaron, como si fueran recolectores de café. Y así los campesinos no fueran a ver qué estaban haciendo”, dice Salinas. “Ellos desde que llegaron han mentido”, sentencia José Luis Bermudez, con unas palabras que comparten el mismo sentimiento de varios habitantes de Palocabildo.
Los años posteriores están marcados en Jericó por acciones permanentes de resistencia pacífica que comienzan a configurar un movimiento social alrededor de la defensa del territorio, incluso, con la participación de la Iglesia católica, en cabeza del obispo de la Diócesis de Jericó y la congregación de las hermanas Lauritas.
En una intervención realizada en 2020 por Felipe Márquez, expresidente de la AngloGold Ashanti, que quedó registrada en video, reconoció que Quebradona es la primera fase de un distrito minero que se extenderá en el Suroeste antioqueño y que, según líderes del territorio, implicaría la exploración de un total de cinco yacimientos en diferentes municipios. Juan Fernando Puerta, periodista y activista en Jericó, recuerda que en ese momento la noticia activó el movimiento social de otros municipios de la subregión como Andes y Fredonia, porque la afectación sería considerable, “hay un apoyo a que no queremos que esto se vuelva un distrito minero”, dice.
Consonante consultó a la Minera Quebradona sobre la posibilidad del distrito minero. Al respecto, señalan: “Estos conceptos se presentan como instrumentos de planificación regional y de la cual participan comunidad, Estado y empresas; pero no se trata de un conjunto de minas, no, se refiere a un modelo de desarrollo territorial que se integra y planifica en armonía con diferentes vocaciones. Es una herramienta estratégica de competitividad y sostenibilidad [...] Así, no se proyecta como un distrito minero, sino como siempre lo hemos dicho: un proyecto minero que quiere ser la mejor empresa para el territorio”.
La lucha de David contra Goliat
“La mejor definición de dignidad es no tener precio”, Lina María Velásquez.
Porfirio Garcés maneja el azadón y los libros con la misma pasión. Es campesino de nacimiento, de herencia, pero también descubrió el amor por la lectura desde muy pequeño. Cuando estaba en la escuela, entre los libros viejos de la biblioteca descubrió un poema que se le quedó en la memoria:
Y hay días en que somos tan plácidos, tan plácidos...
(¡niñez en el crepúsculo! ¡Lagunas de zafir!)
que un verso, un trino, un monte, un pájaro que cruza,
y hasta las propias penas nos hacen sonreír.
Era la Canción de la vida profunda. Lo escribió un famoso poeta, que de manera coincidencial lleva su mismo nombre: Porfirio Barba Jacob. Desde ese día la poesía comenzó a existir en su vida.
Hoy, su casa en el corregimiento Palocabildo es la memoria de sus pasiones. Una vivienda campesina rodeada de anturios, resguardada en su interior por las imágenes de Carlos Gardel y por una gran colección de discos entre los que están Enrique Caruso, Plácido Domingo, Nino Bravo y Luciano Pavarotti. Garcés atiende a los visitantes con gran dedicación. Mientras la música clásica que sale de su grabadora se mezcla con el canto de los azulejos y con sus palabras cargadas de preocupación y nostalgia.
“En los pueblos mineros no hay nada que se pueda llamar progreso”, dice con firmeza y con la sabiduría de quien entiende que la vida es profunda, como el poema de Barba Jacob, pero también sencilla, y que lo más importante es la protección del territorio.
A sus 86 años Porfirio Garcés ha sido querellado dos veces por la Minera Quebradona y ha enfrentado una denuncia. Hace un par de meses su imagen, junto con la de otros hombres, le dio la vuelta al país. Los videos y las fotografías muestran a 11 campesinos con una gran sonrisa y los brazos en alto, mientras un grupo de personas los reciben con cánticos para celebrar. Los 11 de Jericó, como ahora son conocidos, enfrentan una denuncia de la minera Quebradona por secuestro simple, hurto calificado y lesiones personales. Ese día, el 16 de junio de 2025, un juez negó la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía. El camino en el proceso es largo todavía pero podrán enfrentarlo en libertad.
Este hecho es el último de varias presiones que los campesinos han recibido por parte de la empresa minera, con una particularidad, y es el uso del derecho para abrirse camino en el territorio. Así lo señala Claudia Serna, abogada de la Corporación Jurídica Libertad (CJL), que considera que con los diferentes procesos se ha buscado “lograr por la fuerza de la ley, lo que la legitimidad no les ha permitido. Ellos no tienen una licencia social”, dice.
Ana María Gallego, abogada del Instituto Popular de Capacitación (IPC), hace un análisis similar sobre las situaciones que han debido enfrentar los campesinos de Jericó en los últimos años. Según ella, la empresa ha intentado construir una narrativa alrededor de quienes se oponen al proyecto, con el fin de justificar acciones destinadas a silenciar sus procesos: “crear la figura del enemigo del proyecto, crear la figura del opositor de Quebradona, una persona que no se adecúa a la sociedad porque todo el municipio quiere minería [...] entonces hay que hacer algo porque están cometiendo delitos, hay que encerrarlos”.
El IPC, junto con la CJL, brinda acompañamiento judicial a los campesinos de Jericó.
Una empresa que opera entre los cafetales
“Llegar de la manera más discreta posible, ocultándose, viendo cómo es el terreno, entrando muy suave dentro de las comunidades”, Fernando Jaramillo.
Víctor Ramírez conocía la querella como una enfermedad que le da a las vacas en sus cascos. Por eso no entendió muy bien cuando a la puerta de su casa llegó un notificador para entregarle una querella. Cuando leyó el documento sintió temor. Para un joven campesino como él, los procesos judiciales no eran algo familiar.
Así como Víctor, decenas de campesinos de Jericó han sido querellados por la empresa minera y por personas naturales del mismo corregimiento Palocabildo. Esto ha ocurrido en dos ocasiones, como respuesta a las acciones de protesta realizadas por los habitantes de Jericó frente a la presencia y acciones de la Minera Quebradona.
El primer hecho ocurrió en noviembre del 2022 en la vereda Vallecitos. José Luis Bermudez recuerda que su papá, León Bermudez, que también es campesino y vive en la zona, salió una mañana y encontró un grupo de jóvenes. Cuando les preguntó qué estaban haciendo le respondieron que estaban recogiendo café en la finca de un vecino. Esta sería una escena normal y cotidiana, de no ser porque el señor León conocía a esas personas y sabía que eran trabajadores de la empresa minera.
León le pidió a su hijo estar pendiente porque la situación le generaba una mala espina. Por los movimientos de los supuestos recolectores de café hacia un predio que colinda con su finca, un campesino, amigo de José Luis, decidió mirar a través de los arbustos y se encontró con una escena inesperada: cerca de ocho trabajadores estaban realizando un banqueo en la tierra, como si se estuvieran abriendo una cancha de fútbol. La alerta fue inmediata.
La voz corrió entre los campesinos y, según recuerdan, al lugar llegaron cerca de doscientas personas para exigir explicaciones: querían saber las razones, los permisos y reclamar por el incumplimiento del acuerdo de palabra que se había hecho con la empresa en 2013. Allí se pretendía instalar una nueva plataforma de exploración, a pesar de la cercanía del predio con varias fincas de la vereda, lo que —según afirman los campesinos— generaría afectaciones inmediatas, como la contaminación auditiva.
Los trabajos se detuvieron, y aquello se sintió como un pequeño triunfo para la comunidad. Sin embargo, ese día a José Luis Bermudez se le rompió el corazón. El predio donde se realizaban las labores hacía parte de una herencia que les dejó su madre, y quien dio la autorización a la empresa fue su propio hermano, Javier Bermudez. Días después, él mismo, junto con la Minera de Cobre Quebradona, interpuso una querella contra 46 campesinos, entre ellos José Luis.
“Yo tuve que escoger entre mi hermano y la región”, dice con una nostalgia profunda y visible, que lo acompaña desde entonces. José Luis Bermudez es uno de los 11 de Jericó, un defensor del territorio que cada día, entre sus cultivos de café, reafirma el valor de la tierra y la necesidad de protegerla.
Tiene un dolor palpable. Lo ha cargado durante varios años, pero se hizo más profundo desde hace algunas semanas. Descubrió que fue su propio hermano quien lo demandó ante la Fiscalía. “Ser capaz de demandarme ante la Fiscalía por defender el territorio, por defender el alma, por defender la vida. Eso es triste. Eso fue lo último que pudo haber hecho esta empresa, venir a dividir las mismas familias. Es que eso no tiene nombre”. “Los dedos de las manos no son todos iguales”, finaliza Bermudez con resignación.
El segundo hecho ocurrió en diciembre de 2023, en la vereda La Soledad. Durante semanas los campesinos notaron actividades inusuales. Juan Carlos Salinas es otro de los 11 de Jericó, querellado en dos oportunidades. Durante un tiempo trabajó con la empresa minera, pero desistió porque se percató de los daños que provocaría la minería en el territorio. Volvió a su trabajo en el campo y se convirtió en uno de los líderes más visibles.
Cuenta que un día, mientras un grupo grande de campesinos y habitantes de Jericó atendían una diligencia de la primera querella en el casco urbano, la empresa entró a La Soledad e instaló una plataforma. Cuando regresaron a sus casas se enteraron de la situación. El periodista Juan Fernando Puerta, afirma que esta situación fue puesta en conocimiento del inspector de Policía, pero no hubo ninguna respuesta.
Frente a la inacción de las autoridades un grupo de personas decidió entrar al predio y desarmar la plataforma. Puerta, recuerda que se hizo con mucho cuidado, porque varios campesinos que trabajaron con la minera conocen las máquinas. La retiraron parte por parte y entre las decenas de personas que estaba en el lugar la subieron a un camión y la enviaron a la Policía en Jericó. “Hicieron todo un recorrido para sacarla y decir: No queremos que esté acá”, dice Puerta.
En marzo de 2024, 61 campesinos y líderes que estuvieron en el lugar fueron querellados por una persona llamada Rafael Arteaga y la Minera Quebradona.
Entre los querellados se encuentra Juan Fernando Puerta que realizaba cubrimiento del hecho como periodista, la hermana Elizabeth Rúa de la comunidad de las Lauritas y una menor de edad.
Estos procesos son fuente de angustia para la comunidad: “nos ha quitado mucho tiempo, tiempo que podemos invertir para hacer proyectos, tiempo que podemos invertir para crear otras formas de, incluso, economía, para crear otras escuelas, para crear otras apuestas, para vivir tranquilamente”, dice María José Cano, joven integrante del Colectivo Imagina Jericó, que se ha convertido en una de las caras más visibles de la defensa del territorio, también querellada por la empresa minera. Nació en el 2001, justamente cuando comenzó a regir el Código de Minas. Toda su vida ha transcurrido en un territorio en disputa, por lo que conoce la importancia de defender un lugar que más que pasado es también futuro.
Las acciones judiciales se han concentrado contra las mismas personas. “Yo soy un defensor del territorio, del agua principalmente. Afortunadamente esta cantidad de gente que hay alrededor de nosotros nos escucha. La empresa minera es tan estratégica que nos identificó a los 11”, afirma José Luis Bermudez.
Como lo señala la abogada de la CJL, Vanesa Vasco, “uno de los objetivos que ha tenido la empresa con este uso del derecho de manera desproporcionada es apaciguar, de alguna forma, ese movimiento campesino y social tan fuerte”.
Sin embargo, como agrega la abogada Ana Gallego del IPC, es probable que el resultado del proceso penal haya tenido un mal cálculo por parte de Minera Quebradona: “Y la empresa no se imaginaba el nivel de apoyo que iba a recibir esta gente y cómo eso se le iba a terminar volviendo en un problema de legitimidad social”, señala.
Los campesinos y líderes de Jericó han terminado asumiendo las consecuencias de los incumplimientos de la empresa, y de la falta de vigilancia a sus operaciones por parte del Estado. Así lo afirma la abogada Claudia Serna: “la gente ha asumido un papel que le tocaba a las agencias. La Agencia Nacional de Minería tendría que hacer ese control milimétrico de lo que hace una minera, que no puede estar paseándose por un territorio buscando cómo sacar el oro y el cobre del subsuelo”.
“Cómo es que pretenden quitarle la libertad a unos trabajadores humildes sin culpa de nada, únicamente por gritar ‘no queremos la minería’. ¿No creen ustedes que es una publicidad muy nefasta para la empresa?, una empresa que apenas está tratando de que les den licencia para hacer esto. Entonces, imaginémonos qué puede hacer cuando ya ellos tengan la licencia”, dice Porfirio Garcés.
Y la tierra se partió en dos
“No hay ciudad por bien defendida que esté, que no caiga ante un ejército que viene con lanzas de oro”, monseñor Noel Londoño.
Monseñor Noel Londoño, recuerda la última vez que conversó con dirigentes de la Minera Quebradona. Fue hace cinco años, llegaron hasta su despacho, y allí, mientras dialogaban soltaron la propuesta:
—Monseñor, ¿usted conoce la Catedral de Sal de Zipaquirá? —le dijeron. Claramente la conocía, de hecho, la ha visitado muchas veces. Ante su afirmación los funcionarios continuaron:
—Nosotros le queremos ofrecer para Santa Laura la catedral de cobre de Santa Laura.
Hubo un silencio en el lugar. “Yo, tal vez inspirado por el Espíritu Santo, no abrí la boca, pero abrí la puerta y les hice la señal de que se fueran. No hemos vuelto a cruzar una palabra desde ese día”, recuerda.
En el 2013, Londoño fue nombrado obispo de la Diócesis de Jericó. Llegó al territorio sin tener idea de la minería, nunca había enfrentado una situación como la que ha visto en el municipio en los últimos doce años. Sin embargo, ya conocía a la empresa AngloGold Ashanti. Hace un tiempo, cuando trabajaba en Roma, visitó Ghana en repetidas ocasiones, lugar en el que se ubica la mina Ashanti, y fue testigo de las afectaciones generadas en el lugar por esta empresa.
De allí su posición firme frente a la presencia de la multinacional en el Suroeste, que le ha costado una oposición por parte de la minera: “no se han enfrentado propiamente, pero han marginado a la Iglesia”. De hecho, hace cinco años el Consejo Municipal, la Alcaldía y una organización de la empresa minera que lleva por nombre Projericó, enviaron una carta al Nuncio Apostólico: “diciendo que yo favorecía o, digamos, protegía o apoyaba la división de la comunidad, que yo no me prestaba para el diálogo, que yo no entendía el progreso, entonces le mandaron un anuncio como diciéndole: sáquenlo”, afirma Londoño. Como lo recuerda, la respuesta del Nuncio fue contundente: "Monseñor, tranquilo. Yo fui cuatro años Nuncio en el Congo y conocí toda esa situación, así que usted tranquilo que aquí no hay nada”.
Casi dos décadas de presencia y acciones de la minera en Jericó han dejado una huella palpable: la división social. En el municipio esta herida es evidente.
En comercios, restaurantes, eventos públicos, aparece el logo de Quebradona, como un sello entre quienes apoyan la minera y quienes no lo hacen. Campesinos como Porfirio Garcés lo confirman: “se han abierto brechas entre los amigos, entre los vecinos, entre los mismos familiares”.
Garcés lo ha vivido. Desde que comenzó a defender el territorio siente que se quedó solo en el corregimiento de Palocabildo: “si yo entro a cualquiera de estas casas, me miran con malos ojos. Si saludo, no me contestan muchas veces. A mí me miran muy mal porque yo les digo, les comento, les enseño las consecuencias. Algunos se dan cuenta y aceptan las cosas, y otros me hacen mala cara, me miran con ojos de enemigo”, dice, con el dolor de haber perdido algo tan valioso para un campesino como lo es la confianza.
Otro de los impactos que la población ha logrado identificar a nivel social, es la ocupación de la minera de espacios de la vida cotidiana del municipio, a partir de una oferta de servicios.
Así lo afirma Víctor Ramírez, quien dice que “la minera está ocupando espacios de educación, espacios de cultura, espacios de deporte, espacios de salud. Mejor dicho, ellos son como una segunda alcaldía que creen que pueden traer todos esos programas sociales y así mantener a la gente feliz”, afirma.
De hecho, como se menciona en el informe “La colectividad territorial del Suroeste; un David moderno”, en 2016 la empresa AngloGold Ashanti organizó un viaje a Brasil para presentar un proyecto de minería, e invitó a rectores de instituciones educativas, líderes sociales y políticos: “una estrategia efectiva, ya que la mayoría de los paseantes se volvieron aliados incondicionales de la minera. Con las puertas abiertas de las instituciones educativas, la AGA se volcó a ofrecer talleres, jornadas de siembra, preparación para las Pruebas Saber, clases de inglés y socializaciones del proyecto minero”, se señala.
De esta manera, la empresa se ha instalado en la vida cotidiana de Jericó. Esto lo hace, principalmente, a través de la Fundación Projericó una iniciativa que, como se explica en su página web, se creó en 2019 con el objetivo de “ayudar a fortalecer la institucionalidad del territorio y apoyar la estructuración de proyectos que sean fuente de bienestar y desarrollo local”.
Por su parte, ante la consulta de Consonante sobre este tema, Quebradona afirma que es la primera empresa BIC del sector minero en el país, es decir, Sociedades Comerciales de Beneficio e Interés Colectivo: “la empresa se comprometió socialmente a adquirir bienes y contratar servicios de empresas de origen local, y, de ser posible, que pertenezcan a mujeres y emprendedores”, afirman. De esta manera, señalan que han realizado inversiones en el municipio en varios aspectos como: créditos blandos para pequeños emprendimientos —inversión de $1.290.000.000 de pesos—, turismo —inversión de $550.000.000 de pesos— y programa de Formación y Empleo Digno —$1.290.000.000 de pesos—, entre otros.
Además, en su “avance de gestión social de 2025”, indican que “en alianza con la administración municipal de Jericó, 250 niños de 26 escuelas rurales se benefician con transporte gratuito”. También señalan que “215 estudiantes de básica primaria fortalecen sus habilidades en una segunda lengua en centros educativos urbanos y rurales de Jericó”. Además de otros programas en música, deportes y relación con Juntas de Acción Comunal: “Se trabaja con 18 JAC —13 de Jericó y 5 de La Pintada— en procesos de fortalecimiento organizacional, actualización estatutaria, formulación de proyectos, trámites ambientales y apoyo a acueductos veredales”.
La división es cada vez más marcada, al punto de que quien se opone a la minera no se puede relacionar con algunas organizaciones, comercios o instituciones educativas. “Eso hizo que unos años atrás en la Normal y en el Liceo fuera muy difícil para la Iglesia entrar a los salones a dar una charla, lo que sea, porque ellos tenían que darle cuentas a la minera”, dice monseñor Londoño.
Una situación similar enfrenta la Mesa Ambiental de Jericó: “incluso, fuimos nosotros los que denunciamos ante la Secretaría de Educación lo que habían hecho los rectores y, desde entonces, la Mesa Ambiental no puede ingresar a las instituciones educativas a hacer trabajo porque somos indeseables”, señala su coordinador Fernando Jaramillo.
Porfirio Garcés recuerda con nostalgia cómo era la vida antes de la llegada de la minera: “éramos una unidad perfecta”; pero en casi 20 años las cosas han cambiado como nadie lo hubiera esperado. Para Lina Velásquez, integrante de la Mesa Ambiental, “esa es la trampa de la división, como que nos ataquemos entre nosotros y no, pues no tiene sentido. Eso es desgastante y no lleva a ninguna parte”. Por eso, concluye: “nosotros desde el movimiento decimos: suave con la gente, duro con la empresa”.
La resistencia, como las aves, tiene muchos colores
“Deberíamos ser como los insectos, que toman solo lo que necesitan”, Víctor Ramírez.
“Cómo se demuestra el cariño hacia las cosas? Defendiéndolas. Yo no tengo nada acá sino el cariño. Entonces, ¿cómo no defender si el cariño es grande hacia la tierra que lo vio nacer a uno?”, dice Porfirio Garcés, con la convicción que lo ha movido durante estos últimos años, que es el amor por este territorio suyo y de sus antepasados.
Esa misma motivación se encuentra en las palabras de Víctor, José Luis, Juan Carlos, María José, Lina, Juan Fernando, Fernando Jaramillo, y tantos otros líderes y campesinos que han decidido expresar su inconformidad por la presencia y pretensiones de la minera. Las acciones de protesta se han moldeado y fortalecido al calor de la presencia de la Minera Quebradona, dando por resultado un movimiento social atípico.
Campesinos, líderes sociales, Iglesia, finqueros de “tierra caliente” y organizaciones sociales, encontraron un punto de encuentro en la defensa de Jericó. “Hay una gran articulación aquí en Jericó y es la Mesa Ambiental, Imagina Jericó, Visión Suroeste, y también las abogadas de la Corporación Jurídica y de IPC”, señala María José Cano. “Otra particularidad de este movimiento, es que ha convocado gente de todos los estratos sociales”, dice Fernando Jaramillo.
Monseñor Londoño recuerda que en agosto de 2013, cuando tomó posesión, en la homilía dijo: “quiero advertirles, no vengo solo a tomar posesión, yo vengo a tomar posición". Recuerda que esas palabras tomaron sentido rápidamente. Para el movimiento social de Jericó, la participación de la Iglesia ha sido un hecho inesperado, pero fundamental.
La encíclica Laudato sí del papa Francisco, se convirtió en una guía para la promoción de la defensa de la “casa común” desde la Iglesia católica en el municipio, pero también desde la práctica de los campesinos. Como lo señala Víctor Ramírez: “siempre esa invitación a defender la casa común y no la habitación que tenemos dentro de esa casa común. La casa común es la tierra, la naturaleza, todos los recursos naturales, y realmente para la sociedad lo que prima es el bienestar social, familiar y ambiental”.
Consciente de esa labor a la que era convocado, monseñor Londoño invitó a los obispos de Antioquia y Chocó para trabajar juntos en un documento sobre la minería, entendiendo que es un problema común a varios municipios. De esta manera, en 2015 se publicó la “Carta pastoral de los obispos de las diócesis de Antioquia y Chocó sobre la minería”, en la que se hacen reflexiones sobre los impactos de la minería, siguiendo las enseñanzas del Laudato sí. “¿Minería o agua? ¿Minería o alimento? ¿Oro u oxígeno? ¿Minería o dignidad humana? ¿Minería o paz? Es necesario llegar a entender que la vida, la salud, la armonía interior, la solidaridad son más importantes que conseguir dinero”, señala la carta.
A José Luis Bermudez un sentimiento similar lo motiva para defender el territorio: “¿quién va a cambiar el agua por plata?”. Bermudez se ve a sí mismo como raíz de su vereda, lo que lo impulsa a ser futuro para los que vienen detrás de él, como sus hijos y nietos. Justamente es en la tierra en donde encuentra su fuerza y su arraigo.
El tiempo de la cosecha
“Es más fácil llenar el Cauca a capacho tirado, que el corazón de un hombre”, Porfirio Garcés.
La Minera de Cobre Quebradona tiene un permiso de exploración vigente hasta el ocho de diciembre de 2025. Esta etapa es muy importante para el proyecto minero, porque se toman las muestras necesarias para solicitar la licencia ambiental. Sin embargo, tiene un límite. Este año se vence el año nueve de la exploración y solo tienen posibilidad de solicitar una prórroga adicional que, de ser aprobada, les daría dos años más.
En 2019, la empresa radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) la solicitud para obtener la licencia ambiental del proyecto. Sin embargo, tras la revisión de los estudios presentados, la entidad decidió archivar el trámite al considerar que no contaba con información suficiente para tomar una decisión. “Ahí fue uno de los primeros desaciertos: la Anla no rechaza la solicitud de licencia, sino que simplemente la archiva. Cuando la archivan en 2021, la minera entiende que podría desarchivarse si cumple con los requisitos del estudio ambiental. Entonces, están tratando de recoger nuevamente la información de los estudios de impacto ambiental para volver a hacer una solicitud”, explica Claudia Serna, de la CJL.
A propósito, en respuesta a Consonante, la empresa señala: “bajo este nuevo escenario del proyecto minero, la compañía ha sostenido que tiene el firme propósito de presentar un nuevo estudio, atendiendo las observaciones y requerimientos de la Anla”.
En esta carrera contra el tiempo, el pasado cinco de septiembre la Minera Quebradona presentó a la Agencia Nacional de Minería (ANM) una prórroga para exploración por dos años más. Frente a esto la minera expresa: “nuestra expectativa es que la respuesta a la solicitud será favorable para la empresa”.
Por su parte, los campesinos y líderes expresan incertidumbre. De ser aprobada temen que se extenderían las tensiones con la empresa e, incluso, que puedan escalar. A la minera se le está acabando el tiempo para adelantar el proyecto de la manera como lo tenían contemplado.
Simultáneamente, la empresa presentó a la misma entidad una solicitud para suspender las obligaciones en el título minero que tienen en Jericó, lo cual según la Ley 685 de 2001 sólo se puede hacer en casos de fuerza mayor. A través de un comunicado, el 20 de octubre la ANM respondió a la empresa negando esta solicitud, tomando en cuenta que también recibió la solicitud de prórroga. Señala la entidad: “resulta jurídicamente contradictorio conceder de manera simultánea o consecutiva, solicitudes contrarias en cuanto a la dinámica de ejecución del contrato de concesión minera”.
En junio de este año una esperanza nació para los habitantes de Jericó y del Suroeste antioqueño. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la Resolución 855 de 2025, “por la cual se declara una Zona de Reserva de Recursos Naturales Renovables de carácter temporal en los municipios de Jericó, Támesis, Valparaíso, Santa Bárbara, Fredonia y La Pintada, del Suroeste Antioqueño”.
Esta Reserva tendrá una vigencia de tres años, con posibilidad de prórroga de dos años, y ha sido celebrada por los líderes en Jericó, ya que considera la elaboración de estudios técnicos referentes al ciclo del agua y de integridad ecológica del área de la Zona de Reserva. “Estos estudios incorporarán los análisis técnicos, sociales y ambientales que soporten las decisiones sobre la compatibilidad de la protección de los recursos naturales renovables respecto al desarrollo de actividades mineras”, señala la Resolución.
“A mí la Reserva Temporal me genera mucha ilusión por poder ahondar los estudios, que son costosos y los necesitamos. Además, los estudios podrían blindar por completo el territorio. Si se demuestra el tema de las aguas subterráneas se podría hacer una declaratoria de reserva permanente. Eso nos alejaría el fantasma de la minería”, afirma Lina Velásquez.
Por su parte, Quebradona señala que frente a esta decisión y la prohibición expresa de otorgar permisos y licencias ambientales para minería durante el período de vigencia: “la empresa seguirá trabajando con total apego de la ley y hasta donde se le permita”.
Mientras esta puerta se abre, un nuevo reto aparece para los habitantes de Jericó, especialmente de la zona rural. Desde hace varios meses se rumora la presencia de actores armados ilegales en diferentes veredas. El hecho más reciente ocurrió el 14 de octubre, cuando se registraron combates entre el Ejército y, presuntamente, el Clan del Golfo, en el corregimiento Palocabildo, hecho que genera zozobra, especialmente para las personas que han tenido visibilidad en la defensa del territorio durante los últimos años.
No es la primera vez que esto ocurre. En el 2025 se han registrado por los menos dos situaciones similares entre los mismos actores armados. Uno ocurrido el 22 de enero y otro el 6 de julio. “Eso aumenta la tensión en seguridad para las personas”, dice Fernando Jaramillo.
El coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó sabe que el camino por recorrer en la defensa del territorio todavía es largo. De hecho, como afirma, la AngloGold Ashanti tiene una nueva solicitud de título minero que inicia desde el borde del casco urbano y que comprende 1.141 hectáreas. “Esto es una mancha de títulos y sus industrias mineras. La región del Suroeste está en un 80 por ciento solicitada para la actividad minera. Los distritos mineros no son cuento”, señala.
Al respecto, monseñor Noel Londoño afirma que es probable que el proyecto Quebradona esté pensado a largo plazo: “para mí, lo que ellos están explotando son los bancos internacionales, presentando Jericó como un proyecto donde va a haber cobre hasta para las uñas de los gatos. Ellos están en explotación de bonos internacionales, de inversiones internacionales. Por ahora ni siquiera les interesa extraer, les interesa tener inversionistas a nivel internacional. Ellos lo piensan a largo plazo y lo piensan como un atractivo de publicidad para inversiones en la empresa”.
Por esa razón, María José Cano considera que la única manera de que las cosas cambien en el municipio es atacar el problema de raíz, y este se encuentra en el Código de Minas: “si realmente uno quiere una solución de fondo el Código de Minas no puede seguir como está. Si hay algo en común que podríamos tener todos los movimientos en toda Colombia es eso”, dice.
De momento el futuro es incierto en este territorio de personas que evidentemente han crecido en medio de cafetales: son fuertes en sus raíces y generosas en sus frutos. Aquí, lo han dicho de manera contundente los campesinos y líderes, no hay cabida para la minería. “Lo único que aspiramos y en donde terminaría este movimiento, es que ellos no estuvieran acá presentes. Entonces es una lucha de generación tras generación. Es una defensa ambiental por nuestras raíces, porque es desde la juventudes, desde la niñez, hasta los adultos mayores, que estamos arraigados a nuestro territorio”, afirma Víctor Ramírez, con la certeza que desde el cuidado de la casa común y la promoción de la soberanía alimentaria es posible blindar al territorio de la minería.
