¿Por qué es importante?
El hurto sistemático y violento a los esquemas de seguridad de UNP está causando zozobra y miedo entre decenas de líderes que tienen esquemas de protección en el departamento y además, está poniendo en riesgo la vida de los escoltas. El aumento de casos sucede en medio del silencio de las autoridades. “Las alcaldías y la gobernación no han dicho nada, ni un comunicado, ni se han pronunciado acerca de esta situación”, expone Eliécer Cáceres, periodista amenazado y víctima en dos ocasiones de asaltos a su esquema de seguridad.
Según datos de la UNP hay 173 personas con esquemas de seguridad en el departamento de Arauca: representantes de organizaciones defensoras de derechos humanos, activistas políticos, servidores públicos, periodistas, víctimas del conflicto y excombatientes de las Farc, que han sido amenazados o intimidados por distintos grupos armados, por su liderazgo, activismo político o por su ejercicio periodístico. Hay 44 vehículos blindados y 43 convencionales; así como 189 escoltas prestando los servicios de protección en esta región.
Hasta el momento pareciera que las entidades competentes no tienen un registro detallado y actualizado de estos casos. Las cifras no concuerdan y pareciera haber un subregistro. Sin embargo, la UNP reporta 5 asaltos en el 2019 y la Policía departamental 10 para el 2020 y 15 en lo que va del 2021. Tres de estos atentados han sido contra firmantes del acuerdo de paz ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación (ETCR) en la vereda “Filipinas”, Arauquita. El resto han sido contra esquemas de periodistas, líderes y funcionarios públicos.
Lo más reciente ocurrió el 15 de diciembre, donde fueron robados 3 vehículos. Dos en una de las vías de acceso al centro poblado de la Esmeralda; uno asignado al esquema de protección de uno de los miembros del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, Guillermo Díaz; y el otro al militante del Partido de la Unión Patriótica UP, Miguel Rodríguez. El tercero fue robado en la vía que conduce al centro poblado de Panamá de Arauca, a Beatriz Mosquera, lideresa social y representante de las comunidades afrodescendientes en el departamento de Arauca.
“En este caos que está ocurriendo en Arauca, le quedan a uno muchas incógnitas. Estamos en una incertidumbre y en una cacería de brujas por todos los lados. La gente se siente acechada”
Carmen Rosa Pabón, periodista araucana.
El modus operandi: los asaltos y hurtos a los esquema de seguridad de la UNP
La modalidad de hurto es variada. Asaltan esperando la llegada de los vehículos a los semáforos o a los lugares con reductores de velocidad; van hasta la casa de la persona protegida o de sus escoltas; o la más común, embisten a los esquemas cuando los líderes se desplazan hacia zonas rurales o cuando van por carretera de un municipio a otro. Según las víctimas, los asaltantes llegan con armas de largo alcance como fusiles o granadas. En la mayoría de los casos se roban los vehículos, los chalecos antibalas, los celulares de los protegidos y de los escoltas.
Las zonas donde se han presentado con mayor recurrencia estos hechos son en las vías que comunican Arauquita, Saravena, Tame y Fortul. Los líderes mencionan sentirse especialmente en peligro por el paso por la vía Los Libertadores, el caserío de Santo Domingo y el corredor de La Esmeralda; zonas comúnmente conocidas por ser de control de los grupos armados. Sin embargo, también se han presentado casos en el casco urbano de estos municipios y recientemente uno en la capital del departamento.
“El 16 de Julio, a cuatro cuadras de mi casa, salieron dos motos de alto cilindraje. Nos pusieron las armas en la cabeza, nos golpearon, nos insultaron y nos botaron a la fuerza del vehículo. Decían que no nos resistiéramos ”
Flor María Trillo, defensora de derechos humanos
Una papa caliente sin responsables
Existen diferentes teorías sobre quiénes tienen intereses en estos hurtos. Pero ni la Policía, ni el Ejército han querido dar declaraciones oficiales sobre la investigación que se adelanta sobre estos casos. “No tenemos esa información concreta, se presume que son los grupos armados al margen de la ley que hacen presencia en el departamento, sin embargo, esta es tarea fundamental de los entes del Estado determinarlo”, expone John Hurtado, representante de las comunidades afrodescendientes del departamento amenazado por las Farc, víctima de asalto a su esquema de seguridad en el mes de septiembre.
Sin embargo, la mayoría de los líderes que han sufrido estos atentados y periodistas locales que conocen la situación del departamento, aseguran que quién está detrás de esto son las disidencias de las Farc. “Ahora tenemos ese tema de las Farc, que son los que están quitando las camionetas. El problema que vemos es que no es una estructura guerrillera, como estaba anteriormente, sino que son grupos que están nuevamente reactivando: el 10, el 28, ahora el 45, pero que no tienen una conexión de trabajo, ni político ni en conjunto, no tienen una línea de mando, y ahí tienen una circunstancia muy complicada”, explica Emiro Goyeneche, periodista de la Emisora Comunitaria Sarare Stereo.
Incluso, muchas de las víctimas relatan que en ocasiones los mismos asaltantes se identifican como pertenecientes a las disidencias. “No sabía si moverme. Pensé que eran los paramilitares, y pensé que ya terminaba mi vida ahí. Pero no, cuando él se fue dijo: nosotros somos de las disidencias de las Farc y nos vamos a llevar el carro”, cuenta Flor, a menos de 24 horas de haber sido asaltada por segunda vez y encañonada en su propia casa.
¿Qué razones puede haber detrás?
Por un lado se podría decir que hay una clara intención de los actores armados que están cometiendo estos asaltos, de dotarse y lucrarse con el hurto de los carros y equipos de seguridad, como chalecos antibalas y pistolas (una camioneta blindada podría oscilar entre 250 y 340 millones de pesos). “Es un tema netamente económico, ni siquiera se tiene certeza de que sean las disidencias. Puede ser una banda delincuencial, a la cual las Farc le compran los vehículos después de que ellos los hurtan”, comenta Jose Luis Lasso, personero de Saravena, quien se traslada en moto protegido por un escolta asignado por la UNP.
Para algunos, es una persecución directa hacia la UNP, especialmente hacia las empresas contratistas de vehículos que prestan el servicio tercerizado, que han decidido no pagarle “vacunas” a los grupos armados. “Circuló el mensaje que de pronto era una retaliación por no pagar una extorsión de un grupo al margen de la ley”, comenta Wilson Devia, presidente del sindicato nacional UTUNP, que agrupa a trabajadores de la UNP. Pero para otros el tema va más allá de lo económico. “El accionar de los grupos al margen de la ley contra el esquema de seguridad, ya no es un hurto normal, es un atentado terrorista en plena vía”, opina Wilson.
Por su parte, muchas de las personas que han sido víctimas de estos asaltos sienten que esto hace parte de la dinámica de intimidación histórica de los grupos armados hacia los líderes y la labor social que se hace en los territorios. “Ahí hay una cuestión totalmente delicada, que nosotros no la vemos como unos hurtos, sino como una cuestión de ataques directos a nuestra labor, a nuestro trabajo. Esto puede terminar en muertos”, advierte Elíecer.
Sin embargo, la UNP considera que muchos de los hechos ocurrieron por “el presunto uso indebido de las medidas de protección por parte de los beneficiarios”. Igualmente el comandante de la Policía del departamento, Fredy Ferney Pérez, cree que los protegidos deben tener mayores restricciones en cuanto a las horas y lugares de desplazamiento, dado que su libre circulación no contribuye a prevenir el nivel de riesgo al que se enfrentarán. “Se vuelven muy vulnerables lejos de los cascos urbanos”, comenta.
Tener esquema, un nuevo factor de riesgo
Para escoltas como Jose Tiberio “para nadie es un secreto que los vehículos y los elementos de seguridad de la UNP se han vuelto objetivo militar”. Y paradójicamente lo que esta situación está produciendo es que trasladarse con esquema de seguridad en Arauca sea realmente peligroso.
Adicional a esto, pareciera haber una reclamación unánime por parte de los protegidos respecto a los estudios de riesgo aplicados por la UNP. “Esos estudios no son garantes de una seguridad real. Deben cambiar la metodología de evaluación que le hacen a los líderes y lideresas del país”, expone John. Una de las inconsistencias va en relación al tipo dinámicas de violencia que se viven el territorio (nivel de riesgo) y las herramientas de protección otorgadas. “Qué garantía son dos o tres hombres de protección con pistolas, con un carro que no es blindado, frente a los grupos al margen de la ley que salen con cargas explosivas y fusiles”, reclama Fabio.
También hay inconformidades respecto a los subsidios y ayudas otorgadas para el mantenimiento de los vehículos, para la gasolina y los viáticos de los escoltas. Pues la adquisición de un esquema de seguridad representa para muchas de estas personas una carga económica para la cual no estaban preparados. “ No es garantizar un trabajo ni la seguridad, cuando tenemos que viajar por el país en un vehículo en malas condiciones, varados todo el tiempo”, reclama Flor.
“Uno cumple con su deber, así a cada uno le toca rebuscarse la seguridad y la autoprotección como pueda”
Nelson Quintero, presidente de la comunidad Villa Paz
Esta situación no solo es alarmante por el grado de vulneración y al doble riesgo que están sometidos los líderes, sino por la integridad de la vida de las personas que prestan el servicio de protección. “Nosotros como escoltas también adquirimos el nivel de riesgo de los protegidos. Nosotros también como seres humanos, necesitamos ese respeto y esa colaboración del Gobierno Nacional y la UNP”, Fabio Quintero, escolta y presidente del sindicato UTUNP.
De acuerdo al registro del sindicato, actualmente hay más de 4 escoltas que han sido amenazados, por los grupos al margen de la ley. Los cuales han tenido que ser trasladados de municipio o incluso del mismo departamento. Como gremio han solicitado diversas reuniones con la gerente de Sevicol, la empresa contratista que maneja el 85% de los escoltas en Arauca, para evaluar procedimientos o recomendación de cómo actuar frente al tema. Sin embargo, no ha habido una respuesta efectiva. “Solicitamos a través del Ministerio de trabajo, Procuraduría, Defensoría, la presencia de la empresa para abordar esta problemática”, sostiene Wilson.
“El Estado se está haciendo el de la vista gorda”
De acuerdo a lo expuesto por la UNP, “como entidad la herramienta más importante que se ha venido utilizando para mitigar y evitar los casos es la utilización de los GPS en los vehículos”. Y según el coronel Pérez, en el 2020 se hizo una reunión donde se propusieron algunas recomendaciones, como guardar los vehículos de los protegidos en las estaciones de policía y reportar a la entidad cuando fuera haber algún desplazamiento; medidas que no fueron acatadas por ninguno de los protegidos.
Sin embargo, es evidente que las medias no han sido ni suficientes y ni efectivas. Según el personero, “se han hecho los de la vista gorda durante todo este tiempo y no se ha observado ningún resultado, ninguna gestión, para evitar el hurto de estos esquemas de seguridad”. Los reclamos son varios. La falta de una respuesta institucional efectiva, de poca investigación y veeduría de las entidades competentes; de la necesidad de una estrategia de prevención articulada y el diseño de protocolos de atención oportunas; de una acompañamiento psicológico a las víctimas; pero según John lo que se evidencia es la ”falta de un Estado garante de la vida, de la honra y bienes de los colombianos”.
“Pareciera que fuera tierra de nadie. La reacción de la fuerza pública es nula, no existe. A la policía le da miedo ir al sitio donde están operando los grupos al margen de la ley”
Wilson Devia
De acuerdo con el comandante departamental de la Policía se espera que tras el posicionamiento del nuevo gobernador, Alejandro Miguel Navas, se lleve a cabo antes de que termine el año una reunión con la UNP, Fiscalía y demás entidades competentes para llegar a acuerdos concretos y estrategias para que esta situación no se siga repitiendo. “Esto es un problema de todos, las personas responsables deben poner de su parte; hay que tomar medidas preventivas”, concluye.
La angustia de las víctimas y un futuro incierto
El movimiento social araucano ha sufrido históricamente una gran persecución y estigmatización. La protesta social y la oposición política ha sido violentamente reprimida. Esto conlleva a que activistas de derechos humanos, periodistas, sindicalistas, miembros de partidos políticos, trabajadores sociales, miembros de juntas de acción comunal, estudiantes y líderes comunitarios, desarrollen sus actividades con la sensación constante de estar poniendo su vida en riesgo. “Nuestro trabajo es social y humanitario. Pero uno no sabe en qué momento te agarran a bala. Nuestras armas son las voces, las movilizaciones, la lucha y el compromiso para transformar el territorio”, explica Flor.
Según alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, contrario a lo esperado, desde la firma del Acuerdo de Paz entre el gobierno y las Farc, se ha evidenciado un recrudecimiento de la violencia en Arauca. Con ello han nacido nuevas dinámicas de confrontación entre los grupos armados, aumentando la situación de riesgo de los líderes y lideresas. De acuerdo a los datos recolectados por Indepaz, desde la firma del acuerdo en el departamento de Arauca se han registrado 27 homicidios a líderes/as sociales y defensores/as de Derechos Humanos y 6 excombatientes firmantes del acuerdo muertos. “Por un lado, los grupos armados atentan contra los líderes sociales, por otro lado el Estado brinda unos esquemas de seguridad que no son realmente seguros, pero también están persiguiendo y estigmatizando. Para nosotros en el departamento no hay garantías de nada, realmente”, comenta Eliécer.
“La construcción de la paz debe ser otra cosa, por eso aquí parece que no hubiera habido ningún proceso; como si la construcción de la paz fuera asesinando personas”
Nelson Quintero
Y la situación no parece mejorar, pues tras la captura del ex gobernador, José Facundo Castillo, por presuntos nexos con el Eln, el departamento estuvo en completa ingobernabilidad e inoperancia por varios meses. A esto se suma la llegada de un año electoral, los proyectos petroleros que vienen en camino para la región del Sarare y la implementación de toda la estrategia de las Zonas Futuro. “Vamos a tener una lucha muy abierta con el régimen, con la fuerza pública, con las compañías petroleras, con las multinacionales, y ojalá que no sea esta una entrevista de despedida de la vida de uno, en todo caso todo eso puede suceder”, comenta Emiro.
Irse de Arauca no parece ser la solución a los problemas para ninguno de los líderes. Dejar a sus familias, trabajos, su vida, no es la mejor opción. Muchos han tenido que hacerlo por tiempos prolongados; han vuelto, pero bajo el mismo nivel de riesgo. Para la mayoría no hay otro camino que permanecer en el territorio, con o sin seguridad, y seguir trabajando por defender sus derechos. “Nos toca seguir en la lucha, según como venga la situación, cómo amanezca el día. Sí lo mataron a uno, si lo llevaron a la cárcel, porque no hay otro camino, ni en Arauca, ni en otras regiones. Esto está pasando en todo el país. Y el Estado se ha quedado muy corto en darle respuesta a esto”, asegura Eliécer.
