En Fonseca, al sur de La Guajira, el miedo de salir en la noche se ha apoderado de los habitantes del municipio. A partir de las seis de la tarde, el comercio baja sus rejas y las calles se vacían. Las familias, prevenidas por los constantes robos y extorsiones, evitan salir después de esa hora. Si es inevitable moverse, lo hacen bajo una regla: sólo tomar mototaxis de confianza, preferiblemente afiliados a cooperativas reconocidas. En varios casos, los pasajeros han sido asaltados, por esto, en hoteles y restaurantes se insiste a los visitantes en que verifiquen el número del vehículo y la identificación del conductor.
Luego de las siete de la noche, Fonseca queda a oscuras. Más del 60 por ciento de sus calles y carreteras no tienen iluminación pública, y la oscuridad se convierte en aliada de los delincuentes. A pesar de que rige un decreto que prohíbe el parrillero hombre, la ciudadanía denuncia atracos frecuentes cometidos por hombres en moto.
Aunque las últimas administraciones de José Manuel Moscote Pana (2012-2015), Misael Velázquez (2016-2019), Hamilton Peñaranda (2020-2023) y el actual mandatario Micher Pérez (2024- 2027) han tenido como bandera de gobierno la seguridad, la delincuencia sigue preocupando a la comunidad de Fonseca. Los consejos de seguridad, los operativos de inteligencia y el aumento del pie de fuerza policial y militar no han logrado frenar la criminalidad.
Desde la administración de Moscote (2012) se identificaba que el hurto —en todas sus modalidades— venía en aumento desde el 2008, según cifras de la Policía. (Pág. 68). Sin embargo, para ese momento, no era una preocupación del gobierno local los delitos relacionados con secuestro, extorsión y terrorismo porque no se denunciaban.
Lo mismo ocurrió desde el gobierno de Misael Velázquez, actual secretario de despacho de la Gobernación de La Guajira, quien implementó el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana como respuesta a la creciente ola de hurtos, principalmente en el comercio, que pasó de 12 casos en 2011 a 33 en 2015 (pág. 21-26).
Para el 2021 y 2022, en el mandato de Hamilton García, hubo un aumento entre el 80 y el 100 por ciento en todos los hechos delictivos, como lo informó en su momento Consonante. Además del hurto, preocupaban otros delitos como el secuestro y el desplazamiento (pág 22-23).
El alcalde actual Micher Perez planteó en su campaña de gobierno la seguridad como uno de sus pilares y propuso, entre otras medidas, el fortalecimiento de la capacidad policial para prevenir el delito. En respuesta a un derecho de petición y a una tutela enviada por Consonante, la Alcaldía de Fonseca informa que el presupuesto para seguridad y convivencia ciudadana es de 930 millones de pesos para apoyo logístico y operativo a la Fuerza Pública, apoyo a campañas pedagógicas, prevención y cultura ciudadana; y acompañamiento a poblaciones en situación de riesgo. Desde Consonante se ha solicitado, en varias oportunidades, entrevista presencial con la Secretaría de Gobierno para ampliar la información pero han sido negadas. En respuesta al derecho de petición indican que prefieren contestar y atender por escrito.
Disminución de delitos no se ve en las calles
Hasta el 7 de junio de este año, la Policía de Fonseca había registrado 5 homicidios, 31 hurtos a personas, 2 hurtos a comercios, 2 casos de extorsión y 23 lesiones personales. Las cifras mostraban una reducción en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se reportaron 6 homicidios, 39 hurtos a personas, 17 hurtos a comercios, 4 extorsiones y 32 lesiones personales. A pesar de que, para las autoridades, estos datos reflejan una mejora en las condiciones de seguridad, la percepción en las calles es distinta: los hechos de criminalidad siguen siendo noticia frecuente y protagonizan los titulares de los medios locales.
Por su parte, la Secretaría de Gobierno tiene el reporte, hasta el 2 de julio, de 57 hurtos a personas, 35 casos de lesiones personales, 8 amenazas y 10 extorsiones. Desde la Alcaldía informan que las extorsiones son principalmente a comerciantes y que para contrarrestar este delito trabajan junto con la Policía Nacional, Gaula Militar, GOES y el CTI de la Fiscalía.
Desde la Alcaldía informan que las extorsiones son principalmente a comerciantes y que para contrarrestar este delito trabajan junto con la Policía Nacional, Gaula Militar, GOES y el CTI de la Fiscalía.
Por redes sociales y servicios de mensajería los comerciantes reciben extorsiones y amenazas presuntamente de grupos delincuenciales. Aunque las autoridades aseguran que aún no se ha confirmado su autoría, el temor se extiende entre la población. El pasado 9 de junio, por ejemplo, se difundió un mensaje en el que se advertía a la comunidad que no debía salir después de las 10 de la noche, bajo la amenaza de que “no se respondería por la vida de inocentes”. En el mismo comunicado, se exigía que quienes hubieran cometido delitos abandonaran el municipio.
A los comerciantes también les han enviado mensajes extorsivos y citaciones para hacer “apoyos”, que es la forma en la que las bandas criminales llaman a las extorsiones o ‘vacunas’. Estos episodios generan temor e incertidumbre entre los habitantes, quienes reclaman acciones más efectivas por parte de las autoridades para garantizar la seguridad en el municipio.
La Policía ha identificado la presencia de dos grupos armados ilegales en Fonseca: el Clan del Golfo, a través de la subestructura Rufino José Morales, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln), representado por el Frente de Guerra Norte José Manuel Martínez Quiroz. Por su parte, la Defensoría del Pueblo mantiene vigente la Alerta Temprana de Inminencia 025 de 2023, en la que advierte sobre los riesgos de afectaciones humanitarias derivados de la disputa territorial en La Guajira entre las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn) y el frente Francisco José Morelos Peñate, perteneciente al Bloque Nelson Darío Hurtado Simanca de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Esta confrontación estaría ligada al control de economías ilegales como el contrabando y el narcotráfico en la Troncal Caribe y sus alrededores.
Aunque la Defensoría alerta sobre la disputa territorial, también identificó otros hechos de violencia como las extorsiones y amenazas. “La utilización del terror como mecanismo de un mensaje de poderío sobre el adversario y para el sometimiento y control sobre la población civil a lo que se agrega la imposición de extorsiones, amenazas de muerte, y restricciones a la movilidad que recaen sobre ella”, dice la alerta temprana 025 de 2023. La población en riesgo incluye a comerciantes, hoteleros, pescadores, operadores de turismo formal e informal, transportadores, docentes, ganaderos, finqueros, jóvenes en contextos de vulnerabilidad, defensores de Derechos Humanos y líderes sociales.
“La utilización del terror como mecanismo de un mensaje de poderío sobre el adversario y para el sometimiento y control sobre la población civil a lo que se agrega la imposición de extorsiones, amenazas de muerte, y restricciones a la movilidad que recaen sobre ella”
Comerciantes y comunidad piden mayor seguridad
A comienzos de junio, dos personas oriundas de Fonseca recibieron amenazas de muerte mediante un panfleto anónimo que les exigía abandonar el municipio bajo la advertencia de que, de no hacerlo, atentarían contra sus vidas y las de sus familiares, sin distinción de edad. Ambas pidieron a Consonante no revelar sus nombres, pues aseguran que esta situación les ha causado profundo dolor, miedo e incertidumbre, especialmente por no saber quiénes están detrás de las amenazas ni cuál es su verdadero propósito. El caso está siendo investigado por la Fiscalía, y a la pareja se le asignó protección por parte de la Policía.
El pasado 31 de mayo, dos personas que residen en el barrio Gómez Daza fueron víctimas de robo a mano armada dentro de su residencia. “Estábamos en la sala viendo televisión, eran las 7:30 de la noche. Estaba con mi hija y teníamos la puerta abierta, como de costumbre, porque el barrio es tranquilo”, afirma la víctima. Pero la calma se rompió cuando un joven alto, moreno, con el rostro descubierto, entró sin previo aviso y les gritó: “El celular o les doy un tiro”.
Sin oponer resistencia, le entregaron los teléfonos. El ladrón los guardó en el bolsillo de una chaqueta como las que suelen usar los mototaxistas y se marchó caminando. “No sé si lo estaban esperando más adelante. Pensé en pedir auxilio, porque en la calle había bastante gente, pero me arrepentí. Me dio miedo que se devolviera o que le disparara a alguien”, cuenta. Aunque le sugirieron interponer una denuncia, decidió no hacerlo. “¿Para qué? Denunciar por esas cosas no sirve de nada”, concluye.
Otro comerciante de Fonseca, que solicitó mantener anónima su identidad, asegura que desde noviembre del año pasado se dispararon las extorsiones. Cuenta que incluso fue víctima de un atraco en su propio negocio.
“Esta situación afecta las ventas porque las personas prefieren comprar menos y no salir en la noche de sus casas. En la noche no se puede salir. También me han robado en la casa, hace siete años se metieron en la casa por la noche aprovechando que no estaba y se llevaron varios elementos: tres computadoras portátiles, tres acordeones, joyas y pérdidas que ascienden a los 20 millones de pesos”, cuenta. En su momento interpuso la denuncia en la inspección de Policía, pero no avanzó.
También cuenta que ha sido invitado por el gremio de comerciantes para unirse a las reuniones que han organizado, pero no ha podido asistir. “Una vez me llegó una extorsión por WhatsApp. Lo reporté a la Policía y lo único que me dijeron fue que eso no les correspondía a ellos, que debía llamar a Riohacha. Un agente marcó desde allá, pero nadie contestó, y al final me tocó irme aburrido”, relata con frustración.
Frente a estas denuncias, la Policía asegura que los casos de extorsión han disminuido y que se están implementando varias estrategias para hacerle frente al delito. “Desde el Gaula, la Sijín, Sipol, Goes, la reacción del distrito y el personal del Modelo Nacional de Vigilancia, se han adelantado acciones para atacar este fenómeno”, informaron. Entre esas acciones mencionan campañas contra el secuestro y la extorsión, patrullajes constantes en el municipio, la creación de una patrulla bancaria para proteger a los comerciantes y la presencia permanente de uniformados en el sector comercial.
“Las cosas están horribles, en su peor momento. Acá atracan todos los días, hay fleteos y robos de hasta 40 millones”, le contó un comerciante a Consonante en diciembre del año pasado. Según relataron varios integrantes del gremio, comenzaron a circular mensajes y llamadas en el sector comercial, en los que supuestos miembros del Clan del Golfo exigían sumas de 30, 40 y hasta 50 millones de pesos a cambio de no ser declarados como “objetivo” por el grupo criminal.
¿Qué dicen las autoridades?
La Policía Nacional señala que los delitos que generan mayor preocupación en Fonseca, tanto por su gravedad como por su frecuencia, son los homicidios, las lesiones personales, el hurto a personas, el hurto a residencias, el hurto a comercios y la violencia intrafamiliar. Actualmente, el municipio cuenta con cuatro zonas de atención policial y, según informan las autoridades, no está previsto ampliar la cobertura a nuevos puntos.
“Se han venido realizando las coordinaciones necesarias mediante consejos de seguridad contando con la presencia del alcalde municipal, Policía Nacional, Ejército y Migración con el fin de prevenir posibles hechos”, dice la institución.
Además sostiene que se llevan a cabo actividades diarias, donde se han implementado planes de control y campañas preventivas, para contrarrestar la ocurrencia de delitos.
A la fecha se han capturado a 45 personas por distintos delitos y se han interpuesto 628 comparendos. “Los ciudadanos que son capturados y después dejados en libertad son netamente decisiones judiciales tomadas por un juez”, recalca la Policía.
Desde la Policía indican que la restricción del parrillero hombre se encuentra vigente (Decreto 028 del 04 de marzo de 2025) y que “esta herramienta resulta útil en la restricción, ya que dificulta la acción de delincuentes que utilizan motocicletas para cometer robos o sicariatos, al limitar la posibilidad de tener un segundo acompañante”.
Maria Auxiliadora Medina Pitre, personera de Fonseca, sostiene que los delitos que más le reportan en el municipio son el desplazamiento forzado, homicidios, amenazas, reclutamiento y desaparición forzada. Recalca que se apoyan con la Defensoría del Pueblo, a través de las alertas tempranas, para estar al tanto de los hechos delictivos que ocurren en el departamento.
“Cuando las personas llegan hasta acá, la mayoría ya se han dirigido a la estación de Policía o a la Fiscalía. Hemos conocido de amenazas por mensajes de texto, panfletos o documentos que les han dejado, donde manifiestan una amenaza en su contra y su familia. Dichas amenazas vienen acompañadas de un nombre de grupo al margen de la ley y de un alias”, cuenta Medina.
Medina recalca que cuando ocurren estos casos se activa la ruta para proteger a quienes denuncian: “Le solicito a la Alcaldía que se le brinden todas las garantías a ese ciudadano con el fin de salvaguardar su vida e integridad personal. Es necesario que todas las instancias tengan conocimiento de la situación y que puedan desplegar todas las acciones necesarias”. Si la situación es delicada se evalúa si se convoca a un consejo de seguridad.
“En lo corrido de este año hemos recibido denuncias de extorsiones y amenazas a comerciantes y a líderes sociales, con ellos hacemos el acompañamiento y la activación de la ruta para que realicen la denuncia ante la Fiscalía”, puntualiza.
Fonseca, el tercer municipio con más homicidios de La Guajira
Según las cifras de la Plataforma de Defensores de Derechos Humanos, Activistas y Líderes Sociales de la Sierra Nevada de Santa Marta (Pdhal). Hasta junio de este año, los municipios con más homicidios fueron Riohacha (49 casos), Maicao (20), Fonseca (6) y San Juan, Albania y Uribia, con 4 casos cada uno.
Este año van varios crímenes que han consternado a la comunidad. El pasado 1 de marzo, en la calle 13 entre carreras 9 y 10, asesinaron a Jovani Antonio Giraldo Hernández frente a las antiguas instalaciones del DAS. “Su muerte causó gran conmoción, ya que era una persona muy apreciada por los fonsequeros debido a su constante disposición a ayudar a quien lo necesitara”, dice un conocido.
También se han denunciado casos de fleteo. El 2 de mayo la docente María Pérez, quien se movilizaba en silla de ruedas, fue atacada por dos hombres en moto cuando salía del banco BBVA en el barrio Primero de Julio con 14 millones de pesos.
Tres días después, en el barrio Villa Jardín, un hombre armado apuntó con un arma a Nelly del Carmen Builes Fernández en su negocio. Le robó una cadena de oro, los celulares y la dejó encerrada en su vivienda con candado antes de huir.
El 17 de mayo fue saqueado un corresponsal bancario, en la calle 12 con carrera 18, frente al parque José Prudencio Padilla. Los ladrones se llevaron 10 millones de pesos.
El 22 de mayo fue asesinado Robinson José Feria Vargas, un joven venezolano de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado en inmediaciones del río, justo detrás de la sede de la Fiscalía del municipio. Un día después se reportó el crimen de José Joaquín Fonseca Martínez, un joven de 29 años residente del barrio Las Delicias.
Posteriormente, el pasado 28 de mayo, se registró otro hecho violento en la carrera 17 con calle 9, cerca de la iglesia San Agustín. En este caso fue asesinado Jair Rudas, un hombre de 38 años oriundo de Barranquilla. En el mismo ataque resultó herido el joven Yefferson Guette Romero. Según versiones preliminares, ambas víctimas se encontraban compartiendo en una heladería cuando fueron sorprendidas por hombres armados que les dispararon. Hasta el momento no se ha identificado a los responsables.
Falta mayor respuesta de la Policía y Fiscalía
Aunque las cifras oficiales reportan una leve disminución en algunos delitos, la percepción ciudadana apunta a una realidad muy distinta: atracos, extorsiones, homicidios y amenazas siguen afectando el día a día de los habitantes de Fonseca. A esto se le suma la desconfianza en las instituciones, la falta de respuestas efectivas a las denuncias, y la falta de articulación entre las autoridades encargadas de la seguridad, justicia y orden público, mientras los grupos ilegales se disputan el territorio mediante el miedo.
La comunidad además cuestiona que los operativos de registro y control se realizan sobre la avenida principal y en salidas y entradas al municipio, pero que en los barrios con mayor índice de delincuencia no pasa lo mismo ni se ven policías.
