En San Juan del Cesar (La Guajira) ocurrieron con frecuencia durante más de 15 años desapariciones por cuenta del conflicto armado, pero siempre fueron un secreto, un dolor privado de las familias. Como en la familia Córdoba, que desde el 29 de agosto de 1998 esperan que “los elenos” digan algo sobre su padre, Antonio Alejandro. Royma, el hijo que se encontraba con él cuando se lo llevaron, intentó buscarlo muchas veces, y también trató que la justicia lo buscara. “Dejamos de cavar porque el Ejército y la guerrilla estaban poniendo bombas por ahí y no queríamos morirnos”, dice. Hace ocho años dejó de buscar. La justicia lo declaró muerto, aunque ellos todavía no tienen certeza de nada, porque no han visto su cuerpo.
En Potrerito, cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta, el 19 de marzo de 2007 la comunidad wiwa vio salir a Víctor Julio Mendoza a plena luz del día. Iba a buscar un animal, convencido de que, como la Policía estaba cerca, podía andar sin problemas. La comunidad, hasta hoy, no lo ha visto volver.
Y así pasó en la comunidad indígena de Marokazo, en El Totumo y en varias vías rurales. La gente salió o la sacaron de su casa y no regresó.
Según la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), una entidad que se creó con el Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las Farc, hay 111 personas desaparecidas en San Juan del Cesar. Esta cifra es el resultado “de un cruce de más de 30 fuentes de información” e incluye personas desaparecidas forzadamente y desaparecidas tras un secuestro o un reclutamiento forzado.
Sin embargo, es evidente que existe un subregistro. En parte, porque la violencia impidió que muchas víctimas denunciaran las desapariciones de sus seres queridos. Además, la persistencia de los actores armados en el territorio mantiene con miedo a muchas familias que no se sienten seguras de levantar su voz, pues no saben quiénes pueden estar escuchándolas. Esto, en parte, también explica que en San Juan las víctimas de desaparición forzada no estén organizadas y que ni la Alcaldía ni la Mesa de Víctimas tengan una base de datos de los desaparecidos y sus familiares.
La persistencia de los actores armados en el territorio mantiene con miedo a muchas familias que no se sienten seguras de levantar su voz, pues no saben quiénes pueden estar escuchándolas.
Por otro lado, pocas personas en el municipio conocen la Unidad de Búsqueda. La UBPD no ha llegado al territorio a socializar su mandato ni su Plan Regional de Búsqueda, en el que está incluido San Juan y apenas tiene 23 solicitudes de búsqueda. La UBPD no es la única entidad que tiene como mandato buscar a los desaparecidos del conflicto armado. La Fiscalía tiene esta obligación pero, según las víctimas y organizaciones, hizo acciones de recuperaciones de cuerpos hace algunos años, pero tampoco está buscando activamente a sus familiares. Varios líderes de víctimas de San Juan consultados por Consonante coincidieron en esto: la búsqueda está quieta.
El miedo persiste
En 2002 se desplazó la vereda El Limón y el corregimiento de Caracolí, a principios de septiembre. Primero fue El Limón. Pedro Loperena recuerda la razón: una masacre de 16 personas que por estos días cumple 20 años. Esa es la misma cantidad de tiempo que lleva desaparecido Luis Antonio Mendoza, su abuelo. Mendoza tenía 76 años cuando los paramilitares, en complicidad con el Ejército, lo desaparecieron entre el 29 de agosto y el 4 de septiembre, fecha en la que terminó la masacre y el desplazamiento del resto de la comunidad. Así lo reconoció una sentencia del Tribunal Administrativo de La Guajira en 2019. Por este hecho el Ministerio de Defensa, en representación del Estado, tuvo que pedirles perdón a las víctimas. Pero aún no han encontrado el cuerpo de Luis Antonio.
El 4 de septiembre, cuando la comunidad de Caracolí escuchó sobre la avanzada de los paramilitares, salió de su territorio para impedir la barbarie. “Después, cuando ellos (los paramilitares) vinieron no encontraron a la población. Saquearon todo lo que había en los negocios. Se llevaron muchas cosas”, recuerda Marcelino Camargo.
Pasó que, mientras las autoridades atendían a los desplazados y los registraban, no preguntaban si habían dejado atrás a un familiar, o si había algún desaparecido. Y las víctimas estaban en una total desprotección y llenas de miedo.
María Cedeño, secretaria general del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP), una organización que acompaña a víctimas del territorio, afirma que ese estado persiste en muchas familias. “La gente todavía teme que hablen de sus casos y a esos casos estén vinculados personas que puedan atacarlos. Les hemos dicho que hay que vencer el miedo. Si se rodea a las víctimas, se les acompaña y no se les deja solas, yo creo que se puede avanzar”.
Para Cedeño es clave que se implemente una política seria por los desaparecidos en la que las instituciones protejan a quienes decidan solicitar la búsqueda de sus seres queridos.
La verdad que hace falta
El pueblo wiwa, que habita en la Sierra Nevada de Santa Marta, tiene un registro de 40 personas desaparecidas. Según Pedro Loperena, comisionado de derechos humanos de este pueblo indígena, el 70 por ciento de los casos ocurrió en San Juan del Cesar. El resto está repartido entre la zona rural de Riohacha, Distracción, la Jagua del Pilar y otros municipios.
Los indígenas han construido esta base de datos durante los últimos quince años, y no incluyeron los nombres de las víctimas, sino también las circunstancias de las desapariciones e incluso el actor armado que, presumiblemente, cometió el hecho. Loperena cuenta que entre estos actores figuran las guerrillas de las Farc, el Eln y el Epl, las Autodefensas Unidas de Colombia y la Fuerza Pública. Pero aclara que aún “toca esclarecer quiénes son los autores intelectuales, políticos y económicos de estos hechos”.
Las víctimas del pueblo wiwa no son las únicas que piden que se esclarezcan los autores de los hechos victimizantes. Marcelino Camargo, líder de víctimas del corregimiento de Caracolí, dice que los habitantes de la zona rural se preguntan por qué ingresaron los paramilitares a sus tierras. “Con la construcción de la represa (del río Ranchería que se inició en 2001) vienen las desapariciones de muchas personas. Hace presencia el Ejército con la construcción de la represa. ¿Qué pasa ahí? Pienso que el Ejército viene como a mirar qué personas colaboran, qué personas están con la guerrilla, y luego vienen los paramilitares que van seleccionando y desapareciendo a las personas”.
“Con la construcción de la represa (del río Ranchería que se inició en 2001) vienen las desapariciones de muchas personas. Pienso que el Ejército viene como a mirar qué personas colaboran, qué personas están con la guerrilla, y luego vienen los paramilitares que van seleccionando y desapareciendo a las personas”
Marcelino Camargo, líder de víctimas
Esto mismo lo han dicho representantes de pueblos indígenas como el kankuamo e investigadores del Cinep, pues el momento más álgido del conflicto en San Juan del Cesar coincide con la realización de los estudios técnicos de la represa. En 2002 se presentaron varios desplazamientos forzados masivos y en total, según la Unidad para las Víctimas, se desplazaron 8 697 personas, una cifra trece veces mayor a la del año anterior. Este fue el pico más alto de desplazamientos que se ha registrado en el municipio.
La necesidad de proteger los lugares donde podría haber cuerpos
Pedro Loperena afirma que ellos hicieron diligencias de exhumaciones con la Fiscalía hace algunos años. “Hemos levantado con Justicia y Paz más de 22 cuerpos en dos fosas comunes. Esos cuerpos no son de personas de la comunidad, posiblemente fueron combatientes o personas que sepultaron en nuestro territorio”, sin embargo, no tienen certeza de que estos cuerpos hayan sido identificados y entregados a sus familias.
Estas exhumaciones ocurrieron cerca de la cuenca del río Marokazo y de las comunidades de Sabanas de Joaquina y Marokazo. Sin embargo, hay otros puntos en los que, según las comunidades, podría haber más cuerpos.
“En Tembladera, en las estribaciones de la Sierra, cerca del río Ranchería, se habla de un lugar en el que tanto paramilitares como insurgencias enterraban cuerpos cuando el conflicto se encontraba más fuerte en la zona. Ahí documentamos casos, nos dicen “aquí desaparecían indígenas wiwa, desaparecían wayuu, desaparecían gente de la comunidad y ahí están enterrados”, cuenta Cedeño, y agrega que también se comenta que arrojaban cuerpos al río Ranchería. Por esta razón, ella no se explica por qué estos lugares no tienen medidas cautelares u otro tipo de protección.
"Las personas nos dicen 'aquí desaparecían indígenas wiwa, desaparecían wayuu, desaparecían gente de la comunidad y ahí están enterrados'".
María Cedeño, secretaria del CSPP
La Unidad de Búsqueda le confirmó a Consonante que “se encuentra en realización la caracterización del Cementerio de San Juan en la medida en que es un lugar de interés para la búsqueda”. Allí se presume que también hay cuerpos de personas desaparecidas.
A pesar de que la UBPD afirma que “se han realizado jornadas de toma de solicitudes, diálogos de ampliación, entrevistas de contexto en clave de desaparición”, desde la Mesa de Víctimas, el Enlace de Víctimas y el propio Comité de Solidaridad afirman que no han visto las acciones de esta entidad en el territorio.
Para Joaquín Córdoba “ha sido un poco floja la búsqueda de personas desaparecidas entre el Cesar y La Guajira. Se necesita que la Unidad de Búsqueda tenga más responsabilidad con las víctimas y que la búsqueda sea más activa. Muchas veces las personas no quieren denunciar por miedo. Hay que tocar la puerta para que las personas puedan dar más información”.
Parte de ese proceso, para María Cedeño, debe incluir la socialización del Plan Regional Sur de La Guajira - Norte del Cesar, el acompañamiento institucional y apoyo psicosocial a las familias. “Debe haber una sensibilización sobre por qué las familias deben relatar el hecho, también se debe transmitir confianza a las familias y mostrarles que vamos a estar en el trabajo articulado de encontrar a su familiar. Aquí llega la gente que documenta el caso y luego no se les vuelve a dar información”, afirma Cedeño.
Para los familiares esta sería la única manera de tramitar un duelo que tienen en pausa o de encontrar a sus seres queridos si siguen con vida. Para el pueblo wiwa tiene un significado más: “al territorio hay que hacerle una limpieza espiritual y cultural. Si no se sacan esos cuerpos que no pertenecen al territorio, eso nos va a traer a nosotros una desarmonización cultural”, dice Pedro Loperena.
