El presunto asesino de Leidy Yojana Restrepo fue capturado, pero el proceso avanza a espaldas de su familia

Jhon Edward Muñoz Gallo se entregó a la Policía de El Carmen de Atrato el 4 de julio, casi tres meses después del feminicidio de su prima, Leidy Yojana Restrepo Muñoz, de 32 años. El hombre tenía vigente una orden de captura por este delito, pero desde el 23 de abril, cuando presuntamente asesinó a Leidy Yojana, no se le había vuelto a ver. La Fiscalía regional le imputó el delito de feminicidio agravado, pero Muñoz Gallo no aceptó los cargos. La familia de Leidy Yojana se enteró de los avances del caso por las redes sociales. La madre, hermanas y primas de la víctima supieron que Muñoz Gallo se había entregado porque vieron un video de José Ferney Ardila Vargas, director de la Fiscalía seccional Chocó, en Twitter. 

“Nadie nos llamó a decirnos nada. Con lo del informe de Medicina Legal (que buscaba determinar la causa de la muerte) tampoco. Supimos porque mi nieta fue a Quibdó a preguntar y se lo entregaron”, dice Flor Elisa Muñoz, madre de Yojana, como se refiere siempre a su hija. El informe de Medicina Legal en el que se concluyó que la causa de la muerte de Leidy Yojana fue estrangulamiento llegó a manos de la familia más de dos meses después de que ocurriera el feminicidio. Durante ese tiempo la respuesta que recibieron en la oficina de la Fiscalía en el municipio siempre fue la misma: hay que esperar.

Las autoridades solo contactaron a las familiares de Leidy Yojana en los días inmediatamente siguientes al feminicidio. Miembros de la Fiscalía se acercaron a la vivienda de la madre y hermanas para indagar más sobre la vida de Leidy Yojana, preguntar por las sospechas que tenían sobre el presunto asesino y conocer qué sabían sobre la madrugada del 23 de abril, cuando Yojana estuvo departiendo y tomando en una discoteca del pueblo en la que también estaba presente Jhon Edward Muñoz. La familia contó lo que sabía: varias semanas antes, Muñoz Gallo discutió con un hermano de Yojana y ella intervino, entonces se insultaron y él la amenazó de muerte. 

“Ella había denunciado eso. Un día cualquiera fue con la hija mía, con la menor. Salieron en la noche y en la mañana ella fue a mi casa y me dejó el niño (su hijo de cuatro años). Yo no les pregunté, pero cuando volvieron mi hija menor me dijo: estábamos denunciando que este tipo la había amenazado. Ella había puesto una denuncia”, afirma Flor Elisa. Por eso, no se explica la razón por la que Yojana se sentó a tomar con Jhon Edward. 

En la madrugada en la que ella fue asesinada, el primo se fue caminando con ella y otro hombre hacia la vereda La Sierra, donde vivía Yojana. Según el boletín de la Fiscalía, “al parecer, al llegar el procesado (Jhon Edward) le habría dicho a la otra persona que se fuera y la amenazó”. Después, según la hipótesis de esta institución, la asesinó y lanzó su cuerpo al río. 

Sandra Milena Restrepo, hermana mayor de Yojana, fue quien reconoció el cuerpo en la morgue. “Cómo me dejaron a la niña… prácticamente lo que le puede reconocer fueron los labios”, dice con profunda tristeza. Por eso ha insistido en que les digan qué va a pasar de ahora en adelante, pero nadie lo ha hecho. La última vez que se acercaron a la Fiscalía de El Carmen de Atrato lo único que obtuvieron fue la dirección de la institución en Quibdó.

Los derechos de las víctimas de feminicidio

Yamile Roncancio, directora de la Fundación Justicia para Todas (antes Feminicidios Colombia), explica que las víctimas (sobrevivientes y familiares) tienen varios derechos que deben respetarse: acceder al expediente desde el primer momento, aportar pruebas y recibir explicaciones sobre el proceso. 

Sin embargo, estos no siempre se cumplen. “La Fiscalía muchas veces las embolata (a las familias), entonces les dice: no, usted no puede acceder al expediente porque eso es reservado, pero en realidad es reservado para la persona sospechosa”, por ejemplo. Según la abogada, la Fiscalía tampoco le explica el procedimiento a las familias. “Nunca lo hacen y generalmente las víctimas de este delito son familias empobrecidas. Y pasa que van, preguntan y les dicen: no moleste, déjenos hacer nuestro trabajo. Pero las víctimas tienen derecho a saber las etapas del proceso, cuáles son los términos, cuándo se vence, cuándo pueden meter recursos, qué hace un juez, un fiscal, y que tienen derecho a ser representadas gratuitamente”, explica la abogada. 

Quien asume esta representación es la Defensoría del Pueblo, pero según Roncancio esto no es efectivo porque muchos funcionarios no están capacitados en la representación en casos de feminicidio o no les prestan suficiente atención a las familias. “Hemos encontrado que las familias no conocen sus derechos y solo participan porque se encuentran con un buen funcionario que les ayuda a conseguir la representación como víctimas, o porque ellas mismas se empiezan a educar. Muchas, cuando se dan cuenta que el proceso va avanzado y mal, consiguen representación de víctimas pero ya han perdido oportunidades procesales”, cuenta la representante de esta organización especializada que representa a más de 80 familias de víctimas de feminicidio y sobrevivientes de este delito.

Ante esto, el director de la seccional Chocó de la Fiscalía, José Ferney Ardila Vargas, afirma que en su dependencia se aseguran de que las víctimas estén representadas. “Generalmente para estos casos la prioridad es hacer las audiencias porque tenemos un término perentorio de 36 horas. En adelante, igualmente van a estar representados, la Defensoría Pública les asigna un defensor de víctimas o ellas pueden designar un representante. En todas las audiencias las víctimas estarán representadas y podrán asistir”, dice. Además, afirma que “se les explicará para la audiencia de acusación, la preparatoria y la audiencia de juicio oral. Igualmente, la Fiscalía está de la mano con las víctimas, se les informará previo a las exigencias para que estén atentos”.

Más allá de este compromiso del director, la falta de información y de involucramiento de las familias es preocupante, pues puede tener consecuencias graves, como imputar mal al acusado. Por ejemplo, que se le impute homicidio en vez de feminicidio, que el acusado acepte los cargos y se pierda la oportunidad de corregirlo. Pero también puede pasar que se venzan los términos por no proceder a tiempo o que la familia no aporte las pruebas que tenga en los tiempos establecidos por la ley (60 días desde la imputación) como informes o testigos. 

Esto es especialmente preocupante en el Chocó, donde los feminicidios han aumentado. Las cifras de la Fiscalía muestran que mientras desde el 1 de enero al 9 de julio de 2022 hubo un feminicidio, en el mismo periodo de 2023 se registraron cuatro. Ardila afirma que en todos los casos se ha logrado imputar al presunto responsable. Sin embargo, aún no hay ninguna condena. 

Además, a la fecha en el Chocó han asesinado a seis mujeres más, pero sus casos no han sido tipificados como feminicidio. Ese mismo número se presentó el año pasado en el mismo periodo. Los delitos sexuales también aumentaron (de 64 a 77 casos) y solo la violencia física y psicológica (catalogada como violencia intrafamiliar) ha disminuido (de 153 denuncias a 131).

El pueblo pasó la página

Tres días después del feminicidio de Leidy Yojana, un grupo de mujeres de El Carmen de Atrato decidió organizar una velatón para honrar su memoria y para exigir que cese la violencia contra ellas. En ese momento, Marisbey Correa, prima de Yojana, agradeció la solidaridad del pueblo y llamó a tejer redes de cuidado y apoyo entre ellas para protegerse. En esos mismas días, la Alcaldía municipal, a través de un comunicado, se comprometió a “seguir trabajando incansablemente en la implementación de la Política Pública para la Equidad de Género” y afirmó: “se tomarán las medidas necesarias para prevenir que este tipo de hechos violentos vuelvan a suceder en nuestros municipio”.

Pero la realidad es que desde entonces poco ha pasado. "Acá no se ha hecho absolutamente nada. La Alcaldía es lo más ajeno a todo. Nosotros acá en El Carmen de Atrato no tenemos apoyos para nadie, ni para la familia ni para el resto de mujeres. Estamos totalmente solas”, dice Marisbey Correa con impotencia. Su prima Sandra Milena y su tía Flor Elisa sienten lo mismo. "No he visto ningún movimiento por ninguna parte. La verdad vi un comunicado donde decían que ‘total apoyo’, pero la verdad no ha pasado nada”, dice Sandra.

Rosa Ortega, una de las líderes que se manifestó en la velatón, opina lo mismo. “Además, se tiene que cambiar toda una estructura, no es es no es solo emitir la política pública, es todo lo que trae implementarla y ponerla en marcha”. Ortega, además, dice que el propio pueblo ha guardado silencio. “El Carmen de Atrato es un pueblo con una capacidad de olvido sorprendente. De pronto se volvió a encender el comentario por la entrega del asesino, pero la verdad yo estaba muy desanimada, pensaba: es otro crimen que quedó impune”.

A principios de 2023, la Alcaldía de El Carmen creó la coordinación de mujer y según la información disponible en las redes sociales de la entidad, esta dependencia comenzó a emitir programas de radio este 13 de julio sobre “los desafíos que enfrentan las mujeres en esta problemática y cómo podemos trabajar juntos para prevenir y abordar la violencia de género”, así como sobre “consentimiento y relaciones saludables". 

Para Carol Torres, analista del Observatorio Colombiano de Feminicidios, de la Red Feminista Antimilitarista, es clave que todas las instituciones, incluyendo a las administraciones municipales, cumplan la ley. “Sabemos que la Alcaldía no tiene injerencia sobre la Policía, ni tampoco es encargada de hacer justicia, pero sí hace seguimiento, puede hacer presión, puede hacer veeduría, puede poner funcionarios y funcionarias al frente que arrojen resultados. Es decir, movilizar todo lo que ya está escrito en términos de la ley y hacer que funcione, que cada cual haga su trabajo”.

Tras la entrevista con Consonante, la Fundación Justicia para Todas decidió tomar la representación judicial de la familia de Leidy Yojana, por lo que en las próximas semanas la madre y hermanas esperan empezar a participar del proceso. Su esperanza es que se haga justicia y que, sobre todo, no ocurran más feminicidios. “Yo sí quisiera que se hiciera justicia por mi hermana y que eso no volviera a ocurrir en mi municipio, porque la verdad esto fue algo muy horrible. Tenemos que luchar por el derecho de las mujeres a ser libres, a que no se nos trate como si no fuéramos nada. La idea es que todas las mujeres estemos unidas y también los hombres porque todos merecemos respeto”, dice Sandra Milena.

*Consonante intentó comunicarse con la coordinación de mujer de la Alcaldía, pero al cierre de este artículo no había recibido respuesta.