El 16 de julio de 2025, Raiza Meliza Montaño llegó puntual y arreglada. Maquillaje suave, el cabello suelto, blazer, pantalón y tacones. Se graduaba del diplomado en Ciudadanía y Liderazgo de Derechos Humanos de la Universidad de La Guajira, y su forma de vestirse respondía a eso: a un acto formal, público, observado. Entre sus compañeros, el comentario empezó a repetirse. Al verla, le decían “profesora”.
En uno de los pasillos de la universidad, un grupo de estudiantes se quedó mirándola. Raiza se detuvo. Eran jóvenes de 12 y 13 años, de rasgos finos, con las cejas maquilladas. Vestían como varones. El maquillaje, sin embargo, era visible. Ella se acercó. Le dijeron que a veces se burlaban de ellos: por cómo se veían, por maquillarse.
Raiza entendió lo que decían. No necesitó que se lo explicaran. Lo había vivido antes. Más tarde lo resumiría así: “A la nueva generación que se identifica como mujer trans le digo que no tenga miedo. Somos personas con derechos y deberes. Siempre habrá señalamientos; no tenemos por qué vivir a la sombra del miedo”. Esa tarde, en el mismo pasillo, les mostró cómo lograr un maquillaje natural.
Raiza nació el 13 de julio de 1982 en San Juan del Cesar. Dice que desde muy temprano se sintió femenina, aunque su cuerpo dijera otra cosa. A los 11 años, su voz era tan suave que los primos le repetían una consigna que aprendió a reconocer pronto: “Hable como hombre”.
Su madre lo notó desde el principio. Vio lo distinto, lo que no encajaba, y decidió protegerlo como pudo. No quería que fuera señalado ni expulsado. En silencio, aceptó la identidad de género que su hijo eligiera.
La transición no fue un proceso amable. Raiza soportó burlas en el colegio y el rechazo frontal de su padrastro, que terminó pidiéndole que se fuera de la casa. “Me dolió dejar a mi mamá —dice—, pero le hablé claro: "Me voy porque yo tampoco puedo vivir con alguien que me reprime’”.
A los 17 años se fue de la casa. Aprendió de belleza con la ayuda de líderes de la comunidad LGBTIQ+ del municipio, que la acogieron al verla tan joven.
En 1996 empezó a circular en San Juan del Cesar un panfleto de un grupo armado. Ordenaba la salida de las trabajadoras sexuales, de las personas LGBTIQ+ y de quienes vendieran o consumieran drogas. Raiza no discutió la orden. Se fue. Dejó a su mamá, a la familia, a los amigos. Pasó por Valledupar, Bucaramanga y Fonseca. En Riohacha se quedó.
Para entonces, su apariencia ya era más femenina: usaba faldas, se dejaba crecer el cabello, se pintaba las uñas. “Me sentía hermosa —dice—. Veía en mí a esa mujer que siempre quise ser”. Raiza no se ha sometido a cirugías. No por falta de deseo, sino por cautela: ha visto demasiados procedimientos mal hechos en algunas amigas.
En Riohacha, el trabajo no apareció de inmediato. En los salones la veían demasiado joven, sin experiencia suficiente. Raiza insistió. Se formó en una academia y afinó la técnica hasta poder ejercer.
A los 20 años obtuvo el documento que la reconoce como Raiza Melissa Montaño, mujer trans. Hoy se define sin rodeos: “Soy maquilladora, peinadora y representante de mi comunidad. Estoy disponible para lo que se necesite”.
Raiza sigue en Riohacha. Desde ahí trabaja con y para la población LGBTIQ+. Su trabajo supera cualquier consigna para llevarlo hacia la práctica diaria.
Participa en espacios de incidencia y en la discusión de la política pública del municipio. Lleva propuestas concretas: acceso a servicios de salud sin barreras, acompañamiento en los procesos de transición, tratamientos de hormonización. Lo dice sin épica: “Las personas trans deben saber que hay una ley y un decreto que respaldan estos tratamientos. Eso existe porque se ha denunciado, aquí y afuera”.
Raiza también ha insistido en algo básico: el reconocimiento de la identidad en los espacios de atención. Lo hace porque ha pasado por ahí. En una clínica de Riohacha, un vigilante se negó a tratarla como mujer. Ella no alzó la voz. Le recordó su función: “Eres un trabajador público. Tu deber es atender con respeto, sin distinción de color, raza o identidad de género”.
Desde entonces repite la misma idea en cada espacio al que llega. La capacitación no es solo para médicos. Empieza en la puerta. “Cuando vean a una persona trans femenina, maquillada, traten de decir ‘ella’. Y si no saben, pregunten: ‘¿Cómo quieres que te llame?’”.
“No pueden cambiarnos la identidad —dice—. Nosotras sabemos quiénes somos y tenemos derecho a que nos traten con dignidad”.
Ese convencimiento la llevó a cursar el diplomado en Ciudadanía y Liderazgo de Derechos Humanos en la Universidad de La Guajira. Allí trabajó en propuestas que hoy repite como urgencias: que el personal de salud sepa cómo atender a la población LGBTIQ+ sin humillaciones; que existan espacios donde las personas trans puedan realizar sus tratamientos sin miedo; que a nadie se le niegue un servicio por no tener un nombre que coincida con su identidad.
En el diplomado encontró herramientas: nombres de leyes, artículos, rutas. Aprendió a usarlos. El proceso estuvo acompañado por la Defensoría del Pueblo, Acnur y el enlace distrital. Raiza habla de seguir formándose, de no quedarse quieta. “Quiero capacitarme más, actualizarme, avanzar en la belleza”, dice, sin levantar la voz.
También cuida a su mamá, que tiene discapacidad auditiva. Ese rol la llevó a vincularse a Disruptiva, una iniciativa de apoyo a personas con discapacidad, a sus familias y a quienes las cuidan. Piensa en estudiar trabajo social o psicología. No como consigna, sino como continuidad: seguir estando ahí, del lado de quienes todavía no son escuchados.
Sin recursos y una política pública sin ejecutar
En San Juan del Cesar hay 70 personas registradas como parte de la comunidad LGBTIQ+. El enlace municipal, Enrique Luis Mendoza Hinojosa, dice que ese número no alcanza a mostrar la realidad. “Hay más personas, pero no se registran. Les da miedo. En la zona rural no son visibles por temor al rechazo y a la estigmatización".
Para Mendoza, el mayor obstáculo es el presupuesto. Lo máximo que ha recibido la población fueron 33 millones de pesos, destinados a la celebración del Día Internacional del Orgullo Gay: dos o tres eventos concentrados en una semana.
“Con esos recursos se hacen las fiestas, algunas charlas, actividades para la comunidad y para el municipio —dice—. Y ya. Lo demás queda sin respaldo, porque cualquier otra acción implica más gastos”.
En respuesta a un derecho de petición enviado por Consonante, la Secretaría de Gobierno de San Juan del Cesar informa que el Decreto 004 del 31 de mayo de 2023 —que establece la política pública para la garantía plena de los derechos de las personas LGBTIQ+— se encuentra en fase de implementación. Según la entidad, algunas acciones del plan ya se han puesto en marcha, entre ellas la conmemoración del Día Internacional de la comunidad LGBTIQ+.
Para esa jornada se destinaron 33.822.000 pesos, invertidos en conferencias, logística, manifestaciones culturales, 140 refrigerios y 70 almuerzos.
Desde la Alcaldía señalan que el municipio no tiene un rubro específico para la población LGBTIQ+. Las acciones, dicen, se sostienen con metas dispersas de cada secretaría, según el Plan de Desarrollo. Tampoco existe un protocolo formal para la recepción de quejas: está en construcción. En la práctica, es el enlace municipal quien recibe y tramita las solicitudes.
La administración asegura que se han adelantado acciones contra la discriminación junto con otras dependencias y que, en esta etapa de sensibilización, el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil es clave para evitar vulneraciones.
A nivel departamental, La Guajira no cuenta con un enlace LGBTIQ+. Esa ausencia —un cargo que no existe— dificulta la gestión de programas, proyectos y recursos para la población.
Mendoza insiste en que uno de los frentes más difíciles sigue siendo el maltrato y la intolerancia hacia la diversidad sexual y de género. Dice que lo ha trabajado en colegios, hospitales, entidades públicas y privadas. “Cuando hay una agresión verbal o psicológica, eso tiene sanción”, afirma.
A veces, señala, el problema empieza antes. “En algunos casos, los docentes son los primeros en dar mal ejemplo con maltrato verbal”. Por eso señala que la formación no puede recaer solo en los estudiantes. También debe alcanzar a quienes enseñan.
Algunos colegios han empezado a hacerlo: han incorporado medidas de inclusión en sus manuales de convivencia. Eso permite nombrar la discriminación, prevenirla y, cuando ocurre, sancionarla. Para mejorar el trato, Mendoza vuelve siempre a la misma idea: el respeto. “Necesitamos que se pongan en nuestros zapatos y sientan lo que sentimos. Así se entiende que el proceso no es fácil”.
Cuando la administración organiza brigadas de salud, él aprovecha para recorrer las comunidades. Observa cómo atienden, pregunta, orienta. A veces, con un micrófono en la mano, habla de respeto e inclusión. En las zonas rurales, dice, el machismo sigue siendo fuerte y estos temas casi no se nombran.
Luis Miguel Hernández Vega conoce bien ese terreno. Fue enlace de la comunidad LGBTIQ+ entre 2020 y 2023 y hoy trabaja como funcionario asistencial en la Secretaría de Gobierno y Educación. También integra ASOVIPADIN, una asociación municipal que articula a la población LGBTIQ+ en San Juan del Cesar. Desde ahí, reparten mercados a personas migrantes, madres cabeza de familia y comunidades indígenas.
Para Hernández, el acceso a los derechos en La Guajira es profundamente desigual. “Los municipios más pobres, como San Juan del Cesar, dependen de los recursos de la Nación. No hay un rubro amplio para responder a todas las necesidades”, dice.
Durante su periodo como enlace municipal participó en la formulación de la política pública LGBTIQ+ y en la mesa de participación donde la comunidad expuso demandas y propuestas.
Hoy insiste en una idea recurrente: el empoderamiento. Habla de la comunidad como un actor político y social. “Somos una asociación constructora de paz. Buscamos generar paz desde distintos frentes: las instituciones, la administración pública, el territorio”.
Señala la necesidad de que la gobernación y la alcaldía impulsen la organización, ya que, de lo contrario, los recursos destinados a la población son administrados por otras entidades. “Lo ideal es que la misma comunidad, con sus organizaciones de base, pueda ejecutar sus proyectos”, indica.
Hernández afirma que el departamento nunca ha tenido en cuenta los municipios del sur de La Guajira. El municipio no cuenta con recursos específicos para la población LGBTIQ+, a pesar de que han pasado varios proyectos y solicitudes para realizar actividades culturales o fortalecer unidades productivas, las respuestas positivas no llegan.
Rompiendo estereotipos
Como Raiza Montaño, Diana González también participó en el diplomado. Diana es migrante venezolana y bisexual y se ha destacado como constructora de paz. Junto a su hermano de crianza —un psicólogo que pone su profesión al servicio de la comunidad—, Diana fundó Saeta Inclusiva. Esta organización se ha dedicado a ofrecer acompañamiento integral y apoyo en salud mental a la población LGBTIQ+, a personas en situación de calle y a población migrante. Su objetivo es brindar herramientas de resiliencia y comunicación asertiva, enfocadas en superar la estigmatización.
Diana ha participado en la actualización de la política pública distrital en Riohacha y su propuesta central ha sido el rescate e inclusión de personas LGBTIQ+ en situación de calle. Diana enfatiza en la necesidad de escuchar sus historias, descubrir sus talentos y, mediante charlas motivacionales y herramientas de salud mental, impulsar la transformación hacia una vida digna.
Diana González llegó a Colombia el 9 de diciembre de 2015 y ha recorrido varias ciudades como Valledupar, Barranquilla, Pasto y Riohacha, esta última ha sido como su casa. Dice que las experiencias de la vida formaron su carácter y la hicieron una mujer fuerte para enfrentar cualquier situación. A los 15 años, Diana notó que, así como sentía atracción por los hombres, también le llamaban la atención las mujeres. Pero solo hasta los 41 años decidió confesarlo a los demás.
Lo más difícil fue decirle a su hija, de 14 años, que era bisexual. Para su sorpresa, su hija lo entendió y mostró su apoyo, ayudándola a arreglarse para la marcha del orgullo gay: “Tenía depresión porque no podía soltar lo que yo soy, cómo me siento y lo que quiero. Y ahora sí me siento más libre, ya no me importa más nada que lo que yo siento”.
Reconoce que en este proceso fue de vital importancia hacer parte de un movimiento donde conoció personas que le brindaron buenos consejos y ánimo, como Raiza, su compañera de estudio en el diplomado. Esta capacitación la empoderó en el conocimiento de sus derechos como miembro de la comunidad LGBTIQ+ y como migrante. González asegura no haber sufrido discriminación por su orientación, ya que ha sido reservada, aunque sí ha visto casos de amigas lesbianas que, al demostrarse afecto públicamente, reciben miradas de desaprobación.
Diana considera que los servicios de salud para la transición de género deben ser accesibles para mujeres y hombres trans, y que, en la parte legal, el cambio de nombre no debe ser tan difícil, sino un proceso tan normalizado como registrar a un recién nacido.
“Necesitamos trabajos más allá de ser estilistas”
Raiza insiste en que el trabajo sigue siendo una de las fronteras más duras. Habla de abrir espacios, de ampliar el horizonte. No quedarse en un solo oficio. “No solo como estilistas —dice—. Hay mujeres trans catedráticas, enfermeras, médicas, abogadas, maquilladoras, estilistas, empresarias, vendedoras”. Enumera sin énfasis, como quien describe algo que ya existe, aunque todavía cueste verlo.
En los últimos años, la población LGBTIQ+ ha empezado a ganar terreno en el ámbito laboral, ocupando cargos profesionales y técnicos. Raiza lo observa de cerca. “Las mujeres trans nos hemos propuesto capacitarnos, ser más visibles, más útiles a la sociedad”, dice. Sabe que el avance no borra los obstáculos: la homofobia persiste, la estigmatización también, incluso en un país donde existen normas que sancionan la discriminación, como la Ley 1482 de 2011, la Ley 2294 de 2023 y los avances recientes de la Ley Integral Trans, aprobada en primer debate el 24 de junio de 2025.
Para Raiza, las leyes importan. Pero no alcanzan solas. El reconocimiento —dice— empieza cuando alguien puede trabajar, sostenerse, ocupar un lugar sin tener que justificarse.
Por su parte, Enrique Luis Mendoza, enlace de San Juan del Cesar, indica que se logró avanzar en la socialización de la contratación laboral con clínicas, EPS, tiendas y supermercados, dando a conocer que dentro de la población hay personas preparadas y, según el Ministerio del Interior, es deber de estas entidades contratarlas. Hernández afirma: “Soy profesional, tengo dos carreras. Así como yo, hay otras personas de la población LGBTIQ+ con conocimientos y estudios que también aportan y generan valor para esas entidades”.
En Riohacha, el camino ha sido distinto. No más fácil, pero sí más continuo. El enlace distrital, Juan Parra, habla de acompañamientos concretos: trámites en la Registraduría, cambios de nombre y de sexo en los documentos, gestiones que para muchas personas marcan un antes y un después.
Una vez al mes, una mesa técnica reúne a instituciones y liderazgos para hablar de discriminación, de violencias cotidianas, de lo que sigue fallando. Se articulan con otros enlaces del departamento, buscan proyectos propios, intentan no depender de una gobernación ausente. Sobre la mesa está la idea de un consejo consultivo de mujeres trans y lesbianas, con participación activa de jóvenes. La política pública —dicen— no puede quedarse escrita.
Raiza sigue ahí. En Riohacha. Entre reuniones, cuidados, brochas y palabras precisas. Ha aprendido que los avances no llegan de golpe: se tramitan, se empujan, se sostienen. A veces empiezan en un pasillo, con alguien que mira de más, y continúan en una mesa donde, por fin, alguien escucha.
