En el departamento de Guainía, más de 1.000 docentes y sus familias viven desde hace meses una crisis silenciosa: el derecho a la salud no está garantizado. Lo denunció el Sindicato de Educadores del Guainía (SEG), que el pasado 11 de agosto inició un paro indefinido para visibilizar la situación. Durante diez días, los maestros suspendieron sus actividades académicas, afectando a más de 4.000 estudiantes de siete colegios urbanos y 15 rurales, hasta que lograron sentarse a negociar con las autoridades. El 21 de agosto, tras varias reuniones, decidieron levantar parcialmente la protesta, pero advirtieron que no volverán por completo a las aulas hasta que se concreten compromisos claros.
La raíz del problema está en la implementación del nuevo modelo de salud del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), administrado por la Fiduprevisora S.A. Desde mayo de este año, la entidad asumió de manera directa la contratación de los servicios médicos de los docentes en todo el país, eliminando a los operadores regionales que antes actuaban como intermediarios para la atención. La intención era mejorar la cobertura y acabar con las demoras. Sin embargo, en departamentos apartados como Guainía, donde el transporte aéreo es prácticamente la única conexión con el interior del país, el cambio se transformó en un obstáculo adicional.
Los maestros denuncian que para acceder a consultas y procedimientos de tercer y cuarto nivel deben trasladarse a Villavicencio o Bogotá, pero la Fiduprevisora no está cubriendo los viáticos —tiquetes aéreos, hospedaje ni alimentación—, como lo establece la normatividad. Esto los obliga a asumir gastos que superan con creces sus ingresos y que deberían ser garantizados por el Estado. A la par, señalan que los contratos de prestación de servicios de salud en el departamento no han sido formalizados ni descentralizados hacia la oficina de la Fiduprevisora en Inírida. Esa falta de claridad explica las demoras en la entrega de medicamentos y la ausencia de rutas definidas para la atención.
“Estamos pagando de nuestros bolsillos consultas y tratamientos que deberían estar cubiertos. No se trata de un capricho: la salud es un derecho fundamental y está en riesgo la vida de los docentes y de nuestras familias”, expresó uno de los voceros del SEG durante las protestas.
La Defensoría del Pueblo, que intervino como mediadora en esta crisis, convocó a una mesa de diálogo en Inírida con presencia de la Fiduprevisora, el Fomag, la Secretaría de Educación departamental y autoridades locales. En ese espacio se acordaron algunos mecanismos para agilizar las remisiones médicas y se pactó dar continuidad a mesas de seguimiento.
No obstante, los puntos críticos permanecen sin resolver: la financiación de viáticos, la entrega oportuna de medicamentos y la firma de contratos que permitan que los servicios se presten en condiciones dignas.
La Defensoría del Pueblo fue enfática en señalar que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la salud del magisterio sin importar las condiciones geográficas. “En un territorio como Guainía, la ausencia de cobertura no solo vulnera derechos fundamentales, sino que profundiza las brechas entre los docentes de las regiones apartadas y los del resto del país”, advirtió. La entidad recordó, además, que el nuevo modelo de salud debe ajustarse a la realidad del territorio: grandes distancias, limitada infraestructura hospitalaria y dependencia casi exclusiva del transporte aéreo.
Un testimonio recogido durante las jornadas de diálogo resume la dificultad de manera contundente:
“El nuevo modelo de salud no ha funcionado totalmente para los territorios que requieren atención especial, en el sentido de que por la dispersión y por el lugar de ubicación no tienen fácil acceso a especialistas de segundo, tercer y cuarto nivel. Esa es la situación más delicada que vive Guainía. En este momento no se les está otorgando el tiquete de ida y regreso por las dificultades financieras de la Fiduprevisora. Pero entonces, ¿quién financia a la Fiduprevisora? El Ministerio de Educación le entrega los recursos por cada docente para que lo atienda completamente. ¿Y por qué no lo hace? Con el nuevo modelo se incurre en mayores gastos que no han sido optimizados, y Guainía es distinto porque aquí se necesita cubrir tiquetes, hospedaje y alimentación. Ante la falta de respuestas, implementaron un plan de contingencia desde Bogotá: que los docentes compren sus propios tiquetes y asuman los costos. Pero no todos tienen la solvencia económica para hacerlo”.
El relato evidencia la tensión central: la Fiduprevisora, como administradora del sistema, tiene la responsabilidad de garantizar la salud, pensión y ARL de los maestros, pero en la práctica los docentes del Guainía terminan asumiendo cargas financieras que no les corresponden. Aunque en las reuniones recientes se escucharon propuestas para aliviar la situación, los avances todavía no son suficientes.
El impacto del paro tampoco fue menor. Según la Secretaría de Educación, más de 4.000 estudiantes se quedaron sin clases durante los diez días de cese de actividades. Mientras tanto, al menos 1.000 maestros siguen esperando controles médicos y exámenes de alto costo, algunos de ellos indispensables para enfermedades graves que requieren tratamiento inmediato en Bogotá o Villavicencio. El sindicato ha reiterado que repondrá cada minuto de clase perdido una vez se supere la situación, pero insisten en que no regresarán plenamente hasta que haya garantías reales.
Aunque el levantamiento parcial del paro permitió el regreso de algunos educadores a las aulas, el sindicato mantiene la presión sobre el Gobierno Nacional y las entidades responsables. “No levantamos completamente hasta que haya compromisos concretos”, señalaron voceros del SEG.
Por ahora, los maestros del Guainía siguen a la espera de que las mesas de diálogo se traduzcan en acciones efectivas. La Defensoría del Pueblo anunció que continuará acompañando el proceso y que verificará el cumplimiento de los compromisos asumidos. Sin embargo, la incertidumbre se mantiene. En una región donde la geografía, las distancias y las limitaciones de transporte condicionan el acceso a cualquier servicio, el derecho a la salud del magisterio no puede depender de trámites interminables ni de soluciones que se postergan.
El paro dejó en evidencia un problema estructural: las reformas pensadas desde el nivel central no siempre responden a las particularidades de los territorios. Para los maestros del Guainía, la crisis de salud no es un asunto administrativo, sino una cuestión de vida o muerte.
