En Tadó el dinero de las cuentas bancarias de la alcaldía pasa de estar disponible, a congelado, de un día para otro. Cuando eso ocurre, áreas completas dejan de funcionar, incluidos programas esenciales como la alimentación escolar. En julio, la administración advirtió públicamente que se habían embargado, nuevamente, las cuentas destinadas a financiar la pequeña parte del PAE que le corresponde a la Alcaldía. Y con eso, otra vez, se puso en riesgo su continuidad para cientos de niños y niñas.
La escena no es nueva en Tadó. De hecho, la administración municipal lleva años aprendiendo a trabajar con las manos atadas. La información que el propio municipio entregó a Consonante revela la verdadera dimensión del problema: aunque el embargo sobre la cuenta del PAE —y sobre las destinadas a los resguardos indígenas— logró levantarse después de varias semanas de tensión, el resto del panorama es desolador.
Según la respuesta al derecho de petición, casi todas las cuentas de la alcaldía han sido embargadas al menos una vez en lo que va del año. Algunas, incluso, han quedado atrapadas en ciclos repetidos de congelamiento: bloqueos que van y vienen, recursos inmovilizados durante días o semanas mientras los procesos judiciales avanzan lentamente. En ese vaivén financiero se juega cada decisión pública del municipio.
Estas medidas provienen, en su mayoría, de despachos administrativos de Quibdó y de juzgados civiles de Istmina, en procesos ejecutivos que ya tienen sentencia y liquidación de crédito aprobada. A esto se suman los cobros coactivos del Ministerio de Educación Nacional por cuotas pensionales y prestaciones sociales de docentes que en su momento pertenecieron a la planta municipal.
“En los últimos años han sido afectadas casi la totalidad de las cuentas bancarias pertenecientes al municipio de Tadó, por cuentas de los diferentes procesos judiciales que se adelantan en contra del ente territorial, ocasionando con esto una grave afectación a las finanzas y la funcionalidad de la administración municipal”, responde Jhonnar Mauricio Parra, asesor jurídico de la alcaldía.
Pero ni siquiera la administración tiene un cálculo preciso de cuánto dinero está realmente atrapado. El reporte que enviaron a Consonante reconoce que varios embargos siguen activos y que los montos congelados superan ya los mil millones de pesos. “Dichos recursos hacen parte del plan de inversiones establecido por el señor alcalde para ejecutar su plan de desarrollo”, añaden en el documento, dejando ver que no se trata de cifras abstractas: es dinero que debería estar pavimentando calles, fortaleciendo escuelas, sosteniendo programas sociales, y que en cambio permanece inmóvil en cuentas marcadas por procesos judiciales.
Los extractos del Banco Agrario, enviados por la alcaldía, permiten identificar el alcance de estas órdenes: al menos 38 notas de débito por embargo judicial entre 2014 y 2024, emitidas por diversas autoridades. El Ministerio de Educación aparece como demandante o ejecutor en nueve de ellas, siendo la entidad que más se repite en los documentos. El resto corresponde a decisiones adoptadas por los despachos judiciales y administrativos que hoy concentran la mayoría de los procesos en curso.
Cuentas del municipio que se han embargado desde enero de 2024. Fuente: Alcaldía de Tadó.
No están claras las cuentas y todo termina paralizado
Nadie sabe con certeza cuánto debe hoy el municipio ni cuántas de sus cuentas bancarias permanecen embargadas. La administración de Juan Carlos Palacios lo admite: en un primer derecho de petición, respondió que la deuda “no está consolidada”, pero la estimó por encima de los 50.000 millones de pesos. Semanas después, en una nueva comunicación oficial, la cifra descendió a 48.000 millones.
La falta de claridad alcanza incluso al número de cuentas bancarias que maneja el municipio. Guillermo Panesso Córdoba, personero municipal, explica que ni los entes de control locales tienen un registro completo: “No sabemos cuántas cuentas existen ni en qué bancos están aperturadas. Cuando se embarga una cuenta, el reporte llega a todas las entidades financieras donde podría haber recursos”. Señala, además, que los procesos ejecutivos acumulados contra administraciones anteriores han generado una cadena de órdenes de embargo que afecta a todas las cuentas posibles. “Esto paraliza la administración. Sin recursos no se pueden ejecutar presupuestos, contratos, nóminas ni inversiones”, afirma.
Aunque la Personería no ha recibido quejas formales de los tadoseños por este tema, Panesso asegura que los efectos sobre la comunidad son evidentes: obras detenidas, programas sociales suspendidos y atrasos en pagos a trabajadores.
Ni siquiera el Concejo Municipal tiene un mapa claro de las finanzas embargadas de Tadó. Su presidente, Dani Jesús Perea Moreno, reconoce que el órgano de control político avanza sin mucha información: “No sabría decirle cuántas cuentas tiene el municipio embargadas, porque unas se embargan, otras se desembargan y luego vuelven a embargarlas”, admite.
La Agencia de Defensa Jurídica del Estado explica que las medidas cautelares sobre municipios de 4ª, 5ª y 6ª categoría, como el caso de Tadó, tienen efectos profundos en su sostenibilidad fiscal, debido a que dependen casi por completo de los giros de la Nación. Cuando sus cuentas quedan bloqueadas, se detiene la ejecución de programas y proyectos financiados con recursos del Sistema General de Participaciones.
En la práctica, esa inestabilidad financiera ya se siente en Tadó. El concejal Luis Eduardo Moreno recuerda que, a finales del año pasado, la administración tuvo que frenar varias actividades programadas porque múltiples cuentas habían sido embargadas.
“Esta sucesión de embargos lleva a los municipios a una situación de insostenibilidad fiscal, lo que significa que no pueden ejecutar sus labores misionales básicas, como financiar la educación o pagar la nómina de los profesores, afectando directamente los derechos sociales de la población. A menudo, las solicitudes de insostenibilidad fiscal presentadas por los municipios se demoran años en resolverse”, explican desde la Agencia.
El Concejo Municipal asegura que han pedido informes constantes y otorgan facultades al alcalde sólo cuando presenta reportes claros. También confirmaron que se está impulsando la creación de un fondo especial para pagar embargos, alimentado con parte de los recursos que ingresan cuando las cuentas son liberadas. Sin embargo, ni siquiera se sabe cuánto dinero tiene hoy ese fondo. “Solicitamos esa información al alcalde y creemos que el martes nos la entregará”, dice Perea.
Un problema que se repite en todo el departamento
Según la Ley colombiana existen varios tipos de recursos que están protegidos contra estas medidas. Por regla general, los dineros provenientes del Sistema General de Participaciones (SGP), el Sistema General de Regalías (SGR), y aquellos con destinación específica para derechos sociales (como educación, salud y agua potable) están protegidos contra los embargos, salvo en situaciones muy específicas. Sin embargo, la preocupación principal de la Agencia es que en el Chocó, en muchas ocasiones, los funcionarios judiciales y administrativos no hacen consideración sobre si la cuenta es embargable o inembargable.
“Tenemos inconvenientes en este momento con el Sistema General de Participaciones. El desarrollo jurisprudencial ha permitido que se embargue una parte de ellos cuando, por ejemplo, en educación el municipio usa su transferencia para construir una escuela y luego es demandado por incumplir esa obra. En ese caso puede haber embargo, pero no debería aplicarse a otros temas”, comentan expertos jurídicos de la Agencia.
En el Chocó, explican, la situación es aún más compleja porque muchos jueces no atienden los requerimientos de la defensa del Estado ni de las entidades sectoriales. “Les reiteramos varias veces qué recursos son inembargables y, aun así, el juez insiste una y otra vez en ordenar el embargo. Es sordo a los argumentos del Estado y a los argumentos de ley que estamos usando”, puntualizan los expertos.
La presión ha ido en aumento. “El Chocó nos empezó a levantar la mano: los municipios están presentando incidentes de insostenibilidad fiscal, que en palabras castizas es un escrito que dice: ‘Venga, es que si usted me embarga eso, yo no tengo con qué trabajar’”.
Hoy la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso - CGP) establece un protocolo claro para proteger las cuentas inembargables de los municipios. Cuando llega una orden de embargo, el banco debe avisar a la entidad pública para que ésta certifique que los recursos no pueden ser embargados. Luego, el banco debe informar al juez y, si aun así insiste en mantener la medida, los recursos deben congelarse por separado y generar intereses hasta que haya una sentencia que autorice —o niegue— el embargo. Esa es la ruta legal.
Sin embargo, en muchos municipios del Chocó ese procedimiento no se cumple. Las entidades financieras ejecutan los embargos sin verificar el origen de los recursos ni el propósito de la cuenta, y los jueces rara vez retroceden cuando las administraciones les advierten que los fondos son inembargables. El resultado es una cadena de medidas que afecta con mayor fuerza a los municipios de sexta categoría, como Tadó, cuya operación depende casi por completo de los giros nacionales.
A todo esto se suma un problema igual de grave: la pérdida de información en los procesos ejecutivos. Durante años, las alcaldías han cambiado de manos sin dejar un registro claro de las deudas vigentes ni de las obligaciones que están en litigio. Ese vacío documental ha provocado que muchos municipios se enteren de los procesos en su contra solo cuando reciben nuevas órdenes judiciales, como si cada administración heredara una caja negra llena de sorpresas financieras que nadie sabe exactamente cómo se armó.
La Agencia también identificó un nuevo problema: acciones de grupo presentadas de manera idéntica en varios municipios por supuestos perjuicios derivados de fallas en los servicios de alcantarillado y acueducto. Son demandas con cuantías tan altas que, de prosperar, podrían desestabilizar por completo las finanzas locales. La entidad cuestionó que se acuda a acciones de grupo en estos casos, cuando lo adecuado sería tramitarlas como acciones populares.
Frente a este panorama, la Agencia adelanta mesas de litigio estratégico con todas las administraciones municipales del Chocó. El enfoque central es la defensa de la inembargabilidad de los recursos —tanto los laborales como los de funcionamiento—, porque hoy ese se ha convertido en el principal dolor de cabeza de los gobiernos locales.
¿Qué pueden hacer las alcaldías?
La Alcaldía de Tadó afirma que conformó un equipo jurídico para responder a las medidas cautelares que pesan sobre el municipio. Ese equipo está presentando incidentes de desembargo ante los despachos judiciales y ante el Ministerio de Educación, además de revisar los procesos que originaron las deudas para, si es necesario, buscar acuerdos de pago con los demandantes. Según la administración, estas acciones han permitido levantar varias órdenes y liberar recursos que estaban bloqueados.
Sin embargo, la Alcaldía reconoce que el panorama no estaba claro desde el inicio del mandato. En el empalme con el gobierno anterior —dice la administración actual— no se entregó información completa sobre los procesos judiciales que venían acumulándose desde hace varias administraciones.
Y aunque la Agencia Jurídica del Estado coincide en que la mayoría de los embargos tienen su origen en obligaciones antiguas, incluidas sentencias y conciliaciones que no se pagaron a tiempo, su recomendación principal es generar una cultura de pago: las deudas son del municipio, no de las personas que ocupan los cargos, y cada retraso aumenta los intereses de mora.
Las acciones que pueden tomar las alcaldías se dividen en tres frentes: estrategias jurídicas inmediatas, gestiones administrativas internas y solicitudes de apoyo a entidades nacionales. En lo jurídico, la Agencia recuerda que los municipios deben verificar la jurisdicción de la orden para determinar si aplica el Código General del Proceso y qué respuesta procede.
También deben oponerse a embargos sobre recursos inembargables, como los del SGP o las rentas de destinación específica, cuando la orden no sustenta la excepción legal. Así como alegar la revocatoria tácita, informando a la autoridad sobre el no cumplimiento de la medida. Si en tres días no hay pronunciamiento, la medida se entiende revocada por ley.
Así como exigir la congelación de fondos con rendimientos cuando la autoridad insista en la medida con fundamento legal, para que los recursos queden separados y generen intereses hasta que haya decisión final y oponerse a entregas anticipadas de dinero, de modo que los recursos solo se trasladen al juzgado cuando la sentencia esté en firme.
En lo administrativo, la recomendación es fortalecer el recaudo propio para enfrentar las obligaciones pendientes. Eso implica reorganizar la gestión interna y aumentar la eficiencia en ingresos como el impuesto predial, una fuente que podría ayudar a reducir la dependencia de los giros nacionales.
