Por qué es importante Alrededor de 100 familias que invadieron predios en los últimos meses afirman que no pueden acceder a una vivienda digna por sus propios medios. Hasta ahora, la principal respuesta de la Alcaldía ha sido desalojar a los y las invasoras, una medida que ha sembrado el miedo entre las familias afectadas.
- El municipio no tiene un banco de tierras para proponer un proyecto de vivienda, aunque desde la Secretaría de Gobierno afirman que están buscando un lote.
Los antecedentes:
- El 4 de marzo, un grupo de alrededor de 100 familias ingresó a un predio que pertenece al municipio de Manaure y colinda con una laguna de oxidación. El terreno estaba sembrado con diferentes tipos de árboles, la mayoría fueron cortados o quemados.
- Al día siguiente la Policía, dentro del término de las 48 horas que establece la ley, desalojó a las personas. Todas salieron de manera voluntaria, pero volvieron a ingresar una vez se retiró la fuerza pública. Esta situación se repitió tres veces.
- En la quinta ocasión, la Alcaldía de Manaure interpuso una querella policiva, que resolvió el inspector de policía el 14 de abril, y dictó el desalojo del predio “por perturbación por ocupación de hecho”. El desalojo se realizó el 21 de abril.
Los hechos: en medio del desalojo, tres personas fueron capturadas y una de ellas denuncia que fue golpeada por la Policía.
- Fredy José Rodríguez, mototaxista de 25 años, hizo parte de las personas que ocuparon irregularmente el predio. Cuenta que lo hizo porque tiene esposa, un hijo y no tiene vivienda ni forma de conseguirla. El día del desalojo se encontraba por fuera de la invasión cortando unas varas cuando un sargento que le pidió sus documentos le torció el brazo y se lo llevó a la estación de Policía.
“Me golpearon los policías, yo no sabía por qué. Me pegaban cachetadas, me pegaron contra la pared. Uno me estrelló la cabeza contra la pared, que, es más, todavía me duele. Después de eso me vine para mi casa, pero a veces me duele cuando estoy durmiendo”.
Fredy Rodríguez luego fue llevado a la Fiscalía del municipio de La Paz, junto a dos hombres más, donde firmó unos papeles sin tener claridad de qué se trataban. “No les gusta que uno les pregunte nada”, dice. Rodríguez no instauró una denuncia ante la Personería porque no quería tener más problemas.
- Edwin Jaimes, de 32 años y también ocupante del predio, vivió un caso similar que tampoco denunció por temor. Edwin tiene dos hijos, esposa y tampoco tiene casa. Actualmente vive en casa de sus padres, y su esposa vive en casa de su suegra, donde conviven dos familias más. Dice que unos agentes del Esmad “lo hicieron tropezar” y luego se dobló el pie.
“La intención de ellos era agarrar tres o cuatro y llevárselos presos para que a la gente le dé miedo y no vuelva a invadir. Me leyeron los derechos, pero no me llevaron a la estación”.
Tras hablar con un agente de la Policía y explicarle que no estaba en el predio, quedó libre. Por la lesión en el tobillo estuvo incapacitado dos meses y, desde entonces, no ha regresado a la invasión.
Sin embargo, el personero municipal, Javier Pallares, acompañó el desalojo y asegura que no observó maltrato o violaciones a los derechos de ningún ciudadano. Pallares acudió a la Fiscalía de La Paz, y asegura que no recibió una denuncia formal por maltrato. “[Ni] en la Estación de Policía, ni posterior a la captura, no he recibido denuncia alguna de maltrato por parte de la Policía a estas personas”.
- Rosalba Santodomingo, secretaria de Gobierno de Manaure, dice que el municipio actuó apegado a la ley y que, como consta en los documentos del día del desalojo, no se tienen registradas denuncias por maltrato.
El contexto: las invasiones o asentamientos informales en Manaure no son nuevos. De hecho, en 2018 varias de las familias que participaron en la invasión más reciente habían invadido otro predio. Y aunque en esa ocasión tampoco se dio la formalización de un barrio, en otras sí han resultado en proyectos de vivienda y barrios constituidos legalmente.
- La Urbanización Las Marías, un proyecto de vivienda de interés social, nació tras una invasión. Por esa misma época, en 2011, un grupo de personas que no salieron favorecidas en el proyecto fundaron el barrio 28 de septiembre, actualmente catalogado como “subnormal”.
Lo que sigue: a la pregunta de qué está haciendo el municipio para resolver este problema, la secretaria Santodomingo responde que están “tratando de conseguir un predio bien ubicado que cumpla con todas las condiciones fitosanitarias para hacer un proyecto de vivienda serio en el que se brinden cada una de las condiciones dignas de habitabilidad para las personas que manifiestan ser vulnerables”.
La gente insiste en que, sin soluciones de vivienda, seguirán presentándose invasiones.
