Fuertes vientos y lluvias han soplado y caído en el municipio de Tadó, Chocó, en los últimos días. En los barrios San Pedro, Carmelita y Reinaldo, 17 familias quedaron a la intemperie el pasado 4 de agosto cuando un ventarrón ocasionó daños en sus viviendas. Las pérdidas materiales de los damnificados aún no han sido retribuidas por parte de la administración.
Aunque la Ley 1523 de 2012 del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo estipula la reducción del riesgo a través de la prevención, mitigación y recuperación, así como la atención de desastres y emergencias a través de la preparación, alerta, respuesta y rehabilitación; los habitantes no se sintieron amparados. Tuvieron que utilizar sus propios recursos para resolver las afectaciones y, por eso, insisten en que las ayudas no son oportunas ni suficientes.
Además, no es la primera vez que este año, en Tadó, los habitantes se han visto perjudicados por los cambios de la naturaleza que dejan huella a su paso. En febrero, tras un fuerte vendaval, se registró el mayor número de población afectada tanto en el casco urbano como de la zona rural: 375 viviendas presentaron daños y 528 personas quedaron sin techo durante varios días. En lo que va de 2023, la coordinación de Gestión del Riesgo en Tadó contabiliza 392 casas averiadas.
Ese fue el caso de Rómulo Ampudia, quien pide que una autoridad investigue cuál fue la cantidad de materiales que llegaron del gobierno nacional al ente territorial y, así mismo, que otorgue respuestas sobre por qué se tardaron casi cuatro meses en llegar las ayudas y un mes más en repartirlas. El momento elegido para empezar la distribución de las ayudas despertó desconfianza en algunas personas que se preguntaron por qué se inició la repartición tan cerca de las próximas votaciones regionales. “Justo en época electoral”, dice una fuente a Consonante.
Qué dice la gente
“Con el municipio quedé muy inconforme: me estaban dando diez hojas de un zinc (un bulto de hierro) malas, de dos metros, después de que habían hecho el inventario y sabían que el hierro que tenía era de tres metros”, advierte Rómulo Ampudia. “Me sentí burlado y por eso lo rechacé”. Nunca le terminó de quedar claro dónde repartieron esas ayudas y por qué beneficiaron a las personas que beneficiaron.
Lo mismo le pasó a Nelson Ampudia Mosquera, quien vive en el barrio San Pedro en una casa de dos pisos que, con el vendaval ocurrido en febrero, también se quedó sin techo. Tuvo que albergarse con su familia en la planta de abajo y, al otro día, resolverlo por su cuenta.
“Para poder conseguir parte del zinc que perdí presté plata y hasta tuve que empeñar. La ayuda por parte de la administración fue como un pañito de agua tibia porque para un daño necesitaba seis bultos de hierro y, para otro, tres bultos, y solo recibí treinta hojas de zinc de dos metros”, agrega Mosquera. Eso quiere decir que para enmendar los daños recibió una tercera parte.
“Tuve una pérdida económica por más de cuatro millones de pesos, perdí colchones, televisores. El zinc por completo, zapatos, entre otras”, refuerza. Mosquera recuerda que en ese episodio hubo mucha gente que no tuvo dónde pasar la noche.
Qué dicen las autoridades
Cuando hay un riesgo inminente u ocurre un desastre no previsto, la ley establece que primero los Bomberos y la Defensa Civil lleguen al lugar de los hechos. Allí, deben diligenciar un informe de siniestralidad y pasar el reporte a Gestión del Riesgo que, bajo las disposiciones legales, lo entrega después a la Alcaldía. Esta es la que procede administrativamente, porque tiene a cargo enviar esa información a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, que es la que califica finalmente si hubo o no una calamidad pública.
En caso de que sí, la Unidad designa los organismos que participarán en el plan de acción, las labores que deberán desarrollar y cómo será la articulación de entes territoriales que se harán cargo con algunos funcionarios competentes. “Igualmente -estipula le Ley-, se determinará la forma y modalidades en que podrán participar las entidades y personas jurídicas privadas y la comunidad organizada en la ejecución del plan”.
Leison Agualimpia Gutiérrez, coordinador municipal de Gestión del Riesgo, explica que en efecto es un proceso lento porque después de que recibe el informe debe identificar a cada una de las personas que fueron afectadas así como las instituciones que también sufrieron daños, “y eso se debe hacer de manera minuciosa”. Por eso, explica, las eventualidades, en este caso un vendaval, no son atendidas de inmediato.
Insiste en que hacer todo ese proceso es algo que toma tiempo “porque se debe ratificar que las personas que solicitan el apoyo sí lo necesiten”. Por eso, se requiere de un proceso contractual que lo evidencie, una categorización del tipo de afectación y hacer las anotaciones en unos formatos llamados EDANES, que traen estipulado cada concepto por el cual se está haciendo el registro de la vivienda.
El comandante de bomberos, Freiler Mosquera, asegura a Consonante que su función ha sido atender el llamado de la comunidad, brindar apoyo, hacer el censo y pasar un informe concreto y que eso es lo que han hecho. Pero Rómulo Ampudia sostiene que ni siquiera fue censado y que tuvo que ir él mismo a la Estación de Bomberos para que lo tuvieran en cuenta en una lista que, según dice, depuraron más tarde. La comunidad denuncia que las ayudas llegan tarde y, cuando llegan, las retienen en la Alcaldía y el personero Yirson Marino Ledesma Martínez afirma que las autoridades siguen sin hacer lo necesario para auxiliar a la población.
“El propósito de toda entidad pública es que tan pronto tenga conocimiento de un evento como este, acuda de inmediato al lugar de los hechos”, dice. Para Ledesma muchas familias pueden estar en una situación de riesgo, vulnerabilidad o apuros por primera vez y, por lo mismo, no saber qué hacer o a dónde acudir.
“No se le puede trasladar la carga a los afectados porque para eso está la institucionalidad. Que sea esta la que llegue y mitigue si es posible el mismo día”.
Yirson Marino Ledesma Martínez, personero Tadó
Para el siniestro ocurrido en febrero de este año, cuenta el coordinador de Gestión en Riesgo que al municipio llegaron 2.700 láminas de hierro (270 bultos de Zinc). Estas debían ser entregadas a las personas afectadas. Y aunque corrobora que mil láminas se destinaron para la zona rural y las otras mil setecientas para el casco urbano, la comunidad no las notó.
La Ley dispone del principio de oportuna información. Con este asegura que es obligación de las autoridades mantener debidamente informadas a todas las personas sobre: posibilidades de riesgo, gestión de desastres, acciones de rehabilitación y construcción así como también sobre las donaciones recibidas, las donaciones administradas y las donaciones entregadas.
Lo que sigue
Los damnificados del municipio de Tadó quieren crear un fondo común que les permita resolver situaciones de este tipo u otras que no son nada previsibles y con esto acelerar la gestión oficial en casos futuros. Agualimpia, el coordinador de la dependencia, confirma a Consonante que no hay rubros disponibles y que las ayudas se tardan porque dependen del gobierno central.
