Por primera vez, San Vicente del Caguán recibió una corona que parecía impensable: la de embajadora Lgbtiq+ del departamento del Caquetá. Victoria Rodríguez Meléndez, en su primera participación, logró el título en el noveno festival folclórico “La Evolución de la Paz”. Su presentación no solo visibilizó los trajes típicos y las danzas, sino una historia de lucha, resistencia y dignidad: vivir en un territorio donde ser diverso todavía significa caminar con miedo.
Para lograr ese triunfo Victoria, y el colectivo Caguán Diverso tuvieron que sortear múltiples obstáculos incluyendo la falta de recursos y la indiferencia institucional: “Estos eventos son de tener dinero para trajes, pasajes, hospedaje, alimentación. Pero para nosotros es un orgullo, porque los escenarios culturales los hacemos nosotros, los creamos nosotros. Aunque estos esfuerzos sean invisibilizados y menospreciados muchas veces por la misma administración”, cuentan.
Detrás del personaje de Victoria está Nicolas Rodríguez, un joven de 17 años que fue criado en el centro de una familia tradicional en zona rural de San Vicente del Caguán. A los 13 años tuvo que dejar la vereda Villa Carmona y mudarse al casco urbano para, simplemente, poder ser. “En mi infancia y adolescencia viví cambios emocionales bruscos, porque aceptar mi homosexualidad —y decirlo en mi hogar, homofóbico y machista— no fue fácil, ni tampoco adaptarme a un lugar que me era ajeno. Sufrí señalamientos, burlas, ideaciones suicidas y traumas”, recuerda.
La situación de Nicolas se repite incontables veces. La homofobia, el machismo y la ausencia de políticas públicas con enfoque diferencial siguen marcando la vida de muchas personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversas en San Vicente del Caguán y en todo el Caquetá. Quienes se atreven a ser visibles se enfrentan al rechazo, al silencio institucional y a un peligro constante que pesa sobre su existencia.
A esto se suma la falta de acceso a derechos básicos. En departamentos como Caquetá, las barreras para acceder a la salud son una constante para la población Lgbtiq+. Muchas personas evitan acudir a servicios médicos por miedo a la discriminación o al maltrato del personal de salud. Las rutas de atención con enfoque diferencial en salud mental son escasas, y numerosos casos de violencia intrafamiliar, exclusión o acoso escolar quedan sin acompañamiento psicológico.
“Hemos visto rechazo desde la salud, todo el mundo clasifica o encierra que un gay es igual a una enfermedad sexual, sabiendo que es protección individual de cada ser humano. Tampoco hay cifras desagregadas sobre suicidio, depresión o consumo de sustancias en población Lgbtiq+ (...) Sin caracterización, las instituciones no saben cómo actuar frente al acoso escolar o la discriminación basada en orientación o identidad, como generar empleo digno o apalancamiento para micronegocios que logre disminuir la desigualdad”, dice Daniel Pineda, comerciante de San Vicente del Caguán y líder social.
La violencia contra personas Lgbt se agudizó en 2025
Colombia enfrenta una escalada de violencia contra las personas Lgbtiq+ que se viene alertando desde hace varios años. Según el informe “Con permiso para despreciar, de la corporación Colombia Diversa, durante 2024 se registró un asesinato de una persona con orientación sexual o identidad de género diversa cada dos días en promedio, lo que representa un aumento del 3.79 por ciento en comparación con 2023. Además, cada 1.8 días una persona fue amenazada en razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género diversa. En total, 226 defensores fueron intimidados y 649 personas fueron víctimas de hostigamiento y discriminación. Los casos de violencia sexual también se dispararon un 67 por ciento, afectando en promedio a dos personas Lgbtiq+ diariamente.
Según la organización Colombia Diversa, durante 2023 se presentaron seis amenazas contra personas Lgbtiq+ en el departamento. Y aunque no hubo homicidios, esto no significa que sea un territorio seguro. “Es importante aclarar que la ausencia de casos de homicidio no debe interpretarse como un escenario seguro para la población Lgbtiq+, pues existen factores como el desplazamiento forzado perpetrado por grupos armados y la invisibilización de la orientación sexual o identidad de género como estrategia de autoprotección, que dificultan el registro de estos hechos”, advierte la organización.
En 2025, la situación no ha mejorado. Un informe reciente de la misma corporación registró 52 casos de homicidios y feminicidios contra personas diversas en lo que va del año. De estos, dos ocurrieron en Caquetá, específicamente en Cartagena del Chairá, un aumento significativo en comparación con 2023 y 2024.
Estas cifras no sólo son una estadística, son una alerta sobre la sistematicidad de un fenómeno que, lejos de ser episódico, se ha consolidado como parte estructural de la vida cotidiana para quienes se atreven a existir desde cuerpos, deseos y expresiones diversas.
Sin política pública municipal e invisibilizados en los planes de desarrollo
En San Vicente del Caguán no existe una política pública municipal para la población Lgbtiq+. En el Plan de Desarrollo del alcalde Luis Trujillo Osorio, esta población se menciona solo una vez: para señalar que está incluida en la política pública de mujeres y que la Mesa Municipal de Mujer y Género es el espacio de interlocución con la administración. Pero en la práctica, esto no se cumple. El municipio carece de metas, programas o acciones diferenciales para la población diversa; el único compromiso formal es “adoptar y articular las medidas descritas en las políticas públicas departamentales”..
“La política pública de mujeres ha avanzado, pero no incluye de manera efectiva el enfoque de orientación sexual e identidad de género. En su construcción en 2016, ni siquiera se analizó a la población OSIG (Orientaciones Sexuales e Identidades de Género); solo fueron mencionadas en el título. No hubo participación de una mesa que incluyera sus necesidades”, denuncian mujeres del municipio de San Vicente del Caguán. Señalan que persiste resistencia institucional incluso dentro de las mismas organizaciones de mujeres. “Necesitamos más formación, más voluntad y mayor participación de mujeres diversas en los espacios de decisión”, aseguran.
El actual asesor de políticas públicas del municipio, César Quimbay, reconoce la falta de programas concretos con enfoque Lgbtiq+ en el plan territorial de paz: “Sabemos que hemos llegado tarde. Este tema ha sido invisibilizado, pero hay voluntad. Lo primero será escucharlos. No se puede construir paz excluyendo identidades”, comenta.
San Vicente del Caguán no cuenta con rutas de atención claras para casos de violencia y discriminación a personas Lgbtiq+. En los últimos tres años no se ha implementado ningún programa oficial con enfoque diferencial en educación, ni cultura. En este panorama las personas trans son las más excluidas: sin acceso a empleo formal, con altos niveles de deserción escolar y sin reconocimiento jurídico de su identidad.
Juana Camila Polanco, enlace de la gobernación para la población Lgbtiq+, señala que en el departamento no existe un censo ni una caracterización completa y actualizada de esta población, debido a la falta de articulación interinstitucional y presupuesto. “Se está gestionando la actualización de la caracterización realizada en 2020 o 2022, que en ese momento solo cubrió Florencia y algunos municipios. Ese censo se logró gracias al apoyo de la cooperación internacional y al trabajo de organizaciones sociales; la institucionalidad tuvo poca participación”, afirma.
La falta de caracterización de la población Lgbtiq+ en todo el departamento deja al descubierto la falta de reconocimiento a la existencia de personas diversas, lo que se traduce en su exclusión en presupuestos, planes de acción, rutas de atención, educación, salud y empleo: “Al menos sabemos de 52 personas pertenecientes a la comunidad Lgbtiq+ acá en San Vicente, pero creemos que hay muchas más. Muchos de ellos prefieren quedarse en el closet, en las sombras porque piensan que de pronto va a haber una discriminación, pues muchos de ellos son padres de familia o manejan una doble identidad. También hemos gestionado jornadas de toma para pruebas de enfermedades de transmisión sexual donde confirman todos y desafortunadamente sólo llegan unos pocos”, lamenta Pineda.
Camilo Muñoz miembro de Caguán Diversa reitera la necesidad de disminuir las desigualdades, aumentar la educación transformadora, la participación activa y generar cambios culturales profundos: “el tema de la aceptación y el respeto en una sociedad que está enmarcada por el machismo se presta para que las instituciones públicas no dan las garantías muchas veces en reconocerlo. Nuestra política pública no ha logrado ser visible en este territorio”, afirma.
Muchos coinciden en que el principal obstáculo es la falta de voluntad política. Durante 2024 no se contrató enlace departamental porque los recursos se destinaron a “otras prioridades”. Según Polanco, ninguno de los municipios del departamento cuenta con una política pública municipal para la población Lgbtiq+: “Solo se está comenzando a crear la de Paujil, y nada más”. Además, señala que la política pública departamental, en términos generales, carece de presupuesto, personal técnico capacitado y mecanismos de evaluación de impacto, lo que limita su implementación a actividades puntuales, con poca sostenibilidad y escasa articulación institucional.
“Quiero hacer ver que los derechos son humanos, no los pedimos como exclusividad para la población diversa. Pero nos siguen negando oportunidades de empleo, acceder a vivienda, a servicios de salud, se nos sigue invisibilizando (...) Desde mi rol estamos trabajando para poder hacer que nuestra política se convierta en una ordenanza por la asamblea departamental que garantice recursos”, puntualiza Polanco.
Una historia de afectaciones diferenciadas por el conflicto armado
Como sucedió en varios lugares del país, en San Vicente del Caguán y en todo el Caquetá, los diferentes actores armados ejercieron violencias por prejuicios contra personas Lgbtiq+, buscando ejercer control sobre sus cuerpos y sobre el territorio. Los grupos armados castigaron, excluyeron y expulsaron a quienes no cumplían los “mandatos” correspondientes a la sexualidad y el género. En este departamento, las Farc-ep y los paramilitares difundieron un discurso moral que definía los comportamientos como “normales” o “anormales”, y los cuerpos como “aceptables” o “indeseados”. Basándose en estos prejuicios, justificaron la persecución violenta contra personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas.
Según el informe “Entre silencios y palabras: Somos las más visibles y las menos visibles” de la fundación Caribe Afirmativo, entregado a la Comisión de la Verdad en 2021, en los municipios que integran el departamento las personas Lgbtiq+ sufrieron principalmente desplazamiento forzado y amenazas. A esto se suman delitos contra la libertad e integridad sexual, homicidio, tortura, secuestro y desaparición forzada. “Muchos de estos casos fueron violencias motivadas por prejuicios y muchas de las personas sufrieron una doble victimización, al enfrentarse a las estructuras sociales que componen en términos generales la discriminación hacia la diversidad, y enfrentan los riesgos y violencias por parte de los actores armados en el marco del conflicto armado”, consigna el informe.
A esto se suman las amenazas y los intentos de reclutamiento de menores por parte de las Farc, que buscaban “corregir las desviaciones” si niños, niñas y adolescentes no se ajustaban a sus mandatos morales. “Más que todo era por nuestra fisionomía; siempre solemos ser más rudas, no tan femeninas para caminar o vestir. Entonces, o nos íbamos, o nos obligaban a ingresar a las filas [de las Farc-ep]”, contó una mujer lesbiana entrevistada para el informe.
Para ejercer este control, los grupos armados difundían panfletos que anunciaban una “limpieza social”, en los que, junto a presuntos delincuentes o personas drogodependientes, señalaban a personas homosexuales o con identidades de género diversas. En esos documentos se les daba un ultimátum para abandonar el pueblo o se les amenazaba de muerte a ellos y a sus familias.
Esto no cambió necesariamente con la firma del Acuerdo de Paz. Según la Unidad de Víctimas, hasta 2023 se documentaron más de 10.978 hechos victimizantes contra personas Lgbtiq+ en Colombia, y para el Caquetá y Huila se encuentran registradas oficialmente 222 personas Lgbtiq+ como víctimas del conflicto armado con hechos como: desplazamiento forzado, amenazas, violencia sexual, homicidios, tortura y secuestro.
Romper el silencio como forma de resistencia
Aunque en San Vicente del Caguán existen numerosos espacios para la cultura, el arte, la gastronomía y los emprendimientos, la participación de la población Lgbtiq+ en ellos es escasa o nula. Para Nicolás Rodríguez, los escenarios que hoy incluyen a la diversidad sexual han sido construidos con la lucha y la persistencia de la misma comunidad. Las personas gays, lesbianas, bisexuales y trans han desempeñado un papel fundamental en el posicionamiento de sus propios festivales, tanto a nivel departamental como municipal. “Podría decir que en términos de relacionamiento hemos avanzado con funcionarios de la administración y algunos ciudadanos, pero siempre sigue siendo difícil”, comenta.
En eso concuerda Camilo Muñoz: “para nosotros es importante la cultura y las tradiciones de nuestro pueblo y queremos poder vivenciarlas todos, todas y todes. Compartir, celebrar con mucho respeto. Los escenarios que hemos creado nacen desde la necesidad de decir ¡Oiga, aquí estamos nosotros! no desdibujar el papel de la mujer, sino más bien desdibujar el machismo heteronormativo y estatal que existe en nuestro territorio, que existe en nuestro departamento y que existe en nuestro país”.
En medio de este panorama la población diversa ha generado espacios propios de cultura y arte como forma de visibilizarse, espacios que van desde festivales folclóricos y reinados como el que ganó Victoria. “Mostrar esos talentos y virtudes que tenemos como población a través del arte, la danza y la cultura es el objetivo. Ya son nueve versiones realizadas del festival, quien organiza es la Fundación Caquetá Diversa y en varios años la gobernación y otras instituciones se unen para financiar esta actividad”, comenta Camila Polanco.
La propuesta de Nicolás durante su reinado es clara: visibilizar que en San Vicente del Caguán también existen personas diversas, y que el simple hecho de ser es ya una forma de resistencia. “Como embajadora departamental, quiero llegar a esos lugares apartados donde hay jóvenes reservados y con miedo, para poco a poco crear espacios de formación y visibilización. Muchos de nosotros tenemos emprendimientos, y la idea es empezar a incluirnos en ferias, festivales y concursos, siempre que podamos sentirnos seguros y felices”, concluye.
