El Consejo Territorial de Paz de Tadó comenzó otro año trabajando sin su presidente: el alcalde Cristian Copete. A pesar de que el 22 de octubre del 2022 la veeduría ciudadana le pidió al mandatario que convocara al consejo para conversar sobre la paz y la convivencia en el municipio, Copete no lo hizo.
El consejo le hizo esta petición al mandatario teniendo en cuenta que el año pasado ocurrieron varios hechos que alteraron el orden público: a inicios de año el grupo paramilitar Agc o Clan del Golfo decretó un paro armado que mantuvo a la ciudadanía encerrada en sus viviendas durante todo un fin de semana, y en menos de cinco meses se registraron dos asesinatos que sorprendieron a la población, algo que no ocurría hace al menos seis años.
Este año, el alcalde tampoco ha llamado al consejo para informar a sus miembros, consultarlos y, mucho menos, pedirles consejos para decidir qué acciones tomará en estos asuntos durante su último año de gobierno.
¿Qué tan grave es el problema?
Durante el último año, el Consejo Territorial de Paz de Tadó ha realizado al menos seis acciones en pro de la convivencia. Por ejemplo, un cine en el parque para los niños y niñas de Villas de Remolino y tres actividades recreativas para la población del barrio San José. En estas han participado representantes de la Policía Nacional, el personero municipal, concejales, miembros de organizaciones sociales y Yuccy Asprilla Mosquera, secretaria de Gobierno e Integración Social de Tadó, una funcionaria que destaca por su permanencia en este proceso. Pero en ninguna ha participado el alcalde Cristian Copete.
Para Slather Sinisterra, consejero de paz, es evidente que existe una desconexión. “La Alcaldía ha tomado sus decisiones independientes, que no han sido asesoradas por el Consejo Territorial de Paz. Hace falta esa relación, no hay conexión entre los dos”, dice.
¿Por qué debería el alcalde dialogar con el Consejo Territorial de Paz?
El Consejo de Paz (nacional, departamental o municipal) es un organismo de participación ciudadana en el que líderes sociales de diversos sectores y representantes de otras instituciones del Estado asesoran a los gobiernos para que ejecuten acciones de construcción de paz, reconciliación, convivencia y no estigmatización. Además, desde la firma del Acuerdo de Paz, también cumplen la función aconsejar a los mandatarios para implementar el Acuerdo.
Este consejo, además, puede ejecutar acciones conjuntas con otros sectores sociales organizados en pro de la paz. Sin embargo, según la ley, es el mandatario quien debe pedir que se reúnan. Según Paulo Tovar, coordinador de la línea de Participación y Diálogo de la Fundación Ideas para la Paz, para los gobernantes esta figura puede ser clave, pues “el mandatario puede tener a un conjunto de personas que conocen a profundidad las dinámicas relacionadas con paz y conflicto en el territorio, y a las cuales les puede pedir un consejo para tomar mejores decisiones”.
Es decir, si bien el alcalde de Tadó tiene autonomía para gobernar y no está obligado a consultar al Consejo Territorial de Paz, se podría beneficiar, y ganar legitimidad, acercándose a este grupo de ciudadanos. Para el investigador Paulo Tovar es clave que los mandatarios comprendan que, si bien los consejos son consultivos y no vinculantes (no es obligatorio implementar su consejo), son fundamentales para enriquecer el panorama de los problemas del territorio y luego decidir. “No es hacer lo que los consejeros le digan que hagan, sino que después de tener una conversación puede decir: listo, entonces hagamos esto que conversamos”.
La ciudadanía reclama transparencia: El distanciamiento entre el alcalde y el Consejo Territorial de Paz es un reflejo de la falta de apertura al diálogo y transparencia del gobierno Copete. Desde su regreso al poder, en noviembre de 2021, el mandatario no ha rendido cuentas.
Desde hace varios meses muchos habitantes del municipio reclaman mayor transparencia del gobierno local ya que solo se enteran del avance de construcciones de edificios públicos como la biblioteca digital o la casa de la mujer a través de rumores. El desespero de algunos ciudadanos es tal que en diciembre de 2022, después de que la Secretaría Departamental de Salud clausurara cuatro servicios esenciales del hospital San José de Tadó, protestaron en el puente para pedir más información sobre la crisis que atraviesa el centro médico. En ese momento, exigían que al menos les dijeran qué seguía funcionando en el hospital y qué iba a pasar en los meses siguientes.
El consejero Sinisterra afirma que las rencillas políticas impiden el buen funcionamiento del gobierno, especialmente a la hora de resolver conflictos. “Deberían ser más abiertos y no tener tantos tintes políticos a la hora de generar el apoyo a la comunidad. En el momento en el cual tú dices ‘este apoyó a esta administración en la elección y este no’, estás invalidando un derecho de una persona a acceder a un servicio por no estar alineado políticamente. Este es un inconveniente para la paz”.
Además, algunas personas comentan que el alcalde ha gobernado solo para quienes le hicieron campaña y estuvieron con él incluso durante su destitución. “Aquí no existe la política sino la politiquería, es decir, darle duro o rejo al que no me ayudó”, le dijo a Consonante un ciudadano que prefirió reservar su identidad.
La política de paz hace falta:
El concejal Luis Eduardo Moreno, también integrante del Consejo Territorial de Paz, comprende la paz como una cuestión fundamentada en las oportunidades: de estudio, de empleo, para las mujeres, para los jóvenes, para las víctimas, entre otros grupos. Para él hace falta una política de paz más completa que jalone proyectos productivos para las comunidades. “La gente reclama eso. Cuando estamos en las comunidades y en los barrios la gente si nos dice: bueno, listo, ustedes vienen acá como Consejo Territorial de Paz, pero mire esta gente aquí no tiene nada que hacer, los jóvenes de pronto están siendo foco de los grupos al margen de la ley, porque no tienen opciones, no tienen oportunidades”, afirma.
Para la concejal Ana Siris Mosquera, además, las víctimas del conflicto tienen necesidades apremiantes que no se están atendiendo. “La gente aquí es campesina y la mayoría está desplazada y necesitan llegar a sus territorios. Los gobiernos nacional, departamental y local deben ayudarles para que se sostengan, para que estén en sus parcelas nuevamente y sosteniendo al pueblo”, explica. La concejal tiene razón. En Tadó el conflicto armado dejó 16 916 víctimas. La gran mayoría (16 202) fueron desplazadas y, la mitad de estas continúan desplazadas por fuera del municipio. Otras tantas ahora viven en el casco urbano.
El problema a nivel nacional
Paulo Tovar explica que la desconexión entre el Consejo Territorial de Paz y la alcaldía no es un problema exclusivo de Tadó. A pesar de que los consejos de paz son una figura clave que nació en un contexto de violencia política y falta de participación, no han tenido un papel protagónico en la construcción de la paz territorial. “Históricamente han tenido un funcionamiento muy fluctuante. Hay momentos en los que la figura despierta un gran interés, se activa, las administraciones locales convocan el espacio, lo crean, pero luego tiende a bajar el entusiasmo y entra en un estado de inactividad”. Esto, según el experto, sucede porque muchas veces no logran conectarse con un propósito estratégico en una política pública de paz, a veces porque ni siquiera existe esta política.
Además, en ocasiones su labor como órgano consultivo empieza a competir con otras instancias que existen en los municipios. Y es que hay cerca de 25 de este tipo, entre las que está el comité de justicia transicional, el consejo de mujer, el de desarrollo rural, entre otros. Para Tovar el camino a seguir pasa por la optimización de estos espacios. Por ejemplo, que el próximo alcalde recoja las experiencias que ha acumulado este consejo y los otros que estén activos en el territorio para acordar una agenda que responda a las necesidades de la población y en la que pueda delegar algunas responsabilidades.
Lo que sigue en Tadó
A pesar de que a Copete solo le queda un año en el poder, el Consejo Territorial de Paz y la ciudadanía sigue reclamando un diálogo más abierto, tanto sobre su gestión como sobre las acciones que adelantará en estos meses. Entre esas, para los consejeros, debería priorizar la gestión de oportunidades para el campesinado, para los jóvenes y para las mujeres.
El consejero Sinisterra, por su parte, considera que aún están a tiempo de corregir la falta de diálogo con esta instancia. “Invito a que miren que los consejos son necesarios, más allá de ser un requisito, ayudan a tomar decisiones que son necesarias para el territorio”.
Así está conformado el Consejo Territorial de Paz
El presidente de este organismo es el alcalde Cristian Copete. También lo integra Yuccy Asprilla, secretaria de gobierno; Luis Eduardo Moreno y Ana Siris Mosquera, concejales; Yirson Ledezma, personero; Francisco Mosquera, representante de la veeduría ciudadana; Wilfrido Bermúdez, representante de las Juntas de Acción Comunal; Carlos Mario Mosquera, representante de las instituciones educativas; Slather Sinisterra, representante de la organización de jóvenes del municipio; Guido Gómez, representante de los medios de comunicación del municipio; Daniela Mosquera y Yésica Marcela Aragón, representantes de Asocasan; Leonardo Mosquera, representante de los campesinos; y representante de víctimas, organizaciones sociales, mujeres, jueces de paz, Policía comunitaria, fuerza militar y el sacerdote representante de la iglesia. Estos últimos miembros pueden variar. Además, este año están pendientes de reunirse para renovar el consejo.
